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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00621-00

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00621-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la señora Rubiela Villegas Giraldo, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00621-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2026 00621 00
Accionante: Rubiela Villegas Giraldo
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por incumplir el
requisito general de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por la señora Rubiela Villegas Giraldo, en
contra de la sentencia del 31 de julio de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del
Quindío, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con radicado núm. 63001 3333 003 2024 00127 01.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Rubiela Villegas Giraldo, actuando por conducto de apoderada, promovió
acción de tutela en contra de la precitada providencia, y para ello formuló las siguientes
pretensiones1:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO en la
sentencia proferida el día 30 de julio de 2025 [sic]2, en el expediente radicado
bajo número 63001-3333-003-2024-00127-01, transgredió los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO
DE FAVORABILIDAD de la señora RUBIELA VILLEGAS GIRALDO, por
considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la jurisprudencia emitida
por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al caso y, el material probatorio
obrante en el proceso ordinario.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la
norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación
particular de la docente RUBIELA VILLEGAS GIRALDO a la luz de los argumentos
planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el
debate jurídico [Mayúsculas y negrillas originales del escrito de tutela].

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00621 00.
2 La fecha de la providencia es 31 de julio de 2025.

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 00621 00
Accionante: Rubiela Villegas Giraldo
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La accionante informó que es docente oficial en la categoría 2B del escalafón regulado
por el Decreto Ley 1278 de 2002.

Relató que, en ejercicio de su competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de
los empleados públicos, el Gobierno Nacional dispuso incrementos iguales para el
personal docente vinculado al escalafón establecido por el precitado decreto durante los
años 2005, 2006 y 2007. Sin embargo, expuso que para los años 2008 y 2009, se
decretaron aumentos porcentuales “inequitativos” en la asignación básica salarial sin que
mediara una exposición de motivos previa, razonada y suficiente, con respaldo jurídico,
técnico y fáctico, que justificara la legalidad de tal diferenciación.

Manifestó que, en virtud de lo anterior, se vio afectada al evidenciar que para el año 2008
la categoría 2A del escalafón docente recibió un incremento en su salario del 14.1%,
mientras que la categoría 2B, a la cual pertenece, solo obtuvo un incremento total del
5.69% y, para el año 2009 el incremento para 2A fue del 15.61% mientras que para el 2B
fue del 7,67%.

Señaló que presentó reclamación administrativa ante la Nación – Ministerio de Educación
Nacional y la Secretaría de Educación Departamental del Quindío, solicitando el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas de los incrementos
“desiguales e injustificados” decretados para los años 2008 y 2009, en el cual se favoreció
a los docentes de la categoría 2A en detrimento de quienes, como ella, se encontraban
en el escalafón 2B.

Indicó que, mediante los oficios núm. QUI2024EE000729 del departamento del Quindío
y núm. 2024-EE-054067 del Ministerio de Educación Nacional, le negaron su solicitud.

Expuso que, ante la negativa de su solicitud, presentó demanda de nulidad y
restablecimiento en contra del Ministerio de Educación Nacional y el departamento del
Quindío con el fin que se declarara la nulidad de los actos administrativos contenidos en
los precitados oficios.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Armenia que, mediante sentencia del 9 de diciembre de 2024 denegó las pretensiones.

Inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación y el Tribunal
Administrativo del Quindío, en sentencia del 31 de julio de 2025 la confirmó al considerar,
entre otras cosas, lo siguiente:

[…] como se sostuvo en el fallo recurrido, la situación reprochada como desigual,
no cumple las primeras exigencias de comparación, si se verifica que, se identifica
un trato disímil, pero a sujetos distintos y en condiciones diferentes, así sean
ambos docentes profesionales, son servidores a los que se les exige distinta
cualificación, evaluación y experiencia, lo que, desde ya, supone la validez de la
existencia de tratos diversos a diferentes sujetos. Además, la demandante
pretende equiparar el Nivel Salarial A con el nivel salaria B, sin tener en cuenta
que uno otro reciben una remuneración de asiento o de base al momento de la
reglamentación distinta, razón por la cual, no son dos situaciones comparables de
uno y otro servidor […].

2

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Accionante: Rubiela Villegas Giraldo
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío

Frente a la procedencia de la acción de tutela, sostuvo que su solicitud de amparo cumple
con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial. Al respecto, aseveró lo siguiente3:

El presente asunto reviste especial relevancia constitucional, en la medida en que
el Tribunal Administrativo del Quindío vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia, tutela judicial
efectiva y principio de favorabilidad - en su manifestación de obtener una decisión
justa, motivada y suficiente – de la señora RUBIELA VILLEGAS GIRALDO, toda
vez que la sentencia proferida en el marco de la controversia laboral incurrió en
defecto sustantivo, al haberse adoptado con desconocimiento de la normativa
aplicable al régimen salarial del personal docente, y, de manera concomitante,
adolece de defecto fáctico, dado que se omitió la adecuada valoración de las
pruebas allegadas al proceso que evidenciaban la existencia de incrementos
salariales desproporcionados, en tanto se otorgaron mayores aumentos a
servidores ubicados en escalafones inferiores (como la categoría 2A) respecto de
aquellos que ostentaban un nivel superior (como el grupo 2B al cual pertenecía mi
prohijada), sin que mediara justificación normativa, técnica o probatoria que
respaldara dicha alteración del principio de igualdad retributiva

En igual sentido anotó que4 […] el recurso de amparo se ejerció en un término razonable
y oportuno, toda vez que la entre la notificación de la sentencia cuestionada (30 de julio
de 2025) [sic] y, la presentación de esta acción constitucional no ha transcurrido un término
mayor de 6 meses. […]

En cuanto a los requisitos generales de procedencia, alegó que la providencia acusada
incurrió en defecto sustantivo y defecto fáctico.

Sobre el defecto sustantivo señaló que la sentencia impugnada incurre en un error grave
al no justificar por qué se otorgó a la accionante —ubicada en un nivel superior del
escalafón— un aumento salarial menor que el reconocido a un docente de nivel inferior.
Asimismo, sostuvo sin fundamento que dicha diferencia se ajustaba a derecho, sin
ofrecer una motivación suficiente que permitiera valorar su compatibilidad con los
principios de igualdad y equidad retributiva.

Por último, respecto al defecto fáctico explicó lo siguiente:

[…] el Tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria respecto del debate
jurídico planteado, puesto que no se acreditó por parte del extremo pasivo que el
mayor incremento salarial otorgado a los docentes ubicados en un nivel inferior
del escalafón, como es el caso del escalafón 2A, en comparación con la
accionante, quien se encontraba en la categoría 2B, respondiera a razones
objetivas, verificables y debidamente fundamentadas. Ello, por cuanto no se allegó
prueba alguna que demostrara la existencia de motivos válidos que justificaran
dicha decisión administrativa, por lo que, si no se tomó en cuenta la Ley 1278 de
2002, la cual reconoce la proporcionalidad salarial en función de la preparación,
experiencia, calidad, idoneidad y capacidad demostrada por el educador, resulta
imperativo cuestionar qué aspectos válidos y concretos incidieron para otorgar un
trato tan inequitativo, toda vez que ni el expediente ni la sentencia ofrecen
explicación alguna al respecto, lo que genera una profunda incertidumbre sobre la
legitimidad y justificación de la decisión administrativa que avaló este incremento
salarial desigual.

3 Ibidem.
4 Ibidem.

3

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Accionante: Rubiela Villegas Giraldo
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 30 de enero de 20265 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 4 de febrero de 20266 la admitió y dispuso notificar7 al Tribunal
Administrativo del Quindío, como parte accionada; así como vincular8, Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Armenia (Quindío), a la Nación – Ministerio de Educación
Nacional y al departamento del Quindío, como terceros con interés directo en el proceso
constitucional.

De igual forma, se requirió al Tribunal Administrativo del Quindío y el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Armenia (Quindío), para que allegara copia digital del
expediente correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
identificado con radicado núm. 63001 33 33 003 2024 00127 00/01.

3.2. La secretaria de educación departamental del Quindío allegó escrito9 en el que se
opuso a todas y cada una de las pretensiones invocadas por la accionante «en el
entendido que no puede usar la Acción de Tutela para revocar decisiones judiciales
porque las resultas del proceso no son favorables a sus pretensiones»

Para ello, expuso lo siguiente:

[…] lo que pretende la parte Accionante con esta acción constitucional es entrar a
debatir una decisión que se encuentra en firme y que fue adoptada por el Tribunal
Administrativo del Quindío, desconociendo que un incremento salarial no es un
derecho fundamental ni está ligado a la satisfacción de una garantía de naturaleza
constitucional, y que la discusión se restringe a un derecho patrimonial accesorio
al salario que no representa ni amenaza mucho menos vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia,
tutela judicial efectiva y principio de favorabilidad […].

3.3. La secretaria del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia envió
correo electrónico10 en el que compartió el enlace del aplicativo SAMAI donde se
encuentra el expediente ordinario de primera instancia.

3.4. La titular del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia allegó informe11
en el que solicita se declare improcedente la acción de tutela al no cumplirse los requisitos
generales de procedencia.

5 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 00621 00.
6 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 00621 00.
7 Esta orden se cumplió el 6 de febrero de 2026. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00621 00.
8 Esta orden se cumplió el 6 de febrero de 2026. Visto en los índices 9 y 10 de la Sede Electrónica para la

Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00621 00
9 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 00621 00.
10 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 00621 00.
11 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 00621 00.
4

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3.5 El magistrado ponente de la providencia acusada rindió informe 12 en el que solicitó
que se declare improcedente la presente acción al no acreditarse de forma concurrente
los requisitos generales para su procedencia o, en su defecto, que se niegue el amparo
solicitado por inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales alegados, pues
no se incurrió en defecto o irregularidad alguna.

Adicionalmente indicó lo siguiente:

i.) No existió defecto material o sustantivo, atendiendo a que el fallo del 31 de
julio de 2025, ratificó la evaluación llevada a cabo por la A-quo en torno a las
regulaciones del escalafón docente contenidas en el Decreto 2277 de 1979 y el
Estatuto de Profesionalización Docente que desarrolló lo propio en el Decreto
1278 de 2002, así como en las sentencias C-078 del 15 de febrero 2012 de la
Corte Constitucional y la proferida el 17 de julio de 2020 por la Sección Segunda,
Subsección “B” del Consejo de Estado dentro del proceso con radicación 2013
01320-01 (4988-15), con miras a reiterar que era dable realizar distinciones entre
personas que no cumplían los mismos horarios, ni idénticas responsabilidades y
ocupaban categorías del escalafón diferentes; de igual modo, se siguió la
metodología de la Corte Constitucional sobre el test de igualdad para colegir que
en los aumentos decretados para las vigencias discutidas, se respetó el mínimo
que la jurisprudencia había estimado como básico para mantener el poder
adquisitivo de los funcionarios y empleados públicos.

[…]

ii.) No hubo defecto fáctico, porque al momento de emitir la decisión se valoraron
las pruebas aportadas al proceso, esto es: i.) las reclamaciones administrativas,
ii.) los actos demandados, iii.) las Resoluciones por medio de las cuales, la
educadora fue ascendida en el escalafón docente y se resolvió un recurso
interpuesto en contra del acto primigenio, iv.) los comprobantes de pago en los
que se evidenciaba el grado de escalafón en el que se encontraba la demandante,
así como los emolumentos percibidos en los años 2020, 2021, 2022 y 2023 y, iv.)
Decretos de diversas vigencias por medio de los cuales se modificó la
remuneración de los docentes y directivos docentes; no obstante, las mismas no
tenían la virtualidad para variar la interpretación que a la luz de la Ley y la
jurisprudencia, correspondía impartir al asunto. [Negrillas del texto original]

3.6. El Ministerio de Educación guardó silencio.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 13 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,14 modificado por el artículo 1 del

12 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.

11001 03 15 000 2026 00621 00
13 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
14 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece

las reglas de reparto de la acción de tutela.
5

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 00621 00
Accionante: Rubiela Villegas Giraldo
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío

Decreto 333 del 6 de abril de 202115, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201916, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.

4.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente17:

4.2.1. La señora Rubiela Villegas Giraldo, actuando por conducto de apoderada,
interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio
de Educación Nacional y el departamento del Quindío, pretendiendo la nulidad

[…] del acto administrativo 2024-EE-054067, (…) en cuanto le negó a mi
poderdante el derecho a la diferencia en el incremento salarial que fue decretado
de manera indiscriminada y desigual en el año 2008 para el grado en el escalafón
2A, con ocasión que fue realizado un incremento del 14.11%, por medio de los
Decretos Nacionales 624, 714 y 1407 de 2008, proferidos por el MEN, mientras
que el incremento efectuado a la categoría del escalafón 2B, fue del 5.69% en su
salario; así como también, por la diferencia de incrementos que se realizó en el
año 2009 a la categoría 2A del escalafón docente, que fue un incremento del
15.61%, por medio de los Decretos Nacionales 702 y 1238 de 2009, proferidos
por el MEN, mientras que a la categoría 2B del mismo escalafón, le fue
realizado un incremento del 7,67%, para su salario en el año 2009 […].

En igual sentido, solicitó la nulidad:

[…] acto administrativo QUI2024EE000729, (…) en cuanto le negó a mi
poderdante el derecho a la diferencia en el incremento salarial que fue decretado
de manera indiscriminada y desigual en el año 2008 para el grado en el escalafón
2A, con ocasión que fue realizado un incremento del 14.11%, por medio de los
Decretos Nacionales 624, 714 y 1407 de 2008, proferidos por el MEN, mientras
que el incremento efectuado a la categoría del escalafón 2B, fue del 5.69% en
su salario; así como también, por la diferencia de incrementos que se realizó en
el año 2009 a la categoría 2A del escalafón docente, que fue un incremento
del 15.61%, por medio de los Decretos Nacionales 702 y 1238 de 2009, proferidos
por el MEN, mientras que a la categoría 2B del mismo escalafón, le fue
realizado un incremento del 7,67%, para su salario en el año 2009 […].

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara a las entidades
demandadas al:

[…] reconocimiento y pago de las diferencias salariales causadas en los últimos
tres (3) años anteriores a la petición realizada (…), con ocasión de la diferencia
en el incremento salarial que fue decretado de manera indiscriminada y desigual
en el año 2008 para el grado en el escalafón 2A, con ocasión que fue realizado
un incremento del 14.11%, por medio de los Decretos Nacionales 624, 714 y

15 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
16 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
17 Lo que se desprende del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado

núm. 63001 33 33 003 2024 00127 00/01. Visto en los índices 12 y 16 de la Sede Electrónica para la
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1407 de 2008, proferidos por el MEN, mientras que el incremento efectuando a la
categoría del escalafón 2B, fue del 5.69% en su salario; así como también, por la
diferencia de incrementos que se realizó en el año 2009 a la categoría 2A del
escalafón docente, que fue un incremento del 15.61%, por medio de los
Decretos Nacionales 702 y 1238 de 2009, proferidos por el MEN, mientras que a
la categoría 2B del mismo escalafón, le fue realizado un incremento del 7,67%
[…].

4.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Armenia que, en sentencia del 9 de diciembre de 2024 negó las pretensiones.

4.2.3. Inconforme con la decisión, la parte actora presentó recurso de apelación y el
Tribunal Administrativo del Quindío, mediante sentencia del 31 de julio de 2025 la
confirmó.

4.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.

El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la
relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii)
caso concreto.

4.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que18:

[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

18 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.

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Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades19:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de naturaleza económica.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 20. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.

4.3.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que:

[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de mera
legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra providencias judiciales
no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios”, pues la
competencia del juez de tutela se restringe “a los de relevancia constitucional y a la
protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de
carácter legal” (…)21. (Se destaca) […].

En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.

En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la

19 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido. Este

criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
20 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29

de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente núm. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
21 Corte Constitucional. Sentencia SU 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.

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Accionante: Rubiela Villegas Giraldo
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío

convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso y la jurisprudencia aplicable, resulta evidente que
este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo
la autonomía e independencia del juez natural.

La Sala advierte que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la compone, esto es, impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces, no está superado.

Ello, debido a que, a través de la solicitud de amparo, la parte actora pretende reabrir el
debate resuelto en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en la medida en
que sus inconformidades se dirigen a controvertir la valoración jurídica y probatoria
realizada por el tribunal accionado en relación con el incremento salarial fijado para los
años 2008 y 2009 a los docentes ubicados en los escalafones 2A y 2B.

Lo anterior, con el propósito de insistir en que dicho incremento configuró un trato
desigual y discriminatorio y que, en consecuencia, debía accederse al reconocimiento de
las diferencias salariales reclamadas, asunto que ya fue objeto de debate en el proceso
ordinario.

Al respecto, el tribunal accionado, en la sentencia de segunda instancia acusada, expuso
lo siguiente22:

[…] se constata que contrario a lo sostenido por el apelante, en la sentencia de
primera instancia se efectuó un análisis completo e integral sobre la afirmada
vulneración del derecho a la igualdad, en cuanto a la justificación de la
administración en cabeza del Ministerio de Educación Nacional para la fijación de
los incrementos salariales de los años 2008, 2009 y 2011, de manera disímil a los
años 2005 a 2007 y 2012 en adelante.

[…]

Tampoco se encuentra razón a la apelante en lo atinente a la incongruencia
atribuida a la sentencia de primera instancia, consistente en no haberse abordado
las razones de hecho y de derecho para el trato diferenciado en los incrementos
porcentuales a la base salarial dispuesta para ciertos años, sin aplicarse idéntica
medida para otros, ni en lo relacionado con la inexistencia de fundamento técnico
para disponer incrementos salariales desiguales en ciertas anualidades.

[…]

Esta Sala de Decisión, además, encuentra que el recurrente basa su argumento
referido a que no se justificó el incremento porcentual salarial diferente a cada
escalafón con base en un cálculo matemático, estableciendo los porcentajes
diferentes de incremento salarial. Sin embargo, el Órgano de Cierre de la
Jurisdicción Constitucional, en sentencia C-408 del 24 de noviembre del 202126,
tema tratado también por el fallo recurrido, señaló que los análisis de igualación
matemática entre remuneraciones no tienen cabida, atendiendo a que, es
relevante tener en cuenta las diferencias fácticas de cada servidor, las cuales en

22 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 20001

33 33 001 2024 00161 01.
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el presente caso sí son apreciables, como lo son la formación y la experiencia
requerida para ocupar uno u otro escalafón. Por ello, el principio de “a trabajo
igual, salario igual”, contrario a lo afirmado en el recurso, “no plantea una igualdad
matemática, sino una igualdad real, que busca un trato igual a las personas que
se encuentran bajo unas mismas condiciones, y que justifica un trato diferente sólo
cuando se encuentran bajo distintas condiciones” […].

Bajo dicho contexto, la Sala advierte que la acción de tutela está siendo utilizada como
una instancia o recurso adicional al proceso ordinario para controvertir lo resuelto por el
juez natural de la causa y la valoración probatoria efectuada, por lo que se concluye que,
de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la petición de amparo no cumple con el
tercer criterio de la relevancia constitucional.

En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las pretensiones, las
excepciones y los hechos que proponen demandante y demandado, y que la decisión
del juez se fundamenta precisamente en las razones de la demanda y de la contestación,
las pruebas y el derecho que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales
que la ley prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que tiene.

Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las partes,
simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución
y la ley, en el ámbito de sus competencias; y cualquier desconocimiento que a tales
atribuciones hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por
fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.

En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional el que
vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin competencia, entraría
en la valoración legal y fáctica del proceso, para modificar una decisión del juez
competente para conocer del caso, en el escaso término legal que le da la ley para
pronunciarse, y siguiendo un procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el
evidente riesgo de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse sobre las
cuestiones fácticas y de derecho que fueron el objeto del debate, porque así le fueron
planteadas por el demandante y el demandado en sus pretensiones, excepciones y
hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad el llamado a
decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre
las partes que precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha atendido el
debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que se toma, cuando ella está
por fuera de los planteamientos que en los hechos y en derecho han formulado
demandante y demandado, pues, en este caso, la decisión puede comprometer el núcleo
fundamental del debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero ese no es el supuesto en el
caso que aquí se examina.

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Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la Sala declarará
improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la señora
Rubiela Villegas Giraldo, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala
en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 12 de
marzo de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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