Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00624-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00624-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00624-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00624-00
Accionante: INÉS LUCÍA YUSTI DELGADO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia de la acción
por no superar el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo del Quindío.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019 1 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
Por auto del 3 de febrero de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. Inés Lucía Yusti Delgado, actuando por conducto de apoderada judicial,
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Quindío. Con la
solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales a
la igualdad, al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
tutela judicial efectiva, y el principio de favorabilidad.
2. La accionante le atribuyó la trasgresión de sus garantías constitucionales
a la sentencia del 31 de julio de 20253, mediante la cual la autoridad judicial
accionada confirmó el fallo de primera instancia que negó las pretensiones que
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 5 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionado al
Tribunal Administrativo del Quindío. Así mismo, se dispuso vincular a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional, al Municipio de Armenia – Secretaría de Educación, al Departamento del
Quindío y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
3 Proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 63001-
3333-001-2024-00168-02.
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Accionante: Inés Lucía Yusti Delgado
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propuso en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado
contra el Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Armenia, con el fin
de que se anularan los Oficios 2024-EE-056624, y ARM2024EE0036174.
3. En concreto, la tutelante solicitó lo siguiente:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO en la sentencia
proferida el día 31 de julio de 2025, en el expediente radicado bajo número
63001-3333-001-2024-00168-02, transgredió los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD
de la señora INES LUCIA YUSTI DELGADO, por considerar que las razones de
la decisión no se ajustan a la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco
normativo aplicable al caso y, el material probatorio obrante en el proceso
ordinario.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma
aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular
de la docente INES LUCIA YUSTI DELGADO a la luz de los argumentos
planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el
debate jurídico.
1.2. Hechos
4. Inés Lucía Yusti Delgado presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra el Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Armenia,
en procura de que se le inaplicara «por ilegal» el Decreto 284 de 2024 5, y, en
consecuencia, se anularan los oficios 2024-EE-056624, y ARM2024EE003617
con los que, manifiesta, se le negó el reconocimiento de la diferencia en los
incrementos salariales decretados de manera indiscriminada y desigual en los
años 2008 y 2009 para los grados del escalafón docente 2A y 2B.
5. Al respecto, la parte actora mencionó que entre los años 2005 a 2007 el
incremento salarial fue igual para todos los docentes escalafonados; sin
embargo, para los años 2008 y 2009 el Gobierno nacional «decretó aumentos
porcentuales inequitativos en la asignación básica salarial de dicho personal, sin
que mediara una exposición de motivos previa, razonada y suficiente, esto es,
respaldo fáctico, jurídico o técnico, que justificara la legalidad de tal
diferenciación».
6. Como consecuencia de lo anterior, manifiesta que se vio afectada, pues
los «docentes ubicados en categorías inferiores, como la 2A, fueron beneficiados
con mayores incrementos salariales respecto de su categoría (2B), así: para el
año 2008, la categoría 2A recibió un aumento del 14,11%, mientras que la
categoría 2B obtuvo solo un 5,69%; y para el año 2009, el incremento para 2A
4 que desestimaron la solicitud de reconocimiento de la diferencia en los incrementos salariales
decretados en los años 2008 y 2009 para los grados del escalafón docente 2A y 2B.
5 Por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos
docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media y se dictan otras
disposiciones de carácter salarial para el sector educativo estatal.
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fue del 15,61%, en tanto que para 2B apenas alcanzó el 7,67%».
7. El conocimiento del asunto correspondió en primera instancia al Juzgado
Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Armenia, que, mediante
providencia del 19 de noviembre de 2024, negó las súplicas de la demanda.
8. Como fundamento de su decisión, sostuvo que los ajustes salariales
diferenciados entre un escalafón y otro responden a criterios de
profesionalización, experiencia y formación académica, por lo que es claro que
no puede equipararse un nivel salarial con otro al no estar en un plano de
igualdad. Adicionalmente, argumentó que al expedirse los decretos que fijan los
aumentos «se respetó el mínimo que la jurisprudencia ha considerado como
básico para mantener el poder adquisitivo de los funcionarios y empleados
públicos, es decir, el porcentaje de pérdida del poder adquisitivo o de inflación».
9. Inconforme con lo resuelto en primera instancia la demandante apeló la
decisión. En resumen, argumentó que la sentencia de primera instancia no
abordó de manera integral los argumentos de la demanda, pues omitió analizar
exhaustivamente la ausencia de justificación fáctica y jurídica de la diferencia
porcentual aplicada en los incrementos salariales de 2008, 2009 y 2011, que
considera discriminatoria.
10. Así mismo, expuso que los actos administrativos debían anularse por
configurarse la causal de nulidad de falsa motivación, pues era necesario
inaplicar por ilegal el Decreto 284 de 2024 al contrariar la escala salarial dispuesta
en el Decreto 1778 de 2002, y vulnerar los principios de proporcionalidad e
igualdad. En consecuencia, solicitó la revocatoria de la sentencia apelada y la
nulidad de los actos administrativos demandados.
11. La alzada fue resuelta por el Tribunal Administrativo del Quindío, el cual
mediante providencia del 31 de julio de 2025 confirmó lo decidido por el a quo.
En concreto, indicó que la reglamentación establece condiciones diferentes entre
cada escalafón, por lo que los docentes ubicados en cada uno reciben una
remuneración de base distinta y acorde a su realidad, y que es claro que el
docente con mayor grado y nivel percibe una mejor remuneración. Además,
explicó que el Gobierno nacional tiene la facultad privativa de realizar ajustes
salariales con apego a los criterios objetivos fijados por el artículo 2 de la Ley 4
de 1992.
12. Para finalizar, sostuvo que la Corte Constitucional mediante sentencia C-
408 de 2021, estableció que no es válido aplicar un criterio de igualación
matemática entre remuneraciones, pues se deben considerar las diferencias
fácticas entre servidores públicos, como la formación académica y la experiencia
requerida para cada escalafón. En ese sentido, el principio de igualdad, o «a
trabajo igual, salario igual» no implica una igualdad aritmética, sino una igualdad
real, que exige trato igual solo cuando las condiciones son equivalentes. En
consecuencia, un trato distinto está justificado cuando existen condiciones
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diferentes entre los trabajadores.
1.3. Sustento de la vulneración
13. La accionante argumentó que es necesaria la intervención del juez de
tutela pues la autoridad accionada validó como ajustada a derecho una decisión
que desconoció los «principios constitucionales de igualdad material, mérito y
debido proceso, así como los parámetros normativos y probatorios aplicables al
régimen salarial docente sin ofrecer una motivación suficiente, razonada y
válida».
14. Refirió que se configuró el defecto sustantivo porque el tribunal no
cumplió con su deber de aplicar un control judicial estricto sobre el asunto puesto
en su conocimiento al interpretar de manera desarticulada y errónea la normativa
aplicable al régimen salarial de los docentes en materia de mérito, preparación
académica, experiencia y demás requisitos que un docente debe superar para
ubicarse en determinado grado del escalafón, y, en consecuencia, recibir un
salario acorde.
15. En ese sentido, afirmó que se cometió una «injusticia» con los docentes
de la educación pública, puesto que en los primeros años de entrada en vigor del
Decreto 1278 de 2002, los aumentos salariales se realizaron de forma igualitaria
para todos los docentes, pero que, sin embargo, para los años 2008 y 2009, el
Gobierno nacional sin justificación objetiva alguna aumentó inequitativamente los
salarios de los maestros pertenecientes al escalafón 2A, sobre los del escalafón
2B.
16. Sostuvo que el tribunal incurrió en un defecto fáctico, porque realizó una
valoración indebida de las pruebas allegadas al proceso que daban cuenta de
incrementos salariales desproporcionados que otorgaron mayores aumentos a
los docentes ubicados en escalafones inferiores, que a los ubicados en
escalafones superiores.
17. Indicó que la parte pasiva no aportó ninguna prueba que justificara
objetiva, clara, y válidamente la desproporción de los salarios, por lo que «el
argumento esgrimido por el ad quem carece de respaldo probatorio,
configurándose así una decisión adoptada con fundamento en meras
conjeturas».
1.4. Intervenciones
18. El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Armenia6 remitió copia del expediente digital.
19. El Tribunal Administrativo del Quindío7, por intermedio del magistrado
6 Índice 15 de Samai.
7 Índices 13 y 14 de Samai.
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ponente de la decisión de segunda instancia, luego de resumir los fundamentos
fácticos de la acción de tutela, señaló que el asunto carece de relevancia
constitucional. Afirmó que se trata de un tema eminentemente legal y de
contenido económico, pues la accionante busca el reconocimiento de diferencias
salariales derivadas de la equiparación entre dos grados del escalafón docente.
20. Agregó que lo planteado en sede de tutela corresponde, en realidad, a una
inconformidad con la negativa de las pretensiones en el proceso ordinario,
buscando reabrir un debate ya ventilado y resuelto por los jueces naturales de la
causa. Indicó que su fallo fue fundamentado de manera suficiente desde el punto
de vista normativo, jurisprudencial y probatorio, por lo que carecen de sustento
los presuntos defectos sustantivo y fáctico alegados. En consecuencia, concluyó
que debía declararse la improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto,
negarse el amparo al no evidenciarse vulneración de los derechos fundamentales
invocados.
21. El Municipio de Armenia – Secretaría de Educación8 expresó que en el
presente caso no existe ninguna irregularidad que dé lugar a la vulneración
derechos fundamentales; Por el contrario, lo que se evidencia es que la
accionante pretende utilizar la acción de tutela como una tercera instancia para
reabrir un debate meramente legal que ya fue ampliamente analizado y debatido
por el juez natural. Por lo tanto, solicita que se declare la improcedencia por no
cumplir el requisito de relevancia constitucional o, en su defecto, se niegue el
amparo.
22. El Departamento del Quindío9, a través de la secretaria de educación
departamental, manifestó que en el presente asunto carece de falta de
legitimación en la causa por pasiva al no haber sido parte en el proceso ordinario,
por lo que solicitó se declare improcedente el presente trámite en contra del
Departamento del Quindío – Secretaría de Educación Departamental.
23. El Ministerio de Educación Nacional10 manifestó que carece de falta de
legitimación en la causa por pasiva al tratarse de un reproche en contra de una
decisión judicial. También solicitó que se declare la improcedencia del
mecanismo de amparo al considerar que no se encuentra ajustada a los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
24. Por su parte, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
guardó silencio pese a estar debidamente notificada del presente trámite
constitucional.
8 Índice 16 de Samai.
9 Índice 17 de Samai
10 Índices 18 y 19 de Samai.
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II. CONSIDERACIONES
25. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por falta de
relevancia constitucional. En tal sentido, se demostrará que en el asunto no se
supera el referido requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial.
2.1. Caso concreto
2.2.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales
26. El Consejo de Estado11 y la Corte Constitucional12, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales13 y a la configuración de algún
defecto especial14 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
27. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
28. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.
29. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
12 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
13 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv) inmediatez;
(v) efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
14 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
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30. La Sala advierte que Inés Lucía Yusti Delgado está legitimada en la causa
por activa, por ser quien promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se adoptó la sentencia de segunda
instancia que se cuestiona por esta vía.
31. Por su parte, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo del Quindío
se encuentra legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad judicial que
profirió la decisión controvertida.
32. Ahora, la Secretaría de Educación del Departamento del Quindío
manifestó que no se encuentra legitimada en la causa por pasiva, al no haber
hecho parte del proceso ordinario, por lo que solicita que se declare la
improcedencia del medio de control en contra del Departamento. La Sala estima
procedente dicha solicitud, al no haber participado en la expedición de los actos
administrativos demandados, hi haber sido parte en el proceso ordinario, por lo
que no le asiste un interés en el resultado del presente trámite constitucional, ni
los efectos del mismo le cobijan. En consecuencia, se ordenará su
desvinculación.
33. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional15, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.
34. En el sub judice, debe recordarse que la parte tutelante centró la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales en que la autoridad accionada
adoptó la decisión con desconocimiento de la normativa aplicable al régimen
salarial del personal docente y omitió la adecuada valoración de las pruebas
allegadas al proceso que evidenciaban la existencia de incrementos salariales
desproporcionados de los docentes escalafonados, dada la diferencia porcentual
entre aquellos de grado 2A y 2B, que en su sentir, no fueron desvirtuadas por la
parte pasiva.
35. La accionante puso de presente, desde el proceso ordinario, que el
mencionado decreto vulneró su derecho a la igualdad por el «aumento irregular
y diferenciado» que estableció. Así las cosas, al proferirse la decisión
controvertida se configuraron los defectos fáctico, por indebida valoración de las
15 Sentencia SU-215 de 2022.
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pruebas, y sustantivo, porque no se realizó un control judicial estricto sobre el
asunto puesto en su conocimiento al interpretar de forma indebida la normativa
aplicable al régimen salarial de los docentes en materia de mérito, preparación
académica, experiencia y demás requisitos para ubicarse en un determinado
grado del escalafón y en consecuencia recibir salarios acorde a ello.
36. Cabe destacar que los argumentos planteados por la accionante se
estudiaron ampliamente en la sentencia cuestionada, con el fin explicarle que el
Gobierno nacional tiene la competencia de fijar incrementos salariales
diferenciados, de acuerdo con la amplia potestad de configuración normativa que
le otorga la Ley 4 de 1992.
37. De conformidad con lo anterior, la autoridad judicial tutelada sostuvo que
el aumento salarial que reprocha Inés Lucía Yusti Delgado no se traduce en
desproporcionado, desigual ni arbitrario, puesto que la normativa establece
condiciones diferenciadas entre los escalafones docentes, lo que justifica
remuneraciones distintas según el grado y nivel. También, trayendo al caso lo ya
explicado por el juez de primera instancia aclaró que los aumentos salariales se
realizan respetando el porcentaje de pérdida de poder adquisitivo o inflación y de
ahí se atiende a los criterios de formación, capacitación y experiencia.
38. Adicionalmente, recordó que, según la sentencia C-408 de 2021 de la
Corte Constitucional, no procede una equiparación matemática de salarios, pues
el principio de igualdad exige valorar diferencias fácticas como formación y
experiencia. En consecuencia, concluyó que el trato salarial diferenciado está
justificado cuando existen condiciones reales distintas entre los servidores
públicos.
39. En ese sentido, el debate constitucional que propone la accionante, a partir
de los defectos alegados, carece de relevancia constitucional en la medida en
que sus argumentos recaen en su inconformidad frente a lo decidido por el
operador judicial sin que explique de qué forma resultaron vulnerados sus
derechos fundamentales o proponga un estudio con enfoque constitucional, más
allá de querer reabrir la discusión jurídica para que se determine que corresponde
acceder a sus pretensiones.
40. Se reitera que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está
vedado al juez constitucional inmiscuirse en cuestiones de la órbita de los jueces
naturales de la causa. Por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en
los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por los actores dentro del
trámite de tutela, toda vez que, si se analizaran todos los reparos por decisiones
judiciales desfavorables, sin el contraste de un indebido e irracional estudio por
parte de la autoridad judicial, se atentaría contra el principio de autonomía judicial
y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera
instancia16.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15
de diciembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-04612-01.
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41. Por esto, la sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo, al
no encontrar acreditado el presupuesto de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la solicitud de amparo
formulada por la parte actora.
SEGUNDO: DESVINCULAR del presente trámite constitucional al Departamento
del Quindío – Secretaría de Educación Departamental.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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