República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00624-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
4 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00624-01 (4041)
Accionante: Inés Lucía Yusti Delgado
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Tema: acción de tutela contra providencia judicial. Subtema 1: nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: ajuste salarial docente. Subtema 3:
defectos sustantivo y fáctico.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por Inés Lucía Yusti Delgado, en contra de la sentencia
del 5 de marzo de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta.
1. Síntesis del caso
La señora Inés Lucía Yusti Delgado, a través de apoderada, presentó acción de
tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, así como el
principio de favorabilidad, que consideró vulnerados con ocasión de la sentencia del
31 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado núm. 63001-3333-001-2024-00168-02.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala considera relevantes los siguientes hechos:
1
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00624-00, índice 2, certificado 83B83417C32EE2C6 77C900C4EB0CE52A
A81A6AD34C2E557A 53E5DD044AFF7389.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00624-01 (4041)
Accionante: Inés Lucía Yusti Delgado
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
2. La señora Inés Lucía Yusti Delgado es educadora oficial ubicada en la categoría
2B del escalafón docente, conforme al régimen establecido en el Decreto-Ley 1278
de 2002.
3. La accionante, mediante sendos escritos radicados en la Secretaría de
Educación de Armenia y en el Ministerio de Educación Nacional, solicitó el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas de los incrementos
que, a su juicio, fueron «desiguales e injustificados decretados para los años 2008
y 2009, en los cuales se favoreció a docentes de la categoría 2 A» en detrimento de
quienes, como ella, se encontraban en el escalafón 2 B.
4. La entidad territorial y el Ministerio de Educación Nacional, a través de los oficios
ARM2024EE003617 y 2024-EE-056624, ambos del 27 de febrero de 2024, respec-
tivamente, negaron el requerimiento de la tutelante.
5. La señora Inés Lucía Yusti Delgado presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del municipio de Armenia y la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, con el fin de que: i) se inaplicara por ilegal el
Decreto 284 de 2024, que definió el ajuste salarial del año 2024, ii) se dejaran sin
efecto los referidos actos administrativos y, en su lugar, iii) se ordenara pagar a su
favor la diferencia salarial de los incrementos porcentuales establecidos por el
Gobierno nacional durante los años 2008 y 2009, conforme el valor reconocido para
los docentes pertenecientes al escalafón 2 A, dado que el aplicado al nivel 2 B fue
inferior. Asimismo, pidió el respectivo ajuste de sus prestaciones sociales desde el
2008 en adelante.
6. El Juzgado Primero Administrativo de Armenia, mediante sentencia del 19 de
noviembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el
porcentaje reconocido por el Gobierno nacional a los docentes ubicados en el
escalafón 2 A se justificó en los niveles académicos y demás criterios de
preparación, mérito y experiencia que tenían dichos educadores, lo cual no era
similar a las condiciones de la demandante. Contra dicha decisión, la parte actora
presentó recurso de apelación.
7. El Tribunal Administrativo del Quindío, a través de providencia del 31 de julio de
2025, confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
8. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO en la sentencia
proferida el día 31 de julio de 2025, en el expediente radicado bajo número 63001-
3333-001-2024-00168-02, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD de la señora INES LUCIA
YUSTI DELGADO, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la
jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al caso y, el
material probatorio obrante en el proceso ordinario.
2
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Accionante: Inés Lucía Yusti Delgado
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma
aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular de
la docente INES LUCIA YUSTI DELGADO a la luz de los argumentos planteados en la
demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico2.
9. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante consideró que la
providencia del Tribunal Administrativo del Quindío incurrió en defecto sustantivo,
porque no efectuó una interpretación adecuada de los postulados normativos que
regulan el régimen salarial de los docentes, en tanto se apartó de los lineamientos
constitucionales y legales que rigen la materia.
10. De esta manera, explicó que la autoridad accionada desconoció el alcance del
artículo 13 de la Constitución, la Ley 4 de 1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002, en
tanto justificó un trato desigual en los incrementos salariales de los docentes de las
categorías 2A y 2B, que se realizaron en los años 2008 y 2009, cuando la diferencia
carecía de sustento objetivo y produjo una afectación permanente en la base salarial
de los docentes de la categoría 2B.
11. Resaltó que para el Tribunal las diferencias en los incrementos salariales de los
años 2008 y 2009 entre las categorías 2 B y 2 A respondían a criterios razonables
previstos en la normativa, tales como la formación académica, la experiencia y la
ubicación en el escalafón docente; sin embargo, no tuvo en cuenta los principios de
igualdad y progresividad que regulan los aspectos salariales.
12. Por otra parte, indicó que la decisión cuestionada incurrió en defecto fáctico,
porque pasó por alto que al interior del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho no se aportó prueba alguna que demostrara la existencia de motivos
válidos que justificaran la decisión de la administración de otorgar distintos
porcentajes de incremento salarial a los docentes ubicados en el escalafón 2A y 2B.
13. Finalmente, puso en conocimiento que, en sentencia del 25 de marzo de 2025,
el Juzgado Veintitrés Administrativo Oral de Medellín accedió a las pretensiones de
una demanda de iguales fundamentos fácticos y jurídicos, postura reiterada por el
Juzgado Veintiocho Administrativo de Medellín.
2.3. Trámite Procesal
14. El despacho ponente de la Sección Quinta del Consejo de Estado, a través de
auto el 3 de febrero de 20263, admitió la solicitud de amparo, ordenó la notificación
al Tribunal Administrativo del Quindío, y puso en conocimiento el escrito de tutela a
la Nación, Ministerio de Educación Nacional, al municipio de Armenia, Secretaría de
Educación, al departamento del Quindío y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica,
en su condición de terceros con interés.
2
Se transcribe incluso con errores de texto.
3
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00624-00, índice 5, certificado 4237E734C3817566 F2AA28A7310E4C75
51FCCD1A482568D8 3A6DFE7740912F32.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00624-01 (4041)
Accionante: Inés Lucía Yusti Delgado
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
2.4. Intervenciones
15. El Tribunal Administrativo del Quindío4 manifestó que la solicitud de amparo
carece de relevancia constitucional, toda vez que se trata de un tema
eminentemente legal y de contenido económico, pues la accionante busca el
reconocimiento de diferencias salariales derivadas de la equiparación entre dos
grados del escalafón docente.
16. Afirmó que lo planteado en el escrito de tutela corresponde, en realidad, a una
inconformidad con la negativa de las pretensiones en el proceso ordinario y, las
pretensiones de la solicitud de amparo se dirigen a reabrir un debate jurídico y
probatorio que se surtió ante los jueces naturales de la causa.
17. Indicó que la providencia cuestionada se encuentra debidamente justificada
desde el punto de vista normativo, jurisprudencial y probatorio, por lo que carecen
de fundamento los argumentos de la tutelante relacionados con los defectos
sustantivo y fáctico alegados.
18. Por lo anterior, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela o, en su
defecto, se niegue el amparo, como quiera que no se demostró la vulneración de
los derechos fundamentales invocados.
19. El municipio de Armenia, Secretaría de Educación de Armenia5 expresó que el
asunto planteado en el escrito de tutela carece de relevancia constitucional, en la
medida que la accionante pretende utilizar la acción de tutela como una tercera
instancia para reabrir un debate legal que ya fue desarrollado dentro del proceso
ordinario en primera y segunda instancia. En consecuencia, consideró que no se
configura irregularidad o defecto alguno, que hubiese podido vulnerar los derechos
fundamentales de la tutelante, por lo tanto, pidió que se declarara la improcedencia
de la tutela.
20. El departamento del Quindío6 afirmó que el mecanismo de amparo
constitucional es improcedente, porque no existió amenaza o vulneración de los
derechos fundamentales de la accionante. Por otro lado, indicó que carecía de
legitimación en la causa por pasiva.
21. El Ministerio de Educación Nacional7 consideró que carece de legitimación en
la causa por pasiva para responder por las pretensiones de la tutelante, toda vez
que la inconformidad de la accionante se dirige en contra de una providencia judicial,
en cuyo trámite de expedición no tuvo injerencia alguna.
22.Adicionalmente, refirió que el asunto carece de relevancia constitucional, en la
medida que la parte tutelante no desarrolló una carga argumentativa y probatoria
4
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00624-00, índice 13, certificado 36F597588FED3419 D2E3FE550D6B1311
49178188691AAC16 F3090921784313BB.
5
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00624-00, índice 16, certificado E282CBB1AABDA6D8
74B21230F5793DE3 874CAA1AC6A1B018 61E69D2879BD5FC8.
6
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00624-00, índice 17, certificado 57DB70F49CF8835B 042278F437D0812E
1C5C2C666C9357AB 627E944869FD8F2E.
7
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00624-00, índice 18, 834D0DB19DBA9428 5AD56B857F92D8B6
D349786310C1CA5A 411FF78031E81FF1.
4
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Accionante: Inés Lucía Yusti Delgado
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
encaminada a demostrar las posibles falencias probatorias en las que incurrieron
las autoridades judiciales accionadas. En consecuencia, pidió que se declare
improcedente la tutela.
23. Los demás vinculados, guardaron silencio.
2.5. Sentencia de tutela de primera instancia
24. El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia del 5 de marzo de
20268, declaró improcedente la solicitud de amparo, por cuanto no cumplió con el
requisito de relevancia constitucional, toda vez que los argumentos planteados por
la tutelante se dirigen a mostrar la inconformidad con lo decidido por el Tribunal
accionado sin explicar la forma en que resultaron vulnerados sus derechos
fundamentales ni pospuso un estudio con enfoque constitucional, más allá de querer
reabrir la discusión jurídica, con la única intención de obtener una decisión que
resulte favorable a sus pretensiones.
2.6. Impugnación
25. La accionante presentó impugnación9 en contra de la sentencia del 5 de marzo
de 2026. En su escrito, afirmó que la tutela superó el requisito de relevancia
constitucional, por lo que la sentencia impugnada omitió realizar un análisis material
y riguroso de los hechos acreditados en el expediente. Además, reiteró los
argumentos relacionados con la configuración de los defectos sustantivo y fáctico
en la providencia del 31 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del
Quindío.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
26. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 5 de
marzo de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
3.2. Legitimación en la causa de las partes
27. La legitimación en la causa por activa de la señora Inés Lucía Yusti Delgado se
encuentra acreditada, por cuanto fue la parte demandante dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento en el que fue expedida la providencia que, a su juicio,
desconoció sus derechos fundamentales.
8
Samai. exp. núm. 11001-03-15-000-2026-00624-00, índice 21, certificado 37269818B6763414 D768D37FC516A1DB
36F63A6D7E89590F 693749CCB1EA3F3E.
9
Samai. exp. núm. 11001-03-15-000-2026-00624-00, índice 27, certificado 493B52CEF89E0500 ADCFEFAD77637D23
5D2A67C412FE94E1 8ECD7E9978EBCD4D.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00624-01 (4041)
Accionante: Inés Lucía Yusti Delgado
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
28. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Quindío, debido a que fue la autoridad que profirió la decisión,
objeto de estudio.
29. Por otro lado, se advierte que el Ministerio de Educación Nacional y la
Secretaría de Educación del departamento del Quindío solicitaron su
desvinculación, al considerar que la acción de tutela se dirigía contra una
providencia judicial y que no estaban llamados a responder por la vulneración de
los derechos fundamentales de la parte accionante.
30. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de terceros, en aras de garantizar sus derechos de defensa, pues la decisión que
resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por los motivos expuestos, se
modificará la decisión del a quo, en el sentido de negar su solicitud.
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
31. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado10 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional11.
32.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y
que afecte un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
33. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso
de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales12 y, por lo
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras
palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan
la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
11
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
6
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00624-01 (4041)
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Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
34. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución13.
3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
35. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional14
ha sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa y con claridad, sobre las razones por las cuales el
asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia15.
36. Contrario a lo que determinó la Sección Quinta del Consejo de Estado en la
sentencia impugnada, esta Sala considera que la cuestión que se discute reviste
relevancia constitucional, toda vez que, de encontrarse configurados en el fallo del
31 de julio de 2025 los defectos alegados en el escrito de tutela, quedaría acreditado
en el proceso ordinario que la señora Inés Lucía Yusti Delgado tenía derecho al
reconocimiento y pago de la diferencia salarial derivada de los incrementos
aplicados de manera desigual a los docentes regidos por el Decreto-Ley 1278 de
2002, específicamente entre los niveles 2A y 2B.
37. En ese escenario, la decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, mediante
la cual se confirmó la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de
la demanda, comprometería y afectaría los derechos fundamentales para cuyo
amparo se acudió a esta acción constitucional.
38. Ahora, respecto de los cargos expuestos en el escrito tutela, se advierte que la
accionante no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.
39. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho toda vez que la
sentencia proferida el 31 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo del Quindío
fue notificada el 1 de agosto siguiente16, y la demanda de tutela se presentó el 30
13
Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
15
Ibidem.
La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito de
relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico» lo que implica revisar
«que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental» ; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo
que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia
versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y iii) que
la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la
providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.
16
Samai, exp. 63001-33-33-001-2024-00168-02, índice 12.
7
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de enero de 202617, esto es, dentro del plazo establecido por la jurisprudencia
constitucional18 y del Consejo de Estado19 como razonable.
40. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.
41. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
42. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos sustantivo y fáctico y, en
ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte
actora.
3.4. Problema jurídico
43. Corresponde a la Sala determinar si ¿el Tribunal Administrativo del Quindío
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad
de la señora Inés Lucía Yusti Delgado?
44. En particular, deberá establecer si ¿la autoridad accionada incurrió en los
defectos sustantivo y fáctico al proferir la sentencia del 31 de julio de 2025, mediante
la cual confirmó el fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda promovida por la accionante contra la Nación, Ministerio de Educación
Nacional y el municipio de Armenia, relacionadas con el ajuste de la diferencia
salarial entre su escalafón 2B y el grado 2A?.
45. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados;
y ii) el caso concreto.
3.4.1. El defecto sustantivo
46. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado20.
17
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00624-00, índice 1.
18
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
20
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00624-01 (4041)
Accionante: Inés Lucía Yusti Delgado
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
47. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.
48. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:
[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los
jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar
su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el
ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones de
la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los contenidos,
postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación […]21.
49. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.
50. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).22
3.4.2. El defecto fáctico
51. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»23. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión24» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.
21
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
22
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
23
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
24
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00624-01 (4041)
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52. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa
una valoración por “completo equivocada”»25. Por su parte, la dimensión negativa
se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran
los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución
del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes
que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en
aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»26.
53. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:
(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones
en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez
de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso27.
54. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial28, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»29.
55. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas
en cada caso:
50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]
51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
25
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
26
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
27
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
28
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
29
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.
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Accionante: Inés Lucía Yusti Delgado
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.
52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]30.
3.5. Caso concreto
56. En el asunto bajo estudio, la señora Inés Lucía Yusti Delgado presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el municipio de Armenia y la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, con el fin de que se dejara sin efectos los oficios ARM2024EE003617 y
2024-EE-056624 y, en consecuencia, se ordenara pagar la diferencia salarial
derivada de los incrementos aplicados de manera desigual a los docentes regidos
por el Decreto Ley 1278 de 2002, específicamente entre los niveles 2A y 2B.
57. En primera instancia, el Juzgado Primero Administrativo de Armenia, mediante
sentencia del 19 de noviembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda.
Apelada esta decisión, el Tribunal Administrativo del Quindío emitió fallo el 31 de
julio de 2025, en el que confirmó la providencia del a quo.
58. Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela, en concreto,
que la autoridad judicial accionada, al proferir el fallo del 31 de julio de 2025, incurrió
en defecto sustantivo, por cuanto no realizó una interpretación adecuada de los
postulados normativos que regulan el régimen salarial de los docentes, en tanto se
apartó de los lineamientos constitucionales y legales que rigen la materia, especial-
mente los principios de igualdad y progresividad.
59. De este modo, precisó que la autoridad accionada desconoció el alcance del
artículo 13 de la Constitución, la Ley 4 de 1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002, en
tanto otorgó un trato desigual en los incrementos salariales de los docentes ubica-
dos en los niveles 2 A y 2 B, que se realizó en los años 2008 y 2009, cuando la
diferencia carecía de fundamento objetivo y produjo una afectación permanente en
la base salarial de los docentes de la categoría 2 B.
60. Agregó que la decisión cuestionada contiene un defecto fáctico porque pasó
por alto que al interior del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho no
se aportó prueba alguna que demostrara la existencia de motivos válidos que justi-
ficaran la decisión de la administración de otorgar distintos porcentajes de incre-
mento salarial a los docentes ubicados en el escalafón 2 A y 2 B.
61. Al respecto, se observa que, el Tribunal Administrativo del Quindío, en atención
a la pretensión de la demandante, efectuó un análisis a partir del marco
constitucional y legal que regula la fijación del régimen salarial de los docentes
oficiales, conforme lo previsto en la Ley 4 de 1992, el Decreto 1278 de 2002 y los
lineamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional y de esta corporación.
30
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
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Accionante: Inés Lucía Yusti Delgado
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
62. En ese sentido, afirmó que la sentencia de primera instancia realizó un análisis
completo e integral sobre la posible vulneración del derecho a la igualdad, en
relación con la justificación presentada por el Ministerio de Educación Nacional para
fijar los incrementos salariales de los años 2008 y 2009, de manera distinta a los
aplicados en los años 2005 a 2007, 2010 y 2012, en adelante.
63. En concreto, la sentencia objeto de tutela destacó algunas de las
consideraciones expuestas por el Juzgado Primero Administrativo de Armenia, que
sirvieron de fundamento para negar el reajuste salarial pretendido por la accionante,
en los siguientes términos:
Lo afirmado encuentra sustento en que, en la sentencia apelada, luego de un análisis
amplio del régimen especial del escalafón docente regulado en la Ley 2277 de 1979,
el Estatuto que desarrolló esa materia dispuesta en el Decreto 1278 de 2002, aplicable
a partir del 02 de junio de ese año, emprendió un análisis de la política pública
implementada para el sector docente mediante los Decretos expedidos por el
Ministerio de Educación Nacional 624, 714 y 1407 de 2008 y 702 y 1238 de 2009,
enfatizando en lo regulado en cada uno de ellos en cuanto a título, grado de escalafón,
el nivel salarial y la asignación básica respectiva.
Enseguida efectuó un examen de la vulneración del derecho a la igualdad frente a la
escala salarial del escalafón docente, apoyándose en la metodología vertida en la
sentencia C-078 del 15 de febrero 2012 de la Corte constitucional, en la que se analizó
la inconstitucionalidad del numeral 2 del art. 36 del Decreto Ley 1278 de 2002, “Por el
cual se expide el Estatuto de profesionalización Docente” sosteniendo que en
desarrollo del principio de igualdad, corresponde al Legislador deparar el mismo trato
jurídico a todas aquellas situaciones que puedan compararse y, efectuar las
respectivas diferenciaciones, ante situaciones fácticas disímiles, sin que un tratamiento
legislativo distinto pueda significar la violación del principio de igualdad, siempre y
cuando sea objetivo y razonable.
[…]
Siguiendo la metodología de la Corte Constitucional sobre el test de igualdad, la A -
quo sostuvo que no puede equipararse un nivel salarial con otro, pudiendo darse un
trato diferenciado, con base en los criterios previstos en la misma normatividad
tendiente a estimular la profesionalización y excelencia de quienes hacen parte del
magisterio, de modo tal que en el caso examinado, no se desconoce el derecho a la
igualdad, en razón a que un docente ubicado en determinado grado de escalafón, tiene
unas condiciones de experiencia y formación distintas a las de un docente que se
encuentre situado en otra, siendo congruente la diferencia salarial de acuerdo a su
nivel de escalafón, en tanto las variables de la escala salarial se encuentran justificadas
por el Legislador en criterios como la formación profesional del docente, significando
con ello que las asignaciones salariales no se erigen caprichosas, ni arbitrarias y por
ende, no desconocen los derechos laborales de los docentes entre uno y otro grado,
subrayando que en los aumentos decretados en los años 2008, 2009 y 2011, se
respetó el mínimo que la jurisprudencia ha considerado como básico para mantener el
poder adquisitivo de los funcionarios y empleados públicos, esto es, el porcentaje de
pérdida del poder adquisitivo o inflación y, de allí en adelante se atendió, siguiendo el
art. 19 del Decreto 1278 de 2002 sobre el sistema nacional de clasificación de los
educadores, a los factores de formación, capacitación y experiencia para aumentar los
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Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
salarios de los docentes, que sirvieron como parámetro para los subsiguientes
aumentos salariales.
64. A partir de lo anterior, la autoridad accionada sostuvo que el fallo de primera
instancia realizó un análisis adecuada del derecho a la igualdad frente a la escala
salarial de los docentes, pues se apoyó la metodología desarrollada en la sentencia
C-078 del 15 de febrero 2012 de la Corte Constitucional en la que se analizó la
inconstitucionalidad del numeral 2 del artículo 36 del Decreto Ley 1278 de 2002,
que establece que el legislador debe dar el mismo trato jurídico a aquellas
situaciones comparables y permitir diferenciaciones razonables y objetivas cuando
los hechos son distintos.
65. Adujo que, el a quo también acogió lo dispuesto en la sentencia del 17 de julio
de 2020 dictada por la Subsección B de la Sección Segunda de esa corporación,
en el proceso con radicado núm. 25000-23-42-000-2013-01320-01, en la cual se
expuso que la igualdad salarial exige que trabajadores en idénticas condiciones
reciban la misma remuneración, y que cualquier diferencia debe basarse en
razones objetivas y no en caprichos o preferencias.
66. De este modo, el Tribunal indicó que compartía el análisis del juzgado, en el
que se expuso que, con base en la prueba de igualdad de la Corte Constitucional,
no era posible equiparar un nivel salarial con otro, pues el trato diferenciado
responde a criterios objetivos de formación y experiencia, orientados a estimular la
profesionalización y excelencia del magisterio. En ese sentido, no era posible
concluir que se desconocieron los derechos laborales de los docentes.
67. Además, la autoridad judicial accionada resaltó que, en los aumentos
decretados en 2008, 2009 y 2011 se respetó el mínimo necesario para mantener el
poder adquisitivo, y que los incrementos adicionales se fundamentaron en factores
de formación, capacitación y experiencia, conforme al artículo 19 del Decreto Ley
1278 de 2002.
68. El Tribunal accionado también argumentó que el Ministerio de Educación, al
expedir el Decreto 284 de 2024, no incurrió en un manejo injusto, ilegal ni
discriminatorio, pues cumplió con los decretos del Gobierno Nacional emitidos bajo
los parámetros de la Ley 4 de 1992 y de los artículos 46 y 47 del Decreto Ley 1278
de 2002.
69. En este punto, expuso que el Decreto Ley 1278 de 2002 plantea una estructura
del escalafón docente con base en tres grados, cada uno compuesto por cuatro
niveles salariales (A, B, C y D), que dependen de la formación académica del
educador. De este modo, el ingreso a la carrera y la ubicación dentro del escalafón
se hace conforme el título académico y los ascensos o reubicaciones requieren una
evaluación de competencias, el cumplimiento de requisitos y un tiempo mínimo de
permanencia o experiencia.
70. Así pues, el Tribunal explicó que, al ubicarse los docentes en grados distintos
del escalafón, las diferencias salariales responden a condiciones objetivas como la
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formación, la capacitación y la preparación, por lo que no resulta aplicable el
principio de igualdad en los términos planteados por la parte actora.
71. De igual forma, recordó que la Corte Constitucional, en la sentencia C-408 del
24 de noviembre de 2021, señaló que los análisis de igualación matemática entre
remuneraciones no son procedentes, ya que deben considerarse las diferencias
fácticas de cada servidor, como la formación y la experiencia requeridas para
ocupar distintos escalafones.
72. Asimismo, advirtió que la demandante no demostró que el Gobierno nacional
estuviera obligado a realizar estudios técnicos u otros medios que justificaran los
incrementos desiguales, ya que la Ley 4 de 1992 no impone esa obligación en su
artículo 2, el cual únicamente fija los criterios y objetivos que debe tener en cuenta
el ejecutivo para determinar el régimen salarial y prestacional.
73. En este orden de ideas, se observa que la sentencia del 31 de julio de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, realizó un análisis razonable y
adecuado de la normativa, la jurisprudencia aplicable al asunto y los documentos
aportados al proceso, lo que le permitió concluir que la diferencia salarial existente
entre los docentes ubicados en los niveles 2A y 2B del escalafón nacional docente
se justificaba en criterios objetivos definidos por el legislador (Decreto Ley 1278 de
2002), relacionados con la capacitación y el nivel educativo de la docente.
74. Dicho esto, esta Sala observa que el Tribunal accionado no incurrió en los
defectos sustantivo y factico, pues las razones y motivos que dieron origen a la
fijación diferenciada del salario entre los grados 2A y 2B encuentran fundamento en
lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto-Ley 1278 de 2002, el cual faculta al
ejecutivo para definir los salarios y prestaciones de los educadores en los siguientes
términos:
«El Gobierno Nacional, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, establecerá la escala única
nacional de salarios y el régimen prestacional para los docentes escalafonados, de
acuerdo con el grado y nivel que acrediten en el Escalafón Docente de conformidad
con el presente decreto; y según el título que acrediten, para los docentes nombrados
en provisionalidad o en período de prueba; lo mismo que las remuneraciones adiciona-
les para los directivos docentes, de acuerdo con los niveles educativos y el tamaño de
la institución educativa que dirijan».
75. De acuerdo con lo anterior, se observa que los argumentos desarrollados en la
providencia objeto de tutela atienden las pautas establecidas por el legislador sobre
la forma de definir los incrementos salariales de los docentes.
76. Adicionalmente, se tiene que el análisis probatorio desarrollado por la autoridad
judicial accionada lejos de mostrar una situación indebida por acción u omisión, lo
que en realidad revela es que fue estricto, objetivo y apegado al contenido de los
documentos aportados a la actuación judicial, por lo que no es posible inferir que la
decisión objeto de tutela fue contraria a derecho. Distinto es que el Tribunal no le
haya otorgado el valor probatorio que el tutelante pretendía que se les atribuyera a
los medios de prueba allegados al proceso.
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77. Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que: «las diferencias en la
apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues precisamente la
práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las
que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se presume
de buena fe y puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por
el que le resulte convincente»31.
78. Por lo expuesto, la Sala advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de los
principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de las normas y los criterios jurisprudenciales
aplicables al caso concreto, así como de las pruebas obrantes en el expediente de
nulidad y restablecimiento del derecho. Por estas razones, si bien la providencia
objeto de tutela no resultó favorable a la tutelante, esto no significa que se hayan
desconocido sus garantías constitucionales.
79. De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer
uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin
de reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, con el único propósito de obtener un
pronunciamiento que se acomode a sus intereses y pretensiones.
80. Finalmente, es preciso indicar que las decisiones emitidas por los Juzgados
Veintitrés Administrativo Oral de Medellín y Veintiocho Administrativo de Medellín
no constituyen precedente vertical u horizontal obligatorio para la Sala Cuarta de
Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, motivo por el cual no constituyen
un criterio implique ser acogido por la autoridad accionada.
4. Conclusión
81. Por lo anterior, se concluye que la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Quindío no vulneró los derechos fundamentales invocados por la
accionante, por cuanto no se evidencia en su contenido un análisis arbitrario,
infundado o caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal,
que constituya una vía de hecho por el defecto sustantivo y fáctico, que exija la
intervención del juez de tutela.
82. En consecuencia, modificará la sentencia del 5 de marzo de 2026, proferida por
la Sección Quinta del Consejo de Estado y, en su lugar, se negará la solicitud de
amparo invocada por la accionante.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
31
Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
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Accionante: Inés Lucía Yusti Delgado
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Falla:
Primero: Modificar la sentencia del 5 de marzo de 2026, proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta providencia. En
su lugar, quedará así:
Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por el Ministerio de
Educación Nacional y del departamento del Quindío, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta sentencia.
Segundo: Negar el amparo de tutela solicitado por Ines Lucía Yusti Delgado
en contra del Tribunal Administrativo del Quindío, por los motivos indicados
en las consideraciones de esta providencia
Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx
16
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