Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00659-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00659-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00659-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
2 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., dos (2) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00659-00
Demandante: Harold Iván Mena Torres
Demandados: Tribunal Administrativo del Chocó y otros
Temas: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declarar la falta de legitimación en la causa por activa
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud de tutela formulada por Harold Iván Mena Torres en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
y desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. Harold Iván Mena Torres promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión del
incumplimiento de la providencia proferida el 11 de julio 2017 por el Tribunal
Administrativo del Chocó, en el medio de control constitucional identificado con el
radicado 27001233100020170004501.
2. De conformidad con la solicitud de amparo y las piezas procesales allegadas,
la situación fáctica es la siguiente:
2.1. Teofilo Ledezma Mosquera y otros presentaron solicitud de tutela en contra
del departamento del Chocó con la finalidad de que se les tutelara su derecho
fundamental de petición, el cual consideraron vulnerado con ocasión a la falta de
respuesta al requerimiento elevado el 26 de noviembre de 2011.
2.2. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó, en
providencia del 4 de abril de 2017 tuteló el derecho fundamental de los
1Visible en índice 2 de Samai, archivo denominado «8ED_Demanda(.docx) NroActua 2(.docx)
NroActua 2».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00659-00
Demandante: Harold Iván Mena Torres
demandantes2. En contra de esta decisión la parte demandante presentó escrito de
impugnación.
2.3. El Tribunal Administrativo del Chocó, en sentencia del 9 de mayo de 2017
adicionó el numeral primero, en el sentido de tutelar el derecho de petición invocado
por María Eugenia Sanabria González, Noris Bather Pandales Murillo, Migdonio
Rivas, Elia Dominga Palacios, Nieve Aragón Bermúdez y María Angela Dávila
Correa. Posteriormente, presentaron incidente de desacato.
2.4. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó, en
providencia del 12 de junio de 2017 se abstuvo de imponer sanción.
2.5. Como consecuencia de lo anterior, presentaron petición de amparo en contra
del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó con la finalidad
de que se tutelaran sus derechos fundamentales y se dejara sin efectos la
providencia del 12 de junio de 2017.
2.6. El Tribunal Administrativo del Chocó, en providencia del 11 de julio de 2017
tuteló los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia, y ordenó dejar sin efectos la providencia del 12 de junio de 2017, dentro
del trámite de desacato identificado con el radicado 27001-33-33-002- 2017-00151-
00.
2.7. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó profirió
auto de obedézcase y cúmplase del 18 de julio de 2017 y ordenó «[r]equerir al señor
Gobernador del Chocó, YOHANNY CARLOS ALBERTO PALACIOS MOSQUERA, para
que se sirva informar al despacho sobre el cumplimiento de las sentencias de tutela No.
0043 del 04 de abril de 2.017 y la No. 99 de mayo 9 de 2017, suscrita por el Tribunal
Contencioso Administrativo del Chocó, que le concedió el amparo constitucional al derecho
de petición invocado por los demandantes».
2.8. En providencia del 3 de agosto de 2017, declaró en desacato y sancionó al
gobernador del departamento del Chocó. Decisión revocada por el Tribunal
Administrativo del Chocó, en providencia del 11 de agosto de 2017.
2 Teófilo Ledezma Mosquera, Henry Mena Blandón, Calixta Pino Mosquera, Antonio Delaney Aguilar,
Cristobalina Córdoba, Digna Del Carmen Marmolejo, Gumercinda Ríos, Heraclio Porras Mosquera, Nicolas
Andrade Parra, Heyzer Iveth Perea Coneo, José A Murillo Palacios, Juan Daniel Mena, Luis Carlos Parra Pino,
Luis Danilo Perea, Luis Ernesto Machado Tapias, Luis Palacios Jordán, Luisa Del Carmen García, María Patricia
Perea, María Reyes Romaña, María Yirlean Becerra, Marina Mena Mena, Marlenis López Ramos, Martha E.
Palacios, Melida Gamboa, Merlin Rodríguez Cordoba, Milton Moreno Parra, Nancy Del Carmen Salcedo, Neyda
De La Cruz Porras, Nigela Torres López, Norma Mayo Ibarguen, Obdulio Castillo Mosquera, Pablo Quesada
Martínez, Paulina Montaño De Parra, Purificación Arias Andrade, Rosa Nelly Maturana, Severiana Martínez,
Sila Iris Ramírez, Teresa de Jesús Lozano, Titat Isabel Mena, Vilma Nery Quejada, Xiomara Valdez Palacios,
Yaneth Lucero Valencia, Yerlin Ulises Carrasco Hurtado, Yerlin Vicente Mayo Hurtado, Zulia Camacho Cordoba,
Isaac Renteria Martínez, Etanislao Palacios Palacios, Libia Mena Quejada, Antonio Judith Ramos, Cantalicio
Renteria Mosquera, Elizabeth Peña Mosquera, Gladys Palacios De Porras, Gustavo Nilo Peña, Ana Aparicia
Padilla, Dalia Potes Hurtado, Dolly America Сopеtte, Gloria Mosquera Waldo, Donaldo Parra Ortiz, Ana Luisa
Palaciqş, Rito Emilio Hurtado, Samuel Maturana, Gisela María Arias, Inocencio Evelio Arboleda, Wolbert A.
Murillo, Cruz Del Carmen Padilla, Cruz Aurelio Pino, Jairo Antonio Mosquera, Jesús Amado Cordoba, Lucy
Mireya Lozano, Fatima Rafaela Mosquera, Enith María Cuesta Córdoba y Aydee Del Carmen Arias.
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Demandante: Harold Iván Mena Torres
2.9. Consecuencia de los múltiples incidentes de desacato presentados, se
profirieron las providencias del 17 de octubre de 2017; 17 de enero y 14 de agosto
de 2018; 9 de febrero de 2023; 16 de mayo, 6 y 12 de diciembre de 2024; y 26 de
marzo, 2 de abril, 7 de mayo,13 de mayo, 29 de julio, 11 de agosto y 14 de agosto
de 2025, en los que se resolvió «ESTARSE A LO RESUELTO por el Tribunal
Administrativo del Chocó en el Auto No. 154 del 11 de agosto de 2017».
2.10. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial del Quibdó, en
providencia del 25 de agosto de 2025 aceptó el impedimento manifestado por su
homóloga segunda para conocer del nuevo incidente de desacato, debido a la
existencia de una denuncia disciplinaria en su contra, formulada por el apoderado
de la parte demandante.
2.11. En providencia del 29 de agosto de 2025, se requirió al gobernador del Chocó
para que informara acerca del cumplimiento de las ordenes de amparo.
2.12. En providencia del 10 de septiembre de 2025, se abstuvo de abrir incidente
de desacato contra la gobernadora del departamento del Chocó. El 22 de
septiembre siguiente declaró improcedente la impugnación interpuesta por los
demandantes.
2.13. En providencia del 24 de septiembre de 2025 refirió:
«[…] Mediante correo electrónico recibido en este despacho el día veintitrés (23) de
septiembre de dos mil veinticinco (2025), el apoderado judicial de la parte accionante
escribe una serie de situaciones de las cuales no se tiene claridad, dado que no recurre
ninguna providencia ni le hace una petición en concreto al despacho.
Sin embargo, en dicho escrito, endilga una serie de acusaciones al señor Juez del
despacho sin soportes ni veracidad alguna, poniendo en entredicho su honorabilidad y
su imparcialidad en la recta administración de justicia.
Por lo tanto, se le conmina al Dr. Harold Iván Mena Torres, se abstenga de referirse de
esa forma al señor Juez y en lo sucesivo sea más claro al presentar los memoriales […]».
[sic]
2.14. Las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus derechos
fundamentales, pues a la fecha no se ha hecho efectiva la sentencia del 11 de julio
de 2017 y, por el contrario, se han negado las medidas solicitadas en ese sentido.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] EL AMPARO A MIS DERECHOS FUNDAMENTALES CONSTITUCIONALES
DERECHO AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y AL DEBIDO
PROCESO VIOLADOS POR LOS JUZGADOS SEGUNDO ADMNISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO DE QUIBDÓ, PUESTO QUE RETARDÓ EN REMITIR Y HACER
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Demandante: Harold Iván Mena Torres
EFECTIVA LA SENTENCIA 124 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2.017 SUSCRITA POR
EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ, EN CALIDAD DE SU
PUPERIOR JERÁRQUICO Y DEL JUZGADO TERCERO ADMNISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE QUIBDÓ, POR NEGAR LA MEDIDA SOLICITADA TENIENDO COMO
FUNDAMENTO LA MISMA PROVIDENCIA POR PÉRIDA DE EFECTIVIDAD POR EL
FENÓMENO DE LA PRESCRIPCION INDEBIDAMENTE APLICADA. […]» [sic].
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó3
luego de hacer un recuento de las actuaciones jurídico-procedimentales surtidas al
interior del trámite constitucional, solicitó que se negara lo pretendido por el
demandante ante la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales
comoquiera que las afirmaciones de la tutela son temerarias y contrarias al devenir
procesal; pues fue en sede de consulta que el superior funcional consideró que en
el presente asunto existía cumplimiento de la orden de tutela, razón por la cual se
revocó la sanción impuesta. Luego las demás actuaciones deben estar sujetas al
cumplimiento de dicha providencia.
5. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó4 si
bien allegó copia del expediente digital, guardó silencio frente a la petición de
amparo.
6. El departamento del Chocó5 requirió que se declarara el hecho superado
comoquiera que se le dio cumplimiento a las órdenes impartidas dentro de la
petición constitucional. A pesar de lo anterior, el demandante manifestó de manera
reiterativa su inconformidad, por lo que promovió nuevas solicitudes e incidentes,
no por un incumplimiento real, sino por el desacuerdo con el contenido de las
respuestas emitidas.
6.1. Las actuaciones desplegadas por el demandante evidenciaron una
reiteración injustificada de solicitudes sobre hechos ya resueltos, incluso
presentadas bajo distintas denominaciones, lo que permitiría inferir una actuación
temeraria, así como la existencia de cosa juzgada constitucional.
7. El Ministerio de Educación Nacional6 solicitó que se declarara
improcedente lo pretendido ante la ausencia de vulneración de los derechos
fundamentales del demandante, comoquiera que en el escrito de tutela no se
identificó una exposición clara de las pretensiones o solicitudes específicas que se
requirieran a través de este trámite tutelar.
3 Visible en índice 13 de Samai, archivo denominado
«31RECIBEMEMORIAL_ContestacionTutelaDr(.pdf) NroActua 13».
4 Visible en índice 14 de Samai, archivo denominado
«33RECIBEPRUEBAS_27001333300220170015(.zip) NroActua 14».
5 Visible en índice 21 de Samai, archivo denominado
«58RECIBEMEMORIAL_INFORMEDETUTELA20266(.pdf) NroActua 21».
6 Visible en índice 25 de Samai, archivo denominado
«65RECIBEMEMORIAL_Memorial_2026EE054905Comunica(.pdf) NroActua 25».
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Demandante: Harold Iván Mena Torres
8. Los terceros con interés en el resultado del proceso guardaron silencio.
2. Consideraciones
9. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) determinación del problema
jurídico; iii) legitimación en causa por activa en la acción de tutela; y iv) análisis de
la Sala.
2.1. Competencia
10. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución
Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con 1.° del Decreto 333
del 6 de abril de 2021, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de
amparo contra el Tribunal Administrativo del Chocó y otros.
2.2. Problema jurídico
11. De conformidad con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si Harold
Iván Mena Torres cuenta con legitimación en la causa por activa en la presente
solicitud de tutela?
2.3. Legitimación en causa por activa en la solicitud de tutela
12. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene
derecho a presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma
o por quién actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales
fundamentales; en el mismo sentido lo reguló el Decreto 2591 de 19917, que
dispuso:
Artículo 10. LEGITIMIDAD E INTERES. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté
en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud.
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
13. La Corte Constitucional8 refirió la evolución jurisprudencial en lo que a la
legitimación en la causa por activa para acudir al juez de tutela se refiere, así:
7 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
8 Sentencia T-511 de 2017. MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
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«[…] 5. Desde sus inicios, particularmente en la sentencia T-416 de 19979, la Corte
Constitucional estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un
presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad
subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de
tutela.
Más adelante, la sentencia T-086 de 201010, reiteró lo siguiente con respecto a la
legitimación en la causa por activa como requisito de procedencia de la acción de tutela:
“Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea
un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se
opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de
representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”. (Negrilla fuera del texto
original).
Asimismo, en la sentencia T-176 de 201111, este Tribunal indicó que la legitimación en
la causa por activa constituye una garantía de que la persona que presenta la acción de
tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se solicita al juez
constitucional, de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho
fundamental reclamado es propio del demandante.
En el mismo sentido se pronunció la Corte en la sentencia T-435 de 201612, al establecer
que se encuentra legitimado por activa quien promueva una acción de tutela siempre
que se presenten las siguientes condiciones: (i) que la persona actúe a nombre propio,
a través de representante legal, por medio de apoderado judicial o mediante agente
oficioso; y (ii) procure la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales.
Adicionalmente, en la sentencia SU-454 de 201613, esta Corporación reiteró que el
estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces y
constituye un presupuesto procesal de la demanda.
6. Ahora bien, con respecto a la legitimación del agente oficioso, en las sentencias T-
452 de 200114, T-372 de 201015, y la T-968 de 201416, este Tribunal estableció que se
encuentra legitimada para actuar la persona que cumpla los siguientes requisitos: (i) la
manifestación que indique que actúa en dicha calidad; (ii) la circunstancia real de que,
en efecto, el titular del derecho no se encuentra en condiciones físicas o mentales para
interponer la acción, ya sea dicho expresamente en el escrito de tutela o que pueda
deducirse del contenido de la misma; y (iii) la ratificación de la voluntad del agenciado
de solicitar el amparo constitucional.
En concordancia con lo anterior, en la sentencia SU-173 de 201517, reiterada en la T-
467 de 201518, la Corte indicó que por regla general, el agenciado es un sujeto de
especial protección y, en consecuencia, la agencia oficiosa se encuentra limitada a la
prueba del estado de vulnerabilidad del titular de los derechos.
9 MP Antonio Barrera Carbonell.
10 MP Jorge Ignacio Pretelt Caljub.
11 MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
12 MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
13 MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
14 MP Manuel José Cepeda Espinosa.
15 MP Luis Ernesto Vargas Silva.
16 MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
17 MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
18 MP Jorge Iván Palacio Palacio.
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Demandante: Harold Iván Mena Torres
En esta oportunidad, la Corte reitera la regla jurisprudencial que establece que una
persona se encuentra legitimada por activa para presentar la acción de tutela, cuando
demuestra que tiene un interés directo y particular en el proceso y en la resolución del
fallo que se revisa en sede constitucional, el cual se deriva de que el funcionario judicial
pueda concluir que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante. […]».
14. Como se observa, la normativa y la jurisprudencia definen cuatro vías
procesales para acudir al juez de tutela a saber: i) el directamente afectado; ii) a
través de representante legal o de apoderado judicial; iii) por medio de agente
oficioso; y iv) por conducto del defensor del pueblo y los personeros municipales.
2.4. Caso concreto
15. Harold Iván Mena Torres acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos
las providencias proferidas por los Juzgados Segundo y Tercero Administrativo del
Circuito Judicial del Quibdó en el trámite de desacato por incumplimiento de la orden
de protección constitucional en el expediente 27001333300220170015100.
16. Con relación a lo anterior, entonces, es necesario evaluar si Harold Iván
Mena Torres tiene la titularidad para reclamar sobre el amparo de los derechos
fundamentales en la presente solicitud de tutela. Frente a este aspecto, es
pertinente resaltar que, dentro del proceso constitucional, el demandante tiene la
posición de apoderado judicial; en este sentido, lo actuado en vía constitucional
corresponde a los intereses y pretensiones en favor de sus poderdantes.
17. En este punto, el Consejo de Estado19, de manera reiterada ha señalado de
forma pacífica que, cuando se trata de procesos de tutela en los que se cuestionan
providencias judiciales, los titulares de los derechos fundamentales en disputa son
las partes, no sus apoderados judiciales.
18. En el presente proceso de tutela, se tiene que el abogado Harold Iván Mena
Torres actúa en nombre propio y no en representación de sus poderdantes; además,
de que no acredita algún motivo que explique por qué estos últimos no está en
condiciones de actuar de forma directa en defensa de sus derechos fundamentales.
19. A juicio de la Sala, es evidente que, en caso de haberse incurrido en algún
yerro con ocasión de las providencias enjuiciadas que conllevara a la amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales de la parte demandante en el proceso
constitucional, la titularidad de aquellos le es ajena a Harold Iván Mena Torres, por
lo que no está llamado a discutir sobre el interés jurídico ventilado en el asunto
constitucional bajo estudio, ante la ausencia de legitimación en la causa por activa.
19 Consejo de Estado, Sección Primera, MP Guillermo Vargas Ayala, 4 de abril de 2013 11001-03-
15-000-2013-00106-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00659-00
Demandante: Harold Iván Mena Torres
3. Decisión
20. En este orden de ideas, la Sala declarará la falta de legitimación en la causa
por activa de Harold Iván Mena Torres, en la solicitud de tutela presentada contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Chocó y otros.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar la falta de legitimación en causa por activa de Harold Iván Mena
Torres, en la solicitud de tutela presentada en contra del Tribunal Administrativo del
Chocó, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó y el
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LVLQ/LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
8
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