Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 27001-23-33-000-2026-00060-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 27001-23-33-000-2026-00060-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 27001-23-33-000-2026-00060-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
2 de julio de 2026
Radicado: 27001-23-33-000-2026-00060-01
Demandante: Harol Iván Mena Torres
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D.C., 2 de julio de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 27001-23-33-000-2026-00060-01
Demandante: HAROLD IVÁN MENA TORRES
Demandado: JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE QUIBDÓ Y OTRO.
Temas: Derecho fundamental al debido proceso. Incumplimiento de sentencia
de tutela. Improcedencia de la acción de tutela. Falta de legitimación
en la causa por activa.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 4
de mayo de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Tercera de
Decisión, que declaró improcedente la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 20 de abril de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, el señor
Harold Iván Mena Torres pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión del incumplimiento de
las sentencias dictadas en la acción de tutela con radicado 27001-23-31-000-2017-000–
45-00/01.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
Hoy, lunes 20 de abril de 2025, hago el presente requerimiento ya que trata de un tema netamente
constitucional y no político.
No obstante, el perjuicio causado a noventa poderdantes por el incumplimiento a las sentencias:
a. Sentencia dentro del radicado No. 270011102000201000033 – 01.
b. “dentro del radicado No. 043, suscrita por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de
Quibdó, de primera instancia de fecha 4 de abril de 2017.
c. Sentencia de segunda instancia confirmada por el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, de
fecha 9 de mayo de 2017, proveído No. 99.
3. Hechos
Del confuso escrito de demanda de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos
relevantes:
El señor Harold Iván Mena Torres manifestó que en <<la sentencia Nº. 0124 de julio 11 de
2917, en donde se decreta “muerte administrativa y civil” del presunto cumplimiento a la
obligación ordenada en la sentencia con radicado Nº. 043 de abril 4 de 2017>>.
Que el Tribunal Administrativo del Chocó en una providencia del 18 de julio de 2017
sostuvo:
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Demandante: Harol Iván Mena Torres
“…._Decisión que fue asignada al Juzgado Segundo Administrativo Oral de Quibdó, dirigido por la
doctora Yudy Yineth Moreno Correa, quien después de profiláctico estudio, de fecha 4 de abril de 2017,
“….RESOLVIÓ: (Primero)…..(Segundo):….Tercero: En consecuencia ORDENASE AL
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, resuelva dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes la
notificación de éste fallo resuelva la petición radicada por el doctor Harold Iván Mena Torres, el día 16
de noviembre de 2.016, en los términos señalados en la presente decisión..”
Que presentó varias solicitudes de cumplimiento de esa orden, pero que fueron
denegadas.
Que el 11 de julio de 2017, se dictó sentencia <dentro del radicado Nº. 27001-23-31-000-
2017-000-45,>> en la que se falló:
“……Al leer el anterior texto se debe colegir que ninguna respuesta de fondo emitió el incidentado en
torno a lo pedido por el incidentista, relacionado con CERTIFICAR y CUANTIFICAR, las cesantías,
intereses y sanción moratoria de las personas relacionadas en el derecho de petición – que se
desempeñaron en cargos administrativos en el Departamento, desde el año 2.000 hasta la fecha….”
Que el 18 de julio de 2017, se profirió auto de obedecimiento en el trámite de desacato
del expediente 27001-33-33-002-2017-00151–00, adelantado por Teófilo Ledezma
Mosquera y otros contra el departamento del Chocó, en el que se resolvió:
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la providencia No. 0842 del 12 de junio de 2017, mediante la cual el
Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito, decidió archivar el incidente por cumplimiento de la
orden judicial constitucional dentro del trámite de desacato 27001 – 33- 33- 002- 2017 – 00151 – 00.
TERCERO: ORDENAR al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, que atendiendo
a los criterios constitucionales expuestos en la presente providencia, se adopten todas las medidas
necesarias para el cabal cumplimiento de las sentencias de Tutela 043 de abril 4 de 2017, y la No. 99
de mayo 9 de 2017, conforme a lo
dispuesto en los artículos 27, 52, 53 del decreto 2591/91….
Que, como consecuencia de lo anterior, el Juzgado Segundo Administrativo de Quibdó
decidió:
PRIMERO: OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE, lo resuelto por el Honorable Tribunal Contencioso
Administrativo del Chocó, mediante sentencia No. 124 del 11 de julio de 2017.
SEGUNDO: Requerir I Gobernador del Departamento del Chocó, señor JHOANNY CARLOS ALBERTO
PALACIOS MOSQUERA, para que se sirva informar al despacho sobre el cumplimiento de las
sentencias de Tutela 043 de abril 4 de 2017, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del
Circuito de Quibdó, y la Sentencia No. 99 de fecha mayo 9 de 2017, proferida por el Honorable Tribunal
Contencioso Administrativo del Chocó, que le concedió el amparo al derecho de petición invocado por
los demandantes……”
Que a través de los oficios OFI18 – 00008017- / JMSC 111102, y OFI1 – 00092213 / IDM
111102 los expresidentes Juan Manuel Santos Calderón e Iván Duque Márquez
requirieron a los mandatarios seccionales para que cumplieran las mencionadas
decisiones constitucionales.
4. Fundamentos de la acción de tutela
Del confuso escrito de tutela se advierte que la parte actora pretende que se amparen
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, presuntamente vulnerados por el incumplimiento de órdenes dictadas en una
acción de tutela.
Para la Sala no resulta claro si se trata de la acción constitucional con radicado 27001-
11-02-000-2010-00033–01 o la tutela <<LA TUTELA DENTRO DEL RADICADO No. 27001 –
23 – 31 – 000 – 2017- 000 – 45>>.
5. Intervenciones
La gobernación del Chocó pidió <<denegar por improcedente>> la acción de tutela, que
se declarara la configuración de una actuación temeraria y que se le compulsaran copias
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Demandante: Harol Iván Mena Torres
a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que investigara las conductas del
abogado demandante.
Manifestó que el actor pretendía, en nombre propio, cuestionar irregularidades mediante
la acción de tutela, cuando los titulares de los derechos eran sus poderdantes. Que, en
la sentencia del 2 de marzo de 2026, dictada por el Consejo de Estado en la acción de
tutela con radicado 11001-03-15-000-2026-00659-00, ya se había declarado su falta de
legitimación en la causa por activa.
Que el tutelante carecía de interés directo para interponer la presente acción de tutela.
Que era importante tener en cuenta que <<en el auto de sustanciación No. 0870 del 7 de
septiembre de 2017, el tribunal ordena al Juzgado Segundo Administrativo de Quibdó, anular y
archivar lo decidido anteriormente, es tanta la insistencia del accionante, que en auto
interlocutorio No. 003 del 17 de enero de 2018, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del
Circuito de Quibdó, responde a un nuevo intento de los demandantes diciendo lo siguiente:
Es importante tener en cuenta que, PRIMERO: ESTARSE A LO RESUELTO POR EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CHOCÓ, EN EL AUTO No.154 DEL 11 DE AGOSTO DE 2017
SEGUNDO: EN COSECUENCIA ABSTENERSE DE INICIAR EL TRAMITE INCIDENTAL SOLICITADO
TERCERO: EJECUTORIADA ESTA DECISIÓN, ARCHIVESE Y CANCÉLECE SU RADICACIÓN.>>
Que la solicitud de amparo constituía un abuso del derecho, porque el actor había
incurrido en temeridad, de acuerdo con el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, al
presentar la misma acción de tutela ante distintas autoridades judiciales.
Que el tutelante pretendía que un despacho judicial fallara en su favor, con lo que omitía
dolosamente que ya se habían dictado decisiones de fondo sobre el asunto. Que la
administración de justicia no podía ser instrumentalizada para fines que rayaban con la
mala fe procesal.
Que ha dado cumplimiento a los requerimientos constitucionales que se le han exigido.
Que las respuestas a las peticiones del accionante habían sido claras, precisas y de
fondo. Que las reiteradas acciones de tutelas e incidentes de desacatos adelantados por
el actor demostraban que no buscaba la protección de derechos fundamentales, sino
controvertir el sentido de las decisiones que le resultaron desfavorables.
El Juzgado Segundo Administrativo de Quibdó solicitó que se denegara el amparo
solicitado. Dijo que la presente acción de tutela estaba relacionada con <<un presunto
incumplimiento en la verificación del cumplimiento de la sentencia de tutela de primera instancia
número 043 del 04 de abril de 2017, confirmada por el Tribunal Contencioso Administrativo del
Chocó, mediante sentencia de segunda instancia 99 del 09 de mayo de 2017 – T6322453>>.
Que en la sentencia 043 del 4 de abril de 2018, dictada en el radicado 27001-33-33-002-
2017-00151-00, se había resuelto:
Primero.- TUTELAR el derecho de petición invocado por los señores TEOFILO LEDEZMA MOSQUERA,
HENRY MENA BLANDON, CALIXTA PINO MOSQUERA, ANTONIO DELANEY AGUILAR,
CRISTOBALINA CORDOBA, DIGNA DEL CARMEN MARMOLEJO, GUMERCINDA RIOS, HERACLIO
PORRAS MOSQUERA, NICOLAS ANDRADE PARRA, HEYZER IVETH PEREA CONEO, JOSE A
MURILLO PALACIOS, JUAN DANIEL MENA, LUIS CARLOS PARRA PINO, LUIS DANILO PEREA,
LUIS ERNESTO MACHADO TAPIAS, LUIS PALACIOS JORDAN, LUISA DEL CARMEN GARCIA,
MARIA PATRICIA PEREA, MARIA REYES ROMAÑA, MARIA YIRLEAN BECERRA, MARINA MENA
MENA, MARLENIS LOPEZ RAMOS, MARTHA E. PALACIOS, MELIDA GAMBOA, MERLIN
RODRIGUEZ CORDOBA, MILTON MORENO PARRA, NANCY DEL CARMEN SALCEDO, NEYDA DE
LA CRUZ PORRAS, NIGELA TORRES LOPEZ, NORMA MAYO IBARGUEN, OBDULIO CASTILLO
MOSQUERA, PABLO QUESADA MARTINEZ, PAULINA MONTAÑO DE PARRA, PURIFICACION
ARIAS ANDRADE, ROSA NELLY MATURANA, SEVERIANA MARTINEZ, SILA IRIS RAMIREZ,
TERESA DE JESUS LOZANO, TITAT ISABEL MENA, VILMA NERY QUEJADA, XIOMARA VALDEZ
PALACIOS, YANETH LUCERO VALENCIA, YERLIN ULISES CARRASCO HURTADO, YERLIN
VICENTE MAYO HURTADO, ZULIA CAMACHO CORDOBA, ISAAC RENTERIA MARTINEZ,
ETANISLAO PALACIOS PALACIOS, LIBIA MENA QUEJADA, ANTONIO JUDITH RAMOS,
CANTALICIO RENTERIA MOSQUERA, ELIZABETH PEÑA MOSQUERA, GLADYS PALACIOS DE
PORRAS, GUSTAVO NILO PEÑA, ANA APARICIA PADILLA, DALIA POTES HURTADO, DOLLY
AMERICA COPETTE, GLORIA MOSQUERA WALDO, DONALDO PARRA ORTIZ, ANA LUISA
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Radicado: 27001-23-33-000-2026-00060-01
Demandante: Harol Iván Mena Torres
PALACIOS, RITO EMILIO HURTADO, SAMUEL MATURANA, GISELA MARIA ARIAS, INOCENCIO
EVELIO ARBOLEDA, WOLBERT A. MURILLO MURILLO, CRUZ DEL CARMEN PADILLA, CRUZ
AURELIO PINO, JAIRO ANTONIO MOSQUERA, JESUS AMADO CORDOBA, LUCY MIREYA
LOZANO, FATIMA RAFAELA MOSQUERA, ENITH MARIA CUESTA CORDOBA Y AYDEE DEL
CARMEN ARIAS, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
Segundo.- EXCLUIR del presente asunto a los señores MARIA ANGELA DAVILA CORREA, ELIA
DOMINGA PALACIOS, MIGDONIO RIVAS RIOS, NORIS PANDALES MURILLO y NIEVE ARAGON
BERMUDEZ, por las razones expuestas en la parte motiva.
Tercero.- En consecuencia, ORDENASE al DEPARTAMENTO DEL CHOCO, resuelva dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo resuelva la petición radicada por el
Doctor Harold Iván Mena Torres el día 16 de noviembre de 2016, en los términos señalados en la
presente decisión.
Que, inconformes, los tutelantes impugnaron y por sentencia 099 del 9 de mayo de 2017
el Tribunal Administrativo del Chocó resolvió:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia No. 043 del 04 de abril de 2017, proferida por el JUZGADO
SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE QUIBDÓ.
SEGUNDO: ADICIONAR el numeral primero del fallo impugnado, en el entendido de TUTELAR el
derecho de petición invocado por conducto de apoderado judicial a favor de lo(s) señore(s) MARIA
EUGENIA SANABRIA GONZALEZ, NORIS BATHER PANDALES MURILLO, MIGDONIO RIVAS, ELIA
DOMINGA PALACIOS, NIEVE ARAGON BERMUDEZ y MARIA ANGELA DAVILA CORREA, en los
términos precisados por el a quo, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: REVOCAR el numeral segundo de la sentencia impugnada, conforme lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.
Que, mediante memorial del 30 de mayo de 2017, los allí tutelantes solicitaron que se
abriera incidente de desacato. Que por auto 842 del 12 de junio de 2017 ese despacho
se abstuvo de imponer sanción al gobernador del Chocó.
Que el apoderado de los accionantes, el señor Mena Torres, interpuso acción de tutela,
que fue resuelta a través de la sentencia 0124 del 11 de julio de 2017, en la que se le
ordenó:
SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTOS la providencia No. 0842 del 12 de junio de 2017, mediante la cual
el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, decidió archivar el incidente de
desacato por incumplimiento de la orden judicial constitucional, dentro del trámite de desacato No.
27001 33 33 002 2017 00151 00.
TERCERO.- ORDENAR al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, que
atendiendo los criterios constitucionales expuestos en la presente providencia, se adopte todas las
medidas necesarias para el cabal cumplimiento de la sentencia de tutela No. 0043 del 04 de abril de
2017 y la No. 99 del 9 de mayo de 2017, conforme a lo dispuesto en los artículos 27, 52 y 53 del Decreto
2591 de 1991. Hecho lo anterior se resolverá el incidente dentro del trámite de desacato No. 27001 33
33 002 2017 00151 00.
Que, por lo anterior, profirió el auto 617 del 18 de julio de 2017, de obedecimiento y, en
consecuencia, dispuso:
SEGUNDO: Requerir al Gobernador del Departamento del Choco señor JHOANY CARLOS ALBERTO
PALACIOS MOSQUERA para que se sirva informar al despacho sobre el cumplimiento de las sentencias
No. 043 del 04 de abril de 2017, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de
Quibdó y la sentencia No. 99 del 09 de mayo de 2017 proferida por el Tribunal Contencioso
Administrativo del Chocó que le concedió el amparo constitucional al derecho de petición invocado por
los demandantes.
Que a través de auto del 3 de agosto de 2017 resolvió declarar en desacato al gobernador
del departamento del Chocó y lo sancionó con multa de 10 SMLMV. Que en el trámite de
consulta el Tribunal Administrativo del Chocó, por auto del 11 de agosto de 2017, revocó
el auto del 3 de agosto de 2017, al considerar que se había dado cumplimiento a la orden
de tutela.
Que el 3 de octubre de 2017, el apoderado de los tutelantes promovió otro incidente de
desacato, pero que, por auto del 17 de octubre de 2017 resolvió estarse a lo resuelto por
el Tribunal Administrativo del Chocó en el proveído del 11 de agosto de 2017.
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Que el 11 de enero siguiente, el apoderado de los accionantes promovió nuevo incidente
de desacato, pero que, sin embargo, por auto del 17 de enero de 2018, volvió a resolver
que se estaba a lo resuelto por el nombrado tribunal en la providencia del 11 de agosto
de 2017.
Que, por autos del 6 de agosto de 2018, del 16 de mayo de 2024, del 6 de diciembre de
2024, del 12 de diciembre de 2024, del 26 de marzo de 2025, del 2 de abril de 2025, del
7 de mayo de 2025, del 13 de mayo de 2025, del 29 de julio de 2025, del 11 de agosto
de 2025 y del 14 de agosto de 2025, volvió a resolver incidentes de desacatos promovidos
por el apoderado de los tutelantes, en los que le precisó que se estaba a lo resuelto por
el Tribunal Administrativo del Chocó en el proveído del 11 de agosto de 2017.
Que lo anterior evidenciaba que había atendido los requerimientos del hoy tutelante, que
otra cosa era que las decisiones no eran acordes a los intereses del señor Mena Torres.
Que las afirmaciones del escrito de tutela eran temerarias, falaces y contrarias al devenir
procesal.
Que en sede de consulta de incidente de desacato fue que su superior funcional
consideró que la orden de tutela ya se encontraba cumplida. Que, en consecuencia, no
había vulnerado los derechos reclamados por el señor Harol Iván.
Finalmente, indicó que había manifestado impedimento para continuar con el trámite del
asunto, por lo que las actuaciones desde el 20 de agosto de 2025 se encontraban en el
Juzgado Tercero Administrativo de Quibdó.
El Juzgado Tercero Administrativo de Quibdó no se pronunció, pese a que fue
debidamente notificado.
6. Sentencia Impugnada
El Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Tercera de Decisión, por sentencia del 4 de
mayo de 2026, declaró improcedente la acción de tutela, al estimar que se configuraba
el fenómeno jurídico de la cosa juzgada constitucional; adicionalmente, desvinculó del
trámite al departamento del Chocó.
Explicó que, debido a que se había puesto en conocimiento la existencia de múltiples
acciones de tutelas promovidas previamente por el accionante, resultaba necesario
pronunciarse sobre la posible configuración de la cosa juzgada constitucional, para
salvaguardar la seguridad jurídica y garantizar el uso racional de la acción de tutela.
Que había identidad de parte con la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-
2026-00659-00. Que, a su vez, advertía la identidad de causa petendi y para ello realizó
el siguiente cuadro comparativo:
Acción de tutela adelantada en el H. Consejo de Acción de tutela adelantada en el Tribunal
Estado RAD. 11001-03-15-000-2026-00659-00 Administrativo del Chocó RAD. 27001-23-33-000-
2026-00060-00
El señor Teófilo Ledezma Mosquera, junto con El señor Teófilo Ledezma Mosquera, junto con otros
otros ciudadanos, promovió acción de tutela contra ciudadanos, promovió acción de tutela contra el
el Departamento del Chocó, con el fin de obtener la Departamento del Chocó, con el fin de obtener la
protección del derecho fundamental de petición, protección del derecho fundamental de petición,
presuntamente vulnerado por la falta de respuesta presuntamente vulnerado por la falta de respuesta a
a la solicitud elevada el 26 de noviembre de 2011. la solicitud elevada el 26 de noviembre de 2011.
Mediante sentencia del 4 de abril de 2017, el Mediante sentencia del 4 de abril de 2017, el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Quibdó Judicial de Quibdó amparó el derecho invocado.
amparó el derecho invocado. Esta decisión fue Esta decisión fue impugnada, y en segunda
impugnada, y en segunda instancia el Tribunal instancia el Tribunal Administrativo del Chocó,
Administrativo del Chocó, mediante sentencia del 9 mediante sentencia del 9 de mayo de 2017, adicionó
de mayo de 2017, adicionó el fallo para extender la el fallo para extender la protección a otros
protección a otros accionantes. accionantes.
Con posterioridad, se promovió incidente de Con posterioridad, se promovió incidente de
desacato, frente al cual el Juzgado Segundo desacato, frente al cual el Juzgado Segundo
Administrativo se abstuvo de imponer sanción Administrativo se abstuvo de imponer sanción
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Demandante: Harol Iván Mena Torres
mediante providencia del 12 de junio de 2017. mediante providencia del 12 de junio de 2017. Dicha
Dicha decisión fue objeto de nueva acción de decisión fue objeto de nueva acción de tutela, que
tutela, que concluyó con la sentencia del 11 de julio concluyó con la sentencia del 11 de julio de 2017 del
de 2017 del Tribunal Administrativo del Chocó, en Tribunal Administrativo del Chocó, en la que se
la que se ampararon los derechos al debido ampararon los derechos al debido proceso y al
proceso y al acceso a la administración de justicia, acceso a la administración de justicia, dejando sin
dejando sin efectos la providencia cuestionada. efectos la providencia cuestionada.
En cumplimiento de esta orden, el Juzgado En cumplimiento de esta orden, el Juzgado Segundo
Segundo Administrativo adelantó las actuaciones Administrativo adelantó las actuaciones
correspondientes, llegando incluso a declarar en correspondientes, llegando incluso a declarar en
desacato al gobernador del Chocó mediante desacato al gobernador del Chocó mediante
providencia del 3 de agosto de 2017, decisión que providencia del 3 de agosto de 2017, decisión que
fue revocada por el Tribunal Administrativo del fue revocada por el Tribunal Administrativo del
Chocó mediante auto del 11 de agosto de 2017. Chocó mediante auto del 11 de agosto de 2017.
A partir de dicho pronunciamiento, múltiples A partir de dicho pronunciamiento, múltiples
solicitudes incidentales fueron resueltas solicitudes incidentales fueron resueltas
reiteradamente ordenando “estarse a lo resuelto” reiteradamente ordenando “estarse a lo resuelto” en
en el Auto n.° 154 del 11 de agosto de 2017. el Auto n.° 154 del 11 de agosto de 2017.
Finalmente, con ocasión de un nuevo incidente de Finalmente, con ocasión de un nuevo incidente de
desacato, el asunto fue asignado al Juzgado desacato, el asunto fue asignado al Juzgado Tercero
Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó, el Quibdó, el cual requirió información a la
cual requirió información a la Gobernación del Gobernación del Chocó y decidió abstenerse de
Chocó y decidió abstenerse de abrir incidente de abrir incidente de desacato, providencias frente a las
desacato, providencias frente a las cuales se cuales se intentaron recursos que fueron declarados
intentaron recursos que fueron declarados improcedentes.
improcedentes. En ese contexto, los accionantes alegan la
En ese contexto, los accionantes alegan la existencia de una vulneración continuada de los
existencia de una vulneración continuada de los derechos fundamentales al debido proceso, de
derechos fundamentales al debido proceso, de petición y de acceso a la administración de justicia,
petición y de acceso a la administración de justicia, y solicitan la ejecución forzosa del fallo
y solicitan la ejecución forzosa del fallo constitucional y la imposición de las sanciones
constitucional y la imposición de las sanciones previstas en los artículos 27, 52 y 53 del Decreto
previstas en los artículos 27, 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991.
2591 de 1991.
Que también había identidad de objeto, de acuerdo con el siguiente cuadro:
“se ampararán sus derechos fundamentales al “el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, los cuales consideró vulnerados con justicia, los cuales consideran vulnerados por las
ocasión del incumplimiento de la providencia autoridades judiciales accionadas. En
proferida el 11 de julio 2017 por el Tribunal consecuencia, se ordene a las autoridades judiciales
Administrativo del Chocó, en el medio de control accionadas dar cumplimiento y ejecutar la orden
constitucional identificado con el radicado impartida en la acción de tutela identificada con el
27001233100020170004501.” radicado No. 27001-23-31-000-2017-00045, así
como a la imposición de las sanciones consagradas
en los artículos 27, 52 y 53 del Decreto 2591 de
1991, por el presunto incumplimiento del fallo
constitucional.”
Que, en ese orden, se daban los presupuestos que configuraban la cosa juzgada
constitucional, debido a que era evidente que los hechos, objeto y pretensiones que
motivaron la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2026-00659-00eran los
mismos que dieron origen a la presente solicitud de amparo.
Que, respecto de la temeridad, no podía afirmarse que el demandante hubiere reiterado
de forma abusiva la solicitud de amparo ni que su conducta revelara mala fe o la intención
de entorpecer la administración de justicia.
7. Impugnación
La parte actora impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, conceder el amparo solicitado.
Señaló que nunca hubo una respuesta acorde en las acciones de tutelas: i) con radicado
<<Nº 2010-0000-33-01>>, en la que se resolvió:
““(.......) PRIMERO. REVOCAR el fallo proferido el 9 de marzo de 2010por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, por el cual negó por improcedente el amparo
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 27001-23-33-000-2026-00060-01
Demandante: Harol Iván Mena Torres
invocado para en su lugar CONCEDERLO, en relación con el DERECHO DE PETICIÓN Y confirmarlo
en todo lo demás.
SEGUNDO. Se ordena a la Administración Temporal para El Sector Educativo del Departamento del
Chocó, que en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia,
responda de fondo la petición hecha por el actor.”
ii) con <<Radicado Nº 2017-00151-00>>, que fue decidida por el Juzgado Segundo
Administrativo de Quibdó, en la sentencia 043 del 4 de abril de 2017.
iii) <<Sentencia 99 de mayo 9 de 2017, el Honorable Tribunal Contencioso Administrativo del
Chocó, confirma y adiciona>>.
iv) <<Sentencia 0124 del 11 de julio de 2017, suscrita por el Tribunal Contencioso Administrativo
del Chocó, define el inicio del incidente de desacato>>.
v) <<Sentencia de julio 18 de 20217 suscrito por el Tribunal Contencioso Administrativo del
Chocó, ordenando OBEDECER y CUMPLIR, la decisión>>.
Dijo que desde el 21 de abril de 2010 no ha existido pronunciamiento por parte del
departamento del Chocó en el que se certifique y cuantifiquen las cesantías, intereses y
sanciones moratorias de sus poderdantes. Que, por lo anterior, no podía hablarse de
cosa juzgada constitucional. Que el departamento del Chocó no cumplía las órdenes
judiciales.
Que <<He esperado por espacio de veinte años (20) con el agotamiento de la vía gubernativa
oficio suscrito por el doctor Juan Manuel Santos Calderón, requiriendo la administración
departamental para que cumpla con las decisiones judiciales radicado No. OfI1 JMSC 00008017
/ 111102 de fecha 30 de enero de 2017. Igualmente el expresidente Iván Márquez con fecha 9 de
agosto de 2019, y mediante oficio No. OFI1 IDM / 000092. Y por último el doctor Gustavo
Francisco Petro Urrego, ha remitido los siguientes requerimientos con el mismo fin: A.- OFI125
00232688 GFPU /, B.- OFI125 00215642 GFPU /, C.- OFI26 00000464 GFPU /, D.- OFI125
00232675 GFPU /, E.- OFI125 00237921 GFPU /, F.- OFI125 00237905 GFPU />>.
Que << Su despacho puede traer a colasión (sic) N, números de acciones de tutelas por mí
impetradas por el incumplimiento de los diferentes Gobernadores, imagínese no han cumplido
con los requerimientos de los ex presidentes de la República, como lo acabo de mostrar, que más
puede ser un ser humano en esta sociedad ?>>.
Que no se podía declarar improcedente la acción de tutela, puesto que, como había
advertido <<su inicio fue por noticia rendida por el doctor Pardo Flóres, Consejero Ponente, en
escrito de fechas 8 y 20 de abril de 2026, dirigido a mi correo electrónico>>.
8. Trámite procesal de segunda instancia
El 5 de junio de 2026, encontrándose el expediente en el despacho para dictar sentencia
de segunda instancia, se advirtió la necesidad de requerir al Tribunal Administrativo del
Chocó, Sala Tercera de Decisión, para que remitiera copia magnética del expediente
completo de la acción de tutela de la referencia. Adicionalmente, se ordenó a la secretaría
de ese tribunal que certificara cuáles fueron las piezas procesales que recibió por parte
de la Secretaría General de esta Corporación, por la remisión ordenada en el auto del 8
de abril de 2026, dictado por el consejero Fernando Alexei Pardo Flórez en la acción de
tutela con radicado 11001-03-15-000-2026-02556-001.
El 19 de junio de 2026, el secretario del Tribunal Administrativo del Chocó certificó que
el 20 de abril de 2026 recibió de parte de la Secretaría General del Consejo de Estado
las siguientes piezas procesales:
1. Escrito remitido por el señor Harold Iván Mena Torres, mediante el cual manifestó lo siguiente:
1 La acción de tutela de la referencia fue radicada en un principio en esta Corporación y asignada al despacho del
consejero Fernando Alexei Pardo Flórez, quien por auto del 8 de abril de 2026 la ordenó remitir al Tribunal
Administrativo del Chocó.
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Radicado: 27001-23-33-000-2026-00060-01
Demandante: Harol Iván Mena Torres
«Honorable Consejero Ponente, está demostrado que dentro del poder judicial del departamento del
Chocó, se ha establecido una barrera política judicial, para proteger a la doctora gobernadora Nubia
Carolina Córdoba Cury; se lo estoy probando.»
2. Pantallazo de envío escrito MAMOLA.docx; AHI LO TIENE.pdf;
3. Oficio No. CGQ-2221 Radicado interno: SecGeneral196
4. Auto que remite por competencia territorial del 8 de abril de 2026, Radicado: 11001-03-15-000-2026-
02556-00, Accionante: HAROLD IVÁN MENA TORRES Accionado: JUZGADO SEGUNDO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE QUIBDÓ Y OTRO.
5. 2026-04-20T06:25:22.143 COMUNICACIÓN No.: REPARTO
Además, compartió el enlace con la carpeta que contiene el expediente de la acción de
tutela de la referencia.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la acción de tutela.
La Sala anticipa que confirmará la decisión impugnada, pero por cuanto el señor Harol
Iván Mena Torres carece de legitimación en la causa por activa para cuestionar el trámite
de la acción de tutela con radicado 27001-23-31-000-2017-000–45-00/01.
Adicionalmente, la Sala advierte que la decisión impugnada no se acompasa con el
escrito de demanda.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a: (i) la acción de tutela contra sentencias
o actuaciones de otra acción de tutela, (ii) la legitimación en la causa por activa y, (iii) el
análisis del caso concreto.
2. De la acción de tutela contra sentencias o actuaciones de otra acción de tutela
En sentencia SU-627 de 2015, la Corte Constitucional unificó el criterio en relación con
la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias o actuaciones
adelantadas en una acción de tutela, de acuerdo con tres hipótesis: (i) cuando la tutela
se dirige contra la sentencia de tutela en sentido estricto; (ii) cuando se dirige contra una
actuación anterior al fallo; y (iii) cuando se efectúa en contra de una decisión posterior.
En la primera hipótesis, la Corte Constitucional señaló que la regla es que no procede la
acción de tutela cuando la sentencia ha sido proferida por esa Corporación, sea por su
Sala Plena o por su Sala de Revisión, caso en el cual solo procede el incidente de nulidad
de dichas sentencias y deberá promoverse ante ella.
Ahora, si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República,
la acción de tutela procede de manera excepcional «cuando exista fraude y por tanto,
se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además
de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad
procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y
suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una
situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación» (Resaltado fuera de texto).
Para la Corte, en cualquiera de las anteriores excepciones a la regla de improcedencia
de la solicitud de amparo contra sentencias o actuaciones adelantadas en tutelas, sigue
siendo exigible el cumplimiento de los demás requisitos generales de procedibilidad de
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Radicado: 27001-23-33-000-2026-00060-01
Demandante: Harol Iván Mena Torres
esa acción contra providencias judiciales, como es que se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial.
3. La legitimación en la causa por activa
Según el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela «podrá ser ejercida por
cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante». Al respecto, en sentencias T-511 de 2017
y T-005 de 2022,2 la Corte Constitucional señaló que la legitimación en la causa es uno
de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela. Por consiguiente, de no
satisfacerse este requisito, el juez deberá declarar improcedente el amparo solicitado.
La legitimación en la causa por activa en materia de tutela se refiere a exigir que quien
actúa sea el titular de los derechos invocados como supuestamente vulnerados. En
sentencia T-105 de 2020, la Corte Constitucional explicó que «quien demanda tiene
legitimidad en la causa por activa cuando es titular de los derechos fundamentales vulnerados o
está en capacidad de actuar en representación de otras personas a quienes les es imposible
defender sus derechos directamente».
A partir de los artículos 86 de la Constitución Política y 10 del Decreto 2591 de 1991,
también puede establecerse que la acción de tutela puede ser ejercida directamente por
el titular del derecho presuntamente vulnerado o por un tercero que actúe en su nombre.
Sobre esta última posibilidad, la Corte Constitucional ha determinado que quien actúa en
nombre de otro puede hacerlo como: «(i) representante legal del titular de los derechos, (ii)
apoderado judicial, (iii) agente oficioso y (iv) defensor del pueblo o personero municipal»3.
4. Análisis del caso concreto
La parte actora adujo que las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
porque no han exigido el cumplimiento de las sentencias dictadas en la acción de tutela
con radicado 27001-23-31-000-2017-000-45-00.
Sin embargo, para la Sala, el señor Harol Iván Mena Torres carece de legitimación en la
causa por activa porque no integra el grupo de demandantes de la acción de tutela con
radicado 27001-23-31-000-2017-000-45-00, por lo que no es titular de los derechos ahí
discutidos, lo que a su vez implica que tampoco les asiste un interés directo y legítimo.
La Sala no desconoce que el señor Mena Torres fungió como abogado de la parte actora
de la acción de tutela sub examine; no obstante, esa circunstancia no lo hace titular de
los derechos controvertidos en esa acción constitucional, por lo que, se itera, no tiene
interés directo y legítimo para discutir el trámite impartido por las autoridades judiciales
demandadas.
Por otro lado, la Sala también advierte que la sentencia impugnada no se acompasa con
el escrito de demanda de tutela de la referencia. Al revisar lo trascrito en los cuadros
desarrollados en la sentencia del 4 de mayo de 2026, dictada por el Tribunal
Administrativo del Chocó, Sala Tercera de Decisión, relacionados con la supuesta
identidad de causa petendi y de objeto, y compararlos con lo dicho en el escrito de
demanda de tutela, encontró que esas trascripciones no corresponden a lo manifestado
por el actor, por lo que se instará al Tribunal Administrativo del Chocó para que en lo
sucesivo construya los antecedentes y decida las acciones con base en las documentales
aportadas al expediente.
Las anteriores razones son suficientes para que la Sala confirme la decisión de primera
instancia que declaró improcedente la solicitud de amparo.
2 También pueden consultarse las sentencias T-001 de 1997, T-531 de 2002, T-024 de 2019, entre otras.
3 Sentencia T-292 de 2021.
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Radicado: 27001-23-33-000-2026-00060-01
Demandante: Harol Iván Mena Torres
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia.
2. Instar al Tribunal Administrativo del Chocó para que en lo sucesivo construya los
antecedentes y decida con base en las documentales aportadas al expediente.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
Aclaro voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador 4
4
Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,
a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones "mejoradas" del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el
funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1.; y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, "por el
cual se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial".
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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