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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00660-00

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00660-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por el señor Álvaro Torres Alvear. 10 Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Álvaro Torres Alvear Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2026-000660-00 SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00660-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

9 de abril de 2026

Demandante: Álvaro Torres Alvear
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-000660-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., nueve [9] de abril de dos mil veintiséis [2026]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00660-00
Demandante: ÁLVARO TORRES ALVEAR
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A Y OTRO

TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y, los Acuerdos 080 de 2019 y 434 de
2024, de la Sala Plena de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El señor Álvaro Torres Alvear, en nombre propio, presentó acción de tutela1 con el
fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia.

Las referidas garantías constitucionales las consideró transgredidas con ocasión de
las sentencias de 31 de agosto de 2020, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria2 que declaró la prescripción de
los derechos laborales y, de 8 de agosto de 2025 del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A que confirmó parcialmente dicha decisión, dictadas al
interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó contra
la Nación - Procuraduría General de la Nación, identificado con el radicado 25000-
23-42-000-2015-03881-00/02.

1.2. Pretensiones

El accionante presentó las siguientes:

1.- Ampare mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad y derechos laborales adquiridos y
desconocimiento del precedente judicial conculcados con la sentencia de 31 de

1 Con escrito radicado el 31 de enero de 2026, a través de la ventanilla virtual del aplicativo Samai

del Consejo de Estado.
2 Conformada en su momento por los magistrados Carlos Enrique Berrocal Mora, Javier Alfonso
Argote Royero y Luis Eduardo Pineda.
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Demandante: Álvaro Torres Alvear
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-000660-00

agosto de 2020, proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, -Sala Transitoria, que negó las pretensiones de la
demanda y la Sentencia del 08 de agosto de 2025, emanada H. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda -Subsección “A”.

2.- Inaplique para nuestro caso la sentencia de Unificación de Jurisprudencial del 02
de septiembre de 2019, proferida por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, en cuanto a loa prescripción extintiva del derecho a la prima
especial de servicios que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se refiere.

3.- revocar la sentencia de 08 de agosto de 2025, emanada del H. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda -Subsección “A”, que revocó
parcialmente el numeral segundo de la sentencia del 31 de agosto de 2020 expedida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sala Transitoria, que declaró la
prescripción de los derechos pretendidos por el actor.

4.- Ordenar a la accionada que a partir de la ejecutoria de la sentencia que así lo
disponga, profiera sentencia aclaratoria o correctiva de tal aspecto en estricto
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 41 y 102 de los Decretos 3135 de 1868
y1848 de 1969, en consideración a que la exigibilidad del derecho es a partir de la
ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014 y, en consecuencia declare la
nulidad de los actos acusados y ordene la demandada reconozca liquide y pague los
derechos pretendidos por el ACTOR.3 [Mayúsculas sostenidas y negrillas
originales]

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta providencia:

El señor Álvaro Torres Alvear laboró en la Procuraduría General de la Nación en el
periodo comprendido entre el 4 de enero de 1997 al 1. ° junio del 2001, en los cargos
de Procurador 260 Judicial I en Asuntos Penales y Procurador 22 Judicial II código
3 PJ-EC.

El 11 de agosto de 2014, el accionante solicitó a su entidad empleadora el
reconocimiento y pago del 30% establecido en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
por concepto de prima especial de servicio, petición que fue negada por oficio SG
No. 06099 de 18 de diciembre de 2014, decisión confirmada por Resolución No. 401
de 18 de junio de 2015, que resolvió el recurso de reposición presentado por el
tutelante.

Ante el anterior panorama el señor Torres Alvear interpuso demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra los
mencionados actos administrativos, de la que conoció, en primera instancia, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria,
autoridad judicial que, en sentencia de 31 de agosto de 2020, dispuso estarse a lo
resuelto en el fallo de 2 de septiembre de 2019, de la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado y, en consecuencia, declaró la prescripción
de los derechos laborales causados con anterioridad al 11 de agosto de 2011, para
lo cual advirtió que, como la petición ante la administración se realizó el 11 de agosto
de 2014, había operado la mentada figura jurídico procesal.

3 Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores.

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Contra la anterior decisión, el extremo activo del litigio interpuso recurso de
apelación, en el que señaló, que el derecho a reclamar el referido 30% de la prima
espacial se produjo con la ejecutoria de la sentencia de 29 de abril de 2014, de la
Sala de Conjueces del Consejo de Estado, providencia que declaró la nulidad de
los decretos reglamentarios expedidos en los años 1993 a 2007; entonces, alegó
que la prescripción se debía computar desde esa fecha, que fue el momento en se
hizo exigible su derecho.

De la mentada alzada conoció la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, corporación que, en fallo de 8 de agosto de 2025, revocó parcialmente
el numeral segundo de la providencia impugnada y, en su lugar, declaró la nulidad
de los actos administrativos acusados y probada parcialmente la excepción de
prescripción, con excepción de los valores correspondientes a los aportes
pensionales del periodo comprendido entre el 4 de febrero de 1997 y el 1. ° de junio
de 2001.

Como sustento de lo anterior, señaló que compartía la interpretación de la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado plasmada en la sentencia
de 2 de septiembre de 2019, según la cual, la exigibilidad de la diferencia salarial
no surgió con la declaratoria de nulidad de los decretos que regularon anualmente
la prima especial de servicios, sino desde la entrada en vigor de la norma que
reglamentó por primera vez el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, esto es, el Decreto
57 de 1993.

Asimismo, precisó que resultaba errada la afirmación del demandante consistente
en que, a partir de la ejecutoria del fallo de 29 de abril de 2014, proferido por el
Consejo de Estado, el derecho se hizo exigible, en atención a que esta providencia
no fue constitutiva de derechos, sino que simplemente declaró la nulidad de los
decretos reglamentarios expedidos en los años 1993 a 2007.

La anterior decisión fue aclarada por auto de 23 de octubre de 2025, en el sentido
de indicar que la orden únicamente versaba sobre el 30% de la asignación básica
mensual que no fue tenida en cuenta al momento del pago de los aportes.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora, después de referirse al cumplimiento en su caso de los requisitos
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, manifestó que en
las sentencias censuradas se incurrió en los defectos sustantivo, desconocimiento
del precedente judicial y fáctico.

Respecto al primer yerro, indicó que desde hace mucho tiempo la jurisprudencia
constitucional y contenciosa administrativa han sostenido que las sentencias de
nulidad del Consejo de Estado tienen efectos ex tunc, salvo que se disponga
expresamente lo contrario. Al respecto transcribió apartes de las sentencias T-121
de 8 de marzo de 2016 de la Corte Constitucional y de 10 de diciembre de 2015, de
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

En ese orden, alegó que los decretos anulados no establecieron la prima especial
de servicios en los términos del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, razón por la cual
en su sentir, no se podía concluir que, con la expedición de dicha norma y los

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decretos reglamentarios se constituyó o se hizo exigible la referida prestación, pues
lo que sucedió es que nunca fue creada, sino que se redujo la asignación básica de
los servidores de la Rama Judicial y el Ministerio Público en un 30% el cual fue
tomado como prima especial y el 70% restante como salario, motivo por el cual en
la sentencia del 29 de abril de 2014, del Consejo de Estado se dispuso la nulidad
de los mentados decretos, luego la conclusión en contrario desconoce los efectos
ex tunc de las sentencias de nulidad.

Manifestó igualmente que, la sentencia de unificación de 2 de septiembre de 2019,
que señaló la prescripción de la prima especial de servicios, aplicada por las
autoridades judiciales accionadas, vulneró los efectos ex tunc de los fallos de
nulidad del Consejo de Estado, pues, desconoció los efectos de la nulidad parcial
de los decretos expedidos por el Gobierno Nacional y estableció que la exigibilidad
del derecho a la referida prestación surgió a partir del 18 de mayo de 1992, fecha
de entrada en vigor de la Ley 4ª de 1992 y, de los decretos expedidos anualmente
para establecer la prima.

Asimismo, iteró que, el reparo contra las providencias censuradas radicaba en el
desconocimiento de los efectos de la declaratoria de nulidad, entre estos, la
desaparición del mundo jurídico de las disposiciones legales, además que, antes de
la expedición de la sentencia de unificación, el criterio que imperaba era que la
exigibilidad de la prima especial se predicaba a partir de la ejecutoria de la
providencia de 29 de abril de 2014, ocurrida el 17 de junio de dicha anualidad.

Aseveró entonces, que en su caso no se había configurado la prescripción, en
atención a que peticionó a la Procuraduría General de la Nación el 11 de agosto de
2014, mientras que ésta dio respuesta negativa el 18 de diciembre de 2014, y lo
confirmó el 18 de junio de 2015.

Finalmente alegó que, la decisión cuestionada de segunda instancia incurrió en
defecto fáctico, pues en su criterio, no existía prueba alguna que soportara su
condena al pago del porcentaje que legalmente le correspondiera por concepto de
aportes a pensión, así como tampoco aquella que acreditara que los aportes no se
hubieren realizado, luego, debió modularse la orden en el sentido de indicar que,
solo en el evento de no haberse realizado los descuentos y aportes respectivos,
procedía el pago.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 4 de febrero de 2026, el despacho sustanciador de esta decisión
admitió la acción de tutela, ordenó notificar al demandante, así como a los
magistrados del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, o, en su
defecto, a la autoridad a la que le haya sido reasignado el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 25000-23-42-000-2015-
03881-00/02, en calidad de accionados, y les otorgó el término de dos [2] días para
que rindieran el informe de que trata el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.

Como terceros con interés, vinculó a la Procuraduría General de la Nación [parte
demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho] así como a las
demás partes, personas, terceros y/o entidades que hubiesen participado en el

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proceso ordinario, para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en la presente
acción, dentro de la misma oportunidad concedida a la parte demandada.

De igual forma, ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que realizara
una publicación en la página web de la corporación con la información de la tutela,
con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados. También, requirió
a las autoridades judiciales respectivas la remisión digital del expediente del proceso
ordinario donde se dictaron las providencias censuradas.

1.6. Contestaciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D

El oficial mayor con funciones secretariales de la secretaría de la referida
subsección remitió el archivo digitalizado contentivo del expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho en donde se dictaron las providencias censuradas.

1.6.2. Procuraduría General de la Nación

La entidad solicitó que, respecto de ella, se declare la improcedencia de la solicitud
de amparo o, en su defecto, se denieguen las pretensiones deprecadas ante la
inexistencia de vulneración alguna a las prerrogativas superiores del tutelante.

1.7. Manifestaciones de impedimento

Los magistrados Omar Joaquín Barreto Suarez y Gloria María Gómez Montoya
manifestaron impedimento para conocer del presente asunto, motivo por el cual se
dispuso el sorteo de 4 conjueces, dos principales y dos suplentes.

El 19 de marzo de 2026, se realizó el respectivo sorteo en el que fueron designados
como conjueces principales Diana Carolina Fuquen Avella y Edgar González López
y como suplentes Juan Carlos Galindo Vácha y Germán Lozano Villegas.

Conformada la Sala de Decisión se dispuso, en providencia de 9 de abril de 2026,
declarar infundados los referidos impedimentos.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer de la acción de tutela presentada por
el señor Álvaro Torres Alvear, de conformidad con lo establecido en los Decretos
2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de
2025 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

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2.2. Cuestión previa

En el presente asunto el accionante cuestiona las decisiones de primera y segunda
instancia de 31 de agosto de 2020 y 8 de agosto de 2025, dictadas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria y el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, respectivamente, no obstante, el
estudio se ceñirá a la decisión proferida por la ultima autoridad judicial con la cual
se definió la controversia.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales del accionante, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la
sentencia de 8 de agosto de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, que confirmó parcialmente el fallo de 31 de agosto
de 2020, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala
Transitoria, que declaró la prescripción de los derechos laborales reclamados dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra la
Procuraduría General de la Nación.

Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: [i] el criterio de
la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; [ii]
los requisitos adjetivos de procedibilidad, en especial, el de la relevancia
constitucional y, de encontrarse superado, junto con los demás; [iii] el caso
concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20124,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema5.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales6.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 7, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por

4 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela

• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
6 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

2.5.1.1. La Sala advierte que en el sub examine no se cumple el presupuesto de la
referencia, para lo cual resulta pertinente, en primer lugar, recordar el criterio
adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en cuanto a la
procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, así:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales. [Énfasis de la Sala]

En segundo lugar, se tiene que esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de
20228 modificó la postura que tenía hasta ese momento sobre el estudio del
requisito de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales
se hace evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico,
sin que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional.

De esta manera, la Sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía
estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y
acogidos por esta Corporación, que en concreto se refieren a:

i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente
la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no
basta que simplemente se aduzca la transgresión de aquellos;

ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de

septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
a los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional no puede convertirse en una
tercera instancia.

Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental producto de
una actuación arbitraria.

Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de
los derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que
permitan advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce este
mecanismo constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre 9.

2.5.1.2. Ahora, en el caso objeto de estudio, la solicitud de amparo presentada por
el tutelante, como se indicó en precedencia, no satisface el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que, en primer lugar, las inconformidades planteadas no
contienen la carga argumentativa necesaria que dé cuenta de las razones del
porqué el asunto requiere la intervención del fallador de esta sede; es decir, no
tienen la entidad o trascendencia para aplicar, interpretar o desarrollar mandatos
constitucionales.

En efecto, si bien el actor alegó la configuración de los defectos sustantivo por
desconocimiento de precedente y fáctico, lo cierto es que no satisfizo la carga desde
la perspectiva constitucional, según lo establecido en la referida sentencia de
unificación SU-215 de 2022, pues, el debate planteado en esta instancia se ciñó a
refutar las consideraciones de la autoridad judicial accionada, en punto de la
declaratoria de la excepción de prescripción, salvo lo referido a los aportes para
pensión, que sustentó en la sentencia de 2 de septiembre de 2019, de la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que estableció la
exigibilidad de la prima especial del 30% a partir de la entrada en vigor del decreto
que reglamentó por primera vez el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, más allá de
exponer cómo se materializó la presunta transgresión de sus garantías
fundamentales.

Se reitera que, la afirmación consistente en que se vulneraron determinadas
prerrogativas superiores no conlleva que el asunto puesto en conocimiento del juez
de tutela revista necesariamente de relevancia constitucional, pues para ello se
requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio hermenéutico y argumentativo
que permita vislumbrar que la controversia gira en torno al alcance, contenido o
goce de un derecho fundamental. Esto, ya que la competencia de este operador
judicial se restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales y no a
problemas de carácter legal o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales.

La carga argumentativa a la cual hace alusión la Corte Constitucional no se satisface
simplemente con enunciar y transcribir artículos de la Constitución Política para
cumplir el mencionado requisito, sino que dicha labor comprende un ejercicio

9 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.

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argumentativo mucho más profundo. En el escrito contentivo de la tutela, se advierte
el reparo a la decisión de segunda instancia a partir de la configuración de
determinados defectos, pero huérfano de una línea conceptual ius fundamental que
permita al juez desarrollar, interpretar o aplicar la carta política respecto al caso
concreto.

En segundo lugar, la parte accionante busca en este escenario judicial que el juez
constitucional desplace al juez natural del asunto, para obtener la aplicación de la
jurisprudencia, en la forma que a ella le parece «correcta». Es decir, en otros
términos, pretende a través del mecanismo constitucional crear una instancia
adicional, en la que se estudie nuevamente los cargos que ya fueron zanjados por
los operadores judiciales ordinarios y, además obtener una decisión favorable.

Se recuerda que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está vedado
al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los jueces
naturales de la causa; por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en las
consideraciones de raigambre constitucional esgrimidos por la parte actora dentro
del trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los motivos de los
accionantes frente a la apreciación jurídica del proceso contencioso expuestos en
la solicitud de amparo sin el debido contraste de un indebido e irracional estudio por
parte de la autoridad judicial, ello atentaría contra el principio de autonomía judicial
y así, en últimas se convertiría el mecanismo amparo en una tercera instancia.

Ello es así, por cuanto los temas relativos a la fecha a partir de la cual se hizo
exigible el derecho a la prima especial del 30% del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
y, en consecuencia, la configuración o no de la prescripción extintiva respecto de
esta reclamación, así como a los efectos ex tunc de las sentencias de nulidad del
Consejo de Estado, fueron precisamente, por un lado, el sustento de la demanda y
del recurso de apelación del accionante y de otro, lo que se expone igualmente en
este escenario, frente a lo cual la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado en la providencia censurada se pronunció en los siguientes términos:

23. Por lo anterior, es necesario establecer cuándo se hizo exigible el derecho a la
prima especial del demandante y para dicho efecto es preciso referirse al análisis
efectuado en la sentencia del 2 de septiembre de 2019 de la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda de esta Corporación así […].

Por lo anterior el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se
reclama se hizo exigible con la entrada en vigor de decreto que reglamentó
primigeniamente la Ley 4 de 1992, es decir, a partir del 7 de enero de 1993,
fecha de entrada en vigencia del Decreto 57 de 1993. En consecuencia, desde
el 7 de enero de 1993 los interesados podían haber interrumpido la prescripción
trienal. Expresado en otras palabras, no fue con la ejecutoria de la sentencia
del 29 de abril de 2014 que surgió al derecho a interrumpir la prescripción,
dada su naturaleza declarativa. [Se destaca]

24. El anterior entendimiento es el que se aplica en forma pacífica por esta
Corporación, de manera que no se trata de escoger entre un criterio u otro, con miras
a aplicar el que resulte más favorable al demandante, pues la Sala comparte
plenamente la interpretación realizada por la Sala de conjueces, en cuanto la
exigibilidad de la diferencia salarial no surgió con la declaratoria de nulidad de los
decretos que regularon anualmente la prima especial de servicios, sino desde la
entrada en vigor del decreto que reglamentó por prima vez el artículo 14 de la Ley 4a
de 1992, esto es, el Decreto 57 de 1993.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Álvaro Torres Alvear
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-000660-00

25. En ese contexto, resulta errado afirmar que el derecho se hizo exigible a partir de
la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014 de esta Corporación, ya que esta
no fue constitutiva de derechos, sino que declaró la nulidad de los decretos
reglamentarios expedidos durante los años 1993 al 2007, con base en la
interpretación realizada respecto del texto constitucional y del artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992. Por lo anterior, es incorrecto afirmar que el derecho al mencionado
emolumento surgió con la declaratoria de nulidad de los decretos reglamentarios de
la Ley 4ª de 1992. 10

De igual forma sucede respecto del argumento con que sustentó el defecto fáctico,
pues este fue atendido por la autoridad judicial accionada con el auto de 23 de
octubre de 2025, que resolvió la solicitud de aclaración de la sentencia de 8 de
agosto de 2025, en el sentido de señalar que la orden de pago de los aportes a
pensión era únicamente sobre el 30% de la asignación básica mensual que no fue
tenida en cuenta al momento de realizar los mencionados aportes, es decir, el tema
ya fue zanjado por el juez natural de la causa, luego, es clara la falta de relevancia
de este reparo.

Así, se itera que, lo pretendido por el actor es que se realice nuevamente, en este
escenario, el análisis de dichos tópicos, lo cual resulta notoriamente improcedente,
comoquiera que no le está permitido al juez de la acción de amparo constitucional
inmiscuirse en los asuntos que le son propios del administrador de justicia que
conoció del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

No sobra iterar que, en garantía de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada
y del respeto por el precedente judicial, la acción de tutela contra providencias
judiciales debe ser rigurosa a la hora de estudiar los requisitos generales de
procedibilidad.

Asimismo, en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en los eventos
que el amparo constitucional tiene como objeto cuestionar una decisión proferida
por un órgano de cierre, es imperativo demostrar que ésta se dictó de forma
arbitraria o caprichosa, lo cual no se advierte en el presente asunto.

2.6. Conclusión

De acuerdo con lo argumentado, esta Sala de decisión declarará la improcedencia
de la solicitud de amparo, comoquiera que no se encontró satisfecho el requisito de
relevancia constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Álvaro Torres Alvear.

10 Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Álvaro Torres Alvear
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-000660-00

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente con permiso

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente vínculo
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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