Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00664-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00664-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00664-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00664 00
Accionante: Hugo Patricio Trujillo Trujillo
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por no cumplir
con los requisitos generales de subsidiariedad y relevancia
constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por el señor Hugo Patricio Trujillo Trujillo en
contra de la sentencia proferida el 24 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo del
Meta, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
nro. 50001 33 33 009 2016 00012 00/01.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Hugo Patricio Trujillo Trujillo, actuando en nombre propio, promovió acción de
tutela en contra de la precitada providencia, y para ello, formuló las siguientes
pretensiones1:
4.1. Se sirva amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso Judicial (Art.
29 C.Pol.); Igualdad (Art. 13 C. Pol.) a LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; así como
las garantías de la Confianza Legitima (Art. 83 C.Pol.) del señor HUGO PATRICIO
TRUJILLO TRUJILLO, vulnerados por parte del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL META al incurrir en las causales genéricas y específicas de procedibilidad de
la acción de tutela en contra de sentencias judiciales que fueron explicadas
precedentemente.
4.1.1. Por lo anterior, en FORMA PRINCIPAL, respetuosamente solicito a su
señoría, se profiera una nueva decisión de fondo, en la que se le respeten en
forma definitiva los derechos fundamentales deprecados, examinando el caso
concreto de cara a cada una de las pruebas que obran el proceso de acción de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho, identificado bajo el radicado No.
50001333300920160001201, antes mencionado, y con la aplicación del
precedente judicial precitado.
Lo anterior, a fin de no hacer ilusorio las pretensiones de amparo aquí planteadas,
y someter al accionante a una nueva decisión judicial.
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2026 00664 00.
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Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
4.1.2. O en su defecto, en FORMA SUBSIDIARIA, ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL META, profiera una nueva decisión al interior del citado
proceso de acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, identificado bajo el
radicado No. 50001333300920160001201, en la que se le respete el derecho al
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, así como de las mesadas
pensionales, al señor Hugo Patricio Trujillo Trujillo, previa nulidad del acto
administrativo demandado que negó la pensión de invalidez.
4.1.3. Por otro lado, en usanza a los principios de igualdad, seguridad jurídica,
debido proceso, buena fe, confianza legitima, se le ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL META, que respete el precedente jurisprudencial que,
sobre el particular, ha establecido el Honorable CONSEJO DE ESTADO como
Órgano de Cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. (Mayúsculas
y negrillas originales del escrito tutela).
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante relató que en el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de
Villavicencio se adelantó prueba anticipada bajo el radicado No. 50001 3333 007 2008
00024 00, con citación de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, dentro
de la cual se practicó dictamen pericial ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez
del Meta con el fin de determinar la disminución de la capacidad laboral derivada de las
lesiones que sufrió durante el servicio como auxiliar de Policía.
Indicó que, mediante dictamen No. 3309 del 5 de febrero de 2009, la Junta Regional
estableció una pérdida de capacidad laboral del 57.93%, con fundamento en el Decreto
094 de 1989, calificando el origen como accidente de trabajo, y señaló que dicho
dictamen fue trasladado sin que las entidades citadas formularan objeciones.
Expuso que, con posterioridad, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra las actas de la Junta Médico Laboral y del Tribunal Médico Laboral de la
Policía Nacional, mediante las cuales se había determinado inicialmente una pérdida de
capacidad laboral del 16%, dentro del proceso radicado No. 50001 3331 006 2008 00130
00, en el cual solicitó la incorporación del dictamen como prueba trasladada.
Manifestó que la Policía Nacional no contestó oportunamente la demanda ni controvirtió
el dictamen pericial, situación que se mantuvo incluso en actuaciones posteriores.
Refirió que, con ocasión del trámite judicial, en 2011 se practicó una nueva valoración
ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta, la cual concluyó nuevamente
una pérdida de capacidad laboral del 57.93% con origen laboral, dictamen que también
fue trasladado sin observaciones.
Señaló que, mediante sentencia del 30 de marzo de 2012 proferida por el Juzgado
Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Villavicencio, confirmada por
el Tribunal Administrativo del Meta mediante providencia del 15 de julio de 2014, se
declaró la nulidad de las Actas No. 1685 de 2007 y No. 3239 de 2007.
Indicó que, como consecuencia de la nulidad de las actas médico-laborales, elevó
solicitud de reconocimiento de la pensión de invalidez, la cual fue negada mediante oficios
de junio y agosto de 2015.
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Expuso que, en consecuencia, promovió nueva demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra los actos que negaron el reconocimiento pensional, admitida en 2016
bajo el radicado No. 50001 33 33 009 2016 00012 01, dentro de la cual se decretó como
prueba trasladada el dictamen pericial, el cual fue incorporado sin objeciones en
audiencia de pruebas.
Manifestó que, tras la sentencia favorable en primera instancia, la Policía Nacional
interpuso recurso de apelación insistiendo en la competencia exclusiva de sus
organismos médico-laborales, sin cuestionar el contenido técnico de los dictámenes.
Refirió que, en segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Meta ordenó de oficio la
práctica de un nuevo dictamen ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de
Bogotá y Cundinamarca, a costa del demandante y posteriormente prescindió de dicha
prueba.
Indicó que, mediante sentencia del 24 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo del
Meta revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda.
La parte accionante sostuvo que dicha providencia vulneró sus derechos fundamentales
y configuró causales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, al
incurrir en una interpretación jurídica inadecuada y en una indebida valoración probatoria.
Afirmó que la sentencia incurrió en defecto fáctico por no valorar de manera integral los
dictámenes periciales No. 3309 de 2009 y No. 20111004 de 2011, los cuales según indicó
explicaban el origen de las afecciones, el aumento del porcentaje de pérdida de
capacidad laboral y la evolución de las lesiones sufridas en el servicio.
Sostuvo que el Tribunal desestimó el valor probatorio de tales dictámenes bajo una
apreciación equivocada, apartándose de las reglas de la sana crítica y que con
fundamento en ello decretó una nueva prueba pericial cuyo costo debía asumir el
demandante, pese a que este manifestó no contar con recursos económicos debido a su
condición de discapacidad.
Asimismo, indicó que dicha decisión implicó una nueva oportunidad de contradicción para
la entidad demandada, quien había guardado silencio frente a los dictámenes en distintas
etapas procesales.
Señaló también que el Tribunal Administrativo del Meta se pronunció sobre aspectos que
no fueron objeto del recurso de apelación, configurando a su juicio un defecto
procedimental por desconocimiento del artículo 328 del Código General del Proceso.
A su turno, afirmó que la sentencia acusada se apartó de la jurisprudencia del Consejo
de Estado sobre el valor probatorio de los dictámenes periciales practicados en sede
judicial y sobre la evolución progresiva de las lesiones adquiridas en el servicio, para lo
cual invocó las sentencias del 10 de noviembre de 1998, Rad. 13774, con ponencia del
Consejero Silvio Escudero Castro; del 19 de julio de 2006; del 30 de enero de 2014, Rad.
1860-2013; y del 28 de octubre de 2016, Rad. 25000-23-25-000-2012-01112-01 (0856-
14), todas de la Sección Segunda, Subsección B, señalando que conforme a dicha
jurisprudencia los dictámenes periciales practicados en sede judicial adquieren pleno
valor probatorio cuando no son controvertidos en su contenido técnico y que las lesiones
sufridas en el servicio pueden presentar evolución o agravación con el paso del tiempo.
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Con fundamento en dichas decisiones, sostuvo que los dictámenes judiciales adquieren
pleno valor probatorio cuando no son controvertidos en su contenido técnico y que las
lesiones adquiridas en el servicio pueden agravarse con el paso del tiempo.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 31 de enero de 20262 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 4 de febrero de 20263 la admitió y dispuso notificar4 al Tribunal
Administrativo del Meta, como parte accionada; así como vincular5 al Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Villavicencio y a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Policía Nacional, como terceros con interés directo en el resultado del proceso.
De igual forma, se requirió al Tribunal Administrativo del Meta y al Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Villavicencio (Meta) para que allegaran copia digital del
expediente correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
identificado con radicado nro. 50001 33 33 009 2016 00012 00/01, el cual fue remitido6.
3.2. El Tribunal Administrativo del Meta7 indicó que la sentencia cuestionada no incurrió
en los defectos alegados, pues se sustentó en las razones fácticas y jurídicas del caso,
además, señaló que la tutela no es procedente para cuestionar el decreto oficioso de una
nueva valoración de la pérdida de capacidad laboral, ya que frente a dicha decisión
debieron agotarse los recursos ordinarios.
Indicó que la nueva prueba era necesaria, debido a que los dictámenes de la Junta
Regional de Calificación de Invalidez del Meta no ofrecían certeza sobre el porcentaje de
pérdida de capacidad laboral ni sobre el origen de las afecciones.
Finalmente, sostuvo que la decisión no impide un eventual reconocimiento pensional,
pues permite una nueva valoración médica por las autoridades competentes.
3.3. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional 8 sostuvo que no se
configuró vulneración de derechos fundamentales, en tanto el actor ha contado con
acceso a las instancias judiciales y el proceso se ha adelantado con respeto de las
garantías del debido proceso.
Señaló que la decisión del Tribunal se ajustó al régimen legal de la pensión de invalidez
de la Fuerza Pública, el cual exige una pérdida de capacidad laboral igual o superior al
2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2026 00664 00.
3 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2026 00664 00.
4 Esta orden se cumplió el 6 de febrero de 2026. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2026 00664 00.
5 Ibidem.
6 Visto en los índices 12 y 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2026 00664 00.
7 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
0315 000 2026 00664 00.
8 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2026 00664 00.
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50% y los dictámenes de la Junta Regional de Calificación de Invalidez no ofrecían
certeza suficiente sobre dicho porcentaje ni sobre el origen laboral de las afecciones.
Indicó que la nueva valoración fue decretada ante la falta de claridad de los dictámenes
existentes y que su ausencia obedeció a que el actor no sufragó su práctica, lo cual
impedía desvirtuar las actas médico-laborales que determinaron una pérdida de
capacidad del 16%, por lo que consideró improcedente la acción de tutela.
3.4. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Villavicencio remitió el expediente,
sin embargo, no se pronunció sobre los hechos y las pretensiones de la acción de tutela.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 9 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,10 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202111, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 201912, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10
de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la
distribución de procesos entre las secciones.
4.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente13:
4.2.1. El señor Hugo Patricio Trujillo promovió demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos mediante los cuales se negó
el reconocimiento de la pensión de invalidez, proceso que fue radicado bajo el No. 50001
33 33 009 2016 00012 01.
4.2.2. Mediante sentencia de 23 de noviembre de 2017, el Juzgado Octavo Administrativo
Oral del Circuito de Villavicencio accedió a las pretensiones de la demanda.
4.2.3. Contra dicha decisión, la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional interpuso recurso de apelación.
4.2.4. Mediante sentencia de 24 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo del Meta
resolvió el recurso de apelación en sentido revocatorio.
9 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
10 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece
las reglas de reparto de la acción de tutela.
11 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
12 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
13 Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con radicado nro. 50001 33 33 009 2016 00012 00/01. Visto en los índices 12 y 13 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2026 00664 00.
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4.3. ANÁLISIS DE LA SALA
En el asunto bajo examen, el señor Hugo Patricio Trujillo Trujillo pretende que se deje sin
efectos la sentencia proferida el 24 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo del
Meta, que revocó la decisión de primera instancia en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con radicado No. 50001 3333 009 2016 00012
01, encaminado al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.
Para ello, en el escrito de tutela sostuvo que dicha providencia vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y tutela judicial efectiva, al incurrir, según
afirmó, en una indebida valoración probatoria, en la medida en que el tribunal accionado
desestimó los dictámenes periciales que establecieron una pérdida de capacidad laboral
del 57.93%, decretó oficiosamente una nueva valoración médica cuyo costo debía asumir
el demandante y, posteriormente, prescindió de ella.
En igual sentido, manifestó que la autoridad judicial accionada se pronunció sobre
aspectos que no fueron objeto del recurso de apelación y desconoció el precedente
jurisprudencial del Consejo de Estado sobre el valor probatorio de los dictámenes
practicados en sede judicial y la evolución progresiva de las lesiones adquiridas en el
servicio.
Bajo dicho contexto, la Sala estima que la acción de tutela deviene improcedente en los
términos en los que fue formulada, comoquiera que los reproches expuestos por el actor
se relacionan, por una parte, con la valoración probatoria efectuada por el juez natural,
particularmente frente a los dictámenes periciales que establecieron el porcentaje de
pérdida de capacidad laboral; y por otra, con las decisiones adoptadas en el marco del
trámite del recurso de apelación, en especial, el decreto oficioso de una nueva valoración
médica y el alcance del pronunciamiento emitido en segunda instancia.
En particular, el cargo dirigido a cuestionar que el Tribunal Administrativo del Meta abordó
asuntos no propuestos en la apelación se relaciona con el principio de congruencia y el
ámbito de competencia del superior.
Frente al principio de congruencia, esta Corporación ha puntualizado que la causal de
revisión contenida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, esto es, la
nulidad originada en la sentencia se puede configurar:
[…] cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia interna
y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara violación
del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que la providencia proferida en
esos términos resulta contraria a las formas propias de cada juicio, en específico,
la falta de competencia del juez para abordar asuntos frente a los cuales no se podía
pronunciar […]14.
Así mismo, la Corporación ha explicado que la congruencia se entiende como el deber
legal que tienen los funcionarios judiciales al emitir sus decisiones de no incurrir en fallos
ultrapetita, extrapetita o minuspetita; además, la congruencia, se puede calificar en
congruencia externa, que implica que el fallo debe estar en armonía con lo pedido y
14 Sala Especial de Decisión 22, sentencia de 2 de febrero de 2016, proferida en el expediente con radicado
núm. 11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV), C.P. Alberto Yepes Barreiro. También puede verse la
sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, el 19 de marzo de 2020, radicación número 11001-03-25-000-2013-00034-00 (0089-13),
C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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alegado tanto por la parte demandante como por la parte demandada, y en congruencia
interna, que es la coherencia que ha de existir entre lo dispuesto en la parte resolutiva y
lo argüido en la parte motiva de la providencia15.
En suma, esta Corporación ha señalado que la nulidad originada en la sentencia se
configura, entre otros eventos, cuando, “(…) viii) la sentencia está afectada por falta de
congruencia interna o externa (…)”16.
En consecuencia, al reprochar que el tribunal accionado se pronunció sobre aspectos
que no fueron objeto del recurso de apelación, se presentaría una posible transgresión
del principio de congruencia, por lo que el actor cuenta con el recurso extraordinario de
revisión por la causal 5° del artículo 250 del CPACA como mecanismo judicial idóneo
para ventilar dicho cuestionamiento, razón por la cual la acción de tutela deviene
improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
Frente a la subsidiariedad, el artículo 86 de la Constitución Política establece que la
acción de tutela solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable17.
A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “la acción de tutela no
procederá: cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.
Por lo tanto, esta acción tiene como característica la subsidiariedad, en la medida que
solo resulta procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable18.
La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de subsidiariedad envuelve
tres eventos que conducen a la improcedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial19: (i) cuando el asunto está trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir etapas
procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento
jurídico.
15 Ibidem.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
de 19 de marzo de 2020, radicación número 11001-03-25-000-2013-00034-00 (0089-13), C.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas.
17 Artículo 86 C.P.: “(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable (…)”.
18 La Corte Constitucional en la sentencia T-441 del 15 de julio de 2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez, dijo que los criterios a partir de los cuales debe analizarse si, efectivamente, en un caso concreto,
se está ante la presencia de un perjuicio irremediable que habilite la procedencia transitoria del mecanismo
de amparo constitucional son (i) que el perjuicio se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho
fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño
producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de
amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente
la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales.
19 Corte Constitucional. Sentencia T – 396 del 26 de junio de 2014. M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.
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En ese sentido, la tutela resulta improcedente, comoquiera que el actor cuenta con otro
mecanismo idóneo, para exponer el reproche que hoy presenta en sede constitucional.
Ahora bien, frente a las inconformidades del accionante dirigidos a cuestionar la
valoración probatoria efectuada, la Sala pasa a analizar el requisito de relevancia
constitucional.
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […]20.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C - 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU-
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades21:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional, deben
concurrir los tres elementos que integran el requisito de relevancia22. En consecuencia,
si no se acredita alguno de ellos, la acción de tutela deviene improcedente por no superar
dicho presupuesto de procedibilidad.
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
20 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
21 Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
22 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29
de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 00664 00
Accionante: Hugo Patricio Trujillo Trujillo
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que23:
[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal […].
(Se destaca).
En la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.
En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional
está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una
instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la autonomía e independencia
del juez natural.
La Sala considera que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, en particular el elemento orientado a impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces.
Ello, comoquiera que la solicitud de amparo está siendo utilizada como una instancia
adicional al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir la
valoración probatoria realizada por la autoridad judicial accionada.
Al respecto, alegó que la sentencia cuestionada realizó una indebida valoración
probatoria al desestimar los dictámenes periciales que inicialmente habían determinado
una pérdida de capacidad laboral del 57,93%.
De la lectura de la providencia cuestionada, el Tribunal concluyó que no procedía el
reconocimiento de la pensión de invalidez solicitada por el demandante, porque los
dictámenes que sustentaban la pérdida de capacidad laboral superior al 50% carecían
de solidez y credibilidad, y la nueva valoración pericial decretada para despejar dichas
dudas no se practicó por falta de gestión de la parte actora; en consecuencia, no existió
prueba suficiente que acreditara el grado y origen laboral de la invalidez, lo que condujo
a revocar la sentencia de primera instancia.
23 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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Bajo dicho contexto, la Sala advierte que la acción de tutela está siendo utilizada como
una instancia o recurso adicional al proceso ordinario para controvertir lo resuelto por el
juez natural de la causa y la valoración probatoria efectuada, con el fin de obtener un
nuevo pronunciamiento e insistir en que sí tiene derecho al reconocimiento de la pensión
de invalidez, lo cual ya fue objeto de debate, por lo que se concluye que, de acuerdo con
la jurisprudencia constitucional, la petición de amparo no cumple con el tercer criterio de
la relevancia constitucional.
Ahora, la Sala advierte que la parte accionante también alegó que la providencia atacada
incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial al apartarse de la línea fijada
por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, en particular, en las
sentencias del 10 de noviembre de 1998, Rad. 13774; del 19 de julio de 2006; del 30 de
enero de 2014, Rad. 1860-2013; y del 28 de octubre de 2016, Rad. 25000 2325 000 2012
01112 01 (0856-14), las cuales según sostuvo establecen reglas sobre el valor probatorio
de los dictámenes periciales practicados en sede judicial y la posible evolución o
agravación de las lesiones sufridas en el servicio.
Al respecto, esta Sección, en sentencia del 19 de noviembre de 202124, sostuvo que en
las acciones de tutela contra providencia judicial en las que se alega el desconocimiento
del precedente se exige, como carga argumentativa mínima, que se identifiquen: (i) la
providencia desconocida, (ii) las reglas y subreglas jurisprudenciales contenidas en la
ratio decidendi de la sentencia invocada, las cuales deben ser aplicables al caso a
resolver, y (iii) los problemas jurídicos, que en ambos casos deben ser análogos o
similares.
Si bien identificó varias providencias (con sus fechas y, en algunos casos, radicados), no
explicó de forma suficiente cuáles son las reglas o subreglas de la ratio decidendi que
estima eran aplicables a su caso, ni desarrolló la analogía estricta entre los supuestos
fácticos de esos precedentes y su situación particular.
Por tanto, la acción de tutela no cumple con la carga argumentativa mínima que se exige
en los eventos en los que se pretende estructurar un cuestionamiento de relevancia
constitucional por desconocimiento del precedente.
Para la Sala, lo anterior evidencia que la inconformidad del actor se dirige, en realidad, a
la forma en que el tribunal accionado resolvió el recurso de apelación, en particular frente
al análisis del material probatorio y de los argumentos jurídicos planteados, lo que pone
de presente una discrepancia con el alcance del estudio efectuado por el juez natural.
A este efecto, la Sala destaca que en el proceso judicial se debate sobre las pretensiones,
las excepciones y los hechos que proponen demandante y demandado, y que la decisión
del juez se fundamenta precisamente en las razones de la demanda y de la contestación,
las pruebas y el derecho que ellas ponen a su disposición.
Por lo tanto, cuando el juez decide sobre la controversia que le ha sido planteada,
atendiendo los argumentos y elementos probatorios invocados por las partes,
simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución
Política y la ley, dentro del ámbito de sus competencias.
24 Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez, bajo la radicación: 11001-03-15-000-2021-06983-
00(AC).
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Accionante: Hugo Patricio Trujillo Trujillo
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Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha atendido el
debate planteado y sorprende a las partes con una determinación por fuera de los
planteamientos fácticos o jurídicos formulados, evento que podría comprometer el núcleo
esencial del debido proceso.
No obstante, en el presente caso, la parte actora no estructura un problema
constitucional autónomo derivado del desconocimiento del precedente, sino que
cuestiona el alcance de la valoración probatoria y del análisis efectuado por el Tribunal,
sin desarrollar las cargas argumentativas exigidas para estructurar un verdadero cargo
de desconocimiento jurisprudencial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor
Hugo Patricio Trujillo Trujillo, según lo expuesto en la parte considerativa de esta
sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala
en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 12 de
marzo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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