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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00696-01

Fecha
11 de mayo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-00696-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

11 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., once (11) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00696-01 (4427)
Accionante: Juan David Fandiño Camacho
Accionado: Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca

Tema: acción de tutela contra providencia judicial. Subtema 1: nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: falta de agotamiento de la vía
administrativa. Subtema 3: defecto por desconocimiento de precedente judicial y
violación directa de la Constitución Política.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a decidir
la impugnación interpuesta por el señor Juan David Fandiño Camacho contra la
sentencia de primera instancia del 12 de marzo de 2026 proferida por la Sección
Cuarta de esta corporación.

1. Síntesis del caso

El señor Juan David Fandiño Camacho presentó solicitud de amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, que consideró vulnerados por la Subsección B de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca con ocasión del auto del 6 de noviembre
de 2025, dictado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado núm. 25269-33-33-004-2024-00151-01.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala considera relevantes los siguientes hechos:

1 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00696-00, índice 2.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00696-01 (4427)
Accionante: Juan David Fandiño Camacho
Accionado: Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

2. El señor Juan David Fandiño Camacho presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de
Mosquera y la Secretaría Distrital de Movilidad, con el fin de obtener la nulidad de
la Resolución núm. 026 del 15 de marzo de 2024, mediante la cual fue declarado
contraventor, se le impuso una multa por valor de $25’903.484 y se sancionó con la
prohibición de realizar actividades de conducción.

3. El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo
de Facatativá, autoridad que, mediante auto del 6 de noviembre de 2024, la
inadmitió para que fuera corregida en el sentido de acreditar el ejercicio del recurso
de apelación contra el acto demandado, toda vez que ni en los hechos ni en las
pretensiones se hizo alusión a dicho mecanismo ni se pidió la nulidad del acto que
lo resolvió, por lo cual no se evidenciaba el agotamiento de la vía administrativa.

4. El actor presentó escrito de subsanación en el que solicitó dar aplicación al
inciso final del numeral segundo del artículo 161 del CPACA, al sostener que no fue
citado y, por ende, no asistió a la audiencia del 15 de marzo de 2024, en la que se
dictó el acto acusado, razón por lo cual no presentó recurso contra dicha decisión.

5. Mediante auto del 11 de diciembre de 2024, el Juzgado Cuarto Administrativo
de Facatativá rechazó la demanda al considerar que no fue subsanada en debida
forma y que no era objeto de controversia si el demandante revisaba o no su correo
electrónico dispuesto para notificaciones.

6. El actor interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante providencia del 6 de noviembre de 2025, la confirmó. La autoridad judicial
advirtió que, independientemente de que el demandante no hubiera comparecido a
la diligencia, tuvo conocimiento del acto administrativo y la posibilidad de interponer
los recursos correspondientes, pues la decisión le fue notificada por correo
electrónico. No obstante, guardó silencio.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

7. El señor Juan David Fandiño Camacho solicitó lo siguiente:

PRIMERA: Pido señor juez, AMPARE mis derechos fundamentales AL DEBIDO
PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, los cuales se
encuentran vulnerados por parte del TRBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA – SECCIÓN PRIMERA – SUSBECCIÓN B.

Segunda: Como consecuencia de lo anterior, se revoque la decisión adoptada por la
entidad accionada en el auto de fecha seis (06) de noviembre de dos mil veinticinco
(2025), y en su lugar se ordene admitir la demanda de Nulidad y restablecimiento del
derecho2.

8. Como fundamento de sus pretensiones, el actor sostuvo que la providencia de
la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

2 Se transcribe incluso con errores de texto.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00696-01 (4427)
Accionante: Juan David Fandiño Camacho
Accionado: Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

incurrió en desconocimiento del precedente judicial fijado por la Subsección A de la
Sección Segunda3 de esta corporación, según el cual, cuando en el acto
administrativo respectivo no se indiquen los recursos procedentes contra la
decisión, se habilita la posibilidad de acudir directamente ante la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo por expresa disposición legal.

9. Indicó que, en el caso concreto, no fue notificado en debida forma para asistir
a la diligencia en la que se dictó el acto administrativo. Además, que si bien en el
correo electrónico del 15 de marzo de 2024, mediante el cual le fue notificada la
Resolución 026 de esa misma fecha, la entidad adujo que procedían los recursos
de ley, lo cierto era que en el numeral décimo del referido acto administrativo, se
consignó que únicamente procedía el recurso de apelación, el cual debía
interponerse en audiencia.

10. Afirmó que se configuró una violación directa de la Constitución Política, toda
vez que el Tribunal no analizó la forma en que se efectuó la notificación del acto
administrativo ni tuvo en cuenta sus argumentos relacionados con la imposibilidad
de interponer el recurso, debido a que no asistió a la diligencia en la que se emitió
la decisión.

2.3. Trámite Procesal

11. La tutela correspondió a la Sección Cuarta del Consejo de Estado que, a través
del despacho ponente, profirió auto el 20 de febrero de 20264 en el que admitió la
solicitud de amparo; vinculó al Juzgado Cuarto Administrativo de Facatativá; requirió
el expediente ordinario; y ordenó las notificaciones de rigor.

2.4. Intervenciones

12. El Juzgado Cuarto Administrativo de Facatativá 5 solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela al considerar que lo pretendido por el actor era
utilizarla a modo de tercera instancia para reabrir un debate jurídico ya concluido en
el proceso ordinario. Además, estimó que no acreditó la existencia de un defecto
sustantivo en las providencias que rechazaron la demanda, decisiones que, en su
criterio, se fundamentaron en la ley y la jurisprudencia vigente aplicable al caso.

13. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca6 pidió declarar improcedente la solicitud de amparo, en razón a que
pretendía reabrir una discusión de legalidad ya resuelta por el juez natural, sin
demostrar una afectación de los derechos fundamentales ni un defecto que
habilitara la intervención excepcional del juez constitucional. En ese sentido, afirmó
que el actor buscaba convertir la tutela en una instancia adicional para que se
revisaran asuntos propios del proceso contencioso-administrativo, de manera que
no satisfacía el requisito de relevancia constitucional.

3 Proceso núm. 76001-23-31-000-2008-00342-01.
4 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00696-00, índice 10.
5
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00696-00, índice 20, certificado 869887AD2D5E1860
39364A668C4F12F7 FCC027B0324B4C7F C82FFD7EE73F635F.
6 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00696-00, índice 22, certificado AF01C9D1F219A8D0

87D11F346C617373 A87CE208D47E60C3 BD87D38688A27CFA.

3

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Accionante: Juan David Fandiño Camacho
Accionado: Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

14. Agregó que la providencia cuestionada aplicó el marco normativo pertinente,
al examinar el cumplimiento del requisito previsto en el artículo 161.2 del CPACA y
concluyó, con fundamento en el expediente, que el demandante contó con la
oportunidad de interponer los recursos administrativos obligatorios y no lo hizo.

15. Los demás vinculados, guardaron silencio.

2.5. Sentencia de tutela de primera instancia

16. La Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió sentencia de primera
instancia el 12 de marzo de 20267, en la que declaró improcedente la acción de
tutela, por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, debido a que el
actor acudió a la tutela con el propósito de reiterar el debate planteado en el proceso
ordinario, el cual fue objeto de pronunciamiento por el juez natural al resolver el
recurso de alzada.

17. Por lo tanto, concluyó que de los argumentos expuestos en la demanda no se
desprendía la existencia de un escenario con genuina relevancia que justificara el
estudio de fondo.

2.6. Impugnación

18. El accionante presentó escrito de impugnación en contra de la sentencia del
12 de marzo de 2026 en el que afirmó que la acción de tutela cumple el requisito de
relevancia constitucional, en la medida en que cuestiona una actuación arbitraria
derivada de la interpretación indebida del artículo 8 de la Ley 2213 de 2022 por parte
del juez natural, quien, en su criterio, desconoció las garantías mínimas asociadas
al conocimiento efectivo del acto administrativo y tuvo por surtida una notificación
sin verificar si el actor tuvo acceso real, oportuno y efectivo al contenido de la
decisión.

19. Manifestó que el a quo tampoco tuvo en cuenta que, en el caso concreto el
actor estuvo materialmente imposibilitado para ejercer su derecho de defensa y los
recursos que la ley establece, en tanto no bastaba con realizarse la notificación
formal, sino que debía garantizarse el debido proceso8.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

20. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado tiene
competencia para conocer de la impugnación que presentó la parte accionante, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y
32 del Decreto 2591 de 1991.

7 Samai. exp. núm. 11001-03-15-000-2026-00696-00, índice 26.
8 Samai. exp. núm. 11001-03-15-000-2026-00925-00, índice 18.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00696-01 (4427)
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3.2. Legitimación en la causa de las partes

21. La legitimación en la causa por activa del señor Juan David Fandiño Camacho
se encuentra acreditada, por cuanto fue la parte demandante dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que finalizó con la providencia del 6 de
noviembre de 2025 objeto de tutela, y, por lo tanto, es la titular de los derechos que
consideró fueron vulnerados.

22. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Subsección
B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque es la
autoridad que profirió la anterior providencia, la cual, según afirmó la tutelante,
vulneró sus derechos fundamentales.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

23. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 9 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional10.

24. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y
que afecte un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

25. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del
recurso de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad,
hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales11 y,
por lo tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
10 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.

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26. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución12.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

27. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional 13
ha sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa y con claridad, sobre las razones por las cuales el
asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia14.

28. Contrario a lo que determinó la Sección Cuarta del Consejo de Estado en la
sentencia impugnada, esta Sala considera que la cuestión que se discute reviste
relevancia constitucional, toda vez que, de encontrarse configurados en el auto del
6 de noviembre de 2025 los defectos alegados en el escrito de tutela, quedaría
acreditado en el proceso ordinario que el señor Juan David Fandiño Camaño tenía
derecho a que se tramitara su demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

29. En ese escenario, la decisión de la Subsección B de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que confirmó el auto de primera instancia
que rechazó la demanda por no haberse agotado la vía administrativa,
comprometería y afectaría los derechos fundamentales para cuyo amparo se acudió
a esta acción constitucional.

30. Respecto de los cargos de la tutela, el accionante no tiene otros mecanismos
ordinarios y/o extraordinarios para proteger sus derechos fundamentales, pues
agotó las instancias respectivas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho en el que se profirió la decisión objeto de tutela.

31. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho porque la providencia objeto
de reproche fue proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 6 de noviembre de 2025, se notificó el 12 de
noviembre siguiente15, y la demanda de tutela se presentó el 2 de febrero de 2026,

12 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
14 Ibidem.

La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el
requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente
legal y/o económico» lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental» ; ii) que el asunto no sea
exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se
discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un
aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y iii) que
la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las
cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.
15 Samai, proceso núm. 2569-33-33-004-2024-00151-01, índice 6.

6

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esto es, dentro del plazo de seis (6) meses establecidos por la jurisprudencia
constitucional16 y del Consejo de Estado17 como razonable.

32. La parte actora, en el escrito de tutela, expuso de forma clara y concreta los
hechos y argumentos por los cuales consideró vulnerados sus derechos
fundamentales, y de ellos no se evidencia la existencia de una irregularidad
procedimental. Finalmente, la providencia reprochada no se emitió dentro de un
trámite de tutela.

33. Según lo expuesto, esta Sala constitucional encuentra superados los
requisitos generales de procedibilidad y continúa con el estudio de las causales
específicas en los términos que planteó la parte actora.

3.5. Problema jurídico

34. Corresponde a la Sala determinar si ¿La Subsección B de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró los derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del actor, al confirmar
la decisión que rechazó al demanda de nulidad y restablecimiento del derecho por
no haber agotado la vía administrativa?

35. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados;
y ii) el caso concreto.

3.5.1. El desconocimiento del precedente judicial

36. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la República
tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales vinculantes y relevantes,
pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la efectividad de los principios de
seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima, y la unificación de la
interpretación de las normas jurídicas 18.

37. Al respecto, la Corte Constitucional 19 definió el precedente como aquella sentencia o
conjunto de estas, que son emitidas con anterioridad a un caso determinado que, por su
semejanza en los hechos analizados y en los problemas jurídicos resueltos, debe ser
considerado por las autoridades judiciales al momento de emitir una decisión posterior.
Frente a la obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:

16 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
18 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:

«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el
ordenamiento constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar”
la vigencia de un orden justo, lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento
en estos principios, una autoridad judicial tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la
misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”. El juez cuenta, desde luego, con autonomía para
valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y, en caso de que lo sea, de apartarse
de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo contrario desconoce el
precedente horizontal».

19 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.

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90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto
de la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al
imperio de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia
para fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley.
Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la
Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el
legislador, sino además comprende todas las fuentes del derecho incluidas las
sentencias que interpretan la Constitución como norma de normas, el bloque de
constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo
principal garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los
principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el
ordenamiento constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un
principio relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la
aplicación de la ley y por otras prescripciones constitucionales 20.

38. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede clasificar
en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por autoridades
judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo funcionario; y ii) vertical,
concerniente a las decisiones adoptadas por el superior jerárquico o la autoridad encargada
de unificar la jurisprudencia 21.

39. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que los
jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «determinar si él mismo o el
tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en relación con casos
similares o si existen reglas interpretativas fijadas por autoridades judiciales funcionalmente
superiores, encargadas de la unificación de la jurisprudencia» 22.

40. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de manera
razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del principio de
autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente, pues la
interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en caso de que el
cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una violación a los derechos
fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso,
que puede ser reclamada a través de la acción de tutela 23.

41. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un tribunal

20 Se transcribe incluso con errores.
21 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
22 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
23 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del
precedente horizontal o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y
suficiencia. El primero exige que el juez enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares
(es decir, que reconozca expresamente el precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un
precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo requiere exponer razones suficientes y válidas a
la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que justifiquen el cambio jurisprudencial
o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto o suficiente para
resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto el
derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores
judiciales.»

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administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de la función judicial,
pues se trata de una sola corporación 24.

42. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante la
configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, le
permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora de este derecho
[igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de criterio» de manera
suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las exigencias de la autonomía
judicial.

3.5.2. Violación directa de la Constitución Política

43. La Corte Constitucional señaló que esta causal tiene sustento en el artículo 4°
de la Constitución Política el cual prevé que la Constitución es norma de normas y
en caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales25.

44. A su turno, recopiló los eventos en los que se presenta la violación directa de
la Constitución los cuales se resumen, así: primero, cuando en la solución del caso
se deja de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; segundo, cuando el asunto versa sobre la violación
evidente a un derecho fundamental de aplicación inmediata; tercero, cuando los
jueces, con sus fallos, vulneran derechos fundamentales porque no tienen en cuenta
el principio de interpretación conforme con la Constitución y cuarto, si el juez
encuentra, deduce o se le interpela sobre una norma incompatible con la
Constitución, y no aplica las disposiciones constitucionales con preferencia a las
legales (excepción de inconstitucionalidad).

3.6. Caso concreto

45. En el asunto bajo estudio, el señor Juan David Fandiño Camacho presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el municipio de Mosquera, Secretaría de Movilidad, con el fin de
obtener la nulidad de la Resolución núm. 026 del 15 de marzo de 2024, mediante
la cual fue declarado contraventor, se le impuso una multa y se sancionó con la
prohibición de realizar actividades de conducción.

46. El asunto correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo de Facatativá, que,
mediante auto del 11 de diciembre de 2024, rechazó la demanda al considerar que
el actor no acreditó el agotamiento de la vía administrativa, toda vez que no
interpuso el recurso de apelación procedente contra el acto administrativo
demandado. Apelada dicha decisión, la Subsección B de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca la confirmó en providencia del 6 de
noviembre de 2025.

47. Ahora bien, el señor Juan David Fandiño Camacho promovió acción de tutela
contra el Tribunal, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido

24 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.

25 Corte Constitucional, sentencia SU-027 de 2021.

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proceso y al acceso a la administración de justicia, pues estimó que la providencia
cuestionada incurrió en desconocimiento del precedente judicial y en violación
directa de la Constitución Política.

48. Como fundamento de la primera causal invocada, el accionante sostuvo que
la autoridad judicial accionada desconoció el precedente fijado por la Subsección A
de la Sección Segunda de esta corporación, según el cual, cuando la administración
no informa adecuadamente los recursos procedentes contra un acto administrativo,
no resulta exigible el agotamiento de la vía administrativa para acudir ante la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

49. Asimismo, afirmó que el Tribunal no analizó la forma en que fue notificado el
acto administrativo ni tuvo en cuenta que no asistió a la audiencia en la que se
profirió la decisión sancionatoria, razón por la cual, a su juicio, no le fue posible
interponer recurso alguno contra la Resolución núm. 026 del 15 de marzo de 2024.

50. Al respecto, se observa que la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca efectuó el estudio a partir de las normas que
regulan el agotamiento de la actuación administrativa y la procedencia de los
recursos contra los actos administrativos, particularmente los artículos 161, 72, 74
y 76 de la Ley 1437 de 2011.

51. En ese sentido, explicó que el numeral 2.° del artículo 161 del CPACA exige,
como requisito previo para demandar la nulidad de un acto administrativo particular,
el ejercicio y decisión de los recursos obligatorios previstos en la ley. Que el
agotamiento de la vía administrativa tiene como finalidad permitir que la
administración revise su propia decisión antes de acudir ante la jurisdicción.

52. La autoridad judicial accionada examinó las normas relativas a los recursos
procedentes contra los actos administrativos y precisó que el recurso de apelación
es obligatorio para acceder a la jurisdicción contencioso-administrativa. Igualmente,
indicó que, de conformidad con el artículo 76 del CPACA, los recursos de reposición
y apelación pueden interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

53. A partir de dicho marco normativo, el Tribunal revisó el material probatorio y
advirtió que el actor fue citado a la audiencia del proceso contravencional el 13 de
marzo de 2024. Además, que la Resolución núm. 026 del 15 de marzo de 2024
informó expresamente que contra ella procedía el recurso de apelación.

54. Bajo esa línea de argumentación, concluyó que, ante la inasistencia del actor
a la audiencia, la administración procedió a notificarle electrónicamente el acto
administrativo e informarle que contra la decisión procedían los recursos enunciados
en la parte resolutiva de la providencia.

55. Con fundamento en lo anterior, el Tribunal advirtió que no era viable aceptar el
argumento del demandante relativo a que la administración no le otorgó la
oportunidad de interponer los recursos procedentes contra la Resolución núm. 026
del 15 de marzo de 2024, pues, independientemente de que no hubiera

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00696-01 (4427)
Accionante: Juan David Fandiño Camacho
Accionado: Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

comparecido a la diligencia, tuvo conocimiento del acto administrativo y de los
recursos procedentes contra este; no obstante, no presentó manifestación alguna.

56. De igual forma, la providencia cuestionada, conforme al contenido del artículo
72 del CPACA relativo a la notificación por conducta concluyente, determinó que,
aun en los eventos en que exista una irregularidad en la notificación del acto
administrativo, el administrado cuenta con la posibilidad de ejercer los recursos
desde el momento en que conoce la decisión.

57. En ese contexto, el Tribunal argumentó que la discusión relacionada con la
legalidad de la notificación del acto administrativo no implicaba, por sí misma, la
imposibilidad de interponer el recurso de apelación, toda vez que, al haber tenido
acceso a la decisión, el actor podía ejercer el recurso dentro del término previsto en
el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.

58. Con base en dichas consideraciones, la autoridad judicial accionada concluyó
que el demandante no cumplió con la carga procesal prevista en el numeral 2° del
artículo 161 del CPACA, consistente en agotar la vía administrativa mediante la
interposición de los recursos obligatorios, razón por la cual confirmó el rechazo de
la demanda.

59. En ese orden de ideas, observa esta Sala que la providencia del 6 de
noviembre de 2025 no incurrió en desconocimiento del precedente judicial ni en
violación directa de la Constitución Política, pues la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sí analizó los argumentos
relacionados con la imposibilidad de interponer el recurso de apelación y con la
forma en que fue notificado el acto administrativo y concluyó que, en el caso
concreto, dicho acto sí informó sobre la procedencia de los recursos.

60. La anterior circunstancia difiere del supuesto fáctico analizado en la sentencia
invocada como precedente por el actor. Además, para adoptar esa conclusión, la
autoridad judicial se remitió a las normas aplicables al caso concreto y al material
probatorio obrante en el expediente, especialmente el acto administrativo acusado,
en el que se consignó en el numeral sexto de la parte resolutiva lo siguiente:

SEXTO: Quedará en firme la presente decisión hasta tanto no se resuelvan los
recursos de ley en caso de interponerse y se remitirá el expediente a la Secretaría de
Hacienda para lo de su competencia o en caso de pago archívese las presentes
actuaciones.

61. Asimismo, la Sala encuentra que, como bien lo concluyó la autoridad judicial,
en el correo de notificación personal de la Resolución núm. 026 del 15 de marzo de
2024, se indicó «El acto administrativo aquí relacionado, del cual se acompaña
copia íntegra, se considera legalmente NOTIFICADO Y EN FIRME “(…) una vez
transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje” advirtiendo que
contra el presente acto administrativo proceden los recursos enunciado en la parte
resolutiva del proveído en mención».

62. Así las cosas, lejos de evidenciarse una actuación arbitraria o carente de
motivación, se observa que la autoridad judicial accionada efectuó una

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00696-01 (4427)
Accionante: Juan David Fandiño Camacho
Accionado: Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

interpretación razonable y conforme de las disposiciones contenidas en los artículos
72, 74, 76 y 161 del CPACA, así como de los elementos probatorios aportados al
trámite ordinario. Distinto es que el accionante no comparta las conclusiones a las
que arribó el Tribunal respecto del agotamiento de la vía administrativa.

63. En consecuencia, la autoridad judicial accionada, en ejercicio de los principios
de autonomía e independencia judicial, efectuó una interpretación motivada y
razonable de las normas aplicables al caso concreto y de las pruebas obrantes en
el expediente. Por ello, el hecho de que la decisión adoptada no resultara favorable
a los intereses del accionante no significa, por sí mismo, que se hayan vulnerado
sus derechos fundamentales.

64. De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda
reabrir, mediante la acción de tutela, el debate jurídico surtido dentro del proceso
ordinario, con el propósito de obtener una decisión que se ajuste a sus intereses.
4. Conclusión

Por las razones expuestas, la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca no incurrió en los defectos alegados por el
accionante. No obstante, la Sala modificará la sentencia del 12 de marzo de 2026
proferida por la Sección Cuarta de esta corporación, que declaró improcedente la
solicitud de amparo y, en su lugar, procederá a negar las pretensiones.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Modificar la sentencia del 12 de marzo de 2026 emitida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo y,
en su lugar, negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor
Juan David Fandiño Camacho, por los motivos contenidos en esta providencia.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00696-01 (4427)
Accionante: Juan David Fandiño Camacho
Accionado: Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx

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