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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00696-00

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00696-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor Juan David Fandiño Camacho, quien actúa en nombre propio, contra la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con las razones expuestas. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-00696-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00696-00
Accionante: JUAN DAVID FANDIÑO CAMACHO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN B

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se rechazó la demanda por falta
de agotamiento de la vía administrativa. Incumplimiento del requisito
de la relevancia constitucional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Juan David Fandiño Camacho, quien actúa en nombre
propio, contra la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 2 de febrero de 2026, la parte demandante solicitó al juez constitucional la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados por la autoridad
judicial accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERA: Solicito señor juez, AMPARE mis derechos fundamentales AL DEBIDO
PROCESO, A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, los cuales se encuentran vulnerados
por parte del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN PRIMERA
– SUBSECCIÓN B.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, se revoque la decisión adoptada por la
entidad accionada en el auto de fecha seis (06) de noviembre de dos mil veinticinco (2025),
y en su lugar se ordene admitir la demanda de Nulidad y Restablecimiento del derecho”.

2. Hechos1

La parte accionante manifestó que el 17 de junio de 2023 le fue impuesto el
comparendo n.º 000038510350, por la infracción prevista en el literal F del artículo
131 de la Ley 769 de 20022.
1 Se extraen de la demanda ordinaria y del escrito de tutela.
2 Artículo 131. Multas. Los infractores de las normas de tránsito serán sancionados con la imposición de multas,

de acuerdo con el tipo de infracción, así: [...] F. Conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de

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Accionante: Juan David Fandiño Camacho

Indicó que con ocasión de lo anterior, el 20 de junio de 2023 interpuso escrito de
impugnación contra el comparendo. No obstante, el 15 de marzo de 2024 se profirió
la Resolución n.º 026, mediante la cual fue declarado contraventor, se le impuso
una multa de $25.093.484 y se le suspendió la licencia de conducción por un término
de diez años.

Señaló que, en virtud de ello, el 28 de octubre de 2024 interpuso demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Alcaldía Municipal de Mosquera -
Secretaría de Movilidad, con el fin de obtener la nulidad de la Resolución n.º 026 de
2024.

Refirió que el asunto correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Facatativá, bajo el radicado n.º 25269-33-33-004-2024-00151-00, y que
mediante auto del 6 de noviembre de 2024 se inadmitió la demanda para que se
acreditara haber agotado la vía administrativa frente al acto acusado.

Añadió que, por auto del 11 de diciembre de 2024, el mismo juzgado rechazó la
demanda, al considerar que no fue subsanada en debida forma, dado que no se
expusieron las razones por las cuales no se interpusieron los recursos ordinarios en
sede administrativa.

Manifestó que contra esa decisión interpuso recurso de apelación bajo el argumento
de que no tuvo la oportunidad de ejercer su defensa frente al acto acusado debido
a la falta de notificación en debida forma por parte de la administración. Agregó que
no asistió a la audiencia virtual realizada el 15 de marzo de 2024, y solicitó tener en
cuenta lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 2080 de 2021, por cuanto la citación
fue comunicada apenas unas horas antes de la diligencia.

Finalmente, indicó que la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante auto del 6 de noviembre de 2025,
confirmó la decisión que rechazó la demanda, tras considerar que, ante la
inasistencia del actor a la diligencia, la autoridad demandada procedió a notificarlo
electrónicamente y este no interpuso los recursos correspondientes aun cuando
conocía el contenido de la resolución. En tal virtud, no era viable aceptar que no se
le brindó la oportunidad de controvertir el acto administrativo demandado.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora manifestó que se cumplen los requisitos de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y, en particular, el de relevancia
constitucional, por cuanto se discute el acceso a la administración de justicia para
controvertir un acto administrativo de carácter sancionatorio.

Sostuvo que la decisión cuestionada incurrió en una irregularidad procesal, al
considerar que la notificación realizada el 15 de marzo de 2024 le otorgó la
oportunidad de interponer los recursos ordinarios, desconociendo así el precedente

sustancias psicoactivas. Esta conducta será sancionada con las multas establecidas en el artículo 152 de este
Código. Si se trata de conductores de vehículos de servicio público, de transporte escolar o de instructor de
conducción, la multa y el período de suspensión de la licencia se duplicarán. En todos los casos de embriaguez
o alcoholemia el vehículo será inmovilizado.
El estado de embriaguez o alcoholemia se establecerá mediante una prueba que no cause lesión, la cual será
determinada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
2
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Accionante: Juan David Fandiño Camacho

judicial3 que permite demandar directamente un acto administrativo cuando este
no habilita la interposición de dichos recursos.

Adicionalmente, señaló que si bien el correo electrónico del 15 de marzo de 2024
indicó que podía interponer los recursos de ley, la resolución -en su numeral sexto-
dispuso que la decisión quedaba en firme ante la falta de agotamiento de la vía
administrativa, lo cual resultaba contrario a lo establecido en el numeral décimo,
según el cual el recurso de apelación debía interponerse y sustentarse durante la
diligencia a la cual no compareció.

Alegó que se configuró una violación directa de la Constitución por vulneración
del debido proceso y citó apartes de la sentencia SU-069 de 2018 de la Corte
Constitucional, para concluir que la autoridad judicial accionada debió analizar la
forma en que se realizó la notificación, teniendo en cuenta que se argumentó y
sustentó adecuadamente que la administración no permitió formular recursos contra
el acto administrativo demandado.

Finalmente, mencionó que la citación fue enviada el 13 de marzo de 2024 para
acudir a la diligencia prevista para el 15 del mismo mes y año, es decir, antes de
que la notificación se entendiera surtida conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de
la Ley 2213 de 2022. En ese sentido, consideró que la comunicación debía
considerarse surtida el 16 de marzo de 2024, aspecto que según dijo no fue valorado
por la autoridad judicial accionada.

4. Trámite procesal

Por auto de 9 de febrero de 2026, de manera previa a admitir el asunto se requirió
al accionante con el fin de que precisara el radicado del expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se profirió la decisión objeto de reproche.
Dicho requerimiento fue atendido por la parte actora.

En esa medida, por auto de 20 de febrero de 2026, el despacho sustanciador admitió
la demanda y ordenó notificar al accionante y a la autoridad judicial accionada
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B-, así
como al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Facatativá, como tercero
interesado en el resultado del proceso y se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, en virtud de lo previsto en el artículo 610 del Código General
del Proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios nos. 30772 a 30775 de
23 de febrero de 2026, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión y fijó un
aviso en la página web del Consejo de Estado con el fin de dar a conocer la decisión
que admitió el asunto a los terceros con interés.

5. Oposición

5.1. Respuesta de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca

El magistrado ponente de la decisión cuestionada rindió informe en el que solicitó
declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que no se supera el requisito

3 Sentencia proferida en el expediente 220310 de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

3
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de relevancia constitucional, pues con ella se pretende controvertir la interpretación
judicial sin que ello evidencie una afectación real, autónoma y de naturaleza
constitucional.

5.2. Respuesta del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Facatativá

El titular del despacho judicial solicitó declarar la improcedencia de la acción, al
considerar que no se cumple el requisito de relevancia constitucional, puesto que el
actor pretende reabrir el debate ya surtido ante el juez natural.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si la solicitud de amparo constitucional cumple
los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial y, en caso
afirmativo, si la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia con la decisión proferida el 6 de noviembre de 2025,
en la que se confirmó la decisión que rechazó la demanda por falta de agotamiento
de la vía administrativa, al incurrir en los defectos por desconocimiento del
precedente judicial y violación directa a la Constitución.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones4.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20055, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que
se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente
a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia
de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
4
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
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condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional6.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala7, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o
de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de
tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de
la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe
referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación
con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de
incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos
que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea
la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no
se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional
del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

El señor Juan David Fandiño Camacho, quien actúa en nombre propio, presentó
acción de tutela con la pretensión de que el juez constitucional ampare sus derechos

6
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
7
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en el auto de 6 de noviembre de 2025, que resolvió
confirmar la decisión que rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho por falta de agotamiento de la vía administrativa.

La parte accionante sostuvo que la autoridad judicial incurrió en los defectos por
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución, al
considerar válida la notificación del 15 de marzo de 2024 como oportunidad para
interponer recursos, desconociendo la posibilidad de controvertir directamente el
acto administrativo cuando no se habilita dicho medio de defensa. Asimismo, afirmó
que se omitió la correcta aplicación del artículo 8 de la Ley 2213 de 2022, según el
cual la comunicación enviada el 13 de marzo de 2024 solo se entendía surtida hasta
el 16 del mismo mes y año.

Del análisis de las pruebas que obran en el expediente de tutela, la Sala advierte
que el demandante promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Alcaldía Municipal de Mosquera – Secretaría de Movilidad, con la
pretensión de obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución n.º 026 del 15 de
marzo de 2024, por medio de la cual fue declarado contraventor, se le impuso una
multa de $25.093.484 y se le suspendió la licencia de conducción por un término de
diez (10) años.

El conocimiento del asunto correspondió por reparto al Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Facatativá, que mediante auto del 6 de
noviembre de 2024 inadmitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
al considerar que no se acreditó lo previsto en el numeral 2º del artículo 161 de la
Ley 1437 de 2011, esto es, el agotamiento de la vía administrativa cuando se
cuestiona la legalidad de un acto administrativo. Frente a ello, señaló lo siguiente:

“se observa que el demandante no acreditó haber ejercido el recurso de apelación
contra la Resolución No. 026 del 15 de marzo de 2024; nótese que ni en los hechos
como tampoco en las pretensiones hace alusión alguna de haber interpuesto el
recurso de apelación mucho menos señala ni pide la nulidad del respectivo acto que
decidiría el recurso, por lo que no ha demostrado haber agotado la vía
administrativa”.

El 22 de noviembre de 2024, la parte demandante allegó escrito de subsanación en
el que solicitó la aplicación de lo previsto en el inciso final del artículo 161 de la Ley
1437 de 2011, esto es, la posibilidad de controvertir directamente el acto
administrativo, al considerar que la administración no le otorgó la oportunidad de
interponer los recursos procedentes. Al respecto, señaló que por la indebida
notificación de la citación para la diligencia realizada el 15 de marzo de 2024, no le
fue posible presentar recurso alguno contra el acto acusado, y agregó que en la
misma Resolución n.º 026 de 2024 se indicó que no se interpuso recurso alguno por
su inasistencia a la audiencia de lectura de fallo.

Asimismo, expuso que la notificación de la citación a la diligencia se surtió conforme
a los términos del artículo 8 de la Ley 2213 de 2022, por lo que debía entenderse
efectuada dos días después de su remisión, es decir, el 16 de marzo de 2024, fecha
posterior a la audiencia que tuvo lugar el 15 de marzo del mismo año.

Por auto de 11 de diciembre de 2024, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
Judicial de Facatativá resolvió rechazar la demanda, bajo el argumento de que no
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se acreditó haber agotado la vía administrativa contra el acto acusado, pese a que
el mismo indicó la posibilidad de interponer el recurso de apelación.

Contra esa decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación bajo los
siguientes argumentos:

“Nótese su señoría que en el rechazo de la demanda no se hizo mención al
argumento expuesto, por lo que respetuosamente solicito que sea analizado en
atención a que como se ha manifestado y probado, mi representado no tuvo la
oportunidad de interponer recursos frente a la decisión demandada, pero esta falta
de recurso no obedeció a un descuido en la revisión de su correo, sino por el
contrario, obedeció a la falta de notificación en debida forma por parte de la entidad
demandada.

Por lo anterior, solicito que se revoque la decisión de rechazar la demanda y en su
lugar se admitan la misma, dando aplicación a lo establecido en el inciso final del
numeral segundo del artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo en el sentido que al estar demostrado que mi
representado no asistió a la audiencia virtual programada por no haber recibido en
debida forma la citación para la audiencia llevada a cabo el quince (15) de marzo de
dos mil veinticuatro (2024).

Solicito que se tenga en cuenta lo establecido en el artículo 10 de la Ley 2080, el
cual modificó el artículo 56 del CPACA, determinó lo siguiente: (...)

En el caso bajo estudio, se ha probado que a mi representado se le notificó el trece
(13) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) a las cinco y cuatro de la tarde (5:15
p.m.)

Por lo cual su señoría, dentro del expediente contravencional allegado al proceso no
se encuentra prueba por parte de la Secretaría de Movilidad de Mosquera, que
demuestre que mi representado tuvo acceso a la notificación horas antes de la hora
fijada para realizar Audiencia de Lectura de fallo y proceder a interponer los recursos
correspondientes.

De igual manera solicito que se tenga en cuenta que en la citación remitida el trece
(13) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) a las cinco y cuatro de la tarde (5:15
p.m.), a mi representado, se argumentó la norma bajo la cual se realizan las
diligencias a través de medios electrónicos, expresando lo siguiente: (...)

En tal sentido señor Juez, el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022, determina que la
notificación personal se surtirá 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje, por lo
cual al haberse enviado la citación el día trece (13) de marzo de dos mil veinticuatro
(2024), se entiende que los días catorce (14) y quince (15) de marzo serían los dos
días hábiles, de tal forma que la citación se entiende efectivamente realizada el día
dieciséis (16) de marzo de dos mil veinticuatro (2024), fecha posterior a la realización
de la audiencia de fallo.

En todo caso solicito que se tenga en cuenta su señoría que este correo llegó tan
solo una pocas horas antes de la audiencia (9 horas hábiles), esto es, el trece (13)
de marzo de dos mil veinticuatro (2024) a las cinco y cuatro de la tarde (5:15 p.m.),
incluso, fuera de horario laboral.

De esta forma es evidente la existencia de una flagrante violación al derecho
fundamental al debido proceso establecido en el artículo 29 de la Constitución
Política, el cual determina que se debe garantizar el debido proceso en procesos
judiciales y administrativos”.

El recurso de alzada fue desatado por la Subsección B de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante auto de 6 de noviembre de 2025,
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en el que se confirmó la decisión que rechazó la demanda por falta de agotamiento
de la vía administrativa. Al respecto, mencionó que:

“Al revisar el material probatorio allegado al expediente, la Sala observa que el actor
fue citado a la audiencia del proceso contravencional, el 13 de marzo de 2024, así:

El acto administrativo demandado, esto es, la Resolución No. 026 del 15 de marzo
de 2024 señaló expresamente:

Adicionalmente, ante la inasistencia del actor a la audiencia, la entidad demandada
procedió a notificarlo electrónicamente e informándole que “(...) contra el presente
acto administrativo proceden los recursos enunciados en la parte resolutiva del
proveído en mención.”, es decir que la autoridad administrativa si dio la oportunidad
de interponer los recursos procedentes, contrario a lo referido por el señor Juan
David Fandiño Camacho.

En virtud de lo anterior, no es viable aceptar el argumento del recurrente relacionado
con que la autoridad administrativa no dio la oportunidad de interponer los recursos
respectivos contra la Resolución No. 026 del 15 de marzo de 2024, pues tal y como
se evidenció anteriormente y conforme a lo manifestado en el recurso de reposición
y subsidio apelación, independientemente que el demandante no hubiera
comparecido a la diligencia, tuvo conocimiento del acto administrativo y la posibilidad
de interponer los recursos procedentes; no obstante, no realizó manifestación
alguna.

El artículo 72 de la Ley 1437 de 2011, previó que en los casos en que se presente
una irregularidad en la notificación del acto administrativo, procede la notificación por
conducta concluyente, en cuyo caso al administrado se le otorga la oportunidad de

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agotar los recursos desde que realice una actuación que demuestre que conoce la
providencia o el acto administrativo. Dicha norma dispone: (...)

Así las cosas, la discusión de legalidad de la notificación no trae consigo que el
demandante no haya podido presentar su recurso de apelación, sino que no lo
hubiese ejercido en el momento en que fue notificada la decisión en estrados; sin
embargo al tener acceso a la decisión pudo interponer el respectivo recurso
dentro de término previsto en el inciso primero del artículo 76 de la Ley 1437
de 2011, que contempla la oportunidad para las actuaciones susceptibles del
mismo que no se surten en audiencia pública.

Así bien, al revisar la demanda, anexos y el escrito de subsanación, es evidente que
la parte demandante no cumplió con la carga procesal contenida en el numeral 2°
del artículo 161 del CPACA consistente en ejercer los recursos de ley y de esta
manera el agotamiento de la vía gubernativa. De manera que, ante la falta de
cumplimiento en la interposición de los recursos de ley, es procedente el rechazo de
la demanda”. (Subrayas y negrillas por fuera del texto).

Es decir, la autoridad judicial accionada concluyó que, pese a que el accionante no
asistió a la audiencia de lectura de fallo, la Resolución n.º 026 de 2024 fue notificada
por la administración mediante correo electrónico enviado el 15 de marzo de ese
año, en el cual se le informó la posibilidad de interponer los recursos ordinarios
previstos en el acto administrativo -en este caso, el recurso de apelación-, sin que,
una vez conocida la decisión sancionatoria, dicho recurso hubiese sido ejercido, por
lo que era procedente el rechazo de la demanda por la falta de agotamiento de la
vía administrativa.

En ese contexto, para la Sala el asunto no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, dado que la parte accionante acude a la tutela con el propósito de
reiterar el debate planteado en la apelación, relativo a la notificación del 15 de marzo
de 2024 como oportunidad para interponer recursos, la posibilidad de controvertir
directamente el acto administrativo y la correcta aplicación del artículo 8 de la Ley
2213 de 2022. Tales aspectos, como se expuso, ya fueron objeto de
pronunciamiento por parte del juez natural al resolver el recurso de alzada. En
consecuencia, la vulneración alegada busca insistir en un debate propio del trámite
judicial de nulidad y restablecimiento del derecho que fue resuelto por el juez
ordinario, sin que la sola inconformidad con una decisión desfavorable habilite la
intervención del juez constitucional.

Sobre el presupuesto de la relevancia constitucional la Corte Constitucional en
sentencia SU-573 de 20198, estableció que tiene tres finalidades, a saber: “(i)
preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes
a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos
de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la
acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces”9.

En la sentencia SU-451 de 202410, la Corte Constitucional enfatizó que la “tutela
contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del
fallo cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de
interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.

8
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
9
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
10
M.P. Jorge Enrique Ibañéz Najar.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15000-2026-00696-00
Accionante: Juan David Fandiño Camacho

Lo expuesto permite concluir que la parte actora acudió a la acción de tutela con el
propósito de obtener el amparo constitucional de sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, se reitera con el fin de
dar continuidad al debate planteado en el recurso de apelación. Así, de los
argumentos expuestos en la demanda no se desprende la existencia de un
escenario con genuina relevancia constitucional que justifique realizar un estudio de
fondo.

Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela,
por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor Juan
David Fandiño Camacho, quien actúa en nombre propio, contra la Subsección B de
la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad
con las razones expuestas.

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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