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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02067-01

Fecha
9 de junio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02067-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

9 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Nueve (9) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02067-01 (5638)
Accionante: Ilva Rosa Criado de Quintero
Accionados: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro

Tema: acción de tutela contra providencia judicial. Subtema 1: caducidad de acción
ejecutiva. Subtema 2: subsidiariedad.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a decidir
la impugnación interpuesta por la señora Ilva Rosa Criado de Quintero contra la
sentencia de primera instancia del 16 de abril de 2026 proferida por la Sección
Quinta de esta corporación.

1. Síntesis del caso

La señora Ilva Rosa Criado de Quintero presentó solicitud de amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia,
a la seguridad social y al mínimo vital, que consideró vulnerados por el Juzgado
primero Administrativo de Florencia y por el Tribunal Administrativo del Caquetá,
con ocasión de las providencias del 24 de junio de 2024 y 30 de septiembre de
2025, dictadas, respectivamente, en el proceso ejecutivo con radicado núm. 18001-
33-33-001-2014-00765-01.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala considera relevantes los siguientes hechos:

1 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00696-00, índice 2.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02067-01 (5638)
Accionante: Ilva Rosa Criado de Quintero
Accionados: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro

2. La señora Ilva Rosa Criado Quintero es beneficiaria de una asignación de retiro
reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional, mediante Resolución núm. 12420
del 1.º de noviembre de 1994, en calidad de cónyuge supérstite del sargento mayor
José del Carmen Quintero Vásquez.

3. El 4 de septiembre de 2014, la actora celebró conciliación prejudicial ante la
Procuraduría 136 Judicial II para Asuntos Administrativos con el Ministerio de
Defensa Nacional, en el que dicha entidad se comprometió a pagar las sumas de:
(i) $24.305.898, por concepto de capital, correspondiente al reajuste de la
asignación de retiro con base en el I.P.C. desde el 18 de abril de 2008, y (ii)
$1.594.438,74 por concepto de indexación (75% de la certificación de indexación).

4. El Juzgado Primero Administrativo de Florencia, mediante auto del 29 de
septiembre de 2014, aprobó la conciliación prejudicial. Dicha providencia quedó
ejecutoriada el 3 de octubre de 2014.

5. La accionante, a través de memorial del 23 de abril de 2015, solicitó al Juzgado
Primero Administrativo de Florencia las copias auténticas de la anterior providencia,
las cuales fueron expedidas el 27 de septiembre de 2019.

6. La señora Ilva Rosa Criado Quintero, por medio de escrito del 23 de octubre de
2019, radicó la cuenta de cobro ante el Ministerio de Defensa Nacional.

7. La actora, el 12 de septiembre de 2022, le solicitó al Ministerio de Defensa
Nacional que le informara el número de turno para pago.

8. El Ministerio de Defensa Nacional, por medio de la Resolución núm.
RS20221112119846 del 15 de noviembre de 2022, dio respuesta e indicó que hasta
esa fecha no obraba ninguna cuenta de cobro a nombre de Ilva Rosa Criado de
Quintero.

9. La accionante, el 1.º de febrero de 2023, presentó demanda ejecutiva contra el
Ministerio de Defensa Nacional, con el fin de que se ordenara el pago de las sumas
contenidas en el acuerdo conciliatorio.

10. El Juzgado Primero Administrativo de Florencia, mediante auto del 15 de
diciembre de 2023, inadmitió la demanda, para que se corrigiera en el sentido de
dar cumplimiento al requisito exigido en el numeral 8 del artículo 162 del CPACA,
adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021, esto es, el envío simultáneo
vía correo electrónico de la copia de la demanda y sus anexos al ejecutado. La
accionante, el 17 de marzo de 2024, presentó el escrito de subsanación.

11. El despacho judicial por auto del 24 de junio de 2024 rechazó la demanda
ejecutiva por haber operado el fenómeno de la caducidad. En concreto, consideró
que el auto del 29 de septiembre de 2014, que aprobó la conciliación prejudicial,
quedó ejecutoriado el 3 de octubre del mismo año, por lo cual la entidad demandada
contaba con un término de 10 meses a partir de esa fecha para dar cumplimiento al
acuerdo, los cuales finalizaron el 3 de agosto de 2015, fecha en la que empezó a

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02067-01 (5638)
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Accionados: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro

correr el plazo de caducidad de cinco años, que venció el 3 de agosto de 2020, y la
demanda se presentó del 1.º de febrero de 2023, configurándose la caducidad.

12. La actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la
anterior decisión, con fundamento en que la asignación de retiro era una prestación
periódica, por lo cual no estaba sujeta al término de caducidad, conforme al literal
c) del numeral 1.º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

13. El Juzgado Primero Administrativo de Florencia, mediante auto del 3 de
septiembre de 2025, resolvió no reponer el auto del 24 de junio de 2024 y concedió
el recurso de apelación.

14. El Tribunal Administrativo del Caquetá, por auto del 30 de septiembre de 2025,
confirmó el auto recurrido. La autoridad judicial explicó que la excepción alegada
por la parte ejecutante, según la cual las demandas con obligaciones de carácter
sucesivo o periódico podían impetrarse en cualquier tiempo, solo se predicaba del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, razón por la cual no
podía extenderse al caso concreto, en el cual se trataba de circunstancias propias
del proceso ejecutivo.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

15. La señora Ilva Rosa Criado de Quintero solicitó lo siguiente:

PRIMERA: TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso (Art. 29 C.P.), al
acceso a la administración de justicia (Art. 229 C.P.), a la seguridad social (Art. 48 C.P.)
y al mínimo vital.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTO el Auto
Interlocutorio No. 165 del 30 de septiembre de 2025 proferido por la Sala Tercera de
Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, y el Auto del 24 de junio de 2024 del
Juzgado Primero Administrativo de Florencia, en cuanto declararon la caducidad del
medio de control ejecutivo.

TERCERA: ORDENAR al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Florencia,
Caquetá, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación
del fallo de tutela, ADMITA la demanda ejecutiva presentada por la accionante el 1 de
febrero de 2023, libre el correspondiente mandamiento de pago y continúe con el
trámite del proceso ejecutivo hasta su terminación.2.

16. Como fundamento de sus pretensiones, la actora sostuvo que las autoridades
judiciales accionadas, mediante los autos del 24 de junio de 2024 y del 30 de
septiembre de 2025, incurrieron en defecto sustantivo al calcular el término de
caducidad de la acción ejecutiva a partir de los 10 meses posteriores a la ejecutoria
del auto que aprobó la conciliación, sin tener en cuenta que esta condicionó
expresamente la exigibilidad de la obligación dineraria a la previa radicación de la
cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos legales. En esa línea
argumentativa, indicó que el literal k) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA

2 Se transcribe incluso con errores de texto.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02067-01 (5638)
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Accionados: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro

establece que el término de cinco años debe contabilizarse desde la exigibilidad de
la obligación contenida en el respectivo título.

17. Con fundamento en lo anterior, adujo que, como la cuenta de cobro fue radicada
el 23 de octubre de 2019, el plazo de seis meses para efectuar el pago venció el 23
de abril de 2020. En consecuencia, el término de cinco años debía contarse a partir
de esa fecha y vencía el 24 de abril de 2025. Por lo tanto, afirmó que la demanda
ejecutiva, presentada el 1.º de febrero de 2023, fue interpuesta oportunamente.

18. Manifestó que se configuró un defecto fáctico, debido a que se omitió la
valoración de pruebas determinantes, como lo eran el acta de conciliación del 4 de
septiembre de 2014, la copia auténtica del auto aprobatorio de la conciliación, la
cuenta de cobro radicada ante el Ministerio de Defensa Nacional y la Resolución
núm. RS20221112119846 del 15 de noviembre de 2022. En particular, explicó que
no se valoró adecuadamente el acta de conciliación en la que constaba la cláusula
que condicionaba la exigibilidad de la obligación, ni la circunstancia de que las
copias auténticas requeridas para el cobro no pudieron obtenerse antes del 27 de
septiembre de 2019, lo que impedía materialmente la radicación de dicho
documento.

19. Afirmó que las decisiones cuestionadas vulneraron el artículo 48 de la
Constitución Política, que establece la irrenunciabilidad e imprescriptibilidad de los
derechos pensionales, y desconocieron la jurisprudencia de la Corte
Constitucional3, según la cual deben ponderarse las circunstancias del caso
concreto y no aplicarse de manera mecánica los términos de caducidad.

20. Finalmente, indicó que es una adulta mayor y que la falta de pago de las
diferencias de las mesadas pensionales afecta su mínimo vital.

2.3. Trámite Procesal

21. El despacho ponente de la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante
auto del 17 de marzo de 20264, admitió la solicitud de amparo; vinculó a la Nación,
Ministerio de Defensa Ejército Nacional; requirió el expediente ordinario; y ordenó
las notificaciones de rigor.

2.4. Intervenciones

22. El Juzgado Primero Administrativo de Florencia5 rindió informe en el que
relacionó los antecedentes del trámite ejecutivo y afirmó que las providencias
cuestionadas fueron dictadas con fundamentos en las disposiciones legales y
jurisprudenciales aplicables al caso, con observancia de los presupuestos
procesales y constitucionales correspondientes.

23. Los demás vinculados, guardaron silencio.

33 SU-023 de 2018, T-310 de 2015, T-668 de 2019.
4 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02067-00, índice 5, certificado 73293D711EBA58DE
B995171A63343FC4 77B3F88BB1B988EC C3AC6E45BD70FEA5.
5 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02067-00, índice 13, certificado 4F0C24BB2A5E0496

E7481BB552715019 26B8A3B6A56F87B9 4A0422D59C530621.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02067-01 (5638)
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2.5. Sentencia de tutela de primera instancia

24. La Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia de primera instancia
el 16 de abril de 20266, en la que declaró improcedente la acción de tutela, por no
cumplir el requisito de relevancia constitucional.

25. Al respecto, consideró que la actora acudía al mecanismo de amparo con el
propósito de reabrir, a modo de tercera instancia, el debate propio del proceso
ejecutivo. Asimismo, estimó que la solicitud de amparo carecía de la carga
argumentativa suficiente que permitiera justificar la relevancia del caso a partir de la
exposición del concepto de la violación, lo cual implicaba un ejercicio explicativo,
jurídico y lógico encaminado a evidenciar la afectación de los derechos
fundamentales de la actora.

26. Recordó que, en garantía de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada
y del respeto por el precedente judicial, el examen de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales debía realizarse
con especial rigor.

2.6. Impugnación

27. La accionante presentó escrito de impugnación contra la sentencia del 16 de
abril de 2026 en el que afirmó que la acción de tutela cumple el requisito de
relevancia constitucional, pues conforme con lo dispuesto en la sentencia SU-215
de 2022 de la Corte Constitucional, dicho aspecto se satisface cuando el asunto
plantea una cuestión relacionada con la interpretación o aplicación de la
Constitución Política, cuando se justifica razonablemente una afectación
desproporcionada de derechos fundamentales y cuando la controversia no se limita
a un debate meramente legal, supuestos que, en su criterio, se cumplen en el
presente asunto.

28. Adujo que la decisión impugnada no tuvo en cuenta que se vulneraron los
artículos 29, 48, 93 y 229 de la Constitución Política, al desconocer que se trata de
una persona adulta mayor y, por lo tanto, conforme a la jurisprudencia
constitucional, la aplicación de figuras procesales que extinguen derechos
patrimoniales exigía una ponderación constitucional, la cual fue omitida por las
autoridades judiciales accionadas.

29. Además, arguyó que la Corte Constitucional7 ha señalado que se vulnera los
derechos al mínimo vital y a la seguridad social cuando los términos de caducidad
se aplican de manera automática sin valorar las circunstancias concretas que
impidieron el ejercicio oportuno de la acción.

30. En ese sentido, indicó que el asunto es relevante constitucionalmente, debido a
la imposibilidad que tuvo para radicar oportunamente la cuenta de cobro ante el
Ministerio de Defensa Nacional, como consecuencia de la omisión del Juzgado

6 Samai. exp. núm. 11001-03-15-000-2026-02067-00, índice 18.
7 Citó las las sentencias T-631 de 2002, T-396 de 2013 y T-001 de 2021.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02067-01 (5638)
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Accionados: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro

Primero Administrativo de Florencia de expedir las copias auténticas del auto
aprobatorio de la conciliación. Por tal razón, permitir que el Estado se beneficie de
su propia demora para alegar la caducidad, trasgrede el derecho al debido proceso.

31. Finalmente, reiteró los argumentos expuestos en la acción de tutela respecto de
la configuración de los defectos sustantivo y fáctico8.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

32. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado tiene
competencia para conocer de la impugnación que presentó la parte accionante, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y
32 del Decreto 2591 de 1991.

3.2. Legitimación en la causa de las partes

33. La legitimación en la causa por activa de la señora Ilva Rosa Criado de Quintero
esta demostrada por cuanto fue la parte demandante dentro del proceso ejecutivo
que finalizó con la providencia del 30 de septiembre de 2025 objeto de tutela, y, por
lo tanto, es la titular de los derechos que consideró fueron vulnerados.

34. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado
Primero Administrativo de Florencia y del Tribunal Administrativo del Caquetá,
porque son las autoridades que profirieron las providencias cuestionadas, las
cuales, según afirmó la tutelante, trasgredieron sus derechos fundamentales.

3.3. Cuestión preliminar

35. La Subsección advierte que, pese a que en el escrito inicial se cuestionaron
las decisiones proferidas por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia y del
Tribunal Administrativo del Caquetá, los argumentos que sustentan sus
pretensiones son los mismos respecto a una y otra.

36. Por lo anterior, y en atención a que el auto del 24 de junio de 2024 fue
recurrido y el Tribunal Administrativo del Caquetá desató lo pertinente mediante la
providencia del 30 de septiembre de 2025, el reclamo constitucional formulado será
estudiado solo frente a esta última, en tanto fue la que puso fin al asunto.

3.4. Problema jurídico

37. Corresponde a la Sala determinar si ¿la solicitud de amparo cumple con el
requisito de relevancia constitucional?

38. En caso afirmativo, deberá verificar el cumplimiento de los demás requisitos
generales y, si a ello hay lugar, establecer si ¿el Tribunal Administrativo del Caquetá
vulneró los derechos fundamentales debido proceso, al acceso a la administración

8 Samai. exp. núm. 11001-03-15-000-2026-02067-00, índice 23.

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de justicia, a la seguridad social y al mínimo vida de la actora en la providencia del
30 de septiembre de 2025?.

3.5. Caso concreto

39. La señora Ilva Rosa Criado Quintero promovió proceso ejecutivo contra el
Ministerio de Defensa Nacional con el propósito de obtener el pago de las sumas
reconocidas en el acuerdo conciliatorio celebrado el 4 de septiembre de 2014 y
aprobado por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia mediante auto del 29
de septiembre del mismo año.

40. El Juzgado Primero Administrativo de Florencia, mediante auto del 24 de junio
de 2024, rechazó la demanda ejecutiva al considerar configurado el fenómeno de la
caducidad. La autoridad judicial explicó que el auto aprobatorio de la conciliación
quedó ejecutoriado el 3 de octubre de 2014 y que la entidad obligada contaba con
un plazo de diez meses para cumplir lo acordado, el cual venció el 3 de agosto de
2015, fecha a partir de la que comenzó a correr el término de cinco años previsto
para promover la demanda ejecutiva, el cual finalizó el 3 de agosto de 2020.

41. La anterior providencia fue apelada por la demandante. En segunda instancia,
el Tribunal Administrativo del Caquetá profirió la providencia del 30 de septiembre
de 2025, mediante la cual confirmó la decisión recurrida. Como fundamento de su
decisión, el Tribunal consideró que la excepción prevista para las prestaciones
periódicas en el literal c) del numeral 1.º del artículo 164 del CPACA está establecida
para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y no resultaba
extensible a los procesos ejecutivos.

42. En el escrito de tutela, la accionante sostuvo que las autoridades judiciales
accionadas incurrieron en defectos sustantivo y fáctico, en tanto calcularon
erradamente el término de caducidad, al omitir considerar que la exigibilidad de la
obligación contenida en el acuerdo conciliatorio estaba condicionada a la radicación
de la cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos legales. Además, alegó
que no se valoraron adecuadamente el acta de conciliación, la copia auténtica del
auto aprobatorio y las demás pruebas que, a su juicio, demostraban que no le fue
posible radicar oportunamente la cuenta de cobro.

43. Al respecto, la Sala considera que el requisito de relevancia constitucional se
encuentra superado, toda vez que la vulneración alegada por la parte tutelante se
origina con ocasión de una actuación judicial y en ese orden, habilita el estudio, en
principio, por la posible afectación del derecho al debido proceso.

44. Sin embargo, advierte que la solicitud de amparo no es procedente por cuanto
no cumple el requisito de subsidiariedad, como pasa a explicarse:

45. El presupuesto de subsidiariedad exige, en los términos del artículo 86
constitucional y 6 del Decreto 2591 de 19919, que el juez constitucional, por un lado,

9
Artículo 6o. causales de improcedencia de la tutela
«La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en

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verifique que la accionante no cuente con otros mecanismos judiciales de protección
de sus derechos fundamentales; y, por otro lado, valore si dichos mecanismos
resultan idóneos y eficaces para garantizar de forma oportuna el amparo solicitado,
de acuerdo con las particularidades de cada caso10.

46. En el evento de que existan otros medios de defensa judicial pero que estos
no sean idóneos o eficaces, procede la tutela como mecanismo de protección de
derechos fundamentales, así como en los eventos en que se configura un perjuicio
irremediable, el cual debe ser inminente y grave, y sus medidas de protección
impostergables11.

47. Pues bien, en el caso concreto, la Sala revisó el recurso de apelación
interpuesto contra el auto del 24 de junio de 2024 proferido dentro del proceso
ejecutivo y advirtió que la accionante circunscribió su inconformidad a sostener que
la asignación de retiro constituía una prestación periódica y que, por tal razón, la
demanda podía presentarse en cualquier tiempo. Así lo expresó:

La señora Ilva Rosa disfruta de una asignación de retiro por parte del Ministerio de
Defensa Nacional, la cual le fue reliquidada y reajustada; asignación de retiro, la cual,
según la Corte Constitucional y el Consejo de Estado «es una modalidad de
prestación social que se asimila a la pensión de vejez» 3 dicha prestación es una
prestación periódica, pues mi poderdante aún la sigue percibiendo mes a mes y por
lo tanto NO estaría sujeta a término de caducidad por cuanto la demanda puede ser
presentada en cualquier tiempo de conformidad con el literal c) del numeral 1. del
artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 que indica que:
(…)
Aunado a lo anterior, debo indicar que no solo estamos hablando de una prestación
periódica a secas (que dicho sea de paso es un derecho adquirido art.48 C.P.), sino
que estamos hablando de un derecho fundamental (a la Seguridad Social) que
además es de carácter imprescriptible dado su carácter de irrenunciable, de tracto
sucesivo y vitalicio, de suerte que puede demandarse en cualquier tiempo; pero por
contera tenemos que se trata de una persona de especial protección constitucional
por ser de la tercera edad. Con todo lo anterior debo agregar señora juez, que el
mismo Consejo de Estado, en virtud del principio de equidad, reitera que las
prestaciones periódicas no están sujetas a término de caducidad.

48. No obstante, la Sala observa que en dicho recurso no se planteó la tesis que
ahora constituye el eje central de la solicitud de amparo, consistente en que el
término de caducidad debía contabilizarse a partir de la exigibilidad de la obligación
reconocida en la conciliación, ni que esta se encontraba supeditada a la previa
radicación de la cuenta de cobro. Tampoco se alegó que la demora en la expedición
de las copias auténticas del auto aprobatorio hubiera impedido materialmente
adelantar las actuaciones necesarias para obtener el pago de las sumas
adeudadas.

49. Así pues, de conformidad con lo expuesto, esta Sala advierte que la parte
accionante, si bien presentó recurso de apelación, lo cierto es que no hizo uso de

[…]».
10 Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2017.
11 Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.

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dicho mecanismo judicial, en el momento procesal oportuno, para discutir ante los
jueces naturales los reparos que ahora expone.

50. De otra parte, si bien la accionante invocó su condición de persona adulta
mayor y adujo que la falta de pago de las diferencias derivadas del reajuste de su
asignación de retiro afecta su mínimo vital, lo cierto es que tales circunstancias no
la eximen del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela.
Asimismo, no se advierten elementos de juicio que permitan concluir la
configuración de un perjuicio irremediable que justifique la intervención excepcional
del juez constitucional. Lo anterior, si se tiene en cuenta que la actora, en el escrito
de tutela, manifestó que continúa percibiendo la asignación de retiro reconocida por
el Ministerio de Defensa Nacional, aspecto que impide evidenciar una afectación
actual, grave e inminente de su mínimo vital.

51. En este punto, conviene reiterar que el requisito de subsidiariedad exige que
los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales deben
resolverse por las vías jurisdiccionales correspondientes, y solo ante la ausencia de
dichas vías o cuando estas no sean idóneas para evitar un perjuicio irremediable,
es admisible acudir a la acción de amparo constitucional.

52. Por lo anterior, la Sala considera que la acción de tutela resulta improcedente,
en el entendido de que el agotamiento efectivo de los mecanismos de defensa
judicial es un acto de diligencia exigible a los ciudadanos frente a sus propios
asuntos procesales, y de que la naturaleza de este mecanismo constitucional no es
la de suplantar las competencias de los jueces ordinarios.

53. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que
declaró improcedente la solicitud de amparo, pero por las razones expuestas.

4. Conclusión

54. De acuerdo con las razones contenidas en esta providencia, los cargos de
tutela no superan el requisito de procedibilidad de subsidiariedad. En consecuencia,
se confirmará la decisión de primera instancia que declaró improcedente la solicitud
de amparo.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Confirmar la sentencia del 16 de abril de 2026 dictada por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo, por
los motivos contenidos en esta providencia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02067-01 (5638)
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Accionados: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Ausente con excusa

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx

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