Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02067-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02067-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02067-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
16 de abril de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02067-00
Demandante: Ilva Rosa Criado de Quintero
Demandados: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02067-00
Demandante: ILVA ROSA CRIADO DE QUINTERO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial – Declara la improcedencia
por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
La señora Ilva Rosa Criado de Quintero, en nombre propio, presentó acción de
tutela el 12 de marzo de 2026, contra el Tribunal Administrativo del Caquetá y el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Florencia, con el fin de que
se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, a la seguridad social y al mínimo vital.
Las referidas garantías constitucionales las consideró transgredidas con la
providencia de 30 de septiembre de 2025 del Tribunal Administrativo del Caquetá
que confirmó la decisión de 24 de junio de 2024 dictada por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Florencia, a través de la cual se rechazó por
caducidad la demanda ejecutiva presentada por la actora contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, proceso que se identificó con el
radicado 18001-33-33-001-2014-00765-01.
1.2. Pretensiones
El accionante presentó las siguientes:
PRIMERA: TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso (Art. 29 C.P.),
al acceso a la administración de justicia (Art. 229 C.P.), a la seguridad social (Art. 48
C.P.) y al mínimo vital.
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTO el Auto
Interlocutorio No. 165 del 30 de septiembre de 2025 proferido por la Sala Tercera de
Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, y el Auto del 24 de junio de 2024
del Juzgado Primero Administrativo de Florencia, en cuanto declararon la caducidad
del medio de control ejecutivo.
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Demandante: Ilva Rosa Criado de Quintero
Demandados: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro
TERCERA: ORDENAR al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Florencia,
Caquetá, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación
del fallo de tutela, ADMITA la demanda ejecutiva presentada por la accionante el 1
de febrero de 2023, libre el correspondiente mandamiento de pago y continúe con el
trámite del proceso ejecutivo hasta su terminación1.
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta providencia:
1.3.1. La señora Ilva Rosa Criado de Quintero manifestó que es beneficiaria de una
asignación de retiro que le reconoció el Ministerio de Defensa Nacional a través de
la Resolución número 12420 de 1° de noviembre de 19942.
1.3.2. Adujo que inició un proceso ejecutivo contra la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Ejército Nacional, con el fin de que se librara mandamiento de pago a su
favor por las sumas de dinero que se reconocieron dentro del trámite de conciliación
prejudicial celebrado el 4 de septiembre de 20143, y aprobado por el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito Judicial de Florencia en providencia de 29 de
septiembre de 2014, la cual, quedó ejecutoriada el 3 de octubre de 2014.
1.3.3. Expuso que, para radicar la cuenta de cobro ante el Ministerio de Defensa
Nacional, era necesario contar con copias auténticas del auto aprobatorio de la
conciliación; sin embargo, el referido juzgado expidió la copias el 27 de septiembre
de 2019, es decir cinco (5) años después de que se profirió la providencia, a pesar
de que, la señora Criado de Quintero las solicitó el 23 de abril de 2015.
1.3.4. La tutelante por medio de apoderada judicial, el 23 de octubre de 2019 radicó
ante la entidad demandada la solicitud de cumplimiento de la conciliación prejudicial,
pero esta no le pagó las sumas de dinero pactadas.
1.3.5. Por auto del 15 de diciembre de 2023, el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito Judicial de Florencia inadmitió la demanda para que fuera subsanado el
requisito en el numeral 8 del artículo 162 del CPACA, adicionado por el artículo 35
de la Ley 2080 de 2021, esto es, el envío simultáneo vía correo electrónico de copia
de la demanda y sus anexos al ejecutado.
La apoderada de la actora subsanó en tiempo.
1.3.6. En primera instancia, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial
de Florencia en auto de 24 de junio de 2024, rechazó por caducidad el proceso
ejecutivo, y como fundamento de su decisión expuso lo siguiente:
el auto mediante el cual se aprobó la conciliación prejudicial fue proferido el 29 de
septiembre de 2014, quedando ejecutoriado el 3 de octubre del mismo año y que de
1
Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores.
2
Como viuda del Sargento Mayor José del Carmen Quintero Vásquez.
3
De la revisión del expediente esta Sala evidenció que la tutelante actualmente disfruta de la
asignación de retiro, y el proceso ejecutivo lo inició con el fin de que se le pagaran unas sumas de
dinero como consecuencia de la reliquidación y reajuste de dicha mesada.
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conformidad al artículo 192 del C.P.A.C.A la entidad contaba con un término de 10
meses a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia para dar cumplimiento, los
cuales fenecieron el 03 de agosto de 2015, fecha en la que empezó a correr el plazo
de caducidad, el cual venció el día 03 de agosto de 2020 y como la demanda se
presentó el 01 de febrero de 2023, se configuró la caducidad del medio de control.
Por otra parte, el a quo, expuso que, si bien la ejecutante señaló que no realizó el
trámite de pago ante la entidad, por cuanto dicha autoridad judicial no expidió las
copias auténticas correspondientes hasta el 27 de septiembre de 2019, dicho
argumento no es motivo de suspensión del término de caducidad, máxime cuando
era deber de la apoderada realizar las solicitudes pertinentes ante el Despacho para
la expedición de las copias, y no reposaba en el expediente prueba alguna que
permitiera demostrar que la ejecutante hubiere requerido al referido juzgado el
trámite, eximiéndolo así de toda de responsabilidad.
1.3.7. Contra dicho auto, la actora radicó recurso de reposición y en subsidio
apelación.
Frente a la reposición, el juzgado en auto de 3 de septiembre de 2025, decidió no
reponer la decisión de 24 de junio de 2024, puesto que encontró que no le asistía
razón a la parte actora al referir que el proceso ejecutivo no se encontraba sujeto al
término de caducidad, toda vez que, según afirmó, la demanda se podría presentar
en cualquier tiempo cuando se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o
parcialmente prestaciones periódicas, puesto que, su proceso no buscaba el
reconocimiento de prestaciones sociales periódicas, pues la actora actualmente
disfruta de una asignación de retiro por parte de la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, la cual le fue reliquidada y reajustada conforme a la conciliación realizada.
Finalmente, concedió el recurso de apelación subsidiario, por ser procedente en los
términos del artículo 243 del CAPCA.
1.3.8. La apelación fue conocida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, que en
providencia de 30 de septiembre de 2025 confirmó el rechazo del proceso ejecutivo
por caducidad contemplado en el auto de 24 de junio de 2024.
Frente a esa decisión, el ad quem expuso que la apoderada ejecutante alegó que
el término para contabilizar la caducidad debe ser el concedido para demandar
prestaciones periódicas, es decir, en cualquier tiempo bajo lo estipulado en el
artículo 164, numeral 1, literal c del CPACA.
Respecto de ese argumento, el tribunal aseguró que el numeral 1° del artículo 164
del CPACA, contempla los eventos en los cuales se podrá ejercer el derecho de la
acción, sin tener en cuenta la caducidad, «entre ellos cuando (...) c. Se dirija contra
actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas».
Pues bien, de lo anterior se colige que la excepción alegada por la parte ejecutante,
solo se predica del medio de control nulidad y restablecimiento del derecho, razón
por la cual el contenido de dicha norma no puede ser extensiva a su caso, puesto
que, el proceso que la señora Criado de Quintero inició fue un ejecutivo.
Por su parte, el tribunal expuso que del plenario se evidenció que la providencia
judicial aportada como título ejecutivo en el presente asunto fue proferida por esta
jurisdicción el 29 de septiembre de 2014, decisión que, conforme a la constancia
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secretarial expedida por la secretaria del Juzgado Primero Administrativo del
Circuito Judicial de Florencia, quedó ejecutoriada el 3 de octubre de 2024.
Así la cosas, adujo que «teniendo en cuenta que la providencia base de recaudo
ejecutivo cobró ejecutoria en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, fuerza concluir que su exigibilidad se presentó
una vez trascurridos los 10 meses de que trata el artículo 192 del referido estatuto
procesal, luego los cinco (5) años de que trata el literal k del artículo 164 del
C.P.A.C.A., deben contarse a partir del vencimiento de este último plazo».
Comoquiera que la providencia que se pretendía ejecutar cobró ejecutoria el 3 de
octubre de 2014, el término de cinco (5) años de caducidad debía contabilizarse a
partir del 3 de agosto de 2015 (fecha en la que vencieron los 10 meses), de modo
que, la parte ejecutante en principio tenía hasta el 3 de agosto de 2020 para
presentar la demanda, no obstante, el proceso ejecutivo se radicó el 1 de febrero
de 2023, es decir, extemporáneamente.
Por ende, el tribunal consideró que debía confirmar la decisión del Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Florencia, ello, teniendo en cuenta que éste
fenómeno procesal opera ipso jure o de pleno derecho y el operador judicial debe
declararla en el evento en que se verifique la conducta inactiva del sujeto procesal
llamado a interponer la acción judicial correspondiente dentro del plazo legalmente
establecido.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La accionante expuso que las autoridades judiciales accionadas al proferir las
providencias en las que rechazaron por caducidad el proceso ejecutivo incurrieron
en defecto sustantivo dado que calcularon el término de caducidad desde los 10
meses posteriores a la ejecutoria de la conciliación (3 de agosto de 2015), sin tener
en cuenta que la propia conciliación – que constituye el título ejecutivo – condicionó
expresamente la exigibilidad de la obligación dineraria a la previa radicación de la
cuenta de cobro con los requisitos de ley.
La señora Criado de Quintero manifestó que « la cuenta de cobro fue radicada el 23
de octubre de 2019. Los 6 meses de plazo para pago vencieron el 23 de abril de
2020. Por tanto, la caducidad sólo comenzó a correr el 24 de abril de 2020 y vencerá
el 24 de abril de 2025. La demanda presentada el 1 de febrero de 2023 fue
interpuesta en tiempo».
También alegó un defecto fáctico, puesto que, tanto el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Florencia, como el Tribunal Administrativo del
Caquetá no valoraron una serie de pruebas que eran «determinantes» en el proceso
ejecutivo, como lo era el acta de conciliación y el hecho de que las copias auténticas
no pudieron obtenerse antes del 27 de septiembre de 2019, lo que materialmente
impedía a la tutelante radicar la cuenta cobro.
Frente a ese yerro aseguró que esa omisión probatoria tuvo incidencia directa en la
declaratoria de caducidad.
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Finalmente trajo a colación la violación directa a la Constitución, con base en que la
decisiones cuestionadas transgredieron directamente el artículo 48 de la
Constitución Política, que consagra la irrenunciabilidad e imprescriptibilidad de los
derechos pensionales, así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional «que
ha señalado que tratándose de prestaciones del Sistema de Seguridad Social que
tienen carácter periódico y que derivan de derechos pensionales, la aplicación
mecánica de términos de caducidad sin ponderar las circunstancias del caso
concreto vulnera el mínimo vital y el derecho a la seguridad social».
Finalmente alegó que es una adulta mayor, que es beneficiaria de una asignación
de retiro, y que el cobro ejecutivo se inició con el objetivo de que se le pagaran las
diferencias en el reajuste de su mesada.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 17 de marzo de 2026, el Despacho sustanciador de esta decisión
admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la demandante, así como al Tribunal
Administrativo del Caquetá y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial
de Florencia, y le otorgó el término de dos días para que rindiera el informe de que
trata el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.
Como terceros con interés, vinculó a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional [parte demandada en el proceso 18001-33-33-001-2014-00765-01], así
como a las demás partes, personas, terceros y/o entidades que hayan participado
en el proceso identificado con el radicado 18001-33-33-001-2014-00765-00/01,
para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en el presente trámite tutelar.
De igual forma, ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que realizara
una publicación en la página web de la Corporación con la información de la tutela,
con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados. También, requirió
a las autoridades judiciales respectivas la remisión digital del expediente del proceso
ordinario donde se dictó la providencia censurada.
1.6. Contestaciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Florencia
En correo electrónico de 20 de marzo de 2026, la juez titular del Despacho intervino
en la presente tutela, y manifestó que, en efecto, la accionante solicitó librar
mandamiento de pago ejecutivo a su favor y contra la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Ejército Nacional, por las sumas de dinero que le fueron reconocidas
dentro del trámite de conciliación prejudicial realizado el 4 de septiembre de 2014 y
aprobado por ese Despacho mediante providencia de 29 de septiembre de 2014.
Indicó que, por medio de auto del 15 de diciembre de 2023, «se inadmitió la
demanda ejecutiva a continuación de conciliación prejudicial, radicado el 01 de
febrero de 2023, al advertir que, la parte ejecutante no acreditó el cumplimiento del
requisito formal exigido en el numeral 8 del artículo 162 del CPACA, adicionado por
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el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021, concediendo el término de cinco (05) días
para corregir los defectos anotados».
Expuso que, conforme a la constancia secretarial de 24 de enero de 2024, se tiene
que la demanda fue subsanada dentro de la oportunidad legal, sin embargo,
mediante providencia de 24 de junio de 2024, se rechazó por caducidad el proceso
ejecutivo promovido por la señora Ilva Rosa Criado de Quintero contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.
Contra esa decisión la actora interpuso recurso de reposición y en subsidio
apelación el 2 de julio de 2024, y por medio de providencia de 3 de septiembre de
2025, la juez no repuso la decisión y concedió el recurso de apelación ante el
Tribunal Administrativo del Caquetá, que, mediante decisión de 30 de septiembre
de 2025, confirmó el rechazo.
Manifestó que, las providencias emitidas por parte del Despacho fueron tomadas
bajo la perspectiva legal y jurisprudencial correspondiente al caso analizado,
respetando los presupuestos procesales y constitucionales.
Finalmente, arguyó que «comoquiera que, las decisiones proferidas en primer y
segunda instancia, se encuentran registradas en el expediente
18001333300120140076500», anexó el enlace de consulta digital, para los fines
pertinentes dentro de esta acción constitucional.
1.6.2. Ilva Rosa Criado de Quintero
Allegó un documento donde informó los datos de notificación de partes e
intervinientes en el proceso ejecutivo con radicado número 18001-33-33-001-2014-
00765-01.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta corporación es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de
tutela presentada por la señora Ilva Rosa Criado de Quintero contra el Tribunal
Administrativo del Caquetá y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial
de Florencia, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
seguridad social y al mínimo vital de la señora Ilva Rosa Criado de Quintero, con
ocasión de la decisión de 30 de septiembre de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Caquetá, en la que confirmó la providencia de 24 de junio de
2024, del Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Florencia, que
rechazó por caducidad la demanda ejecutiva que presentó la tutelante contra la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, proceso que se
identificó con el radicado 18001-33-33-001-2014-00765-01.
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Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de
la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
los requisitos adjetivos de procedibilidad, en especial, el de la relevancia
constitucional y, de encontrarse superado, junto con los demás, (iii) el caso
concreto.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 4,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema5.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la solicitud de amparo contra providencias
judiciales6.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20147, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Relevancia constitucional
2.4.1.1. La Sala advierte que en el sub examine no se cumple el presupuesto de la
referencia, para lo cual resulta pertinente, en primer lugar, recordar el criterio
adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en cuanto a la
procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, así:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
4
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela
• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
5
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
6
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
7
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales. (…) (Énfasis de la Sala)
En segundo lugar, se tiene que esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de
20228 modificó la postura que tenía hasta ese momento sobre el estudio del
requisito de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales
se hace evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico,
sin que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional.
De esta manera, la Sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía
estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y
acogidos por esta Corporación, que en concreto se refieren a:
i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que simplemente se aduzca la trasgresión de
aquellos;
ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por
ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional
no puede convertirse en una tercera instancia.
Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental producto de
una actuación arbitraria.
Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de
los derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que
permitan advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce este
mecanismo constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre9.
2.4.1.2. En este caso, a juicio de la señora Ilva Rosa Criado de Quintero, sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
9
Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
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justicia, a la seguridad social y al mínimo vital están siendo transgredidos con
ocasión de la decisión de 30 de septiembre de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Caquetá, en la que confirmó la providencia de 24 de junio de
2024, del Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Florencia, que
rechazó por caducidad la demanda ejecutiva que presentó la tutelante contra la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional; proceso que se
identificó con el radicado 18001-33-33-001-2014-00765-01.
Pues bien, al descender al análisis del escrito inicial esta colegiatura no avizora que
las inconformidades de la tutelante contengan la entidad argumentativa requerida.
Es decir, al tratarse de una tutela contra providencia judicial, es indispensable que
la señora Criado de Quintero, además de identificar los yerros de los cuales adolece
la decisión, así como las garantías superiores que considera vulneradas, debe
exponer con suficiencia las razones del por qué el asunto requiere la intervención
del fallador de esta sede.
Si bien el extremo tutelante resaltó que en este caso se configuraron los defectos
sustantivo, fáctico y por violación directa de la Constitución en la decisión de 30 de
septiembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, en la que
confirmó la providencia de 24 de junio de 2024, del Juzgado Primero Administrativo
del Circuito Judicial de Florencia, que rechazó por caducidad, lo cierto es que hasta
este punto del debate no se advierte, a priori, que las decisiones censuradas sean
arbitrarias, irrazonables o caprichosas, debido a que, en el marco de su autonomía
tanto el Tribunal Administrativo del Caquetá como el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Florencia, rechazaron por caducidad el
proceso ejecutivo con radicado 18001-33-33-001-2014-00765-01, luego de concluir
tras una detallada explicación, que el mismo se había radicado
extemporáneamente.
Ello es así, debido a que, según lo expusieron las autoridades judiciales accionadas,
el auto mediante el cual se aprobó la conciliación prejudicial fue proferido el 29 de
septiembre de 2014, razón por la vual, quedó ejecutoriado el 3 de octubre de 2014,
y como lo indicaron en sus decisiones, de conformidad al artículo 192 del CPACA,
la entidad contaba con un término de diez (10) meses a partir de la fecha de la
ejecutoria de la sentencia para dar cumplimiento, los cuales fenecieron el tres (3)
de agosto de 2015, fecha en la que empezó a correr el plazo de caducidad, el cual
venció el día tres (30 de agosto de 2020), y como ya se dijo en los hechos y en la
contestación del juzgado, la demanda se presentó el primero (1°) de febrero de
2023, por lo que se configuró la caducidad del medio de control.
Asimismo, la parte demandada tampoco recibieron el argumento relacionado con
que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Florencia expidió
tardíamente las copias auténticas, puesto que, era responsabilidad de la apoderada
estar atenta a los términos y a realizar las solicitudes pertinentes.
En ese orden, lo que advierte esta colegiatura es que con sustento los yerros
planteados en el acápite «fundamentos de derecho», la señora Ilva Rosa Criado de
Quintero, lo que pretende con esta acción de tutela es abrir nuevamente un debate
abordado y zanjado por los jueces naturales en el marco de su autonomía e
independencia judicial, comoquiera que lo que se plantea en este escenario es que
se analice nuevamente si la demanda ejecutiva contra la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Ejército Nacional, se presentó en tiempo o de forma
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02067-00
Demandante: Ilva Rosa Criado de Quintero
Demandados: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro
extemporánea, situación que ya se estudió ampliamente en las providencias de 30
de septiembre de 2025 y 24 de junio de 2024.
Y es que, en este punto para la Sala es importante poner de presente que lo
planteado por la accionante, fue objeto de la demanda ordinaria y fue analizado
tanto por el Tribunal Administrativo del Caquetá como por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Florencia, los cuales rechazaron por
caducidad el plurimencionado proceso ejecutivo.
En ese contexto, queda en evidencia que la solicitud de amparo que presentó la
señora Criado de Quintero no cuenta con un ejercicio de sustentación desde la
esfera constitucional y de la violación de la garantía que la parte actora alegó como
desatendida, que demuestre lo urgente de la intervención del juez de tutela y de su
pronunciamiento en el asunto de la referencia.
Lo dicho, con fundamento en que, no es suficiente con que la parte interesada
refiera que con las decisiones censuradas se transgredieron determinados
derechos superiores o se presentaron determinadas vías de hecho, puesto que, por
el contrario, es menester que quien se considera afectado, cumpla con el deber de
argüir el concepto de la vulneración que se deriva de una providencia judicial en
abierta contradicción de los postulados constitucionales, que implique en esta sede
un análisis de fondo frente a la decisión cuestionada.
Básicamente, los cargos, al enmarcarse en la acción de tutela contra providencia
judicial, requieren con mayor énfasis que la accionante interesada ejecute una
exposición que sin lugar a duda demuestre de forma coherente, el engranaje entre
la orden objeto de reproche y la inescindible afectación de las garantías
fundamentales en su núcleo esencial.
Así las cosas, es evidente que este medio de amparo persigue emplear una tercera
instancia y además, carece de la carga argumentativa suficiente a través de la cual
se justifique la relevancia del caso a partir de la exposición del concepto de la
violación, lo cual implica un ejercicio explicativo, jurídico y lógico que le permita a
esta colegiatura advertir una prominente vulneración de sus prerrogativas
superiores con ocasión de la providencia dictada por la autoridad censurada, en el
sentido riguroso que señaló la Corte Constitucional en las sentencias de unificación
215 y 103 de 202210.
No sobra iterar que, en garantía de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada
y del respeto por el precedente judicial, la acción de tutela contra providencias
judiciales debe ser rigurosa a la hora de estudiar los requisitos generales de
procedibilidad.
Todo lo anterior, da lugar a que esta Sala de Decisión declare la improcedencia
porque no se cumple con el requisito de la relevancia constitucional.
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Ver las siguientes decisiones: (i) sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-
15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; (ii) sentencia de 6 de septiembre de 2022,
expediente 11001-03-15-000-2022-03065-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; y (iii) sentencia de
28 de abril de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01880-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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Demandados: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro
2.5. Conclusión
De acuerdo con lo argumentado, esta Sala de Decisión declarará la improcedencia
de la solicitud de amparo presentada por la señora Ilva Rosa Criado de Quintero
contra el Tribunal Administrativo del Caquetá y el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito Judicial de Florencia, comoquiera que no se encontró satisfecho el
requisito de relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por la señora
Ilva Rosa Criado de Quintero contra el Tribunal Administrativo del Caquetá y el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Florencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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