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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00698-00

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00698-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR la cosa juzgada constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: RECHAZAR por temeridad el amparo solicitado por el actor, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 16 Decreto Ley 2591 de 1991. “ARTICULO 38.-Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.” (Negrillas fuera del texto). Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 25 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00698-00 Actor: JOSÉ ANTONIO LEMA GONZÁLEZ TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-00698-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00698-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: JOSÉ ANTONIO LEMA GONZÁLEZ.

TESIS: SE DECLARA LA COSA JUZGADA Y SE RECHAZA EL AMPARO
SOLICITADO POR CONFIGURARSE LA TEMERIDAD. IDENTIDAD DE
PARTES, HECHOS Y PRETENSIONES.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, DEFENSA,
MÍNIMO VITAL Y BUEN NOMBRE.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra el JUZGADO SESENTA ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO

DE BOGOTÁ1 y la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA2.

I.- ANTECEDENTES

1
En adelante Juzgado
2
En adelante Tribunal.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00698-00
Actor: JOSÉ ANTONIO LEMA GONZÁLEZ

I.1.- La solicitud

El señor JOSÉ ANTONIO LEMA GONZÁLEZ, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, a la defensa, al mínimo vital y al

buen nombre, los cuales estima vulnerados por el JUZGADO y el

TRIBUNAL, al haber proferido las providencias de 31 de octubre de

2014, 28 de julio de 2016; 12 de diciembre de ese año y 22 de

febrero de 2017, dentro del proceso ejecutivo identificado con el

número único de radicación 2000-00085-03.

I.2.- Hechos

Indicó que en 1997 el señor JOSÉ ANTONIO LEMA VILLEGAS

(q.e.p.d.) suscribió un contrato de prestación de servicios

profesionales con el DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ3.

Señaló que dicho contrato fue terminado unilateralmente en 1999,

sin el reconocimiento de la indemnización ni el pago completo de sus

honorarios, por lo que el señor LEMA VILLEGAS (q.e.p.d.) promovió

demanda en ejercicio de la acción contractual contra el DISTRITO,

3
En adelante Distrito.

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3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00698-00
Actor: JOSÉ ANTONIO LEMA GONZÁLEZ

con el fin de que le fueran reconocidos tales emolumentos, a la cual

le fue asignado el número único de radicación 2000-00235-004.

Posteriormente, falleció el 7 de abril de 2000, sin que se resolviera

tal asunto.

Sostuvo que el DISTRITO también promovió acción contractual

contra el señor LEMA VILLEGAS (q.e.p.d.), a la cual le fue asignado

el número único de radicación 2000-00085-00 y fue conocida en

segunda instancia por el TRIBUNAL que, en sentencia de 1o. de

agosto de 2013, revocó la decisión del JUZGADO VEINTE

ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE

BOGOTÁ5 y declaró el incumplimiento del contrato de prestación de

servicios por parte del contratista, por lo que condenó a la masa

sucesoral de aquel al pago de $29.444.137.

Manifestó que, como consecuencia de lo anterior, el DISTRITO inició

proceso ejecutivo, por lo que el JUZGADO en auto de 31 de octubre

de 2014 libró mandamiento de pago.

4
Mediante sentencia de 28 de septiembre de 2006, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó
las súplicas de la demanda, decisión confirmada por la Sección Tercera -Subsección “B”- del Consejo
de Estado, en providencia de 11 de septiembre de 2019.
5
Con posterioridad, conoció del proceso el Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito de Bogotá. En
adelante Juzgado.

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4

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Actor: JOSÉ ANTONIO LEMA GONZÁLEZ

Aseguró que en proveído de 7 de julio de 2015, el JUZGADO decretó

como medida cautelar el embargo de sus dineros y de la señora

AURA GONZÁLEZ DE LEMA (q.e.p.d.).

Relató que el 27 de abril de 2016 presentó incidente de nulidad de lo

actuado, comoquiera que la condena fue impuesta contra la masa

sucesoral de su padre y no contra sus herederos, sumado a que el

auto que libró mandamiento de pago no se notificó en debida forma,

por lo que en providencia de 28 de julio de 2016 el JUZGADO declaró

la nulidad de lo actuado desde el auto de 31 de octubre de 2014 y

levantó las medidas cautelares decretadas.

Señaló que contra la anterior decisión el DISTRITO interpuso

recurso de apelación, siendo desatado por el TRIBUNAL que, en

providencia de 12 de diciembre de 2016, modificó la decisión del a

quo, para lo cual, aun cuando mantuvo la decisión de declarar la

nulidad de lo actuado, dejó incólume las medidas cautelares

decretadas en el auto de 7 de julio de 2015, por lo que ordenó al

JUZGADO corregir el auto que libró mandamiento de pago e integrar

el contradictorio para que cobijara a los herederos del señor LEMA

VILLEGAS (q.e.p.d.).

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Actor: JOSÉ ANTONIO LEMA GONZÁLEZ

Adujo que contra la anterior decisión interpuso recurso de súplica,

siendo resuelto por el TRIBUNAL que, en auto de 22 de febrero de

2017, lo rechazó por improcedente y ordenó devolver el expediente

al despacho sustanciador para que fuera desatado como solicitud de

aclaración, la cual fue resuelta de manera desfavorable a través de

proveído de 8 de septiembre de ese año.

Aseguró que, posteriormente, se modificó el mandamiento de pago

y se dirigió contra la masa sucesoral de la señora AURA GONZÁLEZ

DE LEMA (q.e.p.d.), y en el 2024 y 2025 se dictaron nuevas

actuaciones, incluyendo la liquidación de crédito.

Adujo que el 14 de abril de 2025 falleció su hermano JUAN CARLOS

LEMA GONZÁLEZ (q.e.p.d.).

Resaltó que las medidas cautelares sobre sus cuentas bancarias aún

se mantienen, así como los reportes negativos en las centrales de

riesgo.

Finalmente, puso de presente que ha presentado dos acciones de

tutela por los mismos hechos, pero estas no pueden considerarse

temerarias, toda vez que existen nuevos hechos como la

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Actor: JOSÉ ANTONIO LEMA GONZÁLEZ

actualización del crédito y el deceso de su hermano.

I.3. Fundamentos de la solicitud

El actor manifestó que la condena impuesta fue dirigida a la masa

sucesoral del señor LEMA GONZÁLEZ (q.e.p.d.), la cual ya no

existía, pues fue liquidada mediante escritura pública núm. 2985 de

29 de octubre de 2001, lo que constituye una nulidad absoluta,

sumado al hecho de que los herederos aceptaron la herencia de su

padre con beneficio de inventario, lo que limita su responsabilidad.

Aseveró que esta Corporación dentro del proceso iniciado por el señor

LEMA GONZÁLEZ (q.e.p.d.), identificado con el número único de

radicación 2000-00235-01, resolvió que no existían obligaciones

pendientes entre las partes, lo que hace improcedente la ejecución.

Adujo que la falta de notificación personal en el evento de una

sucesión procesal vulnera su derecho de defensa, teniendo en cuenta

que no fueron vinculados al proceso ejecutivo; además, que el

embargo de sus cuentas bancarias por más de 10 años afecta su

mínimo vital y la posibilidad de acceder a un crédito.

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Actor: JOSÉ ANTONIO LEMA GONZÁLEZ

Finalmente, destacó que la solicitud de amparo tiene vigencia

teniendo en cuenta que el daño permanece y no cuenta con otro

medio de defensa para que se protejan sus derechos fundamentales.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados

como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] 2. Declarar que se debe retrotraer el proceso, desde el
momento en que debió ser suspendido para, conforme lo
establece el procedimiento, cuando existe una sustitución
procesal, revisando inclusive de requerirse, el proceso que se
adelantó como medio de control acción contractual, que es la
génesis del ejecutivo que me mantiene en la situación que clama
por tutela de mis derechos.

3. Ordenar el levantamiento de las medidas cautelares de
embargo sobre las cuentas bancarias del accionante.

4. Notificar a las entidades financieras y centrales de riesgo para
corregir la calificación crediticia del accionante.

5. Conminar al Juez 60 Administrativo de Bogotá y al Tribunal
que ha conocido de las segundas instancias, a dar cumplimiento
a estas órdenes en un plazo de 48 horas […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El JUZGADO y el TRIBUNAL pese a ser debidamente

notificados del presente trámite constitucional, guardaron silencio.

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Actor: JOSÉ ANTONIO LEMA GONZÁLEZ

I.6. Intervinientes

I.6.1.- El curador ad litem de los herederos de la señora AURA

GONZÁLEZ DE LEMA (q.e.p.d.), la ciudadana AURA LEMA

GONZÁLEZ y el DISTRITO, pese a ser notificados de la presente

acción de tutela, guardaron silencio.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

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Actor: JOSÉ ANTONIO LEMA GONZÁLEZ

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

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“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la

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anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

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f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

dejen sin efecto las providencias de 31 de octubre de 2014, 28

de julio de 2016; 12 de diciembre de ese año y 22 de febrero

de 2017, proferidas, respectivamente, por el JUZGADO y el

TRIBUNAL, dentro del proceso ejecutivo identificado con el número

único de radicación 2000-00085-03.

A las citadas providencias el actor le atribuye la vulneración de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, al mínimo

vital y al buen nombre, por cuanto, a su juicio, la condena impuesta

dentro de la acción contractual fue dirigida a la masa sucesoral del

señor LEMA GONZÁLEZ (q.e.p.d.), la cual ya no existía, pues fue

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liquidada mediante escritura pública núm. 2985 de 29 de octubre de

2001, lo que constituye una nulidad absoluta, sumado al hecho de

que los herederos aceptaron la herencia con beneficio de inventario,

lo que limita su responsabilidad.

Aseveró que esta Corporación dentro del proceso iniciado por el señor

LEMA GONZÁLEZ (q.e.p.d.), identificado con el número único de

radicación 2000-00235-01, resolvió que no existían obligaciones

pendientes entre las partes, lo que hace improcedente la ejecución.

En el presente asunto sería del caso entrar a determinar si se cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el

JUZGADO y el TRIBUNAL vulneraron los derechos deprecados, al

haber proferido, respectivamente, las providencias de 31 de octubre

de 2014, 28 de julio de 2016; 12 de diciembre de ese año y 22 de

febrero de 2017; no obstante, la Sala en primer lugar deberá resolver

si el señor JOSÉ ANTONIO LEMA GONZÁLEZ incurrió en una

actuación temeraria al solicitar el amparo de los derechos

fundamentales deprecados dentro de la presente acción de tutela.

Sea lo primero advertir que el señor LEMA GONZÁLEZ actuó como

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accionante dentro de la acción de tutela identificada con el número

único de radicación 2017-02552-006, con el fin de controvertir,

entre otras, las providencias de 31 de octubre de 2014, 28 de julio

de 2016; 12 de diciembre de ese año y 22 de febrero de 2017,

proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL, respectivamente,

dentro del proceso ejecutivo identificado con el número único de

radicación 2000-00085-03.

Cabe señalar que la mencionada acción de tutela fue conocida por la

SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE

ESTADO que, mediante sentencia de 8 de noviembre de 20177,

denegó el amparo solicitado, decisión que fue modificada en segunda

instancia por la SECCIÓN CUARTA a través de providencia de 21 de

marzo de 2018, que lo declaró improcedente por considerar que no

se cumplía el requisito general de la inmediatez.

Lo anterior, al considerar que aun cuando el actor alegó la

vulneración de sus derechos fundamentales por parte del JUZGADO

y el TRIBUNAL, así como frente a todas providencias dictadas

6
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000201702
552011100103
7
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000201702
552001100103

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dentro del proceso ejecutivo cuestionado, lo cierto era que la

providencia de 12 de diciembre de 2016, proferida por esta última

autoridad, fue la que resolvió el recurso de apelación interpuesto

contra el incidente de nulidad, por lo tanto, era la que contenía las

motivaciones y/o consideraciones que cuestionó en la solicitud de

amparo.

Es por lo anterior, que la Sala analizará si el actor incurrió en una

actuación temeraria al actuar como parte demandante en dos

acciones de tutela distintas, a través de las cuales pretende

controvertir las mismas situaciones fácticas y jurídicas ante

diferentes autoridades judiciales.

La temeridad y la cosa juzgada en acciones de tutela

La presentación sucesiva8 o simultánea9 de varias acciones de tutela

sobre un mismo asunto ha sido objeto de análisis de manera

reiterada por la Corte Constitucional, aspecto sobre el cual ha

estudiado la existencia de dos figuras a saber: la cosa juzgada y la

temeridad.

8
La presentación sucesiva de una acción de tutela se entiende en aquellos eventos en que después de
haberse decidido una solicitud de amparo, la misma es presentada nuevamente.
9
La acción de tutela es simultánea cuando la persona la interpone ante varios jueces.

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Al respecto, en sentencia T-560 de 2009, con ponencia del

magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, la Corte Constitucional

precisó que la cosa juzgada constitucional se configura en aquellos

eventos en que de manera sucesiva se presentan acciones de tutela

que guardan identidad de partes, hechos y pretensiones, siempre

que frente a una de ellas ya hubiese un pronunciamiento definitivo e

inmutable por parte del juez constitucional.

Dicho fenómeno opera, cuando: i) quede ejecutoriada la sentencia

emitida por la Corte Constitucional en atención a la revisión que esta

realiza en virtud del artículo 33 del Decreto 2591 de 19 de noviembre

de 199110; o ii) esté ejecutoriado el auto por medio del cual se decide

no seleccionar para revisión el asunto11.

Por su parte, el juez debe entender por temerarias las acciones de

tutela que se presenten, ya sea de manera sucesiva o simultánea,

con identidad de partes, hechos y pretensiones, siempre que

considere que dicha actuación:

“[…] (i) resulta amañada, en la medida en que el actor se reserva
para cada demanda los argumentos o pruebas que convalidan sus
pretensiones; (ii) denote el propósito desleal de obtener la

10
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
11
Al respecto, ver la Sentencia T-137 de 2014, entre otras.

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Actor: JOSÉ ANTONIO LEMA GONZÁLEZ

satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la
eventualidad de una interpretación judicial que, entre varias,
pudiera resultar favorable; (iii) deje al descubierto el abuso del
derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se
instaura la acción; o finalmente (iv) se pretenda a través de
personas inescrupulosas asaltar la buena fe de los administradores
de justicia […]”.12

Adicionalmente, el alto tribunal constitucional ha previsto unos

supuestos en los cuales, de manera excepcional, puede concluirse

que no se configura la temeridad ante el ejercicio simultáneo o

sucesivo de acciones de tutela con identidad de partes, hechos y

pretensiones. Así en sentencia T-614 de 2015, con ponencia del

magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, dicha Corporación reiteró13 los

eventos en que no hay lugar a declarar el fenómeno referido, así:

“[…] ”(i) la condición del actor que lo coloca en estado de
ignorancia o indefensión, propio de aquellas situaciones en que los
individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema
de defender un derecho y no por mala fe; (ii) en el asesoramiento
errado de los profesionales del derecho; (iii) en la consideración de
eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la
interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de la
misma, o cualquier otra situación que no se haya tomado como
base para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la
necesidad de proteger los derechos fundamentales del
demandante: y por último (iv) se puede resaltar la posibilidad de
interponer una nueva acción de amparo cuando la Corte profiere
una sentencia de unificación, cuyos efectos hace explícitamente
extensivos a un grupo de personas que se consideran en igualdad

12
Estas subreglas se puntualizaron en la Sentencia SU-713 de 2006, las cuales se reiteraron, entre
otras, en las Providencias T-560 de 2009, y recientemente, en la SU-439 de 2017.
13
Al respecto, ver las sentencias T-433 de 2006, T-507 de 2011.

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de condiciones, incluso si con anterioridad a dicha sentencia
presentaron acción de tutela por los mismos hechos y con la misma
pretensión;[…]” (Destacado fuera de texto).

De todo lo anterior, resulta evidente que la valoración de la

temeridad exige la estimación de un factor subjetivo, de tal forma

que el juzgador logre advertir que la presentación sucesiva de una

acción de tutela tiene una justificación, como lo sería el hecho de que

la parte actora, en estado de ignorancia o indefensión, obre por

miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un

derecho y no por mala fe.

Es por lo anterior, que la Sala analizará si en el presente caso se

observa identidad de partes, hechos y pretensiones en relación con

la acción de tutela identificada con el número único de radicación

2017-02552-01 y, en consecuencia, si nos encontramos ante la

existencia de la cosa juzgada y/o temeridad.

Que exista fallo ejecutoriado: el cual se entiende en aquellos

eventos en que la Corte Constitucional emite sentencia y esta queda

en firme o cuando decide no seleccionar el fallo de tutela para

revisión.

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La Sala advierte que en la acción de tutela identificada con el número

único de radicación 2017-02552-01, la Corte Constitucional a

través de auto de 31 de mayo de 201814, decidió no seleccionarla

para revisión.

Identidad de partes: La acción de tutela de la referencia fue

instaurada por el señor JOSÉ ANTONIO LEMA GONZÁLEZ contra

el JUZGADO y el TRIBUNAL.

Por su parte, la solicitud de amparo radicada bajo el número 2017-

02552-01 también fue incoada por el señor LEMA GONZÁLEZ

contra el JUZGADO y el TRIBUNAL, razón por la cual la Sala

considera que hay identidad de partes en las solicitudes de amparo

referidas.

Identidad de pretensiones: Sobre este punto, la Sala encuentra

que las pretensiones en las acciones de tutela son idénticas y

persiguen exactamente lo mismo, esto es, controvertir las

providencias proferidas dentro del proceso ejecutivo identificado con

https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/autos/auto%20sala%20de%20seleccion%2031%
14

20de%20mayo%20de%202018%20notificado%2018%20de%20junio%20de%202018.pdf

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el número único de radicación 2000-00085-03, esto es, las de 31 de

octubre de 2014, 28 de julio de 2016; 12 de diciembre de ese año y

22 de febrero de 2017, por medio de las cuales se revocó la decisión

de levantar las medidas cautelares decretadas y se ordenó al

JUZGADO corregir el auto que libró mandamiento de pago en el

sentido de integrar al contradictorio a los herederos del señor JOSÉ

ANTONIO LEMA VILLEGAS (q.e.p.d.).

Identidad de Hechos: En este aspecto, la Sala advierte que en la

acción de tutela radicada bajo el número 2017-02552-01, así como

en la presente, el sustento fáctico de las pretensiones subyace de la

misma situación, esto es, que el TRIBUNAL no tuvo en cuenta que

se debió declarar la nulidad de todo lo actuado, inclusive desde la

actuación que decretó las medidas cautelares, comoquiera que el

sujeto pasivo de la obligación que dio lugar al proceso ejecutivo es la

masa sucesoral del señor JOSÉ ANTONIO LEMA VILLEGAS

(q.e.p.d.) y no sus herederos, la cual, por demás, ya no existe, por

lo que no es posible perseguir su patrimonio, dado que no fue

condenado ni declarado deudor.

Igualmente, en ambas solicitudes de amparo el señor JOSÉ

ANTONIO LEMA GONZÁLEZ afirmó que los embargos decretados

vulneran su mínimo vital y dan lugar a reportes en las centrales de

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riesgo, lo que le impide acceder a cualquier préstamo o producto

financiero.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que se encuentra demostrada

la triple identidad entre la solicitud de amparo de la referencia y la

acción de tutela identificada con el número único de radicación 2017-

02552-01.

Ahora, la Sala pasará a definir si se está en presencia del fenómeno

de cosa juzgada y/o ante una actuación temeraria.

Precisado lo anterior, la Sala advierte la existencia de la cosa

juzgada, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional mediante

auto de 31 de mayo de 2018, decidió no seleccionar para revisión el

expediente 2017-02552-0115, razón por la que será declarada,

como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente

providencia.

Ahora bien, en relación con la actuación temeraria, la Sala al analizar

en su conjunto la intervención del señor JOSÉ ANTONIO LEMA

GONZÁLEZ, encuentra que aun cuando este presentó como

15
Radicado interno T6749643.

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justificación para una nueva solicitud de amparo “diferentes hechos”,

no se evidencia de que forma estos habilitan la presentación de otra

acción de tutela, pues su inconformidad radica en el hecho, según el

cual, la parte demandada ordenó librar mandamiento de pago e

integrar el contradictorio para que cobijara a los herederos del señor

JOSÉ ANTONIO LEMA VILLEGAS (q.e.p.d.), así como también en

el decreto de las medidas embargo, argumentos que guardan

identidad con los expuestos en la solicitud de amparo identificada con

el número único de radicación 2017-02552-01, lo que demuestra

que no está debidamente justificado el ejercicio de un segundo

mecanismo de amparo por los mismos hechos y pretensiones.

En efecto, los presuntos hechos nuevos traídos a colación que

pretende el actor sean tenidos en cuenta para la presentación de la

solicitud de amparo de la referencia, en nada modifican las

actuaciones que pretende controvertir, pues se insiste, sus

inconformidades tienen origen en lo resuelto en las providencias

cuestionadas, de tal forma que lo expuesto no tiene la virtualidad de

revivir una discusión que ya se surtió en la acción de tutela

identificada con el número único de radicación 2017-02552-01.

Además, que el fallecimiento de su hermano JUAN CARLOS LEMA

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GONZÁLEZ (q.e.p.d.), si bien lo considera e incide en el proceso

ejecutivo cuestionado, debe ponerlo allí en conocimiento.

Siendo ello así, a juicio de la Sala, la actuación del señor JOSÉ

ANTONIO LEMA GONZÁLEZ resulta temeraria, si se tiene en

cuenta que no se configura ninguna de las circunstancias

excepcionales a que hace referencia la Corte Constitucional en la

sentencia analizada en precedencia para enervar la actuación

temeraria ante el ejercicio simultáneo o sucesivo de una acción de

tutela.

En cuanto a la procedencia de la sanción, la Sala la considera

innecesaria dado que no se evidencia un comportamiento desleal o

de mala fe por parte del actor, máxime cuando fue aquel quien puso

en conocimiento la existencia de una acción de tutela promovida con

anterioridad a la presente, por lo que aun cuando se configuran los

elementos para calificar esta segunda solicitud de amparo como

temeraria, ello no necesariamente conduce a la imposición de una

sanción.

Así las cosas, en atención a que el actor ya había presentado una

acción de tutela que tiene identidad de partes, hechos y pretensiones

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respecto de la acción de la referencia, la Sala considera que en el

presente caso se configuró la temeridad, por lo que en atención al

artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 199116, la solicitud de amparo

de la referencia será rechazada, como en efecto se dispondrá en la

parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR la cosa juzgada constitucional, por las

razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: RECHAZAR por temeridad el amparo solicitado por el

actor, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

providencia.

16
Decreto Ley 2591 de 1991. “ARTICULO 38.-Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante
varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.”
(Negrillas fuera del texto).

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TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de marzo de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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