República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00698-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
11 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., once (11) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00698-01 (4219)
Accionante: José Antonio Lema González
Accionados: Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y Juzgado Sesenta Administrativo de Bogotá
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: proceso ejecutivo. Subtema
2: cosa juzgada. Subtema 3: inmediatez.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por el señor José Antonio Lema González contra la
sentencia del 5 de marzo de 2026, proferida por la Sección Primera de esta
corporación.
1. Síntesis del caso
El señor José Antonio Lema González presentó acción de tutela con la pretensión
de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, al
mínimo vital y al buen nombre, que consideró vulnerados por el Juzgado Sesenta
Administrativo de Bogotá y la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, con ocasión de algunos autos proferidos en el
proceso ejecutivo con radicado núm. 25000-23-15-000-2000-00085-01.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las
partes al trámite constitucional, la Sala considera relevantes los siguientes hechos:
1 Samai, exp, 11001-03-15-000-2026-00698-00, índice 2, certificado C32EBD9678478E3F
75EFDA3B514A4FE0 F4B799F61EF294B4 401B313C8D6959C5 e índice 8.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00698-01 (4219)
Accionante: José Antonio Lema González
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
2. El señor José Antonio Lema Villegas, padre del accionante, suscribió un
contrato de prestación de servicios profesionales con el Distrito2 de Bogotá en 1997,
el cual fue terminado de forma unilateral por la entidad territorial en 1999.
3. Asimismo, el distrito inició acción contractual contra el señor Lema Villegas por
el incumplimiento de sus obligaciones como contratista, la cual correspondió al
Juzgado Veinte Administrativo en Descongestión de Bogotá3 con el radicado núm.
25000-23-26-000-2000-00085-00. Dicha autoridad profirió sentencia el 31 de agosto
de 2012, en la que negó las pretensiones de la demanda.
4. Apelada la anterior decisión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 1
de agosto de 2013, la revocó y declaró el incumplimiento del contratista, por lo que
condenó a la masa sucesoral del señor Lema Villegas al pago de 29.444.137 pesos.
5. El distrito inició proceso ejecutivo. El Juzgado Veinte Administrativo en
Descongestión de Bogotá libró orden de pago contra la masa sucesoral del señor
Lema Villegas, el 31 de octubre de 2014. Además, mediante auto del 7 de julio de
2015, ordenó el embargo de las cuentas bancarias del accionante y de la señora
Aura González de Lema, madre del accionante.
6. El Juzgado Sesenta Administrativo de Bogotá, quien continuó con el
conocimiento del referido proceso ejecutivo, a través de auto del 28 de julio de 2016,
declaró la nulidad de lo actuado desde la providencia del 31 de octubre de 2014,
incluso, y ordenó el levantamiento de las medidas cautelares.
7. Apelada la anterior decisión, la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en auto del 12 de diciembre de 2016,
modificó la decisión recurrida en el sentido de declarar la nulidad de lo actuado con
posterioridad al auto del 31 de octubre de 2014, revocar los numerales que
ordenaron levantar las medidas cautelares y ordenar la corrección del auto del
mandamiento de pago con el fin de vincular a los herederos del señor Lema Villegas.
8. El Juzgado Sesenta Administrativo de Bogotá, mediante auto del 16 de agosto
de 2018, en cumplimiento de lo resuelto por el superior, corrigió el auto del 31 de
octubre de 2014 en el sentido de librar mandamiento de pago contra los señores
José Antonio y Juan Carlos Lema González4 y los herederos indeterminados de la
señora Aura González de Lema.
9. Por otra parte, el señor José Antonio Lema Villegas inició proceso de
controversias contractuales para obtener el pago de sus honorarios, identificado con
radicado núm. 25000-23-26-000-2000-00235-00. Sin embargo, el demandante
falleció en el 2000, sin que se hubiere proferido sentencia.
10. Adelantado el proceso, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en fallo de segunda instancia del 11 de septiembre de 2019, negó las
pretensiones de la demanda iniciada por el señor Lema Villegas.
2 En adelante, Distrito
3 Hoy Juzgado Sesenta Administrativo de Bogotá.
4 Hermano del accionante.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00698-01 (4219)
Accionante: José Antonio Lema González
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
11. El señor Juan Carlos Lema González contra quien se libró la orden de pago,
falleció el 14 de abril de 2025.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
12. La parte actora solicitó en el escrito de tutela el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, al mínimo vital y al buen nombre.
En consecuencia, pidió lo siguiente:
2. Declarar que se debe retrotraer el proceso, desde el momento en que debió ser
suspendido para, conforme lo establece el procedimiento, cuando existe una
sustitución procesal, revisando inclusive de requerirse, el proceso que se adelantó
como medio de control acción contractual, que es la génesis del ejecutivo que me
mantiene en la situación que clama por tutela de mis derechos.
3. Ordenar el levantamiento de las medidas cautelares de embargo sobre las cuentas
bancarias del accionante.
4. Notificar a las entidades financieras y centrales de riesgo para corregir la
calificación crediticia del accionante.
5. Conminar al Juez 60 Administrativo de Bogotá y al Tribunal que ha conocido de las
segundas instancias, a dar cumplimiento a estas órdenes en un plazo de 48 horas5.
13. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante manifestó que la
condena proferida en el proceso ejecutivo se dirigió contra una masa sucesoral
inexistente, pues esta había sido liquidada en la Notaría Quinta de Bogotá mediante
la Escritura Pública núm. 2985 del 29 de octubre de 2001. En ese sentido, afirmó
que, dada la aceptación de la herencia con beneficio de inventario, se limitó la
responsabilidad de los herederos.
14. Indicó que la sentencia de segunda instancia proferida en el proceso que inició
el señor José Antonio Lema Villegas con radicado núm. 25000-23-26-000-2000-
00235-00 declaró la inexistencia de obligaciones entre las partes, por lo que la
ejecución resultaba improcedente.
15. Asimismo, expuso que en el proceso ejecutivo las notificaciones efectuadas
por estado vulneraron su derecho a la defensa, toda vez que los herederos no
habían sido vinculados. Finalmente, declaró que el embargo de sus cuentas
bancarias por más de diez años afecta su mínimo vital e historial crediticio.
16. Por último, el actor manifestó que promovió dos acciones de tutela que no
deben ser consideradas como temerarias, ya que existen nuevos hechos como la
actualización del crédito y el fallecimiento de su hermano.
5 Se transcribe incluso con errores.
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Accionante: José Antonio Lema González
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
2.3. Trámite procesal
17. La tutela correspondió a la Sección Primera del Consejo de Estado que, a
través del despacho ponente, profirió auto el 3 de febrero de 2026 en el que requirió
al tutelante y otorgó tres días para que aclarara las presuntas actuaciones
vulneradoras de sus derechos y las pretensiones en las que sustentó su solicitud de
amparo.
18. El actor presentó escrito de subsanación y el despacho sustanciador, por auto
del 16 de febrero de 20266, admitió la demanda, ordenó las notificaciones de rigor;
vinculó, como terceros con interés, al Distrito de Bogotá y al curador ad litem de los
herederos de la señora Aura González de Lema.
2.4. Intervenciones
19. El Juzgado Sesenta Administrativo de Bogotá7 rindió informe en el que afirmó
que no vulneró los derechos fundamentales del accionante. Expuso que en el
trámite de la acción ejecutiva se ha garantizado el debido proceso y la notificación
de las providencias se ha llevado a cabo con observancia de las normas procesales
y que el actor pretende revivir los términos de las actuaciones frente a las que
guardó silencio por su negligencia.
20. Adujo que el actor ha presentado dos acciones de tutela por los mismos
hechos en las cuales se ha declarado improcedente el amparo, lo que constituye
temeridad, comoquiera que alegó nuevos hechos que no modifican la situación
jurídica respecto a las anteriores solicitudes. Finalmente, señaló que la solicitud de
amparo es improcedente, dado que no existe un perjuicio irremediable que amerite
adoptar medidas de urgencia.
21. El distrito de Bogotá solicitó declarar improcedente el amparo debido a que no
se cumplen los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial. En ese sentido, afirmó que el actor pretende convertir este mecanismo en
una tercera instancia con el fin de reabrir una controversia zanjada en el proceso.
Por último, señaló el actor reproduce unos argumentos que han sido debatidos y
resueltos en otra tutela, por lo que podría considerarse que se está frente al
fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
22. Los demás vinculados guardaron silencio.
2.5. Sentencia de primera instancia
23. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 5 de marzo
de 2026, declaró la cosa juzgada constitucional y rechazó por temeridad el amparo
solicitado.
6 Samai, exp., 11001-03-15-000-2026-00698-00, índice 10.
7 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00698-00, índice 19, certificado núm. D3D4EB4AB640757C
21A818D13D1F4522 AE20526FDBBCEE8C AAC66159A3D2E4B6.
4
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Accionante: José Antonio Lema González
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
24. Explicó que el señor Lema González actuó como accionante en el expediente
de tutela identificado con el radicado núm. 2017-02552-00, en el que alegó la
vulneración de sus derechos fundamentales con ocasión de las providencias del 31
de octubre de 2014, 28 de julio y 12 de diciembre de 2016 y 22 de febrero de 2017,
proferidas por el Juzgado Sesenta Administrativo de Bogotá y la Subsección B de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
25. El referido proceso correspondió en primera instancia a la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó el amparo solicitado mediante
sentencia del 8 de noviembre de 2017. Impugnada esta providencia, la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, en fallo del 21 de marzo de 2018, la modificó y
declaró improcedente el amparo por no cumplir el requisito de inmediatez. Luego,
la Corte Constitucional, en auto del 31 de mayo de 2018, decidió no seleccionar el
asunto para revisión8.
26. En atención a lo anterior, concluyó que en el presente caso se configuró la cosa
juzgada constitucional, puesto que se acreditó la identidad de partes, hechos y
pretensiones entre la presente acción de tutela y la estudiada en el expediente con
radicado núm. 2017-02552-00. Finalmente, se abstuvo de sancionar al actor por no
evidenciar mala fe o una conducta desleal en la presentación de la solicitud de
amparo.
2.6. Impugnación
27. La parte actora presentó impugnación9 contra la sentencia de la Sección
Primera del Consejo de Estado. En su escrito, manifestó que en el presente caso
no hay temeridad, ya que existen nuevos hechos como el fallecimiento de su
hermano Juan Carlos Lema González y la aprobación de la liquidación del crédito.
Asimismo, indicó que no se analizaron las causas que originaron la vulneración de
sus derechos, esto es, que haya permanecido vinculado a un proceso ejecutivo por
más de 10 años.
28. Refirió que no es responsable de una deuda en un proceso que inició con
posterioridad a la liquidación de la herencia de su padre, pues si el distrito ostentaba
el carácter de acreedor, debía hacerse parte en la sucesión para reclamar las
obligaciones que tuviera a su favor. Expuso que los errores que se han presentado
en el proceso ejecutivo lo han llevado a instaurar nuevamente una acción de tutela.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
29. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por el señor José Antonio Lema González
8 auto sala de seleccion 31 de mayo de 2018 notificado 18 de junio de 2018.pdf.
9 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02377-00, índice 29.
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Accionante: José Antonio Lema González
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
contra el Juzgado Sesenta Administrativo de Bogotá y la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
3.2. Legitimación en la causa
30. La legitimación en la causa por activa del señor José Antonio Lema González
está acreditada porque integra la parte demandada en el proceso de ejecutivo en el
que fueron expedidas las providencias que, a su juicio, desconocieron derechos
fundamentales.
31. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado
Sesenta Administrativo de Bogotá y de la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca pues fueron las autoridades judiciales que
expidieron las providencias objeto de tutela.
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
32. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado10 y de la Corte
Constitucional ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias
judiciales procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos
generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales
se haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional11.
33. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y
que afecte un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
34. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales12 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado
núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00698-01 (4219)
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Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
35. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución13.
3.4. Problemas jurídicos
36. La Sala debe determinar si ¿en el presente caso se configuró la cosa juzgada
constitucional respecto a la acción identificada con el radicado núm. 11001-03-15-
000-2017-02552-00? En caso negativo, se deberá determinar si ¿la solicitud de
amparo supera los requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencia
judicial, en particular, el de inmediatez?
37. En el evento de que la solicitud de amparo supere todos los requisitos
generales, la Sala continuará con el estudio del caso concreto para emitir una
decisión de fondo.
3.5. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
3.5.1. Requisito de inmediatez
38. El artículo 86 de la Carta Política establece que la acción de tutela se puede
presentar en cualquier momento y lugar, pues su finalidad es la protección inmediata
de los derechos fundamentales, también es cierto que se debe ejercer dentro de un
plazo razonable, según las condiciones de tiempo, modo y lugar del caso concreto,
para asegurar la protección oportuna del derecho vulnerado. De lo contrario, la
urgencia y la necesidad de intervención del juez de tutela quedarían desvirtuadas.
39. Por otra parte, cuando la solicitud de tutela se presenta en contra de una
providencia judicial, el requisito de inmediatez se traduce en una garantía de
seguridad jurídica y de los intereses de terceros, pues la sentencia que se cuestiona
previamente ha definido un litigio y una situación jurídica en particular.
40. Al respecto, se debe precisar que la Sala Plena del Consejo de Estado14,
explicó que el término de inmediatez cobra mayor relevancia cuando el recurso de
amparo se dirige a cuestionar providencias judiciales, toda vez que se encuentran
en juego los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, pues las decisiones
judiciales no pueden mantenerse en la incertidumbre indefinidamente, por lo que
resulta necesario establecer un plazo razonable para su interposición.
41. Por lo anterior, esta corporación, como regla general, consideró que, para que
el ejercicio de la acción de tutela se efectuara en un plazo razonable, se debía
interponer la solicitud de amparo dentro de los seis (6) meses siguientes a la
notificación o ejecutoria de la providencia reprochada, toda vez que a partir de esos
13 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia de 5 de agosto de 2014, radicado
No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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Accionante: José Antonio Lema González
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momentos procesales el sujeto puede tener conocimiento de la eventual afectación
que surge de una decisión judicial.
42. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha precisado que el requisito de
inmediatez se supera cuando «[…] la demanda de tutela se hubiere presentado en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que generó la presunta
vulneración»15.
3.6. Caso concreto
43. En el caso bajo estudio, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la
cosa juzgada constitucional y rechazó el amparo solicitado por temeridad. Lo
anterior, al considerar que la acción de tutela interpuesta por el señor Lema
González guarda identidad de partes, hechos y pretensiones con la solicitud
estudiada en el trámite constitucional identificado con el radicado núm. 11001-03-
15-000-2017-02552-00.
44. En ese sentido, afirmó que en dicho trámite el señor Lema González dirigió la
solicitud de amparo contra las providencias del 31 de octubre de 2014, 28 de julio y
12 de diciembre de 2016 y 22 de febrero de 2017, dictadas por el Juzgado Sesenta
Administrativo de Bogotá y la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, respectivamente. A su vez, indicó que el
accionante controvirtió las actuaciones de las entidades accionadas con el
argumento de que debía declarar la nulidad de todo lo actuado, toda vez que el
sujeto pasivo de la obligación era el señor José Antonio Lema Villegas y no sus
herederos.
45. En cuanto a la cosa juzgada, la Corte Constitucional, en sentencia SU-150 de
2021, reiteró que se configura cuando se cumplen los siguientes requisitos:
(i) identidad de partes, para lo cual “al proceso deben concurrir [los mismos sujetos]
e intervinientes que resultaron vinculad[os] y obligad[os] por la decisión que constituye
cosa juzgada”; (ii) identidad de objeto, esto es, que “sobre lo pretendido existe un
derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una
relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos
consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente”;
(iii) identidad de causa, es decir, que tengan los mismos fundamentos o hechos como
sustento. Así, “si existen elementos distintos que caracterizan la nueva acción (…) ya
no podría hablarse de cosa juzgada constitucional, en tanto que el nuevo litigio tendría
otra identidad sustancial que aún espera ser resuelta y ser dotada de su propia
intangibilidad”.
46. Conforme a lo anterior, en esta oportunidad el accionante dirige la tutela
contra, entre otras providencias, el auto del 16 de agosto de 2018 dictado por el
Juzgado Sesenta Administrativo de Bogotá. De esa manera, se desvirtúa la
existencia de la identidad de causa frente a la solicitud de amparo del proceso con
radicado núm.11001-03-15-000-2017-02552-00, pues la decisión del 16 de agosto
15 Corte Constitucional SU-055 de 2018, criterio reiterado en sentencia T-352 de 2022.
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Accionante: José Antonio Lema González
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de 2018 es posterior, incluso, al auto proferido por la Corte Constitucional en el que
decidió no seleccionar el asunto para revisión16.
47. Así las cosas, la Sala considera que, contrario a lo que afirmó el juez de tutela
de primera instancia, en el presente caso no se encuentra configurada la cosa
juzgada constitucional, motivo por el cual se continuará con el análisis de los
requisitos generales de procedibilidad.
48. En el asunto bajo estudio, el señor José Antonio Lema González pretende que
se deje sin efectos las providencias del 31 de octubre de 2014, 28 de julio de 2016
y 16 de agosto de 2018 proferidos por el Juzgado Sesenta Administrativo de Bogotá;
y el auto del 16 de diciembre de 2016, dictado por la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso ejecutivo
identificado con radicado núm. 25000-23-26-000-2000-00085-01.
49. Pues bien, al examinar el referido expediente, se advierte que la última
providencia objeto de tutela se notificó a las partes e intervinientes el 7 de
septiembre de 202117 y quedó ejecutoriada el 14 de septiembre siguiente. No
obstante, la solicitud de amparo fue presentada por el accionante el 2 de febrero de
202618, es decir, transcurridos más de 4 años, de manera que supera el plazo
razonable para acudir ante el juez constitucional.
50. Al respecto, es pertinente precisar que, si bien la jurisprudencia ha flexibilizado
el requisito de inmediatez en materia de tutela contra providencia judicial, lo cierto
es que esta situación procede cuando existen circunstancias debidamente
acreditadas que justifican la demora para promover la solicitud de amparo de forma
oportuna.
51. Sobre el particular, la Corte Constitucional indicó que la acción de tutela será
procedente, en los siguientes eventos:
[…] i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física,
entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos
de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv)
cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a
que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela,
la situación desfavorable de la actora derivada del irrespeto por sus derechos,
continúa y es actual […]19.
52. En esta oportunidad, el accionante manifestó que su hermano falleció el 14 de
abril de 2025; sin embargo, tal circunstancia no constituye un motivo para flexibilizar
16 Auto del 31 de mayo de 2018, proferido por la Sala Cinco de Selección de Tutelas.
17 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00698-00, índice 19, 25000232600020000008500 CC - OneDrive,
documento, 07Notificación.pdf.
18 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00698-00, índice 2, certificado F5F6858493646F24
74AAF016AB463CC1 C5E27A00BC5C80CF 4528F1001BABA86C.
19 Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de 2005, T-158
de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010. Dicho criterio fue reiterado en la
sentencia T-256 de 2015.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00698-01 (4219)
Accionante: José Antonio Lema González
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
el requisito de inmediatez, por cuanto, además de que tal evento no justifica su
inactividad, ello ocurrió transcurridos más de 3 años desde la ejecutoria del auto del
16 de agosto de 2018 objeto de reparos.
53. En este orden, la Sala pone de presente que la parte actora, en los escritos de
tutela e impugnación, no acreditó la existencia de algún hecho concreto que le haya
impedido ejercer oportunamente este medio de defensa judicial, y que se convierta
en desproporcionada la exigencia del requisito de inmediatez. Por esta razón, no se
encuentra justificada la interposición tardía de la solicitud de amparo constitucional.
4. Conclusión
54. En consecuencia, la Sala encuentra que la acción de tutela promovida por el
señor José Antonio Lema González respecto de las providencias dictadas por la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y el Juzgado Sesenta Administrativo de Bogotá no cumple con el requisito de
inmediatez. Por tal motivo, se modificará la sentencia del 5 de marzo de 2026,
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas
en esta decisión.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla
Primero: Modificar la sentencia del 5 de marzo de 2026 emitida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta providencia. En
su lugar, quedará así:
Primero: Declarar improcedente la tutela interpuesta por el señor José Antonio
Lema González contra la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Sesenta Administrativo de
Bogotá.
Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00698-01 (4219)
Accionante: José Antonio Lema González
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
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