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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00709-01

Fecha
15 de mayo de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00709-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de febrero de 2026 por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A-, que declaró improcedente la acción de tutela promovida por Luz Estela Hernández Hernández contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional-CASUR, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de la Función Pública, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00709-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

15 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00709-01

Accionante: LUZ ESTELA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Autoridades: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTROS1

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA-Carácter subsidiario del amparo. TUTELA-Improcedencia cuando existe medio de defensa judicial
idóneo y eficaz. SUBSIDIARIEDAD-Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en curso para
discutir la reliquidación de la sustitución de asignación de retiro. PERJUICIO IRREMEDIABLE-Falta de
acreditación cuando la accionante percibe una prestación pensional y la controversia se limita a su reliquidación.
RELIQUIDACIÓN DE ASIGNACIÓN DE RETIRO-Controversia de naturaleza económica y prestacional que debe
ser resuelta por el juez contencioso administrativo.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia
proferida el 26 de febrero de 2026, por el Consejo de Estado-Sección Segunda-
Subsección A, que declaró improcedente la acción de tutela.

ANTECEDENTES

1. Acción de tutela

El 3 de febrero de 2026, la señora Luz Estela Hernández Hernández, por conducto
de apoderado judicial, promovió acción de tutela como mecanismo transitorio para
obtener la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, vida digna,
mínimo vital móvil, seguridad social, confianza legítima y de acceso a la
administración de justicia, que estimó vulnerados por las autoridades accionadas.
Sostuvo que, como cónyuge supérstite de un coronel retirado de la Policía Nacional

1 Accionados: la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional-CASUR, el Ministerio de Defensa Nacional, el

Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

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Accionante: Luz Estela Hernández Hernández
Acción de tutela – Segunda instancia

y persona mayor de 75 años, tenía derecho a la reliquidación provisional de la
asignación de retiro con base en la paridad salarial prevista en la Ley 42 de 1980,
presuntamente aplicada al Presidente de la República, pero desconocida frente a los
ministros del despacho y los oficiales en grado de coronel.

En virtud del amparo, la parte actora solicitó textualmente:

«PRIMERA: TUTELAR como MECANISMO TRANSITORIO los derechos
fundamentales a la IGUALDAD, VIDA DIGNA, SEGURIDAD SOCIAL y
CONFIANZA LEGÍTIMA de LUZ ESTELA HERNANDEZ HERNANDEZ.

SEGUNDA: ORDENAR a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
“CASUR”, que en el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación del fallo, proceda a RELIQUIDAR PROVISIONALMENTE la
asignación de retiro del accionante.

• La reliquidación deberá efectuarse aplicando la misma fórmula jurídica
que el Gobierno Nacional utiliza para el Presidente de la República (Decreto
610 de 2025), esto es, reconociendo la Asignación Básica y los gastos de
representación igual a la de los Miembros del Congreso, en virtud del
derecho a la igualdad y la vigencia material de la Ley 42 de 1980, certificada
por el DAPRE.

TERCERA: ORDENAR al Ministerio de Hacienda y Crédito Público disponer los
recursos necesarios para el cumplimiento inmediato de esta orden, advirtiendo que
la “sostenibilidad fiscal” no es excusa para vulnerar derechos fundamentales de
sujetos de especial protección ante una discriminación probada.

CUARTA (VIGENCIA): Que esta medida se mantenga vigente hasta que la
Jurisdicción Contencioso Administrativa profiera sentencia definitiva en el proceso de
nulidad radicado».

2. Hechos relevantes

La señora Luz Estela Hernández Hernández indicó que ostentaba la calidad de
cónyuge supérstite del coronel retirado de la Policía Nacional Jesús María Jáuregui
Cárdenas. Señaló que el régimen salarial y prestacional aplicable estaba ligado, por
mandato de la Ley 42 de 1980 y la Ley 4ª de 1992, al principio de paridad con los
altos dignatarios del Estado, en especial con los ministros del despacho y los
congresistas de la República.

En relación con su situación personal, precisó que tiene más de 75 años y que, por
esa razón, pertenecía al grupo de la tercera edad. A partir de esa circunstancia,
afirmó que era sujeto de especial protección constitucional y que los términos

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-00709-01
Accionante: Luz Estela Hernández Hernández
Acción de tutela – Segunda instancia

judiciales ordinarios resultaban desproporcionados e ineficaces para obtener la
protección de sus derechos en vida.

Respecto del origen de la controversia, manifestó que el Gobierno Nacional incurrió
en una vulneración del derecho a la igualdad por la aplicación selectiva de la Ley 42
de 1980. Sostuvo que, para la vigencia fiscal 2025, el Ejecutivo expidió decretos
salariales que, en su criterio, crearon una dualidad injustificada sobre la misma
norma matriz y dieron lugar a un sistema de desvinculación salarial discriminatorio.

A partir de los decretos salariales expedidos para el año 2025, precisó que el Decreto
610 de 2025 reconoció al Presidente de la República una asignación básica igual a
la devengada por los miembros del Congreso, con aplicación de la Ley 42 de 1980.
En contraste, afirmó que el Decreto 611 de 2025 fijó la remuneración de los ministros
del despacho sin esa fórmula de paridad y que el Decreto 615 de 2025 estableció
para la parte actora una asignación mensual igual a la de los ministros del despacho,
lo cual, según la demanda, desconoció la Ley 42 de 1980 y rompió la paridad
reclamada.

Sobre la afectación alegada, adujo que la vulneración tenía efectos patrimoniales
concretos, pues al Presidente de la República se le permitió que su salario crecier a
al mismo ritmo que el de los congresistas, mientras que a la parte actora se le
desconectó de ese crecimiento y se le aplicaron incrementos inferiores. Agregó que
los estudios técnicos preliminares aportados a la demanda ordinaria evidenciaban
que, al romperse la paridad con los miembros del Congreso de la República, se había
dejado de percibir un porcentaje significativo de los ingresos mensuales.

Para discutir la legalidad de fondo de los decretos cuestionados, promovió demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, la cual fue radicada bajo el número 11001-0325-000-2026-00049-00.
No obstante, afirmó que dicho mecanismo judicial no resultaba eficaz en el caso
concreto, porque su duración promedio podía oscilar entre 5 y 8 años. Con el fin de
corroborar la vigencia de la norma que, a su juicio, sustentaba el derecho reclamado,
indicó que elevó derecho de petición ante el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República-DAPRE. Señaló que, mediante Oficio No. OFI26-
00012341/GFPU del 27 de enero de 2026, esa entidad certificó que el artículo 4º de

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Accionante: Luz Estela Hernández Hernández
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la Ley 42 de 1980 se mantenía vigente en los decretos salariales expedidos año a
año y que el último de ellos correspondía al Decreto 610 del 3 de junio de 2025.

A juicio de la accionante, la respuesta del DAPRE demostraba que la Ley 42 de 1980
permanecía vigente y era aplicada por el Ejecutivo para fijar la remuneración del
Presidente de la República, pero era negada frente a los ministros y, por conexidad,
frente al coronel retirado Jesús María Jáuregui Cárdenas. En su criterio, esa
situación rompió la unidad normativa y desconoció el principio de igualdad.

Por último, afirmó que, pese a haber acudido al juez natural, la duración del proceso
ordinario generaba un riesgo inminente de que no alcanzara a obtener el
restablecimiento de su derecho. Por ello, solicitó la intervención del juez
constitucional como mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio irremediable
derivado de su avanzada edad, de la presunta afectación continua de sus ingresos
y de la alegada vulneración de su dignidad humana.

3. Fundamentos de la acción

Los argumentos de la accionante se centraron en la procedencia excepcional de la
tutela como mecanismo transitorio. La parte actora sostuvo que, aunque ya había
promovido demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para discutir la
legalidad de los decretos salariales cuestionados, ese mecanismo no resultaba
eficaz para evitar un perjuicio irremediable, debido a la edad de la señora Luz Estela
Hernández Hernández, quien supera los 75 años, y al tiempo que podía tardar el
proceso ordinario. En ese sentido, afirmó que someterla a una espera de varios años
equivalía a privarla de una protección judicial material y oportuna.

También alegó la vulneración del derecho a la igualdad. Para ello, sostuvo que el
Gobierno Nacional aplicó de manera selectiva la Ley 42 de 1980, pues mantuvo la
paridad salarial del Presidente de la República con los miembros del Congreso, pero
desconoció esa misma fórmula frente a los ministros del despacho y, por conexidad,
frente a la asignación de retiro derivada del grado de coronel. Según la demanda,
esa diferencia carecía de justificación constitucional y produjo una ruptura
discriminatoria del régimen de paridad.

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Accionante: Luz Estela Hernández Hernández
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La parte actora invocó, además, la confianza legítima y la prohibición de ir contra los
actos propios. Señaló que el Estado no podía afirmar la vigencia de la Ley 42 de
1980 para fijar la remuneración del Presidente de la República y, al mismo tiempo,
negar su aplicación frente al régimen que servía de referencia para la asignación de
retiro reclamada. A juicio de la demandante, esa conducta evidenció una actuación
contradictoria de la administración y desconoció el principio de buena fe.

Como fundamento adicional, sostuvo que existía una ilegalidad manifiesta, derivada
de la respuesta emitida por el DAPRE mediante Oficio No. OFI26-00012341/GFPU
del 27 de enero de 2026. Según la parte actora, esa certificación acreditó que el
artículo 4º de la Ley 42 de 1980 se mantenía vigente en los decretos salariales
expedidos año a año, por lo cual no se requería un debate probatorio complejo para
advertir la presunta arbitrariedad de las entidades accionadas.

Finalmente, la demanda afirmó que la situación cuestionada afectó el mínimo vital
cualitativo, la dignidad humana y el proyecto de vida de la accionante. En criterio de
la parte actora, el perjuicio irremediable no se redujo a una afectación económica ni
exigía acreditar indigencia, pues también comprendía el daño moral y dignatario
derivado de la presunta discriminación y de la disminución del estándar de vida
asociado a la asignación de retiro. Para sustentar esa postura, citó jurisprudencia
constitucional sobre mínimo vital cualitativo y la sentencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en el caso Cinco Pensionistas vs. Perú.

4. Trámite de primera instancia

El 5 de febrero de 2026, el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A
admitió la acción de tutela contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional-
CASUR, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y el Departamento Administrativo de la Función Pública. En la misma
providencia, no vinculó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República-DAPRE, al considerar que no se advertía el interés que dicha entidad
podía tener en el trámite constitucional. Además, ordenó notificar a las autoridades
accionadas, con remisión de copia de la solicitud de tutela y sus anexos, para que
ejercieran su derecho de defensa dentro de los dos (2) días siguientes a la

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Accionante: Luz Estela Hernández Hernández
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notificación, y reconoció personería al abogado Juan Carlos Arciniegas Rojas como
apoderado de la parte demandante.

En los escritos de contestación, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional-CASUR 2 solicitó denegar el amparo y remitir el expediente al Juzgado
Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá, al considerar que la acción
hacía parte de un grupo de tutelas masivas con identidad de hechos, pretensiones y
apoderado judicial. Además, sostuvo que la tutela era improcedente por falta de
subsidiariedad, porque la parte actora ya había promovido el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho bajo el radicado 11001-0325-000-2026-
00049-00, en el cual debía discutirse la legalidad de los decretos cuestionados.
Finalmente, afirmó que no se acreditó un perjuicio irremediable, pues la accionante
percibía la sustitución de la asignación de retiro y el desacuerdo sobre el monto
liquidado no configuraba, por sí solo, una afectación al mínimo vital. También indicó
que el concepto del DAPRE se refería al régimen del Presidente de la República y
no resultaba vinculante para el régimen especial y exceptuado de la Fuerza Pública
administrado por CASUR.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 3 solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela respecto de esa entidad y, en consecuencia, se
ordenara su desvinculación del trámite, por falta de legitimación en la causa por
pasiva e inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales alegados.
Sostuvo que no era la entidad competente para reliquidar la asignación de retiro
reclamada por la accionante, pues esa función correspondía a la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional-CASUR. Además, indicó que no tenía vínculo laboral y
que su intervención se limitaba a la asignación global de recursos dentro del
Presupuesto General de la Nación, sin que le correspondiera administrar ni ejecutar
el presupuesto asignado a CASUR.

La entidad explicó que CASUR era un establecimiento público del orden nacional,
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente,
adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, razón por la cual el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público no podía intervenir en el ejercicio de sus funciones ni

2 SAMAI, índice 15.
3 SAMAI, índice 9, 11 y 13.

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Accionante: Luz Estela Hernández Hernández
Acción de tutela – Segunda instancia

asumir obligaciones que legalmente estaban en cabeza de dicha entidad. Agregó
que, en virtud del principio de legalidad, las autoridades solo podían ejercer las
competencias expresamente atribuidas por la Constitución y la ley, de manera que
no era viable impartirle órdenes relacionadas con la reliquidación o pago de
asignaciones de retiro.

La Dirección General de Presupuesto Público Nacional precisó 4 que CASUR
contaba, para la vigencia 2026, con una apropiación vigente en el rubro de
asignaciones de retiro por valor de $6.514.522.000.000, destinada a atender esas
obligaciones misionales. También informó que existía una provisión por
$794.118.000.000 para cubrir eventuales faltantes derivados de incrementos
salariales y crecimientos poblacionales durante la vigencia. Con fundamento en ello,
sostuvo que CASUR tenía recursos aprobados y provisiones propias para atender el
pago de asignaciones de retiro y que, ante una eventual insuficiencia, correspondía
a esa entidad adelantar las gestiones presupuestales respectivas.

Finalmente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público reiteró que no administraba
las nóminas de CASUR ni tenía competencia para reconocer, liquidar, reliquidar o
pagar derechos prestacionales o pensionales individualizados de los miembros de la
Fuerza Pública o de sus beneficiarios. Por ello, insistió en que cualquier orden de
pago o reliquidación debía dirigirse a CASUR, como entidad encargada de reconocer
y pagar las asignaciones de retiro dentro del marco de su autonomía presupuestal y
financiera.

El Departamento Administrativo de la Función Pública 5 solicitó declarar
improcedente la acción de tutela y negar las pretensiones, al considerar que no
incurrió en acción u omisión vulneradora de derechos fundamentales. De manera
preliminar, pidió remitir el expediente al Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá-Sección Segunda, por tratarse, según indicó, de una
tutela masiva promovida por el mismo apoderado, con identidad de sujeto pasivo,
causa y objeto frente a otros procesos relacionados con los Decretos 610, 611 y 615
de 2025.

4 SAMAI, índices 9, 10, 11 y 13.
5 SAMAI, índice 12.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-00709-01
Accionante: Luz Estela Hernández Hernández
Acción de tutela – Segunda instancia

En cuanto al fondo, señaló que la tutela era improcedente porque la parte actora ya
contaba con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para
discutir los actos administrativos generales cuestionados. Además, afirmó que no se
acreditó un perjuicio irremediable, pues la edad de la accionante no bastaba por sí
sola para desplazar los mecanismos ordinarios, más aún cuando la pretensión tenía
contenido económico y no se demostró afectación cierta al mínimo vital.

Frente a la presunta vulneración del derecho a la igualdad, sostuvo que no existía
contradicción normativa entre los Decretos 610, 611 y 615 de 2025, porque cada uno
regulaba situaciones distintas. Explicó que el régimen salarial y prestacional de la
Fuerza Pública era especial y diferenciado, y que no existía identidad entre los
miembros de la Fuerza Pública, el Presidente de la República y los congresistas. Por
ello, afirmó que las fórmulas salariales distintas respondían a criterios objetivos,
razonables y funcionales, sin que ello configurara discriminación.

Por su parte, el apoderado judicial de Luz Estela Hernández Hernández 6 se
pronunció sobre las contestaciones de las entidades accionadas y se opuso a la
solicitud de acumulación formulada por CASUR y el Departamento Administrativo de
la Función Pública. Sostuvo que el Consejo de Estado avocó conocimiento del
asunto el 5 de febrero de 2026, mientras que el Juzgado Cincuenta y Cinco
Administrativo del Circuito de Bogotá lo hizo el 9 de febrero de 2026, por lo cual, en
su criterio, la competencia debía permanecer en esta corporación. Frente a la
subsidiariedad, afirmó que la existencia del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho no hacía improcedente la tutela, porque la accionante
era una persona mayor de 75 años y el trámite ordinario podía tardar entre 5 y 8
años. Por ello, insistió en que la acción se promovió como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.

También controvirtió el argumento sobre la inexistencia de afectación al mínimo vital.
Señaló que la discusión no se limitaba a un reclamo económico, sino que
comprometía el mínimo vital cualitativo, la vida digna, la igualdad y la seguridad
social, debido a la presunta pérdida de poder adquisitivo de la asignación de retiro
frente a los incrementos reconocidos a altos dignatarios del Estado. En cuanto al

6 SAMAI, índice 17.

9
Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-00709-01
Accionante: Luz Estela Hernández Hernández
Acción de tutela – Segunda instancia

fondo, reiteró que el DAPRE certificó la vigencia del artículo 4º de la Ley 42 de 1980
en los decretos salariales anuales, incluido el Decreto 610 de 2025. A partir de ello,
sostuvo que la aplicación de esa norma para fijar la remuneración del Presidente de
la República, pero no para la asignación reclamada por la accionante, configuraba
una aplicación selectiva de la ley y una vulneración del derecho a la igualdad.

Finalmente, se opuso a la desvinculación del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público. Indicó que, aunque CASUR era el pagador directo, la reliquidación
pretendida podía exigir recursos adicionales y, por esa razón, el Ministerio debía
permanecer vinculado para garantizar la eficacia de una eventual orden judicial.

El Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá-
Sección Segunda 7, mediante auto del 18 de febrero de 2026, estudió varias
acciones de tutela promovidas por distintos accionantes, por conducto del mismo
apoderado, contra CASUR, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de la Función Pública,
con vinculación del DAPRE en algunos casos. El despacho advirtió que dichas
acciones tenían identidad de hechos, problema jurídico y sujetos pasivos, razón por
la cual resultaban aplicables las reglas sobre tutelas masivas previstas en el Decreto
1834 de 2015. El juzgado precisó que el Consejo de Estado-Sección Segunda-
Subsección A había admitido, desde el 5 de febrero de 2026, la acción de tutela con
radicado 11001-03-15-000-2026-00709-00, mientras que ese despacho había
admitido una de las tutelas el 9 de febrero de 2026. Por esa razón, consideró que la
autoridad que avocó conocimiento en primer lugar fue el Consejo de Estado y, en
consecuencia, repuso el auto del 17 de febrero de 2026 8.

En la parte resolutiva, ordenó remitir de manera inmediata al Consejo de Estado-
Sección Segunda-Subsección A, con ponencia del consejero Jorge Iván Duque
Gutiérrez, los expedientes de tutela de Clara Luz Medina de Barrera, Ana Cielo
Moncayo de Fajardo, Carlos Alberto Pulido Barrantes y Humberto Camero
Maldonado, para que fueran acumulados al expediente 11001-03-15-000-2026-

7 SAMAI, índice 18.
8 Mediante el cual el Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá-Sección Segunda

avocó conocimiento de las acciones de tutela núm. 11001-33-35-007-2026-00055-00 presentada por la señora
Ana Cielo Moncayo de Fajardo y núm. 11001-33-37-039-2026-00055-00, presentada por el señor Carlos Alberto
Pulido Barrantes.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-00709-01
Accionante: Luz Estela Hernández Hernández
Acción de tutela – Segunda instancia

00709-00. También dispuso comunicar la decisión a las partes y dejó sin efecto el
numeral cuarto del auto del 17 de febrero de 2026, relacionado con gestiones de
compensación ante la Oficina de Apoyo para los Juzgados Administrativos del
Circuito Judicial de Bogotá.

El Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A 9, mediante auto del 23 de
febrero de 2026, resolvió no acumular al expediente de Luz Estela Hernández
Hernández las acciones de tutela remitidas por el Juzgado Cincuenta y Cinco
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá-Sección Segunda, promovidas por
Clara Luz Medina de Barrera, Ana Cielo Moncayo de Fajardo, Carlos Alberto Pulido
Barrantes y Humberto Camero Maldonado. La decisión se adoptó después de
examinar si tales procesos cumplían los presupuestos de acumulación previstos para
las tutelas masivas en el Decreto 1834 de 2015.

El despacho precisó que la acción de tutela de Luz Estela Hernández Hernández
tenía por objeto que, como mecanismo transitorio, se ordenara a CASUR reliquidar
provisionalmente la asignación de retiro, con reconocimiento de la asignación básica
y los gastos de representación iguales a los de los miembros del Congreso, con
fundamento en el derecho a la igualdad y en la vigencia de la Ley 42 de 1980
certificada por el DAPRE. Como argumento central, el Consejo de Estado señaló que
las acciones remitidas no correspondían a tutelas masivas, pues no se trataba de
una misma acción u omisión común frente a todos los accionantes. Por el contrario,
advirtió que en cada proceso se invocaban derechos individuales de carácter salarial
y que, en cada caso, existía un acto administrativo particular y concreto que negó el
derecho reclamado. Además, indicó que esos actos habían sido demandados en
nulidad y restablecimiento del derecho, con el propósito de obtener la reliquidación
de la asignación de retiro de cada tutelante.

A partir de lo anterior, concluyó que no se cumplían los presupuestos del Decreto
1834 de 2015 para acumular los expedientes, porque la controversia no correspondía
a una tutela masiva sino a reclamaciones individuales, aunque similares en su
temática. Por esa razón, dispuso no acumular las acciones de tutela remitidas al
radicado 11001-03-15-000-2026-00709-00 y ordenó devolver los procesos al

9 SAMAI, índice 20.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-00709-01
Accionante: Luz Estela Hernández Hernández
Acción de tutela – Segunda instancia

Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá-Sección
Segunda.

Mediante sentencia del 26 de febrero de 2026, el Consejo de Estado-Sección
Segunda-Subsección A declaró improcedente la acción de tutela, por no superar el
requisito de subsidiariedad. La Sala señaló que la accionante ya había promovido
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto ficto o presunto
que negó la reliquidación de la sustitución de la asignación de retiro, de modo que
contaba con un mecanismo judicial ordinario idóneo para discutir la legalidad del acto
y solicitar las medidas cautelares previstas en el CPACA. La corporación precisó que
la acción se presentó como mecanismo transitorio bajo el argumento de que la
accionante tenía 75 años y que el proceso ordinario podía tardar entre 5 y 8 años.
Sin embargo, consideró que la edad, por sí sola, no permitía flexibilizar el análisis de
subsidiariedad ni demostraba la existencia de un perjuicio irremediable, más aún
cuando la controversia no versaba sobre el reconocimiento inicial de una prestación,
sino sobre su reliquidación, y la accionante ya percibía una sustitución de asignación
de retiro.

Finalmente, la Sala sostuvo que determinar si le asistía o no el derecho a la
reliquidación reclamada exigía un estudio propio del juez contencioso administrativo,
incompatible con el trámite breve y sumario de la tutela. Además, indicó que la
presentación simultánea de la demanda ordinaria y de la acción constitucional
evidenciaba que el amparo se usó como mecanismo alternativo y no subsidiario,
razón por la cual declaró improcedente la solicitud de protección.

El consejero Juan Camilo Morales Trujillo aclaró el voto 10 frente a la sentencia del
26 de febrero de 2026. Señaló que compartía la decisión de declarar improcedente
la acción de tutela, pero consideró que la providencia debió precisar que, conforme
a las reglas de reparto previstas en el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, el conocimiento del asunto
correspondía, en principio, a los jueces de circuito. No obstante, indicó que la
Subsección A avocó conocimiento para evitar dilaciones en el trámite y garantizar
los principios de celeridad y economía.

10 SAMAI, índice 32.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-00709-01
Accionante: Luz Estela Hernández Hernández
Acción de tutela – Segunda instancia

La parte accionante impugnó la decisión. Sostuvo que la decisión desconoció la
naturaleza del amparo como mecanismo transitorio, pues la existencia de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho no excluía la procedencia de la
tutela, sino que demostraba que la accionante acudió al juez natural y solicitó una
protección provisional mientras se decidía el proceso ordinario. Afirmó que dicho
medio de control no resultaba eficaz en el caso concreto, debido a que la accionante
tenía 75 años y a que la duración del trámite contencioso administrativo podía
extenderse durante varios años. En su criterio, exigirle esperar la culminación del
proceso ordinario equivalía a una denegación material de justicia y configuraba un
perjuicio irremediable, dada su condición de sujeto de especial protección
constitucional.

Además, alegó que la sentencia incurrió en defecto fáctico, porque omitió valorar el
Oficio OFI26-00012341 del DAPRE, el cual, según la impugnación, acreditaba la
vigencia de la Ley 42 de 1980 y la aplicación desigual de la paridad salarial. Por ello,
solicitó revocar la sentencia de primera instancia, conceder el amparo como
mecanismo transitorio y ordenar la reliquidación temporal de la asignación
reclamada, hasta que se profiriera decisión de fondo dentro del proceso ordinario.

El 16 de marzo de 2026, se concedió la impugnación.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia del 26 de febrero de 2026, proferida por el Consejo de Estado-Sección
Segunda-Subsección A, que declaró improcedente la acción de tutela por no superar
el requisito de subsidiariedad.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-00709-01
Accionante: Luz Estela Hernández Hernández
Acción de tutela – Segunda instancia

Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de
primera instancia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591
de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de la
Corporación.

Subsidiariedad

El inciso tercero del artículo 86 de la Constitución y el artículo 6.1 del Decreto 2591
de 1991 prevén que la acción de tutela no procede cuando existan otros recursos o
medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. La jurisprudencia constitucional ha precisado que
esta regla tiene dos excepciones: i) el empleo de la acción de tutela como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o ii) cuando los medios de defensa
no sean idóneos ni eficaces para superar la amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales invocados 11.

Caso concreto

En el presente asunto, Luz Estela Hernández Hernández, acudió a la acción de tutela
contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional-CASUR, el Ministerio de
Defensa Nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento
Administrativo de la Función Pública, con el propósito de obtener, como mecanismo
transitorio, la reliquidación provisional de la sustitución de asignación de retiro que
percibe en calidad de cónyuge supérstite del coronel retirado Jesús María Jáuregui
Cárdenas. La parte actora sostuvo que dicha prestación debía liquidarse con base
en la fórmula salarial prevista para el Presidente de la República en el Decreto 610
de 2025, con fundamento en la Ley 42 de 1980 y en la paridad que, a su juicio, debía
existir frente a los miembros del Congreso de la República.

El juez constitucional de primera instancia declaró improcedente la acción de tutela,
por no superar el requisito de subsidiariedad. Para ello, señaló que la accionante ya
había promovido demanda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra el acto ficto o presunto que negó la reliquidación de la sustitución

11 Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021, C.P. Cristina Pardo Schlesinger.

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de la asignación de retiro. Además, precisó que ese medio de control constituía el
escenario idóneo para discutir la legalidad de la decisión administrativa, el alcance
de las normas salariales invocadas y la procedencia de las medidas cautelares
previstas en el CPACA.

La parte actora impugnó esa decisión. Afirmó que la sentencia desconoció la
procedencia de la tutela como mecanismo transitorio, pues la existencia del proceso
ordinario no excluía el amparo, sino que demostraba que acudió al juez natural y que
solicitó una protección provisional mientras se resolvía el asunto de fondo. También
sostuvo que el medio de control no era eficaz en el caso concreto, debido a que la
accionante tenía 75 años y a que el proceso contencioso administrativo podía
extenderse durante varios años. Finalmente, alegó que no se valoró debidamente el
oficio expedido por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República-DAPRE, que, según su criterio, acreditaba la vigencia de la Ley 42 de
1980 y la aplicación desigual de la paridad salarial.

Definido ese marco, la Sala advierte que el debate planteado por la parte actora
corresponde a una controversia de legalidad administrativa y de contenido
prestacional que ya fue sometida al conocimiento del juez natural de lo contencioso
administrativo. En efecto, la pretensión de reliquidación exige establecer el alcance
de la Ley 42 de 1980, de la Ley 4ª de 1992, de los Decretos 610, 611 y 615 de 2025,
del régimen especial de la Fuerza Pública y del acto particular que negó el reajuste
reclamado. Ese análisis requiere un estudio normativo, probatorio y técnico que
excede el carácter breve y sumario de la acción de tutela.

La existencia de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho no puede
valorarse, por sí sola, como una circunstancia que excluya de manera automática la
procedencia de la tutela como mecanismo transitorio. Sin embargo, esa afirmación
tampoco implica que el amparo constitucional pueda emplearse como una vía
paralela para obtener anticipadamente lo que debe resolverse en el proceso
ordinario. La procedencia excepcional de la tutela, aun ante la existencia de otro
medio judicial, exige acreditar de forma concreta la configuración de un perjuicio
irremediable, así como la falta de idoneidad o eficacia del mecanismo ordinario en
las circunstancias particulares del caso.

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Accionante: Luz Estela Hernández Hernández
Acción de tutela – Segunda instancia

En este asunto, la accionante ya cuenta con un proceso judicial en curso ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en el cual puede controvertir la
legalidad del acto ficto o presunto que negó la reliquidación reclamada. Dentro de
ese trámite, además, dispone de las medidas cautelares previstas en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA-, incluida
la posibilidad de solicitar la suspensión provisional de los efectos del acto
cuestionado o las medidas que estime necesarias para proteger el objeto del
proceso. Por tanto, el ordenamiento jurídico le ofrece un medio judicial idóneo para
formular sus argumentos, aportar las pruebas que considere pertinentes y obtener
una decisión de fondo sobre la controversia prestacional planteada.

La Sala no desconoce que la parte actora invocó la tutela como mecanismo
transitorio. No obstante, para que esa vía excepcional proceda no basta con afirmar
que el proceso ordinario puede tardar varios años. Era necesario demostrar que la
espera de la decisión del juez natural generaba un daño inminente, grave, urgente e
impostergable sobre los derechos fundamentales de la accionante. En el expediente
no se acreditó que la señora Luz Estela Hernández Hernández careciera de ingresos,
que se encontrara privada del pago de la prestación o que la demora del proceso
ordinario comprometiera de manera cierta su subsistencia digna.

Tampoco resulta suficiente el argumento relacionado con la edad de la accionante.
Si bien la señora Luz Estela Hernández Hernández tiene más de 75 años y esa
circunstancia impone un análisis cuidadoso sobre la eficacia del medio judicial
ordinario, la edad, por sí misma, no desplaza automáticamente los mecanismos de
defensa previstos por el legislador. La protección constitucional reforzada exige
valorar las condiciones concretas de vulnerabilidad, la afectación real de los
derechos fundamentales y la necesidad impostergable de intervención del juez de
tutela. En este caso, esos elementos no fueron acreditados de manera suficiente.

Además, la controversia no versa sobre el reconocimiento inicial de una pensión o
de una asignación de retiro, sino sobre la reliquidación de una prestación que la
accionante actualmente percibe. Esta circunstancia resulta relevante, porque el
perjuicio alegado no surge de la ausencia de ingresos periódicos, sino del
desacuerdo con la fórmula aplicada para calcular el monto de la sustitución de
asignación de retiro. La pretensión formulada tiene un contenido eminentemente

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Acción de tutela – Segunda instancia

económico, pues busca obtener un incremento en el valor de la prestación
reconocida, a partir de la aplicación de una fórmula salarial distinta a la utilizada por
CASUR. En tales condiciones, la discusión debe resolverse por el juez contencioso
administrativo, salvo que se hubiera demostrado una afectación grave e inmediata
del mínimo vital, lo cual no ocurrió en este caso.

En cuanto al oficio expedido por el DAPRE, la Sala advierte que dicho documento
hace parte del debate de fondo sobre la vigencia y el alcance de la Ley 42 de 1980,
así como sobre la legalidad de los decretos salariales y del acto que negó la
reliquidación solicitada. Por tanto, su valoración corresponde al juez natural dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, junto con los demás
elementos normativos y probatorios que integran la controversia. Ese oficio no
demuestra, por sí solo, la existencia de un perjuicio irremediable ni convierte la tutela
en el medio idóneo para definir provisionalmente una discusión prestacional
compleja.

De igual manera, los argumentos de la impugnación relacionados con la congestión
judicial, la duración de otros procesos y las dificultades advertidas en asuntos
similares no acreditan la ineficacia concreta del medio de control promovido por la
accionante. La acción de tutela no puede operar como un mecanismo alternativo
para anticipar el resultado del proceso ordinario ni para sustituir las competencias
del juez contencioso administrativo. La circunstancia de que existan otros procesos
con demoras o discusiones procesales no demuestra, en este caso particular, que el
medio judicial ejercido por la señora Luz Estela Hernández Hernández sea inidóneo
o ineficaz para proteger sus derechos.

Así las cosas, la Sala concluye que no se cumplió el requisito de subsidiariedad,
porque existe un trámite judicial en curso y porque la accionante dispone de otros
medios de defensa judicial para controvertir la negativa de reliquidación de la
sustitución de asignación de retiro. Además, no se acreditó la existencia de un
perjuicio irremediable que habilitara la intervención transitoria del juez constitucional,
pues la accionante actualmente percibe una prestación pensional, la controversia se
limita a su reliquidación y la pretensión formulada tiene naturaleza económica. En
consecuencia, la acción de tutela no es el medio idóneo para resolver el debate

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Accionante: Luz Estela Hernández Hernández
Acción de tutela – Segunda instancia

planteado y, por ello, la Sala considera que la decisión de primera instancia debe
confirmarse.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de febrero de 2026 por el
Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A-, que declaró improcedente la
acción de tutela promovida por Luz Estela Hernández Hernández contra la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional-CASUR, el Ministerio de Defensa Nacional,
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de la
Función Pública, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO

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