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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00709-00

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00709-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por la señora Luz Estela Hernández Hernández, conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia. Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 7 Radicado: 11001-03-15-000-2026-00709-00 de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas - Archivo Central. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00709-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00709-00
Accionante: Luz Estela Hernández Hernández.
Accionados: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR y otros

Tema: Derechos: mínimo vital, vida, igualdad, seguridad social y
confianza legítima. Tutela como mecanismo transitorio.
Reliquidación de asignación de retiro. DECLARAR
IMPROCEDENTE.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Luz Estela Hernández
Hernández, mediante apoderado judicial, en contra de la Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional (CASUR), del Ministerio de Defensa Nacional, del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público y del Departamento Administrativo de la Función
Pública.

ANTECEDENTES

La accionante solicita se amparen sus derechos fundamentales a la vida digna, a la
igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital y a la confianza legítima, que
considera vulnerados por las autoridades accionadas.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que tiene 75 años y ostenta la calidad de cónyuge supérstite del señor Jesús María
Jauregui Cárdenas, coronel de la Policía Nacional.

Afirma que «[s]u régimen salarial y prestacional, por mandato histórico de la Ley 42
de 1980 (Artículo [sic] 3º) y la Ley 4ª de 1992, está atado jurídicamente al principio

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de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
de paridad con los Altos Dignatarios del Estado (Ministros del Despacho - Archivo Central.
y
Congresistas [sic] de la República)».

Sostiene que el Ejecutivo ha «expedido decretos salariales con una dualidad jurídica
injustificable sobre la misma norma matriz, creando un sistema de "desvinculación
salarial" discriminatorio» así:

Cargo Norma aplicada Fórmula de cálculo
(2025)
Presidente de la Decreto 610 de 2025 «...asignación básica IGUAL a la que
República devenguen los Miembros del Congreso»
(Aplica Ley 42/80).
Ministro del Decreto 611 de 2025 «…las remuneraciones o asignaciones
despacho básicas mensuales para los empleos que
a continuación se relacionan serán»
(INAPLICA Ley 42/80 y rompe la paridad).
Actor Decreto 615 de 2025 «... percibirán por todo concepto una
asignación mensual igual a la que
devenguen los Ministros del Despacho
como asignación básica y gastos de
representación, en todo tiempo...»
(INAPLICA Ley 42/80 y rompe la paridad).

Considera que se le viola el derecho fundamental a la igualdad, dado que el
presidente de la República, los ministros del despacho y los oficiales en el grado de
coronel de la Fuerza Pública son altos servidores del Estado (leyes 4ª de 1992 y 42
de 1980); sin embargo, tienen un trato diferenciado, pues a su juicio al presidente
se le garantiza la paridad con el Congreso de la República «(Artículo 4º de la Ley
42 de 1980 vigente según DAPRE). Al CORONEL [sic] se le niega la paridad con el
Congreso (inaplicando el Artículo [sic] 3 de la Ley 42 de 1980)», sin justificación
alguna.

Que interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho1 en contra de la
Nación- Ministerio de Defensa Nacional, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), del
Departamento Administrativo de la Función Pública y de la Procuraduría Tercera
Delegada ante el Consejo de Estado, le correspondió el radicado 11001-03-25-000-
2026-00049-00.

Que elevó petición ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República (DAPRE). El 27 de enero de 2026 la entidad mediante Oficio núm. OFI26-
00012341/GFPU indicó «[l]a disposición antes citada [Artículo 4º de la Ley 42 de
1980] se mantiene vigente en cada uno de los decretos salariales que se expiden
año a año, siendo el último el Decreto 0610 del 3 de junio de 2025...».

Alega que la acción de tutela procede de manera transitoria mientras que se
resuelve el medio de control referenciado, teniendo en cuenta que la accionante

1 El 20 de enero de 2026 presentó demanda ante el Consejo de Estado.

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de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
tiene más de 75 años y la duración promedio del proceso en mención oscila - Archivo Central.
entre 5
y 8 años; por lo que, a su juicio «someterlo [sic] a dicha espera implica un riesgo
inminente de que fallezca antes de ver restablecido su derecho. La certeza de la
ilegalidad, ahora confirmada por el DAPRE, hace que la espera sea no solo
riesgosa, sino injusta».

PRETENSIONES

Que se amparen los derechos invocados y, en consecuencia, se ordene a la Caja
de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) que, dentro del término
perentorio de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo de
tutela, reliquide provisionalmente la asignación de retiro de la accionante
«aplicando la misma fórmula jurídica que el Gobierno Nacional utiliza para el
Presidente [sic] de la República (Decreto 610 de 2025), esto es, reconociendo la
Asignación Básica y los gastos de representación igual a la de los Miembros [sic]
del Congreso, en virtud del derecho a la igualdad y la vigencia material de la Ley 42
de 1980, certificada por el DAPRE».

Además, que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público disponga los recursos
necesarios para el cumplimiento inmediato de la orden citada. Pide que dichas
medidas estén vigentes hasta que la jurisdicción de lo contencioso administrativa
profiera sentencia definitiva en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 11001-03-25-000-2026-00049-00.

TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue admitida el 5 de febrero de 2026 se dispuso su admisión, se
ordenó notificar a las autoridades accionadas y no se vinculó al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), porque no se evidenció
el posible interés de éste en el trámite de la tutela.

En auto del 23 de febrero de 2026 se negó la solicitud de acumulación de las
acciones con radicado: 11001-33-42-055-2026-00043-00, 11001-33-35-007-2026-
00055-00, 11001-33-37-039-2026-00055-00 y 11001-33-35-015-2026-00056-00 al
mecanismo constitucional de la referencia, por no configurarse los presupuestos de
la tutela masiva.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público pide su desvinculación de la acción
de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva, bajo el argumento de que
no es la entidad facultada para realizar la reliquidación de la asignación de retiro
solicitada ante la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

El Departamento Administrativo de la Función Pública señaló que no se
transgrede el derecho a la igualdad de la accionante, teniendo en cuenta que los

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de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
incrementos salariales y las fórmulas de liquidación corresponden - Archivo Central.
a meras
expectativas y no a derechos incorporados al patrimonio jurídico del servidor
público; además, sostiene que no existe identidad de supuestos fácticos y jurídicos
entre los miembros de la Fuerza Pública y otros servidores como los congresistas o
el presidente de la República, por lo que «resulta constitucionalmente admisible un
trato salarial diferenciado fundado en criterios objetivos y razonables».

Por otro lado, adujo que la acción de tutela resulta improcedente porque la
accionante cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
y no se demostró un perjuicio irremediable.

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional indicó que la accionante ya
radicó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, proceso identificado con
número 1001-03-25-000-2026-00049-00. Aduce que el debate sobre la nivelación
salarial y la vigencia de la Ley 42 de 1980 es un asunto de legalidad administrativa
que requiere un análisis probatorio ajeno a la brevedad del trámite de la acción de
tutela.

Por otra parte, señaló que la señora Hernández no demuestra una afectación real a
su mínimo vital, pues actualmente percibe una sustitución de asignación de retiro;
de ahí que, el desacuerdo con el monto liquidado no constituye por sí mismo un
perjuicio irremediable.

El Ministerio de Defensa Nacional fue debidamente notificado de la acción de
tutela; sin embargo, guardó silencio.

Se decidirá previa las siguientes,

CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se abordarán
los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) requisito de
subsidiariedad en la acción de tutela y III) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

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de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
Requisito de subsidiariedad en la acción de tutela - Archivo Central.

Conforme la jurisprudencia desarrollada y reiterada de la Corte Constitucional, esta
acción es eminentemente subsidiaria, de ahí que, en virtud de esta característica,
los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales deben ser, en
principio, resueltos por las vías ordinarias -jurisdiccionales y sólo ante la ausencia
de dichas vías o cuando las mismas no resultan idóneas y eficaces para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de
amparo constitucional.

La existencia de otro mecanismo judicial ha sostenido la Corte, per se, no
constituye una razón suficiente para declarar la improcedencia de la acción, en la
medida que el mismo debe ser idóneo, lo que significa que debe ser materialmente
apropiado para generar el efecto protector de los derechos fundamentales,
además, debe ser un medio eficaz, esto es, estar diseñado de forma tal que brinde
oportunamente una protección al derecho.

Ahora bien, en torno a la necesidad de examinar la irremediabilidad del perjuicio y
la idoneidad y eficacia de los mecanismos principales de defensa, en uno de sus
tantos pronunciamientos expuso la Corte:

«(…) Para determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que tener en
cuenta la presencia concurrente de varios elementos que configuran su
estructura, como la inminencia, que exige medidas inmediatas, la
urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio
inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la
impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales» 2.

Por lo demás, tampoco desconoce la Sala la amplia jurisprudencia constitucional con
relación a la improcedencia de la tutela contra actos administrativos de contenido
particular y concreto; por cuanto es viable controvertirlos e incluso solicitar la
suspensión provisional de sus efectos; mediante los medios de control, así lo dijo la
Corte Constitucional:

«(…) Además, tal y como se señaló anteriormente (ver supra,
fundamentos jurídicos 44-56), la Ley 1437 de 2011 consagró una serie
de posibles medidas cautelares para la protección y garantía provisional
del objeto del proceso o para la efectividad de la sentencia. Entre las
que se cuentan el restablecimiento inmediato de un derecho, la
suspensión de un procedimiento o actuación, o la suspensión de los
efectos de un acto administrativo. Adicionalmente, las medidas
cautelares pueden ser ordinarias o de urgencia. (…)»3

En este entendido, la procedencia de la acción de tutela se torna aún más

2 Sentencia T-570 de 2007, MP Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
3 Sentencia T-149 de 2023

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de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
excepcional, dada la eficacia de las acciones ordinarias para la protección - Archivo Central.
inmediata
de los derechos fundamentales.

Análisis del caso concreto

En síntesis, la señora Luz Estela Hernández Hernández considera que la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), el Ministerio de Defensa
Nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento
Administrativo de la Función Pública le violan los derechos fundamentales a la vida
digna, a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital y a la confianza legítima.

Alega que el presidente de la República, los ministros del despacho y los oficiales
en el grado de coronel de la Fuerza Pública son altos servidores del Estado, es
decir, sujetos comparables y, por ende, deben recibir el mismo trato; no obstante, el
Decreto 610 de 2025 le permite al presidente de la República «que su salario crezca
al mismo ritmo que el de los congresistas (indexación plena)», mientras que el
Decreto 615 de 2025 «inaplica la Ley 42 de 1980 y rompe la paridad con los
miembros del Congreso de la República», pues la sustitución de la asignación de
retiro se le liquida con porcentajes inferiores, situación que le viola su derecho a la
igualdad.

La accionante indica que radicó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
donde pretende la nulidad del acto ficto o presunto que negó la reliquidación de la
sustitución de la asignación de retiro de conformidad con el régimen especial
consolidado en la Ley 42 de 1980, los decretos ley 201 y 203 de 1987 y el Decreto
Legislativo 335 de 1992 y, en consecuencia, que se ordene a CASUR liquidar el
sueldo básico incluyendo todos los conceptos y/o factores que en todo tiempo han
sido reconocidos, devengados y pagados a los ministros del despacho en su
asignación.

Alega que la acción de tutela procede como mecanismo transitorio, mientras que se
resuelve el proceso ordinario, dado que es una persona de la tercera edad por lo
que la espera de 5 u 8 años (duración promedio del proceso) implica un riesgo
inminente de que fallezca.

Al respecto, la Corte Constitucional en la Sentencia T 019 de 2025 reiteró la
definición de la persona de la tercera edad y del adulto mayor; el primero, se refiere
a quien supera la esperanza de vida certificada por el DANE para cada periodo
específico, actualmente está en 76 años4, mientras que el segundo, es quien tiene:
1) 60 años de edad o más o 2) quien siendo menor de 60 y mayor de 55 años, sus
condiciones de desgaste físico, vital y psicológico le permiten esta clasificación.

Frente al tema, la Corte5 ha señalado que no es posible flexibilizar el análisis del
principio de subsidiariedad por el solo hecho de la edad del accionante, pues ello
4 Consultar link https://www.dane.gov.co/index.php/certificado
5 Corte Constitucional, Sentencia T 034 de 2021

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llevaría a «concluir que todas las peticiones de vejez que ellos hagan a -través
Archivode
Central.
la
acción de tutela son procedentes. Tal perspectiva, terminaría por hacer que las vías
ordinarias de defensa judicial en esa materia queden inoperantes. Ello trastocaría
la naturaleza excepcional de la acción de tutela».

En este punto, conviene tener en cuenta que se trata de una reliquidación de
pensión, es decir, que la accionante ya goza de una asignación pensional y no es
una persona de la tercera edad, pues no ha superado la esperanza de vida de la
población colombiana (76 años); y la simple manifestación de la accionante de que
no resiste la duración del proceso no configura la inminencia de un perjuicio
irremediable ni justifica la intervención del juez constitucional.

Adicionalmente, ha de tenerse en cuenta que para la procedencia de la tutela como
mecanismo transitorio, es necesario tener certeza sobre si le asiste o no el derecho
a la demandante a la reliquidación de la sustitución de la asignación de retiro, lo cual
no es posible determinar mediante este trámite breve y sumario; de manera que le
compete al juez ordinario estudiar dicha situación.

Por otra parte, la accionante instauró la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho y la acción tutela de manera simultáneas, desconociendo que esta acción
constitucional no es un mecanismo alternativo, sino subsidiario de los medios
ordinarios de defensa y de esa manera, no se encuentra acreditada la ineficacia del
medio de control contencioso administrativo ejercido.

Así las cosas, se declarará improcedente la acción de tutela por no satisfacer el
requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por la
señora Luz Estela Hernández Hernández, conforme a las consideraciones
expuestas en esta providencia.

Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

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de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

Con aclaración de voto
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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