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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00737-00

Fecha
16 de marzo de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00737-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por la Sociedad de Comercialización Internacional Consultoría y Servicios Bananeros- Conserba S.A.S. contra la Sección Primera del Consejo de Estado, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-00737-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

16 de marzo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00737-00
Accionante: Conserba S.A.S.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00737-00
Demandantes: Sociedad de Comercialización Internacional Consultoría y
Servicios Bananeros – Conserba S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: Acción de tutela

Tema: Tutela contra providencia judicial-Carácter subsidiario del amparo. Requisitos generales y
especiales de procedencia. Subsidiariedad – Improcedencia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela formulada por la Sociedad de Comercialización
Internacional Consultoría y Servicios Bananeros (en adelante Conserba S.A.S.), en
contra del Consejo de Estado, Sección Primera.

I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela

La Sociedad de Comercialización Internacional Consultoría y Servicios Bananeros-
Conserba S.A.S., a través de apoderada judicial, instauró acción de tutela en procura
de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, que estima vulnerados por la Sección Primera del Consejo
de Estado con ocasión del auto del 17 de octubre de 2025, mediante el cual revocó la
providencia del 14 de agosto del mismo año, proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia y, en su lugar, negó el decreto de una medida cautelar dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm.
05001-23-33-000-2025-00924-00/01, promovido contra la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN).

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en los siguientes hechos1:

1 Ibídem. / actuaciones del proceso de ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=05001233300020250092401110010
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Accionante: Conserba S.A.S.

2.1. Conserba S.A.S. presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, con el fin de obtener la nulidad del acto administrativo
núm. 1-90-265-530-1482 del 23 de octubre de 2024 y de la Resolución No. 190 201
259-00551 del 11 de abril de 2025, proferidos por la Dirección Seccional de Aduanas
de Medellín, mediante los cuales se ordenó la cancelación de la autorización como
comercializadora Internacional.

Adicionalmente la demandante solicitó, como medida cautelar, la suspensión de los
efectos de las referidas decisiones.

2.2. El asunto le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Antioquia bajo
el radicado núm. 05001-23-33-000-2025-00924-00/01, el cual, mediante auto del 14
de agosto de 2025 concedió la medida cautelar solicitada.

2.3. Inconforme con dicha decisión, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-
DIAN interpuso recurso de apelación.

2.4. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante providencia del 17 de
octubre de 2025, revocó la decisión adoptada en primera instancia y, en su lugar, negó
el decreto de la medida cautelar.

3. Pretensiones y argumentos de tutela

3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional:

“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia, al debido proceso y trabajo, de los cuales es titular
la Sociedad C.I. CONSERBA S.A.S, vulnerados por la Sección Primera – Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, al proferir el auto de
fecha 17 de octubre de 2025 , dentro del proceso con radicación
05001233300020250092400.

SEGUNDO: Dejar sin efecto el auto de fecha 17 de octubre de 2025, proferido
por la Sección Primera – Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, dentro del proceso con radicación 05001233300020250092400.

TERCERA: Se Ordene a la Sección Primera – Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, que dentro de un término prudencial,
proceda a proferir una nueva sentencia en reemplazo de la providencia del 17
de octubre de 2025, proferida dentro del proceso con radicación No.
05001233300020250092400, sujeta a la aplicación adecuada de las normas
que regulan la materia, salvaguardando los derechos al acceso a la
administración de justicia, debido proceso y derecho al trabajo” (sic).

3.2. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora indicó que la decisión
cuestionada incurrió en los siguientes defectos:

Defecto sustantivo. Señaló que se interpretó de manera restrictiva el artículo 230 del
CPACA, al supeditar la suspensión provisional a la verificación formal de la tipicidad
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Accionante: Conserba S.A.S.

de la conducta y omitir el análisis del perjuicio alegado. A juicio de la parte actora, dicha
actuación desnaturalizó el juicio cautelar, que se caracteriza por su naturaleza
preventiva y por su finalidad de evitar la ineficacia del fallo.

Agregó que la decisión no valoró los efectos económicos y sociales derivados de la
cancelación del código de comercializador internacional, incluida la afectación al
empleo y a poblaciones vulnerables. En consecuencia, sostuvo que la autoridad
judicial desconoció la finalidad constitucional de las medidas cautelares, permitió la
ejecución de una sanción con impacto potencialmente irreversible y comprometió de
manera directa derechos fundamentales como el trabajo.

Decisión sin motivación. Afirmó que la providencia reprochada carece de una
argumentación suficiente frente a lo dispuesto en el artículo 230.4 del CPACA y
respecto de los perjuicios alegados, pues se limitó a afirmar la inexistencia de
vulneración prima facie del artículo 29 superior sin analizar el riesgo de un perjuicio
irremediable.

Agregó que la Sección Primera del Consejo de Estado no estructuró una hipótesis
fáctica completa, no valoró el impacto económico, laboral y social de la sanción y omitió
efectuar un ejercicio de ponderación entre la potestad sancionatoria de la DIAN y los
derechos fundamentales comprometidos.

Violación directa de la Constitución. Finalmente sostuvo que se omitió la aplicación
efectiva de los artículos 2, 25, 29 y 229 de la Constitución Política al momento de
resolver el recurso interpuesto contra del auto que concedió la medida cautelar.

En criterio de la parte actora, la autoridad judicial accionada redujo el análisis a la
vigencia formal del tipo sancionatorio y prescindió de una ponderación constitucional
sobre el perjuicio irremediable y los derechos comprometidos. Además, permitió la
ejecución de una sanción con efectos potencialmente irreversibles sobre el empleo y
la actividad económica, desconociendo el derecho fundamental al trabajo.

4. Trámite de tutela e intervenciones

4.1. Mediante auto del 5 de febrero de 2026 se admitió la acción de tutela y se dispuso
la vinculación del Tribunal Administrativo de Antioquia y de la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales, en calidad de terceros con interés.

4.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia2 remitió el enlace web de acceso al
expediente ordinario. Sin embargo, guardó silencio frente a los fundamentos de la
solicitud.

2 Índice 00004 del aplicativo SAMAI.

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4.3. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 3 indicó que la providencia
cuestionada no vulneró los derechos de la parte actora, en tanto contiene una debida
motivación sustentada en la correcta interpretación del marco normativo aplicable. Al
margen de lo anterior, solicitó que se declare improcedente el amparo dado que la
entidad no se encuentra legitimada en la causa por pasiva.

4.4. La Sección Primera del Consejo de Estado 4 señaló que los argumentos
expuestos en el escrito introductorio no demostraban que la controversia planteada
por la parte actora tuviera relevancia desde una perspectiva constitucional.

Precisó que, en realidad, se pretendía reabrir la discusión ya resuelta en el auto del 17
de octubre de 2025, en la medida en que los argumentos esgrimidos para sustentar la
solicitud de medida cautelar fueron reiterados en esta sede, al insistirse en la
suspensión de los efectos de los actos administrativos expedidos por la DIAN.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con
lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Conserba
S.A.S., al ser la titular de los derechos que afirma fueron vulnerados, dado que actuó
como demandante en el proceso adelantado bajo el radicado núm. 05001-23-33-000-
2025-00924-00/01.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Sección
Primera del Consejo de Estado, por cuanto fungió como juez de segunda instancia
dentro del trámite mencionado, y es su actuación a la que la parte accionante atribuyó
la vulneración de sus garantías constitucionales.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.

3 Índice 00011 del aplicativo SAMAI, certificado 07F6116B3339AC8E C598C9FDEDCA382D F75B8A6956ADDFA4

5384B1DD433B59DE.
4 Índice 00012 del aplicativo SAMAI, certificado 11931F41DD090A37 D610889062B3FCF5 EC664C5F3E2E32C1

05E6F372B9F7D9B1.
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Accionante: Conserba S.A.S.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, al tratarse de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20055 indicó que estas proceden si
se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general,
que habilitan la interposición de la tutela 6 y otros de carácter específico, que tocan con
la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 7.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no
es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona
pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por
parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”8.

4.1. Subsidiariedad

Resulta importante recordar que la subsidiariedad está definida expresamente en el
artículo 86 Superior como presupuesto general de procedencia de la acción de tutela,
en los siguientes términos: “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
5 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
6
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de
acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse
la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima
violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la
vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo
censurado no sea de tutela
7
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se
presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a)
Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre
cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el
juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o
sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexis tentes o
inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a
tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido
que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente
constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los
jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la
Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
7 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
8 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.

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para evitar un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho presupuesto se desarrolló en el
artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 9.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, el
cumplimiento de este requisito se hace aún más exigente, en aras de evitar que el
amparo se use como un mecanismo alternativo o supletorio de los medios ordinarios
que el legislador tiene previsto para controvertir las decisiones judiciales, con el fi n de:
(i) prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta el
proceso ordinario; (ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los
mecanismos de defensa diseñados por el Legislador; y (iii) que los ciudadanos
atiendan un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es esta la
forma de enmendar errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al
interior de un proceso judicial 10.

Sobre el particular, en la sentencia T - 401 del 2019, la Corte Constitucional precisó
los siguientes tres eventos que hacen improcedente la tutela contra providencia judicial
por no superar el requisito de subsidiariedad:

“[...] (i) cuando el asunto está en trámite11; (ii) en el evento en que no se han
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y (iii) si se usa
para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos
previstos en el ordenamiento jurídico” (La Sala subraya).

5. Caso concreto

La Sala anuncia que, en el presente asunto, no se supera el requisito de subsidiaridad,
por las razones que se exponen a continuación:

5.1. Al analizar las actuaciones de primera y segunda instancia surtidas dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm.
05001-23-33-000-2025-00924-00/01, se advierte lo siguiente:

• El Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demandada el 23 de julio de
2025 y, mediante auto de la misma fecha, corrió traslado de la solicitud de
medida cautelar formulada por la parte demandante.

• Posteriormente, mediante providencia del 14 de agosto de 2025, dicha autoridad
decretó la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones núm. 190-
265-530-1482 del 23 de octubre de 2024 y 190-201-259-00551 del 11 de abril
de 2025, expedidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

9“Artículo 6. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”.
10 Cfr. Corte Constitucional sentencia T-598 de 2003.
11 Enunciado también en la sentencia T -053 de 2020.

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• Inconforme con esa decisión, la referida entidad interpuso recurso de apelación,
que fue concedido en el efectivo devolutivo a través de proveído del 25 de agosto
de 2025.

• Al resolver el recurso, la Sección Primera del Consejo de Estado, en decisión de
emitida el 17 de octubre de 2025 revocó la decisión de primer grado.

• El expediente digital fue devuelto al tribunal de origen el 24 de noviembre de
2025.

• Mediante auto del 23 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo de Antioquia
dispuso cumplir lo resuelto por el juez ordinario de segunda instancia.

5.2. Las actuaciones procesales señaladas permiten concluir que el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Conserba S.A.S. contra los
actos administrativos mediante los cuales la DIAN dispuso la cancelación de su
autorización como Comercializadora Internacional se encuentra actualmente en trámite
y no ha sido objeto de decisión definitiva.

En efecto, una vez admitida la demanda y surtidas las notificaciones correspondientes,
el Tribunal Administrativo de Antioquia decretó la suspensión provisional de los actos
acusados. No obstante, dicha determinación fue revocada por la Sección Primera del
Consejo de Estado. Posteriormente, el expediente fue devuelto al tribunal de origen
para que continuara el trámite ordinario del proceso, el cual permanece en curso.

5.3. En ese contexto, resulta jurídicamente improcedente afirmar la inexistencia de
mecanismos judiciales idóneos o la configuración de un perjuicio irremediable que
habilite la intervención de un juez constitucional, pues el proceso ordinario continúa su
curso y garantiza a la parte demandante el ejercicio pleno de sus derechos de defensa
y contradicción.

Adicionalmente, la accionante conserva la facultad de solicitar nuevamente la adopción
de medidas cautelares dentro del proceso contencioso administrativo, conforme a las
reglas que rigen dicha actuación, lo cual evidencia la vigencia y eficacia de los
instrumentos procesales ordinarios previstos por el ordenamiento jurídico.

5.4. En ese sentido, la Sala no puede desconocer el carácter residual y subsidiario de
la acción de tutela, pues hacerlo implicaría desbordar la órbita competencial del juez
natural y sustituir indebidamente las funciones que el ordenamiento jurídico le ha
atribuido para resolver la controversia de fondo.

5.5. En consecuencia, y a partir de las particularidades procesales expuestas, la Sala
concluye que la presente acción tutela es improcedente dado que no supera el
requisito de subsidiariedad.

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Accionante: Conserba S.A.S.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por la
Sociedad de Comercialización Internacional Consultoría y Servicios Bananeros-
Conserba S.A.S. contra la Sección Primera del Consejo de Estado, con fundamento
en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el
medio más expedito.

TERCERO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y Cúmplase,

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado

SFGS

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