Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00737-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00737-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00737-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
26 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00737-01
Accionante: SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL
CONSULTORÍA Y SERVICIOS BANANEROS – CONSERBA
S.A.S.
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN PRIMERA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO – Decreto de medida cautelar – El juez natural consideró que los actos
demandados no fueron expedidos con fundamento en una norma inexequible que se
encontrara por fuera del ordenamiento jurídico al momento de su expedición /
SUBSIDIARIEDAD – No se encuentra acreditada por no agotar todos los medios de
defensa.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la Sociedad de
Comercialización Internacional Consultoría y Servicios Bananeros – Conserba
S.A.S., a través de apoderada, contra la sentencia del 16 de marzo de 2026,
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de
conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en el
artículo 29 del Decreto 2591 de 19911.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 3 de febrero de 2026, la Sociedad de Comercialización Internacional
Consultoría y Servicios Bananeros – Conserba S.A.S., a través de apoderada,
promovió acción de tutela contra la Sección Primera del Consejo de Estado, con el
fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia.
Hechos relevantes
2. La parte accionante radicó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN), con el objeto de obtener la nulidad del acto administrativo núm.
1-90-265-530-1482 del 23 de octubre de 2024 y de la Resolución núm. 190 201 259-
00551 del 11 de abril de 2025, mediante los cuales se ordenó la cancelación de la
autorización de la empresa como comercializadora internacional.
1 Que ingresó a despacho para fallo el 5 de junio de 2026.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00737-00
Accionante: Sociedad de Comercialización Internacional Consultoría y Servicios Bananeros –
Conserba S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
3. Adicionalmente, Conserba S.A.S. solicitó, como medida cautelar, la suspensión
de los efectos de las referidas decisiones por transgredir lo previsto en el artículo 29
de la Constitución Política, en especial los principios de tipicidad y de legalidad del
procedimiento administrativo sancionatorio.
4. El proceso fue radicado bajo el número 05001-23-33-000-2025-00924-00 y su
conocimiento correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia. Por medio de
auto del 14 de agosto de 2025, la autoridad judicial concedió la medida cautelar
solicitada.
5. La DIAN presentó apelación contra la decisión en comento y señaló que no era
cierto que los actos demandados hubieran sido expedidos con fundamento en una
norma que no estaba vigente, toda vez que dentro del procedimiento sancionatorio
se aclaró que el numeral 1.4 del artículo 643 del Decreto 1165 de 2019, se
encontraba recogido en el numeral 1.3 del artículo 63 del Decreto Ley 920 de 6 de
junio de 2023, disposición que se encuentra en vigor y resultaba aplicable al caso
concreto.
6. El recurso fue estudiado por la Sección Primera del Consejo de Estado que,
mediante providencia del 17 de octubre de 2025, revocó la decisión de primera
instancia y, en su lugar, negó la medida cautelar pretendida.
7. En criterio del ad quem, no había lugar a decretar la suspensión provisional de
los efectos de los actos cuestionados, por haberse fundado en “una conducta
establecida en el Decreto 1165 de 2019, toda vez que, como ya se dijo, por expresa
disposición del artículo 154 del Decreto Ley 920 de 2023, dichas investigaciones
continuarían su trámite si la conducta investigada continuaba siendo sancionable en
el Decreto Ley, circunstancia que concurre en el caso objeto de estudio”2.
Pretensiones
8. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):
“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia, al debido proceso y trabajo, de los cuales es titular
la Sociedad C.I. CONSERBA S.A.S, vulnerados por la Sección Primera –
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, al proferir el
auto de fecha 17 de octubre de 2025 , dentro del proceso con radicación
05001233300020250092400.
SEGUNDO: Dejar sin efecto el auto de fecha 17 de octubre de 2025,
proferido por la Sección Primera – Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, dentro del proceso con radicación
05001233300020250092400.
TERCERA: Se Ordene a la Sección Primera – Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, que dentro de un término prudencial,
proceda a proferir una nueva sentencia en reemplazo de la providencia del
17 de octubre de 2025, proferida dentro del proceso con radicación No.
05001233300020250092400, sujeta a la aplicación adecuada de las normas
2 Folios 219 y 220. Archivo “004ED_Demanda”.
2
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00737-00
Accionante: Sociedad de Comercialización Internacional Consultoría y Servicios Bananeros –
Conserba S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
que regulan la materia, salvaguardando los derechos al acceso a la
administración de justicia, debido proceso y derecho al trabajo”3.
Fundamentos de la demanda de tutela
9. La parte demandante alega la configuración de un defecto sustantivo por la
interpretación restrictiva del artículo 230 del CPACA, al condicionar la suspensión
provisional de los actos administrativos acusados a la verificación formal de la
tipicidad de la conducta y omitir el análisis del perjuicio alegado. En ese sentido,
señala que la decisión enjuiciada desconoce la naturaleza preventiva del juicio
cautelar, el cual tiene como finalidad evitar la ineficacia del fallo.
10. Sostiene que el auto del 17 de octubre de 2025 no valoró los efectos económicos
y sociales derivados de la cancelación del código de comercializador internacional,
incluida la afectación al empleo y a poblaciones vulnerables y permitió la ejecución
de una sanción con impacto potencialmente irreversible.
11. Por otro lado, plantea que se incurrió en una decisión sin motivación, pues la
decisión bajo estudio se limitó a afirmar la inexistencia de una vulneración del
artículo 29 de la Constitución Política y no analizó el riesgo de un perjuicio
irremediable. Acorde con lo expuesto, aduce que la Sección Primera del Consejo
de Estado (i) no estructuró una hipótesis fáctica completa; (ii) no valoró el impacto
económico, laboral y social de la sanción; y (iii) no efectuó un ejercicio de
ponderación entre la potestad sancionatoria de la DIAN y los derechos
fundamentales comprometidos.
12. Finalmente, afirma que se presenta una violación directa de la Constitución,
puesto que se omitió la aplicación efectiva de los artículos 2, 25, 29 y 229 de la
Constitución Política al momento de resolver el recurso interpuesto contra el auto
que concedió la medida cautelar.
Trámite procesal
13. Por medio de auto del 5 de febrero de 2026, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó
notificar a la Sección Primera del Consejo de Estado como accionada y al Tribunal
Administrativo de Antioquia y a la DIAN como terceros con interés en las resultas
del proceso.
Intervenciones
14. La DIAN solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela de la
referencia dado que en el asunto está demostrada la falta de legitimación en la
causa por pasiva. En ese sentido, sostuvo que la entidad no incurrió en una
vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante, por cuanto la
decisión enjuiciada contiene una debida motivación sustentada en la correcta
interpretación del marco normativo aplicable.
3 Folios 12 y 13 del escrito de tutela.
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Accionante: Sociedad de Comercialización Internacional Consultoría y Servicios Bananeros –
Conserba S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
15. La Sección Primera del Consejo de Estado indicó que el proceso bajo estudio
no cumple con el requisito de relevancia constitucional, puesto que lo pretendido
por la sociedad actora es reabrir la discusión ya resuelta en el auto del 17 de octubre
de octubre de 2025. Ello, en razón a que los argumentos esgrimidos para sustentar
la solicitud de medida cautelar fueron reiterados en esta sede, al insistirse en la
suspensión de los efectos de los actos administrativos expedidos por la DIAN.
16. El Tribunal Administrativo de Antioquia remitió el enlace de acceso al
expediente contentivo del proceso radicado bajo el número 05001-23-33-000-2025-
00924-00.
La sentencia de primera instancia
17. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio
de sentencia del 16 de marzo de 2026, declaró improcedente la acción de tutela de
la referencia por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
18. A juicio del a quo, resultaba jurídicamente improcedente afirmar la inexistencia
de mecanismos judiciales idóneos o la configuración de un perjuicio irremediable
que habilitaran la intervención de un juez constitucional, pues el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho radicado núm. 05001-23-33-000-2025-00924-00 aún
se encuentra en curso y garantiza a la parte demandante el ejercicio pleno de sus
derechos de defensa y contradicción.
19. Adicionalmente, afirmó que la sociedad accionante “conserva la facultad de
solicitar nuevamente la adopción de medidas cautelares dentro del proceso
contencioso administrativo, conforme a las reglas que rigen dicha actuación, lo cual
evidencia la vigencia y eficacia de los instrumentos procesales ordinarios previstos
por el ordenamiento jurídico”4.
La impugnación
20. Contra la decisión precitada, la parte accionante presentó impugnación
mediante escrito en el cual señala que la medida cautelar solicitada dentro del medio
de control no tenía un carácter accesorio o secundario, sino que constituía el
mecanismo judicial indispensable para preservar la materia objeto del litigio y evitar
la consumación de un perjuicio irremediable mientras se profiere sentencia
definitiva.
21. Sostiene que la tesis acogida por el fallo impugnado conduce a una
consecuencia abiertamente contraria al derecho de acceso efectivo a la
administración de justicia, pues implica sostener que la empresa debe esperar
varios años a la decisión definitiva del proceso aun cuando para ese momento el
daño ya se habrá consumado de manera irreversible. Por ello, aduce que el
argumento de subsidiariedad empleado por la sentencia impugnada desconoce la
finalidad constitucional de las medidas cautelares previstas en el artículo 230 del
4 Folio 7. Archivo “023Sentencia_FALLO20260073700”.
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Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
CPACA, especialmente aquella contenida en el numeral 4.°, orientada a evitar o
prevenir la ocurrencia de perjuicios o la agravación de sus efectos.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
22. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
23. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder: ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad, en particular el de subsidiariedad, al
existir mecanismos ordinarios de defensa idóneos para obtener las pretensiones
que se persiguen en el presente asunto?
24. De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá ¿si la Sección
Primera del Consejo de Estado, con la expedición del auto del 17 de octubre de
2025, proferido en el curso del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado núm. 05001-23-33-000-2025-00924-00/01, incurrió en un defecto
sustantivo, una decisión sin motivación y una violación directa de la Constitución y,
por consiguiente, en la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia de la parte accionante?
25. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i)
generalidades de la acción de tutela; (ii) el principio de subsidiariedad y la
procedencia excepcional de la acción de tutela; y (iii) el caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
26. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
es un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades o de los
particulares en los casos que señale la ley.
27. En ese sentido, el artículo 5° del Decreto 2591 de 1991 “por el cual se
reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”, prevé:
“Artículo 5. Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela
procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya
violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este
Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto
jurídico escrito”5.
28. Frente a esto, la Corte Constitucional ha establecido:
“[…]para que proceda la acción de tutela en un asunto determinado, se
requiere que existan elementos objetivos de los cuales se pueda inferir
una amenaza o vulneración cierta de derechos fundamentales, bien sea por
una acción o una omisión de las autoridades públicas y,
excepcionalmente, de los particulares.
Así las cosas, quien acuda a la acción de tutela en procura de obtener la
protección de los derechos fundamentales que considera conculcados,
debe, como cuestión inicial, acreditar, siquiera sumariamente, el hecho
vulnerador, es decir, la amenaza o afectación directa del bien jurídico
susceptible de amparo.
Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en
señalar que, ‘la acción de tutela procede, cuando se pruebe que se
amenazan o vulneran los derechos fundamentales de una persona por parte
de autoridades públicas o los particulares, y adicionalmente no existe un
mecanismo judicial de protección de los mismos, idóneo para tal efecto’6(se
destaca)7.
Del principio de subsidiariedad.
29. El artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6.° del Decreto 2591 de
1991 establecen que la acción de tutela es procedente cuando no exista un medio
de defensa judicial eficaz que permita resolver el asunto sometido a consideración
del juez o, en los casos en los que, pese a contar el accionante con una herramienta
idónea, se esté frente a la inminencia de un perjuicio irremediable en los términos
de la jurisprudencia constitucional.
30. En la sentencia SU-355 de 2015, la Corte Constitucional precisó su posición
frente al requisito de subsidiariedad y señaló que este principio se rige por las reglas
de exclusión de procedencia y de procedencia transitoria. Así, estableció que (i) es
improcedente cuando existen medios de defensa judicial idóneos y eficaces para
resolver el problema jurídico y no se evidencia riesgo de un perjuicio irremediable;
(ii) procede de manera definitiva cuando no existen tales mecanismos; y, (iii) de
forma excepcional, es procedente de manera transitoria cuando, aun existiendo
medios judiciales adecuados, se advierte la posibilidad de un perjuicio irremediable
que haga necesaria la protección inmediata de los derechos fundamentales del
accionante.
31. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que,
cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional, se admite
excepcionalmente la tutela y es tarea del operador jurídico realizar un examen
flexible de procedibilidad de la acción. Así, ha sostenido la Corte:
5 Art. 5. Decreto 2591 de 1991.
6 Original de la Cita: “Ver Sentencia T-313 del 7 de abril de 2008, M.P Rodrigo Escobar Gil”.
7 T-346-10.
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Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
“[…] 46. En sentencia SU-588 de 2019, esta Corte reiteró su postura
respecto del requisito de subsidiariedad y estableció que este principio
responde a las reglas de (i) exclusión de procedencia y (ii) procedencia
transitoria.
47. En otras palabras, (i) si existe un medio de defensa idóneo y eficaz para
resolver el problema jurídico y no hay riesgo de que se configure un perjuicio
irremediable, la acción de tutela es improcedente; (ii) cuando no existen
mecanismos de defensa idóneos y eficaces para resolver el asunto puesto
a consideración del juez constitucional, la tutela será procedente de manera
definitiva; y (iii) de manera excepcional, cuando la persona disponga de
medios de defensa idóneos y eficaces, pero exista riesgo de configuración
de un perjuicio irremediable, el amparo será procedente de manera
transitoria con el fin de proteger los derechos fundamentales del
accionante”.8
Caso concreto
32. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito general de procedibilidad
de subsidiariedad.
33. En el caso objeto de estudio, la parte accionante solicita que se deje sin efectos
el auto del 17 de octubre de 2025, proferido por la Sección Primera del Consejo de
Estado, mediante el cual se revocó la providencia del 14 de agosto de 2025 dictada
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que había concedido la medida cautelar
solicitada por la sociedad Conserba S.A.S., y, en su lugar, se negó lo pretendido.
34. Al respecto, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se
advierte que, en el curso del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado núm. 05001-23-33-000-2025-00924-00, se surtieron las
siguientes actuaciones relevantes:
̶ Mediante auto del 23 de julio de 20259, el Tribunal Administrativo de
Antioquia admitió la demanda y ordenó correr traslado de la solicitud de
medida cautelar presentada por la parte demandante.
̶ Posteriormente, a través de providencia del 14 de agosto de 2025 10, el
tribunal decretó la suspensión provisional de los efectos de las Resoluciones
núm. 190-265-530-1482 del 23 de octubre de 2024 y 190-201-259-00551 del
11 de abril de 2025, expedidas por la DIAN.
8 Corte Constitucional. Sentencia T-095 de 2022.
9 Obra en certificado B1F8B6393A8FE870 CB883189DBFB6DB3 F4C08B94F601C5F1
557010D5A2F8A586. Véase índice 3 de Samai. Expediente radicado núm. 05001-23-33-000-2025-
00924-00.
10 Obra en certificado CB970A00EB4642B8 C34FEB817CC0178A CBC871F057245C7B
44993B829211D9D3. Véase índice 15 de Samai. Expediente radicado núm. 05001-23-33-000-2025-
00924-00.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00737-00
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Conserba S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
̶ Inconforme con la decisión precitada, la DIAN interpuso recurso de apelación,
el cual fue concedido en el efecto devolutivo mediante auto del 25 de agosto
de 202511.
̶ El estudio de la impugnación correspondió a la Sección Primera del Consejo
de Estado que, mediante auto del 17 de octubre de 202512, revocó la
providencia de primera instancia que había decretado la medida cautelar.
̶ El expediente digital fue remitido nuevamente al Tribunal Administrativo de
Antioquia el 24 de noviembre de 202513.
̶ Finalmente, mediante auto del 23 de febrero de 202614, el Tribunal
Administrativo de Antioquia dispuso dar cumplimiento a lo resuelto por el juez
de segunda instancia.
35. Por lo anterior, no resulta jurídicamente viable que el juez constitucional emita
un pronunciamiento de fondo sobre lo solicitado, en la medida en que la parte
accionante dispone de medios de defensa idóneos y eficaces previstos en el
ordenamiento jurídico vigente, dado que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado núm. 05001-23-33-000-2025-00924-00 aún
se encuentra vigente. En efecto, las pretensiones que se formulan en sede de tutela
pueden ser planteadas ante el juez de lo contencioso administrativo, autoridad
competente para conocer y resolver este tipo de controversias, lo cual impide que
la acción constitucional sea utilizada como un mecanismo alternativo o sustitutivo
de las acciones ordinarias existentes.
36. Aunque la sociedad accionante invoca la existencia de pérdidas económicas
significativas, afectación al empleo y riesgo de cesación de operaciones, tales
afirmaciones no acreditan, por sí solas, la configuración de un perjuicio irremediable
que habilite la intervención excepcional del juez constitucional. Para superar el
requisito de subsidiariedad era necesario demostrar, con elementos concretos y
actuales, que el daño alegado tenía las características de inminencia, gravedad,
urgencia e impostergabilidad, y que no podía ser conjurado mediante los
instrumentos procesales disponibles ante el juez natural. En este caso, el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho continúa en trámite y la
providencia cuestionada no definió la legalidad de los actos administrativos
expedidos por la DIAN, sino únicamente la procedencia de la suspensión provisional
en una etapa preliminar. Por tanto, tratándose de una tutela contra un auto cautelar
dictado dentro de un proceso judicial en curso, el estándar de intervención
constitucional es especialmente estricto: solo procede ante una decisión
11 Obra en certificado 4256BE0234F7056D 0C97348B776C2C60 8D0603DE5AD96F0D
E97C790FF1EF5B6F. Índice 20 de Samai. Expediente radicado núm. 05001-23-33-000-2025-
00924-00.
12 Obra en certificado FBFDB63DBA379335 CFF8F23CA23997F9 A8CA11D260647C7A
3B7ADCF1F668FB4C. Índice 4 de Samai. Expediente radicado núm. 05001-23-33-000-2025-00924-
01.
13 Véase índice 9 de Samai. Expediente radicado núm. 05001-23-33-000-2025-00924-01.
14 Obra en certificado F19057DA590C2C26 4972E8B34B67E426 CA11E4BECA34180F
2006EA58C7C718A5. Índice 31 de Samai. Expediente radicado núm. 05001-23-33-000-2025-
00924-00.
8
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00737-00
Accionante: Sociedad de Comercialización Internacional Consultoría y Servicios Bananeros –
Conserba S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
abiertamente arbitraria, irrazonable o constitutiva de vía de hecho, no frente a la
mera discrepancia de la parte actora con la ponderación efectuada por la Sección
Primera del Consejo de Estado.
37. Así las cosas, es necesario resaltar que la causal de improcedencia de la acción
consistente en la existencia de otros medios de defensa tiene el propósito de
respetar la división de competencias que la Constitución Política ha delineado y el
principio de especialidad de la jurisdicción; por tanto, invadir la órbita de
competencia del juez natural de la causa implica desconocer el encargo
constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción determinada,
función para la cual fueron revestidos de autonomía e independencia.
38. Conjuntamente, en el presente caso no se configura un perjuicio irremediable
que habilite la procedencia excepcional de la acción de tutela, pues la accionante
cuenta con otros medios judiciales idóneos y eficaces para la protección de los
derechos que considera vulnerados15. En consecuencia, mientras dichos
mecanismos se encuentran disponibles, la acción de tutela no puede sustituirlos ni
anticipar su resultado, sin que ello implique una afectación actual o definitiva de los
derechos fundamentales invocados.
39. Así, del análisis de las circunstancias fácticas del caso no se advierte la
configuración de un riesgo inminente, puesto que, si bien la sociedad accionante
afirma que la negativa a decretar la medida cautelar torna nugatoria una eventual
sentencia favorable, dicha consideración, por sí sola, no resulta suficiente para
evidenciar la configuración de un perjuicio irremediable o la vulneración de un
derecho fundamental. En efecto, ese planteamiento corresponde a una discrepancia
con la valoración efectuada por el juez natural respecto de los presupuestos para la
procedencia de la medida cautelar y se enmarca dentro del ámbito propio de su
autonomía e independencia judicial.
40. Además, la eventual afectación alegada es inherente a la decisión de negar una
medida provisional y no implica, en sí misma, que el proceso principal quede
desprovisto de eficacia o que una eventual sentencia estimatoria carezca de
mecanismos para su cumplimiento o ejecución. Tampoco se acredita un daño grave,
en la medida en que la controversia tiene un contenido legal y económico, dado que
se cuestionan unos actos administrativos que actualmente son objeto de estudio por
parte del juez de lo contencioso administrativo.
41. De igual forma, no se evidencia una situación de urgencia, pues lo pretendido
en sede constitucional puede ser solicitado y resuelto dentro de los trámites
judiciales correspondientes, como en el curso del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, ni se configura una condición impostergable, ya que
la parte accionante no demostró que la espera derivada del agotamiento de dichos
15 Las características del perjuicio irremediable se concretan en un riesgo “(i) inminente, es decir,
que la lesión o afectación al derecho está por ocurrir; (ii) grave, esto es, que el daño del bien jurídico
debe ser de una gran intensidad; (iii) urgente, en tanto que las medidas para conjurar la violación o
amenaza del derecho se requieren con rapidez; e (iv) impostergable, porque se busca el
restablecimiento de forma inmediata”, Corte Constitucional, Sentencia T-350 e 2025.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00737-00
Accionante: Sociedad de Comercialización Internacional Consultoría y Servicios Bananeros –
Conserba S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
medios le ocasione un perjuicio definitivo o irreversible que haga necesaria la
intervención inmediata del juez constitucional.
42. Además, la improcedencia se refuerza porque el trámite ordinario no quedó
cerrado frente a la protección cautelar. Si la sociedad considera que, con
posterioridad al auto del 17 de octubre de 2025, se consolidaron hechos nuevos o
se agravaron los efectos de los actos demandados, puede acudir al juez natural
para solicitar la adopción, modificación o una nueva medida cautelar, con
fundamento en los elementos probatorios pertinentes. La tutela no puede desplazar
ese escenario procesal ni convertir al juez constitucional en una instancia adicional
de revisión cautelar.
43. En este contexto, por no cumplirse con el requisito de subsidiariedad, esta Sala
confirmará la sentencia del 16 de marzo de 2026, proferida por la Subsección C de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de
tutela presentada por la Sociedad de Comercialización Internacional Consultoría y
Servicios Bananeros – Conserba S.A.S. contra la Sección Primera del Consejo de
Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. R E S U E L V E
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 16 de marzo de 2026, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción de tutela presentada por la Sociedad de Comercialización
Internacional Consultoría y Servicios Bananeros – Conserba S.A.S. contra la
Sección Primera del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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