República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00745-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
6 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., seis (6) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00745-01 (7061)
Accionante: Empresa de Obras Sanitarias de Caldas (Empocaldas S.A.
E.S.P.)
Accionado: Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Manizales y
Tribunal Administrativo de Caldas
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: pretensión de reparación
directa. Subtema 2: llamamiento en garantía. Subtema 3: inmediatez. Subtema 4:
relevancia constitucional
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver,
en segunda instancia, la solicitud de amparo interpuesta por la Empresa de Obras
Sanitarias de Caldas (Empocaldas S.A. E.S.P.) contra el Tribunal Administrativo de
Caldas.
1. Síntesis del caso
Empocaldas S.A. E.S.P., presentó acción de tutela contra el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Manizales y contra el Tribunal Administrativo de
Caldas, por la presunta violación de sus derechos fundamentales al debido proceso
y acceso a la administración de justicia, así como la presunta ruptura de los
principios de seguridad jurídica, confianza legítima y prevalencia del derecho
sustancial, con ocasión de las providencias de 13 de febrero y 27 de mayo de 2025
proferidas por el juzgado, y la providencia de 30 de enero de 2026 proferida por el
tribunal, dentro del proceso de reparación directa No. 17001-33-39-006-2018-00487
00/03.
1
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00745-01 (7061)
Accionante: Empocaldas S.A. E.S.P.
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1.
A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes
en el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
2.
La ruptura de una tubería de gas, presuntamente ocasionada durante
excavaciones realizadas por contratistas de Empocaldas S.A. E.S.P., produjo una
deflagración que causó lesiones a Jefferson Alejandro López Londoño y daños
patrimoniales a otras personas.
3.
María Doris Londoño y otros, el 5 de octubre de 2018, interpusieron demanda
en ejercicio del medio de control de reparación directa contra Empocaldas S.A.
E.S.P., Efigas Gas Natural S.A. E.S.P. y otros. El Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito de Manizales admitió la demanda el 11 de marzo de 2019.
4.
Empocaldas S.A. E.S.P. llamó en garantía a Liberty Seguros S.A., mientras
que Efigas S.A. E.S.P. convocó a Seguros Alfa S.A., (a) Chubb Seguros Colombia
S.A. y (b) Seguros Generales Suramericana S.A. Mediante auto del 26 de agosto
de 2019, el juzgado admitió los llamamientos y ordenó a la Secretaría efectuar las
respectivas notificaciones personales.
5.
Liberty Seguros S.A. promovió incidente de nulidad el 28 de julio de 2022, al
advertir que la providencia había sido enviada a una dirección electrónica distinta
de la registrada para notificaciones judiciales. En audiencia del 3 de agosto
siguiente, el juzgado dejó sin efectos el auto que había fijado fecha para la audiencia
inicial y tuvo a la aseguradora por notificada por conducta concluyente.
6.
Liberty Seguros S.A. contestó el llamamiento y, a su vez, llamó en garantía a
La Previsora S.A. Posteriormente, el proceso fue redistribuido al Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Manizales, que avocó su conocimiento y admitió este
último llamamiento.
7.
Mediante auto del 13 de febrero de 2025, el Juzgado Noveno Administrativo
declaró ineficaz el llamamiento formulado por Empocaldas S.A. E.S.P. frente a
Liberty Seguros S.A., por no haberse efectuado la notificación dentro del término de
seis meses previsto en el artículo 66 del CGP. Como consecuencia, dejó sin efectos
el llamamiento promovido por Liberty Seguros S.A. frente a La Previsora S.A.
8.
Empocaldas S.A. E.S.P. y Efigas S.A. E.S.P. interpusieron recurso de
reposición y, en subsidio, de apelación. Alegaron que la indebida notificación era
atribuible al Juzgado Sexto Administrativo y no a las entidades llamantes.
9.
Por auto del 27 de mayo de 2025, el Juzgado Noveno Administrativo no repuso
la decisión y rechazó la apelación. Aunque reconoció que la notificación estaba a
cargo del despacho judicial, consideró que las partes interesadas debían velar por
2
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00745-01 (7061)
Accionante: Empocaldas S.A. E.S.P.
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
su correcta realización. Asimismo, sostuvo que el auto que declara la ineficacia del
llamamiento en garantía no se encuentra entre las providencias apelables previstas
en el artículo 243 del CPACA.
10.
Empocaldas S.A. E.S.P. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de
queja, al considerar que la declaratoria de ineficacia producía materialmente el
mismo efecto del auto que niega la intervención de terceros, apelable de
conformidad con el numeral 6 del artículo 243 del CPACA.
11.
Mediante auto del 15 de julio de 2025, el juzgado no repuso la decisión y
concedió la queja. El Tribunal Administrativo de Caldas, por medio del auto del 30
de enero de 2026, declaró bien denegada la apelación, al distinguir entre la
providencia que niega el llamamiento en garantía y aquella que declara su
ineficacia.
12.
Empocaldas S.A. E.S.P. presentó la acción de tutela el 3 de febrero de 2026.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
13.
La parte actora solicitó en el escrito de tutela1 lo siguiente:
PRIMERA: Amparar los derechos fundamentales invocados mediante la presente
acción a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. tales como debido proceso (art. 29 C.P.) Acceso
a la Administración de Justicia (art. 229 C.P), Prevalencia del derecho sustancial (art.
228 C.P), Confianza legítima y lealtad procesal, y seguridad jurídica.
SEGUNDA: Dejar sin efectos el numeral segundo de la parte resolutiva del auto del
13 de febrero de 2.025 proferido por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito
Judicial de Manizales (Caldas) mediante el cual declara ineficaz el llamamiento en
garantía por Empocaldas S.A.E.S.P. frente a Liberty Seguros S.A., al igual que el
numeral tercero, mediante el cual dicho Despacho, dejó sin efecto el auto del 25 de
abril de 2.023, por medio del cual se admitió el llamamiento en garantía realizada por
Liberty Seguros frente a la Previsora S.A. Compañía de Seguros, por lo expuesto en
la parte considerativa.
TERCERO: Dejar sin efectos el numeral primero de la parte Resolutiva del auto del
27 de mayo de 2.025, proferido por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito
Judicial de Manizales (Caldas) mediante el cual decide no reponer el auto del 13 de
febrero de 2.025, que declaró ineficaces los llamamientos en garantía formulados por
Efigas S.A.E.S.P, frente a Seguros Alfa S.A. y Chubb Seguros Colombia S.A. el
llamamiento en garantiza por Empocaldas S.A. E.S.P. y que dejó sin efecto el auto
del 25 de abril de 2.023, por medio del cual se admitió el llamamiento en garantía
realizada por Liberty Seguros S.A. frente la Previsora compañía de Seguros.
CUARTO: Que se le ordene a la autoridad causante del agravio, el Doctor Jorge
Wilder Gil Ospina en calidad de Juez Noveno Administrativo del Circuito Judicial de
Manizales (Caldas) auto en reemplazo de las providencias señaladas, proferidas por
1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00745-00, índice 2, certificado B53F866E1FB6C95C
4CB28FCB6BA640AC E55348984A87E826 D3D7CCD3E9FB70F5.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00745-01 (7061)
Accionante: Empocaldas S.A. E.S.P.
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
el mencionado Despacho (Juzgado Noveno Administrativo de Manizales), consistente
en la negación de la solicitud de declaratoria de la ineficacia del llamamiento en
garantía conforme a las pautas y criterios que señale el Juez de Amparo
Constitucional, para este caso concreto, o la Honorable Corte Constitucional, para el
evento que decida la acción de tutela en sede de revisión2.
14.
Como fundamento de sus pretensiones, la parte tutelante manifestó que las
providencias del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Manizales y del
Tribunal Administrativo de Caldas incurrieron en un defecto procedimental absoluto,
al trasladarle indebidamente la carga de notificar al tercero llamado en garantía, una
función que el ordenamiento procesal administrativo asigna de manera exclusiva al
despacho judicial y no a las partes.
15.
Bajo la misma línea argumentativa, señaló la concurrencia de un defecto fáctico,
por cuanto los operadores judiciales habrían omitido valorar tanto la diligencia de la
empresa al aportar oportunamente los datos de contacto de la aseguradora, como
el saneamiento procesal que el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de
Manizales había decretado al convalidar la notificación por conducta concluyente.
Ello, a su juicio, derivó en un defecto sustantivo por la aplicación literal e inflexible
del artículo 66 del Código General del Proceso, sancionando con la ineficacia del
llamamiento una demora imputable únicamente al error del aparato jurisdiccional y
no a la desidia de la parte tutelante.
16.
Adicionalmente, acusó el desconocimiento del precedente constitucional
consagrado en la Sentencia T-309 de 2022, pues las autoridades accionadas
aplicaron dicha providencia de manera automática y sin efectuar la distinción técnica
necesaria, ignorando que en aquel pronunciamiento la inactividad sí era atribuible
al peticionario, un escenario diametralmente opuesto a la conducta oportuna y de
buena fe desplegada por Empocaldas S.A. E.S.P. en el presente trámite.
17.
Finalmente, la acción de tutela contiene una solicitud de medida provisional
consistente en la suspensión del proceso de reparación directa, toda vez que, según
se argumenta, la continuación del proceso sin la participación de las aseguradoras
llamadas en garantía puede consolidar, progresivamente, la vulneración de los
derechos fundamentales invocados.
2.3. Trámite procesal
18.
El despacho ponente de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
auto del 9 de febrero de 20263, admitió la solicitud de amparo, ordenó la notificación
a las autoridades judiciales accionadas y negó la solicitud de medida provisional, en
atención a que no se evidencian motivos de urgencia, inminencia y convicción que
permitan determinar la necesidad de tal medida.
2 Se transcribe incluso con errores.
3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00745-00, índice 5, certificado A313ABFA57BA69EE
A677BAA20F4F92BC 4B2F006F55FB7077 AFB2A795D6B0F2D9.
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Accionante: Empocaldas S.A. E.S.P.
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
2.4. Intervenciones
19.
El Tribunal Administrativo de Caldas, Despacho Sexto, se limitó a manifestar4,
respecto de la decisión cuestionada, que el auto tuvo motivación suficiente y que
basta con indicar que el auto se fundamentó en la sentencia T-309 de la Corte
Constitucional, por lo que solicita se considere que no se vulneraron los derechos
fundamentales de la parte tutelante.
20.
El Juzgado Noveno Administrativo de Manizales5, por su parte, solicitó que se
niegue el amparo invocado, argumentando que en ningún momento se vulneraron
las garantías fundamentales de Empocaldas S.A. E.S.P. Para sustentar su
oposición, manifestó acogerse en su totalidad a los fundamentos fácticos y jurídicos
plasmados en las providencias de su despacho que declararon la ineficacia de los
llamamientos en garantía y resolvieron los recursos correspondientes, decisiones
que, según sostuvo, se adoptaron con estricto apego a las disposiciones procesales
vigentes y, de manera especial, al artículo 66 del Código General del Proceso.
21.
Seguros Generales Suramericana S.A. pidió su desvinculación del trámite6, al
considerar que carecía de legitimación en la causa por activa y por pasiva, pues no
profirió las decisiones cuestionadas ni integraba la relación sustancial derivada del
llamamiento formulado por Empocaldas S.A. E.S.P. frente a Liberty Seguros S.A.
Añadió que la tutela no podía convertirse en una instancia adicional para reabrir una
controversia procesal ya resuelta. No obstante, se abstuvo de pronunciarse sobre
el fondo y manifestó que se atendría a lo que decidiera la Corporación, siempre que
la decisión no produjera efectos jurídicos en su contra.
22.
HDI Seguros Colombia S.A., antes Liberty Seguros S.A., se opuso al amparo y
sostuvo que las providencias cuestionadas se ajustaron al ordenamiento jurídico 7.
Señaló que, al contestar el llamamiento, propuso expresamente la excepción de
ineficacia prevista en el artículo 66 del CGP, porque la notificación se efectuó casi
tres años después de su admisión. Añadió que Empocaldas S.A. E.S.P. tenía
acceso al expediente y debía vigilar el cumplimiento oportuno de las actuaciones
procesales, por lo que no podía atribuirse el impulso exclusivamente al despacho
judicial. En consecuencia, afirmó que no se vulneraron los derechos fundamentales
invocados y solicitó mantener incólumes los autos cuestionados.
2.5. Sentencia de primera instancia
23.
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante sentencia del
29 de abril de 2026, declaró improcedente la acción de tutela presentada por
Empocaldas S.A. E.S.P., al considerar incumplidos los requisitos de inmediatez y
4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00745-00, índice 15, certificado 0B53E53873A21258
819F2FF7449BE100 E5B00D3845A8AA32 1704D16DED313561.
5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00745-00, índice 16, certificado DD0A09E76E964D54
6639A79CF0551A0F 2944D883CE4F6C1D 47AA88E5CB869C8A.
6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00745-00, índice 18, certificado 70F8FEA595DE71E3
3FEBDE33B342B11A EF0F43064031EDB1 B6EF2811EA4CDBD1.
7 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00745-00, índice 17, certificado 2F061F7A2A6ADB49
ADF6AA1B83086D19 D8C7C26C3DB45585 B85CBE8A9A0C9DCC.
5
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Accionante: Empocaldas S.A. E.S.P.
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relevancia constitucional.
24.
Respecto del auto del 27 de mayo de 2025, mediante el cual el Juzgado Noveno
Administrativo de Manizales no repuso la declaratoria de ineficacia del llamamiento
en garantía y rechazó el recurso de apelación, indicó que fue notificado el 28 de
mayo siguiente. Como la tutela se presentó el 3 de febrero de 2026, concluyó que
habían transcurrido más de ocho meses, sin que la accionante hubiera justificado la
tardanza.
25.
La Sala descartó que el término de inmediatez pudiera contabilizarse desde el
auto del 30 de enero de 2026, por medio del cual el Tribunal Administrativo de
Caldas declaró bien denegada la apelación. Explicó que la queja era
manifiestamente improcedente y que el ejercicio de recursos de esa naturaleza no
suspende, interrumpe ni reinicia el plazo para acudir a la tutela. Agregó que, aun si
el término se contara desde el auto del 15 de julio de 2025, mediante el cual se
concedió la queja, la solicitud también habría sido presentada después del plazo
general de seis meses.
26.
Frente al auto del 30 de enero de 2026, consideró que la tutela no satisfizo el
requisito de relevancia constitucional, porque la accionante no explicó de manera
suficiente cómo esa providencia vulneró sus derechos fundamentales. Además,
estimó que las pretensiones y los argumentos del amparo se dirigían materialmente
contra la decisión que declaró ineficaz el llamamiento en garantía, y no contra
aquella que resolvió la queja.
27.
En consecuencia, declaró improcedente la acción de tutela por falta de
inmediatez respecto del auto del 27 de mayo de 2025 y por ausencia de relevancia
constitucional frente al auto del 30 de enero de 2026. Por ello, se abstuvo de
examinar los demás requisitos de procedibilidad y el fondo de la controversia.
2.6. Impugnación
28.
La parte actora impugnó la sentencia del 29 de abril de 20268, al considerar que
efectuó una interpretación restrictiva de los requisitos de inmediatez y relevancia
constitucional.
29.
Sostuvo que la vulneración no se consolidó con el auto del 27 de mayo de 2025,
sino con la providencia del 30 de enero de 2026, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Caldas declaró bien denegada la apelación y cerró definitivamente
la discusión. Como la tutela fue presentada el 3 de febrero siguiente, afirmó que se
promovió oportunamente.
30.
Agregó que la queja no podía calificarse como manifiestamente improcedente,
pues es el mecanismo previsto en el artículo 245 del CPACA para controvertir la
negativa de conceder la apelación. Además, señaló que existía una discusión
8 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00745-00, índice 35, certificado 273B77F818EE3744
E15F447AD8249DEE 54526C920894CE7A 1C6425E8546EF4C0.
6
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00745-01 (7061)
Accionante: Empocaldas S.A. E.S.P.
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jurídica razonable sobre la procedencia de la alzada, porque la declaratoria de
ineficacia produjo materialmente el mismo efecto del auto que niega la intervención
de terceros, previsto en el numeral 6 del artículo 243 del CPACA.
31.
También cuestionó el argumento de la ausencia de relevancia constitucional, al
considerar que el asunto comprometía el debido proceso, el acceso a la
administración de justicia, la prevalencia del derecho sustancial y la prohibición del
exceso ritual manifiesto. Recordó que la notificación irregular fue atribuible al
juzgado, que posteriormente tuvo a Liberty Seguros S.A. por notificada por conducta
concluyente, permitió su intervención y admitió el llamamiento formulado frente a La
Previsora S.A.
32.
En consecuencia, no era admisible aplicar automáticamente el artículo 66 del
CGP ni trasladar a Empocaldas S.A. E.S.P. las consecuencias de un error judicial
previamente saneado. Por ello, solicitó revocar la sentencia, declarar procedente la
tutela y conceder el amparo.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
33.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta contra la sentencia del 29 de abril de
2026, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado.
3.2. Legitimación en la causa de las partes
34.
La legitimación en la causa por activa de Empocaldas S.A. E.S.P. está
acreditada, por cuanto fue parte demandada y formuló el llamamiento en garantía
dentro del proceso de reparación directa en el que se profirieron las providencias
que, a su juicio, vulneraron sus derechos fundamentales.
35.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado
Noveno Administrativo de Manizales y del Tribunal Administrativo de Caldas, debido
a que fueron las autoridades judiciales que profirieron las providencias objeto de la
solicitud de amparo.
3.3. Cuestión preliminar
36.
La Sala considera pertinente aclarar que, si bien la acción de tutela se dirige
contra las providencias proferidas por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito
de Manizales y el Tribunal Administrativo de Caldas dentro del proceso de
reparación directa con radicado núm. 17001-33-39-006-2018-00487-03, los
argumentos que sustentan las pretensiones guardan unidad de materia, pues
cuestionan tanto la declaratoria de ineficacia del llamamiento en garantía y la
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Accionante: Empocaldas S.A. E.S.P.
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decisión que la mantuvo como la negativa de conceder el recurso de apelación
interpuesto contra aquella determinación.
37.
En consecuencia, el análisis se centrará en la providencia del 30 de enero de
2026, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Caldas resolvió definitivamente
la controversia sobre la procedencia del recurso de apelación. No obstante, también
será necesario examinar las decisiones del Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito de Manizales, pues en el asunto concurren dos cuestiones relacionadas,
aunque distintas: de una parte, la declaratoria de ineficacia del llamamiento en
garantía formulado por Empocaldas S.A. E.S.P.; y, de otra, la negativa de conceder
el recurso de apelación interpuesto contra esa determinación. La primera
compromete directamente la actuación del juzgado, mientras que la segunda
involucra tanto a este como al Tribunal Administrativo de Caldas.
38.
Por otra parte, Empocaldas S.A. E.S.P. adujo en el escrito de tutela que las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos procedimental
absoluto, fáctico y sustantivo, en violación directa de la Constitución y en indebida
aplicación de la Sentencia T-309 de 2022. Aunque los cargos fueron formulados de
manera diferenciada, todos parten de un mismo núcleo argumentativo, pues según
el recurso de amparo la declaratoria de ineficacia prevista en el artículo 66 del CGP
se aplicó pese a que la entidad habría cumplido las cargas procesales que le eran
exigibles y a que la indebida notificación era atribuible al Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Manizales. En criterio de la accionante, trasladarle las
consecuencias de ese error judicial, después de que la actuación había sido
saneada, configuró un exceso ritual manifiesto.
39.
En ese orden, la Sala analizará todos los argumentos de cara a la configuración
de un defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto.
3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
40.
La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado9 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional10.
41.
En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
(i) que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial «subsidiariedad»;
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
10 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
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(iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado
«inmediatez»;
(iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
(v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
(vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
42.
Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 11 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
43.
En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de las siguientes causales o defectos: (i) orgánico;
(ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a
la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución11.
3.4. Problema jurídico
44.
Corresponde a la Sala resolver el siguiente problema: ¿el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Manizales y el Tribunal Administrativo de Caldas
vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de Empocaldas S.A. E.S.P., al declarar la ineficacia del
llamamiento en garantía y negar el recurso de apelación interpuesto contra esa
decisión?
45.
Sin embargo, previamente deberá determinarse si la petición de amparo superó
los requisitos generales de inmediatez de relevancia constitucional para que, en
caso afirmativo, continúe con el estudio de los demás requisitos de procedibilidad y,
si a ello hay lugar, emita una decisión de fondo.
3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
46.
El artículo 86 de la Carta Política establece que la acción de tutela se puede
presentar en cualquier momento y lugar, pues su finalidad es la protección inmediata
de los derechos fundamentales, también es cierto que se debe ejercer dentro de un
plazo razonable, según las condiciones de tiempo, modo y lugar del caso concreto,
11 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00745-01 (7061)
Accionante: Empocaldas S.A. E.S.P.
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
para asegurar la protección oportuna del derecho vulnerado. De lo contrario, la
urgencia y la necesidad de intervención del juez de tutela quedarían desvirtuadas.
47.
Por otra parte, cuando la solicitud de tutela se presenta en contra de una
providencia judicial, el requisito de inmediatez se traduce en una garantía de
seguridad jurídica y de los intereses de terceros, pues la sentencia que se cuestiona
previamente ha definido un litigio y una situación jurídica en particular.
48.
Al respecto, se debe precisar que la Sala Plena del Consejo de Estado 12, explicó
que el término de inmediatez cobra mayor relevancia cuando el recurso de amparo
se dirige a cuestionar providencias judiciales, toda vez que se encuentran en juego
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, pues las decisiones judiciales
no pueden mantenerse en la incertidumbre indefinidamente, por lo que resulta
necesario establecer un plazo razonable para su interposición.
49.
Por lo anterior, esta corporación, como regla general, consideró que, para que
el ejercicio de la acción de tutela se efectuara en un plazo razonable, se debía
interponer la solicitud de amparo dentro de los seis (6) meses siguientes a la
notificación o ejecutoria de la providencia reprochada, toda vez que a partir de esos
momentos procesales el sujeto puede tener conocimiento de la eventual afectación
que surge de una decisión judicial.
50.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha precisado que el requisito de
inmediatez se supera cuando «[…] la demanda de tutela se hubiere presentado en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que generó la presunta
vulneración»13.
51.
Por otro lado, y sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte
Constitucional14 ha sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de
tutela de pronunciarse de forma expresa y con claridad, sobre las razones por las
cuales el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los
lineamientos que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia de 5 de agosto de 2014, radicado
No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
13 Corte Constitucional SU-055 de 2018, criterio reiterado en sentencia T-352 de 2022.
14 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben
ser acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto,
los cuales son: i) que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico» lo que implica revisar «que el asunto tenga la
entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental» ; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal,
lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en
que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más
no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que
permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos
fundamentales.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00745-01 (7061)
Accionante: Empocaldas S.A. E.S.P.
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
3.5 Caso concreto
3.5.1. Requisito de inmediatez
52.
Respecto del requisito de inmediatez, en el presente asunto el análisis no puede
reducirse a contar el tiempo transcurrido entre la notificación del auto del 27 de mayo
de 2025 y la presentación de la acción de tutela. Esa aproximación fragmenta el
trámite judicial y desconoce que, después de esa providencia, permanecía
pendiente de resolución una controversia concreta: si el auto que declaró la
ineficacia de los llamamientos en garantía era susceptible del recurso de apelación.
53.
Para comprender la entidad de esa discusión es necesario reconstruir
brevemente la actuación procesal, del siguiente modo: mediante auto del 26 de
agosto de 2019, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Manizales admitió
los llamamientos en garantía formulados por Efigas S.A. E.S.P. frente a Seguros
Alfa S.A., Chubb Seguros Colombia S.A. y Seguros Generales Suramericana S.A.
Asimismo, admitió el llamamiento promovido por Empocaldas S.A. E.S.P. frente a
Liberty Seguros S.A. En los numerales quinto y noveno de esa providencia dispuso
que la notificación de las aseguradoras sería surtida por la Secretaría del despacho
y señaló expresamente que el proceso continuaría «una vez se surta por la
Secretaría del Despacho la notificación de esta providencia». El auto fue notificado
por medio del estado núm. 0139 del 27 de agosto de 2019.
54.
Esa circunstancia resulta relevante porque muestra que, desde la admisión de
los llamamientos, el propio juzgado asignó expresamente a la Secretaría del
despacho la práctica de la notificación, en concordancia con el régimen de
notificación personal previsto en los artículos 198 y 199 del CPACA15. Por tanto, la
discusión posterior sobre las consecuencias de que aquella actuación no se hubiera
realizado correctamente dentro del término legal no surgió de una maniobra
procesal de Empocaldas S.A. E.S.P., sino de una controversia objetiva acerca de si
podía imponerse a la parte la ineficacia prevista en el artículo 66 del Código General
del Proceso por una irregularidad atribuida, en principio, a la autoridad encargada
de efectuar la notificación.
55.
Mediante auto del 13 de febrero de 2025, el Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito de Manizales declaró ineficaces los llamamientos en garantía formulados
por Efigas S.A. E.S.P. frente a Seguros Alfa S.A. y Chubb Seguros Colombia S.A.,
así como el promovido por Empocaldas S.A. E.S.P. frente a Liberty Seguros S.A.
Como consecuencia de esta última determinación, dejó sin efectos el llamamiento
efectuado por Liberty Seguros S.A. frente a La Previsora S.A., Compañía de
Seguros, que había sido admitido mediante auto del 25 de abril de 2023.
15 Aunque el artículo 199 del CPACA no determina con total claridad quién debe efectuar materialmente la
notificación, el artículo 205 del mismo Código, en su versión vigente para la época de los hechos, disponía que
la providencia objeto de notificación electrónica sería remitida por el secretario a la dirección registrada. Ahora
bien, el auto del 26 de agosto de 2019 despejó cualquier duda dentro del proceso, pues ordenó expresamente
que la notificación de los llamamientos fuera surtida por la Secretaría del despacho. Por consiguiente, no
correspondía a Empocaldas S.A. E.S.P. obtener la providencia y practicar directamente su notificación, sin
perjuicio de los deberes generales de colaboración y diligencia que le fueran exigibles como parte.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00745-01 (7061)
Accionante: Empocaldas S.A. E.S.P.
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
56.
Efigas S.A. E.S.P. y Empocaldas S.A. E.S.P. interpusieron recursos de
reposición y, en subsidio, de apelación. Por medio del auto del 27 de mayo de 2025,
el Juzgado Noveno Administrativo no repuso la decisión y rechazó por improcedente
la apelación. Contra esa determinación, ambas compañías formularon recurso de
reposición y, subsidiariamente, de queja. Mediante auto del 15 de julio de 2025,
notificado al día siguiente, el juzgado mantuvo su decisión, concedió la queja y
ordenó remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Caldas.
57.
Respecto de la concesión del recurso de queja, el Despacho adoptó esa
decisión en los siguientes términos:
En punto concreto al recurso de queja, por haber sido presentado y sustentado en los
términos que consagra el artículo 353 del Código General del Proceso, por remisión
expresa del artículo 245 del CPACA, se concederá el mismo, ordenando el envío del
expediente electrónico ante la Oficina Judicial de esta ciudad, para que sea repartido
entre los Magistrados del Tribunal Administrativo de Caldas16.
58.
De lo anterior se desprende que, indistintamente de la decisión que adoptara el
superior jerárquico en virtud del recurso de queja, el mismo fue interpuesto en
debida forma, habilitándose de este modo la continuación de un debate jurídico que
solo habría de decidir, de manera definitiva, el Tribunal Administrativo de Caldas.
59.
Finalmente, mediante auto del 30 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo
de Caldas declaró bien denegado el recurso de apelación, y Empocaldas S.A.
E.S.P. presentó la acción de tutela el 3 de febrero de 2026.
60.
Como consecuencia de lo expuesto previamente, la Sala no comparte la
conclusión de la sentencia impugnada según la cual el recurso de queja era
manifiestamente improcedente y, por esa razón, carecía de incidencia en el
cómputo de la inmediatez. Tal razonamiento confunde dos cuestiones distintas, a
saber: la procedencia del recurso de queja contra la decisión que deniega una
apelación y el resultado del examen que corresponde realizar al superior acerca de
si esa apelación fue correcta o incorrectamente rechazada.
61.
La finalidad propia del recurso de queja es permitir que el superior funcional
controle la decisión del juez que se niega a conceder la apelación. Por consiguiente,
el hecho de que el Tribunal Administrativo de Caldas hubiera concluido que el
recurso estaba bien denegado no convierte retrospectivamente la queja en
manifiestamente improcedente. De aceptarse esa lógica, toda(o) queja (recurso)
resuelta(o) desfavorablemente tendría que considerarse, por ese solo resultado,
improcedente desde su interposición, conclusión que vaciaría de contenido el
mecanismo procesal instituido precisamente para que el superior defina la
procedencia de la alzada.
16 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00745-00, índice 2, certificado CD44DFCB3FBF535A
A3F9C8F991EE373E B7F611B01078C7E6 CB4ADFC7591F4B72.
12
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00745-01 (7061)
Accionante: Empocaldas S.A. E.S.P.
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
62.
En este caso, además, la queja no se sustentó en una tesis artificiosa o carente
de fundamento jurídico. Como se ha señalado, la discusión consistía en establecer
si la providencia que declaró ineficaz el llamamiento en garantía, aunque no lo
hubiera negado desde su admisión, producía materialmente el efecto previsto en el
numeral 6 del artículo 243 del CPACA, esto es, impedir definitivamente la
intervención de terceros. La declaratoria de ineficacia excluyó del proceso a Liberty
Seguros S.A. y, como consecuencia, dejó sin efectos el llamamiento de La Previsora
S.A. Existía, por ello, una cuestión interpretativa susceptible de ser examinada por
el superior, con independencia de que finalmente fuera resuelta en contra de las
partes recurrentes.
63.
La seriedad de la controversia también se encontraba relacionada con las
circunstancias que dieron lugar a la declaratoria de ineficacia. El auto del 26 de
agosto de 2019 había puesto expresamente en cabeza de la Secretaría la
notificación de los llamamientos. De ahí que fuera razonable discutir, por un lado, si
la sanción de ineficacia podía imponerse a las entidades llamantes cuando la
notificación dependía del despacho judicial y, por otro, si una decisión que las
excluía definitivamente del proceso junto con las aseguradoras debía poder ser
revisada en segunda instancia. Esta consideración no supone anticipar el análisis
de fondo, pero sí descarta que la queja hubiera sido una actuación abiertamente
improcedente o encaminada únicamente a prolongar el término para presentar la
acción de tutela.
64.
Tampoco puede afirmarse que el debate hubiera quedado concluido con el auto
del 27 de mayo de 2025. Esa providencia rechazó la apelación, pero la legalidad de
dicho rechazo fue sometida al mecanismo específicamente dispuesto para que el
superior lo revisara. El propio Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de
Manizales concedió la queja y remitió el expediente a su superior, de manera que
la controversia sobre el acceso a la segunda instancia permaneció abierta hasta
que esa corporación declaró bien denegado el recurso mediante el auto del 30 de
enero de 2026.
65.
Por la misma razón, tampoco resulta adecuado tomar como punto de partida el
auto del 15 de julio de 2025, pues en lugar de poner fin a la controversia, esa
decisión concedió la queja y habilitó el pronunciamiento del superior. Mientras este
no resolviera, la parte actora no tenía certeza acerca de si el auto que declaró la
ineficacia de los llamamientos sería revisado en segunda instancia.
66.
Exigir que Empocaldas S.A. E.S.P. hubiera promovido la tutela sin que se
interpusiera el recurso de queja, o antes de que esta se resolviera, habría ubicado
a la entidad ante una carga procesal contradictoria. Si acudía directamente al
amparo sin agotar ese mecanismo, podía reprochársele válidamente el
incumplimiento de la subsidiariedad; pero, por haber esperado la decisión del
superior, la sentencia impugnada le atribuyó falta de inmediatez. Los requisitos
generales de procedibilidad no pueden interpretarse de manera que el ejercicio
diligente de un medio judicial razonablemente disponible termine convirtiéndose en
un obstáculo para acceder a la protección constitucional.
13
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Accionante: Empocaldas S.A. E.S.P.
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67.
En consecuencia, la última actuación judicial relevante fue el auto del 30 de
enero de 2026, pues solo mediante esa providencia se resolvió definitivamente la
controversia acerca de la procedencia de la apelación y se cerró la posibilidad de
que el auto del 13 de febrero de 2025 fuera examinado por el superior funcional.
Como la acción de tutela se presentó apenas dos días hábiles después de proferida
la providencia, la Sala concluye que la solicitud de amparo fue promovida dentro de
un término razonable y que, por tanto, se encuentra satisfecho el requisito de
inmediatez.
3.5.2. Requisito de relevancia constitucional
68.
La cuestión discutida reviste relevancia constitucional, pues, de encontrarse
configurado el defecto procedimental absoluto atribuido a los autos del 13 de febrero
y 27 de mayo de 2025, o el exceso ritual manifiesto alegado respecto del auto del
30 de enero de 2026, podrían quedar sin efectos las decisiones que declararon la
ineficacia del llamamiento en garantía formulado por Empocaldas S.A. E.S.P. y
negaron la concesión del recurso de apelación. En tal escenario, se habría
vulnerado el derecho fundamental de la accionante al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, para cuya protección acudió a la acción de tutela.
3.5.3. Los demás requisitos generales de procedibilidad
69.
También se cumple el requisito de subsidiariedad, pues Empocaldas S.A. E.S.P.
agotó los medios de defensa judicial que tenía a su alcance dentro del proceso de
reparación directa. En efecto, interpuso los recursos de reposición y apelación
contra la decisión que declaró la ineficacia del llamamiento en garantía y, ante la
negativa de conceder la alzada, formuló reposición y, en subsidio, queja, esta última
resuelta por el Tribunal Administrativo de Caldas. Por tanto, no dispone de otro
mecanismo ordinario o extraordinario idóneo y eficaz para obtener la protección de
los derechos fundamentales invocados.
70.
De igual forma, se satisfacen los demás requisitos generales de procedibilidad,
toda vez que la accionante identificó de manera suficiente las providencias
cuestionadas, los hechos que, en su criterio, originaron la vulneración y los derechos
fundamentales presuntamente afectados; la irregularidad alegada podría tener una
incidencia decisiva en el trámite judicial; y la solicitud de amparo no se dirige contra
una sentencia de tutela.
3.6. Defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto
71.
De conformidad con los artículos 29 y 228 de la Constitución Política, el debido
proceso, el acceso a la administración de justicia y la prevalencia del derecho
sustancial constituyen garantías que deben orientar la interpretación y aplicación de
las normas procesales. Por ello, la observancia de las formas judiciales, aunque
indispensable para asegurar el orden y la igualdad entre las partes, no puede
convertirse en un obstáculo injustificado para el ejercicio efectivo de sus derechos.
14
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Accionante: Empocaldas S.A. E.S.P.
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
72.
La jurisprudencia constitucional ha reconocido que el defecto procedimental
puede presentarse cuando la autoridad judicial se aparta por completo del trámite
legalmente establecido o cuando, pese a seguir formalmente el procedimiento,
aplica sus reglas con un rigor excesivo que sacrifica la justicia material. Esta
segunda modalidad, denominada exceso ritual manifiesto, se configura cuando la
autoridad privilegia una lectura rígida de las formas procesales, sin valorar las
circunstancias concretas del asunto, y de esa manera impide el ejercicio de los
derechos de defensa, contradicción o acceso efectivo a la justicia17.
73.
Para establecer si se configuró ese defecto en el presente caso, la Sala
analizará, en primer lugar, si el auto que declaró la ineficacia del llamamiento en
garantía era susceptible del recurso de apelación y, en segundo término, si
resultaba constitucionalmente admisible aplicar a Empocaldas S.A. E.S.P. la
consecuencia prevista en el artículo 66 del CGP, dadas las circunstancias en las
que se produjo y posteriormente se saneó la indebida notificación de Liberty
Seguros S.A.
3.6.1. Procedencia del recurso de apelación
74.
La Sala considera que la interpretación acogida por las autoridades accionadas
fue excesivamente formalista. Aunque el auto del 13 de febrero de 2025 no utilizó
la expresión «negar la intervención de terceros», produjo materialmente ese
resultado, pues privó de efectos el llamamiento formulado por Empocaldas S.A
E.S.P., excluyó a Liberty Seguros S.A. del litigio en su condición de llamada en
garantía y, consecuencialmente, dejó sin efectos la intervención de La Previsora
S.A.
75.
La procedencia del recurso no puede depender exclusivamente de la
denominación empleada en la providencia, siendo lo más relevante el efecto jurídico
que la decisión produce dentro del proceso. Tanto el auto que rechaza desde el
inicio el llamamiento en garantía como aquel que posteriormente declara su
ineficacia impiden de manera definitiva la intervención del tercero y privan a la parte
llamante de que, dentro del mismo proceso, se resuelva la relación sustancial de
garantía.
76.
Esta conclusión no supone crear, por analogía, un recurso que el legislador no
hubiera previsto ni desconocer la taxatividad del artículo 243 del CPACA. Se trata,
por el contrario, de aplicar el numeral 6º de esa disposición de acuerdo con el
contenido material de la decisión cuestionada. Esta norma se refiere a la providencia
que niega la intervención de terceros, resultado que también se presenta cuando un
llamamiento previamente admitido es declarado ineficaz.
77.
La interpretación estrictamente nominal acogida por el Juzgado Noveno
Administrativo y el Tribunal Administrativo de Caldas impidió que el superior
17 Corte Constitucional, Sentencias T-388 de 2015, T-025 de 2018, T-367 de 2018 y T-008 de 2019.
15
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Accionante: Empocaldas S.A. E.S.P.
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
funcional examinara una decisión que excluyó definitivamente a dos aseguradoras
del proceso. De esa forma, la taxatividad de los autos apelables fue empleada como
una barrera formal que restringió el acceso al recurso legalmente previsto para
controvertir decisiones relativas a la intervención de terceros.
78.
Tampoco resultaba válido considerar que el recurso de queja era
manifiestamente improcedente. Ese mecanismo fue formulado precisamente contra
la decisión que se negó a conceder la apelación, y el propio Juzgado Noveno
Administrativo lo concedió y remitió el expediente al Tribunal Administrativo de
Caldas para que definiera si el recurso vertical había sido correctamente rechazado.
79.
Además, la tesis planteada por Empocaldas era jurídicamente plausible: la
declaratoria de ineficacia había producido el mismo efecto material del auto que
niega la intervención de un tercero. Por consiguiente, la controversia no era
artificiosa ni estaba dirigida a prolongar injustificadamente el proceso, sino que
planteaba una cuestión interpretativa que debía ser resuelta por el superior
funcional.
80.
En consecuencia, la Sala concluye que el auto del 13 de febrero de 2025 era
susceptible del recurso de apelación, en los términos del numeral 6º del artículo 243
del CPACA. Por ello, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Manizales
incurrió en un exceso ritual manifiesto al rechazarlo, defecto que fue continuado por
el Tribunal Administrativo de Caldas al declarar bien denegada la alzada.
3.6.2. Declaratoria de ineficacia del llamamiento en garantía
81.
El artículo 66 del CGP establece que, admitido el llamamiento en garantía, el
juez ordenará notificar personalmente al convocado y que, si dicha actuación no se
logra dentro de los seis meses siguientes, el llamamiento será ineficaz. Considerada
de manera aislada, la disposición no distingue si la falta de notificación es atribuible
a la parte interesada o al despacho judicial.
82.
No obstante, su aplicación en la jurisdicción de lo contencioso administrativo
debe armonizarse con las reglas especiales que regulan la notificación personal y
con las circunstancias concretas en las que se produjo la demora. La consecuencia
de ineficacia no puede aplicarse automáticamente cuando el hecho que la origina
no es imputable al llamante, especialmente si este cumplió las cargas que le fueron
asignadas y la actuación defectuosa provino de la autoridad judicial.
83.
En el asunto bajo estudio, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de
Manizales admitió, mediante auto del 26 de agosto de 2019, los llamamientos
formulados por Efigas S.A. E.S.P. frente a varias aseguradoras y el promovido por
Empocaldas S.A. E.S.P. frente a Liberty Seguros S.A. En los numerales quinto y
noveno de esa providencia dispuso expresamente que la notificación sería realizada
por la Secretaría del despacho y condicionó la continuación del trámite a que aquella
dependencia surtiera la actuación correspondiente.
16
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Accionante: Empocaldas S.A. E.S.P.
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
84.
Por tanto, desde la admisión del llamamiento quedó establecido que la práctica
de la notificación personal no había sido trasladada a Empocaldas S.A. E.S.P. La
entidad debía suministrar la información necesaria para vincular a la aseguradora,
pero no le correspondía obtener la providencia y practicar directamente su
notificación.
85.
El despacho intentó notificar a Liberty Seguros S.A. el 27 de agosto de 2019,
pero remitió la comunicación a una dirección electrónica distinta de la registrada por
la aseguradora para recibir notificaciones judiciales. Esa irregularidad no fue
causada por Empocaldas S.A. E.S.P., que había suministrado la información
correspondiente, sino por la autoridad encargada de efectuar la notificación.
86.
Cuando Liberty Seguros S.A. advirtió el defecto, promovió un incidente de
nulidad. En audiencia del 3 de agosto de 2022, el Juzgado Sexto Administrativo
reconoció que la notificación se había efectuado de manera incorrecta, dejó sin
efectos la providencia que había fijado fecha para la audiencia inicial y tuvo a la
aseguradora notificada por conducta concluyente.
87.
A partir de ese momento, Liberty Seguros S.A. ejerció materialmente su derecho
de defensa: contestó el llamamiento y, a su vez, llamó en garantía a La Previsora
S.A. Este segundo llamamiento fue admitido por el Juzgado Noveno Administrativo
mediante auto del 25 de abril de 2023, y La Previsora compareció y contestó
oportunamente. Así, no solo se reconoció judicialmente el saneamiento de la
irregularidad, sino que las aseguradoras intervinieron efectivamente en el proceso.
88.
Pese a esa secuencia procesal, el Juzgado Noveno Administrativo declaró la
ineficacia del llamamiento en febrero de 2025, varios años después de que el
defecto de notificación hubiera sido reconocido y saneado, y después de que las
aseguradoras hubieran ejercido su derecho de defensa. Para ello aplicó de manera
automática el término previsto en el artículo 66 del CGP, sin valorar suficientemente
quién había causado la irregularidad ni los efectos de las actuaciones posteriores.
89.
La Sala reconoce que los términos procesales cumplen una función esencial de
orden, celeridad y seguridad jurídica, y que las partes deben actuar con diligencia y
procurar el impulso de los procesos en los que intervienen. Sin embargo, esos
deberes generales no permiten trasladarle obligaciones asignadas expresamente al
despacho judicial ni convertir la inactividad o el error de la autoridad en una sanción
contra quien cumplió las cargas que le eran exigibles.
90.
En este caso, exigir a Empocaldas S.A. E.S.P. que, además de suministrar
correctamente la información del llamado, vigilara y corrigiera la forma en que la
Secretaría realizaba la notificación equivaldría a imponerle una carga que no fue
prevista en el auto del 26 de agosto de 2019. El propio juzgado había asumido
expresamente la práctica de esa actuación.
91.
La aplicación rígida del artículo 66 del CGP resulta aún más desproporcionada
porque la finalidad de proteger el derecho de defensa del tercero llamado no se
17
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Accionante: Empocaldas S.A. E.S.P.
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
encontraba comprometida. Liberty Seguros S.A. conoció el proceso, promovió la
nulidad, fue tenida por notificada por conducta concluyente, contestó el llamamiento
y formuló uno adicional frente a La Previsora S.A. Esta última también compareció
al proceso. Ninguna de las aseguradoras permaneció en situación de indefensión.
92.
Por el contrario, la declaratoria de ineficacia terminó afectando exclusivamente
a Empocaldas S.A. E.S.P., al privarla de que la relación contractual de garantía
fuera examinada dentro del proceso de reparación directa, pese a que la falta de
notificación oportuna se originó en una actuación del despacho y fue posteriormente
saneada con plena participación de las convocadas.
93.
Como ha sostenido esta Sala en oportunidad anterior18, tampoco era suficiente
invocar la Sentencia T-309 de 2022 para aplicar automáticamente la consecuencia
del artículo 66 del CGP. Esta providencia resolvió un supuesto distinto, en el que se
había constatado que la notificación se practicó después del término del artículo 66
del CGP, y que tanto el despacho como el llamante permanecieron inactivos, pues
este último se limitó a pagar tardíamente las expensas y no desplegó actuaciones
para impulsar o verificar la vinculación19. Además, la controversia se centraba en si
las dificultades derivadas de la pandemia permitían extender el término legal,
posibilidad que la Corte descartó.
94.
En el presente asunto, en cambio, el juzgado asumió expresamente la
notificación, la practicó de manera defectuosa y posteriormente reconoció y corrigió
esa irregularidad al tener a Liberty Seguros S.A. por notificada por conducta
concluyente. Desde entonces, la aseguradora contestó el llamamiento, convocó a
La Previsora S.A. y está también compareció al proceso. Por tanto, la sentencia T-
309 de 2022 no resolvió si era válido desconocer, años después, una vinculación
corregida y consolidada por las propias actuaciones judiciales, circunstancia que
exigía un análisis específico y no la aplicación automática de aquel precedente.
95.
En ese orden de ideas, el Juzgado Noveno Administrativo incurrió en exceso
ritual manifiesto al declarar ineficaz el llamamiento en garantía mediante una
aplicación inflexible del artículo 66 del CGP, pues hizo recaer sobre Empocaldas
S.A. E.S.P. las consecuencias de un error judicial, desconoció el saneamiento
previamente dispuesto y omitió valorar que las llamadas en garantía habían ejercido
plenamente sus derechos de defensa y contradicción.
96.
La irregularidad tuvo una incidencia directa y determinante en el proceso, dado
que excluyó definitivamente a Liberty Seguros S.A. y a La Previsora S.A., impidió
que se resolviera la relación de garantía dentro del mismo litigio y restringió el
derecho de defensa de la entidad demandada.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 1 de septiembre de 2025, radicado No.
11001-03-15-000-2025-01813-01, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
19 Adicionalmente, en la sentencia T-309 de 2022 se discutía el auto que negó la ineficacia del llamamiento en
garantía, es decir, una providencia que mantuvo vigente la intervención del tercero. En cambio, en este caso se
controvierte el auto que declaró la ineficacia, que excluyó definitivamente a Liberty S.A. y dejó sin efectos la
intervención de La Previsora S.A. Por ello, mientras la providencia examinada en la sentencia T-309 de 2022
no equivalía a negar la intervención, la de este proceso sí produjo exactamente ese efecto material.
18
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00745-01 (7061)
Accionante: Empocaldas S.A. E.S.P.
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
97.
En conclusión, las autoridades accionadas vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de
Empocaldas S.A. E.S.P. En primer lugar, porque negaron el recurso de apelación
mediante una interpretación puramente formal del numeral 6 del artículo 243 del
CPACA, pese a que el auto cuestionado impedía materialmente la intervención de
terceros. En segundo término, porque aplicaron con exceso ritual manifiesto la
consecuencia prevista en el artículo 66 del CGP, aunque la indebida notificación era
atribuible al despacho judicial, la irregularidad había sido saneada y las
aseguradoras habían comparecido y ejercido plenamente su derecho de defensa.
4. Conclusión
98.
Por las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia de la sentencia del 29
de abril de 2026, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, que
declaró improcedente la solicitud de amparo por no superar los requisitos de
inmediatez y de relevancia constitucional.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Revocar la sentencia del 29 de abril de 2026, proferida por la Sección
Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado.
Segundo: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de Empocaldas S.A. E.S.P.
Tercero: Dejar sin efectos el auto núm. 003 del 30 de enero de 2026, proferido por
el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante el cual declaró bien denegado el
recurso de apelación interpuesto contra el auto del 13 de febrero de 2025.
Cuarto: Ordenar al Tribunal Administrativo de Caldas que, dentro de los diez (10)
días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una decisión de
reemplazo en la que conceda el recurso de apelación en el efecto correspondiente
y adopte las medidas necesarias para su trámite. Una vez surtido este, deberá
resolver la alzada de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
Quinto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Sexto: Notificar esta providencia a las partes y a los demás interesados por el medio
más expedito posible.
Séptimo: Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00745-01 (7061)
Accionante: Empocaldas S.A. E.S.P.
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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