RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-00745-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00745-00

Fecha
29 de abril de 2026
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00745-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas- Empocaldas SA ESP por las razones dadas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra esta deberá dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin28. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00745-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

29 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 29 de abril de 2026

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00745-00
Demandantes: Empresa de Obras Sanitarias de Caldas-
Empocaldas SA ESP
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Inmediatez y relevancia
constitucional

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia que declaró la ineficacia del
llamamiento en garantía formulado por Empocaldas SA ESP frente a Liberty Seguros SA.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por la Empresa de Obras
Sanitarias de Caldas - Empocaldas SA ESP, representada legalmente por
Cristian Mateo Loaiza Alfonso a través de apoderado, contra el Tribunal
Administrativo de Caldas y el Juzgado 9 Administrativo de Manizales.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 3 de febrero de 2026, Empocaldas SA ESP, a través de apoderado,
presentó una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Caldas y
el Juzgado 9 Administrativo de Manizales, por la presunta violación de sus
derechos fundamentales al debido proceso (defensa), acceso a la
administración de justicia y seguridad jurídica, con ocasión de las
providencias de 13 de febrero2 y 27 de mayo de 20253 proferidas por el
juzgado, y la providencia de 30 de enero de 20264 proferida por el tribunal,
dentro del proceso de reparación directa No. 17001-33-39-006-2018-00487-
00/03.

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 Notificada por estados el 14 de febrero de 2025. Visible a índice SAMAI 62 del proceso 2018-00487-00.

3 Notificada por estados el 28 de mayo de 2025. Visible a índice SAMAI 77 del proceso 2018-00487-00.
4 Notificada por estados el 2 de febrero de 2026. Visible a índice SAMAI 8 del proceso 2018-00487-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00745-00
Demandantes: Empresa de Obras Sanitarias de Caldas-Empocaldas SA ESP
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):

“PRIMERA: Amparar los derechos fundamentales invocados mediante la
presente acción a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. tales como debido proceso (art. 29
C.P.) Acceso a la Administración de Justicia (art. 229 C.P), Prevalencia del
derecho sustancial (art. 228 C.P), Confianza legítima y lealtad procesal, y
seguridad jurídica.

SEGUNDA: Dejar sin efectos el numeral segundo de la parte resolutiva del auto
del 13 de febrero de 2.025 proferido por el Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito Judicial de Manizales (Caldas) mediante el cual declara ineficaz el
llamamiento en garantía por Empocaldas S.A.E.S.P. frente a Liberty Seguros S.A.,
al igual que el numeral tercero, mediante el cual dicho Despacho, dejó sin
efecto el auto del 25 de abril de 2.023, por medio del cual se admitió el
llamamiento en garantía realizada por Liberty Seguros frente a la Previsora S.A.
Compañía de Seguros, por lo expuesto en la parte considerativa.

TERCERO: Dejar sin efectos el numeral primero de la parte Resolutiva del auto
del 27 de mayo de 2.025, proferido por el Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito Judicial de Manizales (Caldas) mediante el cual decide no reponer el
auto del 13 de febrero de 2.025, que declaró ineficaces los llamamientos en
garantía formulados por Efigas S.A.E.S.P, frente a Seguros Alfa S.A. y Chubb
Seguros Colombia S.A. el llamamiento en garantiza por Empocaldas S.A. E.S.P. y
que dejó sin efecto el auto del 25 de abril de 2.023, por medio del cual se
admitió el llamamiento en garantía realizada por Liberty Seguros S.A. frente la
Previsora compañía de Seguros.

CUARTO: Que se le ordene a la autoridad causante del agravio, el Doctor Jorge
Wilder Gil Ospina en calidad de Juez Noveno Administrativo del Circuito Judicial
de Manizales (Caldas) auto en reemplazo de las providencias señaladas,
proferidas por el mencionado Despacho (Juzgado Noveno Administrativo de
Manizales), consistente en la negación de la solicitud de declaratoria de la
ineficacia del llamamiento en garantía conforme a las pautas y criterios que
señale el Juez de Amparo Constitucional, para este caso concreto, o la
Honorable Corte Constitucional, para el evento que decida la acción de tutela
en sede de revisión.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:

4. 1) El 5 de octubre de 2018, María Doris Londoño y otros5 presentaron
demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa, entre
otras, contra Empocaldas SA ESP. Con dicha demanda pretendían que se
declarara administrativa y solidariamente responsables a las demandadas
y, en consecuencia, se le condenara al pago por los perjuicios causados
con ocasión de los hechos ocurridos el 6 de octubre de 2017, cuando el
daño en una red de gas provocó un incendio que le causó lesiones a
Yefferson Alejandro López Londoño.

5 Yeferson Alejandro López Londoño, Jorge Wilmar López Arroyave, Yessenia Eddid Londoño Jaramillo actuando

en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad Kevin Andrés Ramírez Londoño.

2 de 11

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00745-00
Demandantes: Empresa de Obras Sanitarias de Caldas-Empocaldas SA ESP
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

5. 2) Mediante Auto de 11 de marzo de 2019, el Juzgado 6 Administrativo
de Manizales admitió la demanda y ordenó notificar a las demandadas. En
ese sentido, Empocaldas SA ESP contestó la demanda y solicitó el
llamamiento en garantía de Liberty Seguros SA, el cual fue aceptado
mediante providencia de 26 de agosto de 2019. En dicha decisión se dispuso
su notificación conforme con lo previsto en los artículos 198 y 199 de la Ley
1437 de 2011, la cual, se realizó el 27 de agosto de 2019 al correo electrónico
giraldoduqueandpartenrs@giraldoduqeandpartners.com.

6. 3) En Auto de 27 de enero de 2022, el Juzgado 6 administrativo de
Manizales fijó fecha y hora para realizar audiencia de que trata el artículo
180 del CPACA para el 3 de agosto de la misma anualidad.

7. 4) El 28 de julio de 2022, Liberty Seguros SA presentó incidente de
nulidad por indebida notificación. Como argumento indicó que el Auto de
26 de agosto de 2019 fue notificado a una dirección de correo electrónico
que no era la dispuesta para notificaciones judiciales de la entidad y no
figuraba en el registro mercantil6, razón por la cual, no cumplía con lo
previsto en los artículos 197, 198 y 199 del CPACA. En consecuencia, solicitó
que: (1) se declarara la nulidad del Auto de 27 de enero de 2022 que fijó
fecha y hora para realizar la audiencia inicial, así como las actuaciones
procesales posteriores; (2) se entendiera notificada por conducta
concluyente a la llamada en garantía y, por consiguiente; (3) se concedería
el término correspondiente para ejercer su derecho a la defensa.

8. 5) El 28 de julio de 2022, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el
acuerdo PCSJA22-11976, mediante el cual “se crean unos despachos y
cargos de carácter permanente en la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo a nivel nacional”.

9. 6) En audiencia de 3 de agosto de 2022, el Juzgado 6 Administrativo
de Manizales estimó que, en efecto, existió una indebida notificación de la
llamada en garantía, toda vez que se envió la notificación a un correo
electrónico que no era el dispuesto para notificaciones judiciales según el
registro mercantil7. En ese sentido resolvió, entre otras cosas: (1) realizar
control de legalidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 207 del
CPACA; (2) dejó sin efectos el Auto de 27 de enero de 2022; (3) entendió
notificado por conducta concluyente a la llamada en garantía Liberty
Seguros SA por haber propuesto el incidente de nulidad de 28 de julio de
2022. Dichas decisiones fueron notificadas en estrados sin que fueran objeto
de recurso.

6 Siendo esta: conotificacionesjudiciales@libertycolombia.com.
7 “Considera el despacho, una vez verificado el expediente, que efectivamente no se notificó en debida forma a

la LIBERTY SEGUROS S.A, ni tampoco a las aseguradoras SEGUROS ALFA S.A. Y CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A., por
lo que se presentó una omisión al no dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 197, 198 y 199 del CPACA”

3 de 11

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00745-00
Demandantes: Empresa de Obras Sanitarias de Caldas-Empocaldas SA ESP
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

10. 7) El 25 de agosto de 2022, Liberty Seguros SA contestó el llamamiento
en garantía y a su vez, llamó en garantía a La Previsora SA, en virtud de un
coaseguro cedido a esta última.

11. 8) El 1 de septiembre de 2022, en virtud del Acuerdo PCSJ22-11976 del
Consejo Superior de la Judicatura, le fue asignado por reparto el proceso de
reparación directa No. 17001-33-39-006-2018-00487-00, al Juzgado 9
Administrativo de Manizales; el cual, mediante Auto de 25 de abril de 2023,
resolvió entre otras cosas, avocar el conocimiento del asunto y admitió el
llamamiento en garantía realizado por Liberty Seguros SA frente a La
Previsora SA.

12. 9) El 13 de febrero de 2025, el Juzgado 9 Administrativo de Manizales
declaró ineficaz el llamamiento en garantía realizado por Empocaldas SA
ESP frente a Liberty Seguros SA y, por consiguiente, el llamamiento en
garantía realizado por esta última frente a La Previsora SA8. Como
argumento indicó que, según lo previsto en el artículo 66 del Código General
del Proceso9, aplicable por remisión expresa del artículo 227 del CPACA, se
debía notificar a la llamada en garantía en un término de 6 meses después
del auto que admitió el llamamiento, y al haberse proferido dicho auto el 27
de agosto de 2019 y haberse notificado a Liberty Seguros SA el 28 de julio de
2022, el mismo resultó ineficaz.

13. 10) Contra la decisión anterior, Empocaldas SA ESP interpuso recurso
de reposición y, en subsidio, de apelación. Como argumento indicó que la
indebida notificación del auto que admitió el llamamiento en garantía de
la entidad fue por un error del Juzgado 6 Administrativo de Manizales, el
cual, para ese momento, conocía del asunto y, en ese sentido, que la
notificación se realizara por fuera del término de los 6 meses que establece
el CGP obedeció a factores ajenos a la entidad como llamante en garantía.

14. 11) Mediante Auto de 27 de mayo de 2025, el Juzgado 9
Administrativo de Manizales resolvió no reponer su decisión y rechazar por
improcedente el recurso de apelación. Estimó que, aunque estaba a cargo
del juzgado realizar la notificación del llamamiento en garantía, era
obligación de la parte interesada velar porque dicha notificación se llevara
a cabo de manera correcta dentro del término establecido, dado que no
obraba en el expediente evidencia que demostrara que la parte intentó
advertir la irregularidad presentada, no era posible “descargar toda la
responsabilidad en el despacho judicial”. Igualmente, señaló que como la

8 “2. DECLARAR INEFICAZ el llamamiento en garantía realizado por Empocaldas S.A. E.S.P. frente a Liberty Seguros

S.A., conforme a lo considerado.”
9 “Artículo 66. Trámite. Si el juez halla procedente el llamamiento, ordenará notificar personalmente al convocado

y correrle traslado del escrito por el término de la demanda inicial. Si la notificación no se logra dentro de los seis
(6) meses siguientes, el llamamiento será ineficaz. La misma regla se aplicará en el caso contemplado en el inciso
segundo del artículo anterior (...)”

4 de 11

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00745-00
Demandantes: Empresa de Obras Sanitarias de Caldas-Empocaldas SA ESP
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

apelación contra autos era taxativa, según lo previsto en el artículo 243 del
CPACA, tal recurso era improcedente respecto del auto que declaró
ineficaz el llamamiento en garantía, por no estar contemplado en la ley.

15. 12) Contra la decisión de rechazar por improcedente el recurso de
apelación, Empocaldas SA ESP interpuso recurso de reposición y, en subsidio,
de queja. Señaló que el recurso de apelación era procedente contra el
Auto de 13 de febrero de 2025, toda vez que, a través de dicha providencia
se negó la intervención de terceros como lo contempla el numeral 6 del
artículo 243 del CPACA10. En ese sentido, solicitó que el juzgado repusiera su
decisión y concediera el recurso de apelación presentado o concediera el
recurso de queja.

16. 13) El 15 de julio de 2025, el Juzgado 9 Administrativo de Manizales
resolvió no reponer su decisión y concedió el recurso de queja ante el
Tribunal Administrativo de Caldas.

17. 14) Mediante Auto de 30 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo
de Caldas resolvió declarar bien denegado el recurso de apelación al
estimar que el recurso de apelación contra autos era taxativo según lo
dispuesto en el artículo 243 del CPACA y, en ese sentido, como el auto que
declara la ineficacia del llamado en garantía no era uno de los autos
previstos en dicha disposición normativa, no era procedente la apelación.
Indicó, además, que la Corte Constitucional en Sentencia T-309 de 2022
estudio un caso similar en el que se declaró la ineficacia del llamamiento en
garantía y lo diferenció del auto que niega el llamamiento en garantía, para
concluir que contra la primera providencia no era procedente el recurso de
apelación.

18. Como fundamento de la vulneración, la parte actora sostuvo que las
decisiones del Juzgado 9 Administrativo de Manizales y del Tribunal
Administrativo de Caldas incurrieron en los defectos fáctico, procedimental
absoluto, sustantivo y violación directa de la Constitución.

19. La parte actora indicó que las autoridades judiciales accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y
acceso a la administración de justicia, al declarar la ineficacia del
llamamiento en garantía con base, a su juicio, en una interpretación rígida
del término previsto en el artículo 66 del CGP. Argumentó que la falta de
notificación dentro del término legal establecido no le resultó imputable,
pues obedeció a un error propio del Juzgado 6 Administrativo de Manizales,

10 Artículo 243. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la

misma instancia:
(…)
6. el que niegue la intervención de terceros”

5 de 11

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00745-00
Demandantes: Empresa de Obras Sanitarias de Caldas-Empocaldas SA ESP
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

el cual, para ese momento, tenía el conocimiento del asunto. Sostuvo que
dicho error fue reconocido y corregido mediante una nulidad y
saneamiento procesal que validó la notificación y permitió la intervención
efectiva de la llamada en garantía. En ese sentido, indicó que las
autoridades accionadas trasladaron indebidamente a la parte una carga
procesal que correspondía exclusivamente al juez, lo que configuró los
defectos alegados.

20. Aunado a lo anterior, señaló que las decisiones desconocieron el
precedente constitucional al aplicar de forma automática la Sentencia T-
309 de 2022 sin verificar las diferencias sustanciales del caso,
particularmente, la existencia de un saneamiento judicial previo, así como
la correcta diligencia de la parte. Afirmó que dicha actuación implicó un
formalismo excesivo que sacrificó el derecho sustancial, afectó la confianza
legítima y la seguridad jurídica. Finalmente, señaló que la decisión generó
una consecuencia desproporcionada al excluir a las aseguradoras del
proceso, lo que impidió que ejercieran su derecho de defensa y se
accediera a la cobertura asegurada.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados11

21. El Tribunal Administrativo de Caldas12 indicó que la decisión adoptada
obedeció y se fundamentó en la Sentencia T-309 de 2022 proferida por la
Corte Constitucional. En ese sentido, solicitó que no se consideraran
vulnerados los derechos fundamentales de la accionante y, en
consecuencia, se declarara la configuración del hecho superado, sin
argumentar ni justificar su solicitud.

22. El Juzgado 9 Administrativo de Manizales13 indicó que se acogía en su
totalidad a los argumentos expuestos en las providencias proferidas por el
despacho y, solicitó, fueran negadas las pretensiones de la acción de tutela,
dado que no se vulneraron los derechos fundamentales alegados por la
parte actora, pues, las decisiones adoptadas se fundamentaron en las
disposiciones aplicables al caso, especialmente el artículo 66 del CGP.

23. Liberty Seguros SA14 indicó que todas las actuaciones realizadas
estuvieron en concordancia con la ley, la jurisprudencia y la doctrina
aplicable, así como al debido proceso y al principio de lealtad procesal.
Señaló que la parte actora tenía acceso al expediente, por lo que era su

11 El despacho ponente mediante Auto de 9 de febrero de 2026 resolvió: (1) admitir la acción de tutela, (2), tener

como demandados al Juzgado 9 Administrativo de Manizales y al Tribunal Administrativo de Caldas; y (3) vincular
como terceros con interés al Juzgado 6 Administrativo de Manizales, a Liberty Seguros SA, a La Previsora SA, a
Gloria Luz Ramos López y a María Dors Londoño Jaramillo.
12 Índice 15 de Samai.
13
Índice 16 de Samai.
14
Índice 17 del aplicativo SAMAI.

6 de 11

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00745-00
Demandantes: Empresa de Obras Sanitarias de Caldas-Empocaldas SA ESP
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

deber y derecho como parte velar por el debido proceso, así como por sus
intereses.

24. La Previsora SA15 manifestó que la acción de tutela no constituía una
tercera instancia ni un mecanismo para reabrir debates ya resueltos por el
juez natural. Sostuvo que las decisiones judiciales cuestionadas fueron
ajustadas a derecho, no vulneraron el debido proceso ni el acceso a la
administración de justicia, y derivaron de la inactividad procesal de la parte
accionante al no gestionar oportunamente la notificación del llamamiento
en garantía, lo que llevó a su ineficacia.

25. Suramericana SA16 sostuvo que la acción de tutela era improcedente
porque no constituía una tercera instancia para reabrir un debate ya
decidido. Asimismo, argumentó que carecía de legitimación en la causa, al
no ser parte de la relación sustancial ni titular de los derechos o deberes en
discusión, por lo que no era posible atribuírsele vulneración alguna ni efectos
jurídicos de la decisión reprochada. En consecuencia, solicitó se le
desvinculara del trámite.

26. Gloria Luz Ramos López, María Doris Londoño Jaramillo y el Juzgado 6
Administrativo de Manizales pese a haber sido notificados en debida
forma17, guardaron silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido. 2.1. Solicitud de desvinculación. 2.2. Identificación de la providencia objeto de
estudio. 2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.3.
Conclusión.

2.1. Solicitud de desvinculación

27. En relación con la solicitud de desvinculación de Suramericana SA, la
Sala la negará, habida cuenta de que su vinculación se realizó en calidad
de tercero interesado en el proceso y la eventual decisión de amparo de los
derechos fundamentales que reclama la parte actora podría llegar a tener
incidencia en el proceso ordinario en el que fungió como llamada en
garantía.

2.2. Identificación de la providencia objeto de estudio

28. La Sala pone de presente que se centrará en analizar los reparos
invocados respecto de los Autos de 27 de mayo de 202518, y 30 de enero de

15 Índice 19 del aplicativo SAMAI.
16 Índice 18 del aplicativo SAMAI.
17 Índice 11 del aplicativo SAMAI.
18 Mediante el cual, decidió no reponer la decisión que declaró ineficaz el llamamiento en garantía y se rechazó,

por improcedente, el recurso de apelación

7 de 11

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00745-00
Demandantes: Empresa de Obras Sanitarias de Caldas-Empocaldas SA ESP
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

202619 proferidos por el Juzgado 9 Administrativo de Manizales y el Tribunal
Administrativo de Caldas, respetivamente. Lo anterior, toda vez que, si bien
se cuestionó también el Auto de 13 de febrero de 2025 que declaró ineficaz
el llamamiento en garantía, dicha decisión quedó en firme mediante el auto
que no repuso la decisión.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

29. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela al
considerar que la tutela dirigida contra el Auto de 27 de mayo de 2025 no
superó el requisito de inmediatez.

30. Al respecto la Corte Constitucional20 ha sostenido que, aunque la
acción de tutela no tiene un término de caducidad, la misma debe
presentarse dentro de un “término razonable y proporcionado”, contado a
partir del hecho u omisión generadora de la vulneración o amenaza de
derechos fundamentales, pues, de no ser así, se afectaría la seguridad
jurídica, los derechos de terceros, e incluso, se desnaturalizaría la acción y,
en relación con la acción de tutela contra providencias judiciales, se
comprometería la cosa juzgada y la firmeza de las decisiones judiciales, por
lo cual, según la Corte, aquí, el examen de inmediatez debe ser más
estricto.

31. En ese orden, la Corte Constitucional ha señalado que el estudio y
análisis de la inmediatez se debe efectuar a partir del concepto de
razonabilidad, “teniendo en cuenta las particularidades de cada caso
concreto”.

32. Por su parte, la Sala Plena de esta Corporación, mediante Sentencia
de unificación de 5 de agosto de 201421, estableció, como regla general,
que el mecanismo de amparo debía promoverse en un plazo máximo de 6
meses contados a partir de la notificación o ejecutoria de la providencia
objeto de reproche constitucional. No obstante, al igual que la Corte
Constitucional, sostuvo que “en cada caso concreto deberá evaluarse este
requisito a fin de que no se desvirtúe la razón de ser de la acción de tutela”.

33. Así, para estudiar o valorar la inmediatez en concreto y establecer si
la acción es procedente, se ha considerado que el plazo oportuno es de 6
meses, salvo que, según la Corte Constitucional, se configure alguna de
estas circunstancias, que no son taxativas, en el caso sometido a revisión: (1)

19 Mediante el cual se resolvió el recurso de queja que estimó bien denegado el recurso de apelación interpuesto

por Empocaldas SA ESP.
20 Sentencia SU-018 de 2018.

21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de unificación por importancia

jurídica de 5 de agosto de 2014. Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

8 de 11

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00745-00
Demandantes: Empresa de Obras Sanitarias de Caldas-Empocaldas SA ESP
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

el accionante presente razones válidas para su tardanza en presentar la
acción constitucional, (2) que a pesar del paso del tiempo, la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales continúe y sea actual o (3) que la
exigencia de la interposición de la acción en un término razonable resulte
desproporcionada, dadas las circunstancias de debilidad manifiesta en la
que se encuentra el demandante.

34. En virtud de lo anterior, la Sala considera que no se cumplió con el
requisito de inmediatez, pues, entre la fecha de notificación de la
providencia enjuiciada, esto es, el 28 de mayo de 202522, y la presentación
de la solicitud de amparo, el 3 de febrero de 2026, trascurrieron más de 8
meses, sin que se alegara, ni mucho menos se demostrara una circunstancia
que justificara esa tardanza.

35. Si bien la parte accionante sostuvo que el requisito de inmediatez
debía computarse desde “la última actuación relevante dentro del
proceso”, que, a su juicio, fue el Auto de 30 de enero de 2026 proferido por
el Tribunal Administrativo de Caldas que resolvió el recurso de queja; lo cierto
es que dicho argumento no está llamado a prosperar, en tanto dicho
recurso resultaba manifiestamente improcedente.

36. En efecto, las pretensiones de la tutela se dirigen contra la providencia
que declaró ineficaz el llamamiento en garantía, decisión que fue
confirmada mediante Auto de 27 de mayo de 2025, en el cual se resolvió no
reponer lo decidido y, además, se rechazó, por improcedente, el recurso de
apelación. En consecuencia, es a partir de la notificación de esta última
providencia que debe contabilizarse el término de inmediatez. Igualmente,
aun si en gracia de discusión se estimara el término desde el auto de 15 de
julio de 2025, mediante el cual, no se repuso la decisión de rechazar por
improcedente la apelación, seguiría estando fuera de los 6 meses dispuestos
para la interposición de la acción de tutela como mecanismo de amparo.

37. Lo anterior cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que, una
vez definido que el recurso de apelación era improcedente, no le era dado
a la parte accionante intentar reabrir el debate procesal mediante el
recurso de queja, el cual estimó bien denegada la apelación. En ese
sentido, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido reiterada en señalar
que el ejercicio de recursos manifiestamente improcedentes o
extemporáneos no tiene la virtualidad de suspender, interrumpir o reactivar
el cómputo del término de inmediatez para acudir a la acción de tutela,
pues admitir lo contrario implicaría desconocer los principios de seguridad

22 La notificación se realizó por estados el 28 de mayo de 2025.

9 de 11

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00745-00
Demandantes: Empresa de Obras Sanitarias de Caldas-Empocaldas SA ESP
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

jurídica y cosa juzgada, y permitiría a las partes prolongar indefinidamente
la firmeza de las decisiones judiciales23.

38. Por otro lado, la Sala advierte que la acción de tutela dirigida contra
el Auto de 30 de enero de 2026, proferido por el Tribunal Administrativo de
Caldas, es, igualmente, improcedente, pero por no satisfacer el requisito de
relevancia constitucional24, como pasa a explicarse:

39. La Sala evidenció que no se superó el mencionado requisito por falta
de carga argumentativa, ya que, frente a dicha providencia, el accionante
se limitó a realizar una referencia general a la presunta vulneración de
derechos fundamentales25, sin explicar de qué manera la decisión
cuestionada incurrió en tal afectación ni aportar un análisis o sustento que
respaldara sus reparos. Además, se advirtió que las pretensiones de la
acción de tutela, así como los fundamentos y defectos invocados se
dirigieron, en realidad, únicamente contra el auto que declaró la ineficacia
del llamamiento en garantía, como ya se había señalado26, de manera que
contra el Auto de 30 de enero de 2026 no hubo reparos.

40. Se recuerda que las diferencias interpretativas que existieren entre la
parte demandante y el juez natural de la causa no constituyen, por sí
mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones del
juez ordinario. En otras palabras, la presentación de las discrepancias entre
lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia dicha decisión, vía tutela,
no da por cumplido el requisito de relevancia constitucional. Más, si se trata

23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 9 de septiembre de 2025, Rad. No. 11001-03-

15-000-2025-01499-01; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 11 de abril de 2019, Rad
No. 11001-03-15-000-2019-00805-00; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 27 de agosto
de 2021, Rad. No.11001-03-15-000-2020-05124-01.
24 Para la Corte Constitucional, este requisito (relevancia constitucional) encuentra su razón de ser en el carácter

residual de esta acción, la especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los jueces
ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se convierta en una instancia adicional para
reabrir debates de carácter legal. En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la autonomía e independencia de los jueces,
restringir la acción de tutela a asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se
convierta en una instancia adicional (Corte Constitucional, Sentencia SU-573 de 2019, SU 218- de 2021 y SU 215 de
2022).
Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-
000-2012-02201-01(IJ), adujo expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de varios
elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante que explique, con suficiencia, la relevancia de
la controversia para el juez de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto 24 ; (2) que la solicitud
de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia adicional al proceso ordinario 24 y (3) que se
trate de una controversia sobre derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad.
Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 2023, estableció que la relevancia constitucional se
acredita a partir de tres criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o meramente económicos, (2) perseguir la
protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates concluidos.
25 “El Tribunal Administrativo de Caldas, al resolver el recurso de queja y avalar la improcedencia del recurso de

apelación, consolidó la vulneración de los derechos fundamentales, al:
• Validar una interpretación formalista extrema.
• Omitir el análisis constitucional del saneamiento procesal previamente decretado.
• Negar un control judicial efectivo sobre una decisión que excluyó definitivamente a un tercero garante.
Por ello, su actuación no es meramente pasiva, sino que tiene incidencia directa y actual en la vulneración
alegada, razón por la cual debe ser vinculado como autoridad accionada.” Véase escrito de tutela, índice 2 del
aplicativo SAMAI.
26 Véase el párrafos 36 y 37 de la presente providencia.

10 de 11

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00745-00
Demandantes: Empresa de Obras Sanitarias de Caldas-Empocaldas SA ESP
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

de una tutela contra providencia judicial, pues este es un mecanismo
constitucional de amparo de carácter excepcional27.

2.4. Conclusión

41. Comoquiera que el requisito de inmediatez no se cumplió respecto
del Auto de 27 de mayo de 2025, y frente al Auto de 30 de enero de 2026,
no se satisfizo el requisito de relevancia constitucional, la Sala declarará la
improcedencia de la acción de tutela y se abstendrá de emitir
pronunciamiento sobre los demás requisitos generales y específicos de
procedibilidad y sobre el fondo del asunto.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
Empresa de Obras Sanitarias de Caldas- Empocaldas SA ESP por las
razones dadas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra esta deberá dirigirlo, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin28.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

27 Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018
28 secgeneral@consejodeestado.gov.co

11 de 11

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.