Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01499-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01499-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01499-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez
9 de junio de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, nueve (9) de junio de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01499-01
Demandante: HÉCTOR ÁNGEL COLLAZOS FIERRO
Demandado: SALA SEXTA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL HUILA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR
FALTA DE INMEDIATEZ.
Síntesis del caso: el demandante indicó que la autoridad judicial vulneró sus derechos
fundamentales con ocasión de la providencia judicial proferida en el marco de un proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho por haber incurrido en una indebida valoración
probatoria. Sin embargo, la Sala confirmará la providencia que declaró improcedente la
acción de tutela pero por el incumplimiento del requisito de inmediatez.
La Sala decide la impugnación interpuesta por el demandante en contra de la
sentencia de 24 de abril de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, mediante la cual se dispuso:
“PRMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Superintendencia
de Industria y Comercio y del Juzgado Primero Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Neiva.
SEGUNDA: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela formulada
por el señor Héctor Ángel Collazos Fierro, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.”. (archivo disponible en medio
magnético a través del aplicativo SAMAI- negrillas del original Índice 20
SAMAI de la primera instancia).
I. ANTECEDENTES
La demanda
1) El 17 de marzo de 20251, el actor presentó acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo del Huila, con el fin de que se protegieran sus derechos
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Índice 2 SAMAI de la primera instancia
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01499-01
Demandante: Héctor Ángel Collazos Fierro
Acción de tutela
constitucionales fundamentales del debido proceso, acceso a la administración de
justicia, igualdad, confianza legítima y el principio de la buena fe y, por tanto, se
accediera a las siguientes súplicas:
“PRIMERA Sírvase Señor Juez, amparar los Derechos fundamentales
arriba descritos y revocar la providencia enervada con violación a
derechos fundamentales, cuya referencia corresponde al proceso Nulidad
y Restablecimiento del derecho de HECTOR ANGEL COLLAZOS
FIERRO vs. Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. y
Superintendencia de Industria y Comercio No.
41001333300120200011900, por violentar derechos fundamentales en
segunda instancia y dejar incólume la decisión del Juzgado Primero (1)
Administrativo del Circuito de Neiva.
SEGUNDA. – Como consecuencia de la anterior, pretensión, sírvase
señor Juez Constitucional, ordenar al Tribunal Administrativo de Neiva,
cumplir los terminos de la presente decisión en un término no superior a
10 dias, una vez ejecutoriada el presente amparo.
TERCERA. – Las demás que su Despacho considere pertinentes y
convenientes para la suscrita, ante la inminente conflagración de los
derechos conculcados.”. (archivo disponible en medio magnético a través
del aplicativo SAMAI- negrilla del original – índice 2 SAMAI de la primera
instancia).
Hechos y fundamentos de la vulneración
1) Presentó reiteradas peticiones a Colombiana Telecomunicaciones SA ESP por
la facturación por encima de los consumos contratados y realizados por el usuario.
2) Colombiana Telecomunicaciones SA ESP contestó la petición mediante las
decisiones empresariales nos. CUN 4433191002902902458 del 30 de agosto de
2019 y CUN4433191100304659 del 1° de octubre de 2019, a través de las cuales
la empresa de telefonía celular negó y no repuso la reclamación por cobro en exceso
en el servicio de telefonía celular, respectivamente.
3) Apeló esas decisiones ante la Superintendencia de Industria y Comercio y en
Resolución no. 65712 del 18 de febrero de 2020, la entidad confirmó las decisiones
de la empresa de telefonía móvil.
4) Ante esa negativa, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio y Colombia
Telecomunicaciones SA ESP -hoy Movistar Colombia-, mediante la cual solicitó la
nulidad de los actos administrativos referidos con antelación.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01499-01
Demandante: Héctor Ángel Collazos Fierro
Acción de tutela
5) En sentencia de 31 de marzo de 2023, el Juzgado Primero Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Neiva accedió a las pretensiones de la demanda, declaró la
nulidad de los actos administrativos demandados y ordenó a Movistar Colombia que
emitiera una nueva factura por el periodo comprendido entre el 10 de agosto de
2019 al 9 de septiembre de 2019 y reestableciera el servicio de telefonía celular de
la línea celular registrada con el número de cuenta 1008392771 a nombre del actor2.
6) Inconforme con la decisión, Movistar Colombia y la Superintendencia de
Industria y Comercio interpusieron recurso de apelación en los que alegaron que el
a quo desconoció las pruebas aportadas al expediente pues, la factura objetada
solamente cobraba los minutos adicionales que ascendían a 67 minutos a $295
pesos, cada uno, lo cual arroja un valor antes de IVA de $19.765, suma a la cual se
le debe agregar el IVA del 19% y el impuesto al consumo voz por el 4%, para un
gran total de esta factura de $24.311.
7) Mediante sentencia de 7 de mayo de 20243, el Tribunal Administrativo del Huila
revocó la sentencia de primera instancia por no encontrar que las entidades
demandadas hayan expedido los actos acusados con desviación de poder ni falsa
motivación y previa constatación de que el cobro de los servicios facturados por
Movistar para los meses de agosto y septiembre de 2019 corresponde con el
consumo real del demandante.
8) El 27 de mayo de 2024, presentó recurso de casación en contra de la sentencia
de 7 de mayo de 2024, no obstante, dicho recurso fue rechazado por improcedente
en auto de 27 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Huila tras
explicar que en esta jurisdicción no procede tal recurso.
9) Inconforme con la decisión presentó recurso de reposición y en subsidio queja
en contra de auto que rechazó por improcedente el recurso de casación,
adicionalmente, solicitó dejar sin efectos la sentencia de 7 de mayo de 2024.
10) Mediante auto de 28 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo del Huila
rechazó por improcedente el recurso de reposición y concedió el recurso de queja.
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Proceso con radicación no. 41001-33-33-001-2020-00119-00/01
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Notificada el 20 de mayo de 2024
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01499-01
Demandante: Héctor Ángel Collazos Fierro
Acción de tutela
11) En auto de 27 de enero de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró improcedente el recurso de queja, ya que en la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo no procede el recurso de casación y, en consecuencia,
no se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el artículo 245 de la
Ley 1437 de 2011 para su procedencia.
Fundamentos de la vulneración
La parte demandante afirmó que la sentencia cuestionada incurrió en un defecto
fáctico.
La sentencia ordinaria incurrió en una indebida valoración por cuanto desconoció la
realidad probatoria obrante en el proceso, pues, se debió analizar únicamente el
periodo en reclamación, esto es, el mes de agosto a octubre de 2019, no obstante,
se incluyó el mes de julio de esa anualidad, periodo que no se había reprochado, lo
que agregó un elemento que no estaba en el acto administrativo demandado y le
generó una vulneración a sus derechos fundamentales.
Actuaciones de primer grado
Mediante auto del 27 de marzo de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y ordenó la notificación a la Sala Sexta del Tribunal
Administrativo del Huila, así como la vinculación al Juzgado Primero Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Neiva, a la Superintendencia de Industria y Comercio y
a Colombia Telecomunicaciones SA ESP, para que allegaran un informe sobre los
hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
Sentencia de primera instancia
La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia de 24 de abril de 2025,
declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional pues los argumentos de la parte actora demuestran una
inconformidad sobre la valoración e interpretación de las pruebas y el interés de la
parte actora en utilizar la acción de tutela como una instancia adicional al proceso
ordinario, en tanto que cada uno de los argumentos de la acción de tutela fueron
debidamente analizados y valorados en el proceso ordinario.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01499-01
Demandante: Héctor Ángel Collazos Fierro
Acción de tutela
Impugnación
La parte demandante presentó impugnación contra el fallo de primera instancia,
concedida en auto de 8 de mayo de 20254.
Precisó que en ningún momento pretendió generar una instancia adicional al
proceso, sino que solo puso de presente que el hecho de agregar un mes más a la
discusión generaba un cambio en el acto administrativo que originalmente demandó
y con ello el tribunal desvió la reclamación del derecho de petición, la demanda y lo
discutido en el proceso a una discusión jurídica que resultó en una actuación por
fuera de los lineamientos de la discusión en el acto administrativo y que derivó en
una vulneración del debido proceso.
Finalmente, aseguró que si bien en la acción de tutela se realizó un recuento
histórico de los hechos con fin de contextualizar al juez constitucional, no pretendía
con ello generar nueva discusión sobre lo que ya habían hecho las dos instancias.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.
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Índice 22 SAMAI de la Primera instancia
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Demandante: Héctor Ángel Collazos Fierro
Acción de tutela
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Huila con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de la
sentencia del 7 de mayo de 2024.
En primera instancia, a través de sentencia del 24 de abril de 2025, la Sección
Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela tras
encontrar insatisfecho el requisito de relevancia constitucional.
En la impugnación, la parte demandante sostuvo que el tribunal accionado solo
debía analizar el periodo en reclamación, esto es, a partir del mes de agosto a
octubre de 2019, pero al incluir el mes de julio cambió la discusión contenida en el
acto administrativo.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala confirmará el fallo
de primera instancia que declaró improcedente, pero por el incumplimiento del
requisito de inmediatez, por las razones que procederán a exponerse:
2.1 El presupuesto general de la inmediatez en las acciones de tutela
El requisito de inmediatez constituye una exigencia que reclama la verificación de
una correlación temporal entre la solicitud de amparo y el hecho judicial vulnerador
de los derechos fundamentales.
Dicho presupuesto propugna porque los afectados sean diligentes en sus reclamos
con el fin de que acudan ante los jueces de manera inmediata a ventilar las
situaciones que vulneran o amenazan sus garantías constitucionales en aras de que
se puedan tomar medidas urgentes y pertinentes para el amparo de tales derechos.
En otros términos, lo que se busca es que la acción de tutela se promueva en un
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01499-01
Demandante: Héctor Ángel Collazos Fierro
Acción de tutela
término prudencial y razonable en la medida que, en tanto mecanismo de protección
“inmediata5” de derechos fundamentales, este amparo constitucional pueda cumplir
su cometido y el paso del tiempo no sea tan significativo, irrazonable ni
desproporcionado que torne ineficaz o inane el control constitucional de la actividad
judicial por vía de la acción de tutela.
Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado para explicar el sentido y
alcance de este requisito, así:
“En ese sentido, es necesario promover la acción de tutela contra
providencias judiciales tan pronto se produce la vulneración o amenaza de
los derechos fundamentales, o en un plazo prudencial, porque de lo contrario
la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en
entredicho, ya que no se entiende por qué si la amenaza o violación del
derecho era tan perentoria, no se acudió al mecanismo constitucional con
anterioridad. Como consecuencia de ello, permitir un excesivo paso del
tiempo ante la posibilidad de una reclamación constitucional contra una
providencia judicial, puede afectar además el principio de seguridad jurídica;
de tal manera que la inmediatez sea claramente una exigencia ineludible en
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales6”.
En esos términos, es claro que resulta de la esencia de este medio de defensa
judicial la “urgencia” en la protección de las garantías fundamentales, de ahí que se
exija a los afectados el ejercicio de la acción tan pronto como tengan conocimiento
de la vulneración o amenaza.
Tal requisito cobra mayor relevancia tratándose de acciones de tutelas contra
providencias judiciales, en tanto que en este caso lo que se pretende es dejar sin
efectos una decisión judicial, de modo que el lapso que transcurra entre la
notificación o ejecutoria de la providencia y la presentación de la acción debe ser
razonable, so pena de que como una de las consecuencias lógicas del principio de
seguridad jurídica el solo paso del tiempo conlleve a que la providencia se proyecte,
consolide sus efectos y se legitime.
De lo contrario se generaría una total incertidumbre sobre la firmeza de las
decisiones con la consecuente afectación al principio de la cosa juzgada y los
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En efecto, el artículo 86 de la Constitución Política que consagró la acción de tutela establece:
“ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública.”. (negrillas adicionales).
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Corte Constitucional, sentencia SU-184 de 2019.
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Demandante: Héctor Ángel Collazos Fierro
Acción de tutela
derechos de los terceros, quienes se verían abocados a tener que esperar de
manera indefinida a que su contraparte no haga uso de esta herramienta o
someterse a procesos sempiternos, lo que desde luego desdibuja la esencia de este
mecanismo e implicaría sacrificar principios tan valiosos de cualquier ordenamiento
jurídico como lo son la seguridad jurídica y la cosa juzgada.
Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, la jurisprudencia constitucional también ha
sido enfática en cuanto a que el presupuesto de la inmediatez no puede ser
equiparado en toda su extensión al fenómeno extintivo de caducidad propio de las
acciones ordinarias, pues, si consideramos que la finalidad del primero justamente
es erigirse en la primera herramienta de protección y defensa ante acciones u
omisiones que pongan en riesgo o vulneren garantías iusfundamentales en
ocasiones aplicar de manera estricta el término de 6 meses puede resultar en una
decisión excesivamente rigurosa.
Ello es así, en la medida que no siempre el simple transcurso del tiempo puede
llevar al juez a concluir que la acción de tutela se ha presentado de forma tardía
ante la posibilidad de que existan circunstancias especiales que no solo justifiquen
que la demanda no se hubiere presentado en un término razonable, sino que
demuestren que el hecho o la omisión que vulnera el derecho fundamental son
permanentes, persisten en el tiempo y hacen que la violación sea siempre actual.
Para ello, la jurisprudencia constitucional ha construido varias excepciones que
deben analizarse en cada caso concreto en aras de racionalizar la exigencia de la
inmediatez, a saber:
(i) que exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes;
(ii) que la inactividad justificada no vulnere el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión;
(iii) que exista un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado y;
(iv) que el fundamento de la acción de tutela surja después de
acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de
cualquier forma, en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición 7.
En suma y con la claridad de que tales eventos “no son taxativos”, el juez debe
valorar si la tardanza en el ejercicio de la acción tuvo origen en razones
jurídicamente válidas que expliquen de manera razonable la inactividad del
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Corte Constitucional, sentencia T-189 de 2009.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01499-01
Demandante: Héctor Ángel Collazos Fierro
Acción de tutela
accionante, hipótesis en las cuales el amparo constitucional siempre será
procedente.
2.2 Verificación del cumplimiento del requisito de inmediatez en el caso
concreto
1) En el asunto sub examine, la parte actora alegó que la providencia del 7 de mayo
de 2024 incurrió en un defecto fáctico, pues, el tribunal debió analizar únicamente
el periodo en reclamación, esto es, el mes de agosto a octubre de 2019 y no incluir
el mes de julio de 2019, pues, de esta forma agregó un elemento que no estaba en
el acto administrativo demandado y le generó una vulneración a sus derechos
fundamentales.
2) Sin embargo, la Sala advierte que la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila, por medio de la cual se revocó la sentencia de primera
instancia por no encontrar acreditado que las entidades demandadas hayan
expedido los actos acusados con desviación de poder ni falsa motivación, se profirió
el 7 de mayo de 2024 y se notificó el 20 de mayo de 2024.
3) Lo anterior denota que la acción de tutela se ejerció por fuera del término
prudencial referenciado, es decir, cuando ya habían transcurrido casi 10 meses
después de la notificación de la decisión cuestionada, en atención a que se presentó
el 17 de marzo de 2025.
4) Esta Sala reconoce que aplicar de manera estricta el término de seis meses
puede resultar en una decisión excesivamente rigurosa por lo que no siempre el
simple transcurso del tiempo puede llevar al juez a concluir que la tutela se ha
presentado de forma tardía.
5) Lo anterior, por cuanto existen circunstancias especiales que no solo justifican
que la acción de tutela no se haya presentado en un término razonable, sino que
demuestren que el hecho o la omisión que vulnera el derecho fundamental son
permanentes, persistentes en el tiempo y hacen que la violación sea siempre actual.
6) En efecto, si bien en el presente caso se alegó un supuesto defecto fáctico y una
violación a sus derechos fundamentales, esas circunstancias por sí solas no
permiten ampliar el término de inmediatez, debido a que no explicó, demostró ni
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01499-01
Demandante: Héctor Ángel Collazos Fierro
Acción de tutela
justificó cómo esas circunstancias en el caso concreto permiten flexibilizar el término
de inmediatez y arribar a una conclusión distinta.
7) Se insiste que cuando se cuestionan providencias judiciales proferidas en el
marco de los medios de control que se tramitan en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo la oportunidad de la solicitud de amparo por regla general es de seis
meses determinados a partir del momento en que se notifica la providencia acusada,
pues, es a partir de allí que se infiere que las partes tienen conocimiento de las
decisiones judiciales.
8) Ahora bien, se observa que en la acción de tutela la parte demandante manifestó
que contra la sentencia de 7 de mayo de 2024 interpuso recurso de casación, el
cual fue declarado improcedente en auto de 27 de septiembre de 2024, y contra ese
auto interpuso recurso de reposición y queja, declarados improcedentes el 25 de
enero de 2025, fecha a partir de la cual se debía contar el término de inmediatez.
9) Sin embargo, para la Sala no resulta admisible el argumento presentado por la
parte demandante, pues, el término que se ha estimado como razonable para
reclamar la protección de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados
por las decisiones de la administración de justicia no puede revivirse mediante el
ejercicio de recursos manifiestamente improcedentes o extemporáneos, tal como lo
ha sostenido de manera reiterada esta Corporación8.
10) En efecto, de la lectura de los autos de 27 de septiembre de 2024 y 25 de enero
de 2025 resulta claro la improcedencia del recurso extraordinario de casación, por
lo que la tutela debió presentarse después de que se notificó la providencia del 7 de
mayo de 2024, debido a que fue esa decisión a la que se le endilgó la vulneración
de los derechos fundamentales invocados.
11) Así pues, si bien el demandante mencionó la interposición del recurso de
casación y los autos de 27 de septiembre de 2024 y 25 de enero de 2025, lo cierto
es que esta no puede ser el parámetro para el cómputo del término de la inmediatez,
si se tiene en cuenta que su objeto fue simplemente rechazar, por improcedente, el
recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia de 7 de mayo de 2024,
más aún cuando los reparos del actor están exclusivamente encaminados a
8
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 11 de abril de 2019, radicado:
11001-03-15-000-2019-00805-00; así como, la sentencia del 27 de agosto de 2021, expediente con
radicación: 11001-03-15-000-2020-05124-01 (AC).
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01499-01
Demandante: Héctor Ángel Collazos Fierro
Acción de tutela
cuestionar la sentencia de 7 de mayo de 2024 y no los autos que rechazaron por
improcedentes sus recursos posteriores.
12) En consecuencia, la Sala considera que se encuentra objetivamente acreditado
que no se cumplió el requisito de la inmediatez, por un lado, porque transcurrieron
más de seis meses desde la notificación de la providencia objeto de la tutela y, por
otro, porque la parte actora en la demanda no expuso razones admisibles que
justificaran la tardanza en la presentación del mecanismo constitucional, motivos
suficientes para declarar la improcedencia del mecanismo constitucional.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley
FALLA:
1°) Confírmase la sentencia de primera que declaró improcedente la acción de
tutela, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.
3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera
instancia y remítasele copia del mismo.
4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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