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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03518-00

Fecha
18 de junio de 2026
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03518-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR la acción de tutela presentada por Hugo Auli Suárez Fonseca contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, frente a la presunta mora judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo frente al Auto de 20 de agosto de 2025, por los motivos expuestos en la presente providencia. TERCERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por las expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 33. QUINTO: En caso de no ser impugnada esta decisión, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03518-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

18 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 18 de junio de 2026

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03518-00
Demandantes: Hugo Auli Suárez Fonseca
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD | Mora judicial – Niega
| ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Declara improcedente –
inmediatez

Síntesis del caso: La parte actora reclamó la protección de sus derechos fundamentales
porque la accionada profirió un auto que negó una solicitud de caducidad y por su
presunta mora judicial en proferir sentencia de segunda instancia en un proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Hugo Auli Suárez
Fonseca contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 7 de mayo de 2026, Hugo Auli Suárez Fonseca, a través de
apoderado, presentó una acción de tutela contra la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, seguridad social e igualdad, con ocasión de la presunta mora
judicial de la autoridad judicial accionada en proferir decisión de segunda
instancia en la acción de nulidad y restablecimiento con radicado No.
08001-23-33-000-2015-90147-01 y un presunto defecto sustantivo en contra
del Auto de 20 de agosto de 2025 proferido en ese medio de control.

2. A título de amparo constitucional, el demandante solicitó (se trascribe):

“PRIMERO: Se declare la caducidad de la acción y en consecuencia se confirme la
legalidad del acto administrativo que reconoció la Pensión al Sr. HUGO SUAREZ
FONSECA.

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03518-00
Demandantes: Hugo Auli Suárez Fonseca
Demandado: Subsección B – Sección Segunda – Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega y declara improcedente
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SEGUNDO: AMPARAR mis derechos fundamentales a la Vida Digna, a la igualdad,
Salud, Seguridad Social y debido proceso, vulnerados por la demora en la decisión
y el riesgo de aplicación de normas regresivas sobre mi pensión.

TERCERO: ORDENAR al Consejo de Estado que emita sentencia de fondo de manera
prioritaria, teniendo en cuenta la condición de adulto mayor con más 80 años de
edad con diagnóstico de Alzheimer.

CUARTO: ORDENAR por el Derecho a LA IGUALDAD que se aplique la caducidad de
la acción (Art. 86 Ley 2381 de 2024), declarando que la UGPP perdió la facultad de
atacar mi pensión después de 34 años.

QUINTO: En subsidio de lo anterior, y dada la importancia de la decisión que debe
tomar la Corte Constitucional sobre la Ley 2381 del 2024, solicito la suspensión del
proceso por prejudicialidad hasta que se defina la exequibilidad del artículo 86,
evitando así una sentencia que desconozca derechos fundamentales.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:

4. 1) La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- promovió el
medio de control de nulidad y establecimiento del derecho2 (acción de
lesividad) en contra de la Resolución No. 44519 de 11 de diciembre de 1991,
por medio de la cual “se concede pensión de jubilación especial
proporcional, como consecuencia de la liquidación de la empresa puertos
de Colombia, al señor Hugo Auli Suarez Fonseca” y No. 40134 de 13 de
febrero de 1992, por medio de la cual el jefe de la oficina jurídica de
Colpuertos confirmó la decisión anterior porque, a su juicio, la pensión fue
otorgada en contra de lo previsto en la Convención Colectiva de Trabajo,
pues, por su condición de empleado público en un cargo de dirección y
confianza, no era beneficiario de los derechos convencionales aplicables a
los trabajadores sindicalizados. En esa medida, consideró que se
desconocieron las Leyes 33 y 62 de 1985 sobre los requisitos para acceder a
la pensión.

5. 2) Le correspondió, en primera instancia, al Tribunal Administrativo de
Atlántico, el cual, mediante Sentencia de 15 de mayo de 2020, negó las
pretensiones de la demanda porque la UGPP no logró demostrar la
ilegalidad de los actos mediante los cuales se reconoció la pensión de
jubilación. Descartó la infracción de las Leyes 33 y 62 de 1985, al advertir que
la pensión reconocida no tuvo fundamento en una convención colectiva
de trabajo, como lo sostenía la UGPP, sino en la Resolución 805 de 1991,
expedida para regular las condiciones de retiro de los empleados públicos
de Puertos de Colombia y que el señor Suárez Fonseca cumplía los requisitos
allí previstos.

2 Bajo el radicado No. 08001-23-33-000-2015-90147-00.

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Demandantes: Hugo Auli Suárez Fonseca
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega y declara improcedente
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6. En relación con la alegada vulneración del principio de sostenibilidad
financiera del sistema pensional, concluyó que dicho principio fue
incorporado al ordenamiento constitucional mediante el Acto Legislativo 1
de 2005, mientras que los actos acusados fueron expedidos en 1991 y 1992,
razón por la cual no podía predicarse su desconocimiento. Además, la UGPP
no explicó de qué manera concreta se había afectado dicho principio.

7. 3) El 18 de septiembre de 2020, la UGPP presentó recurso de apelación
en contra de la sentencia de primera instancia. Consideró que el tribunal
interpretó erróneamente el principio de sostenibilidad financiera del sistema
pensional, pues este, por su naturaleza constitucional, debía proyectarse
sobre prestaciones que continuaban produciendo efectos económicos en
el tiempo. Por otro lado, sostuvo que omitió analizar la ilegalidad de la
Resolución 805 de 1991, ya que el Gerente General de Puertos de Colombia
carecía de competencia para reglar el régimen pensional de los empleados
públicos. En ese sentido, afirmó que el aquí accionante no podía ser
beneficiario de prerrogativas pensionales extralegales y que su situación
debía regirse por las Leyes 33 y 62 de 1985, cuyos requisitos no cumplía al
momento de su retiro. Por ello, solicitó revocar la sentencia y declarar la
nulidad de los actos administrativos demandados.

8. 4) En segunda instancia, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado admitió el recurso de apelación en Auto de 28 de enero
de 2022 y corrió traslado para alegar de conclusión el 24 de marzo de 2022.

9. 5) El 2 de diciembre de 2024, Hugo Auli Suárez Fonseca solicitó
declarar la caducidad en el proceso de la referencia, de conformidad con
establecido en el artículo 86 de la Ley 2381 de 20243 porque la UGPP
presentó la demanda después de 5 años, concretamente, 24 años después
de haber sido expedido el acto que concedió la pensión.

10. 6) Por medio de Auto de 20 de agosto de 2025, se negó la solicitud de
caducidad presentada, comoquiera que en el asunto en estudio no había
lugar a aplicar el término previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024
porque esta entró en vigor a partir de 16 de julio de 2024 y, en los procesos
judiciales que se encontraban en curso, se debía aplicar la caducidad a
partir de la vigencia dicha ley. En consecuencia, debía estudiarse de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.

3 “ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS
RESPECTO DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no
Podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las
entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones administrativas y/o contencioso
administrativas después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la
caducidad a partir de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o contenciosas, y respecto a
las cuales ya se haya decidido, Podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá
un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03518-00
Demandantes: Hugo Auli Suárez Fonseca
Demandado: Subsección B – Sección Segunda – Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega y declara improcedente
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11. 7) El 9 de septiembre de 2025, el accionante presentó un recurso de
apelación en contra del auto que negó la solicitud de caducidad y este fue
declarado improcedente, mediante Auto de 18 de diciembre de 2025, pues,
la decisión que pretendía apelar el señor Suárez Fonseca no hacía parte de
aquellas que, de conformidad con el artículo 243 del CPACA, eran
susceptibles del mencionado recurso.

12. Como fundamento de la vulneración, la parte actora indicó que la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió en mora
judicial al no proferir sentencia de segunda instancia en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho No. 08001-23-33-000-2015-90147-01.

13. Agregó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
sustantivo y un desconocimiento del precedente al negar la solicitud de
caducidad presentada, pues, a su juicio, omitió aplicar el artículo 86 de la
Ley 2381 de 2024, el cual que estuvo vigente desde el 16 de julio de 2024
hasta el 17 de junio de 2025, cuando la Corte Constitucional la suspendió.
Indicó que se desconocía el precedente judicial, porque, presuntamente
existía una línea clara del Consejo de Estado que ordenaba aplicar esta
caducidad de 5 años incluso a procesos en curso, siempre que no hubiera
una sentencia en firme antes de la ley, sin embargo, no indicó cuáles
providencias se desconocieron.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados4

14. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado5
advirtió que no se configuró una vulneración del derecho fundamental al
debido proceso del accionante. Indicó que el expediente ingresó al
despacho en abril de 2023, luego de que la ponencia presentada por el
entonces magistrado Carmelo Perdomo Cuéter no alcanzara el quorum
requerido para su aprobación. Desde entonces, aclaró que en el trámite del
proceso se surtieron distintas actuaciones, entre ellas un incidente de
nulidad promovido por el accionante, el cual fue tramitado y decidido
mediante Autos de 29 de agosto de 2024 y 28 de febrero de 2025; y la
solicitud de caducidad radicada el 2 de diciembre de 2024, la cual fue
objeto de traslado a las partes y posteriormente negada mediante Auto de
20 de agosto de 2025.

15. Indicó que no se configuró un defecto sustantivo, en tanto el Auto de
20 de agosto de 2025 negó la solicitud de caducidad con fundamento en
razones jurídicas expresas, suficientes y razonables. Expuso que en dicha

4 Mediante Auto de 7 de mayo de 2026, el despacho ponente resolvió (1) admitir la solicitud de amparo, (2) tener

como accionada a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, (3) vincular al Tribunal
Administrativo de Atlántico, la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, como terceros con
interés en el asunto.
5 Índice 11 de SAMAI

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Demandantes: Hugo Auli Suárez Fonseca
Demandado: Subsección B – Sección Segunda – Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega y declara improcedente
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decisión se indicó que la Corte Constitucional, mediante Auto 841 de 2025,
suspendió la vigencia de la Ley 2381 de 2024, salvo los artículos 12 y 76, de
manera que el artículo 86 no producía efectos jurídicos al momento de
decidir la solicitud. En esa medida solicitó que se negara la solicitud de
amparo o, en su defecto, se declarara improcedente.

16. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público6 manifestó su falta de
legitimación pasiva en la causa, pues no podía endilgársele una vulneración
de derechos fundamentales porque no era la entidad encargada de
declarar o denegar la caducidad de la acción dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho objeto de tutela, al ser esta una
función de la autoridad judicial accionada.

17. Advirtió que no contaba con las facultades para intervenir en el
desarrollo de las funciones de la UGPP. En consecuencia, solicitó ser
desvinculada del presente proceso.

18. La UGPP7 recordó que la acción de tutela no era el medio adecuado
previsto por la ley para reclamar el reconocimiento de prestaciones
pensionales y que (se trascribe): “En este caso la accionante aún no ha
hecho uso en su totalidad de los mecanismos propios que tiene la
administración para optar a los procedimientos judiciales ordinarios previstos
por el legislador para la discusión y decisión de sus pretensiones, en donde
se establezca si a la accionante, le asiste, o no, el derecho que reclama.”

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Cuestión previa. 2.2. Solicitud de desvinculación 2.3 Procedencia de la
acción de tutela contra autoridad pública. 2.4. Fijación de la controversia 2.5. Verificación
de la presunta vulneración alegada 2.6. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.7. Conclusión.

2.1. Cuestión previa

19. La Sala advierte que la acción de tutela contiene dos pretensiones:
una orientada a que se deje sin efectos el Auto de 20 de agosto de 2025,
mediante el cual se negó la solicitud de caducidad del medio de control de
nulidad y establecimiento del derecho No. 08001-23-33-000-2015-90147-01; y
otra que apunta a que se profiera sentencia de segunda instancia en el
marco de dicho medio de control.

20. En ese sentido, primero se estudiará la procedencia de la tutela contra
autoridad pública, por la pretensión relacionada con la presunta mora
judicial de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en
proferir sentencia de segunda instancia y, luego, se analizará la

6
Índice 12 de SAMAI.
7 Índice 13 de SAMAI.

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Demandantes: Hugo Auli Suárez Fonseca
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega y declara improcedente
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procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial frente al
Auto de 20 de agosto de 2025.

2.2. Solicitud de desvinculación

21. En relación con la solicitud de desvinculación manifestada por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Sala la negará, toda vez que su
vinculación se realizó en calidad de tercero interesado en el proceso y la
eventual decisión de amparo de los derechos fundamentales que reclama
la parte actora podría llegar a tener algún interés en tanto existe un control
tutelar por parte de dicha cartera ministerial.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra autoridad pública

22. En el presente caso, se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela porque esta se orientó a obtener la
protección de los derechos fundamentales8 al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, seguridad social e igualdad. Hugo Auli Suárez
Fonseca es el titular de los derechos invocados como violados, por lo cual,
se tiene por acreditada la legitimación activa en la causa9.

23. De igual manera, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, tiene legitimación pasiva en la causa10, porque de esta se
predica la vulneración y tiene relación con sus competencias (mora judicial
injustificada).

24. Frente al requisito de subsidiariedad11, la Sala lo tendrá por superado
por no existir recurso judicial idóneo y eficaz que permitiera al accionante
alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa de los
derechos presuntamente vulnerados.

25. En relación con el requisito de inmediatez12, este se satisface, en tanto,
de conformidad con el escrito de tutela, la presunta vulneración se presentó
con ocasión de una situación actual y continua, como lo es el presunto
retardo o mora en proferir la sentencia de segunda instancia en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho No. 2015-90147-01.

2.4. Fijación de la controversia

26. Determinar si se configuró, o no, la mora judicial injustificada alegada
por la parte actora, y si, con sello, se afectaron los derechos fundamentales
del señor Suárez Fonseca.

8 Decreto 2591 de 1991. Artículo 2, en concordancia con el artículo 5 y los numerales 2 y 3 del artículo 6 ibidem.
9 Decreto 2591 de 1991. Artículos 10 y 13, en concordancia con el artículo 1 ibidem.
10 Ídem.
11 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 1).
12 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 4).

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Decisión: Niega y declara improcedente
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2.5. Verificación de la presunta vulneración alegada

27. La Sala negará la solicitud de amparo, por las razones que pasan a
explicarse:

28. La parte actora alegó que la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado incurrió en una dilación injustificada en proferir la
sentencia de segunda instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento
con radicado No. 08001-23-33-000-2015-90147-01.

29. Habida cuenta de lo anterior, sea lo primero indicar que, la Sala, de
oficio, revisó las anotaciones del mencionado expediente en el aplicativo
SAMAI y, a partir de ello, logró evidenciar que se llevaron a cabo las
actuaciones, que se destacan a continuación: (1) admitió el recurso de
apelación mediante Auto de 28 de enero de 202213, (2) el 24 de marzo de
2022, corrió traslado para alegar de conclusión14, (3) el expediente pasó al
despacho el 24 de mayo de 202215, (4) el 6 de julio de 2022, el accionante
presentó una solicitud de pruebas y un incidente de nulidad16, (5) el
proyecto de Sentencia fue presentado a consideración de la Sala de
decisión de 30 de marzo de 2023; sin embargo, no alcanzó el quórum
requerido para su aprobación, con lo cual, mediante Auto de 10 de abril de
2023 se ordenó remitir el expediente al consejero que seguía en turno17, (6)
el 15 de mayo de 2025 se remitió el proceso al despacho del consejero Juan
Enrique Bedoya Escobar18, (7) mediante Auto de 29 de agosto de 2024 se
negó la solicitud de prueba de 6 de julio de 2022, y se ordenó correr traslado
de la solicitud de nulidad19, (8) el 2 de diciembre de 2024, Hugo Auli Suárez
Fonseca solicitó declarar la caducidad en el proceso20, (9) a través de Auto
de 28 de febrero de 2025, la autoridad judicial accionada declaró
improcedente el incidente de nulidad21, (10) por medio de Auto de 20 de
agosto de 2025 se negó la solicitud de caducidad presentada22, (11) el 9 de
septiembre de 2025, el accionante presentó un recurso de apelación en
contra del auto que negó la solicitud de caducidad23, y este (12) fue
declarado improcedente mediante Auto de 18 de diciembre de 202524.

30. Al respecto, es preciso señalar que (se trascribe) “la mora judicial es
un fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute
efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia, y que se
presenta como resultado de acumulaciones procesales estructurales que

13 Índice 3 del aplicativo SAMAI
14 Índice 9 del aplicativo SAMAI
15 Índice 15 del aplicativo SAMAI
16 Índice 17 y 18 del aplicativo SAMAI
17 Índice 22 del aplicativo SAMAI
18 Índice 28 del aplicativo SAMAI
19 Índice 31 del aplicativo SAMAI
20 Índice 38 del aplicativo SAMAI
21 Índice 42 del aplicativo SAMAI
22 Índice 48 del aplicativo SAMAI
23 Índice 52 del aplicativo SAMAI
24 Índice 54 del aplicativo SAMAI

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Decisión: Niega y declara improcedente
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superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se
encuentra la solución de los procesos”25. Asimismo, la Corte Constitucional
ha precisado26 que la mora judicial no se configura por el solo transcurso del
tiempo, sino que ella debe ser injustificada, esto es, (se trascribe):

“(i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar
alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha
demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza
es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una
autoridad judicial”.

31. En ese sentido, la Corte Constitucional ha reiterado que (se trascribe)
“no toda mora judicial implica la vulneración de los derechos
fundamentales de una persona, pues el juez de tutela debe verificar si se
incurre en un desconocimiento de plazo razonable y la inexistencia de un
motivo válido que lo justifique.”27 Para tal efecto, se deberá examinar las
condiciones específicas del asunto sometido a decisión judicial, para
evaluar si existe, o no, una justificación debidamente probada que explique
la mora.

32. En el presente caso, la Sala considera que no se configura una mora
judicial injustificada, toda vez que no se reúnen los elementos definidos por
la Corte Constitucional para su estructuración. Ello, en la medida en que se
observó que ha habido actuaciones orientadas a dar trámite al proceso y,
aunque aún no se ha dictado sentencia de segunda instancia dentro del
expediente con radicado No. 08001-23-33-000-2015-90147-01, se precisa que
la autoridad judicial accionada ha debido atender sucesivos memoriales e
incidentes presentados por el accionante. Cada una de estas actuaciones
exige un estudio particular y una decisión motivada, lo cual implica una
carga funcional y temporal.

33. Por tanto, el tiempo transcurrido no obedece a una inactividad
injustificada o abandono del proceso por parte de la autoridad judicial, sino
al desarrollo normal de las actuaciones promovidas por la propia parte
accionante y a la necesidad de garantizar su derecho fundamental al
debido proceso.

34. La Sala no desconoce que los trámites y las decisiones que se adoptan
en los procesos judiciales deben observar los plazos legalmente previstos. No
obstante, se pone de presente la existencia de diferentes aspectos que
deben analizarse de manera particular, pues temas como el de la
congestión actual y sistemática del aparato judicial o la complejidad del
asunto a resolver, sugieren motivos razonables que impiden que se le dé el
alcance de mora judicial injustificada a casos como el que aquí se analiza.

25 Corte Constitucional. Sentencia T-052 de 2018
26 Sentencia T-230 de 2013, reiterada en la T-186 de 2017 y T-052 de 2018
27 Corte Constitucional, sentencia T-186 de 2017, reiterada por la sentencia SU-333 de 2020.

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2.6. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

35. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo en lo
atinente al defecto sustantivo alegado de cara al Auto de 20 de agosto de
2025, por no superar el requisito de inmediatez, por los motivos que pasan a
explicarse:

36. La Corte Constitucional28 ha sostenido que, aunque la acción de
tutela no tiene un término de caducidad, la misma debe presentarse dentro
de un “término razonable y proporcionado”, contado a partir del hecho u
omisión generadora de la vulneración o amenaza de derechos
fundamentales, pues, de no ser así, se afectaría la seguridad jurídica, los
derechos de terceros, e incluso, se desnaturalizaría la acción misma.
Aunado a ello, en relación con la acción de tutela contra providencias
judiciales, se comprometería la cosa juzgada y la firmeza de las decisiones
judiciales, por lo cual, según la Corte, aquí, el examen de inmediatez debe
ser más estricto.

37. En ese orden, la Corte Constitucional ha señalado que el estudio y
análisis de la inmediatez se debe efectuar a partir del concepto de
razonabilidad, (se trascribe) “teniendo en cuenta las particularidades de
cada caso concreto”.

38. Por su parte, la Sala Plena de esta Corporación, mediante Sentencia
de unificación de 5 de agosto de 201429, estableció, como regla general,
que el mecanismo de amparo debe promoverse en un plazo máximo de 6
meses contados a partir de la notificación o ejecutoria de la providencia
objeto de reproche constitucional. No obstante, al igual que la Corte
Constitucional, sostuvo que (se trascribe) “en cada caso concreto deberá
evaluarse este requisito a fin de que no se desvirtúe la razón de ser de la
acción de tutela”.

39. Para estudiar o valorar la inmediatez en concreto y establecer si la
acción es procedente, se ha considerado que el plazo oportuno es de 6
meses, salvo que, según la Corte Constitucional, se configuren alguna de
estas circunstancias, que no son taxativas, en el caso sometido a revisión: (1)
el accionante presente razones válidas para su tardanza en presentar la
acción constitucional, (2) que a pesar del paso del tiempo, la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales continúe y sea actual o (3) que la
exigencia de la interposición de la acción en un término razonable resulte
desproporcionada, dadas las circunstancias de debilidad manifiesta en la
que se encuentra el demandante.

28 Sentencia SU-018 de 2018.
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de unificación por importancia
jurídica de 5 de agosto de 2014. Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03518-00
Demandantes: Hugo Auli Suárez Fonseca
Demandado: Subsección B – Sección Segunda – Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega y declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________

40. En el presente caso, la solicitud de amparo está orientada a que se
dejen sin efectos el Auto de 20 de agosto de 2025, proferido por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 08001-23-33-000-
2015-90147-01.

41. Se tiene que, entre la fecha de notificación del auto enjuiciado (9 de
septiembre de 202530) y la presentación de la acción de tutela (7 de mayo
de 2026), transcurrieron más de 7 meses31, por lo que el plazo no resultó ser
razonable. Además, el término que se ha estimado como razonable para
reclamar la protección de los derechos fundamentales presuntamente
vulnerados por las decisiones de la administración de justicia no puede
revivirse mediante el ejercicio de recursos manifiestamente improcedentes
o extemporáneos, tal como lo ha sostenido esta Corporación32.

42. En esa medida, resulta claro la improcedencia del recurso de
apelación contra la providencia que negó la solicitud de caducidad, por lo
que la tutela debió presentarse después de que se notificó esta última,
debido a que fue esa decisión a la que se le endilgó la vulneración de los
derechos fundamentales invocados.

43. Por último, es preciso poner de presente que la parte actora no
demostró estar en una situación de debilidad manifiesta o que le impidiera
acudir oportunamente ante el juez de tutela con el fin de cuestionar la
providencia aludida.

2.7. Conclusión

44. Con fundamento en las razones expuestas, esta Sala, de un lado,
negará la acción de tutela frente a la presunta mora judicial y la declarará
improcedente en relación con el auto enjuiciado.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,

30 Al consultar SAMAI, en el índice 51 dentro del proceso No. 08001-23-33-000-2015-90147-01, se constató que la

notificación se realizó el 4 de septiembre, mediante mensaje de datos al correo del apoderado del accionante
carlos_luna_noguera@hotmail.com.
31 De conformidad con el artículo 205 del CPACA, modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021, la

notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío
del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación”. En consecuencia, la
notificación enviada el 4 de septiembre de 2025, se entiende surtida 2 días hábiles después, esto es, el 9 de
septiembre de 2025.
32 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 27 de agosto de 2021, rad. 11001-03-15-000-

2020-05124-01 y Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 9 de junio de 2025, rad. 11001-03-15-000-2025-01499-
01.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03518-00
Demandantes: Hugo Auli Suárez Fonseca
Demandado: Subsección B – Sección Segunda – Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega y declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela presentada por Hugo Auli Suárez
Fonseca contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, frente a la presunta mora judicial, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo frente al Auto
de 20 de agosto de 2025, por los motivos expuestos en la presente
providencia.

TERCERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por las expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 33.

QUINTO: En caso de no ser impugnada esta decisión, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

33 secgeneral@consejodeestado.gov.co

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