Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-00756-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-00756-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-00756-00
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SALA DE DECISIÓN
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00756-00
Accionante: Equion Energía Limited
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AMPARA
derecho fundamental al acceso a la administración de justicia – configuración de
violación directa de la Constitución.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 3 de febrero de 2026, la empresa Equion Energía Limited, a través de
apoderado judicial, promovió acción de tutela contra la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección Quinta del
Consejo de Estado, con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia.
2.
Solicitó dejar sin efectos las sentencias del 30 de septiembre y 6 de noviembre de
2025, emitidas dentro de la acción de cumplimiento2 que inició contra la Agencia
Nacional de Hidrocarburos -ANH-, con el fin de que realizara el ajuste en la
liquidación de las regalías del cuarto trimestre de 2014, correspondiente a los
contratos de explotación de gas suscritos con Ecopetrol -para los campos
“Piedemonte” y “Río Chitamena”-, tal como lo ordenó en la Resolución 534 del 23 de
julio de 2015.
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Radicado: 25000-23-41-000-2025-01157-00/01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00756-00
Accionante: Equion Energía Limited
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro
3.
Indicó que, inicialmente, presentó demanda ejecutiva con el fin de que se librara
mandamiento de pago para que se ordenara la ejecución de la obligación de hacer,
contenida en el artículo 2 de la referida resolución, proceso que fue conocido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C 3 . Sin
embargo, dicha autoridad judicial dispuso que al proceso se le debía impartir el
trámite de acción de cumplimiento. En sentencia de primera instancia, proferida el
13 de marzo de 2020, se accedió a las pretensiones de la sociedad accionante.
Decisión que fue revocada en fallo del 30 de julio del 2020, dictado por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción por existir
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución No. 534 de
20154.
4.
Posteriormente, la accionante interpuso acción de tutela contra esta última
providencia judicial, cuyo conocimiento correspondió a la Sección Primera del
Consejo de Estado, que en sentencia del 20 de noviembre de 2020, negó el amparo,
precisando que, una vez finalizara el proceso de nulidad contra el acto administrativo
que ordenaba la reliquidación de regalías, podría volver a iniciar acción de
cumplimiento.
5.
Es así como inició un nuevo proceso, dentro del cual se profirieron los fallos que
ahora son objeto de cuestionamiento. En esta nueva acción de cumplimiento, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección B dictó
sentencia de primera instancia, con fecha del 30 de septiembre de 2025, en la que
declaró la improcedencia. Consideró que no se acreditó el requisito de
subsidiariedad, al no haberse demostrado que la sociedad accionante hubiera
interpuesto recurso de reposición contra el auto proferido el 29 de mayo de 2019 por
la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
-en el proceso anterior-, mediante el cual, se adecuó la demanda ejecutiva
inicialmente presentada contra la ANH, a una acción de cumplimiento. Además,
enfatizó en que este tipo de acción judicial no es procedente para el reconocimiento
de derechos subjetivos y, en todo caso, tampoco se probó la existencia de un deber
jurídico inobjetable, preciso y exigible, incumplido por la autoridad accionada.
6.
La anterior decisión fue confirmada por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
en fallo del 6 de noviembre de 2025, al considerar que existe otro mecanismo judicial
para ventilar las pretensiones de la empresa. La demandante debió iniciar proceso
ejecutivo, tal como lo hizo para exigir el cumplimiento de lo dispuesto en la
Resolución 1183 de 2014, respecto al ajuste de regalías causadas en el tercer
trimestre de 2014, acción que le resultó favorable. Además, si bien no era de su
competencia pronunciarse sobre la posible pérdida de ejecutoriedad del acto
administrativo -dada la naturaleza de la acción de cumplimiento-, indicó que en el
caso concreto, ocurrió este fenómeno, dado que habían pasado más de 10 años
desde que la Resolución 534 de 2015 cobró ejecutoria.
3 Radicado: 25000-23-36-000-2019-00104-00/01
4 Radicado: 11001-03 26-000-2020-00035-00
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Accionante: Equion Energía Limited
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro
7.
La parte actora sostuvo que las autoridades judiciales demandadas incurrieron en
defecto procedimental por haber declarado la improcedencia de la acción de
cumplimiento, por falta de cumplimiento del requisito de subsidiariedad, ante la
posibilidad de iniciar un proceso ejecutivo; sin tener en cuenta que fue la misma
jurisdicción contencioso-administrativa la que -en el primer proceso- obligó a la
empresa accionante a ventilar la controversia a través de ese medio de control.
8.
Puso de presente todo el trámite de la acción de cumplimiento previa, y el fallo de
tutela en el que se indicó que podía iniciar un nuevo proceso, cuando se resolviera
en sede judicial la discusión sobre la legalidad de la resolución cuyo cumplimiento
se pretendía. Ante la terminación de este último proceso, la empresa demandante
presentó nuevamente acción de cumplimiento, y ahora, pasados más de 5 años, se
declara su improcedencia por subsidiariedad por no haberse presentado demanda
ejecutiva. Además, se le exigió una condición para que se procedería el estudio de
fondo del caso (resolver el debate de legalidad del acto administrativo cuyo
cumplimiento se requería) y una vez cumplida, se le negó materialmente la
posibilidad de demandar lo dispuesto por la ANH, en acto administrativo proferido
por ella misma.
9.
Indicó que también se configuró un defecto fáctico en su dimensión negativa por
parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al afirmar que la acción de
cumplimiento no era procedente por subsidiariedad, en atención a que no se
interpuso recurso de reposición contra auto del 29 de mayo de 2019 (2019-00104-
00), mediante el cual se adecuó la demanda ejecutiva inicialmente presentada -
proceso anterior- a medio de control de cumplimiento. Al proceso se allegó carpeta
digital denominada “Acción de cumplimiento Resolución 534 de 2015”, en la que
reposa el archivo “12. Recurso de reposición del 5 de junio de 2015”, dentro del cual,
como su nombre lo indica, consta copia digital de la reposición interpuesta contra la
decisión judicial mencionada.
10.
Además, dentro del acervo probatorio obra documento identificado como “11. Auto
del 8 de noviembre de 2019”, providencia en la que se enlistaron las diversas
actuaciones surtidas en ese proceso de cumplimiento previo y en el que el mismo
Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó consignada la presentación del
recurso de reposición.
11.
Precisó que este error fue puesto en conocimiento del Consejo de Estado al
interponerse apelación contra el fallo del 30 de septiembre de 2025, sin que se
hiciera un pronunciamiento expreso sobre el yerro del a quo, al ignorar pruebas
válidamente allegadas al proceso respecto a un aspecto decisivo para la resolución
del litigio y haber fundamentado su decisión en una premisa fáctica contraria a la
realidad procesal.
12.
A su vez, el Tribunal desconoció el precedente horizontal, conformado por la
sentencia del 13 de marzo de 2020, proferida en la acción de cumplimiento
3
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00756-00
Accionante: Equion Energía Limited
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro
inicialmente promovida por Equion (2019-00104-00), en la que se había accedido a
las pretensiones de cumplimiento, lo que evidenciaba que esa Corporación ya había
decidido que en el caso concreto la acción procedente no era la demanda ejecutiva.
13.
Igualmente, desconoció el precedente vertical integrado por los fallos: (i) del 30
de julio de 2020, proferido en segunda instancia por la Sección Quinta del Consejo
de Estado, dentro del proceso de cumplimiento iniciado previamente, en la que
expresamente se indicó que, si bien en dicha ocasión el medio de control debía
declararse improcedente por estar pendiente la resolución de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho incoada por la ANH, después de que se resolviera de
fondo, se podría iniciar nueva acción de cumplimiento, como vía judicial adecuada
para lograr el cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 534 de 2015; y (ii) del
20 de noviembre de 2020, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado en
la acción de tutela presentada por Equion contra el fallo del 30 de julio de 2020,
previamente referido, en la que se reiteró que podría volver a intentar la acción de
cumplimiento.
14.
El Tribunal accionado no cumplió con la carga argumentativa para separarse de
lo dispuesto en dichas sentencias; defectos que, si bien se alegaron al interponer
apelación, no fueron objeto de pronunciamiento por el Consejo de Estado.
15.
Todas estas falencias le permitieron concluir a la actora que también se incurrió
en violación directa de la Constitución, consistente en una vulneración a la
garantía constitucional de acceso efectivo de la administración de justicia, en tanto
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado dieron por
probado erróneamente, que no se cumplió con el requisito de subsidiariedad de la
acción de cumplimiento, en tanto existe la acción ejecutiva para poder satisfacer las
pretensiones, misma que encontraron improcedente en el año 2019.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
16.
Mediante auto de 17 de febrero de 20265, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a las autoridades judiciales demandadas y se vinculó a Agencia Nacional de
Hidrocarburos -ANH-, en calidad de tercero con interés. De igual modo, se ordenó
comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo
de su cargo y se requirió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que
remitiera copia digital del expediente con radicado 25000-23-41-000-2025-01157-
00/01.
17.
A su vez, se aceptó el impedimento presentado por el consejero Fernando Alexei
Pardo Flórez6. Por ende, se le separó del presente asunto y se dispuso sortear dos
conjueces entre los magistrados que integran las Subsecciones B y C de la Sección
5 Notificado el 25 de febrero de 2026.
6 Quien manifestó estar incurso en la causal de impedimento contenida en el numeral 5 del artículo 56 del Código
de Procedimiento Penal.
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Tercera de la Corporación, a efectos de conformar el quórum requerido. En
cumplimiento de lo anterior, el 25 de febrero del presente año se realizó diligencia de
sorteo de conjueces, en la que se designaron en tal condición a los consejeros Diego
Enrique Franco Victoria y Fredy Hernando Ibarra Martínez, lo cual se les comunicó
el mismo día.
(i) ANH7
18.
Señaló que el trámite surtido en el proceso ordinario se ajustó a derecho y que la
argumentación de la empresa accionante está encaminada a que se revise el litigio
zanjado como si el amparo pudiera usarse para surtir una instancia adicional. Indicó
que no es cierto que se haya desconocido lo dispuesto en la sentencia de tutela del
20 de noviembre de 2020 proferida por el Consejo de Estado – Sección Primera y,
en todo caso, los fragmentos de ese fallo citados como desconocidos, no
constituyeron su ratio decidendi. Enfatizó en que lo decidido por el juez constitucional
no puede restringir la autonomía e imparcialidad de los jueces ordinarios, respecto
al análisis del cumplimiento de requisitos de procedencia de la acción de
cumplimiento.
19.
Además, las autoridades judiciales accionadas resolvieron de fondo el asunto,
analizaron las pruebas, determinaron que la demanda no era procedente; incluso,
descartaron la posible configuración de la cosa juzgada en relación con la primera
acción de cumplimiento interpuesta.
(ii) Consejo de Estado – Sección Quinta8
20.
Solicitó declarar la improcedencia o, en su defecto, negar el amparo al no cumplir
con el requisito de relevancia constitucional. Al haber transcurrido más de 10 años
desde que se profirió la Resolución 534 de 2015, se evidenció que perdió ejecutoria,
tal como lo prevé el artículo 91.3 del CPACA, discusión que, en todo caso, se escapa
de la órbita de acción del juez constitucional.
21.
Además, se probó la existencia de un proceso ejecutivo en el que la parte
demandante solicitó el cumplimiento de la Resolución ANH No. 1183 de 2014 en la
que se dispuso efectuar la reliquidación de las regalías del tercer trimestre del 2014,
lo que demostraba la existencia de otro mecanismo judicial que no fue agotado.
(iii) Tribunal Administrativo de Cundinamarca9
22.
Advirtió que la tutela no cumple con los requisitos generales y específicos de
procedencia, y se estructuró como un mecanismo orientado a reabrir la discusión
jurídica debidamente resuelta por el juez natural. Para empezar, no era jurídicamente
7 Intervención contenida en 5 folios.
8 Intervención contenida en 4 folios.
9 Intervención contenida en 9 folios.
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Accionante: Equion Energía Limited
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro
admisible considerar que se incurrió en defecto procedimental por no haber seguido
la decisión adoptada por otra subsección del Tribunal, en un proceso judicial distinto.
Cada despacho judicial ejerce sus competencias de manera autónoma e
independiente, dentro del marco funcional que le ha sido asignado por el
ordenamiento jurídico.
23.
Descartó la configuración de un defecto fáctico porque la razón para declarar
improcedente la acción de cumplimiento no fue la interposición o no de recurso de
reposición contra el auto del 29 de mayo de 2019 proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en la demanda ejecutiva inicial (adecuada a acción
de cumplimiento), sino porque lo solicitado era el reconocimiento de un derecho
subjetivo.
24.
En cuanto al desconocimiento del precedente, afirmó que en la sentencia objeto
de tutela se expuso que las decisiones que se aducen desconocidas fueron
adoptadas bajo el principio de la autonomía judicial, lo que implica que, para otros
despachos judiciales, el criterio allí adoptado no es regla de interpretación del caso
concreto. Además, se descartó su aplicación en la nueva acción de cumplimiento
porque contenían una posición interpretativa que se apartaba de la línea
jurisprudencial consolidada sobre la procedencia del medio de control,
específicamente, cuando se pide el reconocimiento de derechos o intereses de
carácter particular. Por lo expuesto, también se descartó haber incurrido en violación
directa de la Constitución.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Análisis del caso concreto10
25.
En el presente asunto están satisfechos los requisitos generales para habilitar la
procedencia excepcional del mecanismo de amparo.
26.
Previa constatación de la suficiencia argumentativa ofrecida en la demanda al
haberse identificado de forma clara y concreta los motivos de la violación que se
atribuyen a la decisión acusada, la cuestión que se debate en esta oportunidad
trasciende el ámbito de la mera legalidad y es de relevancia constitucional, en la
medida en que, acorde a los hechos alegados por la sociedad actora, se evidencia
un contexto en el que posiblemente se está ante una eventual afectación del derecho
al acceso a la administración de justicia, en tanto, a pesar de haber iniciado dos
procesos judiciales a fin de lograr el cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución
534 de 2015, en ninguno de ellos se hizo un estudio de fondo del caso concreto,
declarándose su improcedencia, bajo argumentos que merecen la revisión del juez
de tutela, a efectos de validar la razonabilidad de los mismos.
10 El estudio del caso concreto se efectuará solamente respecto a lo decidido en la sentencia de segunda
instancia, dentro de la acción de cumplimiento promovida por la sociedad accionante, proferida el 6 de noviembre
de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, al ser la decisión judicial que zanja el litigio de forma
definitiva.
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27.
Aunado a lo anterior, (i) el accionante hizo uso de todos los medios que tenía a su
alcance para procurar la salvaguarda de los derechos fundamentales que estima
transgredidos11; (ii) el recurso de amparo constitucional fue ejercido en un plazo
razonable (3 de febrero de 2026), es decir, dentro del término de los seis (6) meses
siguientes a la notificación de la providencia (11 de noviembre de 2025)12; y (iii) no
se trata de una tutela interpuesta contra una sentencia proferida en un proceso de la
misma naturaleza o de aquellas respecto a las cuales la jurisprudencia ha limitado
su ejercicio.
28.
Respecto a la ocurrencia de las causales específicas de procedibilidad atribuidas
en el caso bajo estudio, si bien la actora alegó un desconocimiento del precedente y
un defecto fáctico, los argumentos que sustentan la ocurrencia de dichos vicios se
enmarcan en una deficiencia por violación directa de la Constitución, pues giran en
torno a la expedición de decisiones judiciales que, en desconocimiento de los propios
actos de la jurisdicción contencioso-administrativa, imposibilitan materialmente, vía
judicial, discutir el cumplimiento del acto administrativo.
29.
En otras palabras, la parte actora sostiene que el Consejo de Estado – Sección
Quinta incurrió en defecto fáctico por no pronunciarse, ni valorar, las pruebas sobre
la totalidad de las actuaciones judiciales previas adelantadas por la empresa
demandante, las cuales denotaban que fue la propia jurisdicción contencioso-
administrativa, la que delimitó el medio de control procedente, siendo improcedente
que, 5 años después, se cambiara de postura y se le cercenara la posibilidad de
obtener una decisión de fondo. También se alegó la ocurrencia de un
desconocimiento del precedente, al obviarse la aplicación de las sentencias
proferidas en el marco de la anterior acción de cumplimiento y del proceso de tutela
incoado contra el fallo de segunda instancia dictado en esa oportunidad por la misma
Sección Quinta del Consejo de Estado, en las que se indicó al demandante que la
demanda ejecutiva era improcedente para lograr el cumplimiento de la Resolución
534 de 2015, por lo que, al momento de decidirse la acción de nulidad en contra de
dicho acto administrativo, podía volver a incoar acción de cumplimiento.
30.
Analizados estos defectos, es evidente que se dirigen a sustentar la transgresión
al derecho al acceso a la administración de justicia de la actora, al declararse
improcedente las acciones judiciales interpuestas, sin el debido análisis fáctico,
respecto a lo acontecido en los procesos judiciales previos (acción de cumplimiento
y acción de tutela) y las decisiones que adoptó la propia jurisdicción en el caso
concreto, evitando estudiarse de fondo el asunto particular. Acorde a ello, la Sala
considera que esa argumentación debe analizarse como un defecto por violación
directa de la Constitución, que también fue alegado por la parte accionante.
11 Se cuestiona lo decidido en segunda instancia por el Consejo de Estado – Sección Quinta, providencia contra
la cual, no se cuenta con recursos judiciales sin agotar.
12 Ese término ha sido considerado por esta Corporación como razonable para acudir al juez de tutela cuando
se pretende censurar una providencia judicial.
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31.
En este punto es importante recordar que la jurisprudencia constitucional 13 ha
indicado que el juez de tutela cuenta con amplias facultades para determinar el
problema jurídico a resolver, que incluyen la de interpretar la demanda a efectos de
dilucidar el asunto que motiva la controversia.
32.
Descendiendo al caso concreto, esta Subsección considera indispensable hacer
un recuento de lo acontecido a lo largo del proceso judicial iniciado con antelación
por la sociedad Equion Enería Limited, a efectos de estudiar la razonabilidad de la
decisión objeto de tutela.
33.
El 15 de febrero de 2019, la empresa accionante presentó demanda ejecutiva
contra la ANH, encaminada a que se librada mandamiento ejecutivo en su contra,
para que efectuara el ajuste al que hubiera lugar sobre la liquidación de regalías,
contenida en la Resolución 534 de 2015, en relación con los contratos de producción
de hidrocarburos suscritos con Ecopetrol, durante los meses de octubre, noviembre
y diciembre de 2014.
34.
El conocimiento del asunto correspondió al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera – Subsección C, bajo el radicado 25000-23-36-000-
2019-00104-00, autoridad judicial que mediante auto del 29 de mayo de 2019,
interpretó la demanda y consideró pertinente darle el trámite como acción de
cumplimiento, en atención a que: (i) la Resolución 534 de 2015 no constituía un título
ejecutivo, como quiera que al tenor del artículo 297 del CPACA, en concordancia con
lo dispuesto en el artículo 422 del CGP, no constaba el reconocimiento de un
derecho, ni contenía una obligación clara, expresa y exigible; (ii) la actora no elevó
pretensiones de resarcimiento de perjuicios derivados de la inejecución del acto
administrativo, evidenciándose que su pretensión principal se encaminó a que la
entidad diera cumplimiento a una obligación de hacer; (iii) “el actor no contaría con
otro mecanismo judicial para hacer valer su interés, distinto al de la acción de
cumplimiento”; y (iv) existía jurisprudencia del Consejo de Estado donde se ha
determinado la procedencia de la acción de cumplimiento cuando lo que se pretende
es la ejecución de actos administrativos, que no se derivan de contratos y que
contienen obligaciones de hacer. Con todo, se ordenó remitir el expediente a los
juzgados administrativos orales del circuito de Bogotá.
35.
El 5 de junio de 2019, la empresa presentó recurso de reposición en el que reiteró
que era procedente la demanda ejecutiva y estaban dados los presupuestos para
librar mandamiento ejecutivo contra la ANH. Mencionó que, en la Resolución 534 de
2015, la entidad accionada reconoció a favor de Equion unos costos deducibles
respecto a la liquidación de regalías del cuarto trimestre del año 2014. Lo anterior,
se tradujo en el reconocimiento de un derecho económico a su favor y en contra de
la autoridad administrativa, por la suma de $3.091.644.223.
13 Entre otras decisiones, se puede consultar las sentencias SU-222 de 2016 y SU-150 de 2021.
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36.
A su vez, descartó que fuera procedente la acción de cumplimiento porque esta
se caracterizaba por ser un mecanismo procesal residual y subsidiario, tal como se
estableció en el artículo 9 de la Ley 393 de 1997 y en la jurisprudencia de la Sección
Quinta del Consejo de Estado. Destacó que, en el caso concreto, se contaba con la
acción ejecutiva, pues existía una obligación clara, expresa y exigible contenida en
un acto administrativo.
37.
En auto del 24 de julio de 2019, se resolvió desfavorablemente el recurso.
Repartido el expediente al Juzgado 33 Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Bogotá, se profirió proveído del 5 de noviembre de ese mismo año, a través del cual
devolvió el proceso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que avocara
conocimiento de la acción de cumplimiento, en consideración a que la ANH era una
entidad del orden nacional. Es por ello que, el 8 de noviembre de 2019, dicha
instancia judicial admitió la demanda y asumió el conocimiento del asunto.
38.
El 15 de noviembre de 2019, el apoderado de Equion presentó solicitud de retiro
de la demanda y, en auto del 6 de diciembre de 2019, el Tribunal Administrativo
consideró que lo realmente pretendido por la parte actora era el desistimiento de las
pretensiones de la acción de cumplimiento, petición a la cual accedió. Esta decisión
fue apelada por la empresa accionante y, en proveído del 17 de febrero de 2020, el
Consejo de Estado – Sección Quinta, declaró la nulidad de todo lo actuado, a partir
del auto del 6 de diciembre de 2019, al considerar que la decisión de decretar el
desistimiento de la acción no atendió las exigencias del artículo 21 de la Ley 292 de
1997, y porque era una figura ajena al trámite de la acción de cumplimiento.
39.
El 13 de marzo de 2020, se profirió sentencia de primera instancia, en la que se
accedió a la pretensión de Equion, y se ordenó a la Vicepresidencia de Operaciones,
Regalías y Participaciones de la ANH o a quien hiciera sus veces que, en el término
de tres (3) días, procediera a dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 2 de la
Resolución 534 de 2015, y efectuara el ajuste -a que hubiera lugar- a la liquidación
contenida en la Resolución 196 de 2015, respecto a las regalías generadas por la
producción de hidrocarburos.
40.
En dicha providencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca hizo un análisis
de fondo sobre la procedibilidad de la acción de cumplimiento, en el que indicó que
este era el mecanismo procedente para ventilar las pretensiones de la empresa,
puesto que: (i) se exigía el cumplimiento de un deber jurídico consignado en un acto
administrativo que se encontraba vigente, pues había sido proferido el 23 de julio de
2015 y cobrado ejecutoria el 21 de agosto siguiente, sumado a que no había sido
desvirtuada su legalidad ante la jurisdicción contencioso administrativa, ni tampoco
había sido objeto de suspensión provisional; (ii) en la resolución había un mandato -
constituido por una obligación de hacer- imperativa e inobjetable, radicada en cabeza
de la ANH; y (iii) se probó la renuencia al cumplimiento del deber.
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41.
Igualmente, desestimó el argumento de la ANH (y el reproche del apoderado de
Equión) sobre el incumplimiento del requisito de subsidiariedad de la acción
constitucional, porque, tal como lo había expuesto en providencias del 29 de mayo y
24 de julio de 2019, descartó que la acción ejecutiva fuera idónea para solicitar el
cumplimiento del acto administrativo objeto de discusión. Alegó que el medio judicial
estatuido dentro del ordenamiento jurídico para exigir a las autoridades públicas el
cumplimiento de los actos administrativos particulares y concretos que crean
derechos a los particulares era la acción de cumplimiento. Además, existía
jurisprudencia del Consejo de Estado en la que se determinó que esa era la vía
judicial procedente cuando se pretendía la ejecución de actos administrativos no
derivados de contratos y que contenían obligaciones hacer.
42.
En sentencia del 30 de julio de 2020, la Sección Quinta del Consejo de Estado
revocó la decisión del a quo y declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento,
dado que estaba pendiente de admisión en el Consejo de Estado la demanda
presentada por la ANH cuestionando la legalidad de la resolución cuya ejecución
pretendía la sociedad demandante14, proceso en el que además se habían pedido
medidas cautelares. Refirió que, disponer el eventual reajuste de la liquidación -
según lo solicitado-, implicaba analizar la legalidad de la resolución que la contiene,
según la argumentación expuesta por la agencia accionada y no simplemente
advertir la existencia y obligatoriedad del postulado. Luego, ordenar su cumplimiento
implicaría decidir sobre su legalidad, decisión que escapa de la competencia del juez
constitucional, en este tipo de procesos.
43.
En todo caso, expresamente se dijo que no se advertía que la parte demandante
contara con otro mecanismo de defensa judicial que tornara improcedente la acción
constitucional, en la medida que lo exigido era el cumplimiento de un mandato
contenido en un acto administrativo, lo cual era propio del objeto del medio de control,
pues el deber que se decía desacatado era el de reajustar una liquidación, situación
que -en principio- tornaba procedente el ejercicio de la acción de cumplimiento.
44.
El 10 de agosto de 2020, Equion radicó memorial ante la Secretaría General del
Consejo de Estado, en el que solicitó la adición de esta sentencia, a fin de que se
dejara claridad sobre que: una vez se decidiera la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho incoada por la ANH, se debería decidir de fondo la
acción de cumplimiento. En todo caso, de forma subsidiaria, pidió ordenar al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, dar trámite a la acción ejecutiva que se había
interpuesto 5 años atrás (y que fue adecuada a acción de cumplimiento), a fin de
garantizar el derecho al acceso a la administración de justicia de la parte
demandante.
45.
Como justificación de dicha petición, sostuvo que negar por improcedente la
acción de cumplimiento, alegando que una eventual orden accediendo a las
pretensiones implicaría realizar un juicio de legalidad; por una parte, premió el actuar
14 Radicado: 110010326000202000035 00 (65874)
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00756-00
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negligente de la Administración, quien sin razones reales, se opone al cumplimiento
de una decisión; y por otra parte, deniega a la actora la posibilidad de hacer cumplir
la orden impartida para que se ajuste la liquidación de las regalías, conforme lo
ordenado en el acto administrativo base de la ejecución. En estos términos, afirmó
que la decisión tomada constituyó una denegación del acceso a la administración de
justicia, pues no contaba con la posibilidad de iniciar una nueva acción, como quiera
que la ejecutiva ya se encontraría prescrita, a pesar de haberla iniciado
oportunamente.
46.
En auto del 20 de agosto de 2020, se negó dicha solicitud. La autoridad judicial
consideró que, contrario a procurar por la resolución de aspectos dejados de
resolver, en realidad busca cuestionar la decisión a la que se arribó en la sentencia
de 30 de julio de 2020. Agregó que, no se abordó el fondo del debate debido a la
incursión de la acción en una causal de improcedencia relacionada con el proceso
ordinario adelantado contra el acto que se pedía hacer cumplir, sumado a que, no
era posible en esta etapa entrar a proveer sobre la reconducción del trámite
adelantado y finalizado, y muchos menos a definir si otra eventual acción ordinaria -
la ejecutiva- estaba o no prescita, lo primero porque no se trataba de aspectos
dejados de resolver y mucho menos temas objeto de la acción de cumplimiento.
47.
Posteriormente, Equion formuló acción de tutela15 contra la providencia de 30 de
julio de 2020, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, alegando que
se incurrió en defecto sustantivo al declarar improcedente la acción de cumplimiento
con fundamento en que la resolución que se pretendía hacer cumplir fue demandada
en nulidad en otro proceso que se encontraba en curso, por lo que ha debido
decidirse la suspensión del proceso mientras se resolvía esa demanda, cursante en
la Sección Tercera de esta Corporación. Agregó que, el hecho de declarar
improcedente su acción de cumplimiento conllevaba efectos de cosa juzgada, lo cual
impediría que, en el evento que la Resolución 534 de 2015 no fuera declarada nula,
pudiera interponer acción judicial nuevamente en procura de que se hiciera el
reajuste de regalías.
48.
Finalmente, sostuvo que se incurrió en defecto procedimental absoluto, pues se
apartó completamente de las normas procesales que le eran aplicables, es decir, las
relativas a la demanda ejecutiva, teniendo en cuenta que la Resolución 534 de 2015,
en efecto, contenía una obligación clara, expresa y exigible. Resaltó que interpuso
los recursos que tuvo a su alcance para impedir que la demanda se tramitara como
una acción de cumplimiento, no obstante, los jueces ordinarios la tramitaron bajo un
proceso equivocado.
49.
El 20 de noviembre de 2020, la Sección Primera del Consejo de Estado negó el
amparo solicitado. Concluyéndose, entre otras, que: (i) para el caso concreto, en el
evento que la Sección Tercera de la Corporación resolviera no declarar nula la
Resolución 534 de 2015, la accionante podría presentar una nueva acción de
15 Radicado: 11001-03-15-000-2020-04429-00
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00756-00
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cumplimiento, tomando esa declaratoria como un hecho nuevo que tendría la
virtualidad de romper la inmutabilidad del fallo acusado, especialmente, porque el
fallo cuestionado no resolvió de fondo el asunto, por lo que no constituía cosa
juzgada; y (ii) la demanda siguió el trámite adecuado, pues lo pretendido por Equion
era que, en sede judicial, se conminara a la ANH a cumplir con una obligación de
hacer, característica propia de las acciones de cumplimiento.
50.
En cuanto a la demanda de nulidad simple presentada por la entidad accionada,
el Consejo de Estado, mediante auto del 16 de enero de 2013, decidió adecuarla al
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y la rechazó por
extemporánea. Contra esta decisión, la ANH presentó recurso de súplica, el cual fue
resuelto en proveído del 8 de agosto de 2013, en la que se declaró la nulidad de lo
actuado, remitiéndose el expediente por competencia al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca para su reparto.
51.
La Sección Tercera – Subsección C del Tribunal profirió auto del 26 de junio de
2024, en el que rechazó la demanda por caducidad. Luego, en providencia del 20 de
marzo de 2025, rechazó por extemporáneo el recurso de reposición y en subsidio
apelación presentado por la ANH, quedando la decisión en firme.
52.
Acorde a lo indicado por las autoridades judiciales, el 21 de julio de 2025, Equion
volvió a presentar acción de cumplimiento (objeto de estudio en la presente acción
de tutela), repartida ante el Juzgado 57 Administrativo de Bogotá, que mediante auto
del 22 de julio siguiente, ordenó remitir el proceso por competencia al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, autoridad judicial que la admitió, en providencia del
30 de julio de 2025.
53.
Luego, en sentencia de primera instancia del 30 de septiembre de esa anualidad,
declaró la improcedencia de la acción, por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad, pues no agotó el recurso de reposición contra el auto proferido -en el
proceso anterior- el 29 de mayo de 2019, mediante el cual negó librar mandamiento
de pago y se readecuó la demanda ejecutiva a una acción de cumplimiento. Además,
resaltó que lo realmente pretendido era el reconocimiento de derechos subjetivos, lo
que distaba del objeto de este tipo de procesos.
54.
El 15 de octubre de 2025, se presentó recurso de apelación, en el que solicitó
tener en cuenta todos los antecedentes procesales de la acción de cumplimiento
ejercida por Equion, a fin de tener por acreditado el requisito de subsidiariedad, en
tanto fue la propia jurisdicción contencioso-administrativa la que adecuó la demanda
ejecutiva inicialmente presentada, al medio de control de cumplimiento. Además, en
dicho proceso se profirieron decisiones de primera y segunda instancia, en las que
se reconoció expresamente que la demanda ejecutiva no era procedente para pedir
el cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 534 de 2015, por lo que la
accionante solo contaba con la acción de cumplimiento. Análisis de procedibilidad
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reiterado por el juez constitucional que conoció de la tutela interpuesta contra la
decisión de segunda instancia proferida en dicha oportunidad.
55.
Por demás, refirió que hubo un indebido análisis probatorio respecto a la supuesta
falta de interposición del recurso de reposición contra el auto que adecuó la demanda
ejecutiva, pues ello sí se había probado en el proceso, al allegar copia digital de
aquel memorial y de varios autos proferidos por el mismo Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en los que se dejó constancia de que ese recurso sí se ejerció.
56.
El 6 de noviembre de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió fallo
de segunda instancia en el que confirmó la decisión de declarar la improcedencia de
la segunda acción de cumplimiento. Como cuestión previa precisó que no se podía
pasar por alto que la parte actora, previo a la radicación de dicha demanda, presentó
un proceso ejecutivo al cual se le dio trámite de acción de cumplimiento, y en esa
oportunidad, mediante sentencia del 30 de julio de 2020, la misma Sección Quinta
del Consejo de Estado revocó el fallo de primera instancia que accedió a las
pretensiones y, en su lugar, declaró la improcedencia de la acción, al considerar que,
como existía un proceso de nulidad simple en el cual se estaba debatiendo la
legalidad de la resolución cuyo cumplimiento se solicitó en la demanda, el juez de
cumplimiento no podía efectuar un pronunciamiento de fondo.
57.
Consideró que, el trámite de dicho proceso no constituía cosa juzgada,
comoquiera que la declaratoria de improcedencia de la primera acción de
cumplimiento presentada por la accionante estuvo justificada en la existencia de un
proceso de nulidad en el que se debatía la legalidad de la Resolución No. 534 del 23
de julio de 2015, sin que se hubiese dado un pronunciamiento de fondo frente a las
pretensiones. Sin embargo, en dicho proceso, la demanda fue rechazada por haber
caducado la acción.
58.
Acorde a ello, dispuso que, dado que la legalidad del referido acto administrativo
ya no se encontraba en discusión, Equion estaba habilitada para presentar una
nueva acción de cumplimiento. Maxime cuando el juez de tutela del proceso 11001-
03-15-000-2020-04429-00, le indicó acerca de la posibilidad de presentar
nuevamente este medio de control, luego de que se resolviera acerca de la legalidad
de la resolución.
59.
Descendiendo al caso concreto, encontró acreditado que se constituyó en
renuencia a la ANH, sin embargo, no se superaron los requisitos de procedencia de
la acción. Para empezar, mencionó que habían transcurrido más de 10 años desde
que la resolución cuyo cumplimiento se solicitaba, cobró ejecutoria (21 de agosto de
2015), circunstancia que podría enmarcarse en los supuestos de pérdida de
ejecutoriedad dispuestos en el artículo 91 del CPACA. Sin embargo, aclaró que
escapaba de la órbita del juez de cumplimiento zanjar dicha controversia, puesto que
la finalidad de la acción era otorgar la posibilidad de acudir ante la jurisdicción para
exigir la realización del deber que surge de la ley o acto administrativo vigente que
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Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro
ha sido omitido, mas no resolver discusiones sobre la ejecutoriedad de los actos
administrativos.
60.
Adicionó que, al expediente se allegaron pruebas de la existencia de un proceso
ejecutivo con radicado 85001-2333-000-2020-00392-00, en el que la parte
demandante solicitó el cumplimiento de la Resolución ANH No. 1183 del 26 de
noviembre de 2014 en la que dispuso que efectuará la reliquidación de las regalías
del tercer trimestre del 2014. A su juicio, ello evidenciaba que existía otro mecanismo
judicial para tramitar la pretensión de la actora.
61.
Acorde con el recuento procesal efectuado, esta Subsección considera que la
decisión adoptada por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 6 de noviembre
de 2025 vulnera el derecho al acceso a la administración de justicia de la sociedad
Equion Energía Limited.
62.
Desde el punto de vista constitucional, se estima que la declaratoria de
improcedencia de la acción de cumplimiento carece de razonabilidad, pues se omitió
analizar todo el trasegar procesal previo y, con ello, explicar el impacto que tiene en
el estudio de la subsidiariedad, que se haya interpuesto inicialmente, hace más de 7
años -cuando no habían transcurrido más de 5 años desde que cobró ejecutoria la
Resolución de 534 de 2019- una demanda ejecutiva contra la ANH que fue adecuada
por la propia jurisdicción contencioso-administrativa como acción de cumplimiento.
Decisión que fue recurrida y confirmada por los jueces naturales, quienes incluso, en
primera instancia accedieron a las pretensiones de la demanda, haciendo énfasis en
que, solo se contaba con dicha vía judicial. Pues se descartó explícitamente la
procedencia de la acción ejecutiva. Si bien la primera decisión en ese sentido fue
adoptada por otra Sala del Tribunal accionado, finalmente la determinación de
tramitar el asunto por esa vía fue avalada por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, que fue la autoridad que resolvió en segunda instancia ambas acciones de
cumplimiento.
63.
Tampoco se analizaron los efectos de lo decidido respecto a ese proceso inicial,
en relación a la posibilidad de poder iniciar una nueva acción de cumplimiento. Nada
se dijo sobre el hecho de que la parte actora interpuso solicitud de adición respecto
a aquel fallo inicial y promovió acción de tutela, medios ordinarios y constitucionales
en los que advirtió y solicitó que se dejara constancia de que, una vez se decidiera
lo referente a la nulidad de la Resolución 534 de 2015, podría volver a incoar el medio
de control de cumplimiento o que, en todo caso, sería procedente la demanda
ejecutiva, vía judicial con la que ya no contaba por el paso del tiempo. Igualmente,
no se evaluó lo dicho en el fallo de tutela emitido por la Sección Primera del Consejo
de Estado, en la que no solo se descartó la configuración de la cosa juzgada entre
ambos procesos, sino que también se le indicó a la sociedad accionante que podría
volver a ejercer la acción de cumplimiento.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00756-00
Accionante: Equion Energía Limited
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64.
A juicio de esta Sala, pareciera que la autoridad judicial accionada hubiera
circunscrito el análisis de todas las actuaciones procesales acaecidas con
antelación, a determinar si había o no cosa juzgada, pasando por alto que lo
realmente discutido, era si el actor aún contaba o no con la posibilidad de demandar
judicialmente el cumplimiento del acto administrativo de reajuste de liquidación de
regalías expedido por la ANH, interponiendo acción de cumplimiento. Sumado a que,
debió determinarse si el paso del tiempo sin que se profiriera decisión de fondo, era
atribuible o no al actor y como ello podría o no generar la declaratoria de pérdida de
ejecutoriedad de la resolución proferida por la administración.
65.
Es así como, se considera que la censura que se hace para declarar
improcedente la demanda, corresponde a situaciones que no resultan atribuibles a
Equion, sino que son el resultado del trámite preliminar, teniendo como causa el
actuar de la administración de justicia. Lo anterior, cobra mayor relevancia si se tiene
en cuenta que, en el fallo objeto de tutela, la Sección Quinta del Consejo de Estado
admite que, si bien a día de hoy debió ejercer acción ejecutiva, dicha vía judicial ya
no es procedente, y al mismo tiempo descarta que el medio de control de
cumplimiento sea idóneo para pedir el cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución
534 de 2015, por su pérdida de ejecutoriedad. Luego, es evidente que, era
indispensable que, en aras de garantizar el derecho al acceso a la administración de
justicia de la actora, la autoridad judicial efectuara un estudio completo de la posible
procedencia del medio de control ejercido, teniendo en cuenta lo decidido sobre el
particular, con antelación por los jueces naturales de la causa, en particular por esa
misma Sección del Consejo de Estado.
66.
No resulta admisible desde la óptica constitucional que una persona acuda a la
administración de justicia a través de un medio de control, los jueces naturales
ajusten este, lo declaren improcedente bajo la consideración de que hay en trámite
otro asunto que puede afectarlo, no adoptan ningún remedio judicial para superar
esa situación de prejudicialidad, generan la confianza legítima de que no hay riesgo
de afectación a sus derechos porque se podrá ejercer la acción nuevamente. Y
cuando se acude por segunda vez, en cuanto se ha resuelto la discusión que estaba
pendiente (relativa a la legalidad de la resolución), la respuesta institucional sea
nuevamente la improcedencia, esta vez bajo el argumento de que el medio de control
no es el adecuado, siendo que en el pasado la misma autoridad judicial indicó lo
contrario. Con el agravante de que, a la fecha, el paso del tiempo ya determina la
imposibilidad de acudir a los dos mecanismos judiciales que estaban en discusión,
pues la acción ejecutiva caducó y no es viable ejercer la acción de cumplimiento
respecto a un acto administrativo que decayó.
67.
Por lo expuesto, la Sala dispondrá la protección del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia de la sociedad accionante, vulnerado por la
Sección Quinta del Consejo de Estado al haber incurrido en violación directa de la
Constitución. En consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia del 6 de noviembre
de 2025, con el fin de que la autoridad judicial profiera una decisión de reemplazo,
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00756-00
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Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro
en la que analice todo el trasegar procesal previo, y garantice el acceso efectivo a la
administración de justicia.
68.
La Sala se abstiene de impartir órdenes específicas respecto a la forma en que se
debe desatar la controversia, o a través de qué figura procesal o constitucional, pues
eso está dentro de la órbita funcional del juez natural. Al juez constitucional le
corresponde, una vez evidenciada la vulneración de derechos, adoptar el remedio
judicial, que en este caso implica dejar sin efectos la providencia censurada, a
efectos de que la Sección Quinta del Consejo de Estado estudie nuevamente el
asunto, y brinde una solución judicial que no sacrifique la garantía de acceso a la
administración de justicia.
69.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia de la sociedad Equion Energía Limited.
SEGUNDO: Como consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 6 de
noviembre de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro
de la acción de cumplimiento con radicado número 25000-23-41-000-2025-01157-
01, para que, en el término de veinte (20) días, contados a partir de la notificación de
la presente providencia, profiera una decisión de reemplazo, que tenga en cuenta las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE16
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
16 VF
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00756-00
Accionante: Equion Energía Limited
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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