Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2025-01157-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2025-01157-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-41-000-2025-01157-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
18 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01157-01
Accionante: EQUION ENERGÍA LIMITED
Accionado: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Tema: Procedencia excepcional de la acción de cumplimiento
para hacer efectivos actos administrativos de carácter
particular. Exigibilidad de los actos administrativos y la
pérdida de fuerza ejecutoria. Revoca y accede
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
En cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de tutela del 23 de abril del 2026
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado1, esta
Sala de decisión procede a dictar sentencia de reemplazo en el proceso de la
referencia, para resolver la impugnación presentada por la parte demandante
contra la sentencia del 30 de septiembre de 2025, dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1252, 1503 y 2434
de la Ley 1437 de 20115, así como en el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019
de la Sala Plena del Consejo de Estado (modificado por el Acuerdo 434 de 2024).
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda
1. En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la
Constitución y desarrollada por la Ley 393 de 1997, la sociedad Equion Energía
Limited, actuando mediante apoderado judicial, presentó demanda contra la
1 Proceso radicado núm. 11001-03-15-000-2026-00756-00.
2 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
3 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26 .
4 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
5 Artículo 150. Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado por el
artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación.
También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo
regulado en el artículo 245 de este código [..]
1
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Accionante: Equion Energía Limited
Accionado: Agencia Nacional de Hidrocarburos
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Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), con el fin de obtener el cumplimiento
de lo previsto en el artículo 2 la Resolución No. 534 del 23 de julio de 2015,
respecto del ajuste en la liquidación de las regalías correspondientes a los meses
de octubre, noviembre y diciembre de 2014.
2. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones.
PRIMERA. - Que se ordene a la Agencia Nacional de Hidrocarburos dar
cumplimiento a lo resuelto en la Resolución No. 534 del 23 de julio de 2015, en
lo que se refiere al 2 ajuste de liquidación de regalías correspondiente a los
meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014, a favor de EQUION ENERGÍA
LIMITED.
SEGUNDA. Que se ordene a la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
que una vez se realice el ajuste del valor de las regalías que corresponden al
cuarto trimestre de 2014 se reconozca la indexación de esta suma de dinero
desde la fecha en la que debió pagarse y hasta la fecha efectiva en que se realice
el pago a favor de EQUION ENERGÍA LIMITED6.
1.2. Posición de la parte demandante
3. La sociedad Equion Energía Limited señaló que tiene participación en los
contratos de asociación «Piedemonte» y «Río Chitamena», suscritos por
Ecopetrol S.A. En virtud de ellos, contrajo la obligación de pagar regalías por la
explotación de gas, la cual cumplió en el último trimestre del año 2014, así: i) el
19 de diciembre de 2014, realizó el pago de regalías correspondientes a octubre
de 2014; ii) el 20 de enero de 2015, realizó el pago de regalías correspondientes
a noviembre de 2014; y iii) el 25 de febrero de 2015, realizó el pago de regalías
correspondientes a diciembre de 2014.
4. A su vez, indicó que mediante la Resolución No.196 de 2015, la ANH
realizó las liquidaciones trimestrales definitivas de las regalías correspondientes
a la explotación de gas durante el cuarto trimestre del 2014, contra la cual
interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante la Resolución No.
534 del 23 de julio de 2015.
5. En el artículo 2 de dicho acto administrativo, la ANH dispuso lo siguiente:
«Artículo 2. Proceder a efectuar el ajuste a que haya lugar a la liquidación
contenida en la Resolución ANH 196 expedida el 20 de marzo de 2015 respecto
de las regalías generadas por la producción de hidrocarburos de los Campos
Cusiana Norte, Rio Chitamena, Tauramena (Cusiana) Floreña, Floreña –
Recetor, Pauto Sur y Pauto Sur Recetor (Piedemonte) durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre de 2014, conforme a lo dispuestos en el Artículo
1 de la presente Resolución.»
6. Por lo anterior, el 15 de febrero de 2019, interpuso una demanda ejecutiva
para que se ordenara la ejecución de la obligación de hacer contenida en el
6 Transcripción literal que puede contener errores.
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artículo 2 de la Resolución No. 534 del 23 de julio de 2015, proceso que fue
conocido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, al cual se le asignó el radicado 25000-23-36-000-2019-00104-
00/01.
7. Mediante auto del 29 de mayo del 2019, dicha autoridad judicial decidió
que al proceso se le debía impartir el trámite de acción de cumplimiento, en razón
a que se pidió acatar una obligación de hacer. A su vez, resaltó que la
mencionada resolución no constituía un título ejecutivo, debido a que no constaba
el reconocimiento de un derecho ni contenía una obligación clara, expresa y
exigible.
8. Equion Energía Limited interpuso recurso de reposición en contra de tal
decisión; sin embargo, en auto del 24 de julio del mismo año, el tribunal la
confirmó.
9. El 15 de noviembre de 2019, la parte actora solicitó el retiro de la demanda.
No obstante, por auto del 6 de diciembre de 2019, el tribunal declaró el
«desistimiento tácito» y dio por terminado el proceso. Inconforme con la decisión,
la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual se fundó en que
únicamente solicitó el retiro de la demanda, mas no el desistimiento de sus
presiones, ya que su finalidad era presentar una nueva demanda para que fuera
tramitada como un proceso ejecutivo.
10. En providencia del 17 de febrero de 2020, la Sección Quinta del Consejo
de Estado declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto del del 6 de
diciembre de 2019. Ello, debido a que las figuras del retiro de la demanda y el
desistimiento de la acción no se encuentran previstas en la Ley 393 de 1997 que
regula la acción de cumplimiento. Por ende, el proceso volvió al tribunal para que
continuara el trámite de la acción de cumplimiento.
11. En sentencia del 13 de marzo del 2020, la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a las pretensiones
de la sociedad accionante y, en consecuencia, le ordenó a la ANH darle
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2 de la Resolución No. 534 del 23 de
julio de 2015.
12. Al respecto, el tribunal señaló que el mandato que se exige cumplir está
contenido en un acto particular y concreto, el cual se encuentra vigente, debido
a que cobró firmeza el 21 de agosto de 2015. Asimismo, advirtió la existencia de
un deber claro, expreso y exigible, ya que lo que se pide acatar «no está sometido
a la deliberación o discreción de una de las partes, ni a la intermediación o
cumplimiento de alguna condición o plazo».
13. Por otra parte, indicó que la sociedad demandante no puede acudir a la
acción ejecutiva para exigir el reajuste de la liquidación de las regalías, por no
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ser el mecanismo judicial «idóneo» para ello. La decisión fue impugnada por la
ANH.
14. En fallo del 30 de julio del 2020, la Sección Quinta del Consejo de Estado
revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declaró la improcedencia
de la acción. Al respecto, advirtió que la parte demandante no contaba con otro
medio de control que tornara improcedente la acción, en la medida que «lo
exigido es el cumplimiento de un mandato contenido en un acto administrativo lo
cual es propio del objeto del presente medio de control», por cuanto el deber
consta en reajustar una liquidación.
15. No obstante, al advertir la existencia de un proceso de nulidad simple
contra la Resolución No. 534 del 23 de julio de 2015, promovido por la ANH7,
declaró la improcedencia de la acción, debido a que el juez de cumplimiento no
podía efectuar un pronunciamiento de fondo mientras se estaba discutiendo la
legalidad de la referida resolución.
16. En memorial allegado el 10 de agosto de 2020, la sociedad demandante
solicitó la adición de la sentencia, a fin de que esta fuese complementada en el
sentido de i) señalar que una vez se tome una decisión sobre la demanda de
nulidad, se decida de fondo la acción de cumplimiento y, de manera subsidiaria,
ii) se le ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca dar trámite a la acción
ejecutiva interpuesta.
17. Dicha solicitud de adición se fundó en que, a su juicio, la simple
improcedencia de la acción implicaría premiar el actuar negligente de la
administración, «quien se opone al cumplimiento de una decisión», y, además,
denegar la posibilidad de hacer cumplir la orden impartida para que se ajuste la
liquidación de regalías. Máxime, si se toma en consideración que para ese
entonces ya no contaría con la posibilidad de presentar una nueva acción
ejecutiva, pues estaría caducada.
18. No obstante, por auto del 20 de agosto del 2020, la Sección Quinta del
Consejo de Estado negó la adición, tras estimar que su petición no busca
complementar la sentencia, sino cuestionar la decisión judicial adoptada. En esta
misma providencia, se le reiteró al actor que el acto administrativo que se pedía
hacer cumplir era actualmente exigible porque no está suspendido o derogado,
pero también advirtió que contra la resolución estaba en trámite un juicio de
legalidad que impide al juez de cumplimiento adentrase a definir si el mandato
requerido debería ser o no acatado por la accionada.
19. El 19 de octubre del 2020, la demandante radicó una acción de tutela
contra la sentencia del 30 de julio del 2020 proferida por la Sección Quinta del
7 Este proceso se identificó con el radicado núm. 11001-03-26-000-2020-00035-00, y le fue repartido, en
ese entonces, a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
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Consejo de Estado8, cuyo conocimiento correspondió a la Sección Primera de
esta Corporación, que, en el fallo de 20 de noviembre de 2020 negó la solicitud
de amparo.
20. Para el juez de tutela, la Sección Quinta no vulneró los derechos
fundamentales de Equion Energía Limited. Esto, debido a que, si no se declaraba
nula la Resolución No. 534 del 23 de julio de 2015, podría volver a presentar una
acción de cumplimiento, ya que la providencia demandada no estudió de fondo
el asunto. Dicha decisión no fue impugnada por la sociedad accionante.
21. Ahora bien, en relación con el proceso de simple nulidad promovido por la
ANH contra la mencionada resolución, mediante auto del 16 de enero de 2023,
la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, adecuó el medio
de control al de nulidad y restablecimiento del derecho y, por consiguiente,
procedió con el rechazo de la demanda tras constatar la configuración del
fenómeno jurídico de la caducidad.
22. Contra esta decisión, la ANH presentó recurso de súplica, el cual fue
resuelto en proveído del 8 de agosto de 2013, que declaró la nulidad de lo
actuado y ordenó la remisión del expediente por competencia al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca para su reparto.
23. Luego, la Subsección C de la Sección Tercera de dicha corporación,
profirió auto del 26 de junio de 2024, en el que rechazó la demanda por
caducidad. Posteriormente, en providencia del 20 de marzo de 2025, rechazó por
extemporáneo el recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación presentado
por la ANH, quedando la decisión de rechazo en firme.
24. En consecuencia, la sociedad demandante sostuvo que, dado que la
Resolución No. 534 del 23 de julio de 2015 goza de presunción de legalidad, el
29 de mayo de 2025 le requirió a la ANH el cumplimiento de lo dispuesto en dicho
acto administrativo. No obstante, mediante el radicado ANH 20256410657252 Id:
1870960 del 29 de mayo de 2025, la entidad se mostró renuente en cumplir con
dicho acto administrativo, por lo que procedió con la presentación de esta
demanda.
1.3. Posición de la parte demandada
25. La Agencia Nacional de Hidrocarburos se opuso a las pretensiones de
la demanda y, en consecuencia, solicitó que se declare la improcedencia de la
acción de cumplimiento por las siguientes razones.
26. Primero, la parte demandante no acreditó la constitución en renuencia ante
la entidad. Refirió que, si bien la sociedad presentó una petición en la que
8 A este proceso le fue asignado el radicado núm. 11001-03-15-000-2020-04429-00.
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solicitaba el cumplimiento de la Resolución No. 534 del 23 de julio de 2015, a
través del radicado 20255011251261 Id:1888431 le informó que ha cumplido con
sus obligaciones relacionadas con las reliquidaciones de las regalías de los
trimestres correspondientes a los trimestres del 2014, motivo por el cual «no
puede considerarse de ninguna manera como una expresión que ratifica el
incumplimiento de la Resolución».
27. Segundo, el acto administrativo cuyo cumplimiento se persigue perdió su
fuerza ejecutoria, dado que la Resolución No. 534 del 23 de julio de 2015 quedó
en firme el 21 de agosto de ese mismo año, por lo que, de conformidad con el
artículo 91 del CPACA, por no haberse adelantado actuaciones tendientes a su
ejecución dentro de los 5 años siguientes a su firmeza, se configuró el fenómeno
del decaimiento.
28. Tercero, no se cumple con el requisito de subsidiariedad, dado que la parte
demandante contaba con otros mecanismos judiciales idóneos para tramitar sus
pretensiones, como la acción ejecutiva, la cual ejerció en un caso similar en el
cual pretendió el ajuste de una obligación de la liquidación de las regalías
generadas por la producción de hidrocarburos de los meses de julio, agosto y
septiembre de 2014, contenidos en la Resolución No.1183 de esa misma
anualidad y obtuvo un pronunciamiento favorable, en el que el juez ejecutivo
ordenó la reliquidación.
29. Cuarto, el medio de control ejercido genera un gasto a cargo de la entidad,
que, además, carece de apropiación presupuestal.
30. Quinto, en el caso objeto de estudio se configuró el fenómeno de cosa
juzgada, dado que anteriormente la sociedad accionante presentó una demanda
con identidad de objeto, causa y partes, la cual fue tramitada como una acción
de cumplimiento bajo el radicado 25000-23-36-000-2019-00104-00/01, motivo
por el cual existe una decisión definitiva, previa y vinculante que impide reabrir el
debate.
1.4. Fallo de primera instancia
31. En sentencia del 30 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, declaró la improcedencia de la
acción, ya que las pretensiones de la demanda tienen como finalidad el
reconocimiento de un derecho subjetivo.
32. Por otra parte, señaló que el juez de cumplimiento no puede convertirse
en el juez natural de las controversias jurídicas que se circunscriben a procesos
ejecutivos, ya que deben tramitarse a través del procedimiento ordinario propio.
Además, refirió que sus pretensiones involucran un gasto.
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Radicación: 25000-23-41-000-2025-01157-01
33. Finalmente, indicó que, de las pruebas que obran en el expediente, la
sociedad accionante no acreditó haber interpuesto el recurso de reposición
contra el auto del 29 de mayo de 2019, mediante el cual la Subsección C de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió que al
proceso ejecutivo se le debía impartir el trámite de acción de cumplimiento,
motivo por el cual el asunto objeto de estudio tampoco satisface el requisito de
subsidiariedad.
1.5. Impugnación
34. La parte accionante expuso nuevamente el trámite que la administración
de justicia le ha impartido a las diversas acciones judiciales tendientes a obtener
la ejecución y cumplimiento de la Resolución No. 534 del 23 de julio de 2015.
35. Refirió que, contrario a lo señalado en la sentencia, sí interpuso el recurso
de reposición contra el auto del 29 de mayo de 2019, en el cual reiteró que la
demanda interpuesta correspondía a una ejecutiva, motivo por el cual solicitó
revocar el auto que adecuó el proceso a una acción de cumplimiento.
36. Por otra parte, sostuvo que el cumplimiento del acto administrativo no
involucra gasto, dado que la literalidad del contenido ordena únicamente el ajuste
en la liquidación de las regalías debido a que la ANH, tal como lo reconoció en la
resolución, realizó una liquidación «errónea».
37. Finalmente, indicó que no está solicitando el reconocimiento de un
derecho subjetivo, pues sus pretensiones están encaminadas a que la entidad
demandada cumpla con su propio acto administrativo.
2. CONSIDERACIONES
38. La Sala revocará la sentencia del 30 de septiembre de 2025, dictada por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que
declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento y, en su lugar, accederá
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
39. Para ello, se analizarán los siguientes aspectos: i) la ausencia de
configuración de cosa juzgada, ii) la acreditación de la constitución en renuencia,
iii) la superación de los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento
en el caso conceto, y iv) las razones por las cuales el artículo 2 de la Resolución
No. 534 del 23 de julio de 2015 contiene un mandato imperativo e inobjetable en
cabeza de la ANH.
2.1. Cuestión previa: inexistencia de cosa juzgada
40. La Sala advierte que la parte demandante, previo a la radicación de la
presente acción constitucional, presentó un proceso ejecutivo al cual se le dio
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trámite de acción de cumplimiento identificada con el radicado 25000-23-36-000-
2019-00104-00/01, con el fin que se le ordenara a la ANH el cumplimiento de la
Resolución No. 534 del 23 de julio de 2015.
41. En esa oportunidad, mediante sentencia del 30 de julio del 2020, la
Sección Quinta del Consejo de Estado revocó el fallo de primera instancia que
accedió a las pretensiones y, en su lugar, declaró la improcedencia de la acción
al considerar que, al existir un proceso de nulidad simple en el cual se estaba
debatiendo la legalidad de la resolución cuyo acatamiento se solicitó en la
demanda, el juez no podía efectuar un pronunciamiento de fondo.
42. Para la Sala, lo decidido en dicho proceso no constituye cosa juzgada,
comoquiera que la declaratoria de improcedencia de la primera acción de
cumplimiento presentada por la accionante estuvo justificada en la existencia de
un proceso de nulidad en el que se debatía la legalidad de la Resolución No. 534
del 23 de julio de 2015, sin que hubiese un pronunciamiento de fondo frente a las
pretensiones. Sin embargo, luego de las decisiones judiciales mencionadas, la
demanda de nulidad fue rechazada por haber caducado la acción.
43. Así, dado que la legalidad del referido acto administrativo ya no se
encuentra en discusión, Equion Energía Limited se encuentra legitimada para
presentar una nueva acción de cumplimiento, máxime cuando el juez de tutela
del proceso 11001-03-15-000-2020-04429-00 le indicó acerca de la posibilidad
de presentar nuevamente este medio de control, luego de que se resolviera
acerca de la legalidad de la resolución.
2.2. Caso concreto
2.2.1. La accionante agotó el requisito de procedibilidad relativo a la
constitución en renuencia del demandado
44. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, previo al ejercicio de
la acción de cumplimiento, el actor debe constituir en renuencia a la autoridad o
al particular que ejerce funciones públicas y frente al cual se exige el
cumplimiento del mandato legal o consagrado en un acto administrativo. Para
ello, es necesario que el actor indique expresamente cuál es la norma sobre la
cual versa la acción, sin que la autoridad conteste en el plazo de diez días
siguientes a la presentación de la solicitud o, por el contrario, se ratifique en el
pretendido incumplimiento9.
45. En tales términos, esta Sección ha señalado que «el reclamo en tal sentido
no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con
9 Al respecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece lo siguiente: «Con el propósito
de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente haya
reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su
incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud».
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el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento»10. La falta de agotamiento de este requisito genera el rechazo de
la demanda.
46. En el caso concreto, el accionante aportó constancia del escrito de
renuencia de fecha del 28 de mayo de 2025 dirigido a la ANH, en el que solicitó
«dar cumplimiento a lo señalado en la Resolución 0534 del 23 de julio de 2015,
en el sentido de realizar un ajuste en la liquidación contenida en la Resolución
196 expedida por esta entidad el 20 de marzo de 2015 respecto de las regalías
generadas en la producción de hidrocarburos de los Campos Cusiana Norte, Río
Chitamena, Tauramena (Cusiana) Floreña, Floreña – Recetor, Pauto Sur y Pauto
Sur Recetor (Piedemonte) durante los meses de octubre, noviembre y diciembre
de 2014».
47. A su vez, se evidenció que la entidad demandada, mediante el radicado
ANH 20256410657252 Id: 1870960 del 29 de mayo de 2025, le informó en la que
ha cumplido con las órdenes de tipo administrativas y judiciales relacionadas con
las reliquidaciones de regalías de los trimestres correspondientes a la vigencia
2014.
48. No obstante, señaló que, frente a las regalías de los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2014, la entidad demandó la legalidad de la Resolución
No. 534 del 23 julio de 2015, por lo que, una vez se cuente con las resultas del
proceso, actuará de conformidad con lo que en ellas se disponga.
49. Por lo anterior, se tiene como acreditada la constitución en renuencia.
2.2.2. La acción supera los requisitos de procedencia
50. Conforme a lo dispuesto en la Ley 393 de 1997, la Sección Quinta de esta
corporación ha sostenido que la procedencia de la acción de cumplimiento se
encuentra supeditada a la acreditación de cinco requisitos generales:
(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes
(artículo 1)11.
(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas,
encargado de ello (artículos 5 y 6).
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de octubre
de 2011. Rad. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
11 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran
principios y directrices.
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(iii) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.
(iv) Que la acción no persiga la protección de derechos fundamentales que
puedan ser garantizados a través de la tutela (artículo 9).
(v) Que la acción no tenga por objeto el acatamiento de normas que
establezcan gastos a la administración (artículo 9).
51. El incumplimiento de alguno de requisitos de procedibilidad conlleva la
improcedencia del medio de control. Por el contrario, si los anteriores
presupuestos se encuentran satisfechos, corresponde a la Sala determinar si
existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad
o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción; y, a partir de ello, determinar la prosperidad de las pretensiones
de la demanda.
52. Para la Sala se encuentran superados los requisitos de procedencia de la
acción, por las siguientes cinco razones:
53. Primero, el deber que se pide acatar está contendido en un acto
administrativo que no ha sido suspendido ni anulado. Segundo, el mandato está
radicado en cabeza de una autoridad pública, esta es la ANH12. Tercero, la
sociedad demandante no persigue la protección de un derecho fundamental que
pueda ser garantizado mediante acción de tutela. Cuarto, el eventual
cumplimiento de la disposición no involucra gasto. Como se evidencia, lo
pretendido es que la demandada «efectúe el ajuste a que haya lugar a la
liquidación contenida en la Resolución ANH 196 expedida el 20 de enero de
2015».
54. Finalmente, en lo que concierne al requisito de subsidiariedad, esta
Sección considera pertinente realizar algunas precisiones sobre las diferencias
entre este medio de control de origen constitucional y la acción ejecutiva.
55. La finalidad de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la
Constitución Política y regulada en la Ley 393 de 1997 es que toda persona
pueda acudir ante la ante la administración de justicia para hacer efectivo el
acatamiento de una ley o acto administrativo.
12Conforme el artículo 1 del Decreto Ley 4137 de 2011, la ANH es una «Agencia Estatal, del sector
descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional con personería jurídica, patrimonio propio y
autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía».
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56. Sobre este punto, en la sentencia C-193 de 1998, la Corte Constitucional
declaró la exequibilidad del inciso 2 del artículo 9 de la Ley 393 de 1997, el cual
establece que la acción de cumplimiento no procederá cuando el afectado tenga
o haya tenido otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la
norma o acto administrativo, salvo que se genere un perjuicio irremediable para
el accionante.
57. En dicha oportunidad, el máximo órgano constitucional señaló la
procedencia de la acción de cumplimiento respecto a los actos administrativos de
contenido general, por contener normas de carácter impersonal y abstracto, las
cuales son equivalentes materialmente a las leyes. No obstante, en relación con
los actos administrativos resaltó que:
[…] cuando se trata de actos administrativos subjetivos, que crean situaciones
jurídicas individuales, concretas y particulares, el cumplimiento efectivo del
respectivo acto interesa fundamentalmente a la esfera particular de la persona y
no a la que corresponde a la satisfacción de los intereses públicos y sociales. Por
ello se justifica constitucionalmente, por considerarse razonable y no afectar el
contenido esencial de la norma del artículo 87 constitucional, la previsión del
legislador, en el sentido de que en tales casos, el afectado, o sea, a quien se le
lesiona directamente su derecho pueda acudir a los mecanismos ordinarios que
también éste ha instituido para lograr el cumplimiento de tales actos.
58. En ese sentido, la Corte Constitucional precisó que la acción de
cumplimiento, en principio, no está diseñada para la ejecución de actos
administrativos de carácter particular, ni para el reconocimiento de derechos
subjetivos, pues en estos casos existen otros mecanismos judiciales ordinarios
idóneos para garantizar su efectividad.
59. Por consiguiente, la acción de cumplimiento resulta improcedente frente a
actos administrativos que crean situaciones jurídicas particulares, concretas y
subjetivas. La finalidad de este especial mecanismo constitucional es la garantía
del cumplimiento de deberes contenidos en la leyes o actos administrativos, y no
la protección de intereses particulares. Admitir lo contrario implicaría
desnaturalizar este medio de control y desconocer el carácter subsidiario que lo
rige.
60. En el caso sub examine, como se dijo en la sentencia original, la
controversia planteada por la parte demandante se circunscribe a una
controversia propia del proceso ejecutivo, dado que la resolución cuyo
cumplimiento pretende mediante esta vía es de contenido particular, la cual
contiene una obligación de hacer y constituye un título ejecutivo complejo.
61. Tal conclusión se reafirma con la revisión de otros procesos ejecutivos 13,
también promovidos por Equion Energía Limited, con objetos y causas análogas
13 Al respecto pueden consultarse los procesos identificados con los siguientes radicados: 85001-23-33-000-
2019-00126-00/01 y 85001-23-33-000-2020-00392-00/01.
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al caso sub judice (v.gr., que se ordene a la ANH efectuar la reliquidación de las
regalías a que haya lugar).
62. Es más, en uno de ellos14, la Subsección A de la Sección Tercera
reconoció la procedencia de la acción ejecutiva, por cuanto: i) la resolución de la
ANH objeto de la controversia constituía un título ejecutivo complejo, en tanto se
compone de otro acto administrativo a partir del cual se avizora la existencia de
una obligación en cabeza de la entidad demandada; y ii) dicho acto contiene
expresa y exigible a cargo de la ANH y en favor de Equion Energía Limited,
consistente en la reliquidación de las regalías para el segundo trimestre del año
201415.
63. En ese orden, en principio, sería necesario declarar la improcedencia de
la acción por incumplimiento del requisito de subsidiariedad. No obstante, de
conformidad con lo ordenado por el juez de tutela, en el fallo del 23 de abril del
2026, dicho requisito de procedencia no puede ser aplicado en forma estricta en
este asunto, en tanto en el sub examine concurren circunstancias excepcionales
que inciden en la garantía del derecho de acceso a la administración de justicia
de la sociedad demandante.
64. Ciertamente, como se advierte desde los antecedentes de esta
providencia, en diferentes oportunidades, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, así como las secciones Quinta16 y Primera17, le indicaron a la
parte actora que la acción de cumplimiento constituía la vía judicial idónea para
ejecutar el acto administrativo en cuestión.
65. En ese contexto, y habida cuenta del trasegar procesal de la parte
demandante tendiente a obtener la ejecución del artículo 2 de la Resolución No.
534 del 23 de julio de 2015 expedida por la ANH, la Sala estima necesario superar
el requisito de subsidiariedad. Lo anterior, en la medida en que una interpretación
estricta de dicha exigencia, en este caso particular, podría traducirse en una
restricción desproporcionada del derecho de acceso a la administración de
justicia de Equion Energía Limited, que, pese a haber acudido oportunamente al
14 Expediente 85001-23-33-000-2019-00126-00/01.
15 Al respecto, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló lo siguiente: «En efecto,
se corroboró que la Resolución 467 de 2015, expedida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos contienen
una obligación expresa, en razón a que es patente y manifiesta su inclusión en la parte resolutiva del acto
administrativo; es clara, porque a la entidad ejecutada se impone la obligación de efectuar una reliquidación
de las regalías generadas por la producción de hidrocarburos (gas) en favor de Equion Energía Limited,
precisando los términos y condiciones para tal operación, y es exigible, dado que la misma entidad certificó
la firmeza del acto en cuestión, y no se contempló la existencia de un plazo o condición que difiriera su
cumplimiento, mucho menos se acreditó su revocatoria, modificación o anulación. (…) En ese mismo orden
de ideas, no se configuró una indebida escogencia del medio de control, toda vez que, al constatarse la
existencia de una obligación clara, expresa y exigible a cargo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y en
favor de Equion Energía Limited, consistente en la reliquidación de las regalías para el segundo trimestre
del año 2014, resultaba procedente la radicación de la demanda ejecutiva».
16 Ver sentencia del 30 de julio del 2020, dictada en la primera acción de cumplimiento tramitada.
17 Ver sentencia de 20 de noviembre de 2020, proferida en la acción de tutela presentada contra la sentencia
de 30 de julio de 2020.
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medio de control idóneo, aún no ha obtenido un pronunciamiento de fondo por
parte de las autoridades judiciales.
66. Por lo anterior, la Sala tendrá por superados los requisitos de procedencia
de la acción de cumplimiento.
2.2.3. El artículo 2 la Resolución No. 534 del 23 de julio de 2015 contiene un
mandato imperativo e inobjetable en cabeza de la ANH
67. El contenido de la disposición invocada es el siguiente:
Resolución No. 534 del 23 de julio del 2015
Por la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos por
Equión Energía Limited y Santiago Oil Company contra la Resolución ANH
196 de 2015
RESUELVE:
Artículo 2. Proceder a efectuar el ajuste a que haya lugar a la liquidación
contenida en la Resolución ANH 196 expedida el 20 de enero de 2015 respecto
de las regalías generadas por la producción de hidrocarburos en los Campos
Causina Norte, Río Chitamena, Tauramena (Cusiana) Floreña, Floreña-Recetor,
Pauto Sur y Pauto Sur Recetor (Piedemonte) durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2014, conforme a lo dispuesto en el Artículo 1. de la
presente Resolución.
68. De las pruebas allegadas al expediente, no existe controversia en que
dicho acto administrativo cobró firmeza el 21 de agosto de 2015.
69. A su vez, la Sala advierte que el mencionado acto administrativo impone
una obligación a la ANH de «efectuar el ajuste a que haya lugar a la liquidación
contenida en la Resolución ANH 196 expedida el 20 de enero de 2015» respecto
de las regalías del cuarto trimestre del 2014, en unos campos de producción de
hidrocarburos particulares.
70. En tales términos, puede constatarse que tal resolución contiene un deber
claro y expreso a cargo de la demandada, cuyo cumplimiento no se deja a la
mera discrecionalidad de la entidad ni está sometido a condición alguna.
71. No obstante, esta Sección advierte que existe una discusión acerca de la
inobjetabilidad del mandato, la cual está relacionada con la posible pérdida de la
fuerza ejecutoriada de la resolución sub examine.
72. En efecto, de la revisión del expediente se advirtió que la ANH, en la
contestación de la demanda, señaló que la Resolución No. 534 del 23 de julio del
2015, al haber cobrado firmeza el 21 de agosto de ese mismo año, perdió su
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fuerza de ejecutoria por encontrarse dentro de la causal prevista en el numeral 3
del artículo 91 del CPACA. Esta disposición establece lo siguiente:
ARTÍCULO 91. PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO
ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos
en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no
podrán ser ejecutados en los siguientes casos:
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha
realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el
acto.
5. Cuando pierdan vigencia. (Énfasis de la Sala)
73. Sin embargo, para la Sala, en este caso, no se configura el supuesto de
pérdida de fuerza ejecutoria alegado por la ANH. La interpretación del artículo
91.3 del CPACA exige que, al cabo de 5 años, no se hayan realizado actuaciones
tendientes a ejecutar el acto administrativo que se cuestiona, circunstancia que
no ocurrió en este caso. Por el contrario, en el expediente se encuentra
plenamente acreditado que la sociedad accionante, lejos de asumir una actitud
procesal pasiva, acudió oportunamente a los mecanismos judiciales dispuestos
para obtener la ejecutoria del acto.
74. En efecto, el 15 de febrero del 2019, Equion Energía Limited presentó
demanda ejecutiva, con el fin de que se librara mandamiento para que se
ordenara la ejecución de la obligación de hacer contenida en el artículo 2 de la
Resolución No. 534 del 23 de julio de 2015. Es decir, acudió a la acción ejecutiva
dentro del término de ejecutoria del acto administrativo e, incluso, antes de que
operase la caducidad de la acción ejecutiva.
75. Asimismo, se evidencia que, a partir de dicha actuación inicial, se desplegó
un prolongado trasegar procesal que incluso implicó la adecuación del medio de
control. En efecto, mediante providencia del 29 de mayo de 2019, la Subsección
C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca adecuó el
proceso ejecutivo a una acción de cumplimiento, la cual culminó con la
declaratoria de improcedencia, al estimarse que se encontraba en discusión la
legalidad de la resolución, de conformidad con la sentencia del 30 de julio de
2020 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
76. Luego, el 19 de octubre de 2020, radicó una acción de tutela contra la
sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la cual la
Sección Primera de esta corporación negó la solicitud de amparo. No obstante,
enfatizó que la sociedad demandante, en caso de que no se declara nulo el acto
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administrativo, podía presentar una nueva acción de cumplimiento debido a que
no había obtenido una respuesta de fondo.
77. Por tal razón, tal como lo señaló el juez de tutela en la orden de amparo,
no resulta admisible realizar una aplicación irreflexiva del numeral 3 del artículo
91 del CPACA, sin consideración de la conducta diligente de la parte demandante
tendiente a obtener la ejecución del acto administrativo y sin valorar las
particularidades del devenir procesal del caso.
78. En consecuencia, al no haberse configurado la pérdida de ejecutoria, el
mandato contenido en el artículo 2 de la Resolución No. 534 del 23 de julio de
2015 es actualmente exigible.
79. A su vez, se advierte que la obligación allí contenida no ha sido cumplida
por la ANH. En efecto, no obra en el expediente prueba alguna que acredite que
la entidad haya proferido el acto administrativo mediante el cual se llevara a cabo
el ajuste a la liquidación de las regalías en los términos ordenados.
80. No ocurre lo mismo en relación con la segunda pretensión formulada por
la sociedad accionante. Al respecto, en la demanda, Equion Energía Limited,
además del cumplimiento del artículo 2 de la Resolución, también pidió que se
ordene a la ANH que «una vez se realice el ajuste del valor de las regalías que
corresponden al cuarto trimestre de 2014 se reconozca la indexación de esta
suma de dinero desde la fecha en la que debió pagarse y hasta la fecha efectiva
en que se realice el pago» a su favor.
81. Sin embargo, tal obligación no deriva del contenido de la resolución sub
examine. Como ya se anotó, el acto administrativo contiene un deber que se
concreta en que la ANH proceda a «efectuar el ajuste a que haya lugar a la
liquidación contenida en la Resolución ANH 196 expedida el 20 de enero de
2015» respecto de las regalías del cuarto trimestre del 2014. De ello —ni de
ningún otro contenido del acto administrativo enjuiciado— no deriva un deber a
cargo de la ANH de indexar suma de dinero alguna.
82. Tal pretensión es propia de un proceso ejecutivo, y no de esta acción de
cumplimiento. El hecho de que las particularidades de este caso justificaran
superar el requisito de subsidiariedad no implica que el juez de cumplimiento se
convierta en un juez ejecutivo; pues su órbita funcional sigue estando delimitada
a garantizar el efectivo acatamiento de un mandato específico, imperativo e
inobjetable, que, en este caso, se concreta en el deber de efectuar el reajuste de
la liquidación de las regalías antes mencionado.
83. Por tal razón, la Sala revocará la sentencia de primera instancia dictada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsección Primera,
Subsección B. En su lugar, declarará el incumplimiento de la ANH en acatar el
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mandato contenido en el artículo 2 de la Resolución No. 534 del 23 de julio de
2015.
84. En consecuencia, le ordenará a la ANH que, en el término de treinta (30)
días contados a partir a partir de la notificación de esta sentencia, dé
cumplimiento al artículo 2 de la Resolución No. 534 del 23 de julio de 2015 y, por
ende, efectúe el ajuste a que haya lugar a la liquidación contenida en la
Resolución ANH 196 expedida el 20 de enero de 2015 respecto de las regalías
generadas por la producción de hidrocarburos en los Campos Causina Norte, Río
Chitamena, Tauramena (Cusiana) Floreña, Floreña-Recetor, Pauto Sur y Pauto
Sur Recetor (Piedemonte) durante los meses de octubre, noviembre y diciembre
de 2014.
2.3. Consideraciones finales
85. Como se expuso previamente, la declaratoria de incumplimiento de la ANH
y, en consecuencia, la orden de acatar el contenido del artículo 2 de la Resolución
No. 534 del 23 de julio de 2015 en esa oportunidad, obedeció a todo el trasegar
procesal de la parte demandante tendiente a obtener la ejecutoria de dicho acto
administrativo y en aras de garantizar su derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia, ante la ausencia de un pronunciamiento de fondo
sobre el cumplimiento de la obligación allí contenida.
86. En ese sentido, la procedencia de la presente acción de cumplimiento no
comporta una sustitución de los mecanismos ordinarios, sino que responde a las
particularidades del caso concreto, en el que, pese a la diligencia de la parte
demandante en ejecutar el acto administrativo, no logró su materialización por las
circunstancias que se presentaron el trámite de la acción ejecutiva inicialmente
presentada.
87. Sin embargo, la Sala estima pertinente precisar que la orden contenida en
este fallo no comporta una obligación de realizar una operación aritmética en la
que se reconozca un resultado económico concreto, sino que se limita a
garantizar el cumplimiento del deber contenido en el artículo 2 de la Resolución
No. 534 del 23 de julio de 2015, esto es, efectuar el ajuste a que haya lugar a la
liquidación contenida en la Resolución ANH 196 expedida el 20 de enero de 2015.
88. De allí que las controversias que puedan surgir en torno a la decisión que
llegue a adoptar la ANH en cumplimiento de esta providencia (v.gr., monto,
método de liquidación y precios base para efectuar el mencionado ajuste18, etc.),
deberán ser tramitadas a través de los medios de control ordinarios procedentes,
según corresponda.
18 Esto, habida cuenta de que el artículo 2 de la Resolución No. 534 del 23 de julio de 2015 remite al artículo
1 de dicho acto administrativo, que, a su vez, hace referencia al acápite 1.3. de la parte considerativa de la
resolución, en las cual se indica que la liquidación se realizará conforme al artículo 15 de la Ley 1530 de
2012, hoy derogada por la Ley 2056 de 2020.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B. En su
lugar, DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO por parte de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos en acatar el mandato contenido en el artículo 2 de la Resolución
No. 534 del 23 de julio de 2015.
SEGUNDO: En consecuencia, ORDENAR a la Agencia Nacional de
Hidrocarburos que, en el término de treinta (30) días contados a partir de la
notificación de esta sentencia, dé cumplimiento al artículo 2 de la Resolución No.
534 del 23 de julio de 2015 y, por ende, efectúe el ajuste a que haya lugar a la
liquidación contenida en la Resolución ANH 196 expedida el 20 de enero de 2015
respecto de las regalías generadas por la producción de hidrocarburos en los
Campos Causina Norte, Río Chitamena, Tauramena (Cusiana) Floreña, Floreña-
Recetor, Pauto Sur y Pauto Sur Recetor (Piedemonte) durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre de 2014.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
CUARTO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Con aclaración de voto
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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