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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00764-00

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00764-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00764-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Lucero Cardona Torres.
Parte accionada: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00764-00.
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por falta de
relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. La señora Lucero Cardona Torres en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho promovió demanda contra la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, con el fin de
que se declarara la nulidad de los actos administrativos S-2018-
047981/COMAN ASJUR-1.10 de 25 de septiembre de 2018 y S-2018 /
COMAN ASJUR-1.10 de 24 de octubre de 2018, que negaron el
reconocimiento de la existencia de una relación laboral y el pago de las
acreencias laborales.

1.2. La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas,
mediante sentencia de 28 de julio de 2023, negó las pretensiones de la
demanda, al considerar que no se acreditó la existencia de una relación

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laboral dado que “[…] no se acreditó su calidad de empleada pública, al
no existir dentro del proceso resolución de nombramiento, acta de
posesión; ni contrato escrito a término fijo o indefinido, ni contrato de
prestación de servicios […]”.

1.3. Inconforme con la decisión anterior la señora Lucero Cardona Torres
presentó recurso de apelación.

1.4. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante sentencia de 10 de julio de 2025, confirmó la sentencia de
primera instancia, al considerar que “[…] una vez valoradas en conjunto
las pruebas, la Sala encuentra que estas no ofrecen certeza de la
existencia de la relación laboral de hecho alegada por la actora, pues no
demuestran fehacientemente que i) hubiese estado vinculada y prestado
un servicio personal a la Policía Nacional con la aquiescencia de la
autoridad competente; ii) que por su labor recibiera una remuneración o
pago; y iii) que en la relación con el empleador existiera subordinación o
dependencia […]”.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que la autoridad accionada incurrió en violación
directa de la Constitución, al haberle dado un alcance restrictivo al principio de
primacía de la realidad y por haber desconocido el “[…]el principio
constitucional del “indubio pro operario” […]”, pues le dio mayor relevancia a
la inexistencia de un acto de nombramiento o de un contrato, que a la realidad
material de la relación laboral.

Adujo que logró demostrar que sí laboró como aseadora en la estación de
policía y, por lo tanto, “[…] es posible aseverar que La Policía Nacional
siempre tuvo la posibilidad de contratar empresas o personas naturales para
la realización de los servicios de aseo de sus instalaciones, y a pesar de ello,
nunca contrató a alguna para realizar las labores de aseo que SI fueron
desempeñadas por la demandante Lucero Cardona Torres, en la estación de

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Policía de Neira, bajo la subordinación de los respectivos comandantes de la
estación […]”.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Declare que la autoridad judicial accionada vulneró los siguientes
derechos constitucionales fundamentales de la accionante: debido
proceso; primacía de la realidad sobre las formas; salario mínimo, vital y
móvil; y trabajo digno y justo

2. Como consecuencia de lo anterior, deje sin efectos las siguientes
providencias judiciales:

2.1. Sentencia de segunda instancia emitida el 10 de julio de 2025 por la
Subsección B, de la Sección Segunda, de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, C.P. JUAN ENRIQUE BEDOYA
ESCOBAR, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación 17001-23-33-000 2019-00448-01 (0148-2024). Dicha
sentencia fue notificada por correo electrónico el 17 de septiembre de
2025.

2.2. Auto calendado el 23 de octubre de 2025, por medio del cual la
Subsección B, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, resolvió
negar la solicitud de adición de la sentencia de segunda instancia
proferida en el proceso identificado con antelación. Dicho auto fue
notificado por estado electrónico el 6 de noviembre de 2025.

3. Además, ordene que la entidad accionada, dentro del término que 48
horas siguientes a la notificación de la sentencia que acceda a las
pretensiones de esta solicitud de tutela, emita una nueva sentencia que,
en aras de proteger los derechos fundamentales conculcados a la
demandante, le permita acceder al reconocimiento de sus derechos
laborales […]”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Mediante auto de 10 de febrero de 2026, se admitió la presente acción de
tutela y se vinculó a la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo
de Caldas y a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional,
en calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso.

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III. INTERVENCIONES

1. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado solicitó
declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que los argumentos
de la accionante están dirigidos a reabrir el debate jurídico ya resuelto.

Indicó que las decisiones se sustentaron en el marco normativo y
jurisprudencial vigente, a partir del cual “[…] se concluyó que no se había
acreditado la existencia de una relación laboral de hecho entre Lucero
Cardona Torres y la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, que
tuviera como consecuencia el reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales por el período alegado […]”.

2. La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas indicó
que en las providencias cuestionadas se hizo un análisis exhaustivo de los
elementos fácticos, probatorios, normativos y jurisprudenciales.

Adujo que “[…] las inconformidades expuestas por el accionante en el escrito
de tutela, se circunscriben de manera expresa a las consideraciones tenidas
en cuenta por el Consejo de Estado en la sentencia proferida en segunda
instancia mediante la cual revocó la emitida por esta Corporación, sin que por
parte de esta Corporación se vulneren los derechos fundamentales invocados
por el actor de tutela […]”.

3. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional solicitó
declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que no se observa
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la providencia
recurrida “[…] teniendo en cuenta la inexistencia de un perjuicio irremediable
ocasionado a la parte actora, derivado de la determinación adoptada por la
Rama Judicial y que no está en la obligación jurídica de soporta […]”.

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IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:

B) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

3. Caso concreto

3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela

La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional2 como del Consejo
de Estado3 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
3
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.

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requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de
los requisitos especiales para dicha procedencia.

Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental4 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces5.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia

4
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente:
Dr. Jaime Córdoba Triviño.
5
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.

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“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.

En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la
competencia y la independencia del juez ordinario.

Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrió la autoridad accionada no devela que el
presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental, sino,
únicamente, frente a la mera inconformidad con la decisión adoptada en el
marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación núm. 17001-23-33-000-2019-00448-01.

Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que la autoridad judicial haya incurrido en una
arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual se
evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental” y
mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.

Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está asociada
a que la autoridad accionada aplicó de manera restrictiva el principio de la
primacía de la realidad que le impidió declarar la existencia de la relación laboral,
circunstancia que se traduce en la reapertura de un proceso que fue resuelto por
el juez natural del asunto.

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En este contexto, se considera que los argumentos de la parte actora más que
develar la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia
constitucional” que conlleve la presunta trasgresión de derechos
fundamentales, demuestra una inconformidad con la decisión adoptada por la
autoridad accionada como si este mecanismo se tratase de un recurso o
instancia adicional, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho
asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela un carácter que no le es propio
de su naturaleza y de paso invadir la competencia y la independencia del juez
natural.

Bajo los anteriores argumentos, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia,
de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

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PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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