Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00818-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00818-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00818-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
19 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00818-01
Demandante: Leida Margarita Racini Negrete
Demandado: Tribunal Administrativo de Córdoba y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial / Caducidad en el medio de
control de reparación directa / Defectos fáctico, sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial
Decisión: Revocar la decisión de primera instancia y negar el amparo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por Leida Margarita Racini Negrete, en
contra de la sentencia proferida el 13 de marzo de 2026 por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A mediante la cual se declaró improcedente la
solicitud de amparo de la referencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. Leida Margarita Racini Negrete promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso efectivo a la
administración de justicia, a la igualdad, a la seguridad jurídica y a la confianza
legítima, los cuales consideró vulnerados con ocasión de las providencias proferidas
el 5 de agosto y el 19 de diciembre de 2025 por el Juzgado Quinto Administrativo
del Circuito Judicial de Montería y el Tribunal Administrativo de Córdoba,
respectivamente, en el medio de control de reparación directa identificado con
radicado 23001-33-33-005-2025-00115-00/01.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado
«1_DemandaWeb_Demanda_TUTELA_RD_AGUSTIN_GA(.pdf) pdf NroActua2».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00818-01
Demandante: Leida Margarita Racini Negrete
2.1. En ejercicio del medio de control de reparación directa presentó demanda en
contra del departamento de Córdoba con la finalidad de que se le declarara
responsable de los perjuicios causados «con fundamento en la omisión administrativa
prolongada en el pago de acreencias laborales reconocidas dentro de un acuerdo de
Reestructuración de Pasivos – Ley 550 de 1999» [sic].
2.2. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Montería en providencia
del 5 de agosto del 2025 rechazó la demanda al concluir que operó la caducidad del
medio de control, al estimarse que debía contabilizarse desde el incumplimiento de
la obligación legal, esto es, el 31 de diciembre de 2015, fecha en la cual expiró el
plazo establecido en el acuerdo para el pago de las acreencias laborales. En ese
orden, concluyó que el término venció el 31 de diciembre de 2017, mientras que las
solicitudes de conciliación extrajudicial fueron presentadas hasta el 2025, sin lograr
interrumpirlo.
2.3. El Tribunal Administrativo de Córdoba en providencia del 19 de diciembre de
2025 confirmó la decisión del a quo al concluir que, frente al plazo para el pago de
las acreencias laborales se estableció que el término de caducidad del medio de
control debía computarse desde el 1° de enero de 2016, por tratarse del día
siguiente a la fecha límite establecida para el cumplimiento de la obligación [31 de
diciembre de 2015]. Asimismo, precisó que la omisión en ese momento constituyó
el hecho generador del daño, y no el acto posterior que reconoció un pago parcial.
2.4. Las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus derechos fundamentales
al incurrir en defecto sustantivo por aplicación irrazonable del artículo 164 del
CPACA, comoquiera que erróneamente consideró que el término de caducidad del
medio de control de reparación directa debía contarse desde el año 2015, fecha en
la que ocurrió una modificación formal del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos,
lo que llevó a desconocer la naturaleza del daño alegado y el momento real de
consolidación del daño antijurídico.
2.5. En los casos de omisión administrativa el término de caducidad no se cuenta de
manera automática desde la ocurrencia formal del incumplimiento, sino desde el
momento en que el daño se hace cierto, efectivo, cognoscible y demostrable para
el afectado. En el presente caso, antes del acto administrativo de pago parcial
expedido con corte a junio de 2023, no contaba con un daño cierto y evaluable, sino
únicamente con una expectativa legítima de cumplimiento del acuerdo.
2.6. En desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado2 relativo al
cómputo del término de caducidad en los eventos de daño antijurídico derivado de
omisiones administrativas o de los efectos dañosos de actos administrativos válidos,
que ha precisado que el elemento determinante para el cómputo de la caducidad no
2 Al respecto citó la sentencia del 27 de abril de 2006 de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
expediente 16079. CP: Ramiro Saavedra Becerra.
2
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Demandante: Leida Margarita Racini Negrete
es la expedición del acto ni el incumplimiento formal de una obligación, sino la
consolidación real y objetiva del daño antijurídico. Asimismo, el de la Corte
Constitucional3 según el cual, una interpretación rígida de la caducidad vulnera el
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.
2.7. En defecto fáctico por omitir valorar que no pudo demostrar la existencia del daño
antes del pago parcial, que durante la vigencia del acuerdo de reestructuración
operó la suspensión de términos conforme a la Ley 550 de 1999, que el perjuicio
solo se materializó y resultó cuantificable con el acto de pago tardío y que no se
efectuó un análisis probatorio integral de la demanda.
1.2. Pretensiones
3. Como fundamento de la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] Primero: AMPARAR los derechos fundamentales de la parte accionante tales
como, Derecho fundamental al debido proceso (art. 29 C.P.), Derecho de acceso efectivo
a la administración de justicia (art. 229 C.P.), Derecho a la igualdad (art. 13 C.P.),
Principio de seguridad jurídica y confianza legítima, Principio de prevalencia del derecho
sustancial (art. 228 C.P.).
Segundo: Como consecuencia de la anterior decisión DEJAR SIN EFECTOS, El auto
del 05/08/2025 proferido por el Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito judicial
de Montería, y el auto del 19/12/2025 proferido por el Tribunal Administrativo de Córdoba
– Sala Quinta de Decisión.
Tercero: ORDENAR al Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito judicial de
Montería, admitir la demanda de reparación directa y continuar con su trámite normal,
realizando un análisis de fondo conforme al precedente constitucional y contencioso
administrativo. […]» [sic].
1.3. Informes rendidos en el proceso
4. El Tribunal Administrativo de Córdoba4 si bien allegó el expediente digital,
guardó silencio frente a la petición de amparo.
5. El departamento de Cordoba5 requirió que se declarara improcedente la petición
de amparo por no acreditar los requisitos generales de procedibilidad, o en su
defecto, se negara, ante la ausencia de vulneración de los derechos invocados por
la demandante. Asimismo, su desvinculación del asunto por falta de legitimación en
la causa por pasiva, pues no es la entidad llamada a responder por las pretensiones.
3 Al respecto citó: Su-556 de 2019. MP: Alberto Rojas Ríos.
4 Ver índice 12 de Samai. Archivo denominado «8RECIBEPRUEBAS_OneDrive_1_1122026zi(.zip)
NroActua 12(.zip) NroActua 12».
5 Ver índice 13 de Samai. Archivo denominado «9_MemorialWeb_Otro-
CONTESTACIONTUTELA(.pdf) NroActua 13(.pdf) NroActua 13».
3
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Demandante: Leida Margarita Racini Negrete
6. El Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería6
luego de hacer un recuento de las actuaciones jurídico-procedimentales surtidas al
interior del proceso contencioso, solicitó que se declarara improcedente la petición
de amparo, por cuanto la providencia cuestionada fue proferida en el marco de las
competencias legales asignadas a este despacho judicial, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley 1437 de 2011.
6.1. Así,de conformidad con el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos y su
modificación del 31 de julio de 2015, se dispuso expresamente que las acreencias
laborales reconocidas debían satisfacerse a más tardar el 31 de diciembre de ese
año. Por tanto, la inobservancia de dicha carga constituyó el supuesto que origina
el perjuicio invocado por la parte demandante.
1.4. Sentencia de primera instancia7
7. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A en sentencia del 13 de
marzo de febrero del 2026 declaró improcedente la solicitud de tutela por no
acreditar el requisito general de la relevancia constitucional, pues la verdadera
intención fue utilizar el amparo como una tercera instancia con el propósito de
reabrir el debate ordinario para «volver a discutir la correcta aplicación del artículo 164
de la Ley 1437 de 2011, en lo relacionado con el término para acudir al medio de control de
reparación directa».
1.5. Escrito de impugnación8
8. Leida Margarita Racini Negrete impugnó la decisión del a quo, para lo cual,
además de reiterar los argumentos expuestos en el escrito inicial, precisó que el
asunto sí tiene relevancia constitucional, pues no se limitó a una una simple
discusión interpretativa sobre normas procesales, sino que se refirió a una decisión
judicial que impidió el acceso a la administración de justicia, mediante una
interpretación restrictiva del término de caducidad.
2. Consideraciones
9. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) procedencia
de la tutela contra providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v)
análisis de la Sala.
6 Ver índice 14 de Samai. Archivo denominado
«13RECIBEPRUEBAS_23001333300520250011(.zip) NroActua 14(.zip) NroActua 14».
7 Ver índice 18 de Samai. Archivo denominado «14Sentencia_2320260081800VF(.pdf) NroActua
18(.pdf) NroActua 18».
8 Ver índice 22 de Samai. Archivo denominado «16_MemorialWeb_Recurso-IMPUGNACION(.pdf)
NroActua 22».
4
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Demandante: Leida Margarita Racini Negrete
2.1. Competencia
10. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20009 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201910, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
2.2. Cuestión previa
11. Se advierte que, pese a que en el escrito inicial se cuestionan las decisiones
proferidas por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Montería y
el Tribunal Administrativo de Córdoba, se observa que los argumentos que
sustentan sus pretensiones son similares respecto de una y otra.
12. Por lo anterior, y en atención a que la providencia del 5 de agosto de 2025,
proferida en primera instancia fue apelada y el Tribunal Administrativo de Córdoba
desató el recurso a través de la providencia del 19 de diciembre del 2025, el reclamo
constitucional formulado será estudiado solo respecto a esta última, en tanto que
fue la que puso fin a la discusión de la declaratoria de caducidad del medio de
control.
2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
13. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo
del Consejo de Estado11, unificó el criterio de la Corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 12. Al
respecto señalo lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que
las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29
de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de
derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical
y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias
de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente. […]»
9 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
10 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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Demandante: Leida Margarita Racini Negrete
14. Como consecuencia de lo anterior, esta Corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
15. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
Administrativo13, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela, como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
16. Ahora bien, la Corte Constitucional14 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
17. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos15, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. Para la prosperidad del amparo, debe
verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos
alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que
implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales16.
18. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez
14 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004
y C-590 de 2005.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
16Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00818-01
Demandante: Leida Margarita Racini Negrete
2.4. Problema jurídico
19. De acuerdo con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir: ¿si el Tribunal
Administrativo de Córdoba, vulneró los derechos fundamentales de Leida Margarita
Racini Negrete, con ocasión de la providencia del 19 de diciembre de 2025,
mediante la cual confirmó la decisión de rechazar el medio de control de reparación
directa por haber operado el fenómeno de la caducidad, con la que incurrió,
presuntamente, en defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente
judicial?
2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva
20. En relación con el requisito de relevancia constitucional, contrario a lo señalado
por el a quo, se entiende superado, toda vez que los defectos alegados pueden
llevar consigo una violación de derechos fundamentales, los cuales constituyen
bienes jurídicos constitucionalmente amparados.
21. Por lo anterior, la Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la
solicitud de tutela, y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide
lo actuado, procederá a efectuar el estudio de fondo del asunto planteado.
2.4.2. Defecto sustantivo
22. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte
Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una
decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto. En su jurisprudencia, la corporación ha
resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces
gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas
jurídicas, esta no es una facultad absoluta, para lo cual precisó que los límites se
encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.
23. El alto tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en
las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en
una norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación
o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de
razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses
legítimos de las partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta
sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición
aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una
interpretación sistémica de la norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o
legal aplicable al caso.
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Demandante: Leida Margarita Racini Negrete
24. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales.
2.4.3. Desconocimiento del precedente judicial
25. En este punto, en cuanto al desconocimiento del precedente alegado se
recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política
permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes
relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para
promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la
predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las
normas jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo
adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones
judiciales, presupuesto esencial del Estado social de derecho.
26. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión
previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos
o semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver
el juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de
igualdad. El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de
seguir el curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias
previas, salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan
modificarlo.
27. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las toma en injustas o incorrectas en el orden de
cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.
28. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, con
identificación de los precedentes relevantes; de suficiencia dé a conocer las razones
que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precise por qué
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Demandante: Leida Margarita Racini Negrete
esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivada de la desobediencia al precedente.
2.4.4. Defecto fáctico
29. El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional 17, tiene una
dimensión negativa y otra positiva. La primera se configura cuando en desarrollo de
la actividad probatoria el juez omite la «valoración de pruebas determinantes para
identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez»18, «o cuando sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente»19. La segunda, se acredita cuando el operador judicial «aprecia
pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente
recaudadas»20.
30. Empero, la. Intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.
2.5. Sobre el caso concreto
31. Leida Margarita Racini Negrete acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos
la providencia proferida el 19 de diciembre de 2025 por el Tribunal Administrativo
de Córdoba, mediante la cual se confirmó la decisión de rechazar el medio de
control de reparación directa que interpuso, al encontrar configurado el fenómeno
jurídico de la caducidad.
32. Lo anterior, según insistió en el escrito de impugnación, al considerar que se
incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y en desconocimiento del precedente
judicial, por cuanto se realizó un cómputo de caducidad incorrecto al contabilizarlo
desde el 2015, pese a que el daño alegado, derivado de una omisión administrativa
prolongada en el tiempo, consistente en el retardo injustificado en el pago de
acreencias laborales reconocidas dentro del Acuerdo de Reestructuración de
Pasivos, solo se consolidó con el pago parcial efectuado en junio de 2023.
33. En este punto, la Sala aclara que el análisis de los mencionados defectos se
hará en conjunto, en la medida en que todos están dirigidos a cuestionar la decisión
17 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013- SU-172 de 2015,
T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016, entre otras.
18 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, MP: Antonio Barrera Carbonell.
19 Sentencia Su-159 de 2002, MP Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,
Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
20 Sentencia T-538 de 1994.
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de la autoridad judicial demandada de fundamentar su negativa con base al
momento en donde debe empezar a contar el término de caducidad del medio de
control de reparación directa.
34. En este punto, en razón a la controversia a decidir, se recuerda que el literal i)
numeral 2 del artículo 164 del CPACA, en cuanto a la caducidad del medio de control
de reparación directa, dispuso:
Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser
presentada:
[…]
2. En los siguientes términos, so pena de que opera la caducidad:
[…]
i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del
término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la
acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad
de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia […]
35. Con fundamento en la normativa expuesta, el Tribunal Administrativo de
Córdoba, en lo referente a la caducidad en los casos de daño por omisión, de cara
al precedente judicial sentado por el máximo órgano de lo contencioso-
administrativo respecto al momento en que debe empezar a contarse el término en
estos casos, consideró:
«[…] De esta forma, el medio de control de reparación directa se encuentra sometido a
un término de caducidad de dos años; empero, dicho lapso no se inicia de forma
invariable en todos los supuestos fácticos, pues, corresponde al juez efectuar un análisis
atendiendo a las particularidades del caso concreto. En efecto, la regla general dispone
que el cómputo del término se realice a partir del día siguiente a la ocurrencia del hecho,
acto u omisión generadora del daño. No obstante, de manera excepcional, el legislador
ha previsto que dicho término pueda contabilizarse desde el momento en que el
demandante tuvo o debió tener conocimiento del daño, siempre y cuando se acredite de
forma suficiente la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su acaecimiento.
La anterior disposición normativa ha sido analizada en múltiples ocasiones por el
Consejo de Estado; y de manera reciente el 18 de junio de 202521, precisó que, “basta
verificar el día en que ocurrió el hecho, omisión y operación administrativa para
contabilizar el plazo señalado, a menos que el perjudicado no hubiera podido conocer el
daño en esa fecha (…) Así, aunque los efectos del año perduren en el tiempo, el conteo
del término de caducidad para demandar inicia desde que se produjo la conducta
dañosa¨. (…)
21 Sentencia del 18 de junio de 2025, Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección C, rad:
25000-23-36-000-2018-00693-01(65591). M.P. William Barrera Muñoz.
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Demandante: Leida Margarita Racini Negrete
Ahora bien, conforme a las pruebas obrantes en el plenario, la providencia emitida en
primera instancia, mediante la cual se rechazó de plano la demanda bajo el medio de
control de reparación directa debe ser confirmada por las razones que se exponen
subsiguientemente.
Vale precisar que la parte actora cataloga a los perjuicios que reclama, como una
secuela del incumplimiento al deber objetivo de cuidado que le asistía a la entidad, el
cual estaba en la obligación de garantizar el pago oportuno de las acreencias laborales
al finalizar la vigencia del año 2015. Es por ello, que a su criterio, la prolongación en el
tiempo en que se debía cumplir con la obligación -2015-, corresponde al hecho
generador de los perjuicios que pretende hacer valer la accionante.
En ese orden de ideas, se advierte que, conforme el libelo demandatorio, el 23 de
noviembre del 2009, la entidad demandada y sus acreedores -dentro de los que se
encuentra la demandante- definieron las condiciones para el pago de las acreencias de
orden laboral adeudadas por la entidad territorial. De la misma forma, se allegó la
modificación hecha al respectivo acuerdo el día 31 de julio de 2015; en dicha
documentación se dejó plasmado de forma expresa que “Las acreencias laborales se
pagarán en la vigencia del 2015”.
En ese contexto, la Sala considera que la fecha a partir de la cual debe contabilizarse el
término de caducidad del medio de control de reparación directa es el 1° de enero de
2016, por tratarse del día siguiente a la fecha límite establecida -31 de diciembre de
2015- para el pago de las referidas acreencias laborales. En consecuencia, la
demandante disponía hasta el 1° de enero de 2018 para la presentación de la demanda.
Sin embargo, acudió al trámite de conciliación extrajudicial el 21 de febrero del 2025
cuando el término de caducidad se hallaba ampliamente fenecido.
Ahora bien, teniendo en cuenta que el daño alegado por la demandante se fundamenta
en el incumplimiento del Departamento de Córdoba en el pago oportuno de las
acreencias laborales, resulta claro que el perjuicio invocado y el nexo de causalidad
emanan de un presunto retardo en el cumplimiento de una actuación administrativa
consistente en el pago oportuno de la acreencia.
En tal sentido, no resulta tener como punto de partida una fecha posterior,
correspondiente a un supuesto pago tardío efectuado en el año 2023, ni aquella en la
que se expidió el acto administrativo que ordenó el pago de las acreencias, como lo
sostiene la parte recurrente, puesto que el alegado daño se origina en el momento en
que se configuró el incumplimiento de la obligación, entendido como la omisión en el
pago, que, según plantea la propia demandante estructura el perjuicio reclamado.
De otra parte, aunque se indique que el pago de las acreencias laborales se haya
efectuado en forma tardía, no conduce por sí solo a concluir que el daño alegado sea de
carácter continuado. Si bien el incumplimiento se extendió en el tiempo, lo cierto es que
dicha prolongación recae sobre las consecuencias económicas derivadas de la omisión
administrativa. En ese sentido, el hecho generador del daño se concreta en un momento
determinado, esto es, en el momento en que se incumplió con la obligación de pago.
Llegados a este punto, conviene señalar que el Consejo de Estado22 ha mantenido de
forma pacífica que a pesar de que “los efectos perjudiciales del daño se extiendan
indefinidamente en el tiempo, no tiene la virtualidad de evitar que el término de
22 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección C.
Consejo Ponente: William Barrera Muñoz, 18 de junio de 2025. Radicado No. 25000-23-36-000-
2018-00693-01 (65591).
11
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00818-01
Demandante: Leida Margarita Racini Negrete
caducidad, el cual opera por ministerio de la ley, comience a correr (…) En otras
palabras, la caducidad no puede quedar suspendida permanentemente con el
argumento de que su iniciación está condicionada a la cesación de los perjuicios
reclamados”. […]» [sic].
36. Lo anterior, guarda concordancia con las pretensiones invocadas en la demanda
del medio de control, así:
37. Como se observa, la autoridad judicial demandada acató lo dispuesto en el
CPACA, a efectos de declarar probada la excepción de caducidad respecto del caso
particular de Leida Margarita Racini Negrete. En efecto, el Tribunal Administrativo,
realizó una interpretación acorde del ordenamiento jurídico, pues se alineó con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, que establece que, en los casos de
responsabilidad del Estado por incumplimiento de obligaciones administrativas, el
cómputo del término de caducidad se inicia desde la omisión generadora del daño
y no desde la prolongación de los efectos económicos del incumplimiento.
38. En concordancia con lo anterior, contrario al decir de la parte demandante, el
Tribunal fue enfático en indicar que, la alegada omisión administrativa no constituye
un daño de carácter continuado, por lo que no resulta jurídicamente admisible
retrasar el inicio del término de caducidad hasta el pago parcial efectuado por la
administración en junio de 2023. Por el contrario, determinó que el incumplimiento
denunciado, de existir, se consolidó desde el vencimiento del plazo fijado en el
acuerdo, sin que actuaciones posteriores de la administración, incluidos pagos
tardíos o parciales, tuvieran la capacidad de modificar o reabrir el término para
presentar la demanda.
39. Así, la posición adoptada en la providencia enjuiciada se fundamentó en que el
cómputo del término de caducidad no depende de la percepción subjetiva del
afectado ni del momento en que este considere consolidado el daño, sino del
vencimiento objetivo del plazo de pago acordado, que en el presente caso quedó
establecido en el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos y su modificación,
determinando como hito temporal relevante el año 2015.
12
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00818-01
Demandante: Leida Margarita Racini Negrete
40. A juicio de la Sala, resulta ajustado a derecho que el Tribunal Administrativo de
Córdoba contara el término de caducidad a partir del 1º de enero de 2016, día
siguiente a la fecha límite establecida en la modificación del Acuerdo de
Reestructuración de Pasivos para el pago de las acreencias laborales [31 de
diciembre de 2015], por lo que tenía hasta el 1º de enero de 2018 para acudir ante
la jurisdicción de lo contencioso-administrativa; no obstante, solo presentó la
solicitud de conciliación extrajudicial en el 2025, cuando ya había finiquitado el
término legal para ello.
41. Como se observa, la autoridad judicial demandada analizó la normativa y
jurisprudencia aplicable al caso, de conformidad con las circunstancias en las que
se encontraba Leida Margarita Racini Negrete, diferente es, que no se le otorgara
la entidad ni el alcance por ella pretendido, pues, independientemente de que los
efectos económicos del incumplimiento de las acreencias laborales se prolongaran
en el tiempo, «el hecho generador del daño se concreta en un momento determinado, esto
es, en el momento en que se incumplió con la obligación de pago». Razón por la cual, el
cómputo del término de caducidad comenzó a operar legalmente desde esa fecha.
42. Así las cosas, esta Sala de decisión observa que la corporación judicial
demandada no incurrió en ninguna de las causales específicas de procedencia de
la solicitud de tutela contra providencia judicial alegadas, debido a que su decisión
fue proferida conforme a las normas y jurisprudencia reguladoras de su función
judicial, apoyada en el material probatorio obrante en el proceso para efectuar la
interpretación que consideró más ajustada al caso concreto.
43. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la corporación judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo
que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.
44. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde a cuestionar las decisiones
adoptadas dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la
vulneración de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se
encontró probado.
3. Conclusión
45. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala revocará la decisión
del a quo para, en su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales
invocados por Leida Margarita Racini Negrete, en la solicitud de tutela presentada
13
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00818-01
Demandante: Leida Margarita Racini Negrete
contra el Tribunal Administrativo de Córdoba y el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito Judicial de Montería
46. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley.
FALLA:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 13 de marzo de 2026 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A. En su lugar, negar el amparo de los
derechos fundamentales de Leida Margarita Racini Negrete, en la solicitud de tutela
presentada contra el Tribunal Administrativo de Córdoba y el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito Judicial de Montería.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
LVLQ
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el
aplicativo Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la
integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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