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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-00693-01

Fecha
18 de junio de 2025
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-00693-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE MODIFICAR la sentencia del 10 de julio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, se dispone: PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de caducidad del término para formular el medio de control. SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante a pagar a favor de las entidades demandadas, Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y Superintendencia Nacional de Salud, las costas del proceso. FIJAR la suma la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente por concepto de agencias en derecho en esta instancia. Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal. TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal. 59 «Artículo. 5—Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL […] En primera instancia. a. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario: (i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido. ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido […] en segunda instancia: entre 1 y 6 SMMLV […] (subrayado fuera del texto)». 21 Radicación: 25000-23-36-000-2018-00693-01 (65591)) Demandantes: Clínica Santa María SAS Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y otro. Referencia: Reparación directa

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2018-00693-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

18 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-36-000-2018-00693-01 (65591)
Demandantes: Clínica Santa María SAS
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y otro
Medio de control: Reparación directa

EXCEPCIONES DE FONDO-El superior puede estudiar todas las excepciones de fondo y declarar las que
encuentre probadas, así no hubieran sido alegadas. CADUCIDAD EN REPARACIÓN DIRECTA-El término de
caducidad para demandar inicia desde el día siguiente a la ocurrencia de la acción u omisión causante del
daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia del 10 de julio de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones.

SÍNTESIS DEL CASO

La Superintendencia de Salud –en adelante, Supersalud– ordenó la intervención
forzosa administrativa para liquidar a Humana Vivir S.A. EPS –en adelante, EPS
Humana Vivir–. En el proceso de liquidación, la Clínica Santa María SAS presentó
una acreencia por la prestación de servicios médicos de urgencias, el agente
liquidador –al graduar el crédito– lo estableció como de quinta clase y reconoció
$496.905.287.

El 11 de abril de 2016, se declararon insolutas las acreencias de quinta clase, por
agotamiento de los activos de la sociedad, y el 31 de mayo de 2016, se declaró la
terminación de la existencia legal de la EPS Humana Vivir.

La demandante aduce omisión en las funciones de inspección, vigilancia y control

Radicación: 25000-23-36-000-2018-00693-01 (65591))
Demandantes: Clínica Santa María SAS
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social
y otro.
Referencia: Reparación directa

de las demandadas, porque autorizaron el funcionamiento de la EPS, a pesar de
que desde el año 2006 tenía conocimiento de las irregularidades financieras de la
empresa promotora de salud.

ANTECEDENTES

La demanda

El 18 de julio de 2018, la Clínica Santa María SAS, a través de apoderado,
presentó demanda de reparación directa contra la Nación-Ministerio de Salud y
Protección Social y la Supersalud para que se hicieran las siguientes
declaraciones:

«1. Que se declare que las entidades demandadas son civil y administrativamente
responsables por el daño antijurídico causado a mi representada y provocado por
su actuación omisiva o cuando menos por el incumplimiento defectuoso de sus
obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias, al haber autorizado la
operación de la EPS Humana Vivir y no haber realizado a tiempo un proceso de
intervención que garantizara su liquidación exitosa, a pesar de tener los
conocimientos y la información necesaria.
2. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se reconozca y se ordene el
pago a Santa María de la suma de mil trescientos cincuenta y dos millones
cuatrocientos veintidós mil doscientos veinte pesos mcte ($1.352.422.220) con
ocasión de los perjuicios materiales que le fueron causados. La anterior cifra se
compone de: (i) cuatrocientos noventa y cinco millones seiscientos sesenta y seis
mil doscientos sesenta y nueve pesos ($495.666.269), por concepto de daño
emergente y (ii) ochocientos cincuenta y seis millones setecientos cincuenta y
cinco mil novecientos cincuenta y un pesos mcte ($856.755.951), por motivo de
lucro cesante.
3. Que, por obra de la primera declaración, se reconozca y ordene el pago de los
intereses pagados por Santa María, por los créditos tomados para mantener el
equilibrio económico y seguir funcionando como IPS.
4. Que se condene en costas a las entidades demandadas […]»1.

Hechos

Los demandantes afirmaron que la Supersalud autorizó el funcionamiento de la
EPS Humana Vivir y a través de cinco resoluciones amplió su cobertura geográfica
y capacidad de afiliación. El 6 de febrero de 2006, la entidad, de nuevo, habilitó a
la EPS para que continuara su funcionamiento, previo a que adoptara y cumpliera
un plan de mejoramiento de actividades. Sostuvieron que la necesidad de adoptar
ese plan indicaba que, para ese momento, la EPS tenía problemas en el

1 Folio 3 c. 1.

2

Radicación: 25000-23-36-000-2018-00693-01 (65591))
Demandantes: Clínica Santa María SAS
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social
y otro.
Referencia: Reparación directa

cumplimiento de metas e indicadores.

Adujeron que la Clínica Santa María SAS y EPS Humana Vivir mantuvieron
relaciones comerciales para la atención de usuarios en servicios de urgencias, y
que, aunque la clínica presentó las facturas de los servicios de forma oportuna, la
EPS no cumplió con el pago. El 14 de mayo de 2013, la Supersalud ordenó la
toma de posesión de bienes, haberes y negocios, y la intervención forzosa
administrativa para liquidar a la EPS Humana Vivir. En el proceso de liquidación, la
Clínica Santa María SAS presentó dos acreencias, el liquidador las clasificó como
créditos de quinta clase y reconoció en total $496.905.287. El 31 de mayo de
2016, el agente liquidador terminó el proceso y comunicó a los acreedores que los
recursos no eran suficientes para pagar las acreencias.

La demandante alegó que las entidades demandadas no ejercieron a tiempo sus
funciones de inspección, vigilancia y control sobre la EPS Humana Vivir. Resaltó
que el Ministerio de Salud y Protección Social no evaluó, a través de indicadores
de gestión y resultados, la solvencia y capacidad financiera de la EPS y así, evitar
la liquidación forzosa administrativa. Sostuvo que la Supersalud habilitó el
funcionamiento de la EPS, amplió su cobertura territorial y el número de afiliados,
sin evaluar en debida forma si tenía capacidad y sostenibilidad financiera. Agregó
que dicha habilitación constituía una garantía pública de que la EPS reunía los
requisitos para funcionar y prestar servicios en salud2.

Contestación de la demanda

La Nación-Ministerio de Salud y Protección Social señaló que, aunque la entidad
ejerce control tutelar sobre la Supersalud, dicha función está dirigida sólo a
asegurar y constatar que esta cumpla sus funciones, en armonía con las políticas
gubernamentales, con respeto de la autonomía administrativa y presupuestal.
Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, porque los
hechos de la demanda están relacionados con omisiones y actuaciones en el
curso de un proceso de liquidación forzosa administrativa que adelantó la
Supersalud, en el que no tuvo injerencia el Ministerio. Agregó que el Ministerio de
Salud y Protección Social no ejerce funciones de inspección, vigilancia y control de

2 Folios 4 a 27 c. 1.

3

Radicación: 25000-23-36-000-2018-00693-01 (65591))
Demandantes: Clínica Santa María SAS
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social
y otro.
Referencia: Reparación directa

entidades que presten servicios de salud3.

La Supersalud afirmó que ejerció sus funciones de inspección, vigilancia y control
dentro del marco de sus competencias, desde el momento en que tuvo
conocimiento de las irregularidades en la EPS Humana Vivir. Manifestó que la
parte demandante no precisó las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los
supuestos incumplimientos y se limitó a enunciar las atribuciones legales de la
Supersalud. Agregó que la decisión que afectó a la sociedad demandante la
expidió el agente especial liquidador, que no es subordinado ni representante de la
entidad. Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva 4.

Sentencia de primera instancia

El 10 de julio de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió
sentencia en la que negó las pretensiones, al considerar que no obran elementos
probatorios que acrediten que la Supersalud tenía conocimiento de las deficiencias
e irregularidades en la EPS Humana Vivir desde el año 2006. Estimó que la falta
de pago de las acreencias de la Clínica Santa María SAS obedeció a la falta de
recursos para cubrir los pasivos y que si la demandante estaba en desacuerdo con
las decisiones del liquidador, debió manifestar su inconformidad en un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho contra esas decisiones.

Frente a las pretensiones enfiladas contra el Ministerio de Salud y Protección
Social sostuvo que no estaba facultado para ejercer sus funciones de vigilancia y
control sobre la Supersalud, porque esta tiene autonomía para proferir actos
administrativos, los cuales gozan de presunción de legalidad5.

Recurso de apelación

La parte demandante formuló recurso de apelación contra la sentencia, en el que
esgrimió que las entidades demandadas no cumplieron las funciones de
inspección, vigilancia y control, porque permitieron y habilitaron el funcionamiento
de la EPS Humana Vivir a pesar de que presentaba problemas y deficiencias en la
prestación del servicio. Insistió en que con la Resolución No. 0231 del 6 de febrero

3 Folios 43 a 51 c. 1.
4 Folios 63 a 80 c. 1.
5 Folios 120 a 129 c. principal.

4

Radicación: 25000-23-36-000-2018-00693-01 (65591))
Demandantes: Clínica Santa María SAS
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social
y otro.
Referencia: Reparación directa

de 2006, la Supersalud condicionó la habilitación de la EPS al cumplimiento de un
plan de mejoramiento que no se cumplió y que esa decisión no obra en el proceso,
porque la Supersalud no aportó el expediente administrativo completo con la
contestación de la demanda.

Argumentó que la intervención en 2013 fue tardía y defectuosa, debido a que no
mejoró el margen de solvencia y para el momento de la liquidación, los recursos
no eran suficientes. Agregó que la mayor parte del crédito correspondía a la
prestación de servicios de salud de urgencias entre el 23 de agosto de 2011 y el
31 de mayo de 2013, cuando la Supersalud intervino la EPS6.

Trámite de segunda instancia

El 21 de octubre de 2019, el Tribunal concedió el recurso de apelación7 y el 27 de
marzo de 2020, el Despacho lo admitió8. El 19 de febrero de 2021, esta
Corporación negó como pruebas en segunda instancia la Resolución No. 0231 del
6 de febrero de 2006, solicitada en el recurso de apelación, porque la demandante
no la pidió en la demanda, no manifestó que dejó de aportarla como consecuencia
de una respuesta defectuosa de un derecho de petición a la Supersalud y tampoco
se decretó en primera instancia. Asimismo, la parte interesada tampoco actuó para
subsanar la ausencia de esa prueba en las oportunidades procedentes9.

El 21 de mayo de 2021, se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda
instancia10. La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en el recurso
de apelación y solicitó que, en caso de no acceder a las pretensiones, no sea
condenada en costas, porque «la reclamación que hace es justa»11.

La Supersalud sostuvo que el tiempo que utilizó para ordenar la liquidación de la
EPS Humana Vivir fue razonable y oportuno, y el legislador no estableció un plazo
o límite temporal para ello. Agregó que el daño alegado en la demanda no es
antijurídico, porque la sociedad demandante, como acreedora situada en los
créditos de quinta clase, debía soportar el hecho de no haber recibido el pago de

6 Folios 136 a 160 c. principal.
7 Folio 162 c. principal.
8 Folio 172 c. principal.
9 Folio 175 c. principal.
10 Folio 177 c. principal.
11 Índice 18 SAMAI, proceso con radicado No. 25000233600020180069301.

5

Radicación: 25000-23-36-000-2018-00693-01 (65591))
Demandantes: Clínica Santa María SAS
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social
y otro.
Referencia: Reparación directa

su acreencia, al agotarse los activos de la liquidación12. La Nación-Ministerio de
Salud y Protección Social afirmó que la parte demandante debió interponer el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y no la reparación
directa, porque el daño alegado proviene de unos actos administrativos con
presunción de legalidad13.

El Ministerio Público conceptuó que el Ministerio de Salud y Protección Social no
estaba legitimado en la causa por pasiva, porque no es titular de las funciones que
la demanda aduce fueron incumplidas. Es decir, no tenía a su cargo la inspección,
vigilancia y control de la EPS Humana Vivir, ni lo relacionado con el proceso de
liquidación. Estimó que debía confirmarse la sentencia de primera instancia,
porque las pruebas allegadas no dan cuenta de la falla del servicio por omisión,
alegada en la demanda. La parte demandante no acreditó que la entidad tenía
conocimiento de los problemas de gestión de la EPS Humana Vivir desde el año
2006, ni que la demandada hizo un ejercicio tardío de sus facultades de policía
administrativa frente a la toma de posesión y posterior liquidación de la empresa
promotora de salud.

Respecto de la impugnación de la condena en costas, el Ministerio Público
consideró que, acorde con la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta
Corporación, se puede acudir a un criterio subjetivo para determinar la
procedencia de las costas en procesos en los que aplique el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Por ello,
consideró que no es procedente la condena en costas en contra de la parte
demandante14.

CONSIDERACIONES

1. La demanda se presentó el 18 de julio de 2018, por lo tanto, el régimen
aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –en adelante CPACA–. Según al artículo 308 del CPACA15, este

12 Índice 16 SAMAI, proceso con radicado No. 25000233600020180069301.
13 Índice 17 SAMAI, proceso con radicado No. 25000233600020180069301.
14 Índice 20 SAMAI, proceso con radicado N.º 25000233600020180069301.
15 «Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del

año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien,
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los
procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia
de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior».

6

Radicación: 25000-23-36-000-2018-00693-01 (65591))
Demandantes: Clínica Santa María SAS
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social
y otro.
Referencia: Reparación directa

código empezó a regir el 2 de julio de 2012 y solo se aplica a los procedimientos y
actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos
que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Adicionalmente,
conforme al artículo 306 de este código16, en los aspectos no contemplados se
seguirá el Código General del Proceso –en adelante CGP– en lo que sea
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

I. Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción contencioso administrativa conoce de las controversias cuando
se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de
una entidad estatal, según el artículo 104 del CPACA17. El Consejo de Estado es
competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el
artículo 150 del CPACA18, según el cual conoce de los recursos de apelación
contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía,
porque el valor de la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos
por el artículo 152.6 del CPACA19, esto es, $390.621.00020.

Medio de control procedente

3. La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado

16 «Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el
Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».
17 «Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso

Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes
especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones,
sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares
cuando ejerzan función administrativa. Igualmente conocerá de los siguientes procesos: 1. Los relativos a la
responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable […]».
18 «Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El

Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]».
19 «Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales

Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 6. De los de reparación directa,
inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes […]».
20 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2018, $781.242, por 500.

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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00693-01 (65591))
Demandantes: Clínica Santa María SAS
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social
y otro.
Referencia: Reparación directa

proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo 21, en este caso por
una omisión imputable a unas entidades públicas.

Demanda en tiempo

4. La Sala se ve obligada a plantear el problema jurídico en el estudio de este
presupuesto procesal, por las razones que se pasarán a explicar.

Problema jurídico

5. Corresponde a la Sala determinar si, en el caso bajo examen, operó el
fenómeno preclusivo de la caducidad del término para demandar.

II. Análisis de la Sala

6. La Sala se detiene en el análisis del fenómeno preclusivo de la caducidad del
término para demandar, toda vez que, al ser un presupuesto procesal, de
configurarse, debe ser declarado por el juez, incluso de oficio. Es decir, aunque la
materia de la apelación se concreta en la responsabilidad de la Supersalud y el
Ministerio de Salud y Protección Social por el no pago de la acreencia de la Clínica
Santa María S.A.S. en el proceso de liquidación forzosa de la EPS Humana Vivir,
se estudiará de oficio la caducidad del medio de control de reparación directa
interpuesta.

En primer lugar, el artículo 187 del CPACA22 autoriza al fallador a decidir sobre las
excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que encuentre probada, como es
justamente la configuración del hecho jurídico de la caducidad del término para
intentar la acción. Esta norma establece que el silencio del inferior no impedirá que
el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no. En

21 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por

actos administrativos respecto de los cuales no se discute su legalidad. Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421.
22 «Artículo 187. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve

resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos
legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos
con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen. En la sentencia se decidirá sobre las
excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no
impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la
no reformatio in pejus […]».

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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00693-01 (65591))
Demandantes: Clínica Santa María SAS
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social
y otro.
Referencia: Reparación directa

esa línea se pronunció la Sala Plena de esta Sección en sentencia de unificación
del 6 de abril de 2018, al sostener:

«[…] este entendimiento […] de los límites competenciales del ad quem frente al
recurso de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que, si se apela
un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos
los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque de manera
expresa no se haya referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego, sin
perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente
sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una
decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa
y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el
apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada23»
(resaltado fuera del texto).

7. El fenómeno de caducidad del medio de control se configura cuando vence el
término previsto en la ley para acudir ante los jueces y demandar. Término que,
como ha señalado la jurisprudencia, está concebido para definir un plazo objetivo
e invariable para que quien pretenda ser titular de un derecho, opte por accionar
ante las autoridades competentes. La caducidad tiene lugar justamente cuando
expira ese término perentorio fijado por la ley.

El término para formular pretensiones, en procesos de reparación directa, según el
artículo 164, numeral 2, literal i del CPACA, es de 2 años, contados a partir del día
siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y
siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su
ocurrencia. Este término de caducidad es una norma de orden público –y por
consiguiente de obligatorio cumplimiento (art. 13 del CGP)– de la que no pueden
disponer los jueces ni las partes, porque constituye una garantía para la seguridad
jurídica y el interés general.

Al respecto, la Corte Constitucional ha resaltado que ese fenómeno jurídico
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado
determinado derecho. Por ende, según la Corte, la actitud negligente de quien
estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, porque es un
hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas en la ley

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 6 de abril de

2018, Rad. 46005, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

9

Radicación: 25000-23-36-000-2018-00693-01 (65591))
Demandantes: Clínica Santa María SAS
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social
y otro.
Referencia: Reparación directa

ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del
fenómeno indicado, situación que no se extiende a quien no acudió en tiempo a la
defensa de sus derechos:

«[…] “Siempre se ha expresado que la caducidad es la extinción del derecho a la
acción por cualquier causa, como el transcurso del tiempo, de manera que si el
actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin
presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin
que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos". "La ley establece un
término para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas […] de
manera que al no promoverse la acción dentro del mismo, se produce la
caducidad. Ello surge a causa de la inactividad de los interesados para obtener por
los medios judiciales requeridos la defensa y el reconocimiento de los daños
antijurídicos imputables al Estado. Dichos plazos constituyen entonces, una
garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado
determinado derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo
legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho
cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno
indicado" […] (resaltado fuera del texto)24».

La Corte también ha destacado, además, que la caducidad no concede derechos
subjetivos, sino que apunta a la protección del interés general, de modo que su
configuración impide el ejercicio de la acción y no puede iniciarse válidamente el
proceso. Señalando igualmente que la caducidad, dado su carácter de orden
público, es irrenunciable y puede ser declarada de oficio por el juez, cuando se
verifique su ocurrencia25.

Ahora, cuando se trata del medio de control de reparación directa, el artículo 164,
numeral 2, literal i del CPACA dispuso que el punto de partida para el cómputo del
término de caducidad es el hecho dañoso (acción u omisión causante del daño) y
fijó el plazo para la interposición de la demanda en dos años, sin hacer
distinciones sobre el tipo de daño que se cause. Por ello, basta verificar el día en
que ocurrió el hecho, omisión u operación administrativa para contabilizar el plazo
señalado, a menos que el perjudicado no hubiera podido conocer el daño en esa
fecha, pues en este evento, la caducidad se debe contar desde que tuvo
conocimiento de este26. Así, aunque los efectos del daño perduren en el tiempo, el
conteo del término de caducidad para demandar inicia desde que se produjo la
conducta dañosa o desde la fecha en que el demandante tuvo o debió tener

24 Corte Constitucional, sentencia C-574 de 1998.
25 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001 [fundamento jurídico 4].
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de octubre de 2011, Rad. 20.692.

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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00693-01 (65591))
Demandantes: Clínica Santa María SAS
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social
y otro.
Referencia: Reparación directa

conocimiento del daño si fue en fecha posterior27.

Caso concreto

8. Según la demanda, la Clínica Santa María SAS sufrió un daño antijurídico
consistente en un detrimento patrimonial como consecuencia del no pago de la
acreencia de $495.666.269 por parte de la EPS Humana Vivir, dentro del proceso
de liquidación forzosa administrativa de la empresa promotora de salud. Lo
anterior, de acuerdo con lo expuesto en la demanda, fue consecuencia de la
omisión de las entidades demandadas en las funciones de inspección, vigilancia y
control a la EPS.

La demanda expone que la negligencia de las demandadas al omitir el
cumplimiento de sus funciones legales y reglamentarias se materializó en la
ausencia de pago de las acreencias adeudadas por la EPS Humana Vivir, toda
vez que la Supersalud tenía pleno conocimiento de la situación financiera de esa
empresa y, pese a ello, permitió y autorizó su funcionamiento. Así se indicó en la
demanda:

«[…] La Superintendencia estaba absolutamente enterada (o debía estarlo) de la
situación real de Humana Vivir e inexplicablemente se llegó a tal crisis
financiera que al momento de actuar solo se pudo pagar el 8% del pasivo
reconocido […] las autoridades hoy demandadas, de manera negligente,
inobservaron sus obligaciones legales y reglamentarias, permitiendo la operación
de una EPS en condiciones en las que claramente se violentaron los principios
de sostenibilidad fiscal y financiera y poniendo en riesgo a los usuarios y al
sistema mismo y menoscabando groseramente los derechos económicos de
actores como mi representada […] En el presente caso están los tres requisitos
exigidos, a saber (i) el daño antijurídico es aquel que sufrió Santa María
mientras seguía prestando el servicio sin contraprestación alguna, y peor
aún, en el momento en que se cierra la liquidación y no obstante tenga una
deuda reconocida a su favor se le comunica que no le van a pagar […] la falla
del servicio tuvo como consecuencia directa el daño sufrido por mi poderdante al
no recibir el pago debido […] Santa María tiene derecho a recibir no solo el
valor del crédito reconocido en virtud de las facturas por servicios de salud […]
sino también los intereses desde el momento en cada una de esas facturas debió
ser pagada […]28» (resaltado fuera del texto)

9. Con arreglo a las pruebas allegadas al proceso, quedó acreditado que el 14 de
mayo de 2013, mediante Resolución No. 806, la Supersalud ordenó la toma de
posesión de los bienes, haberes y negocios, y la intervención forzosa

27 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de octubre de 2020, Rad. 61.767.
28 Folios 21 a 23 c. 1.

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Demandantes: Clínica Santa María SAS
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social
y otro.
Referencia: Reparación directa

administrativa para liquidar la EPS Humana Vivir. Además, designó al agente
especial liquidador y ordenó el cumplimiento de varias medidas preventivas29.
Posteriormente, el 29 de noviembre de 2013 y el 10 de enero de 2014, el
liquidador fijó la fecha de publicación de los avisos de emplazamiento y del inicio
del proceso de presentación de reclamaciones de los interesados en el proceso
de liquidación de la EPS30.

También quedó probado en el expediente que el 31 de julio de 2014, mediante
Resolución No. 004, el liquidador aceptó la valoración de los activos fijos del
inventario de la EPS Humana Vivir, correspondiente a la propiedad, planta y
equipo31. El 13 y 24 de abril de 2015, mediante resoluciones No. 007 y 008, el
agente especial determinó los bienes y las sumas de dinero excluidos de la masa
de liquidación, y los créditos a cargo de esa masa, conforme a las reclamaciones
presentadas de forma oportuna.

En cuanto a las reclamaciones de la Clínica Santa María SAS, el liquidador de la
empresa promotora de salud profirió la Resolución No. 008, por medio de la cual
graduó el crédito de la demandante como de quinta clase, en las tipologías de
Prestación de Servicios Médicos en la Modalidad de Evento (CME) y Procesos
Ejecutivos antes de Sentencia (JAS), y se reconocieron los siguientes valores32:

Número de Número de Calificación
Nombre Tipología Valor a reconocer
identificación reclamación del crédito
Clínica Santa
800.183.943 445 CME 346.597.937,00 Quinta clase
María SAS

Clínica Santa
800.183.943 446 JAS 64.534.825,00 Quinta clase
María SAS

Mediante Resolución No. 010 del 16 de diciembre de 2015, el liquidador resolvió,
entre otros, el recurso de reposición interpuesto por la Clínica Santa María SAS.
El agente decidió reconocer $432.370.462, por el crédito de tipología CME y
confirmar el valor reconocido por el crédito tipo JAS33. Posteriormente, el 29 de

29 Conforme a la Resolución No. 806 del 14 de mayo de 2013, que obra en el CD del folio 30 c. 1.
30 Conforme a las resoluciones No. 001 del 29 de noviembre de 2013 y 002 del 10 de enero de 2014, que

obran en el CD del folio 30 c. 1.
31 Conforme a la Resolución No. 004 del 31 de julio de 2014, que obra en el CD del folio 30 c. 1.
32 Conforme a las resoluciones No. 007 del 13 de abril de 2015 y 008 del 24 de abril de 2015, que obran en el

CD del folio 30 c. 1.
33 Conforme a la Resolución No. 010 del 16 de diciembre de 2015, que obra en el CD del folio 30 c. 1.

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Demandantes: Clínica Santa María SAS
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social
y otro.
Referencia: Reparación directa

febrero de 2016, el liquidador determinó y valoró la totalidad de los activos de la
EPS Humana Vivir en la suma de $25.885.043.351,10 en forma definitiva 34.

El 11 de abril de 2016, a través de la Resolución No. 015, el agente liquidador de
la EPS Humana Vivir declaró configurado el desequilibrio financiero del proceso
de liquidación forzosa administrativa. En consecuencia, declaró insolutas, entre
otras, las acreencias reconocidas y graduadas en primera y quinta clase35. Es
decir, el crédito reconocido a favor de Clínica Santa María SAS, calificado como
de quinta clase, fue declarado insoluto mediante este acto administrativo. El
agente especial llegó a esta decisión, al encontrar que el valor de los activos de la
EPS sólo representaba el 8% de los pasivos. Al respecto, el acto administrativo
indicó:
«[…] al restar de la suma de $25.535 millones correspondiente a los activos con la
suma de $263 mil millones, que es la sumatoria del pasivo total y arroja como
resultado una diferencia de $254 mil millones de pesos, lo que significa que el
activo sólo representa el 8% de los pasivos […] el pasivo de Humana Vivir S.A.
EPS -En liquidación supera los activos determinados y valorados en la Resolución
N.º 12 de 2016, lo cual impide en primera medida el pago total de las
acreencias reconocidas dentro del trámite liquidatorio, debido a que los
mismos sólo representan un 8% de la totalidad del valor registrado como pasivo
[…] de acuerdo con los estudios y proyecciones realizadas al 31 de diciembre de
2015, no será posible atender las acreencias reconocidas de primera y
quinta clase; y de igual manera no se podrá pagar las acreencias reclamadas de
manera extemporánea […] configurándose un desequilibrio económico entre los
activos y pasivos de la intervenida […]36 (resaltado fuera del texto)»

En la parte resolutiva de la decisión, el liquidador indicó que se notificaría por
aviso en un diario de circulación nacional y en la página web de la entidad, tal
como ordenan los artículos 57 y 65 del CPACA37. Además, señaló que contra ese
acto no procedía ningún recurso, según lo dispuesto en el artículo 75 del citado
código38.

34 Conforme a la Resolución No. 012 del 29 de febrero de 2016, que obra en el CD del folio 30 c. 1.
35 Conforme a la Resolución No. 015 del 11 de abril de 2016, que obra en el CD del folio 30 c. 1.
36 Páginas 14 y 22 de la Resolución No. 015 del 11 de abril de 2016, que obra en el CD del folio 30 c. 1.
37 «Artículo 57. Acto administrativo electrónico. Las autoridades, en el ejercicio de sus funciones, podrán emitir

válidamente actos administrativos por medios electrónicos siempre y cuando se asegure su autenticidad,
integridad y disponibilidad de acuerdo con la ley». «Artículo 65. Deber de publicación de los actos
administrativos de carácter general. Los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios
mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales, según el caso. Las
entidades de la administración central y descentralizada de los entes territoriales que no cuenten con un
órgano oficial de publicidad podrán divulgar esos actos mediante la fijación de avisos, la distribución de
volantes, la inserción en otros medios, la publicación en la página electrónica o por bando, en tanto estos
medios garanticen amplia divulgación. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa
iniciada con una petición de interés general, se comunicarán por cualquier medio eficaz. En caso de fuerza
mayor que impida la publicación en el Diario Oficial, el Gobierno Nacional podrá disponer que la misma se
haga a través de un medio masivo de comunicación eficaz […] (subrayado fuera del texto)».
38 «Artículo 75. Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra los de trámite,

preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa».

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Demandantes: Clínica Santa María SAS
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social
y otro.
Referencia: Reparación directa

Después de declarar el desequilibrio económico del proceso de liquidación, el
liquidador, de acuerdo con lo establecido en los artículos 9.1.3.6.2 y 9.1.3.6.3 del
Decreto 2555 de 201039, aplicó las reglas sobre activos remanentes y mediante
resoluciones No. 016 y 017 del 28 de abril de 2016, realizó la adjudicación forzosa
de los bienes remanentes al Municipio de Florencia y al Ministerio de Salud y
Protección Social40.

Finalmente, el 31 de mayo de 2016, por Resolución No. 018, el agente liquidador
declaró la terminación de la existencia legal de la EPS Humana Vivir y, por lo
tanto, la culminación del proceso de liquidación. Se ordenó publicar la resolución
en un diario de amplia circulación nacional y en la página web de la entidad.
Además, se indicó que contra esa decisión no procedía ningún recurso 41.

Ahora bien, revisado el expediente, como en el mismo no obraba copia de la
publicación del acto referido, se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:

(i) El 23 de agosto de 2024, la Subsección C de la Sección Tercera, conforme al
artículo 213 del CPACA, dispuso requerir a la parte demandada para que allegara
copia de la página del diario de circulación nacional en donde se realizó la
publicación de la Resolución No. 015 del 11 de abril de 2016, proferida por el
agente liquidador de la empresa promotora de salud Humana Vivir S.A42.

El Ministerio de Salud y Protección Social –en su respuesta– manifestó que los
antecedentes administrativos de la liquidación mencionada no reposaban en la
entidad, porque no le correspondía adelantar los procesos de liquidación forzosa

39 «Artículo 9.1.3.6.2 Determinación del equilibrio financiero del proceso de liquidación forzosa administrativa.

El liquidador realizará cada seis (6) meses a partir del segundo año de la liquidación, o en cualquier momento
del proceso a solicitud del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras –FOGAFIN, una evaluación
objetiva que permita establecer si la relación entre la venta de activos y los gastos administrativos justifica
continuar con el esfuerzo de realización de los activos para el pago de acreencias. En el evento en que el
liquidador determine que la relación no justifica la continuidad del proceso de realización de los activos y el
pago de acreencias, deberá proceder de manera inmediata a aplicar las reglas sobre activos remanentes y
situaciones jurídicas no definidas previstas en los siguientes artículos» «Artículo 9.1.3.6.3 Reglas sobre
activos remanentes. Cuando la relación entre los activos comparados con los gastos administrativos no sea
suficiente para continuar con la realización de los activos y el pago de las acreencias, se procederá así: a)
Adjudicación por consenso de los acreedores […] b) Celebración de contratos. […] c) Adjudicación forzosa. El
liquidador podrá, mediante resolución debidamente motivada, adjudicar los activos remanentes entre los
acreedores que tienen derecho a recibir el siguiente pago, a título de dación en pago, a prorrata y teniendo en
cuenta las reglas de prelación de créditos reconocida dentro del proceso liquidatario, siempre y cuando el
monto, la naturaleza divisible y las condiciones de los activos remanentes permitan que la dación en pago se
realice sin vulnerar el derecho de igualdad de los acreedores. La adjudicación forzosa y las daciones en pago
a los acreedores se harán sobre el cien por ciento (100%) del último avalúo. (subrayado fuera del texto)».
40 Conforme a las resoluciones No. 016 y 017 del 28 de abril de 2016, que obran en el CD del folio 30 c. 1.
41 Conforme a la Resolución No. 018 del 31 de mayo de 2016, que obra en el CD del folio 30 c. 1.
42 Samai, índice 79.

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y otro.
Referencia: Reparación directa

administrativa, ni operar el sistema de inspección, vigilancia y control del Sistema
General de Seguridad Social en Salud43. Por su parte, la Superintendencia
Nacional de Salud informó que el agente especial liquidador designado tenía la
condición de auxiliar de la justicia, conforme al artículo 295.6 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero, de modo que sus actuaciones eran
independientes y autónomas. Por ende, afirmó que en la entidad no reposaba la
publicación de la Resolución No. 015 del 11 de abril de 2016, ya que no fue la
encargada de dicho trámite. Sin embargo, expresó que: «se están realizando
todas las gestiones para su consecución». Adjuntó, como anexo a su respuesta, el
memorando No. 20241300002262761 del 10 de octubre de 2024, elaborado por
José Manuel Suárez Delgado –jefe de la oficina de liquidaciones– y dirigido a
Jonathan Salgado –representante legal de ARCEC S.A.–, en el que solicitó a este
último «como encargado de la custodia del archivo de Humanavivir hoy liquidada»
que emitiera una respuesta para dar cumplimiento a lo ordenado44.

De conformidad con los documentos anteriores, como la consecución del medio
de prueba ordenado estaría a cargo de ARCEC S.A. –custodio del archivo de
Humana Vivir S.A.–, el Despacho requirió a ARCEC S.A que diera cumplimiento a
lo ordenado por la Sala en auto del 23 de agosto de 2024. La orden se extendió a
Carlos Enrique Cortés Cortés, quien fungía como agente liquidador y profirió la
Resolución No. 015 del 11 de abril de 2016. Por otra parte, se insistió a la
Superintendencia Nacional de Salud para que (i) indagara nuevamente en los
documentos que reposaran en la entidad –relacionados con la liquidación de
Humana Vivir– para ubicar la publicación del acto referido, y (ii) suministrara a la
Secretaría de la Sección Tercera los datos de notificación de ARCEC S.A. y de
Carlos Enrique Cortés Cortés.

Surtidas esas actuaciones, se allegó la documentación solicitada.

Obra, entonces, en el expediente, copia de la página de edictos del periódico El
Espectador del jueves 21 de abril de 2016, en el que se lee el siguiente aviso:

«El agente especial liquidador de la sociedad Humana Vivir S.A. EPS entidad
promotora de salud del régimen contributivo y subsidiado en liquidación (NIT:
8300064040) avisa e informa: […] expidió la Resolución N.º 015 del 11 de abril de
2016 “Por medio de la cual se declara el desequilibrio financiero de la

43 Samai, índice 83.
44 Samai, índice 112.

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y otro.
Referencia: Reparación directa

Sociedad Humana Vivir S.A. ESP -En liquidación” dentro del proceso de
intervención forzosa administrativa para liquidar la sociedad Humana Vivir EPS –
EPS S.A. de conformidad con la Resolución 806 de 14 de mayo de 2013, de la
Superintendencia Nacional de Salud.

Por lo cual y conforme con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011,
procede la agencia liquidadora a notificar el acto administrativo e informar que el
contenido del mismo puede ser consultado en la página web de la agencia
liquidadora, www.humanheart.com.co o en las instalaciones de la entidad Calle
170 N.º 20ª-13 Bogotá D.C.
Adicional a ello se informa que contra esta Resolución no procede ningún recurso
ni revive ningún término, en virtud de los artículos 57 y 65 de la Ley 1437 de 2011.
Por último y en concordancia con el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011, este acto
administrativo quedará en firme al día siguiente de su publicación.

Publicado en Bogotá D.C. el diecinueve (19) de abril de 2016
Carlos Enrique Cortés Cortés
Agente Liquidador.
Humana Vivir S.A. EPS En liquidación45» (resaltado fuera del texto).

10. A partir de las pruebas documentales acabadas de relatar, y de acuerdo con
los hechos esbozados en la demanda, la Sala estima que la parte demandante
tuvo conocimiento del daño alegado –no pago de las acreencias reconocidas en
el proceso de liquidación de la EPS Humana Vivir– en la fecha en que quedó en
firme la Resolución No. 015 del 11 de abril de 2016, mediante la cual el agente
liquidador de la EPS Humana Vivir declaró configurado el desequilibrio financiero
del proceso de liquidación forzosa administrativa y, en consecuencia, declaró
insolutas, entre otras, las acreencias reconocidas y graduadas en quinta clase (el
22 de abril de 2016).

A partir de ese momento, la Clínica Santa María SAS tuvo certeza de que no le
pagarían la acreencia reconocida por $495.666.269, porque en ese acto
administrativo, el agente liquidador determinó que había un desequilibrio
financiero en el proceso y los activos de la EPS no serían suficientes para pagar
las acreencias. Tal como se indicó con anterioridad, en la transcripción de esa
decisión, el liquidador, en ese momento, informó que no sería posible «atender las
acreencias reconocidas de primera y quinta clase».

Ahora bien, está acreditado en este proceso que contra esa decisión no procedían
recursos. Además, que se debía notificar por aviso en un diario de circulación

45 Archivo: «ED_CUADERNO4_01PRUEBAS(.pdf) Nro. 8», en el índice n.º 8 SAMAI, en el proceso radicado

n.º 25000233600020180058201.

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Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social
y otro.
Referencia: Reparación directa

nacional y en la página web de la entidad, conforme a los artículos 57 y 65 del
CPACA.

Tal como lo prevé el artículo 65 del CPACA, citado en la parte resolutiva de la
Resolución No. 015 del 11 de abril de 2016, los actos administrativos de carácter
general no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario
Oficial o en las gacetas territoriales, según el caso. La norma establece que, en el
evento en que la entidad no cuente con un órgano oficial de publicidad, podrá
divulgar esos actos mediante la fijación de avisos, la inserción en otros medios o
la publicación en la página electrónica, siempre que estos medios garanticen
amplia divulgación. A su vez, el artículo 87 del CPACA prevé que los actos
administrativos contra los que no proceda ningún recurso quedarán en firme el día
siguiente al de su notificación, comunicación o publicación, según el caso.

La doctrina ha indicado que la publicidad de los actos administrativos comprende
la publicación y la notificación. La primera consiste en la transcripción y
divulgación del acto en medios de oficiales (diarios, gacetas, boletines, avisos,
volantes) o medios de comunicación masiva públicos o privados. La otra especie
de publicidad –la notificación– se traduce en el conocimiento cierto y efectivo por
parte del particular46.

La publicación a través de medios oficiales o medio de comunicación masiva es la
forma usual o común cuando se trata de actos administrativos generales –art. 65
del CPACA– y excepcionalmente se aplica a actos particulares –art. 73 del
CPACA]47– cuando, a juicio de las autoridades, las decisiones afecten de manera
directa e inmediata a terceros que no hayan intervenido en la actuación y de las
que no se conozca su domicilio.

Conforme a las pruebas, está acreditado que la Resolución No. 015 del 11 de
abril de 2016 fue publicada mediante aviso en El Espectador, el 21 de abril de

46 CASSAGNE, Juan Carlos. El Acto Administrativo. Teoría y Régimen Jurídico, Editorial Temis S.A., Bogotá,

segunda edición, 2013, p. 195 a 197.
47 «Artículo 73. Publicidad o notificación a terceros de quienes se desconozca su domicilio. Cuando, a juicio

de las autoridades, los actos administrativos de carácter particular afecten en forma directa e inmediata a
terceros que no intervinieron en la actuación y de quienes se desconozca su domicilio, ordenarán publicar la
parte resolutiva en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo de comunicación en el territorio
donde sea competente quien expidió las decisiones. En caso de ser conocido su domicilio se procederá a la
notificación personal».

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Demandantes: Clínica Santa María SAS
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social
y otro.
Referencia: Reparación directa

201648. Esta publicación en un medio de comunicación de amplia difusión
nacional es un hecho público, general, de amplia divulgación y dado a conocer
a todo el público, tal como lo establece el CPACA en los artículos referidos.

Establecido lo anterior, está probado que la publicación del mencionado acto
administrativo se surtió el 21 de abril de 2016, y que quedó en firme al día
siguiente (según dispuso la misma Resolución), esto es, el 22 de abril de 2016.
Por ello, el plazo de dos años que tenía la parte actora para ejercer el medio de
control de reparación directa transcurrió entre el 23 de abril de 2016 y el 23 de
abril de 2018. No obstante, toda vez que la demanda solo se presentó hasta el 18
de julio de 201849, se impone concluir que operó el fenómeno jurídico de la
caducidad.

Conforme al numeral 1 del artículo 161 –antes de su modificación por la Ley
20280 de 2021–50 el trámite de conciliación extrajudicial es requisito de
procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a la
reparación directa. A su vez, el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 51 prevé que la
presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial suspende el término de
caducidad, hasta que (i) se logre acuerdo conciliatorio, (ii) el acta de conciliación
se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley, (iii) se
expidan las constancias establecidas en el artículo 2º de esa ley o (iv) se venza el
término de tres meses a que se refiere el artículo 20.

Las pruebas dan cuenta que, el 29 de mayo de 2018 (un mes después de la fecha
con la que se contaba para demandar) la parte actora presentó solicitud de
conciliación extrajudicial y, el 18 de julio siguiente, se expidió el acta que declaró
fallida la conciliación52. Para ese momento ya había operado el fenómeno de la
caducidad para presentar la demanda de reparación directa, pues el término, se

48 Índice 112 Samai.
49 Conforme al sello de radicado que obra a folio 2 c. 1.
50 «Artículo 161. Requisitos previos para demandar. La presentación de la demanda se someterá al
cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos: 1. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite
de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen
pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias
contractuales […]».
51 «Artículo 21. Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de

conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad,
según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya
registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a
que se refiere el artículo 2° de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se
refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será
improrrogable».
52 Folios 1 y 2 c. 2 Pruebas.

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y otro.
Referencia: Reparación directa

insiste, transcurrió entre el 23 de abril de 2016 y el 23 de abril de 2018.

En casos similares al que nos ocupa –demandas por el no pago de acreencias en
el proceso de liquidación forzosa de la EPS Humana Vivir– las subsecciones han
contado el término de caducidad desde la fecha de publicación de la Resolución
n° 015 del 11 de abril de 2016. Esto se evidencia, por ejemplo, en sentencia del
22 de octubre de 202153, en el que se tomó, como punto de partida, la fecha de
publicación de la Resolución No. 015 del 11 de abril de 2016, en el periódico El
Espectador de fecha 21 de abril de 2016, así:

«[…] con ocasión de la Resolución N.º 015 del 11 de abril de 2016, la parte actora
tuvo certeza de que su crédito no sería pagado, acto administrativo que fue
publicado en el periódico El Espectador el 21 de abril de ese mismo año. Como
consecuencia, el término de caducidad respecto de la supuesta falla en el servicio
corrió entre el 22 de abril de 2016 y el 22 de abril de 2018 […]54»

En ese orden, se reitera, la demandante tuvo certeza del daño desde el 22 de
abril de 2016 (día siguiente a la publicación del acto por medio de publicación en
diario de amplia circulación nacional) y tenía hasta el 23 de abril de 2018 para
interponer el medio de control. En consecuencia, se modificará la sentencia
apelada y, en su lugar, se declarará la caducidad del término para formular la
demanda de reparación directa.

Costas

11. La parte demandante solicitó en los alegatos de conclusión presentados en
esta instancia que, en caso de no accederse a las pretensiones, no se le
condenara en costas, porque «la reclamación que se hace es justa»55.

De acuerdo con las reglas del CGP, la condena en costas no requiere de la
apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le
imponen, toda vez que en ese régimen dicha condena se determina con
fundamento en un criterio objetivo, en este caso frente a la parte que ha resultado
vencida. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido que la condena en
costas es el resultado de la derrota de la parte en el proceso y no corresponde a

53 Radicado n.º 25000233600020180058201, actor: Fundación de los Andes, demandado: Nación-
Superintendencia Nacional de Salud.
54 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de octubre de 2021, Rad. 66.861, que

obra en el índice n.º 25 SAMAI, en el proceso radicado N.º 25000233600020180058201.
55 Índice 18 SAMAI, proceso con radicado No. 25000233600020180069301.

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y otro.
Referencia: Reparación directa

una indemnización de perjuicios por el mal proceder de alguna parte. Así quedó
expuesto en la sentencia56:

«La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o
siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota
en el proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365. Al momento
de liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que tanto las costas como las
agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de
la condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de
su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta
manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una
indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni
pueden asumirse como una sanción en su contra […] (resaltado fuera del
texto).

El artículo 365 del CGP57 señala que hay lugar a condenar en costas a la parte
vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el recurso. El
artículo 361 ibidem58 establece que las costas «están integradas por la totalidad
de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las
agencias en derecho». Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las
tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura.

En este orden de ideas y toda vez que el recurso de apelación se resolvió de
manera desfavorable para la parte demandante, se impondrá la condena en
costas en su contra.

El numeral 8 del artículo 365 del CGP dispone que «solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación». En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta
instancia, el numeral 4 del mismo artículo establece que «cuando la sentencia de
segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias». Asimismo, de conformidad
con lo previsto en el numeral 4 del artículo 366 del mismo estatuto, se tiene en
cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del
56 Sentencia C-157 de 2013. M.P. Mauricio González Cuervo.
57 «Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya

controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…] 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al
recurrente en las costas de la segunda […] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca
que se causaron y en la medida de su comprobación.».
58 «Artículo 361. Composición. Las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos

sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho. Las costas serán tasadas y liquidadas
con criterios objetivos y verificables en el expediente, de conformidad con lo señalado en los artículos
siguientes».

20

Radicación: 25000-23-36-000-2018-00693-01 (65591))
Demandantes: Clínica Santa María SAS
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social
y otro.
Referencia: Reparación directa

proceso y otras circunstancias si las hubiere.

El artículo quinto del acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, vigente
para la fecha en que se presentó la demanda, estableció las tarifas máximas de
agencias en derecho en salarios mínimos o en porcentajes del valor de las
pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. Para los procesos
declarativos, cuando se formulen pretensiones de contenido pecuniario, las
agencias en derecho en segunda instancia, deben fijarse entre 1 y 6 salarios
mínimos legales mensuales vigentes59.

En consideración a que la parte demandada tuvo apoderado y su actuación fue
continua y consistente en esta instancia, las agencias en derecho se fijarán en la
suma equivalente a 1 SMLMV.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

MODIFICAR la sentencia del 10 de julio de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, se dispone:

PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de caducidad del término para
formular el medio de control.

SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante a pagar a favor de las entidades
demandadas, Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y Superintendencia
Nacional de Salud, las costas del proceso. FIJAR la suma la suma equivalente a
un (1) salario mínimo legal mensual vigente por concepto de agencias en derecho
en esta instancia. Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal.

59 «Artículo. 5—Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. PROCESOS DECLARATIVOS EN
GENERAL […] En primera instancia. a. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de
contenido pecuniario: (i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido. ii) De mayor cuantía, entre el
3% y el 7.5% de lo pedido […] en segunda instancia: entre 1 y 6 SMMLV […] (subrayado fuera del texto)».

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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00693-01 (65591))
Demandantes: Clínica Santa María SAS
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social
y otro.
Referencia: Reparación directa

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

VR
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento
en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

22

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