Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00828-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-00828-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00828-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00828-01
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00828-01
Accionante: Carlos Alberto Hincapié Quiceno
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala resuelve la impugnación presentada contra la sentencia proferida el 26 de febrero
de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo.
SÍNTESIS 1
El accionante cuestiona la sentencia del 21 de agosto de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, mediante la cual se confirmó la decisión que negó las
pretensiones de la demanda en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho llevado a cabo contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y el
Municipio de Pereira con el fin de que se reconocieran y pagaran las diferencias
derivadas de los incrementos salariales decretados para los años 2008 y 2009. Se
confirma la sentencia de primera instancia que declaró la improcedencia de la demanda
por no superar el requisito de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 5 de febrero de 2026, el señor Carlos Alberto Hincapié Quiceno, mediante
apoderada judicial, presentó una demanda en ejercicio de la acción de tutela para
obtener la protección a sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva, los cuales, a su juicio
fueron vulnerados con ocasión de la sentencia del 21 de agosto de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo de Risaralda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con radicado núm. 66001-33-33-002-2024-00263-02, mediante
la cual se confirmó la decisión de primera instancia, por medio de la cual el Juzgado
Segundo Administrativo de Pereira negó las pretensiones de la demanda.
2. La parte accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA en la sentencia
1
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y Restablecimiento del Derecho / Confirma
improcedencia por falta de relevancia constitucional / Incrementos salariales en el escalafón docente
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00828-01
Accionante: Carlos Alberto Hincapié Quiceno
Se confirma la decisión de primera instancia
proferida e l d í a 2 1 D E AGOSTO DE 2025, en el expediente radicado bajo número
66001333300220240026300, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) CARLOS
ALBERTO HINCAPIE QUICENO, por considerar que las razones de la decisión no se
ajustan a la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al
caso y, el material probatorio obrante en el proceso ordinario.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE RISARALDA dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma
aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular del
(la) docente CARLOS ALBERTO HINCAPIE QUICENO a la luz de los argumentos
planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate
jurídico.
B. Hechos
3.El señor Carlos Alberto Hincapié Quiceno es docente oficial ubicado en la categoría
2B del escalafón docente vigente, regulado por el Decreto 1278 de 2002 2.
4.El Gobierno Nacional decretó incrementos salariales desiguales para cada categoría
del escalafón docente. De tal modo, para el año 2009 se dispuso un incremento del
15.61% para el grado 2A, mientras que el grado 2B obtuvo un aumento del 7.67%.
5. El docente interpuso reclamación administrativa ante la Nación – Ministerio de
Educación Nacional y la Secretaría de Educación Municipal de Pereira con el fin de
obtener el reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas de los
incrementos desiguales decretados para los años 2008 y 2009.
6.Tal solicitud fue respondida mediante los oficios núm. 20240304-8664-1 del 4 de
marzo de 2024 y sin número del 28 de febrero de 2024 por el Ministerio de Educación
Nacional y el Municipio de Pereira, respectivamente.
7. El señor Carlos Alberto Hincapié Quiceno presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio
de Educación Nacional y el Municipio de Pereira con el fin de que (i) se inaplicara el
Decreto núm. 284 de 2024, (ii) se declarara la nulidad de los actos administrativos que
negaron la reclamación administrativa y (iii) se ordenara el reconocimiento y pago de
las diferencias salariales causadas durante los últimos tres años anteriores a la
presentación de la solicitud administrativa.
8. Mediante sentencia del 19 de diciembre de 2024, el Juzgado Segundo Administrativo
de Pereira desestimó las pretensiones de la demanda, al concluir que no hubo
discriminación salarial en el caso concreto, ya que existieron criterios objetivos,
discernibles y razonables para justificar la diferenciación salarial y prestacional otorgada
a los docentes.
9. El demandante presentó recurso de apelación en contra de la decisión de primera
instancia, por medio del cual alegó, entre otros, un trato desigual respecto de los
2
Presidente de la República de Colombia. Decreto 1278 de 2002. “Por el cual se expide el Estatuto de
Profesionalización Docente”
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00828-01
Accionante: Carlos Alberto Hincapié Quiceno
Se confirma la decisión de primera instancia
incrementos porcentuales salariales aplicados a los años 2008 y 2009 e insistió en que
hubo una disparidad en el tratamiento salarial el cual no fue debidamente justificado.
10. El 21 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo de Risaralda confirmó la sentencia
del 19 de diciembre de 2024, tras determinar que la diferencia porcentual en el aumento
de la asignación salarial para los grupos de docentes que adujo la demandante se
encontraba ajustada a derecho, ya que el Gobierno Nacional modificó la asignación
salarial conforme la Ley 4 de 1992.
C. Fundamentos de la vulneración
11. El accionante indicó que la sentencia del 21 de agosto de 2025 incurrió en los
defectos sustantivo y fáctico.
12. Sobre el defecto sustantivo, alegó que la conclusión a la que arribó el Tribunal
accionado no es compatible con la jurisprudencia constitucional y contencioso
administrativa que señala que toda diferenciación salarial debe fundarse en criterios
objetivos y razonables, tal como la proporcionalidad y cantidad y calidad del trabajo, por
el contrario, adujo que en el caso concreto no existió una justificación objetiva frente a
los tratos discriminatorios otorgados.
13. Señaló que no se argumentó de manera clara y coherente la razón por la cual se le
otorgó un incremento salarial menor a pesar de que se encontraba en un escalafón de
mayor nivel, pues tal trato desigual vulnera el principio de igualdad material y equidad
retributiva que rige el servicio público docente.
14. Adujo que la sentencia cuestionada contraviene el marco normativo que rige la
materia, en particular, el literal j del artículo 2 de la Ley 4 de 1992 3, los artículos 19, 20
y 21 del Decreto 1278 de 2002 y los artículos 23 y 53 de la Constitución Política.
15. Respecto el defecto fáctico, adujo que la autoridad judicial accionada realizó una
indebida valoración probatoria frente a la discusión planteada, debido a que no se
acreditó por parte de los demandados que los incrementos salariales decretados
obedecieran a razones objetivas, pues no se allegó ningún elemento de prueba para
demostrar la existencia de motivos válidos que justificaran tal determinación.
16. Agregó que en el proceso ordinario no se ofreció ninguna explicación objetiva ni
razonable en relación con el trato inequitativo que se otorgó, por lo cual se reprocha la
falta de justificación técnica y legal que se exige en estos casos, ya que si bien pueden
existir diferencias en los aumentos salariales, tal decisión debe sustentarse en criterios
objetivos.
D. Trámite procesal
17. Mediante auto del 10 de febrero de 20264, la Sección Quinta del Consejo de Estado
3
Congreso de Colombia. Ley 4 de 1992. “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que
debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las
prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo
establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.”
4
Índice 5 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00828-01
Accionante: Carlos Alberto Hincapié Quiceno
Se confirma la decisión de primera instancia
admitió la demanda de tutela y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Risaralda
– Sala Cuarta de Decisión, y en calidad de terceros con interés, al “Juzgado Veinte
Administrativo del Circuito Judicial de Pereira [a quo del proceso ordinario], al Ministerio
de Educación Nacional y al municipio de Pereira [extremo pasivo del proceso ordinario]” ,
para que rindieran un informe sobre los hechos objeto de la demanda de tutela.
E. Oposiciones e intervenciones
18. El Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Cuarta de Decisión 5 (accionado)
remitió el enlace digital del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 66001-33-33-002-2024-00263-02.
19. El Municipio de Pereira6 (tercero con interés) solicitó que se nieguen integralmente
las pretensiones de la demanda de tutela y sostuvo que no existe vulneración de
derechos fundamentales ni defecto alguno en la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda. Argumentó que la fijación del régimen salarial docente
corresponde exclusivamente al Gobierno Nacional en desarrollo de la Ley 4 de 1992 y
del Decreto Ley 1278 de 2002, por lo que el Municipio carece de competencia para
modificar o inaplicar los decretos salariales expedidos para los años 2008 y 2009.
Asimismo, señaló que las diferencias salariales obedecen a criterios objetivos derivados
de la estructura escalafonaria docente y no constituyen un trato discriminatorio.
Igualmente, afirmó que la acción de tutela es improcedente por incumplir los requisitos
excepcionales de procedencia contra providencias judiciales, pues el accionante
pretende utilizarla como una tercera instancia para reabrir un debate jurídico ya decidido
por la jurisdicción contencioso-administrativa, sin demostrar arbitrariedad judicial,
desconocimiento del precedente ni vulneración constitucional alguna.
20. El Ministerio de Educación Nacional 7 (tercero con interés) solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela y sostuvo que la inconformidad del accionante se dirige
exclusivamente contra una providencia judicial proferida por el Tribunal Administrativo
de Risaralda, por lo que el mecanismo constitucional no puede emplearse para
cuestionar decisiones adoptadas por jueces de la República en ejercicio legítimo y
autónomo de sus funciones. Argumentó que la tutela contra providencias judiciales tiene
carácter excepcional, residual y subsidiario, y que en el caso concreto no se acreditan
los requisitos generales ni especiales de procedencia fijados por la jurisprudencia
constitucional. Asimismo, señaló que la controversia carece de relevancia constitucional
por tratarse de un litigio de naturaleza eminentemente económica relacionado con
diferencias salariales docentes, sin demostrarse afectación grave de derechos
fundamentales. También indicó que el Ministerio no administra ni representa al FOMAG
ni tiene competencia directa sobre el reconocimiento y pago de prestaciones sociales,
razón por la cual no puede atribuírsele vulneración alguna derivada de los actos
cuestionados.
5
Índice 14 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
6
Índice 15 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
7
Índices 16 y 19 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00828-01
Accionante: Carlos Alberto Hincapié Quiceno
Se confirma la decisión de primera instancia
F. Sentencia impugnada
21. Mediante sentencia del 26 de febrero de 2026 8, la Sección Quinta del Consejo de
Estado declaró improcedente la demanda de tutela interpuesta por Carlos Alberto
Hincapié Quiceno contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de
Decisión, al concluir que la solicitud de amparo no superaba el requisito de relevancia
constitucional exigido para la procedencia excepcional de la tutela contra providencias
judiciales.
22. La Sala indicó que la controversia planteada correspondía esencialmente a una
inconformidad con los criterios interpretativos adoptados por la autoridad judicial
accionada respecto del régimen salarial docente y de los incrementos aplicados en los
años 2008 y 2009, sin que se evidenciara una argumentación encaminada a demostrar
una vulneración grave y directa de derechos fundamentales. Asimismo, precisó que la
tutela contra providencias judiciales constituye un juicio de validez y no una instancia
adicional para replantear debates probatorios o jurídicos ya resueltos por el juez natural.
23. Sostuvo que la acción de tutela no podía utilizarse como una “tercera instancia” para
reabrir un debate definido dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, pues ello desconocería la autonomía e independencia judicial, así como la
finalidad excepcional y subsidiaria del mecanismo constitucional. En consecuencia,
concluyó que el asunto carecía de la relevancia constitucional necesaria para habilitar
el estudio de fondo de los defectos alegados por la parte accionante.
G. Impugnación
24. Mediante escrito allegado el 4 de marzo de 20269, la parte accionante impugnó la
sentencia proferida el 26 de febrero de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de
Estado y solicitó que se revocara la decisión de primera instancia, al considerar que
persistía la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva y principio de favorabilidad.
25. Alegó que la decisión impugnada partió de una lectura fragmentada del marco
normativo y probatorio, pues omitió un análisis material y riguroso de los hechos
acreditados en el expediente, los cuales demostraban que el accionante, ubicado en la
categoría 2B del escalafón docente, recibió un trato salarial desigual e injustificado
frente a docentes del nivel 2A, quienes, pese a acreditar menores exigencias de
formación, experiencia y evaluación, obtuvieron incrementos porcentuales superiores
durante los años 2008 y 2009.
26. Sostuvo que la controversia sí tiene relevancia constitucional porque compromete
directamente los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, y afirmó
que la providencia cuestionada avaló un esquema de incrementos salariales
diferenciados sin exigir una justificación objetiva, técnica y razonable que explicara el
trato otorgado a categorías inferiores del escalafón docente. Asimismo, señaló que la
discusión trasciende el ámbito meramente económico, pues involucra el principio de
igualdad material, el mérito en la carrera docente y la obligación de motivar
8
Índice 16 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
9
Índice 25 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00828-01
Accionante: Carlos Alberto Hincapié Quiceno
Se confirma la decisión de primera instancia
adecuadamente las decisiones judiciales.
27. Insistió en la configuración de defectos sustantivo y fáctico, al considerar que la
sentencia cuestionada validó incrementos salariales diferenciados entre los escalafones
2A y 2B sin respaldo normativo, técnico ni probatorio suficiente, pese a que los docentes
ubicados en el nivel 2B acreditaban mayores exigencias académicas y evaluativas.
Agregó que el menor incremento salarial aplicado al escalafón 2B tuvo un impacto
estructural y permanente sobre la remuneración, prestaciones y demás derechos
derivados del accionante, generando una afectación progresiva de sus ingresos y
desconociendo los principios constitucionales de igualdad material y mérito.
II. CONSIDERACIONES
H. Competencia
28. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver la demanda de acción de tutela interpuesta por el señor Carlos Alberto Hincapié
Quiceno contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015
y en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019)
I. Sentido de la decisión
29. La Sala, en consonancia con decisiones recientes de naturaleza similar 10, confirmará
la decisión de primera instancia que declaró la improcedencia de la demanda de tutela
por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, debido a que el debate
planteado por el accionante se circunscribe a un asunto económico y está orientado a
reabrir una discusión de mera legalidad, propia del juez natural del asunto.
30. En ese sentido, y por razones metodológicas, en esta providencia no se hará la
verificación de los demás requisitos generales de procedencia de la demanda de tutela11.
J. El requisito de relevancia constitucional
31. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
10
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. radicados
núm. 11001-03-15-000-2025-08198-00; 11001-03-15-000-2025-07052-01; 11001-03-15-000-2026-00234-
00; 11001-03-15-000-2026-01070-00; 11001-03-15-000-2025-07187-00; 11001-03-15-000-2026-01685-00;
11001-03-15-000-2026-01648-00 y 11001-03-15-000-2025-07517-01.
11
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente
relevancia constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de
2005).
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00828-01
Accionante: Carlos Alberto Hincapié Quiceno
Se confirma la decisión de primera instancia
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales. 12 En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la
decisión cuestionada13, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial”.
32. Aunado a lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional.
De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones. 14
33. En la sentencia SU-215 de 202215, la Corte Constitucional estableció, entre otros 16,
que la demanda en ejercicio de la acción de tutela contra una providencia judicial no
debe limitarse a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico. En ese sentido, no se debe emplear la acción de tutela como una tercera
instancia o un recurso adicional para reabrir debates meramente legales y la solicitud
debe trascender la mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales del asunto.
K. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda
34. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela
contra providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando se
configure, al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii)
defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa
de la Constitución.
35. En el asunto sub iudice, el accionante cuestiona la sentencia del 21 de agosto de
12
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
13
Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P.
Cristina Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
14
Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de
2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto
Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
16
La Corte Constitucional identificó los siguientes criterios de análisis para establecer si la demanda de
tutela contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional: (i) el caso debe
involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras,
el asunto debe ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la Constitución Política o
para la determinación del alcance de un derecho fundamental, (ii) se deben plantear argumentos
suficientes dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental, entonces, no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías superiores para
encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se debe justificar razonablemente la existencia de
una restricción desproporcionada a un derecho fundamental y (iii) el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya
presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00828-01
Accionante: Carlos Alberto Hincapié Quiceno
Se confirma la decisión de primera instancia
2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, porque, a su juicio, considera
que incurrió en los defectos sustantivo y fáctico. A continuación, la Sala describirá las
características y elementos de los defectos alegados, con el propósito de determinar el
objeto de la litis.
36. Respecto del defecto fáctico se refiere al yerro en el decreto, práctica o valoración
del material probatorio que incide en el sentido del fallo. Es decir que, en esencia, se
configura cuando la autoridad judicial “carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión” 17.
37. Sobre el defecto sustantivo se presenta cuando la autoridad judicial aplica una
norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u
opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica.
L. El caso concreto – tesis reiterada
38. La discusión que presenta el accionante carece de relevancia constitucional, toda
vez que se limita a reiterar los argumentos expuestos en el proceso ordinario para
sustentar los defectos fáctico y sustantivo y pretender una instancia adicional mediante
la cual se adopte una determinación distinta frente al reconocimiento y pago de las
diferencias salariales decretadas para los años 2008 y 2009.
39. Si bien el accionante sustentó los defectos invocados como requisito de procedencia
de la demanda de tutela contra providencia judicial, lo cierto es que el fundamento de
tales yerros corresponde, en términos similares, a los argumentos que expuso en el
proceso ordinario. En efecto, en el recurso de apelación y en la demanda, el accionante
alegó, entre otros, que hubo una falta de justificación frente a las asignaciones
salariales, lo que configuró un trato discriminatorio y conllevó a la transgresión de los
derechos fundamentales de los docentes y los principios de equidad, igualdad, legalidad
y proporcionalidad.
40. La Sala advierte que, en el escrito de tutela, el accionante reiteró, en términos
similares, los argumentos expuestos en el trámite del proceso ordinario para sustentar
los defectos invocados, en específico, indicó:
[…] la ausencia de justificación suficiente que avale la asignación de incrementos salariales
en favor del personal docente que ostentan menores niveles de formación, experiencia o
desempeño (como s e otorgó a l nivel 2A), e n detrimento de guienes cumplen condiciones
superiores (como en el caso de la parte demandante que s e ubica en la categoría 2B),
comporta una vulneración de los principios constitucionales de igualdad material y mérito,
así como del derecho fundamental al debido proceso en su dimensión de estabilidad y
progresividad dentro de la carrera administrativa, razón por la cual corresponde al juez de
control de legalidad verificar rigurosamente la razonabilidad y legalidad de los actos
administrativos que afecten las condiciones salariales derivadas de la progresión legítima
en el escalafón, y, en caso de advertirse violaciones, proceder a su corrección en aras de
garantizar la protección efectiva de los derechos laborales adquiridos.
[…] durante los períodos 2008 y 2009, la docente, a pesar de encontrarse en la categoría
2B - condición que implicó la acreditación de mayores requisitos de formación académica y
experiencia profesional respecto de quienes se hallaban en la categoría 2A-, recibió un
17
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00828-01
Accionante: Carlos Alberto Hincapié Quiceno
Se confirma la decisión de primera instancia
ajuste salarial menos favorable que el conferido a estos últimos, situación que evidencia un
trato discriminatorio contrario a los principios de equidad y mérito establecidos en la
normativa que regula la carrera y la remuneración del personal docente. En estos términos
se planteó la irregularidad cometida en el caso de la demandante, pues se evidencia la
ilegalidad de los actos administrativos sometidos a control jurisdiccional, puesto que los
escalafones 2B, 2C Y 2D, que son reubicaciones del escalafón dos y que son categorías
superiores en el escalafón, que requieren mayor preparación y requisitos de la categoría
2ª, en cuanto requieren mayor ejercicio en su trabajo, esfuerzo, especialidad, mayor tiempo
de prestación del servicio docente para poder acreditar en las diferentes evaluaciones
diagnóstico formativas, siendo evidente que condiciones superiores a la exigida a la
categoría 2A quien es el menor escalafón de esta línea y que tuvo un aumento porcentual
del doble que fue aplicado al 2B, 2C Y 2D, Contrario al argumento de defensa de la entidad
demandada, fueron acreditados sin tener en cuenta el grado de formación, quedando en
evidencia ese aumento caprichoso que se realizó en esta anualidad.
Diferente hubiese sido que se incrementara un porcentaje superior a las categorías 2B, 2C
Y 2D, sobre la categoría 2A, pues así el acto administrativo demandado y la decisión
podrían ajustarse a una decisión razonable por el grado de preparación y el esfuerzo que
realiza el docente de su propio patrimonio para completar la preparación académica,
requiere mayor ejercicio en su trabajo, esfuerzo, especialidad, mayor tiempo de prestación
de servicio docente para poder acreditar en las diferentes evaluaciones de diagnóstico
formativas, se exige completar mayores requisitos para justificar una mayor remuneración
o un mayor incremento salarial, circunstancia que desdibuja claramente los argumentos del
acto administrativo demandado y por lo cual debe ser declarado nulo y acceder a las
súplicas de la demanda, con el debido restablecimiento del derecho, dado que mi
representado aún se encuentra vinculado al magisterio oficial.
41. Incluso, en la impugnación presentada contra la sentencia del 26 de febrero de
2026, el accionante se limita a reproducir los mismos argumentos en aras de acreditar
la configuración de los defectos sustantivo y fáctico:
La configuración del defecto sustantivo o material en la sentencia objeto del recurso de
amparo se acredita de manera aún más evidente cuando se incorporan los porcentajes
reales de incremento salarial aplicados a los escalafones 2A y 2B durante las vigencias
2008 y 2009, los cuales demuestran de forma objetiva la ruptura del principio de igualdad
material y la desnaturalización del sistema de mérito que estructura la carrera docente
regulada por el Decreto Ley 1278 de 2002. En efecto, conforme a los Decretos Nacionales
624, 714 y 1407 de 2008, durante la vigencia 2008 a los docentes ubicados en el grado 2A
se les reconoció un incremento salarial del 14,11%, alcanzando un salario de $1.013.132,
mientras que a los docentes del grado 2B, pese a encontrarse en una categoría superior
del escalafón y a haber cumplido mayores exigencias académicas y evaluativas,
únicamente se les otorgó un incremento del 5,69%, con un salario de $1.421.428. Esta
diferencia porcentual no solo carece de justificación objetiva, sino que evidencia un trato
regresivo que penaliza el mérito y vacía de contenido el ascenso en el escalafón docente.
La situación se agravó en la vigencia 2009, conforme a los Decretos Nacionales 702 y 1238
de 2009, pues nuevamente se reprodujo el trato salarial desigual, al reconocer a los
docentes del grado 2A un incremento del 15,61%, con un salario de $1.171.300, mientras
que a los docentes del grado 2B se les aplicó un incremento sustancialmente inferior del
7,67%, fijando su salario en $1.530.452. La reiteración de este esquema de incrementos
porcentuales diferenciados confirma que no se trató de una situación aislada ni accidental,
sino de una política salarial sostenida que favoreció de manera injustificada a un grado
inferior del escalafón en detrimento de uno superior, sin respaldo normativo, técnico ni
constitucional.
[…] el Tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria al aceptar como válida una
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00828-01
Accionante: Carlos Alberto Hincapié Quiceno
Se confirma la decisión de primera instancia
supuesta justificación del trato salarial diferenciado entre los docentes ubicados en los
escalafones 2A y 2B durante los años 2008 y 2009, sin que dicha justificación hubiese sido
acreditada por la parte demandada a través de medios de convicción idóneos, objetivos y
verificables. En el expediente no obra prueba alguna que demuestre que los mayores
incrementos salariales otorgados a los docentes del nivel 2A frente a los del nivel 2B
respondieran a criterios técnicos, financieros, funcionales o de política pública debidamente
sustentados, ni mucho menos a los parámetros de mérito, experiencia y cualificación
profesional que estructuran la carrera docente conforme al Decreto Ley 1278 de 2002.
Por el contrario, el acervo probatorio demuestra que, durante la vigencia 2008, los docentes
del nivel 2A recibieron un incremento salarial del 14,11%, mientras que los docentes del
nivel 2B apenas obtuvieron un aumento del 5,69%, pese a que estos últimos se encontraban
en una categoría superior del escalafón. La misma situación se reprodujo en la vigencia
2009, cuando el incremento salarial para el nivel 2A fue del 15,61%, frente a un incremento
del 7,67% para el nivel 2B. Tales diferencias porcentuales, lejos de ser marginales,
evidencian un tratamiento abiertamente desigual y regresivo que afectó de manera directa
a quienes acreditaban mayores exigencias de acceso, mayor experiencia y la superación
de evaluaciones de competencias con calificaciones superiores al 80%, requisitos
indispensables para la reubicación del nivel A al nivel B dentro del escalafón docente.
42. Sin embargo, tal debate ya fue debidamente analizado y resuelto por parte del
Tribunal Administrativo de Risaralda mediante la sentencia del 21 de agosto de 2025,
tras concluir que no existió discriminación al disponer incrementos salariales desiguales
y tampoco una vulneración al principio de “a trabajo igual salario igual”, pues los
docentes que se encuentran en el escalafón 2A y 2B no gozan de las mismas
características y deben acreditar el cumplimiento de unos requisitos que distan entre sí,
razón por la cual no son sujetos comparables. Además, la asignación salarial que
dispuso el Gobierno Nacional se ajustó al marco normativo vigente, en específico a la
Ley 4 de 1992.
43. En ese sentido, la discusión contenida en el escrito de tutela y en la impugnación
presentada corresponde a un asunto de mera legalidad en la cual el accionante expone
su inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del asunto, sin que se
demuestre que la providencia cuestionada se profirió bajo un criterio arbitrario,
caprichoso u ostensiblemente ilegítimo que justifique la intervención excepcional del
juez de tutela, por el contrario, está orientada a que se realice, nuevamente, un estudio
frente a la interpretación y los elementos probatorios del expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho, sin advertir un debate de orden constitucional.
44. De tal modo, la Sala concluye que el accionante pretende utilizar el mecanismo
constitucional como una instancia adicional del proceso ordinario, aun cuando la
sentencia que se controvierte se fundamentó en criterios fácticos y jurídicos razonables.
45. Por otro lado, la solicitud de amparo no cuestiona el contenido, alcance o goce de
una garantía iusfundamental, ya que el núcleo de las pretensiones se circunscribe a un
asunto de índole económico, mediante las cuales se persigue el reconocimiento y pago
de las diferencias salariales dispuestas para los años 2008 y 2009, cuestión que, por sí
misma, no afecta el desarrollo y goce de los derechos fundamentales del accionante.
46. Por lo anterior, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00828-01
Accionante: Carlos Alberto Hincapié Quiceno
Se confirma la decisión de primera instancia
constitucional, por cuanto (i) corresponde a un asunto de mera legalidad que persigue
pretensiones económicas y (ii) la discusión se reduce a la reiteración de los argumentos
propuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 26 de febrero de
2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.