Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00841-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00841-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00841-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
20 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00841-00
Accionante: ANA ALICIA MURILLO HURTADO
Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.
La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por Ana Alicia Murillo Hurtado contra el
Tribunal Administrativo de Risaralda, que confirmó la sentencia de primera instancia del
Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pereira, y negó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho1 de la accionante
contra la Nación–Ministerio de Educación Nacional y el Municipio de Pereira.
ANTECEDENTES
1. Acción de tutela
El 5 de febrero de 2026, Ana Alicia Murillo Hurtado, actuando mediante apoderada
judicial, formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, tutela
1 Proceso identificado con número de radicación: 66001-33-33-007-2024-00234-00/01.
2
Radicación:11001-03-15-000-2026-00841-00
Accionante: Ana Alicia Murillo Hurtado
Acción de tutela–Primera instancia
judicial efectiva y principio de favorabilidad; que consideró vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, al haber proferido la sentencia del 21 de agosto de 2025,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra la Nación–
Ministerio de Educación Nacional y el Municipio de Pereira, mediante la cual se confirmó
la sentencia de primera instancia y negó las pretensiones orientadas a declarar la nulidad
de los Oficios sin número del 28 de febrero de 2024 y No. 20240304-8664-I del 04 de
marzo de 2024; a través de los cuales se negó el derecho a la diferencia en el incremento
salarial que fue decretado de manera indiscriminada y desigual en los años 2008 y 2009
para el grado en el escalafón docente 2B, con ocasión de que fue realizado un incremento
del 14,11% a la categoría 2A, por medio de los Decretos Nacionales 624, 714 y 1407 de
2008, proferidos por el Gobierno Nacional, mientras que el incremento efectuado a la
categoría del escalafón 2B fue del 5,69% en su salario; así como también, por la
diferencia de incrementos que se realizó en el año 2009 a la categoría 2A del escalafón
docente, que fue un incremento del 15,61%, por medio de los Decretos Nacionales 702
y 1238 de 2009, proferidos por el Gobierno Nacional, mientras que a la categoría 2B del
mismo escalafón le fue realizado un incremento del 7,67% para su salario en el año 2009.
En virtud del amparo, la accionante solicitó textualmente:
«1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA en la
sentencia proferida el día 21 DE AGOSTO DE 2025, en el expediente radicado
bajo número 66001333300720240023400, transgredió los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO
DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) ANA ALICIA MURILLO HURTADO, por
considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la jurisprudencia emitida
por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al caso y, el material probatorio
obrante en el proceso ordinario.
Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE RISARALDA dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y proferir una nueva decisión en la debida interpretación de la
norma aplicable al debate jurídico y analizando de manera concreta la situación
particular del (la) docente ANA ALICIA MURILLO HURTADO a la luz de los
argumentos planteados en la demanda ordinaria y los hechos debidamente
probados en el debate jurídico.»
2. Hechos relevantes
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Radicación:11001-03-15-000-2026-00841-00
Accionante: Ana Alicia Murillo Hurtado
Acción de tutela–Primera instancia
La señora Ana Alicia Murillo Hurtado es docente oficial vinculada al servicio educativo
estatal, escalafonada en la categoría 2B del Decreto Ley 1278 de 2002. Señala que, en
los años 2008 y 2009, el Gobierno Nacional dispuso los incrementos salariales para los
docentes regidos por el nuevo estatuto docente.
Menciona que, para el año 2008, la categoría 2A obtuvo un incremento del 14,11%,
mientras que la categoría 2B, en la cual se encuentra ubicada, recibió un incremento del
5,69%, lo que, según afirma, evidencia un trato desigual en materia salarial dentro del
mismo régimen especial. Asimismo, señaló que, para el año 2009, la categoría 2A obtuvo
un incremento del 15,61%, mientras que la categoría 2B recibió un incremento del 7,67%,
situación que, a su juicio, mantuvo la diferencia en los incrementos salariales entre dichas
categorías del escalafón docente.
Sostiene que dicha diferencia porcentual evidencia un trato desigual, pues, pese a
pertenecer al mismo estatuto docente previsto en el Decreto Ley 1278 de 2002, el
incremento salarial no fue equitativo entre las distintas categorías del escalafón.
Con fundamento en lo anterior, elevó petición ante el Ministerio de Educación Nacional y
la Secretaría de Educación del Municipio de Pereira solicitando el reconocimiento y pago
de las diferencias salariales correspondientes a los años 2008 y 2009. No obstante,
dichas entidades negaron lo solicitado mediante el oficio sin número del 28 de febrero de
2024 y el oficio No. 20240304-8664-I del 04 de marzo de 2024.
Ante esa negativa, la señora Ana Alicia Murillo Hurtado presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el fin de obtener la declaratoria de nulidad de los actos
administrativos que negaron el reconocimiento de las diferencias salariales y el
consecuente restablecimiento de su derecho.
El proceso fue conocido por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira,
que mediante sentencia de primera instancia del 19 de diciembre de 2024 negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que la diferencia entre los incrementos
salariales decretados para los años 2008 y 2009 no configura un trato discriminatorio,
pues obedece a las particularidades del sistema escalafonario docente previsto en el
Decreto Ley 1278 de 2002. Señaló que para el año 2008 el incremento para el escalafón
2B fue del 5,69%, mientras que para el 2A fue del 14,11%, y que para el año 2009 el
incremento para el escalafón 2B fue del 7,67%, mientras que para el 2A fue del 15,61%.
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Radicación:11001-03-15-000-2026-00841-00
Accionante: Ana Alicia Murillo Hurtado
Acción de tutela–Primera instancia
No obstante, señaló que dichos incrementos respondieron a medidas adoptadas por el
Gobierno Nacional orientadas a mejorar la asignación básica mensual de los docentes y
a incentivar procesos de evaluación de competencias, ascensos y reubicaciones en el
escalafón, por lo que la aplicación diferenciada del porcentaje de aumento se explica por
la ubicación de los docentes dentro del escalafón y las cualificaciones alcanzadas por
estos.
Posteriormente, la parte demandante interpuso recurso de apelación solicitando que se
revoque en su integridad la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las
pretensiones de la demanda, al considerar que el juzgado realizó un análisis fragmentado
del problema jurídico planteado. Argumentó que la decisión desestimó los cargos de
ilegalidad bajo el entendido de que los incrementos salariales diferenciados obedecían a
una variable objetiva relacionada con la posición de los docentes en el escalafón; sin
embargo, sostuvo que el juez no abordó el reproche central de la demanda, consistente
en la ausencia de justificación sobre los incrementos porcentuales desiguales aplicados
en los años 2008, 2009 y 2011, ni examinó las razones de hecho y de derecho que
habrían llevado a la administración a adoptar dicho tratamiento diferenciado frente a otros
años en los que el aumento salarial fue homogéneo, limitándose a acoger la postura del
Ministerio de Educación Nacional sin verificar si existían estudios técnicos o fundamentos
que sustentaran la adopción de tales medidas.
Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional interpuso recurso de apelación parcial
solicitando que se revoque el numeral tercero de la parte resolutiva mediante el cual el
juzgado se abstuvo de condenar en costas a la parte demandante. Señaló que la decisión
aplicó de forma incorrecta el criterio vigente en materia de condena en costas, pues,
conforme al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y a la jurisprudencia del Consejo de
Estado, en las sentencias debe decidirse sobre las costas bajo un criterio objetivo
valorativo, verificando si estas se causaron dentro del proceso. Sostuvo que en el
expediente sí existen elementos que evidencian la causación de gastos y actuaciones
procesales adelantadas por la apoderada del Ministerio para la defensa judicial de la
entidad, por lo que la abstención de condenar en costas desconoce el principio de
reparación de los costos procesales y genera un impacto negativo en los recursos
públicos, al obligar al Estado a asumir los gastos derivados de un proceso en el que la
parte demandante resultó vencida.
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Radicación:11001-03-15-000-2026-00841-00
Accionante: Ana Alicia Murillo Hurtado
Acción de tutela–Primera instancia
La segunda instancia correspondió al Tribunal Administrativo de Risaralda, que mediante
sentencia del 21 de agosto de 2025 confirmó la decisión adoptada en primera instancia
al concluir que la parte demandante no probó las causales de nulidad sustancial alegadas
respecto de los aumentos salariales de los docentes ubicados en diferente grado de
escalafón y nivel salarial para los años 2008 y 2009, pues del análisis del régimen de
profesionalización docente previsto en el Decreto Ley 1278 de 2002 se desprende que
los niveles salariales dentro del escalafón responden a criterios de formación, experiencia
y superación de evaluaciones de competencias, de manera que no se trata de sujetos
ubicados en plano de igualdad, razón por la cual no existe un imperativo normativo o
jurisprudencial que obligue a decretar incrementos salariales iguales entre los distintos
niveles del escalafón docente, circunstancia que impide predicar la vulneración del
principio de igualdad alegada por la demandante y conduce a confirmar la sentencia que
negó las pretensiones de la demanda.
La providencia de segunda instancia dio lugar a la interposición de la acción de tutela por
parte de la apoderada judicial de la accionante Murillo Hurtado.
3. Fundamentos de la acción
La parte accionante sostuvo que la providencia incurrió en defecto sustantivo, al avalar
incrementos salariales diferenciados entre docentes del mismo grado del escalafón sin
verificar si dicha diferencia estaba sustentada en criterios objetivos y razonables, pese a
que el sistema previsto en la Ley 4 de 1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002 se estructura
con base en factores como la formación académica, la experiencia, el desempeño y las
responsabilidades del cargo. En su criterio, el Tribunal Administrativo de Risaralda validó
la legalidad de los incrementos salariales establecidos para los años 2008 y 2009 sin
exigir a la administración la justificación técnica o jurídica del trato diferenciado, lo que, a
su juicio, desconoce los principios de igualdad, progresividad y favorabilidad en materia
laboral.
Asimismo, argumentó que la providencia incurrió en defecto fáctico, debido a que no
valoró adecuadamente el material probatorio allegado al proceso, en particular los
cuadros comparativos y el análisis porcentual de los incrementos salariales, los cuales
evidenciarían una diferencia injustificada en los aumentos aplicados a los distintos niveles
del escalafón docente.
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Radicación:11001-03-15-000-2026-00841-00
Accionante: Ana Alicia Murillo Hurtado
Acción de tutela–Primera instancia
4. Trámite procesal
El 10 de febrero de 2026, se admitió la acción de tutela2 y se ordenó su notificación a la
accionante y a la autoridad judicial accionada, así como a la Nación–Ministerio de
Educación Nacional–Secretaría de Educación de Pereira y al Juzgado Séptimo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pereira, en calidad de terceros interesados.
Igualmente, se solicitó a este último remitir copia digital del expediente del medio de
control.
En su escrito de contestación3, el Municipio de Pereira sostuvo que la acción de tutela
es improcedente, toda vez que la providencia judicial cuestionada fue adoptada dentro
del marco de un proceso tramitado con plena observancia de las garantías propias del
debido proceso, en el cual el accionante ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, participó en el trámite procesal y obtuvo una decisión en
doble instancia debidamente motivada. Señaló que la sentencia del Tribunal se
fundamentó en el marco normativo aplicable al régimen salarial docente, particularmente
en la competencia exclusiva del Gobierno Nacional para fijar la escala única nacional de
salarios en desarrollo de la Ley 4 de 1992 y del Decreto Ley 1278 de 2002, y concluyó
que los incrementos diferenciados obedecen a criterios derivados de la estructura del
escalafón docente, razón por la cual la inconformidad de la parte accionante con el
sentido del fallo no configura vulneración de derechos fundamentales ni habilita la acción
de tutela como una instancia adicional para reabrir el debate jurídico ya resuelto por la
jurisdicción contencioso administrativa.
De igual forma, en su escrito de contestación4, el Secretario de Educación de Pereira
manifestó que no se encuentran constituidos los requisitos de procedibilidad del amparo
constitucional. Señaló que la controversia planteada por la accionante corresponde a una
inconformidad con la interpretación normativa y la valoración probatoria realizada por los
jueces naturales dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual fue
decidido mediante providencias motivadas en doble instancia. Asimismo, sostuvo que la
acción de tutela no constituye una tercera instancia ni un mecanismo para reabrir debates
jurídicos o probatorios ya resueltos por las autoridades judiciales, y que en el caso
concreto no se configura ninguno de los defectos específicos alegados, pues las
2 SAMAI, índice 5.
3 SAMAI, índice 11.
4 SAMAI, índice 12.
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Accionante: Ana Alicia Murillo Hurtado
Acción de tutela–Primera instancia
providencias cuestionadas fueron proferidas con observancia del debido proceso, con
análisis jurídico de las normas aplicables y valoración del acervo probatorio del proceso.
El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pereira, contestó5 la
acción de tutela y señaló que no se cumplen las sub-reglas establecidas por el precedente
constitucional para la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales.
Mencionó que la parte actora pretende que se realice un nuevo estudio fáctico y jurídico
del asunto, planteando una indebida aplicación normativa y cuestionando la
interpretación de la norma aplicable al debate jurídico y la valoración del material
probatorio realizada en las dos instancias ya surtidas. Indicó además que en las
providencias cuestionadas se efectuó una valoración juiciosa de las pruebas allegadas y
un estudio debidamente fundado, en el que se analizó la legalidad de los decretos de
orden nacional que regulan la escala de remuneración de los docentes y directivos
docentes del Estado, concluyéndose no inaplicar por ilegal dichas disposiciones y negar
las pretensiones de la demanda; por lo que, a su juicio, la acción de tutela busca ampliar
las instancias ya agotadas sin demostrar la vulneración de derechos fundamentales ni
acreditar la relevancia constitucional del asunto.
Finalmente, el Ministerio de Educación Nacional, contestó 6 la acción de tutela y
consideró que la parte accionante pretende combatir una decisión legítimamente
adoptada dentro del ámbito procesal y que el descontento respecto de la decisión que no
reconoció sus pretensiones no puede servir de base para que la jurisdicción constitucional
actúe en reemplazo del juez natural de la causa. Indicó que la acción de tutela es un
mecanismo autónomo, residual y subsidiario que solo procede cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial o cuando se pretenda evitar un perjuicio
irremediable, y que la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales
exige el cumplimiento de los requisitos generales y específicos fijados por la
jurisprudencia constitucional. Afirmó que en el caso concreto no se evidencia violación
alguna de derechos fundamentales y que corresponde al accionante demostrar la
eventual transgresión que permita concluir que la decisión judicial se aparta del ámbito
de legalidad. Por último, solicitó desvincular al Ministerio de Educación Nacional por falta
de legitimación en la causa.
5 SAMAI, índice 13.
6 SAMAI, índice 14.
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Accionante: Ana Alicia Murillo Hurtado
Acción de tutela–Primera instancia
Finalmente, el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pereira envió
copia digital del expediente del proceso ordinario7.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra la sentencia del
21 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la
cual se confirmó la sentencia de primera instancia del Juzgado Séptimo Administrativo
Oral del Circuito de Pereira y negó las pretensiones formuladas en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho8, promovido por la accionante contra la Nación–Ministerio
de Educación Nacional y el Municipio de Pereira.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente
contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un
derecho constitucional fundamental 9 . De conformidad con su jurisprudencia, la tutela
contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que
la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se
configure un perjuicio irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que
la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de
tutela10.
7 SAMAI, índice 13.
8 Proceso identificado con número de radicación: 66001-33-33-007-2024-00234-00/01.
9 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
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Accionante: Ana Alicia Murillo Hurtado
Acción de tutela–Primera instancia
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba;
falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error
inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del «precedente»
constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la
Constitución.
Relevancia constitucional
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha indicado, desde
2014, los siguientes elementos para determinar si una acción de tutela cumple con el
requisito de relevancia constitucional11: i) que el actor cumpla una carga argumentativa
suficiente, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales,
sino que se deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de
desvalor respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; ii)
Que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.
Adicionalmente, en sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los
elementos antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de
relevancia constitucional. Sostuvo que «la tutela contra providencias judiciales implica un
juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen
a la controversia judicial». Precisó que el requisito de relevancia constitucional es
consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad de los
jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional. Además de
lo anterior, la Corte indicó que:
«[…] la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de
la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. C.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez. Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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Accionante: Ana Alicia Murillo Hurtado
Acción de tutela–Primera instancia
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal.»
Caso concreto
La señora Ana Alicia Murillo Hurtado promovió acción de tutela contra la sentencia del 21
de agosto de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, al considerar
que dicha providencia vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva y principio de favorabilidad.
La Sala advierte que, la tutela promovida por la señora Murillo Hurtado será declarada
improcedente, toda vez que no cumple con el requisito de relevancia constitucional. Esto,
pues la Sala observa que lo que pretende la accionante es reabrir el debate que quedó
zanjado en sede de instancia.
Se observa que, como fundamento principal de la acción de tutela, la accionante sostiene
que existió un defecto sustantivo, debido a que el Tribunal Administrativo de Risaralda
avaló incrementos salariales diferenciados entre docentes del mismo grado de escalafón
sin verificar si dicha diferencia estaba sustentada en criterios objetivos y razonables
previstos en la Ley 4 de 1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002.
Asimismo, menciona que existió un defecto fáctico, por cuanto el Tribunal no valoró
integralmente el material probatorio aportado, en especial los cuadros comparativos y el
análisis porcentual que evidenciarían un incremento desigual en los años 2008 y 2009,
limitándose a acoger de manera genérica la postura de la entidad demandada sin
examinar si la diferencia superaba el juicio estricto de igualdad.
La Sala advierte que, en primer lugar, de la revisión del expediente y del análisis de la
sentencia cuestionada se evidencia que el Tribunal Administrativo de Risaralda sí verificó
que dicha diferencia estuviera sustentada en los criterios objetivos y razonables previstos
en Ley 4 de 1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002, de hecho, abordó de manera directa el
estudio del principio de igualdad y la estructura del escalafón docente, concluyendo que:
«[…] la Sala encuentra que la parte demandante no probó las causales de nulidad
sustancial alegadas en relación con los aumentos salariales de los docentes
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Accionante: Ana Alicia Murillo Hurtado
Acción de tutela–Primera instancia
ubicados en diferente grado de escalafón y nivel salarial, para los años 2008, 2009
y 2011, de conformidad con las razones expuestas en las presentes
consideraciones; ya que, como se explicó no se trata de sujetos ubicados en plano
de igualdad y, por lo tanto, no existe un imperativo normativo o jurisprudencial para
predicar que existía la obligación de aumentos iguales.»
En ese contexto, la decisión no desconoció que la igualdad material exige justificación de
las diferencias y concluyó que dicha justificación se encontraba en la propia estructura
normativa del escalafón docente y en los criterios objetivos que lo organizan.
En cuanto al presunto defecto fáctico, se advierte que el cargo tampoco reviste relevancia
constitucional. La accionante sostiene que el Tribunal no valoró integralmente los cuadros
comparativos y el análisis porcentual aportado para evidenciar un incremento desigual
en los años 2008 y 2009; sin embargo, del examen de la sentencia de segunda instancia
se evidencia que el ad quem acudió al precedente horizontal fijado por la Sala Tercera
de Decisión del Tribunal y efectuó un análisis jurídico y probatorio del régimen del
escalafón docente, del sistema de incrementos salariales previsto en la Ley 4 de 1992 y
el Decreto Ley 1278 de 2002, así como del principio de igualdad y la carga de la prueba.
Con fundamento en dicho análisis, el Tribunal concluyó que la parte demandante no
acreditó las causales de nulidad alegadas y que las diferencias en los incrementos
salariales entre niveles del escalafón docente no configuran un trato discriminatorio, por
tratarse de categorías que no se encuentran en un plano de igualdad.
La acción de tutela no procede para controvertir la apreciación probatoria efectuada por
el juez natural, salvo que se trate de una valoración caprichosa, arbitraria o abiertamente
irrazonable, lo cual no ocurre en el presente caso. En realidad, lo que se evidencia es la
inconformidad de la actora con el resultado del análisis efectuado en sede ordinaria.
En ese contexto, observa la Sala que lo planteado por la accionante corresponde a un
mero desacuerdo con la sentencia de segunda instancia, en tanto pretende que el juez
constitucional imponga una determinada forma de analizar el principio de igualdad.
La controversia planteada no pone en evidencia una afectación directa de derechos
fundamentales y excluye la configuración de una vía de hecho y revela una inconformidad
de la accionante con el sentido de la decisión adoptada y con la interpretación judicial del
precedente aplicable, lo cual resulta insuficiente para habilitar la intervención del juez de
tutela como instancia adicional de revisión.
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Accionante: Ana Alicia Murillo Hurtado
Acción de tutela–Primera instancia
La acción de tutela, en consecuencia, no supera el umbral de procedencia excepcional
frente a providencias judiciales, dado que la sentencia reprochada fue dictada dentro del
marco de la legalidad y no se demostró una vulneración directa y ostensible de los
derechos fundamentales invocados. No está llamada a operar como instancia adicional
ni como mecanismo para sustituir el criterio interpretativo del juez natural, salvo que se
acredite un apartamiento manifiesto, irrazonable o arbitrario del ordenamiento jurídico,
circunstancia que no se acreditó en este caso.
La acción de tutela no constituye una tercera instancia ni un instrumento para desconocer
la autonomía e independencia judicial. Por las razones expuestas, la Sala evidencia que
no se configura vulneración de derecho fundamental alguna y el amparo se declarará
improcedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de Ana Alicia Murillo Hurtado
contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia ENVIAR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
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Radicación:11001-03-15-000-2026-00841-00
Accionante: Ana Alicia Murillo Hurtado
Acción de tutela–Primera instancia
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
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