RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-00841-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00841-01

Fecha
3 de agosto de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-00841-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

3 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., tres (3) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00841-01 (8152)
Accionante: Ana Alicia Murillo Hurtado
Accionado: Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda

Tema: acción de tutela contra providencia judicial. Subtema 1: nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: ajuste salarial docente. Subtema 3:
defectos sustantivo y fáctico.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a decidir
la impugnación interpuesta por la señora Ana Alicia Murillo Hurtado contra la
sentencia de primera instancia del 20 de marzo de 2026 proferida por la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

1. Síntesis del caso

La señora Ana Alicia Murillo Hurtado presentó solicitud de amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de
justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad, que consideró
vulnerados por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda,
con ocasión de la sentencia del 21 de agosto de 2025, proferida dentro del proceso
con radicado núm. 66001-33-33-007-2024-00234-01.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala considera relevantes los siguientes hechos:

1
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00841-00, índice 2, certificado 8C8D6CE39C2AC372 6AA78CB6120AC7F2
A05C2DDC45E07FA7 68213CAF67803842.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00841-01 (8152)
Accionante: Ana Alicia Murillo Hurtado
Accionado: Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Risaralda

2. La señora Ana Alicia Murillo Hurtado es educadora oficial ubicada en la
categoría 2B del escalafón docente, conforme al régimen establecido en el Decreto-
Ley 1278 de 2002.

3. La accionante, mediante sendos escritos radicados en el Ministerio de
Educación Nacional y en la Secretaría de Educación del municipio de Pereira,
solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas de los
incrementos que, a su juicio, fueron «desiguales e injustificados», decretados para
los años 2008 y 2009, en los cuales se favoreció a docentes de una categoría inferior
(2A) en detrimento de quienes, como ella, se encontraban en el escalafón 2B.

4. El Ministerio de Educación Nacional y la entidad territorial, a través de los oficios
sin número del 28 de febrero de 2024 y núm. 20240304-8664-l del 4 de marzo de
2024, respectivamente, negaron el requerimiento de la tutelante.

5. La señora Ana Alicia Murillo Hurtado presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de
Educación Nacional y el municipio de Pereira, con el fin de que: i) se inaplicara por
ilegal el Decreto 284 de 2024, que definió la escala salarial del personal docente; ii)
se dejaran sin efecto los referidos actos administrativos; y, en consecuencia, iii) se
ordenara pagar a su favor la diferencia salarial de los incrementos porcentuales
establecidos por el Gobierno Nacional durante los tres (3) años anteriores a la
presentación de la reclamación administrativa, en virtud del fenómeno de la
prescripción, con base en los incrementos porcentuales establecidos por el
Gobierno Nacional durante los años 2008 y 2009, conforme al valor reconocido para
los docentes ubicados en el escalafón 2A, dado que el aplicado al nivel 2B fue
inferior. Asimismo, pidió el ajuste de sus prestaciones sociales.

6. El Juzgado Séptimo Administrativo de Pereira, mediante sentencia del 19 de
diciembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que, aunque
los incrementos porcentuales correspondientes a los grados 2A y 2B del escalafón
docente fueron diferentes durante los años 2008 y 2009, esa circunstancia no
configuraba una vulneración del derecho a la igualdad, por cuanto entre ambos
niveles salariales existían diferencias de origen legal que justificaban el trato
otorgado y descartaban la existencia de una discriminación contraria al orden
constitucional. Contra dicha decisión, la parte actora presentó recurso de apelación.

7. La Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, a través
de providencia del 21 de agosto de 2025, confirmó en todas sus partes el fallo de
primera instancia.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

8. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA en la sentencia
proferida el día 21 DE AGOSTO DE 2025, en el expediente radicado bajo número
66001333300720240023400, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00841-01 (8152)
Accionante: Ana Alicia Murillo Hurtado
Accionado: Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Risaralda

JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) ANA
ALICIA MURILLO HURTADO, por considerar que las razones de la decisión no se
ajustan a la NTICQUIA: NTRO O DE EDUCADORES "ADEA" Tel: (5) 317 7928 Cel:
310 458 1625-310 458 1471-310 458 1708 BARRANQUILLA. BGO STIO C
APARTACENTROO 3 LÓPEZ QUINTERO ABOGADOS & ASOCIADOS Honestidad y
Eficiencia jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al
caso y, el material probatorio obrante en el proceso ordinario.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE RISARALDA dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma
aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular del
(la) docente ANA ALICIA MURILLO HURTADO a la luz de los argumentos planteados
en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico2.

9. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante consideró que la
providencia del Tribunal Administrativo de Risaralda incurrió en defecto sustantivo,
porque no efectuó una interpretación adecuada de los postulados normativos que
regulan el régimen salarial de los docentes, en tanto se apartó de los lineamientos
constitucionales y legales que rigen la materia.

10. De esta manera, explicó que la autoridad accionada desconoció de manera
arbitraria el alcance del artículo 13 de la Constitución, la Ley 4 de 1992 y el Decreto-
Ley 1278 de 2002, en tanto otorgó un trato desigual en los incrementos salariales
de los docentes de las categorías 2A y 2B, realizados para los años 2008 y 2009,
cuya diferencia carecía de sustento objetivo y produjo una afectación permanente
en la base salarial de los docentes de la categoría 2B.

11. Resaltó que, para el Tribunal, las diferencias en el incremento salarial de los
años 2008 y 2009 respondían a criterios razonables previstos en la normativa, tales
como la formación académica, la experiencia y la ubicación en el escalafón docente;
sin embargo, no tuvo en cuenta los principios de igualdad y progresividad que
regulan los aspectos salariales.

12. Por otra parte, indicó que la decisión cuestionada incurrió en defecto fáctico,
porque pasó por alto que, al interior del expediente de nulidad y restablecimiento
del derecho, no se aportó prueba alguna que demostrara la existencia de motivos
válidos que justificaran la decisión de la administración de otorgar distintos
porcentajes de incremento salarial a los docentes ubicados en los escalafones 2A y
2B.

13. Finalmente, puso en conocimiento que, en sentencia del 25 de marzo de 2025,
el Juzgado Veintitrés Administrativo Oral de Medellín accedió a las pretensiones de
una demanda de iguales fundamentos fácticos y jurídicos, postura reiterada por el
Juzgado Veintiocho Administrativo de Medellín.

2
Se transcribe incluso con errores de texto.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00841-01 (8152)
Accionante: Ana Alicia Murillo Hurtado
Accionado: Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Risaralda

2.3. Trámite Procesal

14. El despacho ponente de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, mediante auto del 10 de febrero de 20263, admitió la solicitud de amparo;
ordenó la notificación al Tribunal Administrativo de Risaralda, en su condición de
autoridad accionada; y puso en conocimiento el escrito de tutela a la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, a la Secretaría de Educación del municipio de
Pereira y al Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pereira, en
su condición de terceros con interés.

2.4. Intervenciones

15. El municipio de Pereira4 manifestó que la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda se expidió en ejercicio de la función jurisdiccional y con
observancia de las garantías del debido proceso, el acceso a la administración de
justicia y el derecho de defensa, toda vez que se encontraba debidamente motivada,
pues examinó los aspectos fácticos y jurídicos relevantes y expuso las razones que
sustentaron la decisión adoptada. En consecuencia, solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela.

16. La Secretaría de Educación del municipio de Pereira5 señaló que la controversia
obedecía a unas inconformidades de la accionante con la interpretación normativa
y la valoración probatoria efectuadas por los jueces naturales dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho. Indicó que la tutela no constituía una
instancia adicional para reabrir debates ya resueltos y que las decisiones
cuestionadas fueron proferidas con observancia del debido proceso, sin que se
configuraran los defectos alegados, motivo por el cual debía declararse la
improcedencia.

17. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira6 advirtió que la
accionante pretendía convertir la acción de tutela en una instancia adicional, con el
fin de obtener un nuevo examen fáctico y jurídico del asunto, pese a que este ya
había sido resuelto por el juez natural. Precisó que los argumentos expuestos
carecían de relevancia constitucional y que no se acreditó la existencia de un
defecto fáctico en la decisión cuestionada. En consecuencia, concluyó que no se
configuraba vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados y, por
tanto, debía declararse la improcedencia del amparo.

18. El Ministerio de Educación Nacional7 menciono que la acción de tutela contra
providencias judiciales es de naturaleza excepcional, residual y subsidiaria, razón
por la cual su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento estricto de los

3
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00841-00, índice 5.
4
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00841-00, índice 11, certificado FABA2EA02B24BD35
4C11E6CCAE1AD357 62D7738186F42A3E 40FFA1CA4B71588E.
5
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00841-00, índice 12, certificado ACEB5A70D37D3062
452CD84B42EB0337 04C46105DCA4AE08 8F198E58264F2347.
6
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00841-00, índice 13, certificado 096EB63B4C10F449
3A7F2F85852CD321 3D73BEDC80CC438E 99B6391E34CDB629.
7
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00841-00, índice 14, certificado 00663DBEEF1E520D
C36522AE3BDA4514 162B32E80617F950 7B2A7744A376372C.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00841-01 (8152)
Accionante: Ana Alicia Murillo Hurtado
Accionado: Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Risaralda

requisitos generales y específicos definidos por la jurisprudencia constitucional.
Afirmó que dichos presupuestos no se acreditaban en el caso concreto, toda vez
que la parte accionante buscaba reabrir un debate ya resuelto por el juez natural y,
con ello, sustituir indebidamente la autonomía e independencia judicial del Tribunal.

19. Aunado a lo anterior, expuso que la inconformidad de la tutelante se
circunscribía a cuestionar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, sin que existiera actuación u omisión atribuible a esa entidad que pudiera
constituir una vulneración de sus derechos fundamentales. En consecuencia,
solicitó que se declarara la improcedencia y se dispusiera su desvinculación del
trámite.

20. Los demás vinculados guardaron silencio.

2.5. Sentencia de tutela de primera instancia

21. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 20 de marzo de 20268, declaró improcedente la solicitud de amparo
por carecer de relevancia constitucional. Para fundamentar su decisión, destacó los
argumentos de las providencias cuestionadas y afirmó que la tutelante pretendía
emplear este mecanismo excepcional como una instancia adicional al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el propósito de abrir
nuevamente el debate jurídico y probatorio y, de esta manera, obtener una decisión
favorable.

2.6. Impugnación

22. La parte actora presentó impugnación9 contra la sentencia del 20 de marzo de
2026. En su escrito señaló que la decisión cuestionada omitió realizar un análisis
riguroso de los hechos acreditados en el expediente, en relación con la
configuración de los defectos sustantivo y fáctico en los que incurrió el fallo del 21
de agosto de 2025.

23. Refirió que el asunto reviste relevancia constitucional, en tanto compromete la
presunta afectación de derechos laborales fundamentales derivada de la distorsión
de la base salarial de la accionante, con incidencia directa en su remuneración y
estabilidad económica. En ese sentido, la controversia trasciende el ámbito
meramente legal, pues involucra la garantía del derecho al trabajo en condiciones
dignas y justas, así como a una remuneración acorde con la labor desempeñada, lo
que justifica el análisis del juez constitucional.

24. Expuso que la tutela no se promovió como una instancia adicional para
controvertir la decisión adoptada por la jurisdicción contencioso-administrativa.
Precisó que su finalidad se limitaba a obtener la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de
justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad, los cuales estimó
vulnerados por la providencia cuestionada.

8
Samai. exp. núm. 11001-03-15-000-2026-00841-00, índice 18.
9
Samai. exp. núm. 11001-03-15-000-2026-00841-00, índice 22.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00841-01 (8152)
Accionante: Ana Alicia Murillo Hurtado
Accionado: Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Risaralda

25. Destacó que, en el caso concreto, la evidencia salarial demuestra que, durante
el año 2009, la categoría 2A del escalafón docente recibió un incremento del 15,61
%, mientras que la categoría 2B obtuvo apenas un 7,67 %.

26. Añadió que la providencia judicial impugnada, al negar el reconocimiento de
esta inequidad, perpetuó una desigualdad incompatible con los artículos 13 de la
Constitución, 21 del Decreto-Ley 1278 de 2002 y la Ley 4 de 1992. Esa circunstancia
afecta el derecho a la igualdad, por lo que resulta evidente que la providencia
cuestionada incurrió en una vía de hecho.

27. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se revocara el fallo impugnado y, en
su lugar, se accediera a las pretensiones de la tutela.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

28. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 20 de
marzo de 2026, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado.

3.2. Legitimación en la causa de las partes

29. La legitimación en la causa por activa de la señora Ana Alicia Murillo Hurtado
está acreditada, porque fue la demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que fue expedida la sentencia que, a su juicio,
desconoció sus derechos fundamentales.

30. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Sala Cuarta
de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, debido a que fue la autoridad
que profirió la providencia, objeto de estudio.

31. Por otro lado, se advierte que el Ministerio de Educación Nacional solicitó su
desvinculación, al considerar que la acción de tutela se dirigía contra una
providencia judicial, motivo por el cual no estaba llamado a responder por la
presunta vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.

32. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de tercero, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda vez
que dicha entidad actuó como parte demandada dentro del proceso ordinario en el
que se expidió la providencia objeto de reparos y, en consecuencia, la decisión que
resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por los motivos expuestos, se negará
la solicitud presentada.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00841-01 (8152)
Accionante: Ana Alicia Murillo Hurtado
Accionado: Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Risaralda

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

33. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado10 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional11.

34.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y
que afecte un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

35. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso
de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales12 y, por lo
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras
palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan
la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

36. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución13.

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

37. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional14
ha sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa y con claridad, sobre las razones por las cuales el

10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
11
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
13
Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00841-01 (8152)
Accionante: Ana Alicia Murillo Hurtado
Accionado: Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Risaralda

asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia15.

38. Contrario a lo que determinó la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado en la sentencia impugnada, esta Sala considera que la cuestión debatida
reviste relevancia constitucional, toda vez que, de encontrarse configurados en el
fallo del 21 de agosto de 2025 los defectos alegados en el escrito de tutela, quedaría
acreditado en el proceso ordinario que la señora Ana Lucía Murillo Hurtado tenía
derecho al reconocimiento y pago de la diferencia salarial derivada de los
incrementos aplicados de manera desigual a los docentes regidos por el Decreto-
Ley 1278 de 2002, específicamente entre los niveles 2A y 2B de un grado inferior
en el escalafón.

39. En ese escenario, la decisión de la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda, que confirmó la sentencia de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda, comprometería y afectaría los derechos
fundamentales para cuyo amparo se acudió a esta acción constitucional.

40. La presente acción también supera el requisito de subsidiariedad, dado que la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios ni extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.

41. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia proferida el 21 de agosto de 2025 por la Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Risaralda fue notificada el 25 de agosto siguiente y quedó
ejecutoriada el 26 de septiembre de dicha anualidad. Ahora bien, la demanda de
tutela se presentó el 5 de febrero de 2026, esto es, dentro del plazo de seis (6)
meses previsto por la jurisprudencia constitucional y por el Consejo de Estado como
razonable.

42. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
expuso con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera planteado la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido
contra la decisión que puso fin a la actuación judicial.

43. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

15
Ibidem
La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito de
relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico» lo que implica revisar
«que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental» ; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo
que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia
versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y iii) que
la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la
providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

8

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00841-01 (8152)
Accionante: Ana Alicia Murillo Hurtado
Accionado: Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Risaralda

44. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos sustantivo y fáctico y, en
ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte
actora.

3.4. Problema jurídico

45. Corresponde a la Sala determinar si ¿la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda vulneró los derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y
al principio de favorabilidad de la tutelante?

46. En particular, deberá establecer si ¿la autoridad accionada incurrió en los
defectos sustantivo y fáctico al proferir la sentencia del 21 de agosto de 2025 que
confirmó el fallo que negó las pretensiones de la demanda promovida por la
accionante contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional y el municipio de
Pereira, relacionadas con el ajuste de la diferencia salarial entre su escalafón 2A
con respecto al grado 2B?

47. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados;
y ii) el caso concreto.

3.4.1. El defecto sustantivo

48. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado16.

49. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.

50. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de

16
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00841-01 (8152)
Accionante: Ana Alicia Murillo Hurtado
Accionado: Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Risaralda

los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para
determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar
el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones
de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los
contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación
[…]17.

51. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.

52. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).18

3.4.2. El defecto fáctico

53. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»19. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión20» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.

54. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa
una valoración por “completo equivocada”»21. Por su parte, la dimensión negativa
se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran
los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución
del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes
que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en
aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»22.

55. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida valoración
probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de

17
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
18
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
19
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
20
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
21
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
22
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00841-01 (8152)
Accionante: Ana Alicia Murillo Hurtado
Accionado: Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Risaralda

incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones
en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez
de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso23.

56. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial24, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»25.

57. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas
en cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]

51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]26.

3.5. Caso concreto

58. En el asunto bajo estudio, la señora Ana Lucía Murillo Hurtado presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional y el municipio de
Pereira, con el fin de que se dejaran sin efecto los oficios sin número del 28 de
febrero de 2024 y núm. 20240304-8664-l del 4 de marzo de 2024 y, en
consecuencia, se ordenara pagar la diferencia salarial existente entre el grado que
ocupa como educadora ubicada en el nivel 2B, respecto del 2A del escalafón
nacional docente.

23
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
24
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
25
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.
26
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.

11

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00841-01 (8152)
Accionante: Ana Alicia Murillo Hurtado
Accionado: Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Risaralda

59. El Juzgado Séptimo Administrativo de Pereira, mediante sentencia del 19 de
diciembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda. Apelada dicha decisión,
la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda profirió fallo el
21 de agosto de 2025, en el que confirmó la providencia del juez de primera
instancia.

60. Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela que la
autoridad judicial accionada, al dictar el fallo del 21 de agosto de 2025, incurrió en
defecto sustantivo, por cuanto no realizó una interpretación adecuada de los
postulados normativos que regulan el régimen salarial de los docentes,
apartándose de los lineamientos constitucionales y legales que rigen la materia,
especialmente de los principios de igualdad y progresividad.

61. Manifestó que la autoridad accionada desconoció el alcance del artículo 13 de
la Constitución Política, de la Ley 4 de 1992 y del Decreto-Ley 1278 de 2002, al
otorgar un trato desigual en los incrementos salariales de los docentes ubicados en
los niveles 2A y 2B, realizados en los años 2008 y 2009, sin tener en cuenta que la
diferencia carecía de fundamento objetivo, lo cual produjo una afectación
permanente en la base salarial de los docentes de la categoría 2B.

62. Asimismo, indicó que la decisión cuestionada contenía un defecto fáctico,
porque pasó por alto que, al interior del expediente de nulidad y restablecimiento
del derecho, no se aportó prueba alguna que demostrara la existencia de motivos
válidos que justificaran la decisión de la administración de otorgar distintos
porcentajes de incremento salarial a los docentes ubicados en los niveles 2A y 2B.

63. De este modo, el Tribunal Administrativo de Risaralda, en atención a la
pretensión de la demandante, debió fundamentar la decisión en los argumentos
desarrollados y acogidos de forma unánime por la corporación en la sentencia del
24 de julio de 2025, expediente núm. 6001-33-33-002-2024-00213-02.

64. Precisó que, en dicha oportunidad, el Tribunal efectuó un análisis del asunto a
partir del contenido del Decreto-Ley 1278 de 2002, en el cual se establece el
Estatuto de Profesionalización Docente, que regula aspectos como el acceso, la
permanencia, los nombramientos y los ascensos dentro de la carrera docente
oficial.

65. Además concluyó que el decreto plantea una estructura del escalafón docente
con base en tres grados, cada uno compuesto por cuatro niveles salariales (A, B,
C y D), que dependen de la formación académica del educador. De este modo, el
ingreso a la carrera y la ubicación dentro del escalafón se hacen conforme al título
académico, y los ascensos o reubicaciones requieren una evaluación de
competencias, el cumplimiento de requisitos y un tiempo mínimo de permanencia o
experiencia.

66. En este sentido, aclaró que los decretos anuales expedidos por el Gobierno
Nacional para establecer la remuneración de los educadores tienen en cuenta
aspectos objetivos y razonables como el título, el grado en el escalafón, el nivel
salarial y si cuentan con especialización, maestría o doctorado.

12

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00841-01 (8152)
Accionante: Ana Alicia Murillo Hurtado
Accionado: Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Risaralda

67. Agregó que en la sentencia del 24 de julio de 2025 también se revisó el
contenido del Decreto 634 de 2007 y del Decreto 624 de 2008, modificado por el
Decreto 714 de 2008, con el fin de comparar los incrementos salariales asignados
a los docentes ubicados en los niveles 2B y 2A en los años 2008 y 2009, lo cual
permitió concluir que «en ambos períodos el incremento salarial se hizo por encima
del IPC del correspondiente año y, además, para el año 2009, al menos en lo que
respecta a los grados utilizados para el ejercicio, sí se presentó una diferenciación
en el porcentaje de los salarios. Con todo, será el análisis jurídico probatorio que
se haga del caso particular el que determinará si tal diferenciación configura los
vicios de nulidad de los actos acusados que alega la parte demandante».

68. Adicionalmente, la autoridad accionada efectuó un estudio de los alcances del
incremento salarial de los empleados públicos, a partir del contenido de la sentencia
C-1433 de 2000 de la Corte Constitucional y de las providencias expedidas por el
Consejo de Estado el 28 de junio de 2012, bajo el radicado núm. 05001-23-31-000-
2001-02260-01 (0584-10), y el 15 de septiembre de 2016, con el radicado núm.
76001-23-31-000-2005-04234-01 (1204-12), lo cual permitió concluir lo siguiente:

[s]e establece que todos los empleados públicos tienen un derecho general a que su
salario sea incrementado anualmente, con el fin de preservar su poder adquisitivo ante
la inflación. Este derecho se fundamenta en el artículo 53 de la constitución, que
garantiza un salario mínimo vital y móvil. Sin embargo, la Corte Constitucional ha
sostenido de manera reiterada que ningún derecho es absoluto y que, en determinadas
circunstancias y cumpliendo con criterios específicos, puede haber limitaciones. Así
ocurre con esta prerrogativa, esto es, el derecho de mantener el poder adquisitivo,
puesto que, como no podría hablarse de iguales ante los efectos del fenómeno
inflacionario, es aceptable que algunos puedan recibir un incremento salarial mayor
que otros; y para determinar el criterio de diferenciación, la Corte Constitucional señaló
que un ingreso medio o justo medio constituye un criterio aceptable para diferenciar
qué empleados gozan de esa protección reforzada del derecho en mención. Se
recuerda, este justo medio ha sido establecido y aceptado en dos (2) salarios mínimos,
de modo que quienes devenguen una suma superior a ello, podrán ser objeto de
limitación del derecho, siempre que se cumplan con otros parámetros de justificación
y razonabilidad; mientras que, si el empleado devenga una suma inferior se convierte
en sujeto de protección reforzada, y por ende el incremento de su salario no podrá ser
inferior al IPC del año inmediatamente anterior, con el objeto de mantener su poder
adquisitivo de forma real.

69. En efecto, para la accionada, el incremento salarial de los empleados públicos,
conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, debe realizarse anualmente
para preservar su poder adquisitivo frente a la inflación, pues, en la medida en que
los efectos de esta no impactan de manera uniforme a todos los trabajadores,
resulta constitucionalmente admisible que algunos reciban incrementos superiores
a los de otros. Para determinar el criterio de diferenciación, la Corte ha establecido
que el ingreso medio o «justo medio» constituye un parámetro válido para identificar
a los empleados que deben recibir una protección reforzada en materia de
actualización salarial.

13

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00841-01 (8152)
Accionante: Ana Alicia Murillo Hurtado
Accionado: Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Risaralda

70. En ese contexto, el Tribunal señaló que la aplicación del principio de igualdad,
con fundamento en el artículo 13 de la Constitución Política y en la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, en materia salarial y prestacional, impone establecer si
las diferencias alegadas se encuentran justificadas en parámetros de razonabilidad
y proporcionalidad. Al respecto, puntualizó lo siguiente:

[…] de acuerdo con este constructo epistémico-metodológico en los dos niveles
señalados, resulta posible determinar si existe realmente una diferencia de trato entre
personas o situaciones perfectamente análogas y, en caso afirmativo, si dicho trato
desigual se encuentra justificado, en cuyo caso la norma ―junto con la medida que
ella establece― se justifica por ser compatible tal criterio de diferenciación con los
postulados constitucionales; o en caso contrario, debe ser reprochada tal
diferenciación y, por ende, la medida descartada y la norma que la contiene retirada
del ordenamiento jurídico (en un examen de constitucionalidad abstracto y
concentrado) o inaplicada (en un control concreto y difuso de constitucionalidad);
aspecto que será abordado más adelante, en el acápite correspondiente al análisis
del caso que convoca.

71. A partir de este marco normativo y jurisprudencial, el Tribunal Administrativo de
Risaralda advirtió que toda decisión judicial debe estar soportada en las pruebas
regular y oportunamente allegadas al proceso. Por ello, no basta con señalar los
hechos e invocar las normas; se requiere demostrar los supuestos y desvirtuar
incluso las pruebas aportadas por la contraparte, actividad que se surte mediante
los medios legales de prueba.

72. Frente al caso particular de la accionante, la autoridad judicial concluyó que no
acreditó las causales de nulidad sustancial alegadas en relación con los aumentos
salariales de los docentes ubicados en diferente grado de escalafón y nivel salarial,
para los años 2008, 2009 y 2011, toda vez que no existía un imperativo normativo
o jurisprudencial que obligara a decretar incrementos iguales.

73. En este orden de ideas, se observa que la sentencia del 21 de agosto de 2025,
proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda,
efectuó un análisis razonable y adecuado de la normativa, de la jurisprudencia
aplicable al asunto y de los documentos aportados al proceso, lo que permitió
concluir que la diferencia salarial existente entre los docentes ubicados en los
niveles 2A y 2B del escalafón nacional docente se justificaba en criterios objetivos
definidos por el legislador (Decreto-Ley 1278 de 2002), relacionados con la
capacitación y el nivel educativo del docente.

74. En efecto, se advierte que el Tribunal examinó el contenido del Decreto-Ley
1278 de 2002 en conjunto con los decretos salariales 624 y 718 de 2008 y 702 y
1238 de 2009, para verificar la trazabilidad con la que el Gobierno Nacional fijó los
incrementos salariales durante dichas anualidades para los grados 2A y 2B, así
como las condiciones que llevaron a definir los valores respectivos.

75. El estudio normativo y jurisprudencial desarrollado por la autoridad accionada
permitió constatar que la diferencia salarial establecida para los docentes en los
grados 2A y 2B, además de tener una justificación válida, tampoco resultaba
contraria al principio de progresividad y no regresividad en materia salarial, dado

14

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00841-01 (8152)
Accionante: Ana Alicia Murillo Hurtado
Accionado: Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Risaralda

que no se demostró una desmejora económica para los educadores ubicados en el
grado 2B.

76. Cabe aclarar que el porcentaje que la tutelante aduce fue reconocido para los
docentes ubicados en el grado 2B en los años 2008 y 2009, no fue inferior al IPC
certificado por el DANE 27 para esas anualidades, razón por la cual no puede
advertirse que el valor otorgado represente un acto inequitativo o regresivo frente a
sus derechos salariales.

77. Dicho esto, para la Sala no resulta posible inferir la configuración de un defecto
sustantivo ni fáctico, como lo plantea la parte tutelante, pues las razones y motivos
que dieron origen a la fijación diferenciada del salario entre los grados 2B y 2A
encuentran fundamento en lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto-Ley 1278 de
2002, el cual faculta al Ejecutivo para definir los salarios y prestaciones de los
educadores en los siguientes términos:

El Gobierno Nacional, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, establecerá la escala única
nacional de salarios y el régimen prestacional para los docentes escalafonados, de
acuerdo con el grado y nivel que acrediten en el Escalafón Docente de conformidad
con el presente decreto; y según el título que acrediten, para los docentes nombrados
en provisionalidad o en período de prueba; lo mismo que las remuneraciones
adicionales para los directivos docentes, de acuerdo con los niveles educativos y el
tamaño de la institución educativa que dirijan.

78. Así las cosas, la sentencia de la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda no realizó una interpretación sesgada de la normativa
aplicable ni de los criterios jurisprudenciales que rigen el caso sometido a estudio;
por el contrario, lo que se evidencia es que los argumentos desarrollados en la
providencia objeto de tutela se ajustan a las pautas establecidas por el legislador
sobre la forma de definir los incrementos salariales de los docentes.

79. Adicionalmente, el análisis probatorio efectuado en la sentencia objeto de
tutela, lejos de mostrar una situación indebida por acción u omisión, revela que fue
estricto, objetivo y acorde con el contenido de los documentos aportados a la
actuación judicial. Por ello, no resulta posible concluir que la decisión objeto de
tutela fuera contraria a derecho. Distinto es que el Tribunal no le haya otorgado el
valor probatorio que la tutelante pretendía atribuir a los medios de prueba allegados
al proceso.

80. Sobre el punto, la Corte Constitucional ha precisado que: «las diferencias en la
apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues precisamente la
práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las
que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se presume
de buena fe y puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por
el que le resulte convincente»28.

27
El IPC (Índice de Precios al Consumidor) de Colombia para el año 2008 tuvo una variación anual del 7.67%. y en el año
2009 del 2.0.
28
Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.

15

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00841-01 (8152)
Accionante: Ana Alicia Murillo Hurtado
Accionado: Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Risaralda

81. Por lo expuesto, la Sala considera que la autoridad accionada, en ejercicio de
los principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, realizó una
interpretación coherente y razonable de las normas y de los criterios
jurisprudenciales aplicables al caso concreto, así como de las pruebas obrantes en
el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho. Por estas razones, si bien
la providencia objeto de tutela no resultó favorable a la tutelante, ello no implica que
se hayan desconocido sus garantías constitucionales.

82. De esta manera, no es de recibo que la parte actora pretenda hacer uso de la
acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir
el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el único propósito de obtener un pronunciamiento
que se acomode a sus intereses y pretensiones.

83. Finalmente, es preciso señalar que las decisiones emitidas por los Juzgados
Veintitrés Administrativo Oral de Medellín y Veintiocho Administrativo de Medellín
no constituyen precedente vertical ni horizontal obligatorio para el Tribunal
Administrativo de Risaralda, motivo por el cual no representan un criterio que deba
ser acogido por la autoridad accionada.

4. Conclusión

84. El Tribunal Administrativo de Risaralda no incurrió en los defectos alegados por
la accionante. En consecuencia, la Sala modificará la sentencia del 20 de marzo de
2026, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera de esta corporación, que
declaró improcedentes las pretensiones de la accionante y, en su lugar, negará la
solicitud de amparo.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley

Falla:

Primero: Modificar la sentencia del 20 de marzo de 2026 emitida por la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta
providencia. En su lugar, quedará así:

Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por el Ministerio de
Educación Nacional, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
sentencia.

Segundo: Negar la tutela interpuesta por la señora Ana Alicia Murillo Hurtado
contra la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, por
las razones consignadas en esta sentencia.

16

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00841-01 (8152)
Accionante: Ana Alicia Murillo Hurtado
Accionado: Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Risaralda

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx

17

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.