Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00845-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00845-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00845-00
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
19 de marzo de 2026
Demandante: Harold Fernando Urrea Amaya
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00845-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00845-00
Demandante: HAROLD FERNANDO URREA AMAYA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
B
Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de inmediatez.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio de
la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución y de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor Harold Enrique Urrea Amaya, por intermedio de apoderada judicial,
presentó solicitud de tutela1 contra el Consejo de Estado, Sección Segunda
Subsección B con el propósito de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
igualdad, al trabajo y al mínimo vital con ocasión de la sentencia de 30 de abril de
2020, que negó las pretensiones de la demanda del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 73001-23-33-000-2017-00405-00/01.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, el actor solicitó:
PRIMERA.
Tutelar el derecho a la igualdad y, en consecuencia, REVOCAR la sentencia de 30
de abril de 2020 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado
(Subsección B) dentro del radicado 730012333000201700405 01. (4535-2018), y
ordenar que se aplique a mi prohijado el mismo tratamiento reconocido a sus
compañeros en el fallo de segunda instancia del 31 de julio de 2025 (rad. 73001-23-
33-000-2017-00404-01), con efectos retrospectivos respecto de derechos
laborales como diferencias de salarios, prestaciones sociales y cotizaciones a
seguridad social.
1 El 5 de febrero de 2026.
1
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Demandante: Harold Fernando Urrea Amaya
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
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1. Ordenar al Consejo de Estado analizar de fondo las irregularidades para 2012-
2013, declarando nulidad en su lugar se les orden inaplicar los Decretos 1420 de 2011,
1380 de 2012, por violación directa a lo establecido en el artículo primero de la Ley 617
de 2000 restableciendo derechos salariales/prestacionales indexados.
1. En consecuencia, de lo anterior, ordenar al Departamento del Tolima el pago
inmediato de diferencias (8 SMLMV/mes 2012; 7 SMLMV/mes 2013 y 7 SMLMV/mes
vigencia 2014) más prestaciones, pago de las diferencias de seguridad social e
indexación de los anteriores factores2.
1.3. Hechos
En el escrito de la tutela el accionante mencionó los siguientes supuestos fácticos:
El tutelante fue elegido diputado del departamento del Tolima para el periodo
2012-2015. Su remuneración dependía directamente de la categorización
presupuestal del departamento conforme al artículo 28 de la Ley 617 de 2000.
Indicó que la gobernación del Tolima expidió los siguientes decretos de
categorización del departamento: 1420 de 2011 (para la vigencia 2012), 1380 de
2012 (para la vigencia 2013) y 3035 de 2013 (para la vigencia 2014), los cuales
calificaron al departamento del Tolima de tercera categoría, lo que a su juicio
resultó ser inferior a lo que correspondía. Por lo tanto, solicitó a ese departamento
el reconocimiento de las diferencias salariales y prestacionales desde los años
2012 a 2014, producto del reajuste salarial que debió efectuarse con la adecuada
recategorización de la entidad territorial, las cuales le fueron negadas mediante
oficio 0583 del 17 de marzo de 2017, toda vez que no existía decisión judicial que
declarara la nulidad de los actos administrativos que fijaron la categoría en las
citadas vigencias.
Contra el anterior acto el tutelante (y otros) presentaron demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, la cual correspondió al Tribunal Administrativo del
Tolima bajo el radicado 73001-23-33-000-2017-00405-00/01, que en sentencia del
14 de junio de 2018 negó las pretensiones de la demanda con fundamento en que,
conforme lo establece el artículo 4 de la Ley 617 de 2000, para que un
departamento pueda ser clasificado en primera y segunda categoría se requiere
que durante cada vigencia fiscal los gastos de funcionamiento no superen, como
proporción de sus ingresos corrientes de libre destinación el 55% y 60%,
respectivamente, y comoquiera que los gastos del departamento del Tolima
ascendieron al 62% para las vigencias fiscal de los años 2012 a 2013, no era
posible acceder a las pretensiones de los demandantes.
El accionante impugnó el anterior fallo en atención a que el a quo pasó por alto
que la categorización del departamento del Tolima no correspondía a lo
determinado por la Ley 617 de 2000. Además, indicó que se malinterpretó la norma
que categorizó de manera inadecuada a ese departamento, lo cual conllevó a que
no le fueran reliquidadas las sesiones de los demandantes, así como el resto de
los factores salariales.
En segunda instancia la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado
2 Trascripción literal del original con posibles errores.
2
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en fallo del 30 de abril de 2020 confirmó la decisión proferida por el a quo, toda
vez que de las pruebas allegadas se logró evidenciar que los salarios y
prestaciones que devengaron los demandantes se encuadran dentro de los límites
máximos señalados en el artículo 28 de la Ley 617 de 2000, pues al no ubicarse
el departamento del Tolima en una categoría superior a la tercera, no era posible
reconocer la diferencia salarial pretendida.
Por otra parte, el tutelante mencionó que el 19 de abril de 2021 la Sección Primera
del Consejo de Estado profirió sentencia dentro del medio de control de simple
nulidad3 en la que anuló el Decreto 3035 de 2013 (mediante el cual se categorizó
al departamento del Tolima para la vigencia 2014) y declaró que ese departamento
debió clasificarse de segunda categoría y no de tercera.
Así mismo, hizo hincapié en la sentencia del 9 de septiembre de 2021 proferida
por el Tribunal Administrativo del Tolima en el marco de una demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho4 mediante la cual ordenó la reliquidación salarial y
prestacional de los demandantes, quienes también fueron diputados del
departamento del Tolima los años 2012 a 2015.
Finalmente, señaló que en fallo de 31 de julio de 2025 la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado revocó parcialmente la anterior decisión pues
consideró que al departamento del Tolima le correspondía la tercera categoría. Sin
embargo, mantuvo lo decidido por el a quo respecto de la vigencia 2014 por la
inaplicación del Decreto 3035 de 2013 y que clasificó al departamento del Tolima
como de segunda categoría. En esa medida, confirmó el reconocimiento salarial y
prestacional a favor de los demandantes excompañeros de Duma del hoy
tutelante.
1.4. Sustento de la vulneración
El accionante manifestó que se configuró un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente y un defecto procedimental por “omisión de
análisis”. A su juicio las autoridades judiciales accionadas desconocieron sus
derechos fundamentales invocados por cuanto el departamento del Tolima para
las vigencias 2012, 2013 y 2014 de manera indebida se apartó de los lineamientos
de la Ley 617 del 2000. Lo anterior por cuanto la ley indica que para la
categorización de los municipios se deben tener en cuenta el número de
habitantes, los I.C.L.D (Ingresos Corrientes de Libre Destinación) para preclasificar
y luego se deben comparar los gastos de funcionamiento de acuerdo a la categoría
actual.
Asimismo, considera que existen 2 posturas en las que se analizaron casos
exactamente iguales al suyo así:
Postura 1 (Desfavorable): del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B en sentencia del 30 de abril de 2020 con radicado 73001-23-33-000-2017-
3 Consejo de Estado, Sección Primera, M.P. Oswaldo Giraldo López, dentro del proceso con
radicación 73001-23-33-000-2014-0020-01.
4 Con radicado 3001-23-33-001-2017-00404-00, demandantes Jairo Enrique Forero Carvajal, María
Stella Vásquez Baracaldo y José Asmidier Salinas Orjuela.
3
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00405-01.
Postura 2 (Favorable): del Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 19
de abril de 2021, proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00206-01.
En su sentir, la postura que debe primar es aquella que no solo respete la
secuencia lógica de la norma, sino que proteja los derechos laborales de los
servidores públicos (como los diputados).
Así mismo, consideró que la Corte Constitucional ha indicado que, en cuanto al
precedente horizontal, (respecto de derechos laborales), se debe acoger la
postura más favorable en virtud del principio de favorabilidad, el cual fue aplicado
por el Tribunal Administrativo del Tolima en el fallo del 9 de septiembre de 2021,
como quiera que optó por la interpretación más favorable del Consejo de Estado,
respecto a la Ley 617 de 2000 para la categorización de departamentos.
Alegó que en el caso bajo estudio se presentó un hecho sobreviniente,
particularmente las sentencias proferidas por el Consejo de Estado, las cuales
deben aplicarse a su caso por cuanto a sus compañeros de Duma sí les fueron
reconocidas las prestaciones, salarios y reliquidaciones, teniendo como base los
mismos presupuestos fácticos y jurídicos. Esto, a su juicio, vulnera también los
derechos pensionales ya que sus cotizaciones fueron por debajo de lo que les
correspondía durante esos periodos.
Justificó la vulneración al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
al considerar que las sentencias cuestionadas omitieron estudiar las vigencias
2012-2013, pese a tener identidad fáctica y jurídica con 2014. Lo anterior, en su
sentir, configura un defecto procedimental ya que el juez debe motivar
exhaustivamente sus sentencias y no limitarse a “revocar sin razonar”, pues de lo
contrario se vulnera el principio de congruencia.
Por otra parte, explicó que las sentencias atacadas transgredieron el derecho a la
igualdad ya que trataron desigualmente situaciones idénticas a pesar de haberse
anulado el decreto para la vigencia 2014 pero se ignoraron las vigencias de 2012
a 2013 sin justificación razonable.
Asimismo, mencionó que la anterior situación desconoce el precedente de la Sala
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado (Concepto 1664 de 2005) lo
que constituye un defecto sustantivo por inaplicación de la interpretación
autorizada del régimen prestacional. Señaló que posterior a la sentencia que
declaró la nulidad del decreto de categorización (vigencia 2014), los diputados
tienen derecho a remuneración superior, “con prescripción desde ejecutoria de la
sentencia, no desde el acto nulo”.
Señaló que tanto el Bloque de Constitucionalidad como la Sentencia C-038/2004
refuerzan que, ante la duda en la interpretación de normas que afecten derechos
laborales (en este caso, la escala salarial derivada de la categoría), debe aplicarse
el principio in dubio pro-operario. Para este caso: Si la interpretación "A" castiga
doblemente al departamento (y por ende al salario del servidor) y la interpretación
"B" permite una transición lógica que protege el nivel salarial dentro de los rangos
4
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legales, para el juez resulta forzoso optar por la opción más favorable.
Concluyó que se cumple con el requisito de inmediatez, el cual no debe medirse
de manera rígida, sino proporcional a las circunstancias, especialmente cuando la
vulneración es continua y afecta derechos laborales irrenunciables. Consideró que
el lapso transcurrido desde el fallo de 2025 es razonable y se justifica por la
ocurrencia de hechos nuevos —la divergencia horizontal entre secciones del
Consejo de Estado— que alteran el panorama jurídico y rompen la cosa juzgada.
1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones
Mediante auto de 25 de febrero de 2026 se admitió la solicitud de tutela y se ordenó
notificar esta decisión a la parte actora y como demandados a los magistrados que
integran la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado. También se
ordenó notificar como terceros con interés en las resultas del proceso a los
magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima y al gobernador del
departamento del Tolima.
Remitidas las respectivas comunicaciones se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1. Tribunal Administrativo del Tolima
El juez de primera instancia dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, luego de realizar un recuento de las actuaciones
llevadas a cabo dentro del mismo, indicó que la tutela no es procedente por cuanto
no supera el estudio de los requisitos generales de procedencia de la tutela ni se
acreditó la existencia de los requisitos especiales de procedibilidad establecidos
por la Corte Constitucional. Particularmente, indicó que no se cumple con el
requisito de inmediatez por cuanto transcurrieron aproximadamente 69 meses
desde que se profirió la sentencia que puso fin al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho ahora cuestionada.
Por otra parte, mencionó que por medio de la tutela no es posible cuestionar la
legalidad de la sentencia de 30 de abril de 2020 pues no se advierte una ruptura
abierta y grosera del ordenamiento jurídico ya que la fundamentación de la
providencia no es producto del capricho de las autoridades judiciales que las
dictaron, el cual no se manifiesta solo porque el interesado no comparta los
argumentos de las decisiones.
1.5.2. Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado
Esta autoridad remitió las actuaciones surtidas dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 73001-23-33-000-2017-
00405-00/01.
5
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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala analizar si el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B incurrió en alguna irregularidad que atente contra los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
igualdad, al trabajo y al mínimo vital del accionante, en el marco del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 73001-23-33-000-
2017-00405-00/01.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad;
y finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20125, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:
(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-
10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional,
cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales,
de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta
providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.
Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
5 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
6
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como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a
que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto – procedencia adjetiva.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de
la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.3.1. Requisito de inmediatez
En lo referente a este requisito cabe señalar que este presupuesto exige que la
tutela se presente tan pronto se produce el hecho, acto u omisión al que se le
atribuye la vulneración de los derechos fundamentales, o por lo menos dentro de
un término prudencial y consecuencial a su ocurrencia.
Esto es así, debido a que la presente acción fue estatuida por el constituyente con
el objeto de proveer una protección inmediata de los derechos fundamentales
conculcados, lo que supone que el amparo sea rápido, urgente, actual y eficaz.6
Para esta Sección, el plazo prudencial para acudir a este mecanismo constitucional
es el de 6 meses desde la ocurrencia del hecho generador –el cual se calcula
desde el día hábil siguiente a la ejecutoria de la última providencia judicial
cuestionada– que da lugar a la solicitud de protección y la presentación de la
misma y cuando este es excesivo se declara su improcedencia.
A pesar de lo anterior, en cada caso concreto se estudia si median razones
suficientes que justifiquen el retardo, para que se flexibilice su consideración y se
6 El artículo 86 de la Carta prevé que «toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos (...)».
7
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pueda entrar al fondo del debate jurídico planteado, tales circunstancias fueron
fijadas por la Corte Constitucional en sentencia T-256 de 2015, cuya tesis es
acogida por esta Sala como criterio auxiliar, en los siguientes términos:
(i) [E]xista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física,
entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos
de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv)
cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a
que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela,
la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa
y es actual.7
En el presente caso, el señor Harold Fernando Urrea Amaya considera que sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la igualdad, al trabajo y al mínimo vital fueron vulnerados en el marco del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió en contra
del departamento del Tolima bajo el radicado 73001-23-33-000-2017-00405-00/01.
Esto por cuanto consideró que existe una desigualdad entre lo decidido en su caso
y las sentencias proferidas de manera posterior por el Consejo de Estado en las
que el departamento del Tolima fue categorizado como de segunda categoría.
De la revisión de las actuaciones surtidas en el aludido proceso se constató que la
providencia que le puso fin a la litis se profirió el 30 de abril de 2020 por la Sección
Segunda del Consejo de Estado en la cual se confirmó la decisión del a quo que
negó las pretensiones de la demanda, la cual fue notificada el 4 de septiembre de
20208.
Entonces, el fallo cuestionado quedó ejecutoriado el 9 de septiembre de 2020, al
tenor del artículo 302 del Código General del Proceso9, mientras que el accionante
presentó la solicitud de tutela el 5 de febrero de 2026, es decir, transcurridos más
de 5 años, término que no se considera razonable para acudir al juez
constitucional, dado que el paso prolongado del tiempo permite deducir que se ha
disipado la gravedad de la lesión y la urgencia de la protección deprecada,
desvirtuándose así la inminencia de la afectación.
Ahora bien, el accionante hizo referencia a que el presupuesto de procedibilidad
bajo estudio se cumple, al considerar que el plazo para acudir a este mecanismo
se debía contabilizar desde la fecha en que se produjo un hecho nuevo o
sobreviniente, esto es, el fallo de 31 de julio de 2025 proferido por la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado. Sin embargo, no le asiste razón al
tutelante por las siguientes razones:
i) Como lo ha reconocido la Corte Constitucional, la regla general prescribe
que los cambios en el precedente judicial deben tener efectos generales,
inmediatos10 y a futuro y en caso de ser retrospectivos deben
reconocerse explícitamente en la providencia judicial, lo que no ocurrió
7 Ver sentencias T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010 y T-576 de 2010.
8 Índice 19 Samai.
9 «(…) Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después
de notificadas (...)».
10 Ver entre otras, sentencias SU-406 de 2016 y T-024 de 2024.
8
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con la sentencia que el tutelante considera como hecho nuevo, esto es,
el fallo del 31 de julio de 2025, por lo que no podía ser aplicado a su
caso, que fue fallado 5 años antes de esa fecha.
ii) Dicha providencia -la del 31 de julio de 2025- no cambió las
circunstancias particulares del accionante, en tanto al realizar un estudio
análogo al aquí analizado, clasificó al ente territorial en tercera categoría,
esto es, arribó a igual conclusión a la que llegó la sentencia del 30 de
abril de 2020.
iii) Si en gracia de discusión se admite que existió un hecho nuevo que
modificó la situación jurídica del accionante, esta Sala advierte que este
lo configuraría el fallo de 19 de abril de 2021 proferido por la Sección
Primera del Consejo de Estado dentro del medio de control de simple
nulidad que anuló el Decreto 3035 de 2013 y confirmó que el
departamento del Tolima debió clasificarse de segunda categoría, sin
embargo, tampoco en ese momento el accionante acudió al aparato
jurisdiccional para cuestionar lo que ahora plantea mediante este
mecanismo.
En conclusión, el punto de partida para calcular el término prudencial para ejercer
esta acción es el momento en que la última decisión judicial, a la cual se le reprocha
la presunta vulneración de los derechos fundamentales quedó ejecutoriada, pues
este es el instante en que existe total certeza de su contenido y efectos, lo cual en
el caso concreto sucedió hace más de 5 años, como se explicó anteriormente.
De modo que no existe una explicación válida para el ejercicio de esta acción por
fuera del tiempo proporcional y razonable señalado por la Corporación, aunado a
que no se evidencia alguna de las situaciones que la Corte Constitucional
estableció para que se flexibilice este presupuesto que, a su vez, admita el análisis
del presente caso desde una óptica diferente. En consecuencia, se declarará
improcedente la tutela de la referencia por no cumplir el requisito de la inmediatez.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor
Harold Fernando Urrea Amaya por no superar el requisito de inmediatez.
SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
9
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www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Harold Fernando Urrea Amaya
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00845-00
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
10
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