Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00866-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00866-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00866-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
26 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00866-00
Demandante: JAIME OSPINA GALINDO
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
B Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por no
cumplir el requisito de inmediatez
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena
de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo2
El señor Jaime Ospina Galindo, actuando a través de apoderado judicial 3, instauró
acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y el
Tribunal Administrativo del Tolima, en la que solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
igualdad, al trabajo y al mínimo vital.
La parte actora consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la providencia del 30 de abril de 2020 proferida por la Sección Segunda,
Subsección B, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
bajo radicado 73001-23-33-000-2017-00405-01, en la que confirmó la decisión de
primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima que había negado
las pretensiones de la demanda.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Acción de tutela radicada el 6 de febrero de 2026.
3 Índice 008 de Samai. El poder fue conferido a la abogada Paola Michele Perea Moreno, profesional
a la que se le reconoció personería adjetiva en providencia del 27 de febrero de 2026.
Demandante: Jaime Ospina Galindo
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00866-00
[…]
1. Tutelar el derecho a la igualdad y, en consecuencia, REVOCAR la sentencia de
30 de abril de 2020 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado
(Subsección B) dentro del radicado 730012333000201700405 01. (4535-2018),
y ordenar que se aplique a mi prohijado el mismo tratamiento reconocido a sus
compañeros en el fallo de segunda instancia del 31 de julio de 2025 (rad. 73001-
23-33-000-2017-00404-01), con efectos retrospectivos respecto de
derechos laborales como diferencias de salarios, prestaciones sociales y
cotizaciones a seguridad social.
2. Ordenar al Consejo de Estado analizar de fondo las irregularidades para 2012-
2013, declarando nulidad en su lugar se les orden inaplicar los Decretos 1420
de 2011, 1380 de 2012, por violación directa a lo establecido en el artículo
primero de la Ley 617 de 2000 restableciendo derechos
salariales/prestacionales indexados.
3. En consecuencia, de lo anterior, ordenar al Departamento del Tolima el pago
inmediato de diferencias (8 SMLMV/mes 2012; 7 SMLMV/mes 2013 y 7
SMLMV/mes vigencia 2014) más prestaciones, pago de las diferencias de
seguridad social e indexación de los anteriores factores4.
1.3. Hechos
La Sala destaca los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará:
El señor Jaime Ospina Galindo fue diputado en el departamento del Tolima durante
el periodo 2012-2015.
El gobernador del departamento del Tolima, en uso de sus facultades legales,
mediante los Decretos 1420 de 2011, 1380 de 2012 y 3035 de 2013 clasificó a dicho
ente territorial en tercera categoría para los años 2011, 2012 y 2013.
Tal circunstancia, hizo que durante dichas anualidades los diputados de la duma del
Tolima recibieran a título de remuneración el equivalente a 18 smlmv, cuando en
realidad, según el demandante, les correspondían 25 smlmv por cuanto la entidad
territorial cumplía los requisitos para ser considerado como de segunda categoría.
Con base en lo anterior, el señor Jaime Ospina Galindo promovió el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho para que se declarara nulo el oficio 0583
del 17 de marzo de 2017, mediante el cual se negó el pago de la diferencia
adeudada entre lo cancelado por concepto de salario y factores salariales con lo
realmente debido desde el año 2012 hasta el 2014, como consecuencia del reajuste
4 Transcripción literal que puede contener errores.
2
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Demandante: Jaime Ospina Galindo
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
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salarial que tuvo que efectuarse por la recategorización que le correspondía al
departamento del Tolima.
De esa manera, en el proceso contencioso solicitó que, se le reconociera y pagara
la respectiva diferencia entre lo pagado y lo adeudado para los años 2012 y 2014,
junto con el pago del retroactivo pensional, los intereses moratorios y se condenara
en costas al extremo pasivo.
En primera instancia, el proceso se asignó al Tribunal Administrativo del Tolima5,
con el radicado 73001-23-33-000-2017-00405-00. En sentencia del 14 de junio de
2018, esa Corporación negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas
a la parte demandante, luego de considerar que por disposición de la Ley 617 de
2000, para obtener la categorización en primera o segunda categoría se requiere
que durante cada vigencia fiscal los gastos de funcionamiento de la entidad no
superen, como proporción de sus ingresos corrientes de libre destinación el 55% y
60%, respectivamente. De esta manera, como los gastos reportados por el
departamento del Tolima fueron del 62% para los años 2012 y 2013, esa entidad
territorial debió clasificarse en la categoría anterior de conformidad con lo previsto
en el artículo 1° de la Ley 617 de 2000. Por ese motivo, no era procedente efectuar
pago de la diferencia solicitada.
Inconforme con la decisión anterior, el demandante interpuso recurso de apelación
que fue resuelto por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B 6, que
mediante sentencia del 30 de abril de 2020 confirmó la decisión del a quo, que negó
las pretensiones, pero revocó la condena en costas impuesta a la parte
demandante.
Para adoptar la primera determinación, señaló que, la categorización de los
departamentos se rige por la Ley 617 de 2000 la cual establece criterios basados
en la capacidad de gestión administrativa y fiscal, población e ingresos corrientes
de libre destinación (en adelante, ICLD). Conforme a lo anterior, si un departamento
supera los límites de gastos de funcionamiento establecidos, debe ser reclasificado
en la categoría inmediatamente inferior, independientemente de su población o
ingresos, pues así lo prevé el parágrafo 1° del artículo 1° de la Ley 617 de 2000.
En consecuencia, estudió de fondo el asunto y concluyó que, el departamento del
Tolima cumplía con los requisitos de población (ya que era superior a 700.001
habitantes) e ingresos para pertenecer a la primera categoría, pero no cumplía con
5 La providencia fue suscrita por los magistrados Ángel Ignacio Álvarez Silva, José Andrés Rojas
Villa y José Aleth Ruiz Castro.
6 La sentencia fue suscrita por los consejeros, Carmelo Perdomo Cueter, César Palomino Cortés y
Sandra Lisset Ibarra Vélez.
3
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el límite de gastos de funcionamiento. En efecto, tuvo por acreditado que ese tipo
de gastos fueron del 63,52% (para el 2011), 62,55% (para el 2012) y 66,42% (para
el 2013); es decir, estuvo por encima del límite del 55% para ser considerado de
primera categoría, y el 60% aplicable a segunda categoría. De esta manera, indicó
que el departamento del Tolima no podía clasificarse como de primera ni segunda
categoría, por lo que la asignación a la tercera categoría que hizo el gobernador
estuvo acorde con la Ley.
Finalmente, precisó que la categorización que se haga en una entidad territorial
impacta directamente en la remuneración de los servidores públicos, incluidos los
diputados; sin embargo, como la categoría asignada era la que correspondía,
concluyó que los ingresos percibidos por el accionante como diputado respetó el
límite máximo permitido por la Ley, esto es, de 18 smlmv por mes de sesión, motivo
por el cual, no existía diferencia salarial pendiente por cancelar al actor.
1.4. Fundamentos de la vulneración
El apoderado judicial del accionante inicialmente indicó que la vulneración de los
derechos fundamentales la habían causado tanto el Consejo de Estado como el
Tribunal Administrativo del Tolima. No obstante, al subsanar la demanda, dicho
profesional del derecho señaló, en concreto, que la autoridad a la que se le atribuye
la vulneración es la Sección Segunda, Subsección B, y la causa, es la sentencia
que profirió el 30 de abril de 2020. Bajo ese entendido, estimó que dicha providencia
judicial vulneró directamente la Constitución Política, en la medida que desconoció
el derecho a la igualdad, ya que a otros compañeros diputados -que demandaron
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo por los mismos «hechos, errores
de aplicación normativa, por mismo el periodo del cargo y por los mismos
perjuicios», obtuvieron el 31 de julio de 2025 de parte de la Sección Segunda de
esta Corporación sentencia favorable en el proceso bajo radicado 73001-23-33-000-
2017-00404-01 para todas las vigencias reclamadas (2012, 2013 y 2014).
Consideró que se le debe otorgar el mismo tratamiento que a sus compañeros de
duma, pues esa situación genera que sobre un mismo punto en controversia se
pueda adoptar una decisión negativa y otra positiva, lo que, en su entender, conlleva
a que se dé un trato desigual afectando las condiciones laborales y pensionales del
señor Ospina Galindo.
De esta manera, solicita que se aplique el referido fallo judicial con el fin de que se
reconozcan y paguen las diferencias salariales, prestacionales y cotizaciones a
seguridad social para la vigencia 2014, con efectos retrospectivos, es decir, desde
la sentencia del 31 de julio de 2025.
4
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1.5. Admisión de la tutela
Por medio de auto del 27 de enero de 2026 7, la Magistrada Ponente admitió la
acción de tutela, luego de evidenciar que la parte actora dio cumplimiento a lo pedido
en el auto del 10 de febrero de 20268, que inadmitió la demanda por falta de claridad
y precisión respecto de la autoridad judicial a la que se atribuía la vulneración, así
como los fundamentos de hecho y de derecho invocados en la acción constitucional.
Como consecuencia de lo anterior, ordenó notificar al accionante9, y como parte
accionada a los magistrados integrantes del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B10, y del Tribunal Administrativo del Tolima11.
Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el resultado
del proceso al departamento del Tolima12 [parte demandada en el proceso ordinario], y
al señor Harold Fernando Urea Amaya13 [parte integrante del extremo activo del proceso
ordinario].
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Departamento del Tolima14. Guardó silencio, pese a que fue debidamente
notificado de la presente acción.
1.6.2. Tribunal Administrativo del Tolima15
El despacho ponente de la sentencia cuestionada hizo un breve recuento de las
actuaciones surtidas en el trámite de primer y segundo grado y advirtió que, la
decisión adoptada en la instancia que le correspondió se profirió en el marco de la
autonomía judicial y sin haber incurrido en alguno de los defectos especiales de
7 Índice 010 de Samai.
8 Índice 013 de Samai.
9 Índice 013 de Samai. La notificación se efectuó a los correos: oficinaprocesojuridico@gmail.com,
y ineajuridica@outlook.com
10Índice 013 de Samai. La notificación se efectuó al buzón
ces2secr@consejoestado.ramajudicial.gov.co, notifjduque@consejodeestado.gov.co,
dperezc@consejodeestado.gov.co, notifjmoralest@consejodeestado.gov.co,
dgavirias@consejodeestado.gov.co, notiflmesa@consejodeestado.gov.co
11 Índice 013 de Samai. La notificación se envió al correo: stadtol@cendoj.ramajudicial.gov.co
12 Índice 013 de Samai. La notificación se envió al correo: notificaciones.judiciales@tolima.gov.co
13 Índice 024 de Samai. La notificación se envió al correo: urreaalaasamblea@gmail.com
14 Índice 013 de Samai.
15 Índice 019 de Samai.
5
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procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, desarrollados por
la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Solicitó se declare la improcedencia de la acción constitucional, porque la misma no
cumple con requisito de inmediatez ya que si bien aquella no tiene previsto un
término de caducidad, la jurisprudencia establece que debe acudirse en un plazo
prudencial que, en todo caso, no puede superar los 6 meses siguientes a la
notificación de la decisión, lo cual, no ocurrió.
Finalmente, indicó que, bajo el radicado 11001-03-15-000-2026-00845-00 se
interpuso otra acción de tutela contra la misma providencia pero en defensa de los
derechos del señor Harold Fernando Urrea Amaya, la otra persona que actúo como
demandante en el proceso ordinario.
1.6.3. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B16 y el señor
Harold Fernando Urrea Amaya17. Guardaron silencio, pese a que fueron
debidamente notificados de la presente acción.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por el señor Jaime Ospina Galindo contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591
de 1991 y 1069 de 2015, modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025,
y el Acuerdo 080 de 201918 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
actora, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas,
corresponde a la Sala resolver:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá:
16 Índice 013 de Samai.
17 Índice 024 de Samai.
18 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024
6
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• ¿El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B vulneró las
garantías invocadas por la parte actora con ocasión de la providencia
proferida el 30 de abril de 2020, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 73001-23-33-000-2017-00405-
00/01?
Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los siguientes
temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva, y; (iii) el caso concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201219
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema20 y declaró su
procedencia21.
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
20 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
21 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
7
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términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.3.1. Inmediatez
En relación con este requisito, la Sala advierte que en la presente solicitud de
amparo no se cumple, por las razones que a continuación se explican.
Al respecto, se ha insistido en que la acción de tutela debe ejercerse en un plazo
razonable22, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues de lo
contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el constituyente y se
desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual, inmediato y efectivo23.
De acuerdo con lo anterior, esta Sección24 ha considerado como plazo prudencial
el de seis meses, contado desde la ocurrencia del hecho generador –el cual es la
ejecutoria de la providencia judicial cuestionada– que da lugar a la solicitud de
protección y la presentación de esta y cuando se sobrepasa dicho límite se declara
su improcedencia.
No obstante, en cada asunto se analiza si median razones suficientes que
justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar al fondo del debate
jurídico planteado. Sobre aquellas circunstancias que justifican el retardo para
promover la acción de tutela, la Corte Constitucional en sentencia T-256 de 2015,
cuya tesis es acogida por esta Sala como criterio auxiliar, indicó que la acción de
tutela será procedente, cuando:
[…] i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física,
entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos
de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv)
cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a
22 Dicho criterio fue expuesto en la sentencia Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de fecha
5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia
jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios, Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Así mismo, reiterado entre otras en: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 26 de febrero
del 2015, Radicación 2015-00045-00, Magistrada Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez;
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 15 de octubre del 2015, Radicación 2015-01605-
01, Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro.
23 Corte Constitucional. Sentencia T-290 de 14 de abril de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
24 Ver sentencias: de 18 de abril de 2013 Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01172-01, Magistrada
Ponente: Susana Buitrago Valencia; 3 de julio de 2013. Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01891-01,
12 de agosto de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-1435-00, Magistrada Ponente: Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez; 3 de julio de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-00142-01, 12
de septiembre de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02203-01, Magistrado Ponente: Alberto
Yepes Barreiro; 21 de septiembre de 2016, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, Magistrada
Ponente: Rocío Araújo Oñate entre otras.
8
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que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela,
la situación desfavorable de la actora derivada del irrespeto por sus derechos,
continúa y es actual […]25.
De conformidad con lo anterior, revisado al expediente que se allegó al plenario26,
se observa que: (i) la sentencia de segunda instancia censurada fue proferida el 30
de abril de 2020, por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado;
(ii) se notificó por correo electrónico el 4 de septiembre de 2020 quedando
ejecutoriada el 11 de septiembre de 202027, y; (iv) la acción de tutela se radicó el
6 de febrero de 2026, habiendo transcurrido más de 6 meses entre estos dos
hechos, término que, para la Sala, no resulta razonable.
Aunque el demandante manifestó que interpuso la presente acción luego de
enterarse de la existencia de la sentencia del 31 de julio de 2025 proferida por la
Sección Segunda, Subsección B -que resolvió la situación jurídica de los señores
Jairo Enrique Forero Carvajal, María Stella Velásquez Baracaldo y José Asmidier
Salinas Orjuela (ex diputados del departamento del Tolima)-; en criterio de la Sala,
dicho argumento no puede ser entendido como un hecho sobreviniente, en la
medida que ambos procesos judiciales, esto es, el del aquí accionante y el de los
otros diputados, fueron tramitados y decididos en momentos diferentes, así como
por cuerdas procesales y autoridades judiciales autónomas e independientes.
Tal circunstancia, permite inferir, que entre los procesos judiciales no existía ningún
tipo de prejudicialidad que le permitiera al demandante esperar a que se decidiera
en segunda instancia el proceso bajo radicado 73001-23-33-000-2017-00404-01,
para formular el reproche constitucional contra la sentencia del 30 de abril de 2020
proferida por la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación.
En ese orden, a la Sala, no le asiste duda que desde el 30 de abril de 2020 la parte
actora se encontraba habilitada para acudir en tutela, ya que tenía pleno
conocimiento de las razones jurídicas dadas por esta Corporación para confirmar la
sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima que negó pretensiones de la
demanda. Por ese motivo, la justificación dada por la parte actora no puede tenerse
como una razón válida de la inactividad en la interposición de la presente acción,
pues como se observa, acudió a la jurisdicción constitucional luego de más de cinco
(5) años de haberse decidido el asunto por el juez natural de la controversia.
25 Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de
2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.
26 Índice 022 de Samai.
27 Dando aplicación a lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 8 del Decreto 806 de 2020 (vigente al
momento de la notificación de la sentencia), que preveía «[…] La notificación personal se entenderá
realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos
empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación […]».
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Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
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De esta manera, para esta Sección, en el asunto no existe ni se desarrolló algún
argumento válido para explicar las razones que justifiquen su tardanza, que amerite
la flexibilización del término de 6 meses para interponer el presente mecanismo.
Asimismo, tampoco se encontró acreditada ninguna de las hipótesis señaladas por
la Corte Constitucional que permiten soslayar el requisito de la inmediatez; esto, es
que el accionante pudiera estar incurso en un estado de indefensión, interdicción,
abandono, minoría de edad o incapacidad física.
Deviene entonces que, a juicio de esta colegiatura, controvertir la providencia
judicial, supone cuestionar principios como los de la cosa juzgada y seguridad
jurídica, por lo que el juicio sobre el requisito de la inmediatez en los casos de tutelas
contra providencias judiciales resulta ser estricto, máxime cuando solo se requiere
que la decisión cuestionada se encuentre ejecutoriada, para que la persona acuda
ante el juez constitucional para solicitar el amparo de sus derechos, por lo que se
impone al interesado que lo haga en un plazo pertinente, salvo justificación
razonable, carga que le corresponde alegar a la parte accionante, lo que se echa
de menos en el presente caso.
En ese orden de ideas, en el sub examine no existe una explicación válida para
justificar el ejercicio de la acción de tutela fuera del tiempo proporcional y razonable
adoptado por la corporación.
De acuerdo con lo argumentado, esta Sala de Decisión declarará la improcedencia
de la solicitud de amparo, comoquiera que no se encontró satisfecho el requisito de
inmediatez respecto del amparo solicitado.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por la parte
actora contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por no
satisfacer el requisito de inmediatez.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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Demandante: Jaime Ospina Galindo
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00866-00
TERCERO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente con permiso
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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