Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00846-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00846-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00846-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
24 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00846-01
Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Nulidad
electoral. Procedimiento correccional. Cobro coactivo.
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia
La Sala decide la impugnación formulada por la parte actora en contra de la
Sentencia de 27 de abril de 2026 proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción
de tutela por incumplimiento de la carga argumentativa exigida para la procedencia
excepcional de la tutela contra providencias judiciales.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 5 de febrero de 2026, el señor Harold Eduardo Sua Montaña presentó
acción de tutela con el propósito de obtener la protección de su derecho
fundamental al debido proceso, el cual estimó vulnerado por el Consejo Superior de
la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) y por la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
con ocasión de las actuaciones adelantadas dentro del proceso de nulidad electoral
con radicado No. 25000-23-41-000-2024-00332-00 y del proceso de cobro coactivo
iniciado para obtener el pago de la multa allí impuesta.
2. A título de amparo, solicitó que se dejaran sin efectos la imposición y
confirmación de la multa de 1 salario mínimo legal mensual vigente dispuesta en el
proceso de nulidad electoral y, además, que se anulara el mandamiento de pago
expedido para su cobro coactivo, ordenando a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial abstenerse de adelantar el recaudo de dicha suma.
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, la parte actora
señaló que promovió una demanda de nulidad electoral contra la elección de varios
concejales de Bogotá y de los ediles de distintas juntas administradoras locales del
Distrito Capital. Indicó que el conocimiento de la demanda relacionada con la Junta
Administradora Local de Santa Fe correspondió a la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
4. Expuso que, mediante Auto de 10 de julio de 2024, el Tribunal admitió la
demanda y ordenó la notificación de los demandados mediante aviso. No obstante,
el 1 de agosto de 2024, la parte actora solicitó que esa actuación se realizara a
través de correo electrónico, petición que fue rechazada mediante Auto de 17 de
septiembre de 2024. Agregó que, el Tribunal inició un procedimiento correccional
en su contra, al considerar que su actuación había generado dilaciones en el trámite
del proceso.
5. Indicó que el 19 de septiembre de 2024 el proceso de nulidad electoral fue
declarado terminado por abandono. Expuso que contra dicha decisión formuló
recusación, interpuso recurso de reposición y presentó las explicaciones
correspondientes dentro del procedimiento correccional. Sin embargo, mediante
Auto de 2 de diciembre de 2024, el Tribunal rechazó el recurso y le impuso una
multa equivalente a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
6. Manifestó que solicitó la aclaración del Auto de 2 de diciembre de 2024 y el
reconocimiento del amparo de pobreza. Precisó que, mediante Auto de 28 de enero
de 2025, el Tribunal negó dicha solicitud y, con fundamento en el artículo 153 del
CGP, le impuso una nueva multa equivalente a 1 salario mínimo legal mensual
vigente. Añadió que interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto
desfavorablemente mediante Auto de 14 de febrero de 2025.
7. Señaló que promovió una acción de tutela contra las decisiones adoptadas
dentro del procedimiento correccional, la cual fue resuelta por el Consejo de Estado.
Expuso que, como consecuencia de ese fallo, se ordenó al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca proferir una decisión de reemplazo respecto del recurso
formulado contra la negativa del amparo de pobreza. En cumplimiento de esa orden,
mediante Auto de 6 de junio de 2025, el Tribunal mantuvo la decisión de negar dicho
beneficio.
8. Agregó que, mediante Auto de 10 de julio de 2025, el Tribunal le impuso
una multa equivalente a 1 salario mínimo legal mensual vigente. Indicó que,
posteriormente, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial inició el proceso
de cobro coactivo para obtener el pago de esa sanción. Sostuvo que solicitó la
nulidad de esa actuación al considerar que la constancia de ejecutoria remitida por
el Tribunal presentaba inconsistencias y no cumplía los requisitos exigidos para
adelantar el cobro, petición que no fue resuelta antes de la expedición y notificación
del mandamiento de pago.
9. Señaló que el mandamiento de pago le fue remitido a su lugar de residencia
el 27 de febrero de 2026, pese a que la solicitud de nulidad del proceso de cobro
aún no había sido resuelta.
10. Como fundamentos de la vulneración, la parte actora sostuvo que las
autoridades accionadas incurrieron, principalmente, en una violación directa de la
Constitución al imponer y mantener las multas sin observar las garantías propias
del debido proceso. Afirmó que se desconocieron, entre otros, los principios de
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imparcialidad, non bis in idem, presunción de inocencia, derecho de defensa,
derecho a contar con asistencia jurídica gratuita y las formas propias del
procedimiento de cobro coactivo.
11. Manifestó que el magistrado que adelantó el procedimiento correccional
carecía de la imparcialidad necesaria para decidir sobre la imposición de las
sanciones, pues previamente había adoptado decisiones relacionadas con los
mismos hechos. Indicó que una de las multas se sustentó en conductas que ya
habían sido objeto de reproche dentro del mismo proceso, lo que desconoció el
principio de non bis in idem.
12. Afirmó que las autoridades judiciales y administrativas vulneraron su
derecho al debido proceso al negarle un término suficiente para obtener asistencia
jurídica gratuita y al continuar el trámite de cobro coactivo con fundamento en una
actuación que presentaba irregularidades relacionadas con la remisión de la
constancia de ejecutoria y el inicio de ese procedimiento.
Intervenciones1
13. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó su desvinculación del trámite constitucional y que se
desestimaran las pretensiones de la demanda. Sostuvo que el accionante no le
atribuyó la vulneración directa de sus derechos fundamentales, pues la
inconformidad planteada recaía sobre las actuaciones adelantadas por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial dentro del proceso de cobro coactivo de las
multas impuestas en el procedimiento correccional.
14. Agregó que, de acuerdo con los hechos y las pretensiones de la demanda,
la presunta vulneración de los derechos fundamentales se atribuía a las actuaciones
adelantadas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y no a una
actuación propia del Tribunal. Realizó una relación de las principales actuaciones
surtidas dentro del proceso de nulidad electoral y del procedimiento correccional y
sostuvo que las decisiones allí adoptadas se profirieron con fundamento en las
normas aplicables, previo traslado al interesado para el ejercicio de su derecho de
defensa y en cumplimiento de la sentencia de tutela que ordenó dictar una decisión
de reemplazo respecto de la negativa del amparo de pobreza.
15. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó negar el amparo
tras señalar que la acción de tutela debía cumplir los presupuestos de legitimación
en la causa por pasiva y recordó la jurisprudencia sobre la procedencia excepcional
de la tutela contra providencias judiciales.
16. Sostuvo que las actuaciones adelantadas se limitaron al ejercicio de las
competencias legalmente asignadas y que no le correspondía cuestionar ni
1 Mediante Auto de 16 de marzo de 2026, se admitió la acción de tutela de la referencia contra el Consejo
Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ), y vinculó a la Subsección
A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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modificar el contenido de las providencias judiciales que sirvieron de fundamento
para el trámite de cobro coactivo. Consideró que no existía actuación atribuible a
esa entidad que configurara la vulneración de los derechos fundamentales
invocados por el accionante.
17. El Consejo Superior de la Judicatura (Presidencia) solicitó que se declarara
la falta de legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, se le desvinculara
del trámite constitucional. Explicó que el ejercía funciones de dirección y
administración de la Rama Judicial, mientras que la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial era el órgano técnico y administrativo competente para
adelantar los procesos de cobro coactivo.
18. Sostuvo que era la DEAJ la llamada a responder por las actuaciones
cuestionadas. Agregó que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado ha reconocido que, cuando la controversia versa sobre
actuaciones de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, no resulta
procedente atribuir responsabilidad al Consejo Superior de la Judicatura por carecer
de competencia funcional respecto de tales actuaciones.
Sentencia impugnada
19. El 27 de abril de 2026, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que el accionante
no satisfizo la carga argumentativa exigida para la procedencia excepcional de la
tutela contra providencias judiciales, pues, aunque alegó la vulneración del derecho
al debido proceso por la presunta configuración de una violación directa de la
Constitución e identificó diversas irregularidades en las actuaciones cuestionadas,
no explicó de manera clara y suficiente por qué tales circunstancias configuraban
un defecto susceptible de ser examinado por el juez constitucional.
20. Agregó que el escrito de tutela presentaba deficiencias en su estructura
argumentativa y que, aun acudiendo al principio de oficiosidad para interpretar sus
pretensiones y verificar las actuaciones surtidas dentro del proceso de nulidad
electoral, se evidenciaba que las solicitudes y recursos formulados por el actor
habían sido resueltos oportunamente, por lo que la acción constitucional pretendía
reabrir una controversia ya decidida por el juez natural.
21. Sostuvo que las inconformidades relacionadas con el trámite de cobro
coactivo tampoco habilitaban la intervención del juez constitucional, en tanto dicho
procedimiento aún se encontraba en curso y el accionante disponía de mecanismos
de defensa específicos para controvertir el mandamiento de pago, entre ellos la
excepción de falta de ejecutoria del título ejecutivo, sin que estuviera acreditado que
hubiera hecho uso de tales instrumentos.
Impugnación
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22. La parte actora impugnó el fallo de primera instancia al considerar que la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado impuso un requisito
no previsto en el ordenamiento jurídico para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, al exigir una carga argumentativa. Sostuvo que dicha
exigencia desconocía lo previsto en el artículo 84 de la Constitución, el artículo 14
del Decreto 2591 de 1991 y diversos instrumentos internacionales sobre derechos
humanos, al establecer condiciones adicionales para el ejercicio de la acción
constitucional.
23. Señaló que la sentencia impugnada incurrió en un error al calificar de
confuso el escrito de tutela y concluir que no satisfacía la carga argumentativa
exigida para la procedencia excepcional de la acción. Afirmó que desde la demanda
inicial y escrito de subsanación expuso de forma clara las causales especiales de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales y explicó las razones por las
cuales estimaba vulnerados sus derechos fundamentales.
24. Manifestó que el juez de primera instancia omitió pronunciarse sobre el
argumento relacionado con la solicitud de nulidad del proceso de cobro coactivo
presentada ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Señaló que sí
promovió actuaciones dentro de dicho procedimiento para cuestionar la validez del
título ejecutivo y del trámite de cobro, por lo que no era acertado afirmar que
disponía de mecanismos de defensa que no hubiera ejercido. Agregó que esa
autoridad guardó silencio frente a la solicitud de nulidad del proceso de cobro,
circunstancia que también vulneró su derecho al debido proceso.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
25. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Problema jurídico
26. Corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela promovida por el
señor Harold Eduardo Sua Montaña satisface los requisitos de procedibilidad
exigidos para controvertir providencias judiciales y, en consecuencia, si era
procedente que el juez de primera instancia declarara improcedente la solicitud de
amparo.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
27. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de tutela, al considerar que no se cumplió con el
requisito de relevancia constitucional, por las razones que pasan a explicarse:
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28. Si bien la sentencia impugnada hizo referencia al incumplimiento de la carga
argumentativa, la Sala considera que dicha deficiencia tiene incidencia directa en el
cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, razón por la cual el análisis
se desarrollará desde esta última perspectiva. En efecto, la carga argumentativa
constituye el medio a través del cual el accionante demuestra que la controversia
planteada trasciende un debate de mera legalidad y justifica la intervención
excepcional del juez constitucional.
29. Para la Corte Constitucional, el requisito bajo estudio encuentra su razón de
ser en el carácter residual de este mecanismo constitucional, así como en la
necesidad de preservar las competencias judiciales y el respeto de la autonomía e
independencia de los jueces. Por tal razón, la acción de tutela contra providencia
judicial se restringe a asuntos donde se afecten los derechos y garantías
fundamentales, en aras de evitar que se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario2.
30. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de 5 de
agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo expresamente
que este requisito requiere la conjunción de varios elementos: (1) una carga
argumentativa por parte del accionante que explique, con suficiencia, la relevancia
de la controversia para el juez de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en
el asunto; (2) que la solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener
una instancia adicional al proceso ordinario y (3) que se trate de una controversia
sobre derechos fundamentales y no asuntos de mera legalidad.
31. En ese contexto, la carga argumentativa no se satisface con la simple
invocación de derechos fundamentales, la cita de normas constitucionales, ni con la
referencia a precedentes judiciales que, en criterio del accionante, respaldan su
posición. Por el contrario, corresponde a quien promueve la acción de tutela exponer
una argumentación clara, específica y suficiente que permita establecer que la
providencia judicial cuestionada plantea una controversia de relevancia
constitucional, susceptible de ser examinada por el juez de tutela desde alguna de
las causales excepcionales de procedencia definidas por la jurisprudencia
constitucional.
32. Ello implica que el actor no solo identifique los derechos fundamentales que
estima vulnerados o denomine el defecto en que, a su juicio, incurrió la autoridad
judicial, sino que explique de qué manera las razones expuestas en la providencia
cuestionada desconocen el contenido constitucionalmente protegido de tales
derechos. En otras palabras, la relevancia constitucional exige una argumentación
que trascienda la mera discrepancia con la interpretación, valoración o decisión
adoptada por el juez ordinario y evidencie la necesidad de la intervención
excepcional del juez constitucional.
2 Corte Constitucional, Sentencia SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
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33. En el presente asunto, la Sala advierte que dicha carga argumentativa no
fue satisfecha. En efecto, aunque el accionante destinó un apartado específico a
justificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales e identificó los derechos fundamentales que
estimó vulnerados, la argumentación desarrollada no resulta suficiente para
demostrar que las providencias cuestionadas plantean una controversia de
relevancia constitucional que justifique la intervención excepcional del juez de tutela.
34. En efecto, el actor estructuró diversos cargos relacionados con la presunta
vulneración de las garantías de imparcialidad judicial, non bis in idem, asistencia
gratuita de abogado y debido proceso dentro del trámite de cobro coactivo, para
cuyo desarrollo acudió a la cita de disposiciones constitucionales, instrumentos
internacionales y precedentes judiciales. No obstante, la Sala observa que esa
argumentación no viene acompañada de una argumentación suficiente que permita
explicar, de manera concreta, por qué las decisiones cuestionadas configuraban
alguno de los defectos excepcionalmente habilitantes de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
35. Así las cosas, si bien el accionante expresa su desacuerdo con las
decisiones adoptadas durante el trámite correccional dentro del proceso de nulidad
electoral y el posterior procedimiento de cobro coactivo, la argumentación
desarrollada se orienta principalmente a sostener una interpretación distinta de las
disposiciones aplicables, de la jurisprudencia y de las actuaciones adelantadas por
las autoridades accionadas, sin explicar con la suficiencia requerida por qué tales
determinaciones constituyen una vulneración autónoma de derechos
fundamentales susceptible de ser examinada por el juez constitucional.
36. En esas condiciones, la Sala considera que la demanda no logra demostrar
que la controversia sometida a consideración trascienda un asunto de mera
legalidad y plantee una controversia de relevancia constitucional. En efecto, invocar
la vulneración del debido proceso y de otras garantías fundamentales, así como
identificar determinadas causales especiales de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, no exime al accionante de la carga de explicar, de manera
clara, específica y suficiente, la forma en que las providencias cuestionadas
incurrieron en alguno de los defectos que justifican la intervención excepcional del
juez de tutela.
37. Las anteriores conclusiones tampoco se desvirtúan con los argumentos
expuestos en el escrito de impugnación. En efecto, el accionante insiste en que el
juez de primera instancia exigió un requisito no previsto en el ordenamiento jurídico
al valorar la suficiencia de la carga argumentativa, que la demanda no podía
calificarse como confusa y que sí promovió actuaciones dentro del trámite de cobro
coactivo. Sin embargo, tales afirmaciones no controvierten la razón esencial que
sustentó la improcedencia de la acción, consistente en que la argumentación
desarrollada en la tutela no satisface la carga argumentativa exigida por la
jurisprudencia para demostrar que la controversia planteada reviste relevancia
constitucional.
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38. Aunque la impugnación desarrolla reparos frente a la decisión de primera
instancia, estos no desvirtúan el fundamento que condujo a declarar improcedente
la acción de tutela, pues ninguno de ellos demuestra que el escrito inicial hubiera
satisfecho la carga argumentativa exigida para acreditar la relevancia constitucional
de la controversia. Por ello, la Sala comparte el análisis efectuado por la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y concluye que no existen razones
para apartarse de la decisión recurrida.
39. Comoquiera que el accionante no acreditó que las decisiones cuestionadas
suscitaran una controversia de relevancia constitucional ni desvirtuó la existencia
de mecanismos ordinarios idóneos respecto de algunos de sus reproches, la Sala
confirmará la sentencia impugnada.
Conclusión
40. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de 27 de abril de 2026,
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la Sentencia de 27 de abril de 2026 proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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