RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-00846-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00846-01

Fecha
22 de mayo de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00846-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 17 de marzo de 2025 proferida por el Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección A. En su lugar, AMPARAR los derechos constitucionales de la señora Olga Cecilia Mesa Torres. SEGUNDO: DEJAR SIN VALOR NI EFECTO la providencia de 16 de agosto de 2024 proferida al interior del proceso de reparación directa identificado bajo el radicado 05001-33-33-030-2023-00529-01, y ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, que dicte una providencia de reemplazo, teniendo en cuenta el análisis efectuado por la Sala en esta oportunidad, para lo cual se le concederá el término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-00846-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

22 de mayo de 2025

Demandante: Olga Cecilia Mesa Torres
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00846-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Santiago de Cali., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00846-01
Demandante: OLGA CECILIA MESA TORRES
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – Reparación directa por
ejecución extrajudicial – Ampara – Flexibilización probatoria en
el marco del análisis de la responsabilidad del Estado por delitos
de lesa humanidad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
proferida en primera instancia el 17 marzo de 2025 por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A. En esa providencia, se negó la solicitud de
amparo.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. La señora Olga Cecilia Mesa Torres, actuando a través apoderado judicial,
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Tercera de Oralidad y el Juzgado 30 Administrativo del Circuito de Medellín. Con la
solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a las «garantías de
verdad, reparación integral y no repetición».

2. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales
con ocasión del auto proferido el 16 de agosto de 2024, mediante el cual el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, confirmó la providencia del
19 de febrero de 2024, en la que el Juzgado 30 Administrativo del Circuito de
Medellín rechazó la demanda, por haber operado el fenómeno de la caducidad, en
el proceso de reparación directa identificado con radicado 05001-33-33 030-2023
00529-00 /01.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Olga Cecilia Mesa Torres
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00846-01

1.2. Pretensión

3. La parte actora solicitó lo siguiente:

1. Sírvase TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, AL
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y a las GARANTÍAS DE
VERDAD, REPARACIÓN INTEGRAL Y NO REPETICIÓN vulnerados a mi
poderdante Olga Cecilia Mesa Torres y se le ordene al JUZGADO TREINTA
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN y la SALA TERCERA DE
ORALIDAD del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA admitir la
demanda y darle trámite a la acción de reparación directa.

1.3. Hechos

4. De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes presupuestos fácticos
que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este
fallo:

5. Los señores Olga Cecilia Mesa Torres, Rosa Eleida Torres Torres, Gudiela
Estela Mesa Torres, Froilán Elías Mesa Torres, Mariela Mesa Torres, Dora Alicia
Mesa Torres, María Senovia Mesa Torres, César Alberto Mesa Torres, Luz Eleida
Mesa Torres, Elida Patricia Mesa Torres, Diana Consuelo Mesa Medina y Doralba
Medina Martínez, presentaron el medio de control de reparación directa contra la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional – Ejército Nacional, con
el fin de que se declaren administrativamente responsables por la muerte de Carlos
Guillermo Mesa Torres y Omar Darío Mesa Torres, acaecida el 12 de julio de 1993
y se indemnice a los demandantes por los perjuicios morales y materiales
ocasionados.

6. El proceso correspondió al Juzgado 30 Administrativo de Medellín, quien,
mediante providencia del 19 de febrero de 2024, rechazó la demanda, al considerar
que se presentó el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de
reparación directa.

7. Contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de
reposición y en subsidio apelación. El extremo accionante alegó que, tras más de
treinta años sin decisiones de la Fiscalía, no podía exigirse a las víctimas conocer
la posible participación de la Fuerza Pública. Añadió que solo por información de un
periodista supo de estos hechos, y concluyó que se trataba de una grave violación
de derechos humanos que justificaba la admisión de la demanda.

8. El 16 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo del Antioquia confirmó la
providencia del a quo, al exponer que se había configurado la caducidad en el caso

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Olga Cecilia Mesa Torres
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00846-01

concreto1. Para llegar a esa conclusión advirtió que en el asunto sometido a estudio
resultaba aplicable el criterio contenido en la sentencia de unificación proferida al
interior del expediente 61.033 de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

El tribunal destacó que la parte demandante tuvo conocimiento de la posible
participación del Estado en el hecho victimizante desde el 30 de octubre de 1993,
tal como se afirmó en la demanda contenciosa. En dicha demanda, se citó: i) el
informe de derechos humanos elaborado por la Personería de Yarumal el 29 de
octubre de 1993, el cual reportaba un aumento de muertes violentas y casos de
«limpieza» entre el 6 de julio y el 27 de octubre de ese año, haciendo referencia
expresa al asesinato de los hermanos Omar Darío y Carlos Guillermo Mesa Torres;
ii) el escrito realizado por la organización de derechos humanos Amnistía
Internacional, quien emitió una Acción Urgente sobre hechos de ejecución
extrajudicial, mencionando a los mismos hermanos y alertando sobre la posible
vinculación del «escuadrón de la muerte» con la Policía; y iii) una declaración de un
familiar de las víctimas2.

1.4. Fundamentos de la solicitud

9. La accionante, luego de detallar ampliamente la actuación procesal surtida al
interior del proceso contencioso 05001-33-33-030-2023-00529-00/01, expuso que
la autoridad judicial accionada trasgredió sus garantías constitucionales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y las «garantías de verdad,
reparación integral y no repetición», por la configuración de los defectos fácticos y
desconocimiento del precedente, en la providencia del 16 de agosto de 2024.

10. Sostuvo que el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en un error al
valorar de manera inadecuada el material probatorio obrante en el proceso, al
concluir que la familia de los hermanos Carlos Guillermo y Omar Darío Mesa Torres
conocía desde octubre de 1993 que su muerte había sido perpetrada por agentes
estatales.

11. Para la actora, del hecho de que ella conociera la fecha de la muerte de los
hermanos Mesa Torres —y que ello no fuera objeto de controversia—, no puede
concluirse que la familia podía prever o advertir con certeza absoluta que el daño
era imputable al Estado, y que, en consecuencia, debía acudir de inmediato a la
administración de justicia. Al respecto, señaló que fue apenas en abril de 1994, tras
el allanamiento del Comando de Policía de Yarumal, cuando se obtuvieron los
primeros indicios sobre una presunta relación entre el grupo armado ilegal

1 Esta decisión fue notificada el 20 de agosto de 2024.
2 «el apoderado de la parte actora, en el escrito de demandada, en el hecho séptimo, reconoció que,

Olga Cecilia Mesa Torres confirmó que esto coincidía con una frase que profirió y ella escuchó de
un agente de policía de Yarumal: “Estas son hermanas de los guerrilleros que matamos ayer».

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Olga Cecilia Mesa Torres
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00846-01

responsable del homicidio y miembros del Ejército Nacional y la Policía Nacional.
Sin embargo, de ello no se colige que la accionante contara con el material
probatorio suficiente que permitiera sustentar razonablemente dicha afirmación.

12. Indicó que las decisiones debatidas se basaron en apreciaciones subjetivas
que no se ajustaron a la realidad procesal del caso, dejando en situación de
indefensión a los demandantes, quienes terminaron afectados por un fallo
indiferente e injusto. Señaló, además, que dicha decisión ignoró el precedente
judicial que ordena flexibilizar la valoración de la prueba y tener en cuenta las
particularidades de cada caso concreto.

13. También consideró que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
un desconocimiento del precedente, al no tener en cuenta las sentencias SU-312
de 2020 y SU-439 de 20243 de la Corte Constitucional, que establecen los dos
presupuestos que deben ser tenidos en cuenta para calcular el término de
caducidad en casos que involucran graves violaciones a los derechos humanos.

1.5. Trámite de la acción

14. Mediante auto de 24 de febrero de 2025, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, admitió la acción de tutela y, en consecuencia, dispuso
notificar en calidad de accionados al Juzgado 30 Administrativo del Circuito de
Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad.

15. Como terceros con interés, vinculó a los señores Rosa Eleida Torres Torres,
Gudiela Estela Mesa Torres, Froilán Elías Mesa Torres, Mariela Mesa Torres, Dora
Alicia Mesa Torres, María Senovia Mesa Torres, César Alberto Mesa Torres, Luz

3 En esta sentencia de unificación la Corte Constitucional aborda dos acciones de tutela interpuestas

contra decisiones judiciales que declararon la caducidad de demandas de reparación directa
relacionadas con presuntas ejecuciones extrajudiciales, conocidas como "falsos positivos",
atribuidas a agentes del Estado: i) En el primer caso, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró la caducidad de la demanda presentada por los familiares de Carlos
Mario Durango Vallejo, al considerar que el término para demandar debía contarse desde la fecha
de su fallecimiento y ii) en el segundo caso, el Tribunal Administrativo del Tolima también declaró la
caducidad de la demanda relacionada con la muerte de Jorge Armando Guevara Pérez, basándose
en una entrevista en la que la demandante mencionó que el deceso podría haber sido un "falso
positivo". En este asunto el alto tribunal decidió que ambas decisiones judiciales vulneraron derechos
fundamentales al incurrir en defectos fácticos por indebida valoración probatoria y desconocimiento
del precedente judicial establecido en la Sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 y en la
Sentencia SU-312 de 2020, motivo por el cual ordenó revocar las decisiones judiciales que
declararon la caducidad de las demandas y ordenar a las autoridades judiciales correspondientes
que, emitieran nuevas providencias valorando adecuadamente las pruebas y aplicando los
precedentes jurisprudenciales pertinentes.
La Corte enfatizó que, en casos de graves violaciones a los derechos humanos, como las
ejecuciones extrajudiciales, el término de caducidad para presentar demandas de reparación
directa no debe contarse de manera rígida desde la fecha del daño, sino desde el momento
en que las víctimas tengan conocimiento de la participación del Estado y estén en capacidad
material de imputarle responsabilidad.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Olga Cecilia Mesa Torres
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00846-01

Eleida Mesa Torres y Elida Patricia Mesa Torres, Diana Consuelo Mesa Medina y
Doralba Medina Martínez.

1.6. Intervenciones

16. Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad. Indicó
que el término de caducidad debería contarse desde el 13 de julio de 1993, fecha
en la que se reportó la muerte de los hermanos Omar Darío Mesa Torres y Carlos
Guillermo Mesa Torres.

17. Asimismo, señaló que, dado que la demanda de reparación directa se radicó
el 18 de diciembre de 2023, se debía aplicar el artículo 164, literal j, de la Ley 1437
de 2011, que establece un plazo de dos años para presentar la demanda desde« la
ocurrencia del daño», que en este caso se dio el 12 de julio de 1993. De este modo,
el término de caducidad había vencido el 30 de octubre de 19954, y no se presentó
evidencia de que los demandantes se encontraran en una situación de coacción o
inseguridad frente a las autoridades que justificara el incumplimiento del plazo.

18. Además, rechazó la idea de que el término de caducidad debiera contarse
desde la interposición de la acción penal en 2020, pues el plazo ya había expirado
antes de que se presentara la solicitud de conciliación extrajudicial en octubre de
2023.

19. Finalmente, el Tribunal citó la sentencia del Consejo de Estado del 29 de
enero de 2020, en la que se estableció que, en los casos de reparación por
violaciones a los derechos humanos, no es necesario que se individualice a los
autores del delito para que se active el término de caducidad.

20. Juzgado 30 Administrativo del Circuito de Medellín. Allegó link de
consulta del proceso ordinario, pero no se pronunció sobre la acción de tutela.

1.7. Sentencia de primera instancia

21. Mediante sentencia del 17 de marzo de 2025, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, negó el mecanismo constitucional de la referencia, al
considerar que los demandantes no lograron demostrar haber estado en una
situación que les impidiera presentar oportunamente la demanda de reparación

4
El tribunal estimó dicha fecha como la del vencimiento del término de la caducidad del medio de
control, ya que consideró que, desde el 30 de octubre de 1993, los demandantes tuvieron
conocimiento de la participación del Estado en la muerte de los hermanos Mesa Torres. Situación
que se originó a partir de la fecha en la que se presentó el informe realizado por la Personería de
Yarumal y de la emisión de una acción urgente por parte de la organización de derechos humanos
Amnistía Internacional, en la cual se denunciaban hechos de ejecución extrajudicial que se estaban
llevando a cabo.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Olga Cecilia Mesa Torres
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00846-01

directa. Por el contrario, se «confirmó» que tenían conocimiento de la presunta
participación del Ejército Nacional en los hechos.

22. Para fundamentar su decisión, indicó que el Tribunal Administrativo de
Antioquia valoró correctamente las pruebas presentadas por los demandantes,
como lo fue el informe presentado por la Personería de Yarumal y la acción urgente
de Amnistía Internacional, los cuales, permitían a los demandantes conocer sobre
la posible vinculación del Ejército Nacional desde el 30 de octubre de 1993, y
determinó que las pruebas adicionales citadas por la accionante no afectaban la
decisión del tribunal.

23. Señaló que, tampoco se configuró un defecto sustantivo por presunta
inaplicación de la sentencia SU-439 de 2024, ya que dicha decisión fue posterior al
auto del 16 de agosto del mismo año, objeto de estudio5.

1.8. Impugnación

24. La parte actora reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela y
solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia, para que, en su lugar, se
realice un estudio de fondo del presente asunto y se acceda a las pretensiones.

25. En este sentido invocó nuevamente la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, particularmente de las sentencias SU- 429 de 2024 y SU- 439 de
2024, que a su juico resaltan la necesidad de aplicar un enfoque flexible y pro
víctima en los casos de violaciones graves a los derechos humanos, como las
ejecuciones extrajudiciales.

26. En este sentido, la accionante refirió que la familia Mesa Torres, tras los
asesinatos de sus familiares, se vio en una situación de vulnerabilidad que les
impidió presentar la demanda correspondiente, motivo por el cual mencionó que la
Corte Constitucional ha dicho que, en casos como estos, los jueces deben valorar
las pruebas de manera integral, considerando las dificultades que enfrentan las
víctimas.

5 5
El magistrado Juan Camilo Morales Trujillo salvó voto así: «[a]terrizado este último punto al caso
bajo estudio, de lo reseñado como antecedentes en la Sentencia de 17 de marzo de 2025, no se
evidenció que las autoridades accionadas (i) hubiesen adecuado [sic] el trámite procesal para
permitir a la parte actora dar cuenta de las razones por las cuales no habían acudido al aparato de
justicia y (ii) no se dio cuenta de un análisis flexible de las pruebas relativas al momento a partir del
cual se tuvo conocimiento de la intervención de agentes estatales en la muerte de los hermanos
Mesa Torres».

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Olga Cecilia Mesa Torres
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00846-01

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

27. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la
parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida el 17 de marzo de
2025 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

28. Resulta importante indicar que la parte actora adjudica la vulneración de sus
garantías constitucionales tanto al Juzgado 30 Administrativo del Circuito de
Medellín como al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad,
con ocasión de las providencias proferidas el 19 de febrero y 16 de agosto de 2024,
respectivamente.

29. No obstante, es del caso señalar que el análisis de los reproches efectuados
por la parte actora en el presente trámite se limitará a la providencia del 16 de agosto
de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de
Decisión, comoquiera que fue la que puso fin al proceso de reparación directa con
radicado 05001-33-33-030-2023-00529-01/01.

2.3. Legitimación en la causa

30. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

31. La Sala advierte que la señora Olga Cecilia Mesa Torres se encuentra
legitimada en la causa por activa, al integrar parte demandante en el proceso de
reparación directa. En consecuencia, es la titular de los derechos fundamentales
que estima vulnerados con las decisiones del 16 de agosto6 y 19 de febrero de 2024,
proferidas por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, y
el Juzgado 30 Administrativo del Circuito de Medellín, respectivamente.

6 El Tribunal Administrativo de Antioquia, Salta Tercera de oralidad, confirmo la decisión de primera

instancia proferida por el Juez 30 Juzgado 30 Administrativo del Circuito de Medellín, en la cual se
rechazó la demanda por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Olga Cecilia Mesa Torres
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00846-01

32. Por su parte, esta Colegiatura advierte que el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, se encuentra legitimado en la causa por pasiva
al ser la autoridad judicial que profirió la decisión reprochada en esta oportunidad.

2.4. Problema jurídico

33. Le corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión
de primera instancia proferida el 17 de marzo de 2025, por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A.

34. Para ello, deberá analizar si concurren los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela. De encontrarse superados, se procederá a dar
respuesta al siguiente interrogante:

• ¿El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, vulneró
los derechos fundamentales invocados por la accionante, con ocasión del
auto proferido el 16 de agosto de 2024?

35. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales; (ii) el estudio de los requisitos de
procedibilidad; y, de superarse, (iii) el análisis del caso concreto.

2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

36. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20127. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema8. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales.

37. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 9. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial.

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,

M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de

2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Olga Cecilia Mesa Torres
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00846-01

38. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:

i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

39. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha establecido que,
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:

i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal
entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,

ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

40. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

41. Bajo las anteriores directrices, se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados, se
resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.6. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

2.6.1. Relevancia constitucional

42. De conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-215 de 2022, esta sala de decisión ha adoptado los siguientes criterios cuyo
estudio es necesario para establecer si una tutela contra providencia judicial cumple
con el requisito de relevancia constitucional:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Olga Cecilia Mesa Torres
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00846-01

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde
definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera
instancia.

43. En este caso, la parte actora formuló los siguientes cargos contra la
providencia objeto de esta acción constitucional: i) defecto fáctico por indebida
valoración probatoria y, ii) desconocimiento del precedente de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado.

44. En primer lugar, a juicio de la parte actora, la autoridad accionada incurrió en
un desconocimiento del precedente jurisprudencial al momento de realizar el
estudio de caducidad. Expuso que, con fundamento en la sentencia SU-439 de
2024, la Corte Constitucional ha establecido que, el análisis probatorio en asuntos
relativos a graves violaciones de derechos humanos, como lo es la ejecución
extrajudicial, debe atender a las condiciones propias de cada caso.

45. Sostuvo que, al existir duda sobre la ocurrencia de los hechos y el momento
en el cual la familia de las víctimas tuvo conocimiento de la participación del Estado
en la muerte de los hermanos Mesa Torres, es necesario que se decrete la práctica
de pruebas que permitan tener conocimiento del contexto en el que se cometió el
crimen.

46. Señaló que se valoró indebidamente el material probatorio obrante en el
expediente, pues inaplicó el criterio jurisprudencial de la caducidad y de la
flexibilización probatoria en el marco del análisis de la responsabilidad
administrativa y extracontractual de la Nación por la consumación de un delito de
lesa humanidad.

47. La actora explicó que se desconoció el precedente establecido por la Corte
Constitucional, para lo cual aludió tanto a los presupuestos fácticos que motivaron
las decisiones del tribunal, como las reglas de derecho que, según su criterio, fueron
desatendidas en el caso en concreto.

48. En tal sentido, esta Sala concluye que el asunto versa sobre una controversia
de evidente relevancia constitucional. Se advierte que las razones presentadas por

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Olga Cecilia Mesa Torres
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00846-01

la parte accionante no comportan una simple intención de revivir alguna de las
etapas procesales ya zanjadas en el proceso objeto del presente trámite
constitucional, sino que estas reflejan una tensión acerca de la garantía de sus
derechos fundamentales.

49. Asimismo, en anteriores oportunidades, esta Sección10 ha destacado que la
Corte Constitucional ha estudiado acciones de tutela contra providencia judicial
cuando esta fue dictada en procesos en los cuales se debatió sobre la comisión de
delitos de lesa humanidad, dada la relación que existe entre estos asuntos y
posibles vulneraciones a derechos humanos por parte del Estado. Por tanto, aunado
a lo expuesto con antelación y dada la naturaleza del asunto que conoció el juez de
lo contencioso administrativo, el presente litigio reviste de evidente relevancia
constitucional.

2.6.2. Tutela contra tutela

50. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este requisito
de procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la
misma naturaleza, pues la providencia judicial reprochada fue proferida al interior
del proceso de reparación directa con radicado 05001-33-33-030-2023-00529-
00/01.

2.6.3. Subsidiariedad

51. La parte actora no cuenta con mecanismos judiciales ordinarios ni
extraordinarios para controvertir la providencia cuestionada. Esto, dado que
cuestiona una providencia que dio fin al proceso de reparación directa en cuestión
y frente a la cual no procede ningún mecanismo judicial.

2.6.4. Inmediatez

52. También se acredita el requisito de inmediatez, pues la decisión cuestionada
se dictó el 16 de agosto de 2024 y fue notificada el 20 del mes y año, mientras que
la solicitud de amparo se interpuso el 14 de febrero de 2025. Por tanto, sin que se
requiera establecer la fecha de ejecutoria de esta providencia, se advierte que la
acción de tutela se presentó dentro de un término razonable.

2.6.5. Identificación razonable de los hechos

10 Al respecto ver, entre otras, la siguiente sentencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 20 de febrero de 2025. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00435-00

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Olga Cecilia Mesa Torres
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00846-01

53. En el escrito de tutela se presentó una explicación clara de los hechos y
argumentos por los que la parte actora consideró que le fueron vulnerados sus
derechos fundamentales.

54. En este sentido, se cumplió con la carga mínima de dar las razones por las
cuales la actora considera que la autoridad accionada incurrió en una vulneración
de las garantías invocadas en el escrito de tutela, así como de los defectos
alegados.

55. Habiéndose estudiado los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela, la Sala analizará si la autoridad judicial accionada incurrió en una
vulneración de los derechos fundamentales de la tutelante ante la presunta
configuración de los cargos formulados.

2.7. Generalidades de los defectos alegados

2.7.1. Defecto fáctico

56. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201511, precisó los alcances
y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la
presente decisión.

57. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar
o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados
por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv)
dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido
proceso.

58. En este caso, el cargo propuesto por la accionante está circunscrito a la
valoración irracional o arbitraria de los medios probatorios. De acuerdo con la
jurisprudencia constitucional, este cargo, procede cuando a la luz de los postulados
de la sana crítica la apreciación efectuada por el fallador resulta manifiestamente
equivocada y, por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende alterado.

59. Para su procedencia, se requiere entonces que la parte: i) precise cuál o
cuáles de las pruebas fueron objeto de indebida valoración por el juez; ii) identifique
la razón del por qué en cada caso en particular, la consideración del operador
judicial se aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica; y iii) refiera
la incidencia de la prueba en el fallo atacado.

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta Sentencia del 12 de

noviembre de 2015. Rad. No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Olga Cecilia Mesa Torres
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00846-01

2.7.2. Desconocimiento del precedente

60. De conformidad con la posición de la Sala, por regla general, se entiende
como precedente aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan
similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de patrones fácticos,
problemas jurídicos y ratio decidendi que fija una regla para resolver la controversia,
que sirve también para solucionar el caso reciente12.

61. Aunado a ello, esta Sección, en reiterados pronunciamientos13 ha explicado
que el concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante
del sentido de la decisión y su contenido específico. Es decir, la ratio decidendi, la
cual no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia
en donde se especifique una regla o sub-regla de derecho.

62. En consecuencia, este defecto se configura cuando una autoridad se aparta
del precedente, sin cumplir con la carga de justificar de forma suficiente y razonada
por qué no va a aplicar aquel.

2.8. Análisis del caso en concreto

63. Como se expuso con antelación, la accionante controvierte el auto de 16 de
agosto de 2024 proferido por el Tribunal Administrativo del Antioquia, Sala Tercera
de Oralidad, dentro del proceso de reparación directa identificado con el radicado
05001-33-33-030-2023-00529-00/01, que confirmó la decisión de 19 de febrero de
2024 expedida por el Juzgado 30 Administrativo del Circuito de Medellín, que
rechazó la demanda por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad del
medio de control.

64. A continuación, la Sala estudiará cada uno de los defectos formulados, en
contraste con lo decidido por la autoridad judicial accionada en el auto cuestionado,
con el fin de analizar si los cargos están llamados a prosperar.

2.8.1. Estudio del defecto fáctico por indebida valoración probatoria

65. La actora sostuvo que el tribunal incurrió en un defecto fáctico al valorar
inadecuadamente los documentos y hechos presentados en el proceso de
reparación directa. En particular, destacó que el informe de la Personería de
Yarumal, la acción urgente de Amnistía Internacional y su propia declaración,

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15 de

julio de 2021. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-01626-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
13 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.

Sentencia de 6 de mayo de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00281-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.

13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Olga Cecilia Mesa Torres
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00846-01

contenida en el escrito de la demanda, no fueron debidamente valorados. Según la
actora, la autoridad judicial no tuvo en cuenta que, aunque los documentos
presentados y su declaración aportaron contexto sobre las circunstancias que
rodearon los hechos, no constituían pruebas definitivas que permitieran establecer
con precisión el inicio del plazo de caducidad.

66. En este sentido refirió que, el tribunal no realizó una valoración integral y
adecuada de todos los elementos de prueba, lo que resultó en una apreciación
errónea acerca del cómputo de la caducidad.

67. A su juicio, la valoración probatoria realizada por el tribunal respecto de los
documentos aportados al proceso ordinario14 y de la declaración de la tutelante,
vulneró sus derechos fundamentales, ya que ignoró por completo que, al momento
en que ocurrieron los hechos (12 de julio de 1993), no existía certeza sobre la
participación de agentes estatales en la ejecución extrajudicial de los señores Carlos
Guillermo Mesa Torres y Omar Darío Mesa Torres.

68. En relación con los documentos aportados, la actora consideró que se otorgó
un valor probatorio equivocado. A su juicio, dichos documentos no eran prueba
suficiente para afirmar que los demandantes del proceso ordinario conocían de la
posible responsabilidad del Estado, ya que se limitaban a describir el contexto de
orden público que se vivía en el municipio de Yarumal (Antioquia), sin establecer un
vínculo directo entre las ejecuciones extrajudiciales y la acción estatal.

69. Asimismo, indicó que el hecho de que dichos informes mencionaran a los
hermanos Mesa Torres no era suficiente para justificar el inicio de un proceso
ordinario. Afirmó que, los hechos relatados en los mencionados documentos se
basaron en testimonios sin un respaldo probatorio sólido que permitiera inferir de
manera razonable la participación del Estado.

70. En cuanto a la declaración hecha por la actora en la demanda contenciosa15,
señaló que esta fue valorada sin tener en cuenta el contexto de caso. Explicó que
dicha afirmación surgió de una conversación entre la señora Olga Cecilia Mesa
Torres y el periodista Sergio Mesa Cárdenas (autor del libro «El Apóstol Santiago:
Uribe, contrainsurgencia y limpieza social»), quien se reunió con ella en octubre de
2021. Durante ese encuentro, se intercambiaron opiniones sobre los hechos
ocurridos en Yarumal, pero no se trató de una prueba formal ni concluyente.

14 A saber: i) el informe realizado por la Personería de Yarumal y ii) el escrito por medio del cual

Amnistía Internacional emitió una acción urgente.
15 «El hecho SÉPTIMO de la demanda expone: SÉPTIMO – Con esto, Olga Cecilia Mesa Torres

confirmó que esto coincidía con una frase que profirió y ella escuchó de un agente de policía de
Yarumal: “Estas son hermanas de los guerrilleros que matamos ayer.»

14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Olga Cecilia Mesa Torres
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00846-01

71. No obstante, con base en estos informes y testimonios, la autoridad
accionada concluyó que, desde el 30 de octubre de 1993, los demandantes
conocían el daño ocasionado y contaban con elementos probatorios suficientes
para imputarle la responsabilidad al Estado, por lo que consideró que el término de
caducidad había comenzado a correr desde esa fecha.

72. En este sentido, resulta necesario tener en cuenta el criterio unificado de la
Sección Tercera del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre la
caducidad en los casos de reparación directa cuando se trata de delitos de lesa
humanidad. Ambas corporaciones han dicho que, para establecer el término
máximo para interponer el medio de control debe considerarse el momento en que
las víctimas tienen conocimiento y cuentan con los elementos de juicio suficientes
que les permitan imputar la responsabilidad del Estado.

73. En este orden de ideas, es claro que en aquellos casos donde se discute la
responsabilidad estatal por delitos de lesa humanidad, el análisis sobre la caducidad
debe efectuarse considerando como punto de partida el momento en que la víctima
no solo tuvo conocimiento de los hechos, sino también la posibilidad real de atribuir
jurídicamente dicha responsabilidad.

74. En consecuencia, lo concluido por la autoridad accionada resulta
desacertado, pues ni el informe presentado por la Personería de Yarumal, ni la
acción urgente de Amnistía Internacional, ni la declaración rendida por la señora
Olga Cecilia Mesa Torres, ofrecieron elementos de juicio suficientes y concluyentes
que permitan establecer de manera razonable la participación de agentes estatales
o de terceros en complicidad con estos en la ejecución extrajudicial de los hermanos
Mesa Torres. Estos documentos, solo aportaron indicios parciales y fragmentados
que no constituyen una base sólida para fijar con certeza la posibilidad de imputar
responsabilidad al Estado.

75. La decisión del tribunal ignoró por completo los parámetros jurisprudenciales
mencionados en líneas anteriores, situación que afectó de manera directa los
derechos fundamentales de la actora desconociendo por completo la garantía de
una valoración probatoria adecuada para el caso en concreto.

2.8.2. Estudio del cargo por desconocimiento del precedente

76. La accionante consideró que se incurrió en un desconocimiento del
precedente reiterado de la Corte Constitucional en materia del cómputo de
caducidad en asuntos que involucren delitos de lesa humanidad. Como sustento de
ello, trajo a colación las sentencias de unificación SU-312 de 2020 y SU-439 de
2024, en las cuales se enfatizó la necesidad de valorar las circunstancias
particulares de cada caso y de aplicar criterios que garanticen el de acceso a la

15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Olga Cecilia Mesa Torres
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00846-01

administración de justicia y la reparación integral de las víctimas de delitos de lesa
humanidad, como lo es la ejecución extrajudicial.

77. Reiteró que, en casos de graves violaciones a los derechos humanos, las
víctimas enfrentan serios obstáculos para acceder a la administración de justicia,
situación que limita su capacidad para ejercer plenamente sus derechos. En este
sentido, señaló que debía prevalecer el derecho sustancial sobre las exigencias
formales del proceso, y que la autoridad judicial no podía ignorar las dificultades que
enfrentaban las víctimas para obtener certeza sobre la participación de agentes
estatales en los crímenes cometidos.

78. Por lo anterior, afirmó que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Tercera de Oralidad, desconoció tanto el criterio jurisprudencial de la Sección
Tercera del Consejo de Estado como el de la Corte Constitucional respecto a la
determinación de la fecha desde la cual la parte actora pudo haber imputado
responsabilidad patrimonial al Estado. Esto ocurrió, porque, en primer lugar, basó
su decisión en una declaración y en informes y, en segundo lugar, dado que no
valoró adecuadamente las particularidades del caso concreto.

79. Al respecto, es necesario puntualizar que la autoridad accionada fundamentó
su decisión en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 proferida por la
Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Advirtió que, en dicho
fallo, se estableció que el término de caducidad de la reparación directa es exigible
cuando es posible advertir por parte de la víctima que el Estado estuvo implicado
en la acción u omisión causante del daño y que esto le resulta imputable.

80. En este sentido, resulta pertinente recordar las consideraciones del tribunal
accionado para concluir que operaba el fenómeno de la caducidad en el caso en
cuestión. Según el ad quem, para octubre de 1993, los demandantes ya conocían
la posible implicación del Ejército y Policía Nacional en los homicidios de los
hermanos Mesa Torres, ocurridos el 12 de julio de 1993. Esta conclusión se basó
en: i) el informe de la personería de Yarumal, ii) un documento de Amnistía
Internacional y, iii) una declaración de la actora en uno de los hechos del escrito de
la demanda, en la que se sugería la posible participación de las autoridades locales.
A partir de esta información, el tribunal consideró que ya existían elementos para
iniciar la acción judicial, y, por ende, rechazó la demanda por haber operado la
caducidad.

81. Así pues, resulta relevante resaltar que no es razonable, desde el punto de
vista constitucional, que el tribunal accionado haya utilizado como punto de partida
una declaración hecha por la tutelante y los informes rendidos por la Personería de
Yarumal y Amnistía Internacional. Dichos elementos no eran suficientes para
determinar desde cuándo operó la caducidad en el caso concreto, ya que, como se

16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Olga Cecilia Mesa Torres
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00846-01

explicó ampliamente, la jurisprudencia ha exigido que el conteo de la caducidad en
estos casos se realice en atención a la fecha en que las víctimas contaron con
elementos de juicio suficientes que permitan imputarle la responsabilidad
patrimonial al Estado.

82. En otras palabras, para contabilizar la caducidad, no basta con que los
accionantes afirmen que la víctima murió con ocasión del actuar de agentes del
Estado, sino que tal término debe hacerse a la luz del momento en que contaron
con elementos de juicio suficientes que les permitan acreditar la responsabilidad del
Estado. Es por ello, que los jueces constitucionales han considerado que el acceso
al expediente penal constituye un punto de partida razonable para computar la
caducidad, puesto que, en ese momento, los accionantes pueden acceder a medios
probatorios idóneos que soporten la imputación de responsabilidad estatal.

83. En este sentido, es importante destacar que la declaratoria de caducidad en
el presente caso se produjo en la etapa «inicial del proceso», situación que permite
evidenciar una postura irreflexiva y rígida frente a los criterios de flexibilización
probatoria fijados por la Sección Tercera del Consejo de Estado y por la Corte
Constitucional en casos de lesa humanidad. Estas altas cortes han sostenido que,
en este tipo de casos, la valoración de pruebas, como declaraciones 16 o informes,
no son determinantes para establecer la configuración del daño antijurídico y, por
contera, para imputar responsabilidad a autoridades estatales, cuyo actuar se
presume legítimo.

84. Por esta razón, las referidas corporaciones han reconocido que, en casos de
esta naturaleza, no siempre resulta adecuado computar la caducidad a partir de la
fecha en que ocurrieron los hechos. En su lugar, se han propuesto otros hitos
temporales, como la fecha en que la víctima tiene acceso al expediente penal17
considerándose como un punto de partida razonable para computar la caducidad,
pues es hasta ese momento en que la víctima obtiene acceso a medios probatorios
idóneos para sustentar la imputación de responsabilidad al Estado.

85. En este orden de ideas, esta Sección considera que el tribunal accionado
debió hacer uso del principio pro damnato o favor victimae, y disponer la admisión
de la demanda, con el fin garantizar el derecho de acceso a la administración de
justicia de la tutelante y permitir la posibilidad de que las partes puedan probar la

16
Ver sentencia T-378 de 2024. «(...) la autoridad judicial únicamente demostró que la madre de la
víctima rindió una declaración dentro de una investigación penal para señalar que su hijo murió a
manos del Ejército Nacional y que era una buena persona. Esta cuestión por sí sola no permite inferir
la posibilidad de imputarle responsabilidad al Estado por la muerte del (hijo de la accionante), menos
aún por la configuración de una ejecución extrajudicial […]».
17 Ídem referencia 15: «Como se evidenció líneas arriba, solo hasta el momento en que los

demandantes en el proceso de reparación directa pudieron tener acceso al expediente y a las
pruebas que, a su juicio, demostraban que el (hijo de la accionante) fue ejecutado extrajudicialmente,
es que podía empezar a contar el fenómeno de caducidad […]».

17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Olga Cecilia Mesa Torres
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00846-01

fecha cierta de cuando el extremo activo tuvo la certeza y los medios probatorios
suficientes para imputarle responsabilidad a la Nación.

86. En consecuencia, esta Sala considera acreditada la violación de las garantías
fundamentales de la tutelante, ya que la autoridad accionada, al aplicar de manera
indebida los criterios jurisprudenciales previamente mencionados, declaró la
caducidad de la acción. Esto, pese a que no existe certeza acerca de la fecha en
que la accionante pudo imputarle al Estado la responsabilidad por la ejecución
extrajudicial de los hermanos Mesa Torres; fecha que, como se dijo, no depende
del momento en que conoció sobre los hechos, sino desde cuando pudo acceder a
los elementos de juicio que le permitan presentar el medio de control.

2.9. Conclusión

87. Con fundamento en las consideraciones expuestas con antelación, se
amparará los derechos fundamentales de la señora Olga Cecilia Mesa Torres, bajo
el entendido de que en con el auto del 16 de agosto de 2024 proferido por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, se configuraron los defectos
fácticos y de desconocimiento del precedente formulados.

88. En ese sentido, se dejará sin efectos el auto del 16 de agosto de 2024
proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, y se
ordenará proferir una decisión de reemplazo, aplicando el criterio de flexibilidad
probatoria que reviste estos asuntos, sobre todo en lo que tiene que ver con la fecha
en que los demandantes tuvieron la posibilidad de atribuir responsabilidad al Estado.

Finalmente, resulta pertinente precisar que:

i. el amparo acá concedido no implica automáticamente una decisión favorable
a los demandantes del proceso ordinario, máxime cuando se limitó al análisis
de la caducidad del medio de control, luego la autoridad judicial accionada
en el marco de su autonomía e independencia podrá definir lo que en derecho
corresponda.

ii. el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad podrá
decretar las pruebas de oficio que estime útiles, pertinentes y conducentes,
a efectos de establecer la fecha cuando la accionante tuvo la posibilidad de
imputarle responsabilidad patrimonial al Estado.

89. Por consiguiente, se revocará la sentencia de primera instancia proferida el
17 de marzo de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
en la que se negó el amparo constitucional solicitado. En su lugar, se concederá el

18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Olga Cecilia Mesa Torres
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00846-01

amparo a los derechos fundamentales de la señora Olga Cecilia Mesa Torres, por
las razones aquí expuestas.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 17 de marzo de 2025 proferida por el
Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección A. En su lugar, AMPARAR los
derechos constitucionales de la señora Olga Cecilia Mesa Torres.

SEGUNDO: DEJAR SIN VALOR NI EFECTO la providencia de 16 de agosto de
2024 proferida al interior del proceso de reparación directa identificado bajo el
radicado 05001-33-33-030-2023-00529-01, y ORDENAR al Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, que dicte una providencia de reemplazo,
teniendo en cuenta el análisis efectuado por la Sala en esta oportunidad, para lo
cual se le concederá el término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la
notificación de la presente sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Salva voto

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.