Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00435-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00435-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-00435-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
20 de febrero de 2025
Demandantes: Gilma Torres Varón y otro
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00435-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D.C., veinte [20] de febrero de dos mil veinticuatro [2024]
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00435-00
Demandantes: GILMA TORRES VARÓN Y OTRO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
Temas: Tutela contra providencia judicial - Reparación directa por
ejecución extrajudicial – Ampara - Flexibilización probatoria en
el marco del análisis de la responsabilidad de la Nación por la
consumación de un delito de lesa humanidad
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la acción de tutela de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021 y en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El 28 de enero de 2025, las señoras Gilma Torres Varón y Mildred Yahaira Ángel
Torres, a través de apoderado judicial, presentaron acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Tolima, con el fin de que se le amparen sus derechos
fundamentales al «DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, A LA IGUALDAD, A LA FAMILIA y a la REPARACIÓN INTEGRAL»1.
Las referidas garantías constitucionales las consideraron transgredidas con
ocasión de la expedición de la providencia de 21 de noviembre de 2024 de la
autoridad judicial en mención, que revocó la sentencia de 30 de noviembre de
2020 dictada por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué
y, en su lugar, negó las súplicas de la demanda interpuesta contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, en el marco del proceso de
reparación directa identificado con el radicado 73001-33-33-005-2017-00389-
00/01.
1.2. Pretensiones
Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:
1 Mayúsculas sostenidas del texto original.
1
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Demandantes: Gilma Torres Varón y otro
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00435-00
PRIMERO: Que sean AMPARADOS y/o TUTELADOS, los derechos fundamentales
invocados derivados de la responsabilidad patrimonial del Estado a favor de la
señora GILMA TORRES VARÓN Y OTRO., los cuales fueron vulnerados dentro del
MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA en contra de la NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL, por la decisión
de segunda instancia del 21 de noviembre de 2.024, bajo el Radicado No. 73001-
33-33-005-2017-00389-01, proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
TOLIMA, PONENTE: MAGISTRADO LUÍS EDUARDO COLLAZOS OLAYA, quien
REVOCÓ la sentencia de primera instancia fallada por el JUZGADO QUINTO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ, TOLIMA, declarando de
oficio la caducidad.
En consecuencia, de lo anterior,
SEGUNDA: Se deje sin efectos la sentencia de segunda instancia del 21 de
noviembre de 2.024, bajo el Radicado No. 73001-33-33-005-2017-00389-01,
proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, PONENTE:
MAGISTRADO LUÍS EDUARDO COLLAZOS OLAYA, y en su lugar, se ordene al
accionado dictar una nueva decisión acogiendo los siguientes puntos:
▪ Garantizar los derechos invocados por los accionantes efectuando un análisis
juicioso de la CADUCIDAD del MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN
DIRECTA citado, desde una perspectiva favorable y flexible a los intereses de
las víctimas por tratarse de un delito grave que se constituye de lesa
humanidad.
▪ Que se realice un análisis juicioso del material probatorio obrante en el
proceso por tratarse de un caso particular debido a las circunstancias de
tiempo, modo y lugar de ocurrencia de los hechos, donde hubo participación
de la RIME 5 con el aporte de inteligencia para fraguar la EJECUCIÓN
EXTRAJUDICIAL U HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA del señor
MARCO FIDEL ÁNGEL SÁNCHEZ.
▪. Que se realice un análisis riguroso dando aplicación al CONTROL DE
CONVENCIONALIDAD, de conformidad a lo presupuestado por el Honorable
Consejo de Estado en la Sentencia No. 202100097-01, SENTENCIA DE
REVISIÓN DEL FALLO DE LA ACCIÓN DE TUTELA – SU-312, la cual no
estableció una regla de unificación / FALLO DE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA Bogotá
D.C., del treinta (30) de agosto de dos mil veintiuno (2.021), Radicación
número: 11001-03-15-000-2021-00097-01, Actor: CASTAÑEDA TÉLLEZ Y
OTROS.
TERCERA: Que se ordene por la Secretaría General, se libren las comunicaciones
de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1.9912.
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes presupuestos que, a juicio de
la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
• El 17 de noviembre de 20173, las señoras Gilma Torres Varón4 y Mildred
Yahaira Ángel5 Torres presentaron el medio de control de reparación directa
2 Trascrito del texto original con posibles errores ortográficos.
3 La solicitud de conciliación prejudicial fue radicada el 10 de agosto de 2017 y el acta de
conciliación fallida se expidió el 12 de octubre de 2017.
4 Compañera permanente de la víctima directa.
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Demandantes: Gilma Torres Varón y otro
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
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contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, por la
presunta ejecución extrajudicial del señor Marco Fidel Ángel Sánchez6 «por acción
de miembros del pelotón “Depredador”, adscrito al Batallón de Infantería No. 18
“Jaime Rooke”, en actos irregulares que no forman parte del servicio», ocurrida el
22 de diciembre de 2007.
• El 30 de noviembre de 2020, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
Judicial de Ibagué accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al
considerar que se acreditó el «actuar irregular de los miembros del Ejército
Nacional, que presuntamente participaron en el homicidio del señor Marco Fidel
Ángel Sánchez7».
• Contra la anterior decisión, ambas partes formularon recurso de apelación. El
extremo accionante cuestionó la determinación del monto de los perjuicios y la
demandada solicitó declarar la caducidad del medio de control, con ocasión de la
sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 29 de
enero de 20208, que estableció que en casos de lesa humanidad sí opera la
caducidad de la acción contenciosa.
• El 21 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Tolima revocó la
providencia del a quo, al exponer que se había configurado la caducidad en el
caso concreto. Para llegar a esa conclusión advirtió que en el asunto sometido a
estudio resultaba aplicable el criterio contenido en la SU proferida al interior del
expediente 61.033 de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
• Destacó que la parte demandante tuvo conocimiento de la participación del
Estado en el hecho victimizante desde el 27 de diciembre de 2007, ello, según lo
expuesto en los hechos de la demanda contenciosa, en donde se recordó una
declaración de una familiar de la víctima directa ante un Juzgado de Instrucción
Militar9. Razón por la cual precisó que el término perentorio venció en diciembre
5 Hija del señor Ángel Sánchez.
6 Según las accionantes el señor Marco Fidel se dedicaba «a la agricultura, tenía cultivos
sembrados y también ganaba como jornalero, no era ningún miliciano, no se trataba de un invento,
era un campesino de bien, y la explicación de su alias del “Gato”, se debía al color de sus ojos
[…]».
7 Para llegar a esa conclusión el juzgado tuvo en cuenta la declaración de un testigo de los hechos,
quien afirmó que la muerte del señor Ángel Sánchez «no fue el resultado de un combate del
Ejército Nacional con miembros de grupos al margen de la ley, sino una puesta en escena para
mostrar resultados positivos con la ejecución extrajudicial […]».
8 Proferida al interior del expediente con radicado interno 61.033.
9 «el apoderado de la parte actora, en el escrito de demandada, reconoció que, los familiares de
Marco Fidel Ángel, conocieron del hecho el 27 de diciembre de 2007, en los siguientes términos:
“(...) Para el día 27 de diciembre del mismo año, la señora YULI MILENA BORJA ÁNGEL se enteró
que su ser querido había perdido la vida en un enfrentamiento con miembros del Ejército Nacional,-
el dia 22 en el sector conocido como la "y" que conduce a la Recebera Martínez, noticia nefasta
que fue rechazada por la familia, quienes de inmediato se pusieron en la tarea de averiguar cómo
había sucedido esa situación, obteniendo información muy importante que les corroboraba sus
sospechas, que lo sucedido con su ser querido se trató de un falso positivo.) l día 28 de diciembre
de 2007, la señora YULI MILENA BORJA ÁNGEL, fue escuchada por el Juzgado 79 de Instrucción
Penal Militar, en diligencia de declaración y reconocimiento, donde de forma clara y contundente
dio a conocer quién era su tío MARCO FIDEL ÁNGEL SÁNCHEZ, expresando que no era ningún
guerrillero […]».
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de 2009, sin que para ese momento se hubiera elevado la solicitud de conciliación
prejudicial, ni mucho menos la demanda.
• Por último resaltó que si bien esa corporación contabilizó la caducidad desde el
14 de julio de 2008 en otro expediente en donde también se imputó
responsabilidad por la muerte del señor Marco Fidel Ángel, pero adelantado por
otros de sus familiares, ello obedeció a que en ese caso el 14 e julio de 2008 «los
señores Isabelina Sánchez Sedano (Madre), Reinaldo Ángel Sánchez (hermano) y
Yuli Milena Borja Ángel (sobrina) declararon dentro del proceso de indagación
preliminar No. 042-07, [pero] en esta demanda se indicó que se tuvo conocimiento
desde el 27 de diciembre de 2007, siendo considerado esta afirmación como una
confesión».
• La providencia de segunda instancia fue notificada mediante correo electrónico
enviado el 26 de noviembre de 2024 y la acción de tutela de la referencia radicada
el 28 de enero de 2025.
1.4. Fundamentos de la solicitud
Las accionantes, luego de detallar ampliamente la actuación procesal surtida al
interior del proceso contencioso 73001-33-33-005-2017-00389-00/01, expusieron
que la autoridad judicial accionada trasgredió sus garantías constitucionales al
configurarse los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente.
En primer lugar, advirtieron que la señora Gilma Torres Varón, con ocasión de la
muerte del señor Marco, se convirtió en madre cabeza de familia, quien «nunca
tuvo la forma de acudir a la Justicia Penal Militar ni tampoco fue buscada, [sumado
a que] de todos los trámites para la entrega del cadáver se encargaron los
familiares de MARCO FIDEL».
Afirmaron que la señora Torres sólo pudo tener acceso al proceso penal como
víctima indirecta en calidad de compañera permanente del señor Marco Fidel
cuando fue contactada por el abogado Jony Francisco Pabón Figueroa10, quien
aceptó representarla de manera gratuita ante la imposibilidad de contratar un
apoderado para ejercer sus derechos y los de su hija, quien era entonces menor
de edad.
Alegaron que fue sólo con el trascurrir de los años que la Justicia Penal Ordinaria,
en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, al pedir la remisión del expediente
penal11 e investigando los hechos, que trascendió la tesis de la posible ejecución
extrajudicial del señor Marco, lo que ocurrió sin el conocimiento de la señora Gilma
Torres Varón, «quien nunca pudo postular un abogado de confianza por no contar
con recursos económicos, solo fue con el paso de los años que el suscrito
abogado conoció a las víctimas indirectas y se interesó por su representación».
10 Apoderado tanto en el proceso ordinario como en la presente acción de tutela.
11 Investigación adelantada en primer lugar por el Juzgado Setenta y Nueve de Instrucción Penal
Militar.
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Destacaron que la anterior circunstancia denota el error del tribunal al comparar la
situación de las accionantes con la que pudieron enfrentar los padres, hermanos y
sobrina de la víctima directa para acceder a la administración de justicia, puesto
que éstos sí tuvieron acceso al trámite penal desde el inicio.
Resaltaron que la autoridad judicial se extralimitó al considerar un hecho de la
demanda como una confesión, máxime cuando éste no se refiere al conocimiento
que la accionante Torres Varón podía tener hasta ese momento, por cuanto
aborda directamente a otra persona como es la señora Yuli Milena Borja Ángel12
[sobrina de la víctima13].
Señalaron que sin duda se «incurrió en pleno desconocimiento del precedente
judicial y en defecto fáctico al exigir que la demandante […], debía acudir a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo desde el año 2.007, siendo totalmente
desproporcionado tal exigencia, cuando lo cierto era que no contaba con los
elementos de juicio para determinar que lo acontecido obedeció a un actuar
irregular del Ejército Nacional».
Precisaron que la decisión controvertida se funda en apreciaciones subjetivas que
no obedecen a una realidad procesal, lo que deja al azar el derecho de las
accionantes que hoy padecen las consecuencias de un fallo indiferente e injusto,
que desconoció el precedente judicial que enseña que se debe flexibilizar la
valoración probatoria y la realidad procesal en cada caso particular14.
Advirtieron que si bien la fecha de la muerte del señor Marco Fidel no está en
discusión, el tribunal erró al concluir que «los seres queridos podían anticipar o
advertir con absoluta certeza que el daño era imputable al Estado y que podían
acceder a la administración de justicia [ya que] la imputación del daño amerita
tener certeza judicial de que lo acontecido efectivamente se trató de una ejecución
12 En los hechos 17 y 18 de la demanda se expuso: «17. Para el día 27 de diciembre del mismo
año, la señora YULI MILENA BORJA ÁNGEL se enteró que su ser querido había perdido la vida en
un enfrentamiento con miembros del Ejército Nacional,-el dia 22 en el sector conocido como la "y"
que conduce a la Recebera Martínez, noticia nefasta que fue rechazada por la familia, quienes de
inmediato se pusieron en la tarea de averiguar cómo había sucedido esa situación, obteniendo
información muy importante que les corroboraba sus sospechas, que lo sucedido con su ser
querido se trató de un falso positivo. 18. El día 28 de diciembre de 2007, la señora YULI MILENA
BORJA ÁNGEL, fue escuchada por el Juzgado 79 de Instrucción Penal Militar, en diligencia de
declaración y reconocimiento, donde de forma clara y contundente dio a conocer quién era su tío
MARCO FIDEL ÁNGEL SÁNCHEZ, expresando que no era ningún guerrillero y que era un
campesino que se desempeñaba en las labores agrícolas, exigiendo de inmediato la entrega del
cuerpo el cual ya se encontraba en la sección de NN en el Cementerio San Bonifacio de Ibagué, a
pesar de que el señor MARCO FIDEL portaba su documento de identidad el día que fue
asesinado». Ver folios 173 y 175 del archivo titulado «2017-389 CUADERNO PRINCIPAL» que se
encuentra en el aplicativo Samai.
13 Se aclara que la señora Yuli Milena Borja Ángel no es parte del proceso con radicado 73001-33-
33-005-2017-00389-00/01.
14 A lo largo de la solicitud de amparo se relacionan diversos antecedentes, tanto del Consejo de
Estado como de la Corte Constitucional, que refieren el criterio de la flexibilización probatoria en
casos relacionados con delitos de lesa humanidad, de las cuales se destacan; SU-035 de 2018,
SU-062 de 2018 y T-352 de 2016. Ver folios 27 siguientes.
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extrajudicial», tal y como lo contempla la SU de la Sección Tercera del Consejo de
Estado proferida al interior del expediente con radicado interno 61.033.
Razonaron que la autoridad judicial de cierre en el caso concreto debió ponderar
las dificultades en la investigación de ejecuciones extrajudiciales, en razón de (i)
que las víctimas son presentadas como criminales que merecían morir, dada su
condición de «enemigos» de las instituciones; (ii) la posibilidad de alteración de la
escena del crimen; (iii) el hecho de que la Fiscalía General de la Nación no
preserva los principios de independencia e imparcialidad en varias zonas de orden
público; (iv) las dificultades para el recaudo probatorio y para el traslado de
pruebas y expedientes que reposaban en la Jurisdicción Penal Militar luego de la
decisión de trasladarlos a la Justicia Ordinaria; así como la individualización de los
presuntos autores del delito; (v) las dificultades en la conducción de la
investigación; (vi) las eventuales amenazas contra testigos, familiares y
defensores, y (vii) la falsa atribución de crímenes a grupos Paramilitares.
Por su parte aludieron, con fundamento en diversos pronunciamientos de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, que «el Tribunal Administrativo del Tolima,
brill[ó] por su ausencia [al no] realizar el control oficioso de convencionalidad frente
a la gravedad de los hechos que fueron puestos en su conocimiento y, más aún,
cuando era evidente la ocurrencia de un delito de lesa humanidad».
Finalmente, la parte actora expuso las razones por las cuales se estima que en la
acción contenciosa se demostró el nexo causal entre el crimen de lesa humanidad
y el actuar del Estado.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 31 de enero de 2025 se admitió la acción de tutela y se dispuso
notificar a las demandantes, así como al Tribunal Administrativo del Tolima, como
autoridad judicial accionada.
Como terceros con interés, se vinculó al Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito Judicial de Ibagué, a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional, así como las demás partes, personas, terceros y/o entidades que hayan
participado en el proceso ordinario identificado con radicado 73001-33-33-005-
2017-00389-00/01, para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en la
presente acción dentro del término de dos [2] días contados a partir de la fecha del
recibo de la correspondiente notificación.
De igual forma, se ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que
realizara una publicación en la página web de la Corporación, con la información
de la tutela, con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados.
1.6. Intervención
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentó la siguiente contestación:
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1.6.1. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio apoderado,
expuso que la solicitud de tutela no cumple con los presupuestos generales o
específicos para su procedencia, máxime cuando lo que se pretende es usar la
acción constitucional como si se tratara de una tercera instancia.
Señaló que la tutela no cuenta con carga argumentativa mínima para ser
estudiada, sobre todo si se tiene en cuenta que el hecho de no compartir la
decisión del juez de instancia no torna ilegal tal determinación.
Precisó que se aplicó en debida forma el precedente de la Sección Tercera del
Consejo de Estado porque se probó que el hecho dañino se conoció el 27 de
diciembre de 2007.
Indicó que no se acreditó la vulneración de algún derecho fundamental, porque lo
expuesto en el mecanismo es simplemente una «narración subjetiva pretendiendo
con ello su amparo y generar una tercera instancia».
Finalmente alegó una «indebida legitimación» de la cartera ministerial que
representa, dado que lo pretendido por las accionantes es dejar sin efectos una
providencia judicial.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por la señora Gilma Torres Varón y otro, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y
el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestión previa - solicitud de desvinculación
Esta colegiatura advierte que si bien la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
solicitó su desvinculación del presente trámite, la referida petición será negada, en
razón a que su comparecencia a este mecanismo se hizo en calidad de tercero
con interés en las resultas del proceso y no como autoridad judicial demandada.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales advertidos por la parte accionante, por
parte del Tribunal Administrativo del Tolima con ocasión de la sentencia proferida
en segunda instancia el 21 de noviembre de 2024.
Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) generalidades
del defecto alegado, y (iv) el caso en concreto.
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2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 15
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema16.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales17.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201418, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta
pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de
2022, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de frente a este
requisito, así:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez
debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
15 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
16 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
17 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
18 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
Sobre el particular, la Sala destaca que este asunto es relevante
constitucionalmente pues, conforme con los argumentos esgrimidos en el escrito
de tutela, se trata de la presunta lesión de los derechos fundamentales de unas
presuntas víctimas del conflicto armado ante la posible configuración de los
defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente en la providencia
que decidió un proceso judicial que involucró el estudio sobre la responsabilidad
del Estado cimentada en una afectación grave a los derechos humanos por
tratarse de una ejecución extrajudicial.
Ahora, es pertinente advertir que los argumentos expuestos no apuntan a convertir
este mecanismo constitucional en una tercera instancia, ya que trascienden de
una «mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales».
En este orden de ideas, resulta pertinente destacar que la parte actora expone las
razones por las cuales considera que el Tribunal Administrativo del Tolima aplicó
indebidamente el criterio jurisprudencial de caducidad y flexibilización probatoria
en el marco del análisis de la responsabilidad administrativa y extracontractual de
la Nación por la consumación de un delito de lesa humanidad. Además, porque la
trasgresión que se alega reside en que no se tuvo en cuenta las particularidades
del caso concreto en donde se encuentra inmerso las garantías constitucionales
de una madre, cuyo compañero permanente fue asesinado, lo que a su juicio tiene
la virtualidad de modificar la decisión controvertida.
De igual manera, cabe destacar que el alto tribunal constitucional ha estudiado
acciones de tutela contra providencia judicial cuando esta fue dictada en procesos
en los cuales se debatió sobre la comisión de una ejecución extrajudicial ante la
relación que estos asuntos tienen con posibles violaciones a los derechos
humanos por parte del Estado19.
En este orden de ideas, se concluye que se acreditaron los criterios fijados por la
Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito de
relevancia Constitucional, en atención a que se está en presencia de una posible
trasgresión de las garantías constitucionales de las tutelantes, cuya controversia
no se enfocó en un debate de orden de contenido legal o económico, sino que se
justificó en una notoria tensión entre los garantías invocadas y la decisión judicial
objeto de reproche, por lo que la Sala superará esta causal referente al yerro en
mención.
19 Sobre la materia se puede consultar las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: SU-
035 y 062 de 2018 y SU-060 de 2021.
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2.5.2. Respecto al agotamiento de todos los medios de defensa judicial, se
tiene que, la parte accionante no cuenta con otro mecanismo distinto a la tutela
para conjurar la eventual transgresión que la aludida decisión pudiera irrogarles a
sus derechos fundamentales. Esto, toda vez que, contra la providencia proferida y
ejecutoriada del Tribunal Administrativo del Tolima, que puso fin al proceso, no
procede ningún recurso ordinario, y que los cargos alegados por los defectos
fáctico, sustantivo y por desconocimiento del precedente no se encuadran en las
causales de procedencia de los extraordinarios de revisión, ni de unificación de
jurisprudencia.
2.5.3. De igual manera, en el presente asunto se cumple el requisito de
inmediatez pues la decisión en cuestión fue notificada mediante correo
electrónico enviado el 26 de noviembre de 2024, mientras que la acción de tutela
fue radicada el 28 de enero de 2025, es decir que, sin hacer alusión a la fecha de
la ejecutoria, la acción de tutela se presentó dentro de los seis meses que esta
Sección considera como plazo prudencial para acudir a esta instancia
constitucional.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201420, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200521,
para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias
judiciales y reiteró que seis [6] meses es el término prudente para acudir y solicitar
el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas.
2.5.4. No se trata de una tutela contra decisión de igual naturaleza dado que la
providencia que controvierte la parte actora fue proferida dentro del proceso de
reparación directa identificado con el radicado 73001-33-33-005-2017-00389-
00/01.
Por todo lo anterior, la Sala procederá a realizar el análisis del defecto fáctico,
sustantivo y desconocimiento del precedente, al encontrar acreditados los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial.
2.6. De las generalidades de los defectos alegados
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
21 «c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos».
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2.6.1. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201522 precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia del defecto
fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la
presente decisión así:
i) Omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii)
desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad
de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las
pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas
con violación del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:
Evento Características
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos
que alega, solicitó al juez el decreto de una prueba
relevante para resolver el problema jurídico sometido a
consideración, y ésta fue negada; ello sin desconocer la
facultad del juez ordinario de negar pruebas que no
atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e
idoneidad. Así las cosas, es importante considerar que
Omisión de no toda negativa a un decreto de pruebas abre la
decreto y posibilidad a la configuración del defecto, ya que este
práctica de procederá cuando se rechace el decreto y práctica de la
pruebas prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con los
indispensables parámetros arriba señalados.
para fallar el
asunto De esta manera, se requiere que:
a) Que la parte identifique el elemento probatorio que
solicitó
b) Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad
legal
c) Se expongan las razones por la cuales la prueba
solicitada era conducente, pertinente o idónea.
d) Señalar de manera razonada la razón por la cual, de
haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión
hubiere sido otro.
Se presenta cuando, obrando los elementos de
convicción en el expediente, y estos resultan decisivos
frente a los hechos que se pretenden probar, éstos no
Desconocimiento son tenidos en cuenta por el fallador ordinario. En este
del acervo punto, se requiere que de forma específica, se concrete
probatorio en el escrito de amparo, cuáles pruebas, aportadas
determinante oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el juez.
para identificar la
veracidad de los Así las cosas, se configura siempre:
hechos alegados
por las partes a) Se identifiquen los elementos de prueba no
22 Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
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valorados por el juez.
b) Se demuestre que estos fueron aportados en forma
legal y oportunamente al proceso
c) Se señale las razones por las cuales eran
relevantes para la decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los
mismos para variar el sentido del fallo.
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana
crítica, la apreciación efectuada por el fallador,
resulta manifiestamente equivocada o arbitraria, y
por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende
alterado.
Valoración Requiere entonces que:
irracional o
arbitraria de las a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas
pruebas fueron objeto de indebida valoración por el juez
aportadas b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la
consideración del operador judicial se aleja de las
reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados, resulta de
vital importancia, pues es claro que un sencillo
desacuerdo en relación con la conclusión a la cual
arribó el juez de instancia, de ninguna manera
puede ser razón para ordenar el amparo
constitucional por este aspecto. Aceptar lo
contrario, implicaría una sustitución arbitraria del
juez natural.
c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia
Dictar sentencia decide el asunto con base en pruebas que no
con fundamento observaron los requisitos legales para su producción o
en pruebas introducción al proceso. Así las cosas, el juez no ignora
obtenidas con la prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra al
violación del haberla tenido en cuenta para decidir el problema
debido proceso jurídico que le fue planteado, al ser esta una prueba que
desconoce el debido proceso de las partes.
Para su configuración corresponde:
a) Señalar con claridad los elementos probatorios
aportados con violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha
vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción
fueron el sustento de la decisión.
Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en su
escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto,
sino también, su incidencia en la decisión judicial.
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Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para
lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una
providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la
buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución
Política.
Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en
que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de tal
manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba,
como suele ocurrir, pues es desacertado.
2.6.2. Referente al defecto sustantivo, se tiene que la Corte Constitucional23, ha
explicado que este se presenta cuando «la autoridad judicial aplica una norma
claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta
por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica»24.
Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:
a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al
caso concreto, por impertinente25 o porque ha sido derogada26, es
inexistente27, inexequible28 o se le reconocen efectos distintos a los
otorgados por el Legislador29.
b) No se hace una interpretación razonable de la norma30.
c) La disposición aplicada es regresiva31 o contraria a la Constitución32.
d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no
previstos en la disposición33.
e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma34 .
f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial
sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.
Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de
23
Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12.03.12., M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
24
Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del
27.01.05, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31.03.05, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa, T-657 del 10.08.06, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31.08.07, M.P. Jaime
Córdoba Triviño, T-743 del 24.07.08, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1.02.10, M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1.10.10, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras.
25 Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3.03.05. M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
26 Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4.03.04. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
27 Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22.09.06. M.P. Jaime Araujo Rentería.
28 Corte Constitucional, Sentencia T-522 del 18.05.01. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
29 Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
30 Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30.01.09. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-
1101 del 28.10.05, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
31 Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22.01.08, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
32 Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8.02.07, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
33 Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13.05.94. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
34 Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26.08.004. M.P. Clara Inés Vargas.
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un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga
argumentativa.
2.6.3. Frente al desconocimiento del precedente, resulta importante precisar la
posición de la Sala sobre el concepto de precedente, el cual se sintetiza en los
siguientes términos:
[…] es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al
juez que debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar
una similitud en sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los
cuales la ratio decidendi constituye la regla… que obliga al operador jurídico
a fallar en determinado sentido […]35.
Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos36 explicó que el
concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del
sentido de la decisión y su contenido específico, es decir, la ratio decidendi, la cual
no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en
donde se especifique una regla o subregla de derecho para que aquella sea
considerada como precedente. También se considera que constituyen precedente
las sentencias de constitucionalidad y las de unificación, expedidas tanto por la
Corte Constitucional, como por el Consejo de Estado.
Cabe resaltar que el carácter vinculante de las reglas o subreglas de derecho
creadas por las Altas Cortes cuando actúan como órganos de cierre en
determinada materia, encuentra su fundamento en la jerarquía del juez, a sus
funciones asignadas por la norma superior y a la garantía de los principios de
igualdad y seguridad jurídica, así como, en la coherencia del ordenamiento
jurídico.
2.7. Caso concreto
En este asunto, las accionantes controvierten la sentencia de 21 de noviembre de
2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima dentro del proceso de
reparación directa identificado con el radicado 73001-33-33-005-2017-00389-
00/01, que revocó la decisión de 30 de noviembre de 2020 expedida por el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, que había accedido
parcialmente a las pretensiones del medio de control, para en su lugar declarar la
caducidad de la acción contenciosa.
En efecto, las demandantes advirtieron que la autoridad judicial accionada
incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y por desconocimiento del precedente
porque el tribunal le dio el carácter de confesión a unos hechos de la demanda,
que ni siquiera se referían a las accionantes, de lo cual deviene una indebida
implementación del criterio jurisprudencial de la caducidad y de la flexibilización
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 19 de
febrero de 2015, M.P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 2013-02690-01.
36 Entre otras ver sentencia de 6 de mayo de 2021; expediente 11001-03-15-000-2021-0281-01.
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probatoria en el marco del análisis de la responsabilidad administrativa y
extracontractual de la Nación por la consumación de un delito de lesa humanidad.
Además, se alega que dicha trasgresión se fundamenta en que no se tuvo en
cuenta las particularidades del caso concreto, como la imposibilidad de acceder al
proceso penal que se adelantó por la ejecución extrajudicial del señor Marco Fidel
Ángel Sánchez.
Al respecto, a esta Sala le resulta viable estudiar los cargos de forma conjunta,
comoquiera que éstos buscan poner en evidencia un error en la valoración de los
alcances de una afirmación realizada en la demanda contenciosa, sin el debido
contraste del criterio jurisprudencial de la caducidad y de la flexibilización
probatoria en casos en donde se debata la responsabilidad del Nación en asuntos
derivados por delitos de lesa humanidad, lo que denota una indebida
implementación del precedente unificado por parte de la Sección Tercera del
Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
Ahora bien, con el fin de resolver este asunto, resulta pertinente recordar las
consideraciones del ad quem para llegar a la conclusión de que la caducidad se
debía computar desde el 27 de diciembre de 2007:
En este asunto, el apoderado de la parte actora, en el escrito de demandada,
reconoció que, los familiares de Marco Fidel Ángel, conocieron del hecho el 27 de
diciembre de 2007, en los siguientes términos: “(…) Para el día 27 de diciembre del
mismo año, la señora YULI MILENA BORJA ÁNGEL se enteró que su ser querido
había perdido la vida en un enfrentamiento con miembros del Ejército Nacional,-el
dia 22 en el sector conocido como la "y" que conduce a la Recebera Martínez,
noticia nefasta que fue rechazada por la familia, quienes de inmediato se pusieron
en la tarea de averiguar cómo había sucedido esa situación, obteniendo información
muy importante que les corroboraba sus sospechas, que lo sucedido con su ser
querido se trató de un falso positivo.) l día 28 de diciembre de 2007, la señora YULI
MILENA BORJA ÁNGEL, fue escuchada por el Juzgado 79 de Instrucción Penal
Militar, en diligencia de declaración y reconocimiento, donde de forma clara y
contundente dio a conocer quién era su tío MARCO FIDEL ÁNGEL SÁNCHEZ,
expresando que no era ningún guerrillero y que era un campesino que se
desempeñaba en las labores agrícolas, exigiendo de inmediato la entrega del
cuerpo el cual ya se encontraba en la sección de NN en el Cementerio San
Bonifacio de Ibagué, a pesar de que el señor MARCO FIDEL portaba su documento
de identidad el día que fue asesinado. (…) l 28 de diciembre de 2007, El Juzgado 79
de Instrucción Penal Militar, escucho en diligencia de reconocimiento a la señora
YULI MILENA BORJA ÁNGEL, quien de manera detallada dio a conocer quién era
su tío MARCO FIDEL ÁNGEL SÁNCHEZ, su actividad laboral y demás información
sobre su desaparición, además hizo una descripción clara de sus rasgos físicos que
permitieron su identificación”; manifestación que constituye una confesión por medio
de apoderado judicial, en los términos de los artículos 191 y 193 del C.G.P.
En este orden de ideas, se tiene que el tribunal concluyó que se había presentado
una confesión de la fecha de conocimiento del daño por parte de las accionantes
en el capítulo de hechos de la demanda, sin embargo, tal consideración además
de llegar a una conclusión sin sustento frente a las titulares de la acción
contenciosa, no aplica el criterio jurisprudencial que ha adoptado el Consejo de
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Estado y la Corte Constitucional en este tipo de asuntos, como se pasará a
explicar.
En primer lugar, resulta útil recordar el criterio jurisprudencial unificado de la
Sección Tercera del Consejo de Estado en cuanto a la caducidad del medio de
control de reparación directa en casos en los que se debata la responsabilidad de
la Nación por delitos de lesa humanidad37:
Precisado lo anterior, a modo de conclusión, la Sección Tercera aclara que,
mientras no se cuente con elementos de juicio para inferir que el Estado estuvo
implicado en la acción u omisión causante del daño y que le era imputable el daño,
el plazo de caducidad de la reparación directa no resulta exigible, pero si el
interesado estaba en condiciones de inferir tal situación y, pese a ello no acudió
a esta jurisdicción, el juez de lo contencioso administrativo debe declarar que el
derecho de acción no se ejerció en tiempo, bien sea al analizar la admisión de la
demanda, al resolver las excepciones en la audiencia inicial o al dictar sentencia,
según el caso.
Lo expuesto resulta aplicable a todos los asuntos de reparación directa, al margen
de que se trate de delitos de lesa humanidad o de crímenes de guerra, pues ni el
Decreto 01 de 1984 ni la Ley 1437 de 2011 establecen una regla especial frente a
estas conductas, salvo lo referente al delito de desaparición forzada.
PRIMERO: UNIFICAR la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias
formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y
cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad
patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: i) en tales eventos resulta
aplicable el término para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo,
salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa,
se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la
participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de
imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica
cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio
del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley.
Por su parte, se tiene que la Corte Constitucional38 ratificó dicho criterio, así:
6.41. En este orden de ideas, como lo puso de presente el Pleno de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, en su condición de órgano de cierre de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la Sentencia del 29 de enero de
2020, la Corte considera que no es necesario extender la figura de
imprescriptibilidad que se predica de acción penal frente a los delitos de lesa
humanidad al estudio de la caducidad del medio de control de reparación directa
para asegurar los derechos de las víctimas, puesto que, además de tratarse de
instituciones jurídicas con características y lógicas diferentes, el término legal
establecido para acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo integra un
criterio asimilable al que lleva inmerso dicha figura aplicable a la persecución penal,
el cual busca ponderar los principios en tensión, estos son, la seguridad jurídica y el
mandato de justicia.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena,
providencia de 29 de enero de 2020, expediente con radicado interno 61.033, C.P. Marta Nubia
Velásquez Rico.
38 Ver al respecto SU-312 de 2020.
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En este orden de ideas, si bien se tiene que las máximas autoridades de lo
contencioso y constitucional determinaron que en asuntos en donde se debata la
responsabilidad de la Nación por delitos de lesa humanidad, salvo desaparición
forzada, resultaba aplicable la figura del fenómeno jurídico de la caducidad, ello
debe leerse en consonancia con el presupuesto de la fecha cierta del
conocimiento del daño, así como la posibilidad de imputar responsabilidad
patrimonial.
Aclarado lo anterior, se tiene que la declaración rendida por la señora Yuli Milena
Borja Ángel, además de ser de un tercero ajeno a la controversia 73001-33-33-
005-2017-00389-00/01, no crea ninguna convicción para las señoras Gilma Torres
Varón y Mildred Yahaira Ángel de que la muerte del señor Marco Fidel no fue en
combate, ya que la creencia por parte de la sobrina de la víctima no brinda
elementos de juicio suficientes que permitan acreditar el dicho de las
demandantes ante el funcionario natural de la causa, luego no resultaba razonable
para el tribunal accionado usar como fecha de conocimiento del daño para
computar el término preclusivo el testimonio que fue mencionado en los hechos de
la demanda.
Al respecto, la Corte Constitucional ha abordado el alcance que tienen las
declaraciones de las víctimas indirectas al interior del proceso contencioso en el
marco de la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial a la Nación, en
concordancia con la regla unificada por la Sección Tercera del Consejo de Estado,
así:
139. Tanto el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Valledupar como el
Tribunal Administrativo del Cesar fundamentaron su decisión precisamente en el
conocimiento del hecho por parte de las demandantes, es decir, para las
autoridades judiciales accionadas era suficiente que la parte conociera de la
muerte de su familiar y manifestara que la misma fue consecuencia del actuar
de los miembros del Ejército Nacional, a fin de que se le imputara
responsabilidad al Estado por dicho hecho. Sin embargo, las autoridades
accionadas desconocieron que, para acreditar los elementos de la
responsabilidad del Estado, no es suficiente que los demandantes afirmen
fehacientemente que la víctima murió a manos de militares (ya que tenía la
convicción de que así ocurrió), sino que además tenga los elementos de juicio
suficientes que le permitan acreditar su dicho en un proceso ante el juez.
140. Exigirles a las víctimas que interpongan la acción de reparación directa
sin contar con los elementos probatorios mínimos y necesarios para
fundamentar la imputación al Estado puede significar un sacrificio grave de
los derechos a la justicia y a la reparación integral. En consecuencia, para la
Sala es claro que la regla de unificación de la Sección Tercera del Consejo de
Estado a la que se hizo referencia en párrafos anteriores implica no solo el
conocimiento del hecho, sino la posibilidad de probar los fundamentos
fácticos de la demanda.
141. En este caso la parte demandante desde el momento de la muerte de su
familiar a manos del Ejército Nacional tenía la convicción de que no se trató de
una muerte en combate y justamente así lo reconoció la señora Adriana en su
declaración del 26 de enero de 2009. Sin embargo, para ese momento las
accionantes no tenían acceso a los documentos que les permitirían confirmar
y probar este hecho. La convicción acerca de que la muerte de su familiar se
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trató de una ejecución extrajudicial solo la pudieron probar y confirmar una
vez tuvieron acceso al expediente que contenía el proceso penal. Ello ocurrió,
según las demandantes, cuando se presentó por segunda vez la demanda de
constitución de parte civil ante la Fiscalía 63 Especializada de Derechos Humanos y
DIH, que fue el momento en el cual el apoderado de la señora Adriana en el proceso
penal pudo acceder al expediente39.
Por su parte, también resulta pertinente destacar lo que ha considerado la Corte
Constitucional en las SU-060 de 2021, SU-062 de 2018 y SU-035 de 2018,
[providencias de carácter vinculante para el juez constitucional], respecto al criterio
de flexibilización probatoria cuando versen asuntos que impliquen presuntas
trasgresiones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad así:
Jurisprudencia constitucional en relación con la flexibilización de los
estándares de valoración probatoria en materia de graves violaciones a los
derechos humanos
76. Inicialmente, en sentencia T-926 de 2014, este Tribunal advirtió que por
tratarse de casos en los cuales se analizan graves violaciones a los derechos
humanos, la valoración probatoria que realiza el juez debe flexibilizarse,
admitiendo la posibilidad de acudir a los indicios como pruebas determinantes
de la responsabilidad estatal. […].
79. Con posterioridad, la sentencia SU-035 de 2018 concluyó que, con ocasión del
principio de equidad, procede la flexibilización de la valoración probatoria en los
casos que comprometen violaciones a los derechos humanos, puesto que en
ellos se presenta “una ruptura deliberada e injusta de la correlación entre la
prueba del daño y la prueba del perjuicio”. Lo anterior, debido a
manifestaciones de poder irregular, desequilibrios de fuerzas o estructuras de
delincuencia institucional y organizada.
La Corte unificó su jurisprudencia y enfatizó la necesidad de que los jueces
aligeren o dinamicen la carga probatoria en casos en los que se discute la
reparación integral a las víctimas de los daños materiales causados en forma
antijurídica por el Estado colombiano, para lo cual se ha admitido, por
ejemplo, demostrar el perjuicio mediante medios de prueba alternos o también
a través de indicios.
80. Aunado a lo expuesto, la sentencia SU-062 de 2018 reiteró la jurisprudencia
unificada en la materia, según la cual “existe un imperativo de flexibilizar los
estándares probatorios y de fortalecer el deber de los jueces de ejercer las
potestades que les han sido conferidas en aras de garantizar la justicia
material con pleno respeto de los derechos fundamentales de todas las partes
involucradas. Lo anterior trae como consecuencia, entre otras cosas, el uso
de las inferencias judiciales razonables”. […]:
[…]
De tal forma, la Corte coligió que los jueces deben reconocer la relevancia especial
de la prueba indiciaria al momento de valorar la totalidad del acervo probatorio en
los asuntos donde se juzgan graves infracciones a los derechos humanos.
[…]
117. En ese contexto, para la Corte en el asunto bajo estudio, el Consejo de
Estado incurrió en un defecto sustantivo por un error en la interpretación de los
39 Ver al respecto T-378 de 2024.
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principios pro homine y de equidad, al no haber aplicado la ya
mencionada flexibilización de los estándares probatorios a efecto de privilegiar
la justicia material, utilizando medios de prueba indirectos como los indicios o
morigerando la carga de la prueba para demostrar el perjuicio material objeto
de la reclamación. Por el contrario, al denegar las pretensiones de la demanda
indicó que la parte actora no cumplió con la carga de la prueba que le impone la ley.
De acuerdo con lo expuesto en la parte general de esta providencia ante
presuntas violaciones graves a los derechos humanos, a los jueces valorar les
corresponde los elementos probatorios con un tamiz flexible, a la luz de los
principios de equidad y pro homine, por tratarse de asuntos que encierran una
asimetría de poder y, por tal razón, gran dificultad probatoria. Además, de
encontrarse de por medio los intereses de las víctimas, quienes generalmente
son población vulnerable, por lo que una exigencia rigurosa en la dinámica
probatoria no solo resulta excesiva sino revictimizante.
De lo anterior, resulta diáfano concluir que, para acreditar los elementos de la
responsabilidad del Estado, no es suficiente que los demandantes afirmen que la
víctima murió con ocasión de un actuar de miembros del Estado, sino que es
necesario tener elementos de juicio suficientes que le permitan acreditar su dicho
en el proceso contencioso, al punto de considerar el momento de acceso al
expediente penal como una fecha de partida razonable para el cómputo de la
caducidad, ya que es en ese momento que se cuenta con medios probatorios que
sustenten la imputación.
Luego, es claro que en este asunto el Tribunal Administrativo del Tolima
desconoció el criterio jurisprudencial de la Sección Tercera del Consejo de Estado
y de la Corte Constitucional referente a la forma de determinar la fecha para
cuando las accionantes tuvieron la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial, en primera medida al usar una declaración que ni siquiera proviene
de las demandantes, y por el hecho de no ponderar las circunstancias particulares
de la señora Gilma Torres Varón, quien no estuvo presente al inicio del trámite
penal en la misma oportunidad de los demás familiares de la víctima directa, los
cuales adelantaron procesos contenciosos independientes.
Al respecto resulta relevante resaltar que no es razonable, desde una perspectiva
constitucional, que el tribunal accionado usara como punto de partida una
declaración que nada tiene que ver con las demandantes, donde cabe destacar
que aún si ese testimonio hubiera provenido de las tutelantes, éste no hubiese
incidido en la contabilización del término perentorio en el caso concreto, ya que,
como ampliamente se explicó, para activar el aparato judicial es necesario tener
elementos de juicio suficientes que le permitan acreditar lo dicho en un proceso.
En consecuencia, se considera que se encuentra acreditada la trasgresión de las
garantías constitucionales de las accionantes, comoquiera que el tribunal
accionado, al aplicar indebidamente los criterios ya relacionados, impidió el
análisis de fondo del caso concreto en donde se encuentra en controversia un
asunto que conlleva la vulneración de derechos de unas personas que hacen
parte de un grupo de ciudadanos que no se encuentra en igualdad de condiciones
frente a su contraparte, de lo cual se predica un índice alto de estado de
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vulnerabilidad, lo que los convierte en sujetos de especial protección
constitucional.
Ahora, si bien se señaló que el estudio se realizaría de forma conjunta, resulta
pertinente destacar que la configuración del desconocimiento del precedente
constitucional en los términos señalados es suficiente para amparar los derechos
fundamentales de las accionantes. En este sentido, no es necesario desarrollar si
la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos fáctico y sustantivo en el
caso concreto.
2.8. Conclusión
En este orden de ideas, la Sala amparará los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia de las señoras Gilma Torres
Varón y Mildred Yahaira Ángel Torres, dejará sin efectos la sentencia de 21 de
noviembre de 2024 del Tribunal Administrativo del Tolima, y ordenará proferir una
decisión de reemplazo, en la que se debe tener en cuenta las reglas
jurisprudenciales señaladas en la parte motiva de esta providencia, en particular el
criterio de flexibilidad probatoria que reviste estos asuntos, sobre todo en lo que
tiene que ver con la fecha para cuando las demandantes pudieron advertir la
posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, como por ejemplo, la fecha
de acceso al expediente penal40 por parte de las accionantes.
Finalmente, resulta pertinente precisar que:
i. El amparo acá concedido no implica automáticamente una decisión
favorable a las demandantes del proceso ordinario, máxime cuando se
limitó al análisis de la caducidad del medio de control, luego la autoridad
judicial accionada en el marco de su autonomía e independencia, podrá
concluir motivadamente que no se satisfacen los presupuestos necesarios
para acceder a las pretensiones de la demanda.
ii. El Tribunal Administrativo del Tolima, previo a proferir una decisión de
remplazo, podrá decretar las pruebas de oficio que estime útiles,
pertinentes y conducentes, a efectos de establecer la fecha cuando las
accionantes tuvieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
40 Ver T-378 de 2024 «En este caso la parte demandante desde el momento de la muerte de su
familiar a manos del Ejército Nacional tenía la convicción de que no se trató de una muerte
en combate y justamente así lo reconoció la señora Adriana en su declaración del 26 de enero de
2009. Sin embargo, para ese momento las accionantes no tenían acceso a los documentos
que les permitirían confirmar y probar este hecho. La convicción acerca de que la muerte de
su familiar se trató de una ejecución extrajudicial solo la pudieron probar y confirmar una
vez tuvieron acceso al expediente que contenía el proceso penal» [Énfasis de la Sala].
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3. FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación que radicó la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional.
SEGUNDO: AMPARAR los derechos constitucionales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia de las señoras Gilma Torres Varón y Mildred
Yahaira Ángel Torres.
TERCERO: DEJAR SIN VALOR NI EFECTO la providencia de 21 de noviembre
de 2024 proferida al interior del proceso de reparación directa identificado bajo el
radicado 73001-33-33-005-2017-00389-00/01, y ORDENAR al Tribunal
Administrativo del Tolima que dicte una providencia de reemplazo, teniendo en
cuenta el análisis efectuado por la Sala en esta oportunidad, para lo cual se le
concederá el término de treinta [30] días hábiles contados a partir de la notificación
de la presente sentencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los 3 días siguientes a su
notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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