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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00859-00

Fecha
19 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00859-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar fundado el impedimento manifestado por la consejera Elizabeth Becerra Cornejo. En consecuencia, se le separa del conocimiento del asunto de la referencia. Segundo. Declarar improcedente la solicitud de tutela promovida por Juan José Manrique Acero y Marco Alirio Cortés Torres, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de San Gil. Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 35 Director de Tránsito y Transporte de Barbosa - Santander. 36 Alcalde del municipio de Barbosa - Santander. 22 Radicado: 11001-03-15-000-2026-00859-00 Demandantes: Juan José Manrique Acero y otro La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00859-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

19 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00859-00 (Acumulado)1
Demandantes: Juan José Manrique Acero y Marco Alirio Cortés Torres
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander

Temas: Tutela contra providencia judicial / Acción popular – sanción por
desacato / Defectos sustantivo y procedimental
Decisión: Negar el amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud formulada por Juan José Manrique Acero y Marco Alirio
Cortés Torres, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política, y desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud2

1. Juan José Manrique Acero3 y Marco Alirio Cortés Torres4 promovieron solicitud
de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos y garantías fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, con ocasión
de las providencias proferidas el 15 de diciembre de 2025 y 19 de enero de 2026 por
el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de San Gil y el Tribunal
Administrativo de Santander, respectivamente, en el incidente de desacato
promovido dentro del medio de control de protección de derechos e intereses
colectivos identificado con el radicado 68679333300220210008202.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo los demandantes expusieron lo
siguiente:

2.1. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de San Gil, en
sentencia del 26 de junio de 2023 declaró vulnerados los derechos en el medio de
control de protección de derechos e intereses colectivos promovido por Marco
Antonio Velásquez.

1 Proceso acumulado 11001-03-15-000-2026-00956-00.
2 Ver índice 2 de Samai.
3 Director de Tránsito y Transporte de Barbosa - Santander.
4 Alcalde del municipio de Barbosa - Santander.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00859-00
Demandantes: Juan José Manrique Acero y otro

2.2. El Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia del 9 de febrero de 2024
modificó el pronunciamiento de primera instancia y ordenó al municipio de Barbosa –
Santander y a la Dirección de Tránsito y Transporte del ente municipal adelantar
determinadas actuaciones5.

2.3. El juez de primera instancia emitió el auto del 27 de noviembre de 2025 con el
que dio apertura al incidente de desacato y ordenó la notificación personal de Juan
José Manrique Acero como director de Tránsito y Transporte del ente municipal y de
Marco Alirio Cortés Torres como alcalde municipal de Barbosa Santander.

2.4. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de San Gil profirió el
auto del 15 de diciembre de 2025 con el que los declaró en desacato en su condición
de alcalde municipal y director de tránsito y transporte, respectivamente. En sede de
consulta, el Tribunal Administrativo de Santander emitió la providencia del 19 de
enero de 2026 con la que confirmó la decisión de primera instancia.

2.5. Sus derechos fundamentales fueron vulnerados al imponérseles sanción por
desacato sin acreditar el elemento subjetivo y con indebida notificación personal, ya
que, para el momento en que se profirieron las decisiones judiciales en el marco de
la acción popular, no se encontraban posesionados de sus respectivos cargos y al
momento de realización de empalme con la anterior administración municipal, tanto
en la alcaldía como en la dirección de tránsito y transporte, se omitió informar acerca
de la existencia del proceso y de los fallos que debían cumplirse, de los cuales solo
tuvieron conocimiento efectivo con ocasión de la apertura del incidente de desacato,
cuya notificación no se hizo de manera personal.

2.6. El 4 de diciembre de 2025 se celebró sesión de la Junta Directiva de la
Dirección de Tránsito y Transporte de Barbosa -Santander, en la cual le otorgaron
facultades al director (aquí demandante) para adelantar estudios técnicos y
financieros orientados al cumplimiento del fallo, demostrando una actuación
inmediata y diligente una vez tuvieron conocimiento.

5 Ordenó al municipio realizar diagnóstico poblacional sobre los sectores de la carrera 10con calle 9 y

calle 9 con carrera 9 del municipio de Barbosa Santander, extrayendo el porcentaje de personas con
discapacidad visual circula en el sector y cuáles son las rutas, para así valorar cada una de las
hipótesis en favor de la protección de las personas con discapacidad visual para el paso seguro por
estas vías. Igualmente, a la Dirección de Tránsito de Barbosa que , en el término de seis (6) meses a
la ejecutoria de la sentencia, fijara un cronograma donde se establezcan las acciones “reales y
concretas” que se llevarían a cabo para lograr la implementación de los dispositivos auditivos en las
intersecciones donde se encuentren ubicados los semáforos convencionales del Municipio de Barbosa
Santander, determinando cuál es el mecanismo idóneo y necesario que permita dar cumplimiento a lo
previsto en la Ley 361 de 1997. Realizado lo anterior, deberían iniciar su ejecución la cual no podrá
exceder de un término superior a un (1) año. Asimismo, debían darse divulgación a la comunidad de
las actividades, las medidas de ese fallo, como parte de la inclusión social a favor de la población en
condición de discapacidad las fechas en que se realizará la implementación de las políticas de
prevención, y seguimiento que garantice la protección de los derechos de las personas con
discapacidad visual, y una sensibilización de tres (3) meses seguidos a la implementación de las
medidas.

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Demandantes: Juan José Manrique Acero y otro

2.7. El auto de apertura del incidente de desacato fue notificado a los correos
institucionales y generales de la entidad:
notificacionjudicial@barbosasantander.gov.co y
contactenos@barbosasantander.gov.co, pero no le fue notificado personalmente a
los demandantes.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, Juan José Manrique Acero
solicitó:

«[…] SEGUNDO: Que se DEJEN SIN EFECTOS las providencias de fechas quince (15)
de diciembre de 2025 y diecinueve (19) de enero de 2026, y se declare la nulidad de todo
lo actuado desde el auto que dio apertura al incidente de desacato.

TERCERO: Que se ORDENE a los despachos Juzgado Segundo Administrativo Oral del
Circuito Judicial de San Gil - Santander y Tribunal Administrativo de Santander,
abstenerse de ejecutar y mantener la sanción económica impuesta en mi contra y en
contra del señor MARCO ALIRIO CORTÉS TORRES.

CUARTO: Que se ORDENE como medida provisional la suspensión de los efectos
sancionatorios de las providencias cuestionadas, mientras se decide de fondo la presente
acción, con el fin de evitar un perjuicio grave e irremediable. […]». (sic)

3.1. Marco Alirio Cortés Torres solicitó:

«[…] SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS las providencias de providencias de 15
de diciembre de 2025 y 19 de enero de 2026, proferidos por los juzgados LOS
DESPACHOS JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRAVIO DE SAN GIL Y TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SANGIL, declarando la nulidad de todo lo actuado a partir de la
fecha inicial de estos autos.

TERCERO: ORDENAR a LOS DESPACHOS JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRAVIO
DE SAN GIL Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SAN GIL, archivar las diligencias del
desacato en contra de MARCO ALIRIO CORTES TORRES Y JUAN JOSE MANRIQUE
ACERO, abstenerse de imponer sanción.

CUARTO: ORDENAR provisionalmente la suspensión de los efectos sancionatorios de
los autos tutelados hasta cuando se decida esta acción, a efectos de evitar un perjuicio
grave e irremediable. […]». (sic)

1.2. Informes rendidos en los procesos

4. El Tribunal Administrativo de Santander6 solicitó que se declararan
improcedentes las tutelas o, en su defecto, negaran las peticiones de amparo ante la
inexistencia de vulneración a derecho fundamental alguno, además de la falta de
relevancia constitucional y pretender utilizarla como una instancia adicional,
comoquiera que la sentencia del 14 de marzo de 2025 aplicó en debida forma los
parámetros jurisprudenciales vigentes sobre la materia en conjunto con el material
probatorio allegado al plenario.

6 Ver índice 10 y 21 de Samai.

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Demandantes: Juan José Manrique Acero y otro

4.1. Las sanciones por desacato se impusieron tras verificar el incumplimiento
prolongado de órdenes judiciales dictadas en sede de acción popular, relacionadas
con la adopción de medidas concretas para garantizar la movilidad y los derechos
colectivos de personas con discapacidad visual en el municipio de Barbosa, que los
incidentados sí fueron debidamente individualizados y notificados a través de correos
institucionales, que incluso intervinieron dentro del trámite, y que las actuaciones
administrativas alegadas —como reuniones y actas— no acreditaron gestiones
eficaces ni oportunas para cumplir las órdenes judiciales, evidenciándose una
conducta renuente

5. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de San Gil7 pidió
declarar la improcedencia de las solicitudes de tutela, por cuanto las sentencias de
primera y segunda instancia que ampararon los derechos colectivos fueron
debidamente proferidas y notificadas, el incidente de desacato se abrió conforme a
la Ley, los incidentados fueron notificados en correos institucionales y personales
obtenidos de fuentes oficiales, la falta de empalme no constituía excusa válida para
el incumplimiento de órdenes judiciales y que no se acreditó vulneración alguna de
derechos fundamentales ni la existencia de defectos fácticos, sustantivos o
procedimentales.

6. Marco Antonio Velásquez8 afirmó que la administración municipal de
Barbosa no cumplió la orden judicial, razón por la cual presentó el incidente de
desacato contra el ente territorial indicando que, pese a tener sanción por desacato,
no se hizo efectivo lo dispuesto por el juez de amparo popular.

2. Consideraciones

7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) manifestación de impedimento; iii)
delimitación del asunto; iv) procedencia de la tutela contra providencia judicial; v)
determinación del problema jurídico; y v) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

8. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 333 del 6 de abril de
20219 esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra el
Tribunal Administrativo de Santander.

7 Ver índices 12 de Samai.
8 Ver índice 13 de Samai.
9 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.

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2.2. Manifestación de impedimento de la consejera Elizabeth Becerra Cornejo

9. La consejera Elizabeth Becerra Cornejo a través de oficio del 8 de mayo de
10
2026 manifestó impedimento para conocer del asunto al considerarse incursa en la
causal 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que «la providencia
del 19 de enero de 2026 fue suscrita por la magistrada María Eugenia Carreño Gómez, con
quien me une una relación de amistad íntima derivada de haber compartido actividades
personales, académicas y profesionales por más de treinta años […]». Normativa que
dispone:

«[…] ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:
[…]
5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante,
víctima o perjudicado y el funcionario judicial. […]»

10. Como se observa, se satisfacen los presupuestos para aceptar el impedimento
manifestado, en razón a que la magistrada María Eugenia Carreño Gómez es parte en
el asunto de la referencia como integrante del Tribunal Administrativo de Santander,
autoridad judicial hoy demandada.

2.3. Delimitación del asunto a decidir

11. Pese a que en el presente asunto, los demandantes, en sus escritos de tutela
no argumentaron de manera expresa la configuración de causales específicas para
que proceda el estudio de este mecanismo de amparo constitucional frente a las
providencias judiciales que pretenden dejar sin efectos, el juez de tutela, en uso de
su facultad de interpretación, entiende que los argumentos de inconformidad
relacionados con una sanción por desacato sin acreditar el elemento subjetivo y con
indebida notificación personal se adecúan a los defectos sustantivo y procedimental,
por tal motivo se efectuará el estudio de la causa desde tal perspectiva.

2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

12. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo
del Consejo de Estado11 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema12. Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio

10 Ver ítem 20 de Samai en el expediente 11001031500020260085900. Archivo denominado

«29Manifestaciond_20260085900Manifesta(.pdf) NroActua 20».
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, MP María Elizabeth García González.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.

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de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

13. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

14. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado13 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para establecer
la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección
de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese
sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar además contra
decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

15. Ahora bien, la Corte Constitucional14 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que
se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean
idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no
se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar
improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

16. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos15,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad del
amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos
específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal
trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales16.

17. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
15 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.

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2.3.1. Solicitud de tutela contra desacato

18. Ahora bien, teniendo en cuenta que en el caso concreto las providencias que
se cuestionan son aquellas que impusieron sanción con ocasión del presunto
incumplimiento de una orden de amparo colectivo, es pertinente advertir que en
reiterada jurisprudencia se ha considerado que, por regla general, la solicitud de
tutela no procede dentro del trámite de una acción constitucional. Lo anterior, en tanto
se trata de una acción que tiene carácter excepcional, en razón a que la propia
Constitución Política la ha señalado como un mecanismo encaminado a la protección
de derechos fundamentales, y que, por lo tanto, su utilización debe hacerse en forma
racional, de manera que no se reste su eficacia.

19. Sin embargo, en ciertas ocasiones es procedente dejar de lado esa postura
para estudiar de fondo tales providencias, esto es, en aquellos eventos en los que,
bajo una interpretación restrictiva, sea evidente la vulneración grave de derechos
fundamentales.

20. Al respecto la Corte Constitucional en Sentencia T- 482 de 2013 expresó que
la solicitud de tutela contra la providencia que decide el incidente de desacato
procede en forma excepcional, «[…] siempre que logre verificarse la existencia de una vía
de hecho […]», pues en virtud de tal procedimiento se toman decisiones que pueden
vulnerar los derechos fundamentales de las partes.

21. Adicionalmente, consideró, que para que proceda la tutela contra la
providencia que resuelve un incidente de desacato es necesario además de superar
los requisitos generales y específicos de la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales17, que el trámite incidental haya finalizado; y en relación con
el demandante que: i) los argumentos expuestos en el trámite del desacato y en la
solicitud de tutela contra éste deben ser coherentes y no contradictorios, ii) no se trate
de asuntos nuevos, pues el momento procesal para argumentarlos es el mismo
incidente de desacato; y iii) no puede pedir o presentar pruebas que no fueron
originalmente solicitadas y que el juez no estaba obligado a practicar oficiosamente.

22. Así mismo, en relación con el juez constitucional que conoce de una tutela
contra providencia de desacato, consideró que éste debe limitarse a estudiar: i) si el
juez que concedió el incidente de desacato se ajustó a la orden de amparo cuyo
incumplimiento define; ii) si respetó el debido proceso y, iii) si la sanción impuesta –

17 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05. M.P. Jaime Córdoba Triviño. Los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales: a. Que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. c. Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y
que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. e. Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. f. Que no se trate
de sentencias de tutela.

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si fuere el caso- no resulte arbitraria, sin que por otra parte pueda reabrir el debate o
decidir sobre el fondo del asunto ya fallado en la tutela donde se produjo el incidente
de desacato que se ataca, ni cambiar la protección concedida o el alcance y
contenido de aquella18.

23. En ese orden de ideas, el actuar del juez constitucional que conoce del recurso
de amparo impetrado contra decisiones de desacato, está limitado al estudio del
trámite y la decisión adoptada en virtud del incidente mismo, por lo tanto el juez de
tutela no puede entrar a desplegar un estudio del fondo del asunto y reabrir el debate
que quedó clausurado en el proceso constitucional inicial y en consecuencia, le está
vedado revisar la decisión original de proteger el derecho o cambiar el alcance o
contenido sustancial de las órdenes proferidas por el juez de la primera causa cuyo
desacato se estudia.

24. Así las cosas, en el sub-lite al pretenderse el estudio de las providencias que
impusieron sanción con ocasión del presunto incumplimiento de una orden popular,
hace procedente analizar de fondo la solicitud de tutela impetrada, siempre y cuando
se superen los demás requisitos generales de procedencia del recurso de amparo
contra decisiones judiciales, en razón a la vigencia de los derechos fundamentales
dentro del marco de un Estado social de derecho.

2.4. Problema jurídico

25. La Sala deberá definir si: ¿el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de San Gil y el Tribunal Administrativo de Santander vulneraron los derechos
fundamentales de Juan José Manrique Acero19 y Marco Alirio Cortés Torres20 al
proferir las providencias de 15 de diciembre de 2025 y 19 de enero de 2026 mediante
las cuales se les impuso sanción por desacato, con las que incurrieron,
presuntamente, en defectos sustantivo y fáctico?

2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

26. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.5.2. Del defecto sustantivo

27. La Corte Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez
adopta una decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en
una norma evidentemente inaplicable al caso concreto21. En su jurisprudencia, la

18 Corte Constitucional T-1113-05 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
19 Director de Tránsito y Transporte de Barbosa - Santander.
20 Alcalde del municipio de Barbosa - Santander.
21 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.

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corporación ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que,
si bien los jueces gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y
aplicar normas jurídicas, esta no es una facultad absoluta22, para lo cual precisó que
los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios,
derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.

28. El alto tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en
las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: i) la sentencia se fundamenta en
una norma que no es aplicable; ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación
o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan
definido el alcance de la norma aplicada; iv) la disposición aplicada se torna regresiva
o contraria a la Constitución; v) no se efectúa una interpretación sistémica de la
norma; y vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.

29. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación
en que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal
entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales23.

2.5.3. Del defecto procedimental

30. Tal como se afirma de los defectos sustantivo, fáctico y orgánico, el defecto
procedimental fue concebido por la Corte Constitucional desde la Sentencia T-231 de
1994 como causal de vía de hecho en una providencia judicial. Desde entonces, el
defecto procedimental absoluto es entendido como aquél en el que el Juez
Ordinario adelanta el asunto bajo una cuerda procesal equivocada u omite el curso
de una etapa del trámite, en perjuicio del derecho al debido proceso.

31. A partir de la Sentencia T-1306 de 2001, empero, la Corte Constitucional
consideró que este defecto no solo podía ser absoluto, sino presentarse por un
exceso ritual manifiesto, producto de una indebida preferencia por las formas
procesales en perjuicio del derecho al acceso a la administración de justicia, a la
prevalencia del derecho sustancial y a la pretensión de corrección de las decisiones
judiciales, en la consecución de la justicia material y la garantía de los derechos
fundamentales.

32. La procedencia de este defecto, en todo caso, exige que el afectado haya
alegado el yerro a través de la instancia ordinaria, de haber estado en la posibilidad
de hacerlo; que la violación tenga una entidad suficiente para afectar la decisión; y,
que lesione bienes ius fundamentales.

22 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018.
23 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018

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Demandantes: Juan José Manrique Acero y otro

2.5.4. Sobre el caso concreto

33. Juan José Manrique Acero24 y Marco Alirio Cortés Torres25 acudieron al juez de
tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales y, en
consecuencia, se dejara sin efectos las providencias proferidas el 15 de diciembre de
2025 y 19 de enero de 2026 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de San Gil y el Tribunal Administrativo de Santander, respectivamente,
mediante las cuales se les impuso sanción por desacato en el trámite incidental
identificado con el radicado 68679333300220210008202.

34. Lo anterior, por cuanto las referidas decisiones judiciales incurrieron en los
defectos sustantivo y procedimental. El primero de los mencionados, por cuanto se
les impuso sanción sin determinar el componente subjetivo de la responsabilidad, en
tanto no se tuvieron en cuenta circunstancias como el hecho de asumir los
respectivos cargos con posterioridad a que se emitieron las sentencias de amparo
colectivo y no tener conocimiento de aquellas, debido a la falta de empalme con la
anterior administración y, por su parte, no fueron debidamente notificados de la
apertura y las actuaciones adelantadas en el trámite incidental de desacato.

35. Al descender al caso en concreto, se evidencia que Marco Antonio Velásquez
promovió medio de control de derechos e intereses colectivos contra el municipio de
Barbosa y la Dirección Tránsito y Transporte municipal en el cual el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de San Gil emitió sentencia de amparo colectivo
del 26 de junio de 2023 que fue modificada por el Tribunal Administrativo de
Santander con providencia del 9 de febrero de 2024, en el siguiente sentido:

«[…] PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia de fecha 26 de junio de
2023, proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San
Gil, el cual quedará así:

«SEGUNDO: ORDENAR al Municipio de Barbosa – Santander que en el término de seis
(6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, realice un diagnóstico
detallado y se presente ante el despacho y ante la Dirección de Tránsito de Barbosa, en
el que se indique:

Un análisis del flujo poblacional que circula habitualmente por el sector carrera 10 con
calle 9 y calle 9 con carrera 9 del Municipio de Barbosa, del mismo se extraerá qué
porcentaje de personas con discapacidad visual circula por este sector y cuáles son sus
rutas, para así, valorar cada una de las hipótesis en favor de la protección de las personas
con discapacidad visual, para el paso seguro por estas vías.

ORDENAR a la Dirección de Tránsito y Transporte de Barbosa, para que, a través de su
representante legal, o a través del funcionario o dependencia que corresponda, en el
término de seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia realice:

Un cronograma donde se establezcan las acciones “reales y concretas” que se llevaran a
cabo para lograr la implementación de los dispositivos auditivos en las intersecciones

24 Director de Tránsito y Transporte de Barbosa - Santander.
25 Alcalde del municipio de Barbosa - Santander.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00859-00
Demandantes: Juan José Manrique Acero y otro

donde se encuentran ubicados los semáforos convencionales del Municipio de Barbosa
Santander, determinando cuál es el mecanismo idóneo y necesario que permita dar
cumplimiento a lo previsto en la Ley 361 de 1997.

Realizado lo anterior, deberá iniciar inmediatamente su ejecución la cual no podrá exceder
de un término superior a un (1) año.

Adicionalmente, este cronograma deberá incluir actividades tendientes a divulgar a la
comunidad que, en dicha ubicación, se cuenta con las medidas indicadas en este fallo,
como parte del plan de inclusión social a favor de este tipo de población, junto con las
fechas en que se realizará su implementación, las políticas de prevención, de seguimiento
y de todas aquellas que garanticen la protección de los derechos colectivos de las
personas con discapacidad visual, y los plazos que se fijen en este estudio, los cuales no
podrán en todo caso superar los términos señalados anteriormente.

Se contará de igual forma, durante los tres (3) meses siguientes, a la implementación de
las medidas, con orientaciones viales con la finalidad de sensibilizar a la comunidad sobre
los derechos colectivos amparados.»

SEGUNDO: CONFIRMAR en los demás numerales la sentencia recurrida, conforme los
motivos expuestos en la parte considerativa.

TERCERO: CONDENAR en costas de segunda instancia a las entidades accionadas, en
la siguiente proporción: 70% la Dirección de Tránsito y Transporte de Barbosa y 30% el
Municipio de Barbosa, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el
despacho de primera instancia. (…)” […]». (sic)

36. El demandante popular presentó memorial del 12 de noviembre de 2025 con el
que solicitó la apertura de incidente de desacato por cuanto el municipio de Barbosa
y la Dirección de Tránsito y Transporte municipal desatendieron las órdenes
impartidas en las providencias de amparo colectivo.

37. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de San Gil emitió el
auto del 27 de noviembre de 2025 con el que dio apertura al trámite incidental,
además de disponer la notificación personal de Marco Alirio Cortés, en su condición
de alcalde municipal de Barbosa-Santander, y Juan José Manrique Acero, en su
condición de director de Tránsito y Transporte municipal; y corrérseles traslado por
el término de 3 días para que se pronunciaran sobre el particular.

38. Uno de los incidentados, Marco Alirio Cortés Torres, hizo uso de su derecho
de defensa y contradicción mediante memoriales del 5 y 10 de diciembre de 2025 en
los que indicó que no se tenía conocimiento en la administración municipal acerca de
la existencia de las sentencias de las que se pretendía su cumplimiento, sin embargo,
desplegó las actuaciones administrativas requeridas para su acatamiento. Resaltó la
reunión de la Junta Directiva de la Dirección de Tránsito y Transporte de Barbosa-
Santander celebrada el día 4 de diciembre de 2025 donde se abordó el asunto.

39. Surtido el trámite pertinente, el referido despacho judicial profirió la providencia
del 15 de diciembre de 2025 con la que declaró en desacato a los aquí demandantes
y les impuso una sanción de multa equivalente a 5 SMLMV, cada uno, con los
siguientes argumentos:

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00859-00
Demandantes: Juan José Manrique Acero y otro

«[…] Como se adelantó en la parte preliminar, tenemos que, en este caso, el señor Alcalde
Municipal de Barbosa-Santander hizo uso de su derecho de defensa y contradicción luego
de notificarse la decisión de apertura formal del trámite incidental de desacato, por lo que
dichas respuestas merecen ser analizadas y valoradas en este momento procesal. Se
insiste que el Dr. JUAN JOSÉ MANRIQUE ACERO guardó silencio durante el término de
traslado correspondiente.

Dicho esto, tenemos que mediante memoriales de fecha 5 y 10 de diciembre de 2025
(índices Nos. 74-75 del aplicativo SAMAI), el incidentado Dr. MARCO ALIRIO CORTÉS
TORRES -a través de su apoderado judicial- señaló que, al momento del empalme, la
anterior administración municipal omitió informar acerca de la existencia del proceso y de
los fallos que debían cumplirse, por lo que el señor Alcalde Municipal solo conoció del
mismo al notificar la decisión de apertura del presente trámite incidental por desacato.
Afirmó que lo mismo sucedió respecto al Director de Tránsito y Transporte de Barbosa,
quien se posesionó el día 10 de julio de la presente anualidad sin que se le reportara la
existencia de estas sentencias de las que se pretende su cumplimiento.

No obstante, indicó que el día 4 de diciembre de 2025, se llevó a cabo reunión de la Junta
Directiva de la Dirección de Tránsito y Transporte de Barbosa-Santander donde, luego de
una extensa deliberación e intervenciones por parte de sus integrantes, se aprobó por
unanimidad la facultad al Director para que se haga un estudio técnico y financiero para
atender a la población discapacitada del Municipio en temas de movilidad y para dar
cumplimiento a lo ordenado en las sentencias.

Con lo anteriormente expuesto, el incidentado considera que ha venido desplegando las
actuaciones administrativas necesarias para el acatamiento de lo ordenado en los fallos
que nos ocupan, sin embargo, esta apreciación no es compartida por el Despacho en
atención a que no se ha brindado una solución definitiva para la problemática planteada
conforme a los parámetros y plazos establecidos por nuestro Superior en la sentencia de
segunda instancia proferida.

Recuérdese que estas entidades, desde el momento mismo de la ejecutoria de la
sentencia de segunda instancia dictada, contaban con 6 meses para realizar un
diagnóstico detallado del análisis poblacional que transita habitualmente por el sector
carrera 10 con calle 9 y calle 9 con carrera 9 de dicho municipio, extrayéndose el
porcentaje de personas con discapacidad visual que circulan, sus rutas y medidas de
protección. Dentro del mismo término, debía establecerse un cronograma donde se
plantearan acciones reales y concretas que se llevarían a cabo para lograr la
implementación de los dispositivos auditivos en las intersecciones donde se encuentran
ubicados los semáforos convencionales de dicho municipio. De esto no obra prueba en el
plenario.

Tampoco se encontró evidencia en el expediente de haberse programado y desarrollado
las actividades de divulgación, ni que se hayan socializado las fechas de su
implementación, como tampoco se han establecido políticas de prevención y seguimiento
o plazos para la instauración de estos mecanismos para la protección de los derechos
colectivos de las personas con discapacidad visual.

No desconoce este Estrado judicial que según lo plasmado en el Acta No. 003 de fecha 4
de diciembre de 2025 se otorgaron facultades al Director de Tránsito y Transporte de
Vélez para iniciar con el cumplimiento de lo ordenado en estos fallos, sin embargo, aquella
reunión se constituye como una actuación aislada, generada precisamente por la apertura
del presente trámite incidental y a todas luces extemporánea.

Nótese que en el plenario no existen otras actividades que se hayan efectuado para
garantizar el amparo constitucional brindado por esta jurisdicción, y por ello, puede
afirmarse sin dubitación que los términos y plazos otorgados por el H. Tribunal
Administrativo de Santander para estos fines se encuentran ampliamente superados sin

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00859-00
Demandantes: Juan José Manrique Acero y otro

que se observe un actuar diligente por parte de los incidentados en pro del cumplimiento
total de lo ordenado.

Si bien, no resulta suficiente para interponer sanción dentro de un trámite incidental por
desacato que se haya inobservado el plazo concedido para la atención de la orden
impartida, no es menos cierto que, esta problemática merece ser conjurada de manera
definitiva con las actuaciones ordenadas en la providencia judicial dictada por nuestro
Superior.

En este caso particular, se considera que el actuar de la administración ha sido mínimo,
situación que, sumada a la tardanza injustificada, permite que se mantenga en el tiempo
la vulneración a las garantías constitucionales protegidas, y, por ende, se considera
acreditada la renuencia o negligencia en acatarla por parte de las personas encargadas
de su cumplimiento.

Por otro lado, no son de recibo los argumentos expuestos por el señor Alcalde Municipal
respecto al desconocimiento del proceso y de las providencias objeto del presente
análisis, pues el empalme se constituye en una actuación administrativa de resorte única
y exclusivamente del Municipio, entidad que no puede excusar el incumplimiento de una
orden judicial en virtud de los yerros en su trámite, ya que aquel, tiene como objetivo,
precisamente garantizar una transición continua y eficiente entre periodos de gobierno,
más no, entre entidades, pues el ente municipal encargado del acatamiento de lo
ordenado sigue siendo el mismo. En igual sentido se despachará lo relacionado con el
empalme institucional realizado al interior de la Dirección de Tránsito y Transporte de
Barbosa-Santander.

En suma, al evidenciarse el incumplimiento a lo ordenado en la sentencia de segunda
instancia habiendo transcurridos poco más de 22 meses desde su ejecutoria, no le queda
otro camino a este Despacho sino sancionar por desacato con multa equivalente a cinco
(5) salarios mínimos mensuales legales vigentes, a cada uno de los incidentados Dr.
MARCO ALIRIO CORTÉS en su calidad de ALCALDE MUNICIPAL DE BARBOSA-
SANTANDER y Dr. JUAN JOSÉ MANRIQUE ACERO en su calidad de DIRECTOR DE
TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARBOSA-SANTANDER, los cuales, deberán ser
consignados a órdenes del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos
de la Defensoría del Pueblo, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la
ejecutoria de esta providencia. […]».

40. En grado jurisdiccional de consulta, el Tribunal Administrativo de Santander
emitió la providencia del 19 de enero de 2026 en la que, después de efectuar un
estudio esquemático y separado sobre los componentes objetivo y subjetivo de
responsabilidad en el cumplimiento de la orden popular que correspondía a cada una
de las autoridades incidentadas, confirmó lo resuelto en primera instancia, por lo
siguiente:

«[…] Así las cosas, procede la Sala analizar si concurren los elementos objetivo y
subjetivo, para efectos determinar si se confirma o no la sanción impuesta por el Juzgado
Segundo Administrativo de San Gil.

Del análisis de la responsabilidad respecto del sancionado Marco Alirio Cortés Torres en
su calidad de alcalde del municipio de Barbosa (S)

En este punto, la Sala estudiará, a continuación, los componentes objetivo y subjetivo del
desacato teniendo en cuenta que el señor Marco Alirio Cortés Torres fue sancionado por
el incumplimiento de las órdenes contenidas en la sentencia de popular de fecha 26 de
junio de 2023 y modificada por esta Corporación el 09 de febrero de 2024.
[…]
a. Estudio del elemento objetivo

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00859-00
Demandantes: Juan José Manrique Acero y otro

Como se dijo previamente, numeral primero de la sentencia de segunda instancia al
Alcalde del Municipio de Barbosa, le corresponde la obligación de realizar un diagnóstico
detallado en el que se logre determinar la cantidad de personas que transitan por «carrera
10 con calle 9 y calle 9 con carrera 9 del Municipio de Barbosa» y que cuentan con una
discapacidad visual, esto, como garantía del paso seguro por estas vías y por la protección
de los derechos colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los
bienes de uso público”, al “acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad pública” y en especial a “la realización de las construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos, respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

Para cumplir con lo anterior, contaba con un plazo de seis (06) contados a partir de la
ejecutoria de la sentencia de segunda instancia de fecha 09 de febrero de 2024.

En este contexto, a pesar de haber sido notificado al correo institucional tanto del auto que
admitió el incidente como el que lo sanciona por desacato, esto es, a la dirección de correo
contactenos@barbosa-santander.gov.co. No obstante, mediante memorial de fecha 10 de
diciembre de 2025 se recibe intervención lo que permite determinar que recibieron y
conocieron de la información del trámite incidental.

En consecuencia, en el presente asunto el incidentado fue debidamente individualizado y
vinculado al trámite incidental, permitiendo de esta manera que, ejerciera su derecho de
defensa y contradicción, con lo cual se garantizaron las reglas del debido proceso.

No obstante, de la información aportada se logra extraer que, debido a la falta de un
proceso de empalme, pone de presente que desconocía del cumplimiento de la orden del
fallo de popular. Sin embargo, refiere que, citó a una junta directiva con el fin de conocer
el requerimiento judicial es por ello que, remite soporte de Acta No. 003 del 4 de diciembre
de 2025.

Con lo expuesto llama la atención a la Sala que, a pesar de que con el Acta No. 003 del
04 de diciembre de 2025 se efectúa reunión con el fin de dar cumplimiento a las ordenes
del fallo de popular, sin embargo, no se establecen las gestiones concretas y el plazo
determinado para llevarlas a cabo, en lo especifico materializar el diagnostico poblacional
y determinación de las personas con discapacidad visual.

Además, desde el 4 de diciembre de 2025 no existe memorial adicional que permita
evidenciar el interés bien sea de forma directa o a través de representación judicial de
informar acerca de las gestiones tendientes a materializar la orden proferida en sede de
protección de derechos e intereses colectivos, puesto que, la sentencia cuyo cumplimiento
y desacato se revisa, amparó los derechos colectivos de las personas invidentes al “goce
del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público”, al “acceso a
una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública” y en especial a “la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes.

Asimismo, no obra prueba de las gestiones tendientes a materializar la orden y, con ello,
se ha postergado de manera indefinida el cumplimiento de esta.

Por tanto, se concluye que en el presente asunto está acreditado el elemento objetivo de
la sanción, pues no obra prueba de las acciones concretas para dar cumplimiento a la
orden contenida en el numeral segundo de la sentencia de segunda instancia.

b. Estudio del elemento subjetivo

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00859-00
Demandantes: Juan José Manrique Acero y otro

Sobre el particular, sea menester destacar que el señor Marco Alirio Cortés ha sido
vinculado al presente trámite de desacato porque ostenta la calidad de alcalde del
Municipio de Barbosa Santander.

En consecuencia, en criterio de la Sala, se encuentra plenamente acreditado, que el señor
Cortés viene conociendo desde el auto de fecha 27 de noviembre de 2025 acerca del
trámite incidental, sin concurrir al mismo de forma directa, únicamente se recibió respuesta
por parte del correo de notificaionejudicial@barbosa-santander.gov.co (correo
institucional), por lo que se desconocen las razones no por las cuales a la fecha se viene
desacatando el fallo de popular.

Lo anterior da cuenta que, el incidentado decidió mantener una conducta renuente en
desplegar gestiones positivas a pesar de la aportación del Acta de Reunión No. 003 pues
con todo, de la lectura integral de la misma, no se evidencia las acciones claras y
concretas que permitan materializar el derecho colectivo que vía protección de derechos
e intereses colectivos se protegió.

Así las cosas, en el presente asunto se observa que, se ha brindado la oportunidad que,
a través del trámite incidental, el incidentado ejerza su derecho de defensa y contradicción
de forma directa, y que con su actuar se supere la vulneración de los derechos colectivos
de las personas invidentes al goce del espacio público y la utilización y defensa de los
bienes de uso público”, al “acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad pública” y en especial a “la realización de las construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos, respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

Adicionalmente, se advierte que ha trascurrido más del término dispuesto para el
cumplimiento, pues esto debía ser atendido una vez ejecutoriada la providencia de fecha
09 de febrero de 2024.

Por lo anterior, resulta claro que en el presente caso se encuentra acreditado el elemento
subjetivo del desacato por parte de Marco Alirio Cortés Torres en su calidad de alcalde
del Municipio de Barbosa (Santander), es por ello por lo que, se ha de confirmar la sanción
a él impuesta.

Ahora, en lo que respecta a JUAN JOSE MANRIQUE ACERO en calidad de Director de
Tránsito y Transporte de Barbosa Santander, procede la Sala a efectuar el análisis de los
elementos objetivo y subjetivo, veamos:

I. Del análisis de la responsabilidad respecto del sancionado Juan José Manrique Acero
en su calidad de Directos de TRÁNSITO DE Barbosa- Santander En este punto, la Sala
estudiará, a continuación, los componentes objetivo y subjetivo del desacato teniendo en
cuenta que el señor Juan José Manrique Acero fue sancionado por el incumplimiento de
las órdenes contenidas en la sentencia de popular de fecha 26 de junio de 2023 y
modificada por esta Corporación el 09 de febrero de 2024.

Así las cosas, se tiene que las órdenes presuntamente incumplidas por el señor Juan José
Manrique Acero se encuentran relacionadas con que en el término de seis (06) meses
siguientes a la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia de fecha 09 de febrero de
2024 se efectúe lo siguiente:

• Un cronograma en donde se establezcan las acciones reales y concretas para lograr
la implementación de los dispositivos auditivos en las intersecciones donde se encuentran
los semáforos convencionales del Municipio de Barbosa Santander, determinando el
mecanismo idóneo y necesario.

• Posteriormente y en el término no superior a un año, divulgar a la comunidad que, en
la ubicación respectiva, se cuenta con medidas parte del plan de inclusión social a favor
de este tipo de población, junto con las fechas en que se realizará su implementación, las

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00859-00
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políticas de prevención, de seguimiento y de todas aquellas que garanticen la protección
de los derechos colectivos de las personas con discapacidad visual, y los plazos que se
fijen en este estudio.

• Durante el término de tres meses siguientes a la implementación de las medidas,
deberán con orientaciones viales sensibilizar a la comunidad sobre los derechos
colectivos amparados.

c. Estudio del elemento objetivo

Como se dijo previamente, numeral primero y siguientes de la sentencia de segunda
instancia al Director de Tránsito y Transporte de Barbosa- Santander, le corresponde la
obligación de realizar gestiones tendientes a la instalación e implementación de
dispositivos auditivos en las intersecciones de los semáforos, entre otras.
[…]
Para cumplir con las gestiones a su cargo contaba con distintos plazos, los cuales se
encuentran ampliamente superados, puesto que, la sentencia de segunda instancia data
del 09 de febrero de 2024.

En este contexto, a pesar de haber sido notificado al correo personal tanto del auto que
admitió el incidente como el que lo sanciona por desacato, esto es, a la dirección de correo
dttbjuanmanrique@gmail.com, con lo cual, se individualizó y vinculó al trámite incidental,
permitiendo de esta manera que, ejerciera su derecho de defensa y contradicción, con lo
cual se garantizaron las reglas del debido proceso.

No obstante, decidió no concurrir al trámite incidental, lo que se traduce en un
incumplimiento injustificado a las ordenes contenidas en el fallo de popular.

Por tanto, se concluye que en el presente asunto está acreditado el elemento objetivo de
la sanción.

d. Estudio del elemento subjetivo

Sobre el particular, sea menester destacar que el señor Juan José Manrique Acero ha
sido vinculado al presente trámite de desacato porque ostenta la calidad de Director de
Tránsito y Transporte de Barbosa Santander.

En consecuencia, en criterio de la Sala, se encuentra plenamente acreditado, que el señor
Cortés viene conociendo desde el auto de fecha 27 de noviembre de 2025 acerca del
trámite incidental, sin concurrir al mismo de forma directa, por lo que se desconocen las
razones por las cuales a la fecha se viene desacatando el fallo de popular.

Lo anterior da cuenta que, el incidentado decidió mantener una conducta renuente en
desplegar gestiones positivas para lograr materializar el derecho colectivo que vía
protección de derechos e intereses colectivos se protegió.

Así las cosas, en el presente asunto se observa que, se ha brindado la oportunidad que,
a través del trámite incidental, el incidentado ejerza su derecho de defensa y contradicción
de forma directa, y que con su actuar se supere la vulneración de los derechos colectivos
de las personas invidentes al goce del espacio público y la utilización y defensa de los
bienes de uso público”, al “acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad pública” y en especial a “la realización de las construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos, respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

Adicionalmente, se advierte que ha trascurrido más del término dispuesto para el
cumplimiento, pues se trata de una sentencia que data del 09 de febrero de 2024.

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Demandantes: Juan José Manrique Acero y otro

Por lo anterior, resulta claro que en el presente caso se encuentra acreditado el elemento
subjetivo del desacato por parte de Juan José Manrique Acero en calidad de Director de
Tránsito y Transporte de Barbosa Santander, es por ello por lo que, se ha de confirmar la
sanción a él impuesta. […]». (sic)

41. Así, una vez revisada la motivación de las providencias judiciales cuestionadas
en las que el juez natural del asunto se pronunció sobre cada uno de los argumentos
expuestos por los demandantes, debe precisarse que, más allá de concretar las
razones por las cuales se configuraría el defecto sustantivo, procedimental o alguna
interpretación irrazonable, lo que se evidencia es su desacuerdo con las
consideraciones efectuadas por el juez de la causa, con lo cual pretende que se
realice un nuevo estudio de legalidad que no procede en sede de tutela.

42. Lo anterior, en la medida en que, tanto el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de San Gil como el Tribunal Administrativo de Santander explicaron,
de un lado, las razones por las cuales consideraron que se configuraron los
elementos de responsabilidad objetivo y subjetivo para imponerles una sanción por
desacato y, además, fueron diligentes y cuidadosos en la notificación de los
pronunciamientos y actuaciones surtidas en el trámite incidental para lograr una
vinculación e individualización efectiva de los demandados.

43. Al respecto, es pertinente recordar que La Corte Constitucional ha sostenido
de manera reiterada26 que el cumplimiento de las decisiones judiciales es un
elemento constitutivo del derecho al acceso a la administración de justicia (art. 229
Constitucional), el cual no se agota en la posibilidad que tienen los ciudadanos de
acudir y plantear un problema ante las autoridades judiciales, sino que su
materialización implica que el mismo sea resuelto y que, si hay lugar a ello, se cumpla
de manera efectiva y oportuna lo ordenado por las autoridades judiciales 27.

44. De tal suerte que el derecho de acceso a la administración de justicia no sólo
es entendido en términos de presupuesto para el ejercicio de los demás derechos
fundamentales, sino que abarca, a su vez, tres grandes etapas: (i) el acceso efectivo
al sistema judicial; (ii) el transcurso de un proceso rodeado de todas las garantías
judiciales y decidido en un plazo razonable; y (iii) la ejecución material del fallo. En
ese orden de ideas, el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia
se vulnera cuando una autoridad o un particular se sustrae al cumplimiento de una
decisión judicial.

26 En este sentido ver la sentencia T-897 de 2008.
27 Al respecto, el juez constitucional en sentencia T-553 de 1995, otorgó el amparo, ordenando el

cumplimiento de una decisión judicial, en los siguientes términos: «La observancia de las providencias
ejecutoriadas, además de ser uno de los soportes del Estado Social de Derecho, hace parte del
derecho de acceder a la administración de justicia -artículo 229 Superior-. Este se concreta no sólo en
la posibilidad de acudir al juez para que decida la situación jurídica planteada, sino en la emisión de
una orden y su efectivo cumplimiento; valga decir, en la aplicación de la normatividad al caso concreto.
En tal virtud, cuando la autoridad demandada se rehúsa a ejecutar lo dispuesto en la providencia
judicial que le fue adversa, no sólo vulnera los derechos que a través de esta última se han reconocido
a quien invocó protección, sino que desacata una decisión que hizo tránsito a cosa juzgada. Si tales
derechos son fundamentales, el desconocimiento de la sentencia que los ampara viola el
Ordenamiento Superior, también por esa razón.».

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45. Ahora bien, para procurar el cumplimiento de una sentencia emitida en un
proceso constitucional como en este caso ocurre con el medio de control de derechos
e intereses colectivos mencionado, el legislador ha diseñado dos procedimientos
judiciales específicos, idóneos y efectivos para hacer cesar la vulneración de los
derechos y exigir el efectivo acatamiento de las órdenes proferidas por el juez
colectivo: el trámite de cumplimiento y el incidente de desacato.

46. En cuanto al incidente de desacato, es un mecanismo de creación legal, que
procede a petición de la parte interesada, a fin de que el juez constitucional, a través
de un incidente y en ejercicio de sus potestades disciplinarias, sancione con arresto
o multa a quien con responsabilidad subjetiva desatienda las órdenes proferidas en
sentencias constitucionales28. Es decir, el propósito del incidente será lograr que el
obligado obedezca la orden allí impuesta y no la imposición de una sanción en sí
misma29.

47. Esta facultad de imponer sanciones que tiene el juez constitucional, se
encuentra perfectamente justificada en que «el incumplimiento de las sentencias
judiciales constituye una trasgresión del derecho fundamental de acceso a la justicia»30, el
cual incluye, el derecho a obtener el cumplimiento de las decisiones proferidas en
procesos de tal naturaleza.

48. En este orden de ideas, una vez leídas en su integridad las providencias que
multaron a Juan José Manrique Acero31 y Marco Alirio Cortés Torres32, se evidencia
que la sanción que les fue impuesta obedeció a que no acreditaron en su debido
momento el cumplimiento de la orden de amparo colectivo.

49. Lo anterior, en la medida en que el fallo cuyo cumplimiento se pretende fue
proferido el 9 de febrero de 2024 y en aquel se establecieron una serie de
obligaciones que debían cumplir las autoridades incidentadas y, asimismo, unos
plazos dentro de los que se debían realizar las gestiones, sin embargo, hasta el
momento en que se dio apertura al trámite incidental, es decir, el 27 de noviembre de
2025, después de casi 2 años no se adelantó acción alguna relacionada con el
acatamiento de la orden judicial mencionada.

50. Circunstancias frente a las cuales, como se observa en las providencias
citadas, el empalme que se diera en la administración municipal con motivo del
cambio de gobierno o la realización de una junta directiva en la dirección de tránsito
y transporte municipal el 4 de diciembre de 2025, no resultan suficientes para justificar
o explicar el tiempo transcurrido desde que se profiera la orden de amparo popular,

28 Sentencia T-171 de 2009.
29 Sentencias T-171 de 2009, T-652 de 2010, T-421 de 2003 y T-368 de 2005.
30 Sentencia T-096-08 M.P. Humberto Sierra Porto.
31 Director de Tránsito y Transporte de Barbosa - Santander.
32 Alcalde del municipio de Barbosa - Santander.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00859-00
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máxime si se tiene en cuenta que los demandantes asumieron los respectivos cargos
casi un año y 6 meses antes de que se iniciara el trámite incidental.

51. Situación que guarda relación con su vinculación al incidente de desacato,
pues, si bien es cierto que la presunta indebida notificación no fue alegada ante el
juez de primera instancia en el trámite incidental, esto no es obstáculo para precisar
que revisado el expediente se evidencia que aquellos tuvieron la oportunidad de
ejercer su defensa durante el transcurso procesal.

52. Pues, de un lado, Marco Alirio Cortés Torres dio contestación a través de
apoderado judicial al auto de apertura del incidente de desacato, tan es así que fue
allí donde argumentó el cumplimiento de la orden popular a través de la realización
de una junta directiva de la Dirección de Tránsito y Transporte de Barbosa el 4 de
diciembre de 2025, razón por la cual resulta incoherente que, en sede de tutela,
afirme no haber tenido conocimiento del fallo judicial en cuestión, debido a que se
notificó en correos institucionales que no son de su dominio, sin embargo, tanto la
providencia del 27 de noviembre como del 15 de diciembre de 2025 fueron recibidas
como se observa:

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00859-00
Demandantes: Juan José Manrique Acero y otro

53. Por su parte, si bien Juan José Manrique Acero no efectuó intervención alguna
en el trámite incidental, se observa que aquel fue notificado de cada uno de los
pronunciamientos emitidos desde el momento en que se dio apertura en el correo
dttbjuanmanrique@gmail.com, aquel que figura en el escrito de tutela presentado en
esta oportunidad como dirección de notificaciones, además de que aquel junto con
Marco Alirio Cortés Torres, en su condición de alcalde del municipio de Barbosa –
Santander hacen parte de la junta directiva de la Dirección de Tránsito y Transporte
municipal. Al respecto, se observan las constancias de notificación de las respectivas
providencias del 27 de noviembre y 15 de diciembre de 2025:

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00859-00
Demandantes: Juan José Manrique Acero y otro

54. En todo caso, revisadas las actuaciones desplegadas por los demandantes
para dar cumplimiento al fallo de amparo colectivo de 9 de febrero de 2024, encuentra
la Sala que Juan José Manrique Acero33 y Marco Alirio Cortés Torres34, efectuaron la
referida junta directa del 4 de diciembre de 2025 en la que no se fijaron plazos o
cronogramas de cumplimiento, como en efecto lo evidencian las autoridades
judiciales demandadas en las providencias cuestionadas, con posterioridad a que
diera apertura al trámite incidental de desacato (27 de noviembre de 2025), se reitera,
casi 2 años después de que emitiera la orden judicial en comento.

55. Aunado a lo anterior, encuentra la Sala que, durante el trámite del grado de
consulta, los demandantes tampoco acudieron al Tribunal Administrativo de
Santander a informar sobre el cumplimiento de la orden de amparo colectivo, por lo
que la sanción que les fue impuesta por desacato fue confirmada.

56. De acuerdo con lo expuesto, luego de analizar las actuaciones desplegadas
por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de San Gil y el Tribunal
Administrativo de Santander durante el incidente de desacato, la Sala no encuentra
que se configuraran los defectos sustantivo y procedimental alegados por los
tutelantes, pues, las autoridades judiciales demandadas procedieron a imponer las
aludidas sanciones ante la inactividad de las autoridades competentes del municipio
de Barbosa - Santander frente a los requerimientos que le fueron hechos para que
informara sobre el cumplimiento de la orden de amparo colectivo.

57. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.

33 Director de Tránsito y Transporte de Barbosa - Santander.
34 Alcalde del municipio de Barbosa - Santander.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00859-00
Demandantes: Juan José Manrique Acero y otro

58. Así las cosas, esta Sala observa que la decisión acusada no incurrió en defecto
sustantivo o procedimental, debido a que fue proferida de conformidad con las
normas que regulan la materia y aquella se apoyó en el material probatorio aportado
al medio de control de derechos e intereses colectivos y el incidente de desacato
cuestionado.

59. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de
la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera,
este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.

3. Conclusión

60. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que
la parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo
de los derechos fundamentales de Juan José Manrique Acero35 y Marco Alirio Cortés
Torres36, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de
Santander y otro.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar fundado el impedimento manifestado por la consejera Elizabeth
Becerra Cornejo. En consecuencia, se le separa del conocimiento del asunto de la
referencia.

Segundo. Declarar improcedente la solicitud de tutela promovida por Juan José
Manrique Acero y Marco Alirio Cortés Torres, en la solicitud de tutela presentada
contra el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito Judicial de San Gil.

Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

35 Director de Tránsito y Transporte de Barbosa - Santander.
36 Alcalde del municipio de Barbosa - Santander.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00859-00
Demandantes: Juan José Manrique Acero y otro

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JVD

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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