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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00880-01

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00880-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de 19 de marzo de 2026, por la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Segunda de Decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00880-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

7 de mayo de 2026

Demandante: Germán Augusto Arcila Hernández
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Segunda de decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00880-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C, siete [7] de mayo de dos mil veintiséis [2026]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00880-01
Demandante: GERMÀN AUGUSTO ARCILA HERNÁNDEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, SALA
SEGUNDA DE DECISIÓN

Temas: Tutela contra providencia judicial – Confirma –
Improcedencia por falta de relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la Sala la impugnación presentada por el señor Germán Augusto Arcila
Hernández contra la sentencia de 19 de marzo de 2026, por medio de la cual la
Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela.

1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo

Mediante escrito radicado el 6 de febrero de 2026, el señor Germán Augusto
Arcila Hernández, a través de apoderada judicial, consideró transgredidas sus
garantías constitucionales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la igualdad y al principio de favorabilidad.

Los mencionados derechos fundamentales los consideró vulnerados por parte
del Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Segunda de Decisión con ocasión
de la sentencia de 6 de agosto de 2025, la cual confirmó la providencia de 18 de
diciembre de 2024 proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
Judicial de Armenia en el trámite del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado bajo el numero 63001-33-33-006-2024-
00140-00/01.

1.2. Hechos

1
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Demandante: Germán Augusto Arcila Hernández
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Segunda de decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00880-01

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de
la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

El señor Germán Augusto Arcila Hernández se desempeña como docente oficial
y se encuentra clasificado en el escalafón nacional docente en la categoría 2B,
regulado por el Decreto Ley 1278 de 2002.

Con ocasión de los incrementos salariales fijados por el Gobierno Nacional para
los años 2008 y 2009, se establecieron variaciones diferenciadas entre las
categorías del escalafón docente.

Bajo ese contexto, el actor sostuvo que dicha diferenciación resultó inequitativa,
en la medida en que favoreció en mayor proporción a categorías inferiores. En
particular, mientras la clasificación 2A recibió un incremento del 14,11% para el
año 2008, y del 15,61% para el año 2009, el grado 2B obtuvo aumentos del
5,69% y 7,67%, respectivamente.

Con fundamento de lo anterior, el docente presentó reclamación administrativa
ante el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación de
Armenia, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de las diferencias
salariales. No obstante, a través de los oficios 2024-EE-054200 y
ARM2024EE3645, la entidad territorial y la cartera ministerial negaron su
solicitud.

Ante esta situación, el señor Arcila Hernández promovió demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. El conocimiento
del asunto correspondió en primera instancia al Juzgado Sexto Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Armenia, que mediante sentencia del 18 de
diciembre de 2024 negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no
se configuró un trato discriminatorio, sino la fijación de nuevas bases salariales
con fundamento en criterios de formación.

Inconforme con esta decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación, el
cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Segunda de
Decisión mediante fallo del 6 de agosto de 2025, en el que confirmó la
providencia de primera instancia, al estimar que los incrementos fueron
razonables, buscaron reducir brechas salariales y no afectaron el poder
adquisitivo de los docentes.

1.3. Peticiones del amparo constitucional

Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:

2
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Demandante: Germán Augusto Arcila Hernández
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Segunda de decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00880-01

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO en
la sentencia proferida el día 06 de agosto de 2025, en el expediente
radicado bajo número 63001-3333-006-2024-00140-01, transgredió
los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la)
señor (a) GERMAN AUGUSTO ARCILA HERNANDEZ, por
considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la
jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo
aplicable al caso y, el material probatorio obrante en el proceso
ordinario.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO dejar sin efectos la
providencia referida en el numerar anterior y se profiera una nueva
con una debida interpretación de la norma aplicable al debate
jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular del
(la) docente GERMAN AUGUSTO ARCILA HERNANDEZ a la luz
de los argumentos planteados en la demanda ordinaria y, los hechos
debidamente probados en el debate jurídico.1

1.4. Fundamento de la solicitud

La parte actora sostuvo que la providencia judicial vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y el principio de favorabilidad,
por la configuración de los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del
precedente en la decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Segunda
de Decisión.

En relación con el defecto sustantivo, indicó que se desconoció el régimen de
carrera docente previsto en el Decreto Ley 1278 de 2002, el cual se fundamenta
en el mérito. Señaló que la categoría 2B exige mayores calidades que la 2A, por
lo que no resulta razonable que reciba incrementos inferiores.

Añadió que la decisión ignoró el literal j) del artículo 2 de la Ley 4ª de 1992, que
ordena fijar la remuneración según el nivel del cargo y las exigencias del empleo.
A su juicio, otorgar aumentos menores a una categoría superior desnaturaliza el
sistema de ascensos.

Frente al defecto fáctico, afirmó que no existe prueba que justifique la diferencia
en los incrementos salariales. Indicó que el tribunal validó la medida con base en
una supuesta reducción de brechas, sin respaldo en los decretos ni en el material
probatorio.

1 Transcripción del texto original, por lo que puede contener errores.

3
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De igual forma, sostuvo que la providencia cuestionada se apartó de lo decidido
en dos fallos proferidos por el Juzgado 23 Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín [radicado 05001-33-33-023-2024-00171-00] y el Juzgado 28
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín [radicado 05001-33-33-028-2024-
00163-00], en los cuales, aunque se analizaron situaciones correspondientes a
distintos grados del escalafón docente, se accedió a las pretensiones de la
demanda.

Finalmente, el señor Arcila Hernández solicitó que se deje sin efectos la
sentencia proferida en segunda instancia y que, en su lugar, se emita una nueva
decisión que garantice la protección de sus derechos fundamentales, en armonía
con el marco constitucional y legal aplicable.

1.5. Trámite de la acción

El 16 de febrero de 2026, el ponente de la decisión de primera instancia admitió
la acción de tutela y ordenó la notificación al Tribunal Administrativo del Quindío,
Sala Segunda de Decisión como parte demandada; y a la Nación, Ministerio de
Educación, la Secretaría de Educación del municipio de Armenia y al Juzgado
Sexto Administrativo de Armenia como terceros con interés en las resultas del
proceso. Asimismo, dispuso notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado.

1.6. Intervenciones

Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentó la siguiente
contestación:

1.6.1. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Armenia
remitió el enlace de acceso al expediente del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho número 63001-3333-006-2024-00140-00.

1.6.2. La profesional especializada de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio
de Educación Nacional estimó que no se encuentra demostrada la vulneración
de las garantías procesales y fundamentales invocadas, ni se acreditó la
configuración de una violación indirecta de derechos fundamentales. Lo anterior,
por cuanto el caso plantea una controversia de naturaleza eminentemente
económica, asunto que desborda el ámbito de competencia del juez de tutela.

Asimismo, solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva
respecto de esta cartera ministerial, en la medida en que no es la entidad
responsable de la conducta u omisión que se señala como generadora de los
hechos alegados.

4
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1.7. Fallo Impugnado2

Mediante sentencia del 19 de marzo de 2026, el Consejo de Estado, Sección
Cuarta, declaró improcedente la acción de tutela interpuesta contra el Tribunal
Administrativo del Quindío.

El a quo constitucional advirtió que la solicitud carecía de relevancia
constitucional, pues el actor reiteró los planteamientos expuestos en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho. En esa medida, consideró que la
tutela pretendía reabrir un debate ya resuelto, lo cual resulta incompatible con su
carácter excepcional.

Precisó que la decisión cuestionada se encontraba debidamente motivada, al
señalar que los ajustes salariales superaron la inflación, con lo cual se garantizó
el poder adquisitivo. Añadió que el principio de igualdad no exige uniformidad en
los aumentos, sino un trato acorde con las diferencias entre categorías.

Por último, concluyó que no se configuraron los defectos alegados y que la
acción de tutela no podía ser utilizada como una instancia adicional para
controvertir decisiones adoptadas en el proceso ordinario.

1.8. Impugnación3

La parte actora impugnó la providencia que declaró improcedente el amparo, al
considerar que realizó un análisis incompleto y sin valoración material suficiente
de los hechos.

Expresó que la configuración de un defecto sustantivo se dio por la ruptura del
principio de igualdad y la desnaturalización del mérito. Manifestó que, pese a
exigir mayores calidades, la categoría 2B recibió aumentos inferiores, lo que
genera una afectación permanente en la base salarial y desconoce la Ley 4ª de
1992.

Advirtió el desconocimiento del precedente, al existir decisiones en casos
similares que han considerado inequitativos los incrementos.

Finalmente, solicitó revocar el fallo de primera instancia y conceder el amparo de
los derechos invocados.

2 La sentencia fue notificada el 25 de marzo de 2026.
3 La impugnación se presentó el 27 de marzo de la presente anualidad.

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1. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el
señor Germán Augusto Arcila Hernández contra la sentencia de 19 de marzo de
2026, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y los Acuerdos 080 de 2019 y 434 de
2024 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse
la decisión de primera instancia de 19 de marzo 2026 proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente el
amparo.

Para el efecto, se abordará el estudio del caso así: (i) la procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva,
y, de superarse (iii) el caso en concreto.

2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20124
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema5.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de
la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales6.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados
hasta el momento jurisprudencialmente».

4 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de

tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María
Elizabeth García González.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñada.
6 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».

6
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Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 7, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Ahora bien, frente al estudio de los parámetros esenciales de viabilidad de
la tutela cuando se dirige contra providencias judiciales, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022
en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara al requisito de
relevancia constitucional, así:

[…] 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez
debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico
con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […].

Por su parte, esta Sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional
en la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 20148, que en concreto se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración
de aquellos;

7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de

septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo
Vanegas Gil.

7
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ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al
proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada,
puesto que este mecanismo sólo está instituido para proteger
derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor
tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate
exclusivamente legal9.

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas
controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no
puede convertirse en una tercera instancia.

Sobre el particular, se considera, que este asunto no es relevante
constitucionalmente, como se pasará a explicar.

En síntesis, la alegación de la parte actora se centró en reprochar que el Tribunal
Administrativo del Quindío, Sala Segunda de Decisión, al resolver el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, avaló las diferencias salariales
de los años 2008 y 2009, pese a que, a su juicio, resultaron desiguales e
inequitativos, al reconocer un incremento superior a la categoría 2A frente al
otorgado a la 2B, en la cual se encuentra clasificado el accionante.

Dichos reproches se formularon bajo la supuesta configuración de los defectos
fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente, con el propósito de que el
juez constitucional reexaminara la valoración realizada por la autoridad natural.
En esa medida, los argumentos expuestos tienden a convertir la acción de tutela
en una instancia adicional para controvertir una decisión ya adoptada en sede
ordinaria.

En primer lugar, la Sala reitera que, en materia de tutela contra providencias
judiciales, le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios
de la órbita del juez natural de la causa. En consecuencia, el examen debe
circunscribirse exclusivamente a eventuales vulneraciones de raigambre
constitucional y no a una nueva valoración del razonamiento jurídico desarrollado
en sede ordinaria, pues ello desconocería el principio de autonomía judicial y
desnaturalizaría la solicitud de amparo.

Bajo ese entendido, se advierte que el Tribunal Administrativo del Quindío al
analizar el material probatorio y el marco normativo aplicable, concluyó que la
diferenciación efectuada en los ajustes salariales de los años 2008 y 2009 se
ajustó a la lógica del sistema de escalafón docente.

9 Énfasis de la sala.

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El ad quem, precisó que el Gobierno Nacional cuenta con la competencia para
fijar el régimen salarial, conforme a la Ley 4ª de 1992, así como un margen de
configuración para establecer ajustes diferenciales. A su vez, consideró que las
categorías 2A y 2B no son plenamente comparables, en tanto responden a
distintos niveles de formación, experiencia y evaluación, en los términos del
Decreto Ley 1278 de 2002.

En esa línea, estimó que la asignación de mayores incrementos a categorías
inferiores respondió a finalidades legítimas, como la reducción de brechas
salariales y la garantía de una remuneración acorde con criterios de igualdad
material10.

Ahora bien, respecto al reproche de desconocimiento del precedente, la Sala
advierte que no es posible estudiar las decisiones invocadas como desatendidas,
en tanto la parte actora no cumplió con la carga de identificar la regla de derecho
que se deriva de dichas providencias ni explicó su aplicabilidad al caso concreto,
particularmente en lo relacionado con el análisis del derecho a la igualdad.

En efecto, se limitó a citarlas sin demostrar la existencia de una identidad fáctica
y jurídica relevante que permitiera efectuar un juicio de comparación en términos
de igualdad material. Aunado a ello, dichas decisiones fueron proferidas por
juzgados administrativos, mientras que la providencia cuestionada emana de
una autoridad judicial de superior jerarquía, sin que se acreditara la existencia
de un precedente vinculante o una línea jurisprudencial consolidada que obligara
al tribunal a decidir en el mismo sentido.

Por todo lo anterior, esta Sección considera que no se acreditaron los criterios
fijados por la Corte Constitucional para tener por superado el requisito de
relevancia constitucional, en la medida en que la controversia exclusivamente
cuestionó la interpretación jurídica adoptada por el juez de segunda instancia,
sin demostrar la existencia de una afectación directa, grave y manifiesta de
derechos fundamentales.

En consecuencia, resulta claro que el asunto planteado se circunscribe a una
inconformidad de carácter legal y económico, cuyo conocimiento corresponde de
manera exclusiva al juez ordinario, razón por la cual no es competencia del juez

10 El Tribunal Administrativo del Quindio, Sala Segunda de Decisión acogió la postura fijada en

la sentencia C-408 de 2021, según la cual el mandato de igualdad no implica una equiparación
matemática, en tanto las diferencias fácticas entre las situaciones jurídicas pueden justificar
tratos distintos, con disposiciones ajustadas a sus particularidades, sin que ello comporte una
vulneración del principio de igualdad.

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constitucional11 dirimir este tipo de controversias.

2.6. Conclusión

Así las cosas, se confirmará la sentencia de 19 de marzo de 2026, mediante la
cual el Consejo de Estado, Sección Cuarta declaró improcedente la acción de
tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

Por lo tanto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

3. FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de 19 de marzo de 2026, por la cual la Sección
Cuarta del Consejo de Estado declaró la IMPROCEDENCIA de la acción de
tutela presentada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo del
Quindío, Sala Segunda de Decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual
revisión, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

11 Ver las siguientes decisiones: (i) sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente 11001-

03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; (ii) sentencia de 6 de septiembre de
2022, expediente 11001-03-15-000-2022-03065-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; (iii)
sentencia de 28 de abril de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01880-00, M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra; y (iv) sentencia de 21 de noviembre de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-
04391-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

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Demandante: Germán Augusto Arcila Hernández
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Segunda de decisión
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Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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