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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00884-01

Fecha
23 de julio de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00884-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. CONFIRMAR el fallo de tutela de primera instancia del 24 de marzo de 2026, proferido por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00884-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

23 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-00884-01
Demandante DIANA PATRICIA VARELA Y OTROS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Temas Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa. Caducidad de la acción. Oportunidad del recurso de
apelación. Forma de notificación de los autos en el proceso
contencioso administrativo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora, contra el fallo del 24
de marzo de 2026, proferido por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, que dispuso:
«PRIMERO. NEGAR la solicitud de tutela formulada por Diana Patricia Varela y otros contra
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.»

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 6 de febrero de 2026, Diana Patricia Varela y otros, mediante apoderado judicial,
interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por
estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia. Lo anterior, con ocasión al auto del 5 de agosto de
2025, mediante el cual la autoridad judicial declaró bien denegado el recurso de
reposición y en subsidio apelación promovido contra el auto del 14 de mayo de
2025, en el que el a quo rechazó la demanda de reparación directa en el proceso
05001-33-33-023-2025-00105-01.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«Tutelar los derechos fundamentales al: i) Libre acceso a la administración de justicia y debido
proceso, en cuanto a la supremacía del principio de justicia material y prevalencia del derecho
sustancial sobre el derecho procedimental, que tiene por fundamento el derecho a una tutela
judicial efectiva y la no denegación de justicia (Artículos 29, 228 y 229 de la Constitución, en
concordancia con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
Garantías Judiciales-); ii) Supremacía constitucional sobre leyes y jurisprudencia (Artículo 4
de la Constitución); iii) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto en la aplicación de
la notificación por estado; iv) Derecho a la igualdad de las víctimas en casos de graves
violaciones a los derechos humanos (Artículo 13 de la Constitución.); v) la excepción de
inconstitucionalidad cuando corresponde y control de convencionalidad; declarando que la
providencia judicial del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA QUINTA DE
DECISIÓN, con ponencia de la magistrada Juliana Nanclares Márquez, del 5 de agosto de
2025, notificada el 6 de agosto, dentro del medio de control de reparación directa con Radicado
No. 05001-33-33-023-2025 00105-01, incurrió en defecto material o sustancial, teniendo en
cuenta que: I) La ratio decidendi del H, Tribunal Administrativo de Antioquia se muestra
injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución; II) La decisión se funda en una
interpretación no sistemática del derecho que vulnera garantías como el ius cogens
internacional, III) La decisión es viciada por un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto en la aplicación de la notificación por estado, IV) El Tribunal se abstiene de aplicar

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00884-01
Demandante: Diana Patricia Varela y otros

la excepción de inconstitucionalidad cuando corresponde (T 640/15) y se abstiene control de
convencionalidad.
Como consecuencia, se ordene al Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta de
Decisión, revoque el auto que resolvió el recurso de queja mediante el cual declaró bien
denegado el recurso de apelación interpuesto ante la decisión de rechazo de la demanda y,
en su lugar, emita una decisión dando trámite al recurso de queja donde se protejan los
derechos aquí referenciados». (Sic a toda la cita)

2. Hechos

Del escrito se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El 7 de abril de 2025, Diana Patricia Varela y otros presentaron demanda de
reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
pretendiendo la declaratoria de responsabilidad y el reconocimiento de los
perjuicios derivados de la muerte del señor Albeiro de Jesús Castaño Castaño,
ocurrida en el mes de noviembre de 1997 en el municipio de Dabeiba,
Antioquia.

En los antecedentes del caso se lee que el señor Castaño Castaño fue
reconocido como víctima en el numeral 118, del anexo 1, de la sentencia del
28 de junio de 2022, en el caso de Integrantes y Militantes de la Unión
Patriótica, proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (En
adelante, Corte IDH).

Precisaron que en la sentencia de la Corte IDH se declaró la ejecución
extrajudicial de Albeiro de Jesús Castaño, pero no se resolvió la situación
frente al reconocimiento de sus familiares como víctimas indirectas, por lo que
decidieron incoar la acción de reparación directa sub examine.

2.2. El conocimiento del asunto, en primera instancia, correspondió al Juzgado 23
Administrativo del Circuito de Medellín que, en auto del 14 de mayo de 2025,
rechazó la demanda por considerar que había operado la caducidad del medio
de control.

Esta providencia se notificó mediante estado del 15 de mayo de 2025 y en esa
fecha fue remitido mensaje de datos informando la gestión al correo
electrónico a los sujetos procesales.

2.3. El 22 de mayo de 2025, la parte demandante interpuso recurso de reposición
y en subsidio apelación contra la anterior providencia. El 11 de junio de 2025,
el juez de primera instancia rechazó los recursos por estimarlos
extemporáneos.

En el proveído se argumentó que la providencia de rechazo de la demanda se
notificó en estados el 15 de mayo de 2025 y la parte demandante presentó el
recurso el día 22 de ese mes, es decir que superó el término legal de 3 días
para ese efecto.

Adicional a lo anterior, precisó que el estado se publicó oportunamente en el
día indicado a las 10:00 a. m. y además en la misma fecha se remitió la
providencia a los tres buzones electrónicos indicados en la demanda para
notificaciones judiciales.

2.4. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante promovió recurso de
queja que fue decidido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 5 de
agosto de 2025. La autoridad judicial consideró que el recurso de apelación
estuvo bien denegado.

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Demandante: Diana Patricia Varela y otros

En la parte considerativa de la providencia, se precisó, a la luz de la sentencia
de unificación del 29 de noviembre de 2022, que la notificación por estado
mencionada del artículo 201 de la Ley 1437 de 2011 no se equipara a la
notificación electrónica de la misma normativa. Respecto de la primera, indicó
que se concreta con la publicación del estado y el mensaje de datos se
entiende como una comunicación de la actuación procesal, pero no como una
notificación personal. Por ello, no era aplicable el término de 2 días que
establece el artículo 205 de la Ley 1437.

Establecido lo anterior, concluyó la extemporaneidad del recurso de apelación
con fundamento en las siguientes consideraciones.

«el auto que rechazó la demanda se notificó por estado electrónico del 15 de mayo
de 2025, el término de tres (3) días para presentar el recurso de apelación, que
establece el artículo 244 ibidem, corrió desde el 16 de mayo de 2025 al 20 de mayo
de 2025 y habiéndose presentado el recurso el 22 de mayo de 2025, su presentación
resulta extemporánea.

Por tanto, este Despacho estima bien denegado el recurso de apelación presentado
por la parte demandante en contra del auto del 14 de mayo de 2025.»

El auto se notificó en estado electrónico del 6 de agosto de 20251.

3. Fundamentos de la acción

Los demandantes argumentaron que el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió
en defecto procedimental al declarar la extemporaneidad del recurso de apelación
formulado contra el auto que rechazó la demanda por caducidad. A su juicio, el
tribunal debió analizar el recurso en aplicación del artículo 205 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) relativo a
notificaciones por medios electrónicos, pero optó por aplicar una norma que
afectaba el derecho de acceso a la administración de justicia, esto es: el artículo
201 de esa normativa.

Reprochó que el tribunal accionado privilegie la formalidad de la notificación sobre
el acceso efectivo a la administración de justicia de personas víctimas de una
ejecución extrajudicial

De otro lado, indicó que, el juez debió inaplicar la regla de caducidad al caso
concreto mediante la excepción de inconstitucionalidad y el control de
convencionalidad. Recordó que, en asuntos relacionados con crímenes de lesa
humanidad, la caducidad no debe aplicarse mecánicamente e impedir el estudio de
fondo.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto del 9 de febrero de 2026, el despacho sustanciador de primera
instancia admitió la acción de tutela presentada por los señores María Rocío
Castaño, Diana Patricia Varela; Amparo del Socorro, Juan Andrés y Marley
Johana Castaño; Marleny, Jaime de Jesús y Ramiro de Jesús Castaño
Castaño contra el Tribunal Administrativo de Antioquia. Además, vinculó en
calidad de tercero con interés, al Juzgado 23 Administrativo de Medellín.

Finalmente, solicitó al juzgado la remisión urgente de la copia digital del
expediente ordinario 05001-33-33-023-2025-00105-01 y reconoció personería
jurídica al abogado Juan David Viveros Montoya.

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Samai para tribunales administrativos, proceso 05001-33-33-023-2025-00105-01. Índice 5.

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Demandante: Diana Patricia Varela y otros

4.2. El Juzgado 23 Administrativo del Circuito de Medellín, por conducto del titular
del despacho, solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela
debido a que con ella se pretende desconocer normas procesales de orden
público, como lo son las que establecen el término de la interposición de los
recursos ordinarios.

Advirtió que los demandantes del proceso ordinario defienden un
entendimiento errado de las normas que rigen la notificación personal y por
estado de las providencias judiciales en el marco del CPACA, lo que lo llevó a
radicar de manera extemporánea el recurso de apelación contra el auto que
declaró la caducidad.

Expone que ahora pretenden remediar su error invocando normas de derecho
internacional y de control de convencionalidad para procurar que se dé trámite
a la demanda de reparación directa, propósito contrario a la naturaleza
subsidiaria de la acción de tutela y al derecho a la seguridad jurídica y a la
igualdad ante la ley.

4.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia, por conducto de la magistrada
ponente de la providencia acusada, solicitó que se declare la improcedencia
de la acción de tutela porque no satisface el presupuesto general de relevancia
constitucional, dado que la discusión propuesta versa sobre una cuestión
meramente legal: la aplicación de las normas sobre el término para interponer
los recursos ordinarios y las formas de notificación de las providencias
judiciales. Insiste en que se trata de una discusión legal y procesal que no
involucra la vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes.

Adicional a lo anterior, explicó que la providencia se limitó a verificar el
cumplimiento de los requisitos legales para la interposición oportuna del
recurso de apelación, de acuerdo con la providencia de unificación que
estableció el alcance de las formas de notificación contenidas en el CPACA.

Establecido lo anterior, insistió en que el recurso de apelación presentado el
22 de mayo de 2025 fue extemporáneo y la decisión se ajusta al marco jurídico
aplicable.

5. Providencia impugnada

En sentencia del 24 de marzo de 2026 la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado negó la solicitud de amparo promovida por Diana Patricia Varela.

En primer lugar, encontró acreditados todos los requisitos generales de
procedencia. Frente a la relevancia constitucional indicó que el asunto refiere a la
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia de la parte actora derivado de una providencia judicial.

En cuanto al defecto procedimental, manifestó que la interpretación y aplicación al
caso concreto de los artículos 198 y 201 del CPACA para determinar el momento a
partir del cual iniciaba el término para interponer recursos, se acompasó con las
características del caso concreto y el entendimiento razonable de su contenido, sin
que de ese ejercicio judicial derive un escenario de vulneración de derechos
fundamentales.

Además, dijo que la aplicación de la disposición normativa se compadece con las
reglas de decisión del auto de unificación del 29 de noviembre de 2022, en el que
el Consejo de Estado determinó que no es posible equiparar la notificación por
estado con la electrónica, por lo que, para la primera de ellas no aplica el término
de dos días para que quede surtida la notificación.

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De acuerdo con lo anterior, descartó la concreción del defecto procedimental en el
auto del 5 de agosto de 2025 y consideró que, por el contrario, el tribunal accionado
aplicó las normas procesales vigentes de acuerdo con las pautas jurisprudenciales
pertinentes.

6. Impugnación

El apoderado de la parte actora impugnó el fallo de tutela de primera instancia.
Solicitó que sea revocada la providencia y, en su lugar, se conceda el amparo de
los derechos fundamentales que se acusan vulnerados.

Recordó la connotación del caso particular debido a que el daño alegado guarda
relación con los derechos de acceso a la administración de justicia y reparación
integral de víctimas indirectas del «exterminio cometido por el Estado colombiano en
contra del Partido Político de la Unión Patriótica».

Establecido lo anterior, advirtió que el análisis sobre la notificación del auto que
rechazó la demanda de reparación directa privilegió indebidamente el artículo 201
sobre el 205 del CPACA. Considera que esta interpretación y aplicación de la
normativa vulnera el derecho de acceso a la administración de justicia de las
víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y deja a los demandantes
sin herramientas para acudir a la jurisdicción para reclamar la reparación de los
daños que se les causaron.

En línea con lo anterior, estima que el tribunal aplicó de manera formalista y estricta
las reglas que regulan la notificación de un auto que termina el proceso. Expuso que
por ser una providencia que terminaba el proceso, lo adecuado era surtir la
notificación personal a través de medios electrónicos. Estima que la interpretación
rígida e indiferente con el contexto fáctico del caso concreto privó a las víctimas de
ejercer sus derechos procesales, sin consideración a su condición de sujetos de
especial protección constitucional.

De otra parte, indicó que el juez de tutela de primera instancia se abstuvo de analizar
la excepción de inconstitucionalidad y el control de convencionalidad, pese a que
en el escrito de tutela se sostuvo que la aplicación estricta de la notificación por
estado, sin atender las circunstancias particulares de las víctimas, generó un
resultado inconstitucional al privarlos del acceso a la administración de justicia.
Recordó que la notificación es un medio para garantizar la defensa y contradicción
y no un fin en sí mismo, por lo que no es admisible que el juez aplique
mecánicamente de la norma procesal en sacrificio del derecho de sus
representados a acceder a la justicia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los particulares en los casos que señala este Decreto».

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2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
una mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de
tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico

A partir de los antecedentes expuestos y dado que la acción de tutela se dirige
contra una providencia judicial, corresponde a la Sala determinar, en primer lugar,
si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de procedibilidad exigidos
en estos casos.

De superarse dicho análisis, la Sala determinará si le asistió razón al juez de tutela
de primera instancia al declarar que el auto del 5 de agosto de 2025, proferido por
el Tribunal Administrativo de Antioquia en el proceso de reparación directa 05001-
33-33-023-2025-00105-01, no adolece de defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto.

4. Análisis sobre el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela interpuesta cumple con los requisitos generales de
procedibilidad, dado que: (i) versa sobre la posible vulneración de los derechos
fundamentales de quienes aducen ser víctimas indirectas de una ejecución
extrajudicial, con ocasión a la emisión de la providencia judicial que declaró bien
denegado el recurso de apelación; (ii) la parte actora agotó todos los medios
ordinarios de defensa judicial y frente a los cargos presentados por los accionantes
no proceden los recursos extraordinarios; (iii) cumplió con el requisito de inmediatez,
ya que la acción se interpuso dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de
la providencia cuestionada6; (iv) se identificaron razonablemente los hechos que
generaron la vulneración y los derechos afectados; y (v) no se trata de una tutela
contra sentencia de tutela.

3
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
(iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal
en la providencia atacada.
4
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto
orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto por error inducido,
(vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por violación directa
de la Constitución.
5
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
6
El auto que resolvió la apelación fue notificado en estado del 6 de agosto de 2025 a los sujetos procesales, mientras que
la acción de tutela se radicó el 6 de febrero de 2026. Óp. Cit. 1 y 2.

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Es pertinente precisar que la Sala tiene por acreditado el requisito de relevancia
constitucional, en la medida en que los hechos y pretensiones de la acción de tutela
exigen examinar la posible vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la justicia de las víctimas indirectas de una ejecución
extrajudicial, quienes reclaman la indemnización de los perjuicios derivados de ese
hecho dañoso.

5. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto: análisis de los
cargos de la impugnación

5.1. La Sala anticipa que confirmará la sentencia de tutela de primera instancia,
mediante la cual se negó el amparo solicitado, por cuanto no se advierte la
configuración de un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto en el
auto del 5 de agosto de 2025, que declaró bien denegado el recurso de
apelación promovido por la parte demandante contra el auto que rechazó la
demanda por caducidad.

Para sustentar esta conclusión, la Sección precisará, en primer lugar, el
alcance del defecto invocado y, posteriormente, explicará las razones por las
que no se configuró en la providencia cuestionada, a la luz de los argumentos
expuestos en la impugnación y del marco jurídico aplicable.

5.2. En cuanto al alcance del defecto procedimental, la Corte Constitucional ha
indicado que encuentra fundamento en los artículos 29 y 228 de la
Constitución Política en los que se consagran los derechos al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia y el principio de prevalencia del
derecho sustancial.

Este defecto tiene dos modalidades: el procedimental absoluto y el
procedimental por exceso ritual manifiesto. El primero de ellos se materializa
cuando el proceso se tramita sin respetar las formas propias de cada juicio.

La segunda modalidad (por exceso ritual manifiesto) ocurre cuando el juez limita
el derecho sustancial al no aplicar correctamente la norma procesal
correspondiente, o cuando sobrepasa las formalidades procesales, haciendo
nugatorio un derecho7. A ese respecto, el Tribunal Constitucional aclara que,
en tales situaciones, la aplicación de los procedimientos por parte del juez
actúa como un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, lo que
conlleva a una denegación de justicia debido a la exigencia rigurosa e inflexible
de requisitos formales o a una excesiva severidad en la evaluación de las
pruebas.

5.3. En el escrito de impugnación, los accionantes reprocharon que los jueces de
instancia aplicaron las normas sobre la notificación de providencias judiciales
con rigor excesivo, sin considerar la naturaleza de la providencia acusada,
pues se trata de un auto que termina el proceso, por lo que, en su entender,
era razonable considerar que debe ser notificado personalmente. También se
alegó que el a quo no tuvo en cuenta que la discusión propuesta involucra, en
últimas, el derecho de acceso a la administración de justicia de víctimas del
conflicto armado interno, cuyo estatus es el de sujetos de especial protección
constitucional.

5.4. Para esta Sección, el auto del 5 de agosto de 2025 no configura el defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto invocado en el escrito de tutela,
porque la parte considerativa de la providencia permite constatar una

7
Corte Constitucional. Sentencias T-268 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-301 de 2010, M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, T-893 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Sentencias T-327 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; T-591 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-213 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00884-01
Demandante: Diana Patricia Varela y otros

interpretación razonable de la norma que regula la notificación de los autos y
una aplicación al caso concreto que se ajusta al precedente contencioso de
unificación sobre esa materia.

En este punto es pertinente recordar la regulación consagrada en el CPACA
sobre la notificación de los autos emitidos en los procesos ordinarios, la cual
establece una regla general de notificación por estados8 y una especial según
la cual algunos autos se notifican personalmente9.

Como se observa, la norma consagra los autos que deben notificarse
personalmente y entre ellos no se enlista el que rechaza la demanda. Por lo
tanto, se estima razonable y justificada la decisión del tribunal accionado de
analizar la oportunidad del recurso de apelación a partir del momento en que
quedó surtida la notificación por estados.

El artículo 248.3 del CPACA, sobre el trámite de apelación contra autos,
establece que, si el auto se notifica por estados, el recurso debe interponerse
y sustentarse dentro de los tres días siguientes a su notificación, tal y como lo
entendió la autoridad accionada.

Adicional a lo anterior, se observa que el tribunal analizó la oportunidad del
recurso de conformidad con el auto de unificación del 29 de noviembre de
202210 relativo a la notificación de las providencias judiciales en la jurisdicción
de lo contencioso administrativo. Esta sentencia establece que para la
notificación por estados no aplica el periodo de dos días para que se entienda
surtida la notificación, sino que se entiende agotada con la inserción en el
estado electrónico, por lo que los términos procesales inician al día siguiente.
Aunque el artículo 201 del CPACA dispone el deber de remitir mensaje de
datos a los sujetos procesales informando la actuación procesal, la Sala Plena
del Consejo de Estado aclaró que tal gestión tiene un propósito comunicativo,
pero no condiciona la notificación de la providencia.

Se relaciona el aparte pertinente de la providencia accionada:
«Así las cosas, el despacho desestima los argumentos del recurrente por cuanto, según la
información del aplicativo Samai, la Secretaría del Juzgado realizó la notificación del auto que
rechazó la demanda, por estado del 15 de mayo de 2025, ya que no es una de las providencias
que requiere notificación personal conforme al artículo 198 de la Ley 1437 de 2011 y, el
mensaje del 15 de mayo de 2025 no es una notificación, sino que consiste en la comunicación
de la notificación por estado, que prescribe el inciso final del artículo 201 de la referida
normativa.
Luego, conforme al auto de unificación jurisprudencial proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado, el 29 de noviembre de 2022, que constituye un precedente jurisprudencial de
obligatorio cumplimiento para los operadores de justicia, en este caso, no resulta aplicable el
término de los dos (2) días que establece el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011 comoquiera
que la notificación por estado no puede asimilarse a una notificación electrónica y, por
consiguiente, en vista de que el auto que rechazó la demanda se notificó por estado
electrónico del 15 de mayo de 2025, el término de tres (3) días para presentar el recurso de

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CPACA. Artículo 201. Notificaciones por estado. Los autos no sujetos al requisito de la notificación personal se
notificarán por medio de anotación en estados electrónicos para consulta en línea bajo la responsabilidad del Secretario.
La inserción en el estado se hará el día siguiente al de la fecha del auto y en ella ha de constar (…).
El estado se insertará en los medios informáticos de la Rama Judicial y permanecerá allí en calidad de medio notificador
durante el respectivo día.
Las notificaciones por estado se fijarán virtualmente con inserción de la providencia, y no será necesario imprimirlos, ni
firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva, y se enviará un mensaje de
datos al canal digital de los sujetos procesales (…).
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CPACA. Artículo 198. ARTÍCULO 198. Procedencia de la notificación personal. Deberán notificarse personalmente
las siguientes providencias: 1. Al demandado, el auto que admita la demanda. 2. A los terceros, la primera providencia
que se dicte respecto de ellos. 3. Al Ministerio Público el auto admisorio de la demanda, salvo que intervenga como
demandante. Igualmente, se le notificará el auto admisorio del recurso en segunda instancia o del recurso extraordinario
en cuanto no actúe como demandante o demandado. 4. Las demás para las cuales este Código ordene expresamente la
notificación personal.
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Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. CP Stella Jeanette Carvajal Basto. Auto de unificación
jurisprudencial de 29 de noviembre de 2022, expediente 68001 23-33- 000-2013-00735-02 (68.177)

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00884-01
Demandante: Diana Patricia Varela y otros

apelación, que establece el artículo 244 ibidem, corrió desde el 16 de mayo de 2025 al 20 de
mayo de 2025 y habiéndose presentado el recurso el 22 de mayo de 2025, su presentación
resulta extemporánea. Por tanto, este Despacho estima bien denegado el recurso de
apelación presentado por la parte demandante en contra del auto del 14 de mayo de 2025.»

5.5. Así pues, la interpretación de la norma procesal es coherente con la lectura
natural de su contenido y con el alcance que al respecto ha definido el órgano
de cierre, además precisó las razones por las que estima no hay lugar a
apartarse de su contenido para aplicar los términos como si se tratara de una
providencia de las que se notifica personalmente por disposición legal.

En consecuencia, se descarta la configuración del defecto procedimental en lo
relativo a la interpretación y aplicación de la norma sobre la forma de
notificación del auto que rechaza la demanda.

5.6. Adicional a lo anterior, en el escrito de impugnación, los accionantes
reprocharon que el tribunal accionado no tomó en consideración la especial
calidad de los demandantes, quienes aducen haber sido víctimas de una
ejecución extrajudicial y son, por tanto, sujetos de especial protección
constitucional.

Al respecto, se advierte que la sola condición de víctima del conflicto armado
y de sujeto de especial protección constitucional no constituye, por sí misma,
razón suficiente para desconocer los términos legalmente previstos para la
interposición de los recursos ordinarios o para cambiar las formas de
notificación de las providencias judiciales. Aunque esa calidad impone a las
autoridades deberes reforzados de garantía y un enfoque diferencial, ello no
comporta la inaplicación automática de las cargas procesales ni la ampliación
de los términos establecidos por el legislador.

En el presente asunto no se alegó una circunstancia vinculada con la condición
de víctimas que hubiera impedido a los demandantes interponer
oportunamente el recurso de apelación contra el auto que rechazó la
demanda. Por el contrario, la actuación judicial fue promovida mediante
apoderado judicial y por tanto es exigible el conocimiento y observancia de las
reglas relativas a la oportunidad de los recursos.

5.7. Tampoco resulta procedente aplicar la excepción de inconstitucionalidad
respecto de las normas que regulan la notificación de los autos y la
interposición del recurso de apelación, pues no se advierte una
incompatibilidad clara y manifiesta entre dichas disposiciones y la
Constitución. Por el contrario, estas normas establecen cargas procesales
razonables orientadas a garantizar la seguridad jurídica, la igualdad y la
preclusión de las etapas del proceso.

Conviene precisar, además, que el cuestionamiento dirigido a reprochar al juez
natural de la causa no haber inaplicado el término de caducidad en el caso
particular, constituye un argumento de fondo contra el auto de rechazo, el cual
debió formularse oportunamente mediante el recurso de apelación.

5.8. De acuerdo con los argumentos expuestos, la Sala reitera que confirmará la
sentencia de tutela de primera instancia, proferida por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, el 24 de marzo de 2026. Lo anterior,
considerando que no se encontró configurado el defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto invocado en la demanda de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

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Demandante: Diana Patricia Varela y otros

FALLA

1. CONFIRMAR el fallo de tutela de primera instancia del 24 de marzo de 2026,
proferido por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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