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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00903-00

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00903-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la señora Yaneth Medina Silva. 2. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia de 31 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en esta providencia. 3. En consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Santander que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una decisión de reemplazo en la que estudie nuevamente el asunto de la señora Yaneth Medina Silva de radicado 68001-33-33-011-2017-00257- 02 teniendo en cuenta que las pretensiones solicitadas en la demanda se refieren a la reliquidación de salarios y de la prima especial. 4. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 5. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 6. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00903-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-00903-00
Demandante YANETH MEDINA SILVA
Demandada TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho. Defecto fáctico. Prima
especial 30% para jueces.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir en primera
instancia la acción de tutela instaurada por la señora Yaneth Medina Silva, de
conformidad con lo dispuesto por el Decreto 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 6 de febrero de 2026, la señora Yaneth Medina Silva interpuso acción de tutela,
mediante apoderada judicial, contra el Tribunal Administrativo de Santander, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a
la administración de justicia, con ocasión de la sentencia de 31 de julio de 2025
proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 68001-
33-33-011-2017-00257-02.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. Solicito amparar los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de Justicia por defecto factico sustantivo y demás derechos que se
hayan vulnerado.
2. Se ordene al Tribunal Administrativo de Santander rehaga la sentencia de fecha 31 de
julio del 2025, con base en la ley 4 de 1992 y línea jurisprudencial trazada por el
honorable Consejo de estado en la materia» (Transcripción literal).

2. Hechos

Del expediente, los hechos relevantes son los siguientes:
2.1. La señora Yaneth Medina Silva interpuso demanda en el ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Rama Judicial,
Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bucaramanga en la que solicitó el pago de las sumas que se dejaron de
cancelar por valor de prima especial de servicios del 30%.
2.2. En sentencia de 16 de abril de 2024, el Juzgado 401 Administrativo Transitorio
de Bucaramanga (radicado 68001-33-33-011-2017-00257-02) declaró la
nulidad de los actos administrativos demandados.
Explicó que el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 estableció una prima no inferior
al 30% ni superior al 60% del salario básico sin carácter salarial, para los

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jueces de la República y otros cargos. El Gobierno Nacional expidió el Decreto
57 de 1993 en el que se consagró la referida prima. En los años subsiguientes
se expidieron decretos que reprodujeron tal disposición.
En sentencia de 19 de mayo de 2010, el Consejo de Estado, Sección Segunda
inaplicó por inconstitucional varios de los decretos expedidos anualmente con
ocasión de la Ley 4ª de 1992, referente a la prima especial en mención.
Puntualmente, se inaplicaron los artículos 7 de los Decretos 2740 de 2000 y
2720 de 2001 y 6 de los Decretos 673 de 2002 y 3569 de 2003, en cuanto
previeron como prima especial, sin carácter salarial, el 30% del salario básico
mensual. La decisión se fundamentó en que tales disposiciones desmejoraron
laboralmente los derechos de la actora.
Asimismo, el Juzgado indicó que en sentencia de unificación del 4 de agosto
de 2010, la Sección Segunda del Consejo de Estado consideró que la prima
especial del 30% debía tenerse en cuenta para la liquidación de las
prestaciones sociales. En tal decisión el órgano de cierre explicó que «el hecho
de haberse considerado este porcentaje como sobresueldo, no le resta la calidad de salario
que le es connatural, en la medida en que hace parte del sueldo que mensualmente recibía el
servidor».

A su vez, mediante sentencia del 29 de abril de 2014, la Sala de Conjueces
del Consejo de Estado consideró que las primas significan un agregado en el
ingreso laboral y, consecuentemente, un incremento en los ingresos derivados
de dicha relación. En ningún caso podrán representar una disminución del
salario. Por lo tanto, consideró que no era admisible la interpretación según la
cual el 30% del salario básico constituía la prima especial, lo cual implicaba
una reducción salarial de forma que solo se pagaba el 70% de este último. Por
consiguiente, en esa oportunidad se declararon nulos los artículos que
contemplaban que la prima especial del 30% no tenía carácter salarial.
La misma interpretación fue reafirmada por la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia de 2 de septiembre de
2019, al concluir que en cumplimiento del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 se
debe adicionar la prima especial allí ordenada y no sustraerla del salario y/o
asignación básica para darle esa denominación. También se explicó que los
beneficiarios tienen derecho «a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el
100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había
sido excluido a título de prima especial».

Con base en lo expuesto, el Juzgado explicó que lo que hizo el Gobierno
Nacional en los decretos anuales expedidos a partir de 1993 fue reducir el
salario de sus beneficiarios al 70% de este, pues consideró que el 30% del
salario correspondía a la mencionada prima especial. Esta última, sin
embargo, debe significar una suma adicional y diferente a la asignación básica.
De manera que no había lugar a englobar tal prima dentro del concepto de
asignación básica.
Teniendo en cuenta las anteriores premisas, el juzgado indicó que se acreditó
que la parte demandante ostentó la calidad de juez de la República y que la
autoridad demandada pagó la prima especial de servicios conforme a la errada
interpretación del Gobierno, esto es que el 30% del salario constituía la
mencionada prima. Esta situación generó una disminución real del monto
salarial reconocido mensualmente con incidencia en la liquidación de
prestaciones sociales.
La autoridad judicial concluyó que la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial menoscabó los derechos laborales de la parte demandante al
«desconocer la naturaleza que tiene la prima especial creada mediante la Ley 4ª de 1992, y
no tenerla como un incremento de la asignación básica y/o salario básico». Por ende,

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declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y condenó a la
Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a lo
siguiente:
«Como consecuencia de las anteriores declaraciones de nulidad y a título de restablecimiento
del derecho, CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reconocer y pagar a favor de la parte demandante YANETH
MEDINA SILVA, las diferencias que por concepto de la prima especial resulten a su favor
teniendo en cuenta la prima como una adición al salario, sin que en ningún caso supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente y
teniendo en cuenta que solo constituye factor salarial para aportes a pensión de jubilación; así
mismo se ordena la reliquidación de las prestaciones sociales: la prima de servicios, la prima
de vacaciones, la prima de navidad, bonificación por servicios prestados, las cesantías y los
intereses a las cesantías, desde el 5 de febrero de 2013 y por los periodos desempeñados
como Juez de la República, con base en la asignación básica mensual, incluido el 30% de la
prima especial de servicios».

2.3. La anterior providencia fue apelada por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial Bucaramanga, entre otras razones, por considerar que
en el asunto se configuró la cosa juzgada, puesto que en el pasado se profirió
una decisión judicial, ya ejecutoriada, respecto de la misma demandante y
sobre idénticas pretensiones.
Se informó que el asunto se tramitó bajo el radicado 68001-33-31-013-2013-
00188-00, resuelto en primera instancia por el Juzgado Único Ad Hoc
Administrativo de Bucaramanga y en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo de Santander, Sala Conjueces.

2.4. Mediante sentencia de 31 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo de
Santander revocó el fallo de primera instancia. En su lugar, declaró la cosa
juzgada material con la sentencia de 22 de enero de 2016 dictada por el
Juzgado Único Ad Hoc Administrativo de Bucaramanga que accedió a las
súplicas de la demanda y confirmada por el Tribunal Administrativo de
Santander, Sala de Conjueces en fallo de 2 de octubre de 2018 dentro del
radicado 68001-33-31-013-2013-00188-01. Tales decisiones se profirieron en
el marco de otro proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que la
señora Yaneth Medina Silva promovió en el año 2013.

3. Fundamentos de la acción

Tras considerar que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, la parte actora aseguró que la autoridad judicial
accionada incurrió en los defectos fáctico y sustantivo.

Explicó que de la prima del 30% se derivan dos obligaciones. Por un lado, el pago
de la prima como emolumento laboral diferente del salario; y por otro, la
reliquidación de las prestaciones sociales, es decir vacaciones, cesantías, intereses
a las cesantías y otros, basada en el 100% del salario. Sostuvo que en la sentencia
proferida en el otro proceso «no se observa otra cosa más allá del pago y la reliquidación de
las prestaciones sociales». De manera que en virtud de ese fallo la Rama Judicial solo
está obligada al pago de prestaciones sociales, pero no al pago de la prima como
emolumento adicional al salario.

Resaltó que la reliquidación de las prestaciones sociales es diferente a la
reliquidación y pago de la prima especial del 30% que erróneamente fue sustraída
de su propio sueldo. A su juicio, «se trata de recuperar el poder adquisitivo mal liquidado por
la rama judicial quien del 100% del sueldo extraía el 30% de ese mismo sueldo para pagar la prima
del 30%». En consecuencia, manifestó que los procesos versan sobre dos acreencias
totalmente diferentes.

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En sus palabras, la parte actora manifestó lo siguiente, haciendo alusión a una
sentencia del Consejo de Estado: «una cosa es la reliquidación de las prestaciones sociales
y otra es la reliquidación y pago de la prima del 30% extraída del salario como juez de la república,
en tal sentido el dicha corporación señalo: “Así las cosas y siguiendo el derrotero trazado por el
Consejo de Estado en esta Jurisprudencia, que aparte de reiterar que los decretos la redujeron el
salario de los jueces en un 30%, también ordena que no solo se debe liquidar la prima como parte del
salario sino también liquidar las prestaciones sociales conforme al 100% del Salario sin reducirlo en un
30%» (Negrillas propias).

4. Trámite e intervenciones
4.1. En auto de 11 de febrero de 2026, se requirió a la parte accionante para que
explique de qué manera se configuran en el caso en estudio los defectos
especiales de los que adolece la decisión judicial para que proceda la acción
de tutela.
4.2. La parte actora allegó memorial en el que reiteró lo expuesto en el escrito de
tutela.
Adicionalmente, sostuvo que las pretensiones de las dos demandas
interpuestas son absolutamente diferentes. Manifestó que en la sentencia
proferida en el primer proceso tan solo se hizo alusión a la reliquidación de
prestaciones sociales, mientras que la segunda demanda y el fallo de primera
instancia allí proferido versaron sobre el cobro de la prima especial del 30%
como acreencia laboral diferente y adicional al salario. Resaltó que lo que
hacía la Rama Judicial era sustraer del salario base un 30% y considerar que
esa suma correspondía a la prima especial. De ahí que la asignación se
reducía al 70% de la totalidad del sueldo.
Aseguró que en la segunda demanda pretendía el «reintegro de ese 30% por ciento
que de manera deliberada la rama judicial, sustraída del salario base como juez de la república
para posteriormente pagarlo como la prima del 30%, dejando a los jueces solo con un salario
del 70%» (Transcripción literal).

En consecuencia, indicó que la figura de la cosa juzgada no es aplicable al
caso, por no cumplirse los tres presupuestos para su configuración.
4.3. Mediante auto de 24 de febrero de 2026, se admitió la acción de tutela
interpuesta por la señora Yaneth Medina Silva contra el Tribunal Administrativo
de Santander. Asimismo, se ordenó notificar como terceros con interés a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado, al Ministerio Público, al Juzgado 801
Administrativo Transitorio de Bucaramanga y al Juzgado Once (11)
Administrativo de Bucaramanga; se reconoció a la abogada de la parte actora
como su apoderada judicial; y se ordenó efectuar las notificaciones
correspondientes.
4.4. El Juzgado Once Administrativo de Bucaramanga, que recibió el
expediente luego de proferida la sentencia de segunda instancia atacada y
dictó auto de obedecer y cumplir, allegó el expediente de dicho asunto.
4.5. El Juzgado 801 Administrativo Transitorio de Bucaramanga informó que
el Juzgado 401 Administrativo Transitorio de Bucaramanga, que profirió
sentencia de primera instancia en el proceso instaurado en el año 2017, fue
creado por el Acuerdo PCSJA24-12140 del 30 de enero de 2024 del Consejo
Superior de la Judicatura, con una vigencia desde el 5 de febrero de 2024
hasta el 13 de diciembre de 2024.
Posteriormente, el Juzgado 801 Administrativo Transitorio de Bucaramanga
fue creado mediante el Acuerdo PCSJA25-12377 del 30 de diciembre de 2025
del Consejo Superior de la Judicatura, con una duración desde el 13 de enero

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hasta el 11 de diciembre del año 2026. No obstante, realmente entró en
funcionamiento desde el martes 20 de enero de 2026.
Aseguró que no ha tenido injerencia sobre las conductas reprochadas y resaltó
que, en todo caso, la inconformidad de la accionante se presenta frente a la
decisión adoptada en segunda instancia.
4.6. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial indicó que la entidad que
intervino como parte procesal y actuó en representación de la Rama Judicial
en el proceso en el que se profirió la sentencia atacada fue la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga. De ahí que solo a esa
dependencia le corresponde absolver las inquietudes del juez de tutela
relacionadas con ese asunto. En consecuencia, consideró que de su parte no
existió participación. Por lo que solicitó negar el amparo.
4.7. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Bucaramanga aseguró que en ambos procesos el litigio giró en torno a la
reliquidación de prestaciones sociales, incluyendo la prima especial del 30%
como factor salarial, con fundamento en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
Resaltó que en la primera instancia del primer proceso se ordenó el pago de
«la diferencia que resulte a su favor por concepto de reliquidación de las prestaciones sociales
(primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, bonificaciones, licencias y demás
emolumentos) causadas desde primero (01) de diciembre de dos mil nueve (2009) hasta la
fecha y en adelante por los periodos laborados como Juez de la Republica» (Transcripción
literal). Decisión que fue confirmada en segunda instancia.

En consecuencia, indicó que la declaración de cosa juzgada material en el
segundo proceso permitió proteger el patrimonio público y salvaguardó el
principio de seguridad jurídica.
Agregó que no se cumplen los requisitos generales y específicos de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A su juicio, no se probó que la interpretación y decisión tomada por el Tribunal
Administrativo de Santander implique un defecto, así como tampoco se
evidencia falencia alguna en el trámite impartido. Por el contrario, el
procedimiento judicial adelantado fue surtido en debida forma, con respeto de
las garantías legales y procesales y con base en las normas procesales y
sustanciales aplicables al caso.
Por las razones expuestas, solicitó la declaratoria de improcedencia de la
acción y la negativa de las pretensiones formuladas.
4.8. El Tribunal Administrativo del Santander, la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado y el Ministerio Público guardaron silencio en el curso de la
presente acción de tutela1.
Tras consultar el radicado 68001-33-33-011-2017-00257-02 en el cual se
profirió la sentencia controvertida, se advierte que en el índice 47 obra
anotación sobre la existencia de la presente acción de tutela.

1 A índice 18 obra la notificación del auto admisorio a las partes. El Tribunal Administrativo del Santander, la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio Público fueron notificados a los siguientes
buzones electrónicos:
notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co
agencia@defensajuridica.gov.co,
procesosjudiciales@procuraduria.gov.co
sectribadm@cendoj.ramajudicial.gov.co,
sgtadminstd@notificacionesrj.gov.co,
sg02tadminstd@notificacionesrj.gov.co
ventanillatriadmsan@cendoj.ramajudicial.gov.co

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales
y especiales que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.

Es por tal razón que la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
una mejor fundamentación del vicio que se le atribuye a la sentencia judicial objeto
de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala
establecer si la acción interpuesta cumple a cabalidad con los requisitos generales
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
Solo en caso de superar dicho análisis, se determinará si al proferir la sentencia de
31 de julio de 2025 el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en alguno de
los defectos alegados por la parte actora.

4. Requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencia
judicial y su análisis en el caso
En el caso bajo estudio, se encuentran satisfechos los requisitos generales de
procedibilidad de la acción por las siguientes razones:
Primero, se expusieron los hechos y los motivos por los cuales se considera que la
autoridad judicial accionada erró al revocar la sentencia de primera instancia en la
que se declaró la nulidad de los actos administrativos demandados.
Segundo, la acción de tutela se presentó (6 de febrero de 2026) antes de los seis
meses desde la notificación de la sentencia de 31 de julio de 2025 (el 12 de agosto
2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto».

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de 20253 se remitió el mensaje de datos a efectos de surtir la notificación4). Esto
demuestra que no hubo dilación ni retardo en cabeza de la parte actora en la
defensa de sus derechos fundamentales.
Tercero, el asunto es de relevancia constitucional. No podría entenderse que la
tutela se está empleando como una tercera instancia adicional pues no fue la parte
actora la que ejerció el recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, en consideración a que esa decisión fue favorable a sus intereses. De
manera que ninguno de los argumentos desarrollados en el escrito de tutela fue
expuesto en el medio de control.
Además, se advierte que la tutela interpuesta persigue la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso y del acceso a la administración de justicia
vulnerados por la presunta configuración de los defectos invocados.
Eventualmente, este último podría comprometerse en tanto que no existió decisión
de fondo en la segunda instancia al concluir que se configuró la cosa juzgada
material.
Cuarto, está satisfecho el requisito de la subsidiariedad de la acción, dado que no
se cuenta con otros medios de defensa judiciales idóneos para exponer los cargos
desarrollados en el escrito de tutela.
Así las cosas, al encontrar cumplidos los requisitos generales de procedibilidad de
la acción, la Sala proseguirá a estudiar si el Tribunal accionado incurrió en los
defectos alegados por la parte actora.
5. Alcance de los defectos sustantivo y fáctico
5.1. El defecto sustantivo es el vicio relacionado con la interpretación y aplicación
de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico. Algunos de los
eventos en los que se presenta es cuando la autoridad judicial funda su
decisión en una norma que no tiene relación con el asunto de debate, cuando
omite aplicar la disposición que regula el tema sobre controversia o cuando
realiza una interpretación irrazonable de la norma.
También se ha reiterado que las reglas de interpretación fijadas en sentencias
de constitucionalidad y unificación proferidas por la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado vienen a ser parte de la propia ley. Esa categoría de fuente
formal del derecho supera lo que se ha entendido tradicionalmente como
precedente, no solo porque el monopolio de la creación de normas generales
no se centra en el legislativo o el ejecutivo, sino también por la fuerza
vinculante de esas categorías de sentencias, que bien pueden equipararse a
la ley. Por consiguiente, su desconocimiento se relaciona con el defecto
sustantivo.
5.2. Por su parte, el defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o
valoración de las pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión. En
este sentido, se ha dicho que para que exista el defecto fáctico, es necesario
que de las pruebas que obren en el expediente no sea posible, de ninguna
manera objetiva y razonable, alcanzar la conclusión a la que llega la decisión
que se cuestiona.
En otras palabras, este defecto supone que el apoyo probatorio en que se basó
el juez para resolver determinado asunto resulta absolutamente inadecuado
para el caso concreto5.

3 Información obtenida de Samai bajo el radicado 68001-33-33-011-2017-00257-02, índices 42 y 43.
4 La notificación se entiende realizada una vez transcurridos 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje,
conforme lo establece el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011.
5 Sobre la descripción genérica del defecto fáctico como vicio de una sentencia judicial que la convierte en
una vía de hecho, pueden consultarse, entre otras, las Sentencias T-231 de 1994 y T-567 de 1998.

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Para analizar si el juez natural pudo incurrir en este defecto, corresponde al
juez de tutela establecer si aquel adoptó criterios objetivos, racionales y
rigurosos, en lo que respecta a la apreciación de las pruebas. No debe
olvidarse que, si bien el juez ordinario goza de una amplia facultad de
valoración probatoria, fundada en los principios de la sana crítica6, dicho poder
no puede ejercerse de manera arbitraria.

La Corte Constitucional7 reconoce dos dimensiones de este defecto. Por una
parte, la dimensión negativa se produce por omisiones del juez, por ejemplo,
(i) por ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria
determinante en el desenlace del proceso8; (ii) por decidir sin el apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión; o (iii) por no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en
que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo9.

La dimensión positiva tiene lugar por actuaciones del juez, tales como (i)
valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas, si estas resultan
determinantes en el sentido de la decisión; o (ii) decidir con medios de prueba
que, por disposición legal, no conducen a demostrar el hecho en que se basa
la providencia10.

6. Análisis del caso concreto

6.1. Inicialmente, la Sala se referirá a las consideraciones de la sentencia de
segunda instancia del 31 de julio de 2025. En dicha providencia el Tribunal
Administrativo de Santander revocó el fallo de primera instancia. En su lugar,
declaró la cosa juzgada material con la sentencia de 22 de enero de 2016,
proferida por el Juzgado Único Ad Hoc Administrativo de Bucaramanga que
accedió a las súplicas de la demanda, confirmada por el Tribunal
Administrativo de Santander, Sala de Conjueces en fallo de 2 de octubre de
2018 dentro del radicado 68001-33-31-013-2013-00188-01.

La autoridad judicial consideró que entre los procesos de radicado 2013-
00188-01 y el que se estaba resolviendo en esa oportunidad, es decir el 2017-
00257-02, existía identidad de partes, objeto y causa.

Respecto de la identidad de objeto sostuvo que, si bien en ambos se solicitó
la nulidad de distintos actos administrativos, lo cierto es que las pretensiones
sustancialmente eran las mismas. El objeto de ambas demandas era obtener
la reliquidación de prestaciones sociales y el reconocimiento de la prima
especial del 30% como factor salarial, en aplicación del artículo 14 de la Ley
4ª de 1992 y de la jurisprudencia del Consejo de Estado que ha declarado la
inaplicación de los decretos que excluyeron tal prima del salario base. Las dos
acciones tienen como propósito final que «la administración judicial reliquide y pague
las cesantías, intereses, primas legales y demás emolumentos laborales, con base en el 100%
de la asignación básica mensual, incluyendo el 30% de la prima especial».

Por tanto, aunque los actos administrativos demandados no fueron los
mismos, el contenido sustancial de las decisiones que se pretendía anular y el
efecto jurídico buscado con su declaratoria de nulidad sí coinciden
plenamente. En consecuencia, sostuvo que hay identidad de objeto entre los
dos procesos, en tanto persiguen la misma finalidad jurídica, se basan en las
mismas situaciones de hecho y tienen los mismos fundamentos normativos y
jurisprudenciales.

6 Corte Constitucional. Sentencia T-442 de 1994.
7 Corte Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002.
8 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
9 Corte Constitucional. Sentencia T-417 de 2008.
10 Corte Constitucional. Sentencia SU-226 de 2013.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00903-00
Demandante: Yaneth Medina Silva

Respecto de la identidad de causa, indicó que en ambos casos la pretensión
de nulidad y restablecimiento del derecho se sustentó en el desconocimiento
del carácter salarial de la prima especial del 30% prevista en el artículo 14 de
la Ley 4ª de 1992 y su indebida exclusión como factor para la liquidación de
prestaciones sociales.

Tanto en el proceso 2013-00188-01 como en el 2017-00257-02, el fundamento
de la demanda giró en torno a que los actos administrativos acusados
desmejoraron las condiciones salariales de la demandante, al tratar la prima
especial como no salarial, contrariando la jurisprudencia del Consejo de
Estado que reconoce su incidencia en la base prestacional y desconociendo
el principio constitucional de favorabilidad en materia laboral. Aunque en cada
expediente se citó un conjunto de decretos distintos, en función del año de
referencia, los cargos planteados fueron esencialmente los mismos: la
desnaturalización del concepto de prima especial, mediante la expedición de
actos administrativos que la excluyen de los factores salariales, con afectación
directa a sus derechos laborales.

En consecuencia, afirmó que en ambos procesos existe una identidad
sustancial en los hechos jurídicos generadores del conflicto, en las normas
fundamentales que los rigen y en el reproche que se formuló ante la actuación
administrativa. De manera que también se configuró la identidad de causa,
pese a las diferencias accidentales en la formulación del concepto de violación.

Finalmente, agregó que la declaratoria de nulidad y las declaraciones
dispuestas en primera instancia en el proceso 2013-00188-01 abarcan la
totalidad de las aspiraciones entabladas en la segunda demanda interpuesta.
En este se ordenó pagar a la demandante «la diferencia que resulte a su favor por
concepto de reliquidación de las prestaciones sociales (primas, vacaciones, cesantías,
intereses a las cesantías, bonificaciones, licencias y demás emolumentos) causadas desde
primero (01) de diciembre de dos mil nueve (2009) hasta la fecha y en adelante por los
periodos laborados como Juez de la Republica» (Transcripción literal).

Por lo expuesto, concluyó que en el caso se configura la cosa juzgada material,
ya que existe una sentencia anterior ejecutoriada que resolvió de manera
definitiva las mismas pretensiones, con fundamento en idéntica causa jurídica
y respecto de los mismos supuestos fácticos.

El hecho de que existan algunas diferencias mínimas sobre las normas
invocadas o la redacción del concepto de violación no desvirtúa que en ambos
procesos el núcleo del litigio versa sobre «la reliquidación de prestaciones sociales
con inclusión del 30% de la prima especial de Servicios como factor salarial, con fundamento
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y en los decretos anuales que fijan la remuneración de
los funcionarios judiciales».

6.2. Expuesto lo anterior, la Sala considera que el Tribunal Administrativo de
Santander incurrió en defecto fáctico al no analizar con detalle los dos escritos
de las demandas de nulidad y restablecimiento de derecho promovidas por la
ahora tutelante y, específicamente, las pretensiones solicitadas en cada una
de estas.

En el proceso de radicado 2013-00188-01 la tutelante solicitó como
restablecimiento del derecho la reliquidación de prestaciones sociales
teniendo en cuenta el 100% de su asignación básica y no sobre el 70% de esta
última, como venía haciendo la autoridad pagadora al sustraer el 30% del
salario por considerar que este constituía la prima especial derivada del
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

Veamos la pretensión solicitada por la actora en esa oportunidad:

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00903-00
Demandante: Yaneth Medina Silva

«3.- Que como consecuencia de las anteriores declaraciones a título de
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se declare que me asiste razón jurídica a que la
NACION RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION
EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL Y DIRECCION SECCIONAL DE LA RAMA
JUDICIAL DE BUCARAMANGA efectúe la RELIQUIDACION Y PAGO DE LAS PRIMAS
LEGALES (cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de navidad, prima de
servicios, prima vacacional y Bonificación por servicios Prestados), desde el primero (1)
de diciembre de 2009 al veintidós (22) de 2009; desde el dos (2) de agosto de 2010 al doce
(12) de septiembre de 2010, desde el primero (1) de diciembre de 2010 al veinticinco (25) de
diciembre de 2010, desde el once (11) de febrero de 2011, у en adelante hasta que le sea
cancelada de manera completa cada una de las prestaciones económicas atrás expresadas,
incluyendo el 30% de PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS como FACTOR SALARIAL, a la que
tiene derecho en los diferentes cargos que ha ejercido como JUEZ VEINTITRÉS (23) PENAL
MUNICIPAL DE DEPURACIÓN DE BUCARAMANGA, JUEZ SEPTIMO PROMISCUO
MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS, JUEZ PRIMERO DE
EJECUCION DE PENAS DE BUCARAMANGA, JUEZ SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL
DE MÁLAGA-SANTANDER».

Por su parte, en el segundo proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
interpuesto en el año 2017, la ahora tutelante solicitó que la prima especial del
30% derivada del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 se pagara como un
emolumento adicional a la totalidad del salario y que, como dicha prima no se
pagaba de esa forma, se reliquidara tanto esa prima especial como los salarios
que se venían pagando de forma disminuida. Veamos lo allí solicitado:
«4.- Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se declare que me asiste razón jurídica a que la
NACION- RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -DIRECCION
EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL Y DIRECCION SECCIONAL DE LA RAMA
JUDICIAL DE BUCARAMANGA, efectúe la RELIQUIDACIÓN DE LOS SALARIOS Y PAGOS
DE LA PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS prevista en el Art. 14 de ley 4 de 1992, como
adicional a la Remuneración Mensual ordenada por el Gobierno Nacional, como
equivalente al 30% del salario base conforme lo establece la sentencia del Consejo de Estado
• Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda- Sala de Conjueces del 29 de Abril
de 2014, y la sentencia del Consejo de Estado Sección Segunda del 02 de Septiembre de
2015, en el desempeño del cargo de JUEZ DE LA REPUBLICA» (Transcripción literal).

No se desconoce que en ambas demandas se expusieron fundamentos de
derecho y hechos semejantes. Para sustentar su tesis, en las dos
oportunidades la parte actora se refirió a la interpretación del Consejo de
Estado, plasmada en varias sentencias, consistente en que el concepto de
prima alude a un incremento adicional a la remuneración salarial. Por lo tanto,
en ambas reclamaciones judiciales se argumentó que el Ejecutivo desbordó
su poder porque «bajo la apariencia de una prima especial equivalente al 30% del sueldo
básico, en realidad despojó de efectos salariales a dicho porcentaje, con lo que disminuyó el
monto de las prestaciones sociales».

Sin embargo, en la segunda demanda, además de formular una pretensión
diferente a la solicitada en el 2013, la parte actora subrayó la diferencia salarial
que surgía entre la interpretación de la autoridad pagadora y la lectura según
la cual la prima especial es un emolumento adicional al salario. Veamos lo
dicho en la segunda demanda:
«En virtud de la potestad otorgada por la Ley 4ª de 1992, el Gobierno Nacional expidió los
decretos demandados, reproduciendo año por año la previsión de que el 30% del salario
devengado por los funcionarios enumerados en el artículo 14 de la mencionada ley, sería
considerado como prima. Dichos decretos no ofrecieron la suficiente claridad y fueron
interpretados erróneamente por las entidades encargadas de aplicarlos, pues entendieron que
el 30% del salario básico era la prima misma y no que esta equivalía a ese 30%. Aunque
parece un juego de palabras, son dos cosas completamente diferentes, pues la primera
interpretación implica una reducción del salario básico al 70%, mientras que la segunda, que es
la correcta de conformidad con la Ley y la Constitución Política, como se explicara más
adelante, implica que se puede tomar el 30% del salario pero solamente para efectos de
cuantificar la prima especial, para luego adicionarla al salario básico . La diferencia se evidencia
en el siguiente ejemplo, para el cual hemos tornado un salario básico de $10,000,000:

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00903-00
Demandante: Yaneth Medina Silva

[…]».

Lo anterior es relevante teniendo en cuenta que, justamente, lo pretendido por
la accionante en la demanda interpuesta en el año 2017 fue obtener el pago
de las sumas que no se pagaron debidamente por concepto de salario y de
prima especial. Esto como resultado de que la entidad pagadora en vez de
cancelar dicha prima como un valor diferente y adicional al salario, disminuía
el 30% de este último y esa suma la pagaba como prima especial. Tal
interpretación conllevó a pagar por concepto de salario únicamente el 70% de
este. De ahí que la pretensión formulada en la segunda demanda se
relacionaba con el pago de los salarios que no se cancelaron en su totalidad.

Con base en lo expuesto hasta este punto, se encuentra que en la primera
demanda la parte actora pidió como restablecimiento del derecho la
reliquidación de prestaciones sociales como las cesantías, intereses a las
cesantías, vacaciones, prima de navidad, prima de servicios, prima vacacional
y bonificación por servicios prestados. En ese proceso, se argumentó que la
base para efectuar dicho cálculo tenía que ser el 100% de la asignación básica
sin disminuciones.

Mientras que en la segunda demanda ya no pidió la reliquidación de
prestaciones sociales, sino de los salarios, teniendo en cuenta que estos no
se estaban pagando correctamente. Como no se pagaba la totalidad del
salario, sino solo el 70% de este, existe una suma de dinero por concepto de
salario que no se pagó. Atendiendo a esa situación, la parte actora solicitó que
la reliquidación de salarios y de la prima especial debía efectuarse teniendo
en cuenta que dicha prima es un emolumento adicional a la totalidad del
salario.

Así las cosas, aunque ambas demandas se basaron en una misma premisa
normativa, esto es la interpretación hecha sobre el Consejo de Estado frente
a la prima especial como una suma diferente y adicional al salario, lo cierto es
que las pretensiones en cada una de estas difieren.

En consecuencia, se desestima lo señalado por el Tribunal Administrativo de
Santander en la sentencia controvertida consistente en que « Las dos acciones
tienen como propósito final que la administración judicial reliquide y pague las cesantías,
intereses, primas legales y demás emolumentos laborales, con base en el 100% de la
asignación básica mensual».

Como se explicó, la demanda interpuesta en el año 2017 no perseguía ese
objeto, sino que perseguía recuperar las sumas de dinero que no se pagaron
por concepto de salario y prima especial, como resultado de que solo se estaba
cancelando el 70% del salario.

Precisamente, teniendo en cuenta que en el asunto instaurado en el año 2013
se solicitó la reliquidación de cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones,
etc., las sentencias proferidas en el marco de ese proceso se circunscribieron
únicamente al pago de las sumas que no se cancelaron debidamente por
concepto de prestaciones sociales.

Veamos lo ordenado por el Juzgado Único Ad Hoc Administrativo de
Bucaramanga, en sentencia de 22 de enero de 2016, radicado 68001-33-31-
013-2013-00188-01:

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00903-00
Demandante: Yaneth Medina Silva

«TERCERO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones de nulidad y a título de
restablecimiento del derecho, CONDENAR a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reconocer y pagar a favor del demandante,
DRA. YANETH MEDINA SILVA, la diferencia que resulte a su favor por concepto de
reliquidación de las prestaciones sociales (primas, vacaciones, cesantías, intereses a
las cesantías, bonificaciones, licencias y demás emolumentos) causadas desde primero
(01) de diciembre de dos mil nueve (2009) hasta la fecha y en adelante por los periodos
laborados como Juez de la Republica» (Negrillas propias).

Como fundamento de tal decisión, el Juzgado Único Ad Hoc manifestó lo
siguiente:
«(…) tomar el 30% de la remuneración del funcionario para restarle su valor a título de prima
especial sin carácter salarial, conduce a una contradicción, toda vez que dicho emolumento,
debe ser considerado como un plus o un incremento en el ingreso del servidor público, y no
una merma o disminución en el mismo; de igual manera, establece que no es dable asignar al
concepto de "prima", usado por el legislador en los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992, una
interpretación distinta a la de representar un incremento remuneratorio, pues además de lo
expuesto, vulneraria el precepto superior de progresividad, contemplado en el artículo 53 de
la CP y la noción de salario vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad del trabajo.
Aunado a lo anterior, esta Sala advierte que, en un caso de idénticos supuestos fácticos y
jurídicos, el Consejo de Estado a través de la sentencia proferida en el proceso radicado
250002325000200501134-01; revoca la decisión adoptada por la Sección Segunda,
Subsección "C" del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en su lugar, acoge las
pretensiones demandadas por la Juez Catorce (14) de Familia de Bogotá, quien solicita la
reliquidación de las prestaciones sociales teniendo en cuenta como factor salarial el 30%
correspondiente a la prima especial de servicios. sustentando su decisión, en la tesis adoptada
por esa H Corporación (…)
Conforme lo anterior, se tiene que la Doctora YANETH MEDINA SILVA ha desempeñado el
Juez de la República, durante los periodos atrás aludidos, razón suficiente para ostentar el
derecho a que la totalidad de su sueldo básico, le sea cancelado con la inclusión del 100%
como factor salarial para la liquidación de las prestaciones sociales, cesantías, intereses
a las cesantías y aportes para pensión. Por tal razón, este Despacho procederá a declarar
la nulidad de los actos acusados y consecuencialmente ordenará el restablecimiento del
derecho a favor de la Juez demandante, a que le sean re liquidadas las prestaciones
sociales con inclusión de la prima especial de servicios del 30%, desde el primero. (01)
de diciembre de dos mil nueve (2009) hasta la fecha de esta sentencia y en adelante hasta
cuando le sean pagados los emolumentos solicitados» (Transcripción literal y negrillas
propias).

En la sentencia de segunda instancia del 2 de octubre de 2018, el Tribunal
Administrativo de Santander, Sala de Conjueces confirmó integralmente el
fallo apelado por razones semejantes a las expuestas por el Juzgado Único
Ad Hoc.

Con base en lo expuesto, la Sala concluye que el Tribunal Administrativo de
Santander incurrió en defecto fáctico, pues al efectuar el análisis de cosa
juzgada pasó por alto la diferencia entre las pretensiones de las dos demandas
presentadas por la señora Yaneth Medina Silva en los años 2013 y 2017. Si
bien existe semejanza en los fundamentos y hechos que las motivaron, en
cada una de estas se perseguía el pago de conceptos distintos.

Se insiste, en la primera oportunidad se solicitó el pago de las cesantías,
intereses a las cesantías, vacaciones, prima de navidad, prima de servicios,
prima vacacional y bonificación por servicios prestados liquidadas sobre la
totalidad del salario. Y en la segunda la pretensión ya no apunto a la
reliquidación de prestaciones sociales, sino a que se reliquidaran los salarios
que no se pagaron debidamente, pues estos se cancelaban solo en el 70% al
entender que el 30% restante no era salario, sino la prima especial.

Esa indebida lectura de las dos demandas condujo a sostener que existía cosa
juzgada, pese a la falta de identidad de objeto entre ambas.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00903-00
Demandante: Yaneth Medina Silva

6.3. Ahora bien, la Sala encuentra que la Sección Segunda de esta Corporación
ha proferido varias sentencias que ilustran la diferencia a la que alude la
tutelante y la cual originó las dos demandas separadas que aquella interpuso
con pretensiones diferentes. Tal diferencia consiste en que la solicitud de
reliquidación de prestaciones sociales con base en la totalidad del salario no
es igual a pedir que se paguen las sumas de dinero que dejaron de pagarse
por concepto de salarios, que en su momento no se cancelaron en el 100%.

Por ejemplo, en la sentencia de 7 de noviembre de 2023, radicado 05001-23-
31-000-2004-00771-02 el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de
Conjueces dispuso lo siguiente, en relación con la distinción entre reliquidación
de prestaciones sociales y reliquidación de salarios:
«De otro lado, para mayor claridad, y con carácter didáctico, los siguientes dos cuadros
permiten visualizar de una manera fácil los efectos de liquidar de manera correcta la prima
especial de servicios o prima mensual sin carácter salarial, para establecer su impacto sobre
el ingreso mensual y su impacto sobre las prestaciones sociales.
El primer cuadro es sobre el impacto en el ingreso mensual y es tomado de la sentencia del
29 de abril de 2014 de la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado:
Sobre el salario
Primera interpretación Segunda y correcta interpretación
(el 30% del salario básico es la prima (la prima equivale al 30% del salario básico)
misma)
Salario básico: $10.000.000 Salario básico: $10.000.000
Prima especial (30%): $3.000.000 Prima especial (30%): $3.000.000
Salario sin prima: $7.000.000 Salario más prima: $13.000.000
Total a pagar al servidor: $10.000.000 Total a pagar al servidor: $13.000.000

El segundo cuadro, elaborado por esta Corporación en el año 2018, se refiere al impacto de la
prima especial de servicios en las prestaciones sociales:
Sobre las prestaciones sociales
Primera interpretación Segunda y correcta interpretación
(el 30% del salario básico es la prima (la prima equivale al 30% del salario básico)
misma)
Salario básico: $10.000.000 Salario básico: $10.000.000
Prima especial (30%): $3.000.000 Prima especial (30%): $3.000.000
Base para liquidar prestaciones: Base para liquidar prestaciones: $10.000.000
7.000.000

Entonces en cuanto a lo primero, el ingreso mensual se debe liquidar de manera que incluya
el salario básico más un 30% adicional, a título de prima especial de servicios. En el
ejemplo, cada mes se debería pagar $13.000.000 de pesos.
Y en cuanto a lo segundo, las prestaciones sociales se deben liquidar sobre la totalidad del
salario básico, sin restar ni sumar el 30% de la prima especial de servicios. En el ejemplo, las
prestaciones se deben liquidar sobre una base de $10.000.000 de pesos».

En sentencia de 3 de septiembre de 2025, radicado 25000-23-42-000-2021-
00689-01, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B manifestó
lo siguiente sobre el derecho de reliquidación tanto de prestaciones sociales,
como de salarios:
«Conforme se expuso en los acápites anteriores, se concluye que (...) tiene derecho al
reconocimiento de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
desde la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 y hasta cuando permanezca en los cargos
que justifican devengarla, como lo establece la ley. No obstante, se advierte que operó la
prescripción de lo causado con anterioridad al 3 de agosto de 2015, sin que este fenómeno
afecte los aportes a pensión. (...)
De igual manera, se evidencia que desde el 1 de enero de 1998 hasta el 31 de diciembre de
2002, la accionante tendría derecho a la reliquidación de los salarios y las prestaciones
sociales, en razón al fraccionamiento salarial ocurrido durante dicho periodo. Sin embargo,
frente a este derecho operó el fenómeno de la prescripción» (Negrillas propias).

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Demandante: Yaneth Medina Silva

Asimismo, en sentencia de 5 de noviembre de 2024, radicado 25000-23-42-
000-2015-01731-02 proferida por la Sección Segunda, Sala de Conjueces se
dispuso que la accionante no solo tenía derecho a la reliquidación de sus
prestaciones sociales calculadas sobre el 100% de su salario, sino que
también debía pagársele la totalidad de este último sin disminución alguna:
«A la demandante se le desmejoró su salario en un 30%, dándole a este 30% el carácter de
prima especial, decisión que repercutió en la liquidación de sus prestaciones sociales, la
cuales se le liquidaron sobre el 70% de su remuneración y no sobre el 100%, razón por la
cual, se restablecerá su derecho para que su salario y sus prestaciones sociales se liquiden
sobre el 100% de su remuneración» (Negrillas propias).

Además de las anteriores decisiones en las que se refleja la diferencia entre
las pretensiones formuladas por la accionante en las dos demandas, no se
pasa por alto que en sentencia de unificación SUJ-016-CE-52-2019 de 2 de
septiembre de 2019 el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de
Conjueces dispuso que la prima especial es un emolumento adicional al
salario.

De esta premisa, justamente, surge la pretensión de la tutelante solicitada en
el segundo proceso de nulidad y restablecimiento del derecho consistente en
que se paguen las diferencias que oportunamente no se cancelaron por
concepto de salario, bajo el entendido que solo se estaba pagando el 70% de
este último. Pretensión que es diferente por versar de emolumentos distintos.
Veamos la regla fijada en la mencionada sentencia de unificación:
«PRIMERO. UNIFICAR JURISPRUDENCIA respecto a la prima especial de servicios de que trata el
artículo 14 de la ley 4 de 1992 en los siguientes términos:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de
los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en
los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima
resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de
jubilación».

Así las cosas, la Sala considera que existe suficiente fundamento para la
interposición de una segunda demanda solicitando, ya no la reliquidación de
prestaciones sociales, sino el adecuado pago de salarios.

El juez natural, sin embargo, interpretó equivocadamente que en las dos
demandas se perseguía la reliquidación de prestaciones sociales, pese a que
las pretensiones de ambas demandas demuestran lo contrario. Motivo por el
cual, se reitera, el Tribunal accionado incurrió en defecto fáctico en el estudio
de las dos demandas.

6.4. Finalmente, la Sala se abstendrá de efectuar análisis alguno respecto del
defecto sustantivo mencionado, en consideración a que prosperó el cargo del
defecto fáctico.

7. Conclusión

Con base en lo expuesto, la Sala amparará el derecho al debido proceso de la
tutelante.

En consecuencia, dejará sin efectos la sentencia de segunda instancia de 31 de
julio de 2025. Por lo tanto, se le ordenará al Tribunal accionado proferir una decisión
de reemplazo en la que estudie nuevamente el asunto conforme las pretensiones
solicitadas en la demanda relativas a la reliquidación de salarios y de la prima
especial.

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Demandante: Yaneth Medina Silva

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la señora Yaneth
Medina Silva.

2. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia de 31 de julio de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones
expuestas en esta providencia.

3. En consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Santander que,
dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta providencia,
profiera una decisión de reemplazo en la que estudie nuevamente el asunto
de la señora Yaneth Medina Silva de radicado 68001-33-33-011-2017-00257-
02 teniendo en cuenta que las pretensiones solicitadas en la demanda se
refieren a la reliquidación de salarios y de la prima especial.

4. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

5. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

6. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

15
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