Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00689-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00689-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00689-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
3 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00689-01 (6006-2022)
Demandante: Luz Mery López Sandoval
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
Tema: prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Subtema 1:
reliquidación de prestaciones con el 100% de la remuneración mensual. Subtema 2:
reconocimiento y pago de la prima especial sin carácter salarial. Subtema 3: aportes
al Sistema General de Seguridad Social, irrenunciabilidad e imprescriptibilidad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y demandada contra la
sentencia proferida el 29 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo del
Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Luz Mery López Sandoval, en condición de fiscal delegada, solicitó la declaración de
nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales le fue negado el
reconocimiento y pago de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992, equivalente al 30% adicional del salario básico; así como la reliquidación de sus
prestaciones sociales con base en el 100% de su asignación mensual, es decir, con la
inclusión del 30% que afirma le fue sustraído a título de prima especial.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
1. Luz Mery López Sandoval, mediante apoderado judicial, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Nación, Fiscalía General de la Nación —en adelante FGN—, el 27 de marzo de 20191,
con las siguientes:
1 Samai, índice 3, documento ED_C01_01 DEMANDA(.pdf), folio 5.
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00689-01 (6006-2022)
Demandante: Luz Mery López Sandoval
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación
2.1.1. Pretensiones
(i) La parte demandante solicitó que se declare la nulidad de los actos administrativos
que negaron el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios de que trata
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, estos son:
1. Resolución Nº. SRAP-31000-445 expedida el 10 de agosto de 2018 y
proferida por la subdirectora de talento humano de la FGN, por medio de la
cual se responde a la petición radicada por la parte demandante.
2. Resolución Nº. 2-3607, expedida el 20 de noviembre de 2018 y suscrita por
el subdirector regional de apoyo de la FGN, por medio de la cual se resuelve
el recurso de apelación interpuesto por la accionante.
(ii) Que, como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho se
condene a la entidad demandada al reconocimiento y pago de la referida prima
equivalente al 30% del salario legal básico como un incremento de este. Asimismo,
que se ordene el pago de las diferencias en las prestaciones sociales a que haya lugar
con motivo del reconocimiento de la prima. Y, a su vez, que tal prestación sea tenida
como factor constitutivo del ingreso base de liquidación; para ello, que se ordene
realizar las cotizaciones pertinentes al Sistema de Seguridad Social desde el 1 de
enero de 1993 hasta la fecha en que causen dichas acreencias.
(iii) También, solicitó que se ordene a la entidad accionada que indexe las sumas
reconocidas con los correspondientes intereses; que se hagan las declaraciones
pertinentes, extra y ultra petita; y que se condene al pago de las costas a la
demandada.
2.1.2. Hechos
2. Como fundamento fáctico de las pretensiones, la demandante expuso, en síntesis,
lo siguiente:
(i) La señora Luz Mery López Sandoval ha estado vinculada a la FGN desde el
30 de junio de 1992.
(ii) Desde el 28 de febrero de 1995 ha desempeñado el cargo de Fiscal
Delegado ante los jueces municipales y de circuito.
(iii) El artículo 14 de la Ley 4 de 1992 creó para los fiscales de la FGN una prima
especial de servicios sin carácter salarial, el monto de esta no podía ser
inferior al 30% ni superior al 60% de la asignación básica mensual.
(iv) El Gobierno nacional expidió una serie de decretos que reglamentaban el
régimen salarial de la FGN que luego fueron declarados nulos por el Consejo
de Estado en sentencia del 29 de abril de 20142, ya que descontaban una
parte del salario y le daban la connotación de prima especial, disminuyendo
así en un 30% la asignación básica mensual para todos los destinatarios de
la prima. La sentencia estableció que ese 30% debía ser una adición al
salario.
2 Expediente 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07) M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
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(v) En el tiempo que estuvieron vigentes los decretos, la entidad demandada
liquidó el 30% que correspondía a la prima especial, no como un adicional
al salario, sino como una parte de este, reduciéndolo al 70% y sobre esa
base liquidaba las prestaciones sociales.
(vi) El Gobierno nacional dejó de regular, en los decretos anuales que fijaban el
régimen salarial de la FGN, la prima especial de servicios, «desconociendo
que dicha prestación ya hacía parte de su régimen salarial y prestacional».
(vii) El 3 de agosto de 2018, la demandante solicitó a la FGN el reconocimiento y
pago del 100% del salario más las consecuencias prestacionales derivadas,
incluyendo primas de vacaciones, prima de navidad, cesantías, intereses a
las cesantías, vacaciones, bonificaciones y demás conceptos a que hubiera
lugar.
(viii) La solicitud fue resuelta de manera negativa mediante el Oficio Nº. SRAP-
31000-445 del 10 de agosto de 2018. Contra esta decisión la demandante
interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante la Resolución
Nº. 23607 del 20 de noviembre de 2018, confirmando la negativa.
(ix) El 23 de enero de 2019, ante la Procuraduría 156 Judicial II para Asuntos
Administrativos de Cali, la demandante intentó conciliación extrajudicial con
la FGN, la cual fue declarada fallida el 18 de marzo de 2019, quedando
agotado el requisito de procedibilidad.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
3. La parte demandante citó como normas violadas las siguientes: artículos 1, 2, 4, 5,
13, 25, 53 y 209 de la Constitución Política; 1, 2, 3, 4, 10 y 14 del Código Sustantivo
del Trabajo; las leyes 4 de 1992, 270 de 1996, 332 de 1996 y 446 de 1998.
4. En el concepto de violación, expuso que los decretos salariales han reglamentado
la prima especial de una manera diferente a como lo estableció la Ley 4 de 1992,
puesto que el 30% correspondiente a la prima no se tomaba como una adición, sino
que se reducía del salario en ese porcentaje. En ese sentido, se desmejoraba la
situación de los empleados, dado que no se incrementaba el salario, sino que se
disminuía.
5. Indicó que, en consecuencia, el Consejo de Estado, mediante sentencia proferida
el 29 de abril de 2014, declaró la nulidad de los decretos que anualmente habían
regulado la prima especial. Ello con el argumento que dicho emolumento debía ser un
agregado al salario básico y no considerarse como una parte de este. Asimismo,
manifestó que la prima tiene carácter salarial para efectos de constituir el ingreso base
de liquidación a aportes de pensión.
6. Mencionó que la entidad demandada ha tomado el 30% del salario considerándolo
prima, de manera que en realidad no se adicionó, sino que se redujo a un 70% la
asignación básica. De ahí que sus prestaciones sociales se liquidaran sobre el 70%
del salario básico, toda vez que el 30% excluido, que se pagaba como prima, en
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realidad era parte del salario básico del servidor de la FGN.
7. Citó los principios de progresividad y prohibición de regresividad, como garantías
esenciales de los derechos económicos, sociales y culturales, así como el principio de
favorabilidad laboral previsto en el artículo 53 de la Constitución Política y en el artículo
21 del Código Sustantivo del Trabajo, según los cuales, ante la duda en la aplicación
o interpretación de las normas, debe adoptarse la opción más favorable al trabajador.
8. En este contexto, considera que el reconocimiento y pago de la prima especial
constituye un emolumento laboral mínimo e irrenunciable, cuya garantía debió
promoverse y no reducirse por parte de la FGN.
9. Sostuvo que a partir del año 2003, la FGN empezó a pagar el 100% del salario y
dejó de reconocer pago alguno por concepto de prima especial. Por ende, a través de
los actos administrativos acusados vulneró el derecho a la igualdad de los accionantes
y a «percibir una remuneración acorde, con su función, dignidad y jerarquía, la que no
podrá ser disminuida de manera alguna».
2.2. Contestación de la demanda
10. La entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las
excepciones de «prescripción», «carencia de objeto», «inaplicabilidad como factor
salarial diferente al ingreso base de liquidación», e «improcedencia de extralimitar el
límite previsto en el artículo 4 de la Ley 4 de 1992», con base en los siguientes
argumentos3:
11. Manifestó que la prescripción trienal de los derechos pretendidos se configura tres
años atrás a la respectiva reclamación administrativa; por lo tanto, no hay lugar a la
reliquidación de prestaciones sociales más allá de ese límite temporal. Así, en el
asunto particular, al haber presentado reclamación administrativa el 3 de agosto de
2018, la prescripción para el caso de la señora Luz Mery López Sandoval operó el 3
de agosto de 2015.
12. Adujo que a partir del 2003 la FGN ha liquidado los salarios y prestaciones sociales
de sus empleados con base en el 100% del salario, pues hacerlo de manera diferente
sería ir en detrimento de los principios de la función pública.
13. Precisó que no procede ningún reconocimiento de la prima especial a partir del 1
de enero de 2021, comoquiera que el Decreto 272 de 2021 dispuso su pago como
adicional en un 30% a la asignación básica, que constituye factor salarial únicamente
para efectos del ingreso base de cotización del sistema general de seguridad social en
pensiones y salud.
14. Señaló que la FGN debe ceñirse a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992; razón por la cual, al reconocer la prima especial, la remuneración de los fiscales
no puede representar el 80% de lo que por todo concepto perciben los magistrados de
alta corte.
3 Samai, índice 3, documento «ED_C01_23 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA(.pdf)».
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2.3. Sentencia de primera instancia
15. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria,
mediante sentencia del 29 de julio de 20224, resolvió lo siguiente:
[…]
SEGUNDO. Declarar la prescripción trienal extintiva de los valores pedidos por la
demandante, causados con anterioridad al 3 de agosto de 2015, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva.
TERCERO. Declarar la nulidad de los actos administrativos acusados: el contenido en
el Oficio N°. SRAP-31000-445 del 10 de agosto del 2018, suscrito por el Subdirector
Regional de Apoyo del Pacifico y la Resolución N°. 23607 del 20 de noviembre del mismo
año, proferida por la Subdirectora de Talento Humano, de la FGN, conforme a lo
expuesto en la parte motiva.
CUARTO. Condenase a la Nación - Fiscalía General de la Nación, a reconocer y pagar
a la demandante LUZ MERY LOPEZ SANDOVAL, retroactivamente, el REAJUSTE
SALARIAL que corresponda al 30% del salario básico mensual, con sus consecuencias
prestacionales en la reliquidación en idéntico porcentaje, de la prima de navidad, prima
de servicios, vacaciones, prima de vacaciones, cesantías, seguridad social en salud y
pensión, bonificación por servicios prestados, etc., causados desde el 3 de agosto de
2015, en adelante, y hasta cuando funja como Fiscal Delegado ante Jueces Municipales,
por habérsele deducido durante los extremos temporales laborados, computando para
este ejercicio el 100% que corresponde a la asignación básica mensual devengada
correspondiente para los cargos ejercidos en ese tiempo, luego del pago de la prima
consagrada en la citada norma, ya cancelada, con la precisión de ser factor salarial para
la reliquidación de la pensión de jubilación durante toda la relación laboral así para
aportes a seguridad social en salud, conforme a lo expuesto en la parte motiva.
QUINTO. En consecuencia, se le debe reconocer y pagar a la demandante en los
extremos temporales indicados, sus salarios y prestaciones, con los correspondientes
reajustes prestacionales anuales, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta sentencia.
SEXTO. Ordenar que los valores a pagar sean actualizados de conformidad con el
artículo 187 del C.P.A.C.A, tomando como base la variación porcentual de los índices de
precios al consumidor, conforme a lo dicho en la parte motiva.
SÉPTIMO. Condenar igualmente al pago de los intereses comerciales moratorios si se
dan los supuestos de hecho y de derecho del articulo
195 del C.P.A.C.A.
[…]
DÉCIMO. No condenar en costas.
[…]
16. Lo anterior, por las razones que se sintetizan a continuación:
17. Indicó que en aplicación de las reglas de «unificación» contenidas en la sentencia
4 Samai, índice 3, documento «ED_C01_35 FALLO(.pdf)».
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SUJ-023-CE-S2-20205, los funcionarios de la FGN, independientemente de si se
vincularon antes o después del Decreto 53 de 1993, tienen derecho al reconocimiento
y pago de la prima especial de servicios establecida en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992. Así pues, refirió que los actos administrativos mediante los cuales la FGN negó
dicho reconocimiento «adolecen de nulidad ante la contrariedad de las normas que le
sirven de fundamento».
18. Señaló que los decretos salariales proferidos por el Gobierno nacional en
reglamentación del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, fueron interpretados erróneamente
por las entidades encargadas de aplicarlos, pues entendieron que el 30% del salario
básico era la prima misma y no que esta equivalía a ese 30% adicional, lo cual implicó
una reducción del salario básico al 70%, desnaturalizando la noción de «prima» la cual
se refiere al reconocimiento de un «plus» o aumento al ingreso de los servidores
públicos.
19. Verificó que la FGN liquidó las prestaciones sociales de la demandante sobre el 70%
de su asignación básica, excluyendo erróneamente el 30% restante, dándole alcance
de prima especial de servicios, cuando en realidad, conforme al artículo 14 de la Ley
4 de 1992 y a la jurisprudencia del Consejo de Estado, esta debía ser un 30% adicional
al salario básico.
20. Según los actos administrativos demandados, las constancias de prestación de
servicios y los reportes de liquidación, el Tribunal destacó que la demandante era
titular del derecho a la prima especial del 30% adicional prevista en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992, por todo el tiempo laborado en el cargo de fiscal delegado.
21. Consideró que la FGN debió responder favorablemente la petición de la
demandante, en cumplimiento de los artículos 2 y 25 de la Constitución Política, que
garantizan el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. Por esto, determinó
que la Fiscalía no reconoció ni pagó a la accionante la totalidad de la remuneración
mensual correspondiente al 100% del salario y sus consecuencias prestacionales
(cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones, entre otras), por lo que
ordenó el reconocimiento a partir del 3 de agosto de 2015, debido a la prescripción
extintiva parcial.
22. Por lo tanto, concluyó que los actos administrativos demandados (violaron el
principio de progresividad, la prohibición de regresividad, la prevalencia del derecho
sustancial y el principio de favorabilidad laboral, al no reconocer la prima especial como
sobresueldo sin carácter salarial y reducir en un 30% la remuneración mensual y sus
prestaciones correlativas.
23. Resaltó que las prestaciones causadas prescriben en 3 años contados desde que
el derecho se hace exigible, término que se interrumpe por un lapso igual con la
reclamación ante el empleador o autoridad que debe reconocer el derecho, de
conformidad con los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969. Por consiguiente, la
prescripción se encontró acreditada frente a las acreencias causadas antes del 3 de
agosto de 2015, ya que la solicitud se radicó el 3 de agosto de 2018.
24. En cuanto a la condena en costas procesales, precisó que no la impondría a la
5 Expediente 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-18).
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parte demandada, toda vez que no se evidenció que haya actuado con mala fe o con
maniobras dilatorias dentro del trámite judicial.
2.4. Recurso de apelación
2.4.1 Apelación de la parte demandante
25. Solicitó revocar el numeral segundo del fallo de primera instancia y que, en su lugar,
se niegue la excepción de prescripción6.
26. En primer lugar, citó el problema jurídico formulado por el Tribunal y expuso que
ninguna de las partes alegó la excepción de prescripción dentro del proceso. En su
criterio, esta circunstancia impedía que el Tribunal analizara de oficio su procedencia
en el presente trámite.
27. Posteriormente, señaló la inconveniencia de que el fallador hubiera utilizado la
sentencia SUJ-023-CE-S2-2020 de la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, como fundamento para analizar el caso concreto, conforme se cita
a continuación:
En ese orden de ideas, la petición fue elevada a la Entidad, primero no se había
pronunciamiento al respecto a la aplicación de fenómeno jurídico de la prescripción y
segundo, a la fecha no se tiene nulidad general sobre todos los artículos que reglaban la
prima especial para los Fiscales de la Fiscalía General de la Nación, es decir, en el caso
en concrete no le es aplicable una Sentencia que si bien es cierto es de Unificación, carece
de los fundamentos y la interpretación normative de una forma integral. (Sic para la cita).
2.4.2 Apelación de la parte demandada
28. La FGN solicitó revocar el fallo de primera instancia y que, en su lugar, se nieguen
las pretensiones de la demanda7.
29. Expresó que, a partir del año 2003, en los decretos salariales de la FGN no se
estableció porcentaje alguno por concepto de prima especial de servicios, por lo cual
desde ese momento y en adelante, la entidad no continuó reconociendo el 30% del
salario a título de prima especial. Por consiguiente, tampoco descontó el factor
prestacional de ese 30% del salario básico de los demandantes, de manera que la
asignación básica se pagó en un 100%.
30. Alegó que el Tribunal se apartó del precedente y no sustentó con elementos
probatorios las razones por las cuales ordenó la reliquidación de prestaciones sociales
posteriores al 2003, y con esta decisión «generó una doble retribución con cargo al
erario».
31. Enfatizó en que la FGN desde el año 2003 ha liquidado y pagado a los accionantes
el 100% de su salario básico, por lo que no es procedente ordenar la reliquidación de
las prestaciones sociales. En ese sentido, adujo que el Tribunal erró al reconocer la
liquidación de las prestaciones sociales de Luz Mery López Sandoval a partir del 3 de
agosto de 2015, puesto que según los decretos salariales de la Fiscalía no se
6 Samai, índice 03, documento «ED_C01_38 RECURSO APELACIÓN(.pdf)».
7 Samai, índice 03, documento «ED_C01_37 RECURSO APELACIÓN(.pdf)».
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estableció porcentaje alguno por concepto de prima especial de servicios, de manera
que, desde ese momento y en adelante, la entidad ha liquidado las prestaciones
teniendo en cuenta el 100 % del salario base.
32. Señaló que conforme con lo manifestado por el Consejo de Estado en la sentencia
SUJ-023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 2020, los servidores de la FGN tienen
derecho desde 1998, a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % del
salario básico, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido excluido a título de
prima especial.
33. Reconoció que si se tratara de un proceso sin afectación por prescripción y con
reclamación desde 1998, solo sería viable condenar a pagar, por el período 1998-
2002, la prima especial como valor adicional y las prestaciones sociales
correspondientes al 30% que fue descontado para ser pagado como prima; mientras
que de 2003 en adelante, únicamente procedería ordenar el pago de la prima especial
como valor adicional y el ingreso base de cotización sobre los aportes a la seguridad
social en pensiones respecto del período reconocido.
34. Manifestó que, en el caso concreto, antes de imponer una condena de reliquidación
de las prestaciones sociales, se debió verificar en las pruebas (registros de
devengados y deducidos) que desde el año 2003 la entidad liquidó correctamente
estas, lo que impedía al juez de primera instancia ordenar su reliquidación en los
términos en que lo hizo.
35. Finalmente, sostuvo que al ordenar el pago de la prima especial con sus
consecuencias prestacionales, el Tribunal terminó otorgándole carácter salarial a dicha
prima, en contravía de lo dispuesto en la Sentencia SUJ-023-CE-S2-2020, que analizó
expresamente el caso de la prima especial del 30% para los servidores de la FGN y
concluyó que no tiene naturaleza salarial.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
36. Esta Subsección dictó auto el 7 de julio de 2025 8, en el que admitió el recurso de
apelación y se prescindió del traslado para alegar de conclusión, en aplicación de la
Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron pruebas en segunda instancia. Así
mismo, ordenó notificar por estado a aquellas y al Ministerio Público, que guardaron
silencio.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
37. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, en atención a lo
establecido en el inciso primero del artículo 150 del CPACA, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos.
8 Samai, índice 38, documento «72Autoqueadmite_60062022Autoadmiteap(.pdf)».
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Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación
3.2. Problemas jurídicos
38. De acuerdo con el marco de juzgamiento fijado en el recurso de apelación
interpuesto por la FGN y la parte demandante, la Sala resolverá los siguientes
problemas jurídicos:
39. ¿Procede el reconocimiento de la prima especial de servicios en favor de la señora
Luz Mery López Sandoval desde el 28 de febrero de 1995, fecha en que inició su labor
como fiscal delegada?
40. ¿Luz Mery López Sandoval tiene derecho a la reliquidación y pago de las
prestaciones sociales devengadas durante el ejercicio del cargo de fiscal delegada
desde el 28 de febrero de 1995 con la inclusión del 30% que presuntamente se
descontaba de la asignación básica por concepto de prima especial de servicios?
41. ¿Resulta ajustada a derecho la decisión del Tribunal de declarar parcialmente
probada la excepción de prescripción respecto de las acreencias causadas antes del
3 de agosto de 2015?
42. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala realizará algunas
consideraciones sobre la prima especial de servicio prevista en el artículo 14 de la Ley
4 de 1992.
3.3. Marco normativo de la prima especial de servicios –Reiteración
jurisprudencial
43. La Ley 4 de 1992, por medio de la cual se establecieron los objetivos y criterios que
debe observar el Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional
de los empleados públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior
al 30% ni superior al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados
de tribunales superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio
Público delegados ante la rama judicial y para los jueces, incluidos los magistrados y
fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal
militar, «excepto los que opten por la escala de salarios de la FGN», con efectos a partir
del 1 de enero de 1993.
44. El Decreto 53 de 1993, expedido por el Gobierno nacional en virtud de la
competencia atribuida por la Ley 4 de 1992, fijó el régimen salarial y prestacional
aplicable a los servidores de la FGN, por medio del cual previó que las personas
vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 tenían la posibilidad de optar por el régimen
salarial y prestacional establecido en dicho decreto o mantener el que regía con
anterioridad, con la excepción establecida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, que
excluía del beneficio de la prima especial a quienes optaran «por la escala de salarios
de la FGN».
45. La Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido de determinar que la
prima especial prevista en el artículo 14 de dicha ley para los funcionarios
mencionados en la norma y para los fiscales de la FGN, con la excepción allí
establecida, solo constituye factor salarial para calcular el ingreso base de las
cotizaciones para pensión de jubilación.
9
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Demandante: Luz Mery López Sandoval
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación
46. La norma citada fue aclarada por la Ley 476 de 1998, para establecer que la
excepción prevista en la Ley 4 de 1992 «no se refiere a los Fiscales de la FGN que se
acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se
vincularen con posterioridad a dicho decreto. En consecuencia, para estos servidores,
la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 6° del Decreto 53 de 1993 y
los decretos posteriores que lo subrogan o lo adicionan, tendrá carácter salarial para
efectos de la determinación del salario base de liquidación de la pensión de jubilación».
47. El Gobierno nacional, al dictar los decretos anuales para fijar las normas del
régimen salarial y prestacional de los servidores de la FGN, reiteró que la prima especial
es un emolumento sin carácter salarial equivalente al «treinta por ciento (30%) del
salario básico mensual» de los fiscales delegados de todo orden, de los directores
nacionales, regionales y seccionales, y de los jefes de oficina, de división y de Unidad
de Policía Judicial.
48. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las normas
sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores de la FGN, esta Sección,
mediante sentencia del 14 de febrero de 2002, declaró la nulidad del artículo 7 del
Decreto 38 de 1999, por «su discordancia con las disposiciones legales que debía
acatar el Gobierno nacional al establecer el régimen salarial de los servidores públicos
a que se contrae la Ley 4 de 1992, más exactamente por desconocer lo previsto en el
Artículo 14 ibidem», al otorgar al 30% del salario básico el carácter de prima especial.
En ese orden, la Sección precisó lo siguiente9:
En virtud de lo previsto en el Artículo 14 de la Ley 4 de 1992 el Gobierno nacional está
facultado para establecer la prima a que ella se contrae a favor de los servidores que allí
se enlistan, mas no respecto de los funcionarios que opten por la escala de salarios
establecida para la Fiscalía General de la Nación con efectos a partir del 1º de enero de
1993 (…)
No obstante lo anterior, ha de precisarse que tal decisión no implica que el salario fijado
en el Artículo 4° del Decreto 38 de 1999 para los funcionarios sustraídos de la posibilidad
de establecer a su favor la prima de servicios, sufra alteración alguna, más exactamente
deterioro o disminución, ya que en dicho artículo se estableció el sueldo mensual de los
empleos de esa entidad, entre los que ellos se encuentran, sin que se advirtiera que
parte alguna de tales salarios tenía una condición jurídica diferente a la de remuneración
por los servicios prestados, o más exactamente, la naturaleza de prima de servicios.
Al desaparecer del concierto jurídico el Artículo 7º del Decreto 38 de 1999 que otorgó al
30% del salario básico mensual de esos funcionarios el carácter de prima especial de
servicios, sólo subsiste el Artículo 4º del citado decreto mediante el cual, se insiste, se
fijó la escala salarial de los citados servidores públicos, sin que se hiciera precisión
acerca de que determinado porcentaje de dicha remuneración ostentara la connotación
de prima especial de servicios.
49. En una segunda etapa, la Sección, en sentencia del 17 septiembre de 2007,
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 14 de febrero de 2002, exp. 11001-03-25-000-1999-0031-
00(197-99). Mediante sentencia del 15 de abril de 2004, la Sección declaró la nulidad del artículo 8 del Decreto
2743 de 2000, con iguales consideraciones. Sin embargo, estableció lo siguiente: «con el propósito de rectificar
parte de la jurisprudencia contenida en el fallo de fecha 14 de febrero de 2002, del expediente 197 de 1.999, que
al decretarse la nulidad deprecada por el actor respecto de la referida prima especial sin carácter salarial (…), se
reduce el ingreso mensual de los funcionarios a que esta norma se refiere en un 30%, pues este porcentaje en que
consiste la prima establecida constituye un sobresueldo que contraviene, como ya quedó explicado, el mandato del
artículo 14 de la ley 4 de 1.992.
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«unificó el criterio» frente al estudio de legalidad de los decretos anuales que fijaban
el régimen salarial de los servidores de la FGN, en el sentido de señalar que la
declaración de nulidad de los artículos 7 del Decreto 50 de 1998 y 8 del Decreto 2729
de 2001, implica que los servidores públicos de esa entidad, enlistados en las normas
citadas, «que habían optado por el régimen de salarios de la FGN con efectos fiscales
a partir del primero de enero de 1993, para efectos de liquidación de las prestaciones
sociales a que haya lugar, no eran los destinatarios de la referida prima especial sin
carácter salarial, y que no se les reducen sus ingresos mensuales, en razón a que
tales normas no habían establecido un “sobresueldo”»10.
50. Mediante sentencia del 2 de abril de 2009, la Sección Segunda de esta corporación
rectificó la tesis que sustentaba la declaración de nulidad de los decretos anuales, esto
es, que los servidores de la FGN enlistados en los decretos demandados «no eran los
destinatarios de la referida prima especial sin carácter salarial» prevista en la Ley 4 de
1992. En su lugar, la sentencia señaló que es «un contrasentido lógico, extraño al
derecho, aceptar que las primas por más exentas que estén de su carácter salarial
representen una merma al valor de la remuneración mensual de los servidores
públicos. Es consecuencia evidente de lo considerado concluir, que el artículo 7° del
Decreto No. 618 de 2007, al tomar un 30% de la remuneración del funcionario para
restarle su valor a título de prima especial sin carácter salarial, materialmente
condensa una situación de violación a los contenidos y valores establecidos en la Ley
4 de 1992 y por lo tanto habrá necesidad de excluirlo del ordenamiento jurídico» 11.
51. De acuerdo con este marco jurisprudencial, la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda, mediante sentencia del 15 de diciembre de 2020 12, fijó las reglas frente al
reconocimiento de la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y
su reconocimiento a aquellos fiscales que se acogieron al régimen salarial del Decreto
53 de 1993, y a quienes se vincularon con posterioridad, en los siguientes términos13:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.
2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación.
3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de la
Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se
hayan vinculado a la entidad con posterioridad, tienen derecho a la prima especial de
servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún
caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 13 de septiembre de 2007, exp. 11001-03-25-000-2003-
0113-01. En cuanto a las demás normas demandadas, la sentencia dispuso estarse a lo resuelto en las providencias
del 15 de julio de 2004 (exp. No. 11001-03-25-000 2002-0178-01 (3531-02) y 3 de marzo de 2005 (exp. No. 11001-03-
25-000-1997 17021-01 (17021), «advirtiendo que, como consecuencia de tal declaración, los servidores públicos
enlistados en tales disposiciones que habían optado por el régimen se salarios de la Fiscalía General de la Nación con
efectos fiscales a partir del primero (1º) de enero de 1993, para efectos de liquidación de las prestaciones sociales a
que haya lugar, no eran los destinatarios de la referida prima especial sin carácter salarial» (sic).
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009, exp. 11001-03-25-000-2007-00098-01
(1831-01).
12 Expediente SUJ-023-CE-S2.
13 Expediente 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018). Se transcribe incluso con los errores del texto.
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4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad
tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100
% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que
había sido excluido a título de prima especial.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de
conformidad con el Decreto 3135 de 1998 (sic) y 1848 de 1969.
52. La sentencia citada, que le confiere a la prima especial del artículo 14 de la Ley 4
de 1992 el carácter de factor adicional, añadido o sumado al salario básico, sustentó
las reglas señaladas, en las siguientes razones:
La Ley 4 de 1992, reconoce el derecho a la prima especial, lo que difiere al Gobierno
nacional es el establecer el porcentaje que se asignará a la misma, el cual en todo caso
no puede ser inferior al 30%;
La prima especial fue reglamentada hasta el año 2002 para los funcionarios de la Fiscalía
que se acogieron al régimen establecido en el Decreto 53 de 1993 y allí se estableció
que debía pagarse el 30% del salario básico;
Ante la existencia de un imperativo legal y el reconocimiento de un derecho por vía
reglamentaria que posteriormente es suprimido, el operador debe aplicar el principio de
progresividad y no regresividad de los derechos sociales, en este caso concreto,
aquellos derivados de una relación de derecho administrativo laboral (…) [N]o sólo las
leyes 4 de 1992 y 476 de 1998 consagran el derecho, sino que el mismo fue previsto por
el Gobierno nacional anualmente hasta el año 2002. Ante esta realidad resulta
indiscutible la necesidad de no disminuir el nivel de protección conseguido, aspecto que
no sólo es un mandato reconocido en el artículo 53 de la Constitución sino además en
instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
53. En línea con lo expuesto, la Sala de Conjueces, mediante sentencia del 21 de
septiembre de 202214, declaró la nulidad de los decretos anuales que establecían el
régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la FGN, dictados en los
años 2003 a 2017, con el argumento de que el 30% del salario básico mensual de los
servidores de esa entidad «no puede ser considerado como prima especial de
servicios, como lo disponen las normas sub judice (…), no puede ser imputada como
parte del salario, sino sumada, agregada, adicionada a éste». Así se precisó:
Ahora bien, la norma superior violada en este caso es el artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
que en su inciso primero establece lo siguiente: ARTÍCULO 14. La prima especial
prevista en el primer inciso del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, para los funcionarios allí
mencionados y para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación, con la excepción
allí consagrada, que se jubilen en el futuro, o que teniendo reconocida la pensión de
jubilación aún se encuentren vinculados al servicio, harán (sic) parte del ingreso base
14 Exp. 110010325000201801101-00 (3974-2018). Decretos 53 de 1993, 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996,
52 de 1997, 50 de 1998, 38 de 1999, 2743 de 2000, 2729 de 2001, 685 de 2002, 3549 de 2003, 4180 de 2004, 943
de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665 de 2008, 730 de 2009, 1395 de 2010, 1047 de 2011, 875 de 2012, 1035
de 2013, 205 de 2014, 1087 de 2015, 219 de 2016 y 989 de 2017. Se transcribe incluso con los errores del texto.
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únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación, para lo cual se
harán las cotizaciones de pensiones establecidas por la ley (…).
Como se advierte, la prima especial de servicios hace parte del ingreso base únicamente
para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación, o sea que, expresado al revés,
dicha prima no hace parte del salario básico mensual de una persona que aún trabaja,
sino que lo adiciona. Es un plus a dicho ingreso, que no una parte del mismo, como se
anotó.
También se desconoce la Ley 1437 de 2011 (CPACA), en sus artículos 10, 102 y 269,
porque no se acoge la jurisprudencia contenciosa, para el caso las sentencias citadas,
en especial las de unificación. Desde luego, estas sentencias son posteriores en el
tiempo a los decretos sub judice, pero de todos modos su ratio decidendi aplica de
manera sobreviniente.
3.4. Hechos probados
54. Para la Sala se tiene acreditado lo siguiente:
(i) Según se desprende de la «Hoja de vida» 15 expedida por la FGN, Luz Mery López
Sandoval se vinculó el 30 de junio de 1992 a la FGN y a partir del 28 de febrero de 1995
se desempeñó como fiscal delegada ocupando los siguientes cargos:
Cargo Año
Fiscal delegada ante jueces municipales y promiscuos 1995
Fiscal delegada ante jueces municipales y promiscuos 1996
Fiscal delegada ante jueces municipales y promiscuos 1997
Fiscal delegada ante jueces municipales y promiscuos 1998
Fiscal delegada ante jueces del circuito 1999
Fiscal delegada ante jueces del circuito 2000
Fiscal delegada ante jueces del circuito 2001
Fiscal delegada ante jueces del circuito 2002
Fiscal delegada ante jueces del circuito 2003
Fiscal delegada ante jueces del circuito 2004
Fiscal ante jueces especializados 2005
Fiscal ante jueces especializados 2006
15 Samai, índice 3, documento «ED_C01_03 ANEXOS DE DEMANDA(.pdf)», págs.14 a 17.
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Fiscal ante jueces especializados 2007
Fiscal ante jueces especializados 2008
Fiscal delegada ante jueces del circuito 2009
Fiscal delegada ante jueces municipales y promiscuos 2010
Fiscal delegada ante jueces municipales y promiscuos 2011
Fiscal delegada ante jueces municipales y promiscuos 2012
Fiscal delegada ante jueces municipales y promiscuos 2013
Fiscal delegada ante jueces municipales y promiscuos 2014
Fiscal delegada ante jueces municipales y promiscuos 2015
Fiscal delegada ante jueces municipales y promiscuos 2016
Fiscal delegado ante jueces municipales y promiscuos 2017
(ii) En cuanto a la información salarial, obra en el proceso el certificado de
«devengados y deducciones»16 expedido por el tesorero de la Seccional del Valle del
Cauca de la FGN, correspondiente a los años 2015 a 2022. Asimismo, en el acápite de
información salarial de la hoja de vida17, expedida por la misma entidad, puede
apreciarse en términos generales lo devengado por la peticionaria desde el año en que
inició labores como fiscal hasta el 2018.
Con el propósito de contrastar lo devengado por la peticionaria con la remuneración
fijada por el Gobierno nacional para cada año, se tendrá en cuenta lo probado frente
al cargo que de manera principal desempeñó la demandante en cada anualidad,
conforme se muestra a continuación:
Remuneración
Gastos de Prima Total mensual fijada
Cargo Año Sueldo
representación Especial pagado por el Gobierno
nacional
Fiscal delegada
$1.338.563
ante jueces
1995 959.132 319.710 383.652 1.662.494 Decreto 49 de
municipales y
1995
promiscuos
Fiscal delegada
$1.662.496
ante jueces No obra No obra No obra No obra
1996 Decreto 52 de
municipales y prueba prueba prueba prueba
promiscuos 1996
16 Samai, índice 3, documento «ED_C01_03 ANEXOS DE DEMANDA(.pdf)», págs.18 a 21.
17 Samai, índice 3, documento «ED_C01_03 ANEXOS DE DEMANDA(.pdf)», págs.16 a 17.
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Fiscal delegada
$1.662.496
ante jueces No obra No obra No obra No obra
1997 Decreto 52 de
municipales y prueba prueba prueba prueba
1997
promiscuos
Fiscal delegada
$2.063.794
ante jueces
1998 1.190.650 396.883 476.260 2.063.794 Decreto 50 de
municipales y
promiscuos 1998
Fiscal delegada $3.031.711
ante jueces del 1999 1.749.064 583.021 699.626 3.031.711 Decreto 38 de
circuito 1999
Fiscal delegada $3.311.538
ante jueces del 2000 1.910.503 636.834 764.201 3.311.538 Decreto 2734
circuito de 2000
Fiscal delegada $3.407.573
ante jueces del 2001 1.965.908 655.302 786.363 3.407.573 Decreto 2729
circuito de 2001
Fiscal delegada $3.568.752
ante jueces del 2002 2.058.895 686.299 823.558 3.568.752 Decreto 685 de
circuito 2002
Fiscal delegada $3.704.722
ante jueces del 2003 2.778.541 926.181 0 3.704.722 Decreto 3549
circuito de 2003
Fiscal delegada $3.858.839
ante jueces del 2004 2.894.128 964.711 0 Decreto 4180
3.858.839 de 2004
circuito
Fiscal ante $4.071.076
4.071.076
jueces 2005 3.053.307 1.017.769 0 Decreto 943 de
especializados 2005
Fiscal ante $4.274.630
jueces 2006 3.205.972 1.068.658 0 4.274.630 Decreto 396 de
especializados 2006
Fiscal ante $4.466.989
jueces 2007 3.350.242 1.116.747 0 4.466.989 Decreto 525 de
especializados 2007
Fiscal ante $4.721.161
jueces 2008 3.540.871 1.180.290 0 4.721.161 Decreto 665 de
especializados 2008
Fiscal delegada $5.154.092
ante jueces del 2009 3.865.569 1.288.523 0 5.154.092 Decreto 730 de
circuito 2009
Fiscal delegada
$4.105.160
ante jueces
2010 3.079.170 1.026.390 0 4.105.560 Decreto 1395
municipales y
de 2010
promiscuos
Fiscal delegado
$4.235.707
ante jueces
2011 3.176.780 1.058.927 0 4.235.707 Decreto 1047
municipales y
de 2011
promiscuos
Fiscal delegado
$4.447.492
ante jueces
2012 3.335.619 1.111.873 0 4.447.492 Decreto 875 de
municipales y
promiscuos 2012
Fiscal delegado
$4.735.742
ante jueces
2013 3.450.365 1.150.122 0 4.600.487 Decreto 1035
municipales y
de 2013
promiscuos
Fiscal delegado $4.735.742
2014 3.551.806 1.183.936 0 4.735.742 Decreto 019 de
ante jueces
15
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municipales y 2014
promiscuos
Fiscal delegado
$4.956.428
ante jueces
2015 3.717.321 1.239.107 0 4.956.428 Decreto 1087
municipales y
de 2015
promiscuos
Fiscal delegado
$5.341.543
ante jueces
2016 4.006.157 1.335.386 0 5.341.543 Decreto 219 de
municipales y
2016
promiscuos
Fiscal delegado
$5.702.099
ante jueces
2017 4.276.574 1.425.525 0 5.702.099 Decreto 989 de
municipales y
2017
promiscuos
Fiscal delegado
5.992.335
ante jueces
2018 4.494.251 1.498.084 0 5.992.335 Decreto 343 de
municipales y
2018
promiscuos
(iii) La FGN, expidió la Resolución N°. 23-607 del 20 de noviembre de 201818 mediante
la cual resolvió el recurso de apelación de la parte demandante, dejó constancia de
que Luz Mery López Sandoval se desempeñó en el cargo de Fiscal Delegada desde
el año 1995, de acuerdo con la información registrada en el Sistema de Información
Administrativa y Financiera de la entidad, precisando además que su régimen salarial
y prestacional fue fijado por el Gobierno Nacional a través de los decretos anuales
expedidos en virtud del artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
55. El 3 de agosto de 2018, la señora Luz Mery López Sandoval solicitó a la FGN el
reconocimiento y pago de la prima especial de servicios prevista en la Ley 4 de 1992,
desde el «1 de enero de 1993» y hasta que permanezca en el cargo de fiscal
delegada18; además del valor de las diferencias salariales y prestacionales existentes
entre lo liquidado hasta ese momento por la entidad; asimismo, la reliquidación de
todas las prestaciones y los aportes a seguridad social, incluyendo la prima especial
con carácter salarial, equivalente al 30% de la asignación mensual desde el 28 de
febrero de 1995.
56. Mediante el oficio Nº. SRAP-31000-445 del 10 de agosto de 2018, la FGN negó el
reconocimiento y pago de la prima especial de servicios a favor de la demandante, y
también la reliquidación de las prestaciones sociales y los aportes a seguridad social19.
57. Posteriormente, la peticionaria interpuso recurso de apelación20, el cual fue resuelto
mediante la Resolución Nº. 23607 del 20 de septiembre de 2018 21, confirmando la
negativa.
18 Samai, índice 3, documento «ED_C01_ CD1 FOLIO 90(.zip), DR ROBINSON HERRERA - SER LUZ MERY
LOPEZ».
19 Samai, índice 3, documento «ED_C01_ CD1 FOLIO 90(.zip), COPIA RAD SRAP-31000445 DEL 10 DE AGOSTO
DE 2018».
20 Samai, índice 3, documento «ED_C01_ CD1 FOLIO 90(.zip), COPIA DE LA RESOLUCION No O812 E
SEPTIEMBRE 28 DE 2018».
21 21 Samai, índice 3, documento «ED_C01_03 ANEXOS DE DEMANDA(.pdf)», págs.1 a 7.
16
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Demandante: Luz Mery López Sandoval
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación
3.5. Caso concreto
3.5.1. Del reconocimiento y pago de la prima especial prevista en el artículo 14
de la Ley 4 de 1992.
58. La sentencia objeto de impugnación, con base en las pruebas aportadas y en
aplicación de los pronunciamientos realizados por esta corporación respecto a la
situación de los fiscales beneficiarios de la prima especial de servicios, concluyó que
a la señora Luz Mery López Sandoval, entre 1995 hasta la fecha de la presentación de
la demanda, se le sustrajo el 30% de su salario y se le dio la connotación de prima
especial; por ende, no devengó concepto alguno por dicho emolumento, entendiendo
como una adición del salario.
59. Por ello, ordenó el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios como
un incremento del 30% sobre el salario «en los extremos temporales laborados como
fiscal delegado ante jueces municipales y del circuito» —a partir del 3 de agosto de
2015 por prescripción—. Sin embargo, la Sala advierte que esas órdenes las emitió
desde 1995, sin atender la sentencia SUJ-023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de
2020, en la cual se reiteró que los fiscales tienen derecho a la prima especial de
servicios a partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998, tal como se expuso en
el índice 3.3 de esta providencia.
60. En ese sentido, le asiste razón a la parte demandada que en calidad de apelante
manifestó que los fiscales tienen derecho a la prima especial de servicios desde la
entrada en vigor de la Ley 476 de 1998, por lo que la señora López Sandoval, en
condición de fiscal delegada, tendría derecho a dicho emolumento a partir de entonces
y no desde el año 1995, como adujo el Tribunal.
61. De igual manera, en el recurso de apelación bajo estudio, la FGN manifestó su
inconformidad con la condena que le fue impuesta en la sentencia de primera
instancia. En su criterio, dicha decisión desconoce las circunstancias que han rodeado
el régimen salarial y prestacional de los fiscales, en relación con la prima especial sin
carácter salarial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, a saber, que desde el
año 2003 la dejó de reconocer como consecuencia de que el Gobierno nacional no la
incluyó en los decretos anuales que regulaban el mencionado régimen, en
consideración de algunos pronunciamientos de esta corporación, en los que se
consideró que tales servidores no eran destinatarios de dicho emolumento.
62. Frente a lo anterior, la Sala destaca que la situación expuesta por la demandante
fue reconocida y analizada en detalle en la sentencia SUJ-023-CE-S2-2020 del 15 de
diciembre de 202022. En esta providencia se concluyó que el hecho de que la prima
especial se dejara de regular en los decretos anuales del régimen salarial de la FGN,
no constituía una razón válida para dejar de reconocerla, por las siguientes razones:
1. La Ley 4 de 1992 reconoce el derecho a la prima especial, lo que difiere al
Gobierno nacional es el establecer el porcentaje que se asignará a la misma, el
cual en todo caso no puede ser inferior al 30%;
2. La prima especial fue reglamentada hasta el año 2002 para los funcionarios
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 15 de diciembre de
2020, rad. núm. 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-18).
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de la FGN que se acogieron al régimen establecido en el Decreto 53 de 1993 y
allí se estableció que debía pagarse el 30% del salario básico;
3. Ante la existencia de un imperativo legal y el reconocimiento de un derecho
por vía reglamentaria que posteriormente es suprimido, el operador debe aplicar
el principio de progresividad y no regresividad de los derechos sociales, en este
caso concreto, aquellos derivados de una relación de derecho administrativo
laboral.
63. En la referida providencia también se explicó que el fundamento legal del referido
emolumento era el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, que de manera especial se aplica
para los fiscales con ocasión de la Ley 476 de 1998, y que dejar de otorgarla resultaría
abiertamente contrario al principio de progresividad.
64. En consideración al último motivo enunciado, en la citada sentencia se precisó que,
la no inclusión de la prima especial en los decretos que regulaban el régimen salarial
de la FGN generó un retroceso, en consideración a su existencia en una disposición
legal, ya que, de acuerdo con el principio de progresividad, «una vez alcanzado un
determinado nivel de protección de un derecho social, existe prima facie la presunción
de inconstitucionalidad de todo retroceso»23. En ese sentido, se concluyó que
resultaba «indiscutible la necesidad de no disminuir el nivel de protección conseguido,
aspecto que no sólo es un mandato reconocido en el artículo 53 de la Constitución
sino en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales24»25.
65. En ese orden de ideas, en aplicación de este criterio, no es de recibo que la entidad
pretenda que declare que no debía reconocer y pagar a la peticionaria la prima especial
por el hecho de que no fue incluida anualmente por el Gobierno nacional en los
decretos del régimen salarial y prestacional de la FGN. Por el contrario, tal posición
confirma lo manifestado por la demandante, y lo acreditado en la documentación
relacionada con el pago de sus salarios y prestaciones sociales, según los cuales
desde el 2003 la entidad accionada no efectuó pago alguno por el mencionado
concepto26.
66. En este punto es preciso señalar que, conforme al mandato legal contenido en el
Decreto 272 de 202127, el Gobierno nacional, desde el 1 de enero de 2021, reconoce
la prima especial como un componente adicional equivalente al 30% del salario básico,
con fundamento en las sentencias de nulidad dictadas por el Consejo de Estado, en
los que se ha dispuesto lo siguiente:
Que ante la declaración de nulidad de los decretos que crearon la prima especial
de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, se establecerá la prima especial
para los servidores de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, acatando las
sentencias de unificación antes citadas.
23 Ibidem.
24 «Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 31 de enero de
2013. Rad: 73001-23-31-000-2011-00039-01 (0768-12). M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Ver también: Corte
Constitucional. Sentencia C-644 del 23 de agosto de 2012».
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 15 de diciembre de
2020, rad. núm. 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-18).
26 Ver acápite de hechos probados.
27 Por el cual se establece la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
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Que se debe tener en cuenta que la Ley 332 de 1996, establece que la prima
especial consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, constituye factor
salarial para cotizar al Sistema General de Pensiones y el artículo 204 de la Ley
100 de 1993, consagra que la base de cotización al Sistema General de Salud
es la misma que la del Sistema general de Pensiones, razón por la cual la prima
especial que se crea en el presente Decreto constituirá factor salarial para cotizar
a ambos sistemas. Que para los fines de este Decreto se cuenta con la viabilidad
presupuestal de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Que el presente Decreto tendrá efectos
fiscales a partir del 1° de enero de 2021.
67. Por lo tanto, es claro que el reconocimiento de la prima especial ordenado en la
sentencia de primera instancia es procedente por el tiempo en que la demandante
permanezca en los cargos que justifica devengarla a partir de 1998, como lo establece
la ley. Lo anterior, sin perjuicio de que la entidad verifique los pagos realizados con
ocasión de la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021, por medio del cual se
estableció la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
68. De acuerdo con lo expuesto, la Subsección concluye que la señora López Sandoval
es beneficiaria de la prima especial a partir de 1998 con ocasión de la vigencia de la
Ley 476 de 1998 y que, a partir de allí, la FGN debía el pago de la prima especial
prevista en la referida norma como un emolumento adicional al 100% del salario
básico.
69. Ahora bien, precisado los términos en que la demandante tiene derecho a la referida
prima, cabe precisar que la orden de pagó correspondiente se efectuó desde el 3 de
agosto de 2015, en atención a que la petición que dio lugar a los actos demandados
se presentó, tal y como se confirmó en el acápite de los hechos probados, el 3 de
agosto de 2018. En sentido, el Tribunal aplicó acertadamente, frente a los derechos
reconocidos, la prescripción trienal de conformidad con el artículo 41 del Decreto 3135
de 1968, modificado por el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, cuya pertinencia se
confirmó, en casos como el presente, en la sentencia SUJ-023-CE-S2 del 15 de
diciembre de 2020 de la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de
Estado.
70. Por esto, si bien la accionante tiene derecho a la prima especial de servicios desde
la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998, se ordenará el reconocimiento y pago de
esta desde el 3 de agosto de 2015 teniendo en cuenta la prescripción de los periodos
previos a la fecha indicada. Lo anterior, sin perjuicio de la verificación de los pagos
realizados por la FGN con ocasión del Decreto 272 de 2021.
3.5.2. Del derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales a favor de la
demandante con la inclusión del 30% por concepto de prima especial
71. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó, al
valorar las pruebas aportadas al expediente, que la FGN pagó a la demandante los
valores correspondientes a sus prestaciones sociales sobre el 70% de la asignación
básica, y que el 30% restante correspondió a la prima prevista en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992. Por esta razón, estimó que había lugar al restablecimiento del derecho,
«en los extremos temporales laborados como fiscal delegado ante jueces municipales»
—a partir del 3 de agosto de 2015 por prescripción—, que consistiría en la reliquidación
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de las prestaciones sociales «sobre el 30% del sueldo básico que fue disminuido por
la errada interpretación de la citada norma».
72. Como se analizó anteriormente, solo a partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de
1998 la señora López Sandoval, en su calidad de fiscal delegada, adquiere el derecho
al emolumento en cuestión. Por tanto, no le asiste razón al Tribunal al considerar que
dicho derecho se originaba desde su vinculación inicial en el año 1995. En
consecuencia, lo que corresponde analizar es desde cuándo la parte demandante
tiene derecho a la reliquidación de sus prestaciones sociales con base en el 100% de
su salario básico, y no con la exclusión del 30%.
73. Sobre el particular, la entidad demandada reconoció, por medio del escrito de
apelación, que entre los años 1998 y 2003 se presentó un fraccionamiento del salario
de la señora Luz Mery López Sandoval. Este reconocimiento se desprende
expresamente de lo afirmado en el recurso presentado, en el que la FGN admite que
durante dicho periodo se excluyó el 30% del salario básico de la servidora para ser
pagado bajo la denominación de prima especial. La afirmación contenida en el escrito
de apelación es clara al señalar lo siguiente:
Ahora, según Io manifestado por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación
que nos atañe, los servidores de la Fiscalía tienen derecho desde 1998 a la reliquidación
de las prestaciones sociales sobre el 100% de su salario básico, es decir con la inclusión
del 30% que había sido excluido a título de prima especial, pero como ya se ha
manifestado la Fiscalía desde el ano 2003, ha liquidado y pagado las prestaciones sobre
el 100% del salario básico decretado por el Gobierno Nacional, toda vez que no ha
excluido ningún porcentaje del salario para pagarlo a título de prima especial.
Es así que, si el fallo estuviera resolviendo una demanda contra la FGN en la que no
existiera prescripción desde 1998 en adelante, la sentencia debería condenar al pago de
la prima especial como valor adicional entre 1998 y 2002. Además, se debería ordenar
el pago de las prestaciones sociales no solo sobre la prima, sino también sobre el 30%
del salario que fue excluido y pagado como prima del 30%. Pero, a partir de 2003,
únicamente sería viable condenar al pago de dicha prima del 30% como un valor
adicional, así como ordenar el ingreso base de cotización (IBC) para efectos de aportes
al sistema de seguridad social en pensión, en el periodo en que se reconozca la prima
como adicional28
74. Dicho planteamiento constituye una admisión expresa del fraccionamiento del
salario y un reconocimiento de la omisión de la liquidación de las prestaciones sociales
sobre el total del ingreso salarial durante el periodo de 1998 al 31 de diciembre de
2002, lo que se corroboró en el caso de la peticionaria mediante el cuadro comparativo
desarrollado en el acápite de hechos probados.
75. En efecto, la hoja de vida de la peticionaria da cuenta que entre el 1 de enero de
1998 y antes del 1 de enero de 2003, percibía su asignación en un monto menor al
establecido por el Gobierno nacional, como consecuencia de considerar que la prima
especial hacía parte de la remuneración mensual, error que solo se corrigió el 1 de
enero de 2003.
76. Vale la pena destacar que el referido fraccionamiento de una parte, no se evidencia
antes de 1998, pues en el año 1995 el valor de la remuneración que mensualmente
28 28 Samai, índice 03, documento «ED_C01_37 RECURSO APELACIÓN(.pdf)».
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percibió la peticionaria fue cancelado en un mayor valor al señalado por el Gobierno
nacional. Frente a los años 1996 y 1997, no obra prueba alguna en el expediente frente
a lo devengado por parte de la señora López Sandoval.
77. De otra, según lo manifestado por el Consejo de Estado en la sentencia SUJ-023-
CE-S2-2020, los servidores de la FGN tienen derecho desde 1998, a la reliquidación de
las prestaciones sociales sobre el 100% de su salario básico, es decir, con la inclusión
del 30% que había sido excluido a título de prima especial. Sin embargo, como ya se
precisó, la FGN desde el año 2003 ha liquidado y pagado las prestaciones sobre el
100% del salario básico decretado por el Gobierno nacional, toda vez que no ha
excluido ningún porcentaje del salario para pagarlo como prima especial, lo cual
también se constató en el cuadro antes mencionado, respecto de la situación particular
de la señora López Sandoval
78. En suma, de los documentos aportados al expediente, la Sala observa lo siguiente:
(i) En la vigencia fiscal 1995 conforme se desprende de las pruebas obrantes
en el expediente, el salario efectivamente devengado por el demandante fue
superior al decretado por el Gobierno nacional. En consecuencia, no se
advierte la existencia de un fraccionamiento salarial que afecte la liquidación
de las prestaciones correspondientes a dicha anualidad.
(ii) En las vigencias 1996 y 1997, no obra prueba alguna en el expediente para
poder analizar el posible fraccionamiento del salario.
(iii) En los años 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 la FGN realizó pagos por
concepto de prima especial a favor de la señora Luz Mery López Sandoval.
Sin embargo, dicho desembolso no lo efectuó de forma adicional a la
remuneración total pagada a la demandante, sino que la incorporó dentro
del 100% del monto mensual. Por tanto, sí se advierte la existencia de un
fraccionamiento salarial que afecta la liquidación de las prestaciones, como
lo reconoció en la alzada la entidad recurrente.
(iv) A partir del año 2003, la FGN dejó de reconocer porcentaje alguno por
concepto de prima especial.
79. De acuerdo con lo expuesto, a juicio de la Sala, de no haber operado la prescripción,
solo habría lugar a ordenar la reliquidación de las prestaciones sociales solicitadas por
la demandante entre el 1 de enero de 1998 y 31 de diciembre de 2002, mas no por la
totalidad del tiempo en que se desempeñó como fiscal delegada, como lo indicó el
Tribunal en la parte motiva de la sentencia controvertida. No obstante, dichas
acreencias se encuentran afectadas por la prescripción, la cual operó respecto de las
sumas causadas con anterioridad al 3 de agosto de 2015, aspecto que será analizado
con detenimiento a continuación.
3.5.3. Prescripción de derechos prestacionales y diferencias salariales
80. La accionante reprochó en el recurso de apelación que las partes no hicieron alusión
al fenómeno de la prescripción. En consecuencia, argumentó que el juez no debió
declarar prescritas las sumas causadas con anterioridad al 3 de agosto de 2015.
81. Frente a este argumento, la Sala precisa que conforme a lo previsto en el artículo
187 del CPACA, el juez debe pronunciarse no solo sobre las excepciones propuestas
por las partes, sino también sobre aquellas que encuentre probadas dentro del trámite
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procesal. En consecuencia, la valoración efectuada por el Tribunal respecto al
fenómeno de la prescripción se encuentra ajustada a derecho, toda vez que dicha
excepción debía analizarse de oficio, siempre que existieran elementos probatorios en
el expediente que permitieran advertir su ocurrencia.
82. Seguidamente, la demandante señaló la inconveniencia de que el fallador hubiera
acudido a la sentencia SUJ-023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 2020 como
fundamento para analizar la configuración de la prescripción. No obstante, omitió
realizar un análisis detallado que sustente las razones de dicha inconveniencia y no
expuso de forma clara en qué aspectos la referida providencia resultaría inadecuada
para la solución del problema jurídico planteado.
83. Pese a la deficiencia argumentativa del reproche enunciado, la Sala procederá a
examinar si el planteamiento efectuado por el Tribunal en relación con la prescripción
de las acreencias laborales en el presente caso, fue realizado de manera adecuada y
conforme a derecho.
84. En primer lugar, se tiene que frente a la prescripción de derechos, el artículo 41 del
Decreto 3135 de 1968, modificado por el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969,
dispone que las acciones que emanan de los derechos previstos en esa normativa
prescriben «en tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho
exigible» y que la prescripción se interrumpe, por un lapso igual, con el simple reclamo
escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente del reconocimiento del
derecho.
85. Sobre el particular, es preciso señalar que en la sentencia SUJ-023-CE-S2-2020
del 15 de diciembre de 2020, proferida por la Sala de Conjueces de esta corporación,
definió que para la contabilización de la prescripción del derecho contemplado en la
Ley 4 de 1992, lo siguiente:
3. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad
tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100
% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que
había sido excluido a título de prima especial.
4. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá́ en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y a partir de allí́ se reconocerá́ hasta tres años atrás, nunca más atrás, de
conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969. En este orden de ideas, en
aplicación del anterior precedente y en consonancia con los decretos 3135 de 1998
(sic) y 1848 de 1969.
86. Así las cosas, teniendo en cuenta que los interesados podían reclamar el derecho
a la prima especial de servicios desde la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998, en
tanto conocían de su existencia como acreencia laboral, resulta válido establecer que,
en el caso particular, la prescripción se interrumpe en el momento en el que se
presenta la respectiva solicitud del derecho ante la administración.
87. En el presente caso, la Sala observa que la demandante presentó su petición el 3
de agosto de 2018, por lo que operó la prescripción respecto de los derechos causados
con anterioridad al 3 de agosto de 2015.
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88. Esto quiere decir, que las únicas acreencias cuyo pago es procedente, son las
derivadas del no pago de la prima especial con posterioridad a la anterior fecha. No
hay lugar a ordenar reconocimiento alguno de las diferencias salariales y
prestacionales, por el hecho de que no se haya tenido en cuenta el 100% de la
remuneración fijada por el Gobierno nacional, porque esta situación tuvo lugar durante
los años 1998 y 2002, motivo por el cual lo causado en dicho periodo se vio afectado
por el fenómeno de la prescripción, toda vez que la reclamación correspondiente solo
se realizó el 3 de agosto de 2018.
89. No obstante, las sumas generadas, inclusive, antes del 3 de agosto de 2015, por
concepto de aportes a pensión, deberán considerarse como base para la reliquidación
y aportes al Sistema de Seguridad Social, al tratarse de un derecho irrenunciable e
imprescriptible que constituye factor salarial, como bien lo afirmó el Tribunal, pero
teniendo en cuenta los siguientes criterios:
(i) Respecto de los aportes derivados de la diferencia salarial, del 1 de enero
de 1998 al 31 de diciembre de 2002, deben efectuarse teniendo como base
el 100% de la remuneración básica mensual. Se recuerda que este es el
periodo en el que se presentó el fraccionamiento de la asignación.
(ii) Frente a los aportes correspondiente a la prima especial, desde la entrada
en vigor de la Ley 476 de 1998, hasta la permanencia en los cargos que
otorgaran su reconocimiento, siempre que la entidad no los hubiere
realizado, teniendo como base el 30% de la asignación salarial. Lo anterior,
sin perjuicio de que la entidad verifique los pagos realizados con ocasión de
la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021, por medio del cual se estableció
la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, sin exceder
los topes fijados por el Gobierno nacional.
(iii) En suma, para la liquidación de los aportes a seguridad social en pensión,
(i) del 1 de enero de 1998 hasta la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998,
debe efectuarse teniendo como base el 100% de remuneración básica
mensual; (ii) y desde la entrada en vigor de la referida norma hasta la
permanencia en los cargos que otorgaran su reconocimiento, siempre que
la entidad no los hubiere realizado, con base en la anterior asignación más
el 30% correspondiente a la prima especial.
3.6. Conclusiones
90. Conforme se expuso en los acápites anteriores, se concluye que: Luz Mery López
Sandoval en condición de fiscal delegada tiene derecho al reconocimiento de la prima
especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, desde la entrada
en vigor de la Ley 476 de 1998 y hasta cuando permanezca en los cargos que justifican
devengarla, como lo establece la ley. No obstante, se advierte que operó la
prescripción de lo causado con anterioridad al 3 de agosto de 2015, sin que este
fenómeno afecte los aportes a pensión.
91. En cuanto a las sumas que no estén afectadas por el fenómeno prescriptivo, la FGN
deberá verificar los pagos realizados con ocasión de la entrada en vigor del Decreto
272 de 2021, por medio del cual se dispone el pago de la prima especial de que trata
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
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92. De igual manera, se evidencia que desde el 1 de enero de 1998 hasta el 31 de
diciembre de 2002, la accionante tendría derecho a la reliquidación de los salarios y
las prestaciones sociales, en razón al fraccionamiento salarial ocurrido durante dicho
periodo. Sin embargo, frente a este derecho operó el fenómeno de la prescripción.
93. En igual sentido, a partir del 1 de enero de 2003 y en adelante, no se advierte
fraccionamiento del salario; sin embargo, se constata la omisión en el pago de la prima
especial por parte de la FGN. En consecuencia, se ordenará el pago de esta, desde el
3 de agosto de 2015, fecha a partir de la cual no operó la prescripción, hasta cuando
la peticionaria permanezca en los cargos que justifican devengarla; sin perjuicio de que
la entidad verifique los pagos efectuados con ocasión de la entrada en vigor del
Decreto 272 de 2021.
94. Debido a que las consideraciones que anteceden implican varias modificaciones a
la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se confirmará parcialmente
el fallo controvertido, en la medida que acertadamente declaró: (i) estarse a lo resuelto
en la sentencia SUJ-023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 2020; (ii) la prescripción
de las acreencias causadas con anterioridad al 3 de agosto de 2015 y; (iii) la nulidad
de los actos acusados.
95. Sin embargo, se modificarán las órdenes correspondientes al restablecimiento del
derecho y la prescripción, para lo cual:
(i) Se adicionará el numeral segundo de la parte resolutiva, mediante el cual se
declaró el fenómeno de la prescripción, a fin de precisar que este no operó respecto
de los aportes al Sistema de Seguridad Social de Pensión.
(ii) Se modificarán el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia impugnada,
atinente al reconocimiento y pago de la prima especial, que quedarán así:
CUARTO. Condénese a la Nación, Fiscalía General de la Nación, a reconocer y pagar
a favor de la señora Luz Mery López Sandoval, la prima especial de servicios prevista
en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como un incremento del 30% sobre el 100% del
salario básico, desde el 3 de agosto de 2015 y hasta cuando permanezca en los cargos
que justifican devengarla, como lo establece la ley. Lo anterior, sin perjuicio de la
verificación de pagos realizados con ocasión del Decreto 272 de 2021.
(iii) Se modificará el numeral quinto del fallo impugnado, mediante el cual se ordenaba
el reconocimiento y pago de prestaciones sociales derivadas del fraccionamiento del
salario, lo cual no es procedente debido a que operó el fenómeno de la prescripción,
para en su lugar ordenar la reliquidación y pago de los aportes correspondientes al
Sistema de Seguridad Social en Pensión. Dicho numeral quedará así:
QUINTO. La Nación, Fiscalía General de la Nación, también deberá reliquidar y pagar
las cotizaciones o aportes hechos al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones
en favor de la accionante durante su permanencia en los cargos que le otorgaron el
derecho a este reconocimiento, siempre que la entidad no los hubiera realizado, teniendo
en cuenta lo siguiente: (i) del 1 de enero de 1998 hasta la entrada en vigor de la Ley 476
de 1998, debe efectuarse teniendo como base el 100% de remuneración básica
mensual. (ii) Desde la entrada en vigor de la referida norma hasta la permanencia en los
cargos que otorgaran su reconocimiento, con base en la anterior asignación más el 30%
correspondiente a la prima especial. Lo anterior, sin perjuicio de la verificación de pagos
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00689-01 (6006-2022)
Demandante: Luz Mery López Sandoval
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación
realizados con ocasión del Decreto 272 de 2021, sin llegar a exceder los topes
establecidos por el Gobierno nacional.
(iv) Se confirmará en los demás aspectos la sentencia controvertida, por ejemplo, en
cuanto la no condena en costas, los términos de darle cumplimiento al fallo y la
negativa de las demás pretensiones.
3.7. Costas
96. La presente providencia acoge el criterio de la interpretación mayoritaria 29 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, que consiste en que para
decretar la condena en costas se debe verificar que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso bajo estudio se imponga
dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las
anteriores conductas.
97. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Confirmar parcialmente la sentencia proferida en primera instancia por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, el 29 de
julio de 2022, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Modificar el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia
anteriormente señalada que quedará así:
SEGUNDO. Declarar la prescripción trienal extintiva respecto de las acreencias
solicitadas por la demandante y causadas con anterioridad al 3 de agosto de 2015. No
obstante, se exceptúan de dicha prescripción lo correspondiente a los aportes al Sistema
de Seguridad Social en Pensión, por constituir un derecho irrenunciable e imprescriptible,
conforme a lo expuesto en la parte motiva.
TERCERO. Modificar los numerales cuarto y quinto de la parte resolutiva de la
sentencia impugnada en los siguientes términos:
29 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso-administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-14).
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CUARTO. Condénese a la Nación, Fiscalía General de la Nación, a reconocer y pagar
a favor de la señora Luz Mery López Sandoval, la prima especial de servicios prevista
en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como un incremento del 30% sobre el 100% del
salario básico, desde el 3 de agosto de 2015 y hasta cuando permanezca en los cargos
que justifican devengarla, como lo establece la ley. Lo anterior, sin perjuicio de la
verificación de pagos realizados con ocasión del Decreto 272 de 2021.
QUINTO. La Nación, Fiscalía General de la Nación, también deberá reliquidar y pagar
las cotizaciones o aportes hechos al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones
en favor de la accionante durante su permanencia en los cargos que le otorgaron el
derecho a este reconocimiento, siempre que la entidad no los hubiera realizado, teniendo
en cuenta lo siguiente: (i) del 1 de enero de 1998 hasta la entrada en vigor de la Ley 476
de 1998, debe efectuarse teniendo como base el 100% de remuneración básica
mensual. (ii) Desde la entrada en vigor de la referida norma hasta la permanencia en los
cargos que otorgaran su reconocimiento, con base en la anterior asignación más el 30%
correspondiente a la prima especial. Lo anterior, sin perjuicio de la verificación de pagos
realizados con ocasión del Decreto 272 de 2021, sin llegar a exceder los topes
establecidos por el Gobierno nacional.
CUARTO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia objeto de apelación, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
QUINTO. Sin condena en costas en esta instancia.
SEXTO. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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