Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00944-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00944-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00944-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
25 de junio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2029-00944-01
Demandante: Raúl Ulloa Arias y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D.C., 25 de junio de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00944-01
Demandante: RAÚL ULLOA ARIAS Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de reparación directa.
Monto de indemnización. Improcedencia de la acción de tutela.
Legitimación en la causa por activa. Falta de relevancia constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 5
de marzo de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
que declaró improcedente la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 9 de febrero de 2026, en ejercicio de la acción de tutela, Raúl Ulloa Arias, Luis Reiver
Díaz Amado y Jaime Ramiro Vanegas Espinosa, actuando a través de apoderado,
pidieron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, reparación integral, igualdad, vivienda y vida digna, así como
libertad de escoger profesión u oficio.
A juicio de los tutelantes, la vulneración de esas garantías superiores se presenta con
ocasión de la providencia del 16 de junio de 2025, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, que modificó la decisión que accedió a las pretensiones
de la demanda dentro del proceso de reparación directa con radicado No. 85001-23-31-
000-2011-00117-03.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
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Demandante: Raúl Ulloa Arias y otros
PRIMERO. TUTELAR a mis PODERDANTES los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
al ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, a la REPARACION INTEGRAL, REAL Y
EFECTIVA, a la VIVIENDA DIGNA, a la VIDA DIGNA, a la LIBERTAD DE ESCOGER PROFESION
U OFICIO, a la IGUALDAD, y a la ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL QUE MERECE EL
TRABAJADOR AGRARIO establecidos en la Constitución Política Nacional, toda vez que fueron
vulnerados en la DECISION adoptada por EL CONCEJO (sic) DE ESTADO EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION A en sentencia de fecha
dieciséis (16) de junio de dos mil veinticinco (2025).
SEGUNDO. DECLARAR que la DECISIÓN de la Sentencia de fecha 16 de junio de 2025; proferida
por SUBSECCION A, DE LA SECCION TERCERA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO
AMINISTRATIVO DEL CONCEJO (sic) DE ESTADO vulneró los Derechos Fundamentales de los
señores LUIS REIVER DIAZ AMADO, JAIME RAMIRO VANEGAS ESPINOSA, RAUL ULLOA ARIAS
y ORLANDO BUITRAGO BALLESTEROS.
TERCERO. ORDENAR al CONCEJO (sic) DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, SUBSECCION A, que en el término de esta providencia
profiera sin modificar lo ya decidido frente al Lucro Cesante, nueva sentencia, en la que CONDENE
en solidaridad por concepto de Daño Emergente a la EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS
“ECOPETROL S.A.” y OLEODUCTOS DE LOS LLANOS ORIENTALES S.A por el valor de
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES ($ 749.083.50,00) por el Daño causado a 250
hectáreas del cultivo de arroz propiedad de LUIS REIVER DIAZ AMADO, JAIME RAMIRO VANEGAS
ESPINOSA, RAUL ULLOA ARIAS y ORLANDO BUITRAGO BALLESTEROS. De no tenerse por
establecido el valor de la cuantía por concepto de Daño Emergente solicito que se condene en
ABSTRACTO a fin de que se le protejan y garanticen sus derechos fundamentales.
El anterior valor “$ 749.083.50,00” se tomó del “INFORME DE PERITAJE PARA DETERMINAR
DAÑOS SI LOS HAY DEL PASO DEL OLEODUCTO LLANOS ORIENTALES” emitido por la Lonja
de Propiedad Raíz de Yopal, a través del perito evaluador Reinel Figuereo Rodriguez con apoyo de
Juan Esteban Carvajal Amaya, restando de los COSTOS DIRECTOS los gastos de RECOLECCION
“valor bulto, valor zorreo, jornales adicionales y el transporte del cultivo al molino”, - el valor por
concepto de alimentación diaria se incluyó en el valor del Daño Emergente, porque fue un gasto que
se causó durante la ejecución del proyecto agrícola frustrado”.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1. De los hechos previos al proceso de reparación
El señor Orlando Buitrago Ballesteros, en calidad de propietario del inmueble
denominado finca LOS DESEOS, ubicado en la vereda EL GUIRA, jurisdicción del
municipio de Tauramena, Casanare, constituyó servidumbre de oleoducto y tránsito a
favor de ECOPETROL S.A., con el objeto de facilitar la colocación de un tubo de
transporte de petróleo crudo, con destino a los tanques de almacenamiento de Monterrey,
Casanare.
Con ocasión de la construcción del oleoducto Llanos Orientales en el mes de junio de
2009, se efectuaron trabajos de remoción de tierras y excavación de zanjado para la
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Demandante: Raúl Ulloa Arias y otros
instalación del tubo en la parte del predio del señor Ballesteros, lo que provocó daños por
la imposibilidad de paso de maquinaria agrícola e insumos y se impidió el buen cuidado
del cultivo de arroz que allí tenía plantado el propietario del predio y afectó la consecuente
recolección de la cosecha, la cual se echó a perder.
3.2. Del medio de control de reparación directa
El señor Orlando Buitrago Ballesteros instauró una demanda en ejercicio del medio de
control de reparación directa contra Ecopetrol S.A. y el Oleoducto de los Llanos Orientales
S.A., por la pérdida de un cultivo de arroz sembrado en el predio “Finca Los Deseos” de
su propiedad; reclamó la indemnización integral de los perjuicios derivados de la
frustración del proyecto agrícola.
En la demanda se explicó que el cultivo de arroz sembrado en el predio Los Deseos fue
producto de una sociedad de hecho entre los señores Jaime Orlando Vanegas Espinosa,
Raúl Ulloa Arias, Luis Reiver Díaz Amado con el señor Orlando Buitrago Ballesteros, por
lo que los señores Vanegas Espinosa y Ulloa Arias le otorgaron poder a este último para
reclamar por la vía extrajudicial o judicial la indemnización de daños y perjuicios. En
consecuencia, el señor Ballesteros otorgó poder a su abogado,quien interpuso el medio
de control.
El proceso fue admitido mediante auto de 25 de agosto de 2011, oportunidad en la que
se tuvieron como demandantes a Orlando Buitrago Ballesteros, Jaime Ramiro Vanegas
Espinosa y Raúl Ulloa Arias.
El proceso se adelantó bajo el radicado 85001-23-31-000-2011-00117-00 y correspondió
al Tribunal Administrativo de Casanare que, mediante sentencia de 9 de marzo de 2017,
declaró la responsabilidad solidaria de las demandadas por la pérdida parcial del cultivo
y profirió condena en abstracto para que los perjuicios fueran liquidados mediante
incidente y sin discriminar cuáles eran los perjuicios a liquidar.
La orden se dictó en los siguientes términos:
Primero: Declarar la prosperidad parcial de la objeción a la prueba pericial emitida por el auxiliar de la
justicia Reinel Figueredo Rodríguez en cuanto a la categoría del suelo del predio Los Deseos y en
relación con la contabilización de costos, por las razones indicadas en la motivación.
Segundo: Declarar imprósperas las excepciones propuestas por las demandadas, acorde con lo
señalado en las consideraciones.
Tercero: Declarar solidaria, administrativa y extracontractualmente responsables a Ecopetrol y a
Oleoducto de los Llanos Orientales por los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de la
pérdida de 220 hectáreas del cultivo de arroz señalado en las consideraciones y de acuerdo a lo
expuesto en ellas.
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Demandante: Raúl Ulloa Arias y otros
Consecuentemente con la anterior declaración, condenar en abstracto a Ecopetrol y a Oleoducto de los
Llanos Orientales al pago de los perjuicios, que deberá cuantificarse a través de incidente que deberá
promover la parte actora en el término y demás previsiones señaladas en el artículo 172 del C.C.A y
normas concordantes, conforme a los parámetros que se indican en la motivación respecto de la
configuración del daño resarcible. La condena se hace a favor de la comunidad de hecho conformada
para el cultivo de arroz, por los demandantes Orlando Buitrago Ballesteros, Jaime Ramiro Vanegas
Espinosa y Raúl Ulloa Arias.
Cuarto: Negar las demás pretensiones de la demanda.
Quinto: No condenar en costas en la instancia.
Sexto: Ordenar devolver los excedentes de las sumas consignadas para gastos del proceso si las
hubiere, dejando las constancias de rigor.
Séptimo: Ordenar el archivo del expediente cuando esta providencia quede en firme.
La parte demandante apeló la decisión, por considerar que el Tribunal omitió
pronunciarse respecto a (i) los daños causados a 30 hectáreas correspondientes a los
lotes 1; (ii) el reconocimiento del lucro cesante futuro; (iii) la ocupación de un área mayor
respecto a la inicialmente constituida y (iv) la desvalorización comercial del predio por la
constitución de la servidumbre.
Por su parte, la demandada apeló la decisión para discutir principalmente que (i) la
decisión adoptada por el Tribunal, respecto al reconocimiento de los perjuicios a favor de
la «comunidad de hecho», imponía una condena extra petita; situación que vulneró el
principio de congruencia de la sentencia, pues el demandante era únicamente el señor
Orlando Buitrago Ballesteros (ii) no se demostraron los elementos constitutivos de la
responsabilidad, (iii) se aplicó un régimen de responsabilidad objetivo improcedente y (iv)
se configuraron causales eximentes de responsabilidad.
En consecuencia, la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado declaró la
responsabilidad por 250 hectáreas y condenó únicamente por concepto de lucro cesante,
así:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 9 de marzo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo
de Casanare, cuya parte resolutiva quedará así:
PRIMERO: Declarar a las sociedades Ecopetrol S.A. y Oleoducto de los Llanos Orientales S.A. – ODL
S.A. solidariamente responsables por la pérdida de un cultivo de 250 hectáreas de arroz que se
localizaba en el predio de matrícula inmobiliaria No. 470-83044 “Finca Los Deseos”.
SEGUNDO: Condenar a las sociedades Ecopetrol S.A. y Oleoducto de los Llanos Orientales S.A. – ODL
S.A. a pagar a favor del señor Orlando Buitrago Ballesteros la suma de $270.100.678, por concepto del
lucro cesante correspondiente a las utilidades dejadas de percibir por la pérdida de un cultivo de 250
hectáreas de arroz que se localizaba en el predio de matrícula inmobiliaria No. 470-83044 “Finca Los
Deseos”.
TERCERO: No condenar en costas en la instancia.
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CUARTO: Ordenar devolver los excedentes de las sumas consignadas para gastos del proceso si las
hubiere, dejando las constancias de rigor.
QUINTO: Ordenar el archivo del expediente cuando esta providencia quede en firme.
Empezó por precisar que con base en las pruebas recaudadas, especialmente los
testimonios rendidos por los señores Luis Reiver Díaz Amado, Leonardo Calixto Vargas
y José Benjamín Rojas, la inspección judicial anticipada y el dictamen pericial, el señor
Orlando Buitrago Ballesteros se encontraba legitimado en la causa por activa, pues
acreditó ser el propietario del predio "Los Deseos" y del cultivo de arroz allí localizado.
Consideró que el señor Luis Reiver Díaz Amado no tenía la calidad de socio del proyecto
ni de parte procesal, pues actuó como administrador de la finca y compareció al proceso
como testigo para declarar sobre el aislamiento de los lotes, la imposibilidad técnica y
financiera de continuar el cultivo y explicar que las facturas que sirvieron de soporte al
dictamen pericial fueron expedidas a su nombre, pues a él le correspondía la compra de
insumos y la coordinación de las labores agrícolas. En consecuencia, sobre el señor Díaz
Amado, no se hizo análisis de legitimación ni de derechos sobre la indemnización.
La Subsección señaló que con las declaraciones rendidas por Raúl Ulloa Arias y Jaime
Ramiro Vanegas Espinosa quedó establecido que tenían una sociedad comercial de
hecho con el señor Buitrago Ballesteros para la ejecución del proyecto agrícola, pues
realizaron aportes en capital y en industria. También precisaron que no existía un acuerdo
explícito sobre el monto de los aportes ni sobre el reparto de utilidades, sino que esto se
definiría una vez vendidas las cosechas.
Explicó que, cuando surgió el conflicto por los efectos nocivos de la instalación del
oleoducto, Ulloa Arias y Vanegas Espinosa otorgaron poder al señor Buitrago Ballesteros
para que se encargara de la gestión judicial y extrajudicial de la controversia, con
facultades amplias de disposición de los derechos en disputa, por lo que Buitrago
adelantó por sí mismo el trámite de las pruebas anticipadas y posteriormente acudió al
proceso, en el entendido de que el reparto entre los socios se haría con posterioridad,
conforme a los aportes de cada uno hasta la frustración del cultivo.
La Sala consideró que esa forma de proceder encuentra pleno respaldo en los artículos
499 y 501 del Código de Comercio, conforme a los cuales los derechos y obligaciones de
la sociedad de hecho se entienden adquiridos o contraídos a favor o a cargo de todos los
socios, y los terceros pueden hacer valer sus derechos respecto de cualquiera de ellos.
Sobre la calidad procesal de Ulloa Arias y Vanegas Espinosa, precisó que ellos: (i) no
otorgaron poder al apoderado judicial del proceso, (ii) no se identificaron como
integrantes del extremo accionante en la demanda y (iii) no formularon pretensión alguna
a su favor. En consecuencia, concluyó que: "nunca han tenido la condición de parte en
este proceso y, en esa medida, sería impropio predicar de ellos su falta de legitimación
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en la causa, pues esto solo se analiza frente a aquellas personas que integran alguno de
los extremos de la relación procesal".
En consecuencia, modificó la sentencia de primera instancia para excluirlos de la
declaratoria de condena, sin necesidad de declarar su falta de legitimación.
Finalmente, en cuanto a la distribución de la condena, señaló que cualquier suma pagada
a uno de los socios se entiende saldada en favor de la sociedad comercial de hecho,
correspondiendo a sus propios miembros determinar la distribución interna conforme a
los acuerdos privados que hubieren celebrado. Asimismo, dejó expresamente a salvo: "la
posibilidad que estos señores tienen de reclamar parte de la eventual indemnización al
señor Orlando Buitrago Ballesteros, de conformidad con el acuerdo privado celebrado
entre ellos".
El señor Orlando Buitrago Ballesteros solicitó aclaración y/o adición del fallo de segunda
instancia, al considerar que la pretensión indemnizatoria no se limitó a una tipología
específica de perjuicio y que, pese a encontrarse acreditadas inversiones y gastos
inherentes al cultivo frustrado, la sentencia omitió pronunciamiento expreso respecto del
daño emergente; no obstante, su solicitud fue negada mediante auto del 1° de septiembre
de 2025 por la autoridad judicial accionada.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, por configuración de una vía de hecho y sin desarrollarlas individualmente.
En cuanto al fondo del asunto, señalaron que las providencias cuestionadas incurrieron
en:
Defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas debidamente allegadas al
proceso, que permitían reconocer la indemnización por daño emergente.
Alegaron la indebida valoración de la prueba pericial que determinó si se provocaron
daños por el paso del oleoducto “llanos orientales”, así como de los anexos aportados en
el informe técnico que probaban los gastos incurridos en el proyecto agrícola y que
justificaban la conclusión del informe técnico pericial y de las declaraciones rendidas por
Luis Reiver Diaz Amado, Raul Ulloa Arias, Jaime Ramiro Vanegas y Orlando Buitrago
Ballesteros, en las que manifestaban los aportes realizados por cada uno de ellos en el
proyecto agrícola frustrado y de las deudas contraídas como consecuencia directa de la
frustración del proyecto agrícola.
Discutieron que, como consecuencia de la indebida valoración de las pruebas antes
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citadas, era posible reconocer la indemnización por los perjuicios que fueron negados en
la sentencia cuestionada.
Consideraron incongruente que la sala haya dado aptitud probatoria a las facturas
expedidas por Agrocom LTDA a nombre de Luis Reiver Diaz Amado, pero a la misma
vez, haya manifestado que la parte demandante no había demostrado inversiones, ni
obligaciones, ni erogaciones pendientes por motivo de la frustración del proyecto
agrícola.
Esgrimieron que el Consejo de Estado no valoró en conjunto las pruebas obrantes en el
expediente que demostraban las inversiones incurridas por la sociedad de hecho en el
proyecto agrícola frustrado, sino que se limitó a concluir que, para condenar a las
demandadas por concepto de daño emergente, no bastaba con “suponer” que se habían
causado tales erogaciones. Sin embargo, la solicitud de reconocimiento de este daño no
se basó en simples “suposiciones”, sino que fueron inversiones y erogaciones
confirmadas por los medios de convicción debidamente expuestos en el proceso.
Defecto sustantivo por falta de aplicación del artículo 193 del CPACA, porque si para la
autoridad judicial demandada los medios de convicción legalmente incorporados al
proceso no eran suficientes para establecer la cuantía de los daños y perjuicios
ocasionados al cultivo de 250 hectáreas de arroz, determinada por los demandantes en
1.041.250.000,00; mal hizo el ad quem en no condenar en abstracto.
Violación directa de la Constitución, toda vez que con la negativa de reconocimiento
de los perjuicios en debida forma se violaron los derechos a la dignidad humana,
igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia y mínimo vital, así como
el principio de reparación integral. Esto por cuanto se “condenó a los DEMANDANTES a
soportar los daños económicos por concepto de daño emergente causado a las 250
hectáreas del cultivo de arroz frustrado, imponiendo una carga o deber jurídico sin estar
ellos “DEMANDANTES” en el deber jurídico de soportar”.
5. Intervenciones
El magistrado del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, ponente de la
decisión cuestionada, indicó que se configura la falta de legitimación por activa, dado
que los accionantes no fueron parte en el proceso de reparación directa ni destinatarios
de la condena impuesta. Que la sentencia de segunda instancia reconoció legitimación
únicamente al señor Orlando Buitrago Ballesteros, quien actuó como demandante
exclusivo; por tanto, sostuvo que los actuales tutelantes carecen de agravio directo,
personal y actual.
Que la acción carece de relevancia constitucional, pues se pretende reabrir el debate
probatorio y jurídico ya resuelto por el juez natural, de manera que sólo se evidencia una
discrepancia sobre la valoración de pruebas y la determinación del perjuicio
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indemnizable, asunto propio del trámite de legalidad ordinaria y de contenido
estrictamente económico.
Argumentó que no existió valoración arbitraria ni omisión probatoria, toda vez que esa
autoridad judicial explicó de manera expresa que el dictamen pericial solo proyectaba
utilidades (lucro cesante) y no acreditaba una disminución patrimonial autónoma
constitutiva de daño emergente. Además, señaló que no se probaron obligaciones
crediticias ciertas, pasivos insolutos o erogaciones efectivas.
Precisó que el artículo 193 de la Ley 1437 de 2011 no era aplicable al caso, pues el
proceso se rigió por el Decreto 01 de 1984, en atención a la fecha de presentación de la
demanda. No obstante, expuso que aun si se aplicare el artículo 172 del CCA, no
procedía condena en abstracto por daño emergente, dado que no existía incertidumbre
sobre su cuantificación, sino una ausencia de prueba sobre su configuración.
Indicó que no se identificó un desconocimiento inmediato de normas superiores, toda
vez que los derechos fundamentales invocados se plantearon como consecuencias
económicas del fallo y no como vulneraciones constitucionales autónomas, por lo que
solicitó declarar la improcedencia o, en subsidio, negar el amparo.
El Oleoducto de los Llanos Orientales S.A. Sucursal Colombia -ODL, solicitó que se
declarara improcedente la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por activa,
toda vez que los accionantes no fueron parte dentro del proceso de reparación directa
decidido por la sentencia del 16 de junio de 2025. Indicó que los accionantes no
comparecieron como demandantes, no otorgaron poder, ni intervinieron como
coadyuvantes y la condena fue reconocida exclusivamente a favor del señor Orlando
Buitrago Ballesteros, por lo que carecen de titularidad procesal para cuestionar la
providencia.
Adujo el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, en tanto los accionantes no
promovieron directamente la solicitud de adición o aclaración, ni agotaron los
mecanismos ordinarios y extraordinarios previstos en el CPACA, como el recurso
extraordinario de revisión, por lo que la tutela no podía emplearse como instancia
sustitutiva para revivir oportunidades procesales precluidas ni para reemplazar cargas
probatorias omitidas.
Alegó la inexistencia de una irregularidad procesal, dado que la inconformidad expuesta
por los accionantes se contraía a una discrepancia frente a la valoración probatoria y la
liquidación de perjuicios, particularmente respecto del daño emergente, pero no se
evidenciaba un yerro ostensible, arbitrario o manifiesto en la actividad valorativa de la
autoridad judicial accionada, de quien indicó, motivó de manera expresa y razonada su
decisión.
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Afirmó que no estaba satisfecho el requisito de relevancia constitucional, pues se planteó
una controversia eminentemente patrimonial que no comportaba una vulneración directa
de derechos fundamentales, pretendiendo reabrir un debate indemnizatorio ya resuelto,
instrumentalizando el amparo constitucional como tercera instancia, razón por la cual
solicitó rechazarla y ordenar el archivo de la actuación.
Ecopetrol SA solicitó que se declarara improcedente la tutela por falta de legitimación
en la causa por activa, ya que los accionantes no fueron parte en el proceso de reparación
directa ni destinatarios de la condena. Señaló que la sentencia precisó que la
indemnización fue reconocida exclusivamente al señor Orlando Buitrago Ballesteros,
quedando cualquier distribución interna en el ámbito privado.
Alegó además la ausencia de requisitos para la tutela contra providencias judiciales, en
especial la subsidiariedad y la relevancia constitucional. Sostuvo que la acción pretendía
reabrir el debate probatorio ya definido por el juez natural y suplir cargas probatorias que
correspondían a la parte interesada dentro del proceso ordinario.
Adujo que no se configuraron los defectos alegados por la parte actora, toda vez que la
autoridad judicial accionada valoró integralmente las pruebas y aplicó correctamente la
distinción entre daño emergente y lucro cesante, exigiendo certeza del gasto histórico
para el primero; por tanto, consideró improcedente convertir la condena concreta en una
condena en abstracto por vía de tutela.
El tercero vinculado, Orlando Buitrago Ballesteros, guardó silencio a pesar de haber
sido debidamente notificado.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia dictada el 5 de
marzo de 2026, declaró improcedente la acción, al estimar que los accionantes invocan
su condición de integrantes de una sociedad de hecho dedicada al cultivo de arroz; no
obstante, en la sentencia cuestionada se señaló expresamente que “no otorgaron poder”,
“no se identificaron como integrantes del extremo accionante” y que “nunca han tenido la
condición de parte en este proceso”, razón por la cual fueron excluidos de la declaratoria
de condena.
Precisó que la condena fue reconocida exclusivamente a favor del señor Orlando
Buitrago Ballesteros y se dejó a salvo, de manera explícita, la posibilidad de que los ahora
accionantes reclamen internamente la porción que estimen corresponderles conforme a
los acuerdos privados celebrados entre ellos, precisión que delimitó con claridad el
alcance subjetivo de la decisión judicial.
Consideró que, aun cuando pueda existir una relación sustancial derivada de la alegada
sociedad de hecho, ello no suple la ausencia de legitimación procesal en el trámite de
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reparación directa ni transforma retroactivamente su posición jurídica dentro del proceso,
pues la acción de tutela exige una afectación directa, personal y actual derivada de la
providencia, presupuesto que no se configura en este caso.
Agregó que la improcedencia también se fundamenta en la naturaleza subsidiaria del
amparo constitucional, de manera que si los accionantes estiman vulnerados sus
derechos económicos derivados de la actividad común, cuentan con mecanismos
judiciales ordinarios idóneos, ante la jurisdicción civil o comercial, para reclamar la
distribución o participación que consideren procedente frente al beneficiario de la
condena.
Resaltó que la tutela no es el vehículo adecuado para redefinir la titularidad del crédito
indemnizatorio ni para alterar los efectos subjetivos de una sentencia ejecutoriada, pues
ello implicaría desnaturalizar su función residual y la convertiría en instrumento para
reabrir controversias patrimoniales propias de la jurisdicción ordinaria.
Concluyó que no se evidencia que la providencia cuestionada haya desconocido los
derechos fundamentales de los accionantes, quienes no fueron sujetos procesales ni
destinatarios directos de la decisión, por lo que la eventual insatisfacción frente a la
distribución interna del resultado del litigio pertenece al ámbito de las relaciones privadas.
7. Impugnación
La parte actora impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, acceder al amparo deprecado.
Afirmó que la decisión no tuvo en consideración que los señores Jaime Ramiro Vanegas
Espinosa y Raúl Ulloa Arias, en su momento, allegaron al Tribunal Administrativo de
Casanare poder especial en el que otorgaban facultades al señor Orlando Butrago
Ballesteros para que constituyera apoderado y presentara la acción de reparación directa
en su nombre contra ECOPETROL S.A. y contra el Oleoducto de los Llanos Orientales
S.A., por los daños causados en el cultivo de arroz de 250 hectáreas, sembrado en la
finca Los Deseos, vereda El Guira del Municipio de Tauramena.
Alegó que en el auto admisorio de la demanda, el Tribunal Administrativo de Casanare
reconoció como accionantes a Orlando Buitrago Ballesteros, Jaime Ramiro Vanegas
Espinosa y Raúl Ulloa Arias.
Advirtió que en la contestación de la referida demanda, los demandados reconocieron
como demandantes no solo al señor Orlando Butrago Ballesteros, sino también al señor
Jaime Ramiro Vanegas Espinosa y Raúl Ulloa Arias.
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Sostuvo que la condena de primera instancia se profirió a favor de la comunidad de hecho
conformada por Orlando Buitrago Ballesteros, Jaime Ramiro Vanegas Espinosa y Raúl
Ulloa Arias.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la solicitud de amparo.
La Sala anticipa que confirmará el fallo impugnado, pero por las razones expuestas en
esta instancia, en atención a que solo se configuró la falta de legitimación en la causa por
activa del señor Luis Reiver Díaz Amado y, en lo demás, la acción es improcedente por
incumplir el requisito de relevancia constitucional, en la medida en que la demanda de
tutela reitera argumentos que fueron expuestos y decididos en el proceso de reparación
directa.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la legitimación en la causa por activa, (iii) la
acción de tutela contra providencias judiciales, (iv) la relevancia constitucional y, (v)
análisis del caso concreto.
2. La legitimación en la causa por activa
Según el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela «podrá ser ejercida
por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante». Al respecto, en
sentencias T-511 de 2017 y T-005 de 202210, la Corte Constitucional señaló que la
legitimación en la causa es uno de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela.
Por consiguiente, de no satisfacerse este requisito, el juez deberá declarar improcedente
el amparo solicitado.
La legitimación en la causa por activa en materia de tutela se refiere a exigir que quien
actúa sea el titular de los derechos invocados como supuestamente vulnerados. En
sentencia T-105 de 2020, la Corte Constitucional explicó que «quien demanda tiene
legitimidad en la causa por activa cuando es titular de los derechos fundamentales
vulnerados o está en capacidad de actuar en representación de otras personas a quienes
les es imposible defender sus derechos directamente».
A partir de los artículos 86 de la Constitución Política y 10 del Decreto 2591 de 1991,
también puede establecerse que la acción de tutela puede ser ejercida directamente por
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el titular del derecho presuntamente vulnerado o por un tercero que actúe en su
nombre. Sobre esta última posibilidad, la Corte Constitucional ha determinado que quien
actúa en nombre de otro puede hacerlo como: «(i) representante legal del titular de los
derechos, (ii) apoderado judicial, (iii) agente oficioso y (iv) defensor del pueblo o
personero municipal»11.
La Corte Constitucional también ha determinado que la condición de parte o interviniente
en el proceso en que se dictó la providencia acusada es determinante para efectos de
analizar la legitimación en la causa. En sentencia SU-173 de 2015, la Corte declaró la
falta de legitimación de la causa por activa del demandante que presentó una acción de
tutela en contra de una providencia que anuló un laudo arbitral porque «carece de la
condición de “parte”, es decir de interés legítimo que lo vincule al proceso de anulación
de laudo arbitral del cual predica un defecto que vulnera el debido proceso».
3. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales1 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos2 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
4. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-004, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
1
Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir
directamente en la decisión objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la
amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
2
Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
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En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
5. Análisis del caso concreto
5.1. Sobre la legitimación en la causa por activa
En el presente caso, los accionantes pretenden que se deje sin efectos la sentencia del
16 de junio de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
en cuanto negó el reconocimiento de perjuicios a título de daño emergente.
Antes de examinar la procedencia material de la acción, corresponde a la Sala verificar
si los señores Luis Reiver Díaz Amado, Jaime Ramiro Vanegas Espinosa y Raúl Ulloa
Arias cuentan con legitimación en la causa por activa para promoverla, análisis que debe
hacerse de manera diferenciada respecto de cada uno, dada la distinta situación procesal
que tuvieron en el proceso de reparación directa.
Falta de legitimación de Luis Reiver Díaz Amado
Respecto del señor Luis Reiver Díaz Amado, la Sala advierte que no cuenta con
legitimación en la causa por activa para promover la presente acción, por las siguientes
razones acumulativas.
En primer lugar, no otorgó poder especial al señor Orlando Buitrago Ballesteros para la
gestión judicial o extrajudicial de la controversia, a diferencia de los señores Vanegas
Espinosa y Ulloa Arias, quienes sí lo hicieron.
En segundo lugar, no fue reconocido como demandante en el auto admisorio de la
demanda del 25 de agosto de 2011 proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare.
Si bien el escrito de la demanda de reparación directa lo mencionó como integrante de la
denominada "sociedad de palabra" conformada para el cultivo de arroz, esa mera
enunciación no se tradujo en una vinculación procesal formal.
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En tercer lugar, el material probatorio recaudado en el proceso desvirtuó su calidad de
socio de hecho. En efecto, en las declaraciones rendidas por los señores Vanegas
Espinosa, Ulloa Arias y el propio Buitrago Ballesteros, quedó establecido que la sociedad
de hecho la conformaban únicamente estos tres, sin que se incluyera al señor Díaz
Amado entre sus integrantes. Por ello, la sentencia atacada lo trató exclusivamente como
administrador de la finca "Los Deseos" y como testigo del proceso, calidades que no le
confieren ningún derecho sustancial sobre la indemnización reconocida.
Así las cosas, el señor Díaz Amado no fue parte formal del proceso de reparación directa,
no fue reconocido por la providencia cuestionada como titular del derecho a la
indemnización, ni tiene la calidad de socio de la sociedad de hecho que sufrió el daño
antijurídico. En esas condiciones, ninguna afectación directa, personal y actual derivada
de la sentencia cuestionada puede predicarse respecto de él, lo que conduce a declarar
su falta de legitimación en la causa por activa.
Legitimación de Raúl Ulloa Arias y Jaime Ramiro Vanegas Espinosa
Situación diferente se presenta respecto de los señores Raúl Ulloa Arias y Jaime Ramiro
Vanegas Espinosa, quienes, contrario a lo afirmado por el juez de tutela de primera
instancia, sí cuentan con legitimación en la causa por activa para promover la presente
acción.
En primer lugar, de la revisión del expediente del proceso de reparación directa, se
advierte que ellos otorgaron poder especial al señor Orlando Buitrago Ballesteros para
que, en su nombre y representación, adelantara las reclamaciones judiciales y
extrajudiciales necesarias para obtener la indemnización por los daños causados al
cultivo de arroz. La propia sentencia atacada da cuenta de este hecho cuando reconoce
que ellos otorgaron poder con facultades amplias de disposición de los derechos en
disputa, incluyendo conciliar, transigir, renunciar y cobrar.
En segundo lugar, fueron expresamente reconocidos como demandantes en el auto
admisorio del 25 de agosto de 2011, proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare,
lo que les confirió calidad formal de parte durante toda la primera instancia.
En tercer lugar, la sentencia del Tribunal Administrativo de Casanare del 9 de marzo de
2017 reconoció la indemnización a favor de "la comunidad de hecho conformada para el
cultivo de arroz, por los demandantes Orlando Buitrago Ballesteros, Jaime Ramiro
Vanegas Espinosa y Raúl Ulloa Arias", lo que confirma que en primera instancia fueron
beneficiarios nominados y directos de la condena.
Luego, aun cuando la sentencia atacada modificó la decisión de primera instancia para
conceder la condena únicamente a favor del señor Buitrago Ballesteros, la propia
providencia les reconoció un interés legítimo sustancial sobre la indemnización al dejar
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expresamente a salvo, en sus consideraciones, "la posibilidad que estos señores tienen
de reclamar parte de la eventual indemnización al señor Orlando Buitrago Ballesteros, de
conformidad con el acuerdo privado celebrado entre ellos".
Siendo así, si la propia sentencia cuestionada admite que los señores Ulloa Arias y
Vanegas Espinosa conservan un derecho sustancial sobre la indemnización derivado del
acuerdo asociativo, mal podría negárseles legitimación para acudir a la acción de tutela
con el fin de cuestionar el modo en que esa indemnización fue cuantificada o reconocida.
El interés legítimo sobre la condena es precisamente lo que sustenta la afectación directa,
personal y actual que la jurisprudencia constitucional exige para habilitar la legitimación
de terceros en la tutela contra providencia judicial.
En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que “la legitimación en la causa exige que
la persona que ejerce la tutela tenga “interés directo y particular” respecto de la solicitud
de amparo que presenta ante el juez constitucional, “de manera que pueda establecerse
sin dificultad, que lo reclamado es la protección de un derecho fundamental del propio
demandante y no de otro”. Conforme a lo expuesto, al examinar el requisito de
legitimación en la causa por activa, el juez debe de verificar la existencia de un interés
directo y particular en cabeza del accionante, para lo cual resulta necesario analizar si
“los derechos a resguardar est[á]n en cabeza del accionante y no, en principio, de otra
persona”3, presupuestos que, al ser analizados en este caso, se encuentran acreditados,
pues, como se indicó, los señores Ulloa Arias y Vanegas Espinosa reclaman un derecho
que les es propio.
5.2. Sobre la relevancia constitucional
Si bien la parte actora adujo que la providencia del 16 de junio de 2025, dictada por el
Consejo de Estado – Sección Tercera- Subsección A, incurrió en defecto fáctico,
sustantivo y violación directa de la constitución, al modificar el fallo que accedió
parcialmente a las pretensiones en el proceso de reparación directa instaurado para
discutir la responsabilidad de Ecopetrol y el Oleoducto de los Llanos Orientales S.A., en
la pérdida de 255 hectáreas de cultivo de arroz sembrados en el inmueble de propiedad
de Orlando Buitrago Ballesteros y demás daños sufridos con la construcción del
oleoducto sobre dicho inmueble, lo cierto es que sustenta la demanda de tutela en
argumentos expuestos y decididos en el proceso ordinario, toda vez que insisten en
discutir la valoración probatoria efectuada por los jueces de instancia para determinar el
daño sufrido y su indemnización. Veamos.
En el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra el fallo del 9 de
marzo de 2017, dictado por el Tribunal Administrativo de Casanare, señaló lo siguiente:
3 Sentencia T-320 de 2021.
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1. La sentencia omitió pronunciarse y/o condenar sobre los daños causados sobre 30 has., de arroz
que hacían parte del lote uno y que se perdieron por encharcamiento, como quedó claro con la
inspección judicial anticipada y el dictamen pericial, pues solo se condenó al pago de 220 HA, que
corresponden a los lotes 2, 3 y 4 que quedaron al otro lado de la línea del oleoducto, pero nada dijo
respecto si condenaba o no; y por qué no sobre las precitadas 30 Has, que hacían parte de lote 1,
de marras, como se observa .
2. Se negó la pretensión de lucro cesante futuro, por no poder cultivar arroz en el predio, lo cual tan
solo se logró a partir del año 2012 nuevamente, a la espera de la estabilización del derecho de vía
que permitiera el paso al otro lado de la misma, sin que en la parte considerativa se analizara este
preciso asunto, o dijera por qué no era procedente su condena.
3. Tampoco hubo pronunciamiento en la parte considerativa de la sentencia, respecto de la causa
por la que serían negadas las pretensiones cuarta y quinta de la demanda objeto de controversia,
pues es un hecho cierto que se dio una mayor ocupación del área afectada con la servidumbre sin
que por ello hubiere habido pago de indemnización alguna, y además que, por haberse dividido el
predio en dos con dicha servidumbre, la finca perdió su valor comercial en por lo menos el 20%, pues
ya su uso y explotación quedó limitado y afectado de por vida con la misma, sin que tal aspecto haya
sido indemnizado por Ecopetrol. (Minusvalía)
4. Las demandadas, con apoyo del agrónomo Jorge Aranzazu, censuran el rendimiento por Ha,
dictaminado por el perito, pero en la misma literatura sobre arroz Orquídea 1, que anexan como
soporte de dicha experticia, se determina un rendimiento por Ha, en Casanare de 7.380 K/Ha, es
decir, muy superior a la dada o tomada por el dictamen que pretende censurar (fol. 490 Cuaderno
1), e incluso de la dada por Fedearroz, agremiación esta experta en la materia.
El perito Aranzazu acepta la producción de 95 bultos por Ha que dictaminó Reniel Figueredo, en
cultivos ideales Fol.483 Cl, es decir, le da la razón a Figueredo, pues no ha habido prueba de que el
desarrollo del cultivo no haya sido el ideal; por el contrario, de la inspección ocular y el dictamen
como prueba anticipada se extracta que su desarrollo era normal, máxime cuando la abonada ,
fumigada y cuidado del cultivo es óptima; también lo es la producción, inclusive para cualquier tipo
de terreno.
Dicha producción la ratificó el Dane en su página de internet vtfww.dane.gov.co. con base en
información suministrada por Fedearroz, primer semestre de 2009, donde para Casanare determinó
un rendimiento promedio de 6.02 toneladas por Hectárea, equivalente a 96, 32 bultos por Ha, lo que
ratifica la pericia de Reinel Figueredo. Dato éste de suma importancia, que desde luego favorece
ampliamente a la parte actora que represento.
Con base en el dictamen pericial y en especial los precios de costos promedio de producción y de
comercialización establecidos por Fedearroz, y promedio de producción para el primer semestre del
año 2009, junto con las pruebas referidas anteriormente de la misma demandada, bien se hubiere
podido proferir una sentencia condenatoria en concreto, como ha debido ser y que aún se pueden
tomar los correctivos que en derecho corresponda en esta instancia o inclusive de manera oficiosa
para un mejor proveer de las partes y en aras de los principios de celeridad y de economía procesal.
En el mismo sentido, la demanda de tutela indica lo siguiente:
Analizados los motivos que expuso la SALA para sustentar la DECISIÓN de la sentencia de
segunda instancia, y del AUTO que rechazó la solicitud de adición y/o aclaración propuesta por
la parte actora, es evidente que la SALA incurrió en un YERRO ostensible, flagrante y manifiesto,
en la valoración de las siguientes pruebas, que legalmente fueron incorporadas al proceso.
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i. [d]el “INFORME DE PERITAJE PARA DETERMINAR DAÑOS SI LOS HAY DEL PASO DEL
OLEODUCTO LLANOS ORIENTALES” emitido por la Lonja de Propiedad Raíz de Yopal, a través
del perito evaluador Reinel Figuereo Rodríguez con apoyo de Juan Esteban Carvajal Amaya.
ii. Los Anexos aportados en el informe técnico que probaban los gastos incurridos en el proyecto
agrícola y que justificaban la CONCLUSIÓN del informe técnico pericial.
iii. Las declaraciones rendidas por LUIS REIVER DIAZ AMADO, RAUL ULLOA ARIAS, JAIME
RAMIRO VANEGAS y ORLANDO BUITRAGO BALLESTEROS, en las que manifestaban los
aportes realizados por cada uno de ellos en el proyecto agrícola frustrado y de las deudas
contraídas como consecuencia directa de la frustración del proyecto agrícola.
(…)
INDEBIDA VALORACION DE LA CONCLUCION DEL INFORME TECNICO PERICIAL
La SALA estableció de manera irracional, que los peritos por medio del informe pericial,
realizaron un ejercicio técnico orientado a solo estimar la utilidad neta esperada del proyecto
agrícola, pasando por alto la CONCLUSION a que estos arribaron, en la que claramente
determinaron, que el valor de los daños económicos ocasionados al cultivo de arroz en la finca
los Deseos, fue por MIL CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
MLCTE ($ 1.041.250.000,00) en donde claramente ilustraron que dicho valor fue el resultado de
la suma de NOVECIENTOS TRECE MILLONES SEISMIL PESOS MLCTE ($ 913.006.000,00)
concernientes a los gastos llevados a cabo en las 250 hectáreas del cultivo de arroz frustrado) y
de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS
MLCTE ($ 128.244.000,00) concernientes a la utilidad dejada de percibir por la frustración de
250 hectáreas de cultivo de arroz.
(…)
Si bien, la parte actora tuvo en cuenta la conclusión arrojada en el informe técnico, no se pierde
de vista, que dicha conclusión tuvo en cuenta para su proyección, los gastos incurridos por la
parte demandante en el proyecto agrícola, en ella, tuvo de presente, las facturas de AGROCOM,
las facturas de ASAM, las inversión/aporte realizado por el señor JAIME RAMIRO VANEGAS en
relación a la preparación de tierra “rastreada, rastrillada, nivelada, siembra, mecanizada, tapada,
caballoneada, amortiguación de herramienta” trabajos realizados con maquinaria de su
propiedad; igualmente, el dictamen tuvo en cuenta la inversión/aporte del señor ORLANDO
BUITRAGO en relación con el arriendo de la tierra, que aun siendo la tierra propiedad de él, fue
una inversión que no hizo a titulo gratuito.
Aunado con lo anterior, la SALA no tuvo en cuenta que el ejercicio realizado por los peritos en el
dictamen pericial para hallar y determinar los daños económicos causados al cultivo de arroz, no
perdió de vista las inversiones realizadas por el señor RAUL ULLOA, en dinero y en transporte
de semilla, información que fue manifestada en su DECLARACION. parte de sus aportes al
proyecto agrícola fueron 60 millones de pesos, sacados a modo de préstamo en el BANCO
AGRARIO, y dos camiones para el servicio de transporte que se necesitara en el proyecto
agrícola. en la misma declaración, el señor RAUL ULLOA manifiesta que debido al no pago de
dicho crédito, perdió todos sus bienes “casa y camiones”.
La SALA, no valoro en conjunto todos estos medios de convicción que demostraban las
inversiones incurridas por la sociedad de hecho en el proyecto agrícola frustrado, sino se limitó
a concluir, “que para condenar a las demandadas por concepto DAÑO EMERGENTE, no bastaba
con “suponer” que se habían causado tales erogaciones”. Contrario a esta manifestación de la
SALA, como se puede observar en los medios probatorios legalmente incorporados, la solicitud
de condena por concepto de DAÑO EMERGENTE no se basó en simples “suposiciones” sino
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que fueron inversiones y erogaciones confirmadas por los medios de convicción debidamente
expuestos en el proceso.
(…)
II. obtuvo conocimiento por medio de las pruebas legalmente incorporadas al proceso, de las
inversiones llevadas a cabo por la sociedad de hecho en las 250 hectáreas del frustrado cultivo
de arroz, entre estas; las facturas de AGROCOM por compra de herbicidas, insecticidas,
fungicidas, coadyuvantes, fertilizantes, semilla y facturas de A.S.A.M. por compra de servicios
de fumigación aérea, documentos anexados al “informe Técnico Pericial en el que se determino
los daños económicos causados al cultivo de arroz”, igualmente, el Oficio del 04 de septiembre
de 2009 suscrito por el director de la Agencia Agropecuaria de Comercio “AGROCOM”
documento anexado al referido informe pericial. aparte de lo anterior, tuvo conocimiento de las
DECLARACIONES rendidas por los miembros de la SOCIEDAD de hecho el que exponían los
aportes e inversiones hechas por cada uno de ellos al cultivo agrícola frustrado. además, algunos
de ellos, como es el caso de LUIS REIVER DIAZ AMADO y RAUL ULLOA ARIAS, manifestaron
de las deudas contraídas por la frustración del proyecto agrícola, así como de los embargos y
perdidas de bienes patrimoniales generado por las obligaciones insolutas a causa de la
frustración de las 250 hectáreas de cultivo de arroz.
III. Si para la SALA los medios de convicción legalmente incorporados al proceso no eran
suficientes para establecer la cuantía de los daños y perjuicios ocasionados al cultivo de 250
hectáreas de arroz, determinada por los demandantes en 1.041.250.000,00; mal hizo la SALA
en no condenar en ABSTRACTO.
Sin embargo, esos argumentos ya fueron resueltos en la providencia cuestionada, así:
Al respecto, debe precisarse que, aunque las facturas que sirvieron como fundamento del dictamen
pericial (fls. 67 a 143) fueron expedidas a nombre del señor Luis Reiver Díaz Amado, lo cierto es que
los testimonios de los señores Jaime Orlando Vanegas Espinosa, Raúl Ulloa Arias y el mismo Luis
Reiver Díaz Amado son unánimes al señalar que la dirección del proyecto agrícola estaba a cargo
de este último, en la medida en que era el administrador de la finca “Los Deseos”. Para la época de
los hechos, el administrador tenía a su cargo la compra de insumos y la coordinación de todas las
labores inherentes al cultivo de arroz; de ahí que no resulte extraño que las facturas se expidieran a
su nombre y no a nombre del propietario de la finca.
Por otra parte, no es razonable exigir que las facturas hubiesen sido expedidas con expresa
indicación de la finca en la que se iban a utilizar los insumos comprados, pues esto no corresponde
a una exigencia establecida en alguna norma de carácter mercantil o tributaria, ni a una práctica
comercial que haya sido objeto de prueba en el presente proceso.
En lo tocante a la determinación de los rubros que componen la estructura de costos del proyecto
agrícola, destaca la Sala que todo dictamen debe tener solidez, claridad, exhaustividad y precisión
en sus fundamentos, de manera que al juez le compete realizar una evaluación crítica del mismo, a
efectos de que puedan determinarse con precisión aquellos aspectos que son materia de litigio y
escapan del ámbito de conocimiento técnico del fallador.
Sin embargo, el juez no puede aceptar sin más las conclusiones del experto por el simple hecho de
que versa su investigación sobre un campo de conocimiento que no domina, pues quien detenta la
facultad de emitir la decisión de fondo no es el auxiliar de justicia, y por lo mismo, puede el juez
separarse de las conclusiones ofrecidas por el perito cuando no goza de los atributos señalados
previamente.
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Como ya se precisó, el señor Orlando Buitrago Ballesteros es el propietario de la finca “Los Deseos”
y del cultivo de arroz allí localizado. Por esa razón, el rubro correspondiente a “arriendo de tierra” no
es un costo que haya podido causarse en la ejecución del proyecto agrícola y, por lo mismo, debe
ser excluido de los cálculos sobre la determinación de las utilidades que son materia de litigio.
Caso contrario es lo que ocurre con los costos propios de la recolección del arroz y su transporte a
los molinos, pues lo que acá se indemniza corresponde a la utilidad proyectada para las 250 ha de
cultivo que se perdieron, lo cual implica que deben sumarse todos los costos que se hayan causado
efectivamente, junto con aquellos que, pese a no haberse causado al momento en que se perdió el
cultivo, eran imprescindibles para llevar el proyecto agrícola hasta la ulterior etapa de
comercialización, que es lo que precisamente ocurre con los gastos en mención.
En lo tocante a la inclusión de unas cantidades de insumos superiores, se advierte que para la
elaboración del dictamen de contradicción no se realizó una evaluación técnica, y en campo, sobre
el cultivo afectado, sino que simplemente se efectuó una revisión documental del dictamen de la
parte demandante y se visitó el predio casi tres años después de la ocurrencia de los hechos, cuando
ya no se podían verificar las condiciones del cultivo materia de litigio. Esta situación impide el
conocimiento preciso acerca de las reales necesidades que la plantación de arroz tenía en cuanto a
la aplicación de los insumos en cuestión, lo que afecta la credibilidad de lo señalado por el peritaje
de contradicción sobre la supuesta necesidad de aplicar insumos en menores cantidades.
En todo caso, debe precisarse que este aspecto de la tesis de defensa en realidad redunda en
resultados positivos para la parte demandante, pues en la medida en que hubiese tenido que
emplearse menores cantidades de materias primas, los costos del proyecto hubiesen sido menores
y el margen de utilidad -que es lo que acá se pretende- mayor, puesto que ambas partes coinciden
en realizar los cálculos sobre la venta del arroz con base en el precio certificado por Fedearroz (fls.
60).
Finalmente, se precisa que sí existen errores aritméticos en la sumatoria de los costos directos e
indirectos efectuada en el dictamen pericial aportado con la demanda y que tasó los perjuicios.
En este punto, la Sala precisa que, aunque en el dictamen pericial se estableció una cifra muy
superior por el mismo concepto, lo cierto es que esto se hizo a partir de la sumatoria de los costos
totales con la utilidad esperada, así:
Sin embargo, este cálculo es erróneo, pues, aunque el valor de venta del cultivo de arroz pueda acercarse
a esa cifra, lo cierto es que para el reconocimiento del lucro cesante deben hacerse las deducciones
correspondientes a los costos del proyecto agrícola, debido a que estos rubros no corresponden a la utilidad
esperada.
Cabe agregar que las anteriores consideraciones fueron reiteradas en el auto de 1.ª de
septiembre de 2025, en el que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
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negó la solicitud de aclaración y adición de la sentencia elevada por la parte actora
accionante para discutir los argumentos con base en los cuales la Corporación consideró
que debían tasarse los perjuicios reconocidos.
Como se ve, la parte actora formuló en la acción de tutela inconformidades que coinciden
con las que expuso en la acción de reparación directa. En efecto, la parte actora reabre
los temas relativos a la manera como debieron ser reconocidos los perjuicios a su favor.
Por consiguiente, resulta evidente que la tutela busca revivir la discusión propuesta en el
proceso de reparación directa. En últimas, los demandantes pretenden imponer su criterio
en cuanto a la determinación de los perjuicios en su caso.
Siendo así, como se expuso, aunque los demandantes alegan que la providencia objeto
de tutela vulneró derechos fundamentales e incurrió en defecto fáctico, sustantivo y
violación directa de la constitución, lo cierto es que, en últimas, lo que pretende es que
se reabra el debate respecto del monto de los perjuicios.
La acción de tutela es un valioso instrumento para proteger derechos fundamentales, que
no puede utilizarse como una instancia adicional para obtener una opinión jurídica diversa
o tratar de imponer una decisión distinta a la adoptada por las autoridades jurisdiccionales
de instancia.
Con mayor razón, si se tiene en cuenta que quien dictó la sentencia cuestionada fue el
órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, evento en el que los
requisitos de procedibilidad son más estrictos. Así lo explicó la propia Corte
Constitucional, en la sentencia T-398 de 2017.
Cuando se trata de una acción de tutela contra una providencia de la Corte Suprema de Justicia o
del Consejo de Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en manifestar que los
requisitos de procedibilidad son más estrictos, pues se trata de decisiones judiciales de los órganos
de cierre de la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa, quienes se encargan de unificar
jurisprudencia. Por ello, “la tutela contra providencias judiciales de las Altas Corporaciones es más
restrictiva, en la medida en que solo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la
Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control
abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige
la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás eventos, los principios de autonomía
e independencia judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus
respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando
el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión.
En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia impugnada amerita ser
confirmada en cuanto declaró la improcedencia de la acción, pero por las que han
quedado explicadas.
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Radicado: 11001-03-15-000-2029-00944-01
Demandante: Raúl Ulloa Arias y otros
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, pero de conformidad con lo expuesto en esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Aclaro voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador4
4 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,
a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones "mejoradas" del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
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Radicado: 11001-03-15-000-2029-00944-01
Demandante: Raúl Ulloa Arias y otros
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el
funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1.; y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, "por el
cual se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial".
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