Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 85001-23-31-000-2011-00117-03
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 85001-23-31-000-2011-00117-03
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 85001-23-31-000-2011-00117-03
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
16 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 58001-23-31-000-2011-00117-03 (59464)
Demandante: ORLANDO BUITRAGO BALLESTEROS Y OTROS
Demandado: ECOPETROL S.A. Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: Jurisdicción competente para el conocimiento del proceso de resarcimiento de
perjuicios por el ejercicio de la servidumbre de hidrocarburos / Responsabilidad del Estado
por la ejecución de una obra pública.
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes en contra de la
sentencia del 9 de marzo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de
Casanare.
SÍNTESIS DEL CASO
Se pretende el reconocimiento de los perjuicios materiales derivados de la ejecución
de la obra pública inherente al ejercicio de una servidumbre voluntaria de
hidrocarburos pactada mediante la escritura pública No. 466 del 22 de agosto de
2008 de la Notaría Única de Monterrey, Casanare.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 29 de julio de 2011, el señor Orlando Buitrago Ballesteros presentó demanda de
reparación directa en contra de la Empresa Colombiana de Petróleos S.A. –
Ecopetrol S.A. y la sociedad Oleoducto de los Llanos Orientales S.A. – ODL S.A.,
con el fin de que se les declare responsables por los perjuicios materiales que le
fueron irrogados con la ejecución de la obra civil de instalación de un oleoducto
subterráneo en un predio de su propiedad. Específicamente, se formularon las
siguientes pretensiones:
Primero: Declarar administrativa y extracontractualmente responsable en forma
solidaria a la Empresa Colombiana de Petróleos S.A. “ECOPETROL S.A.”, y
empresa OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES S.A., de los daños y
Radicación: 85001-23-31-000-2011-00117-03 (59464)
Actor: Orlando Buitrago Ballesteros y otros
Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa
perjuicios causados al señor Orlando Buitrago Ballesteros, en su condición de
propietario del predio ubicado en el municipio de Tauramena – Casanare,
vereda El Güira, denominada Los Deseos, con la pérdida de 255 hectáreas de
cultivo de arroz de su propiedad sembrados en el citado inmueble, y además
daños sufridos con la construcción del oleoducto que sobre dicho inmueble
construyeron las demandadas.
Segundo: Se condene a las demandadas a pagar al señor Orlando Buitrago
Ballesteros, la suma de Mil Cuarenta y Un Millones Cincuenta Mil Pesos mcte.
($1.041’250.000) o lo que resulte probado, por concepto de daños y perjuicios
ocasionados con la pérdida de aproximadamente 255 hectáreas de arroz, que
tenía cultivado en su finca Los Deseos.
Tercero: Se condene a las demandadas a pagar el lucro cesante futuro como
daños ocasionados al no poder cultivar arroz en aproximadamente 255
hectáreas de terreno, durante mínimo cinco cosechas, a razón de
$110.000.000, por cosecha, o lo que resulte probado, las cuales quedaron
aisladas sin vía de acceso y además sin la posibilidad de regarlas con agua, su
principal elemento para este tipo de cultivos.
Cuarta: Se condene a las demandadas a pagar $200.000.000, o el valor que
resulte probado como daños y perjuicios causados por la ocupación temporal
de aproximadamente cuatro hectáreas de terreno que fueron ocupadas y sus
pastos y capa vegetal destruidos con la construcción del oleoducto, área no
amparada por el derecho de vía.
Quinta: Se condene a las demandadas a pagar $400.000.000, o el valor que
resulte probado como daños y perjuicios causados por la pérdida del valor
comercial de la finca Los Deseos, con ocasión de las obras de construcción del
oleoducto que afectaron negativamente su valor comercial, en especial con las
obras que impiden el paso de maquinaria y equipos al resto de la finca y así el
drenaje de las aguas a dicho sector.
Como fundamento fáctico de la demanda, se adujo que el señor Orlando Buitrago
Ballesteros es propietario del inmueble denominado “Finca Los Deseos”, ubicado
en el municipio de Tauramena, Casanare, con un área total de 391 ha y 7.145,64
m2, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 470-83044 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Yopal.
Mediante escritura pública No. 446 del 22 de agosto de 2008, el señor Buitrago
Ballesteros constituyó, en favor de Ecopetrol S.A., servidumbre de oleoducto y
tránsito para la construcción de un tubo de transporte de petróleo crudo; sobre una
faja de terreno de 2.155 metros de largo por 20 metros de ancho.
En ejercicio de esa servidumbre se realizaron labores de excavación de zanjas,
remoción de tierras y adecuación del suelo, pero en la ejecución de dichas tareas
hubo varias anomalías, pues (i) se usaron franjas de terreno que no estaban
2
Radicación: 85001-23-31-000-2011-00117-03 (59464)
Actor: Orlando Buitrago Ballesteros y otros
Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa
autorizadas en la servidumbre -20 metros de ancho adicionales al área pactada
inicialmente-, (ii) se dejaron montículos de tierra a lado y lado del área intervenida -
lo que causó afectaciones a capa vegetal y 35 ha de cultivo de arroz- y (iii) se dejó
incomunicado internamente el predio, pues al culminarse la instalación del
oleoducto subterráneo el área intervenida quedó inestable y empantanada, lo que
impidió la circulación de agua, maquinaria e insumos de lado a lado en el predio, y
esto ocasionó la pérdida de 220 ha de cultivos de arroz.
Según se explica en la demanda, el señor Orlando Buitrago tenía “una sociedad de
palabra1” con los señores Jaime Orlando Vanegas Espinosa, Raúl Ulloa Arias y Luis
Reiver Díaz Amado, en virtud de la cual se asociaron para llevar adelante el cultivo
de arroz en el predio antes identificado. En el inmueble se sembraron 220 hectáreas
conformadas por tres lotes ubicados al costado izquierdo del área de la
servidumbre: (i) Lote 2: 55 ha; (ii) Lote 3: 10 ha y (iii) Lote 4: 55 ha; aptas para ser
cosechadas “la segunda semana de agosto de 2009” y respecto de las cuales se
alegan las afectaciones en la demanda. A su vez, en el denominado Lote 1,
localizado en la otra margen de la servidumbre, se sembraron 160 ha de arroz, que
pudieron ser explotadas con normalidad.
2. Trámite en primera instancia
Mediante providencia del 25 de agosto de 2011 (fl. 274), el Tribunal Administrativo
de Casanare admitió la demanda que fue notificada en debida forma a las partes y
al Ministerio Público.
Ecopetrol S.A. (fl. 360) y la sociedad Oleoducto de los Llanos Orientales S.A. (fl.
703) se opusieron a la prosperidad de las pretensiones, mediante la formulación de
escritos separados, pero cuyo contenido es exactamente igual.
Específicamente, las demandadas cuestionaron la legitimación en la causa por
activa del señor Orlando Buitrago Ballesteros, al considerar que el negocio jurídico
en virtud del cual se hizo dueño está viciado de nulidad. Afirmaron que el predio,
cuya naturaleza era baldía, fue vendido al señor Buitrago Ballesteros 5 meses
después de haber sido adjudicado por el INCODER al señor Jorge Abdón Moreno
1
De conformidad con la demanda, los señores Jaime Orlando Vanegas Espinosa y Raúl Ulloa Arias
confirieron poder especial al señor Orlando Buitrago Ballesteros para que, en su nombre y
representación, adelantara las reclamaciones judiciales o extrajudiciales a que hubiera lugar, con el
fin de obtener la indemnización correspondiente por los daños causados a sus cultivos, con ocasión
de la construcción de oleoducto de los llanos orientales.
3
Radicación: 85001-23-31-000-2011-00117-03 (59464)
Actor: Orlando Buitrago Ballesteros y otros
Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa
Aguirre; situación que, afirman, contravino la prohibición de enajenación establecida
en el artículo 7 de la Resolución 001743 del 7 de diciembre de 2007 -acto
administrativo de adjudicación-.
En esta misma línea, afirmaron que carecen de legitimación en la causa por pasiva,
toda vez que quien construyó, instaló y probó la línea del oleoducto fue el Consorcio
Rubiales – Monterrey C.R.M., conformado por SPIEM-CAPAG e ISMOCOL DE
COLOMBIA S.A. y en esa medida son esas empresas las llamadas a responder con
su patrimonio por los eventuales daños causados a terceros.
También adujeron que la obra en comento no imposibilitó el tránsito del personal y
la maquinaria necesaria para la atención y aprovechamiento del cultivo. De hecho,
relataron que es posible observar las diferentes actividades agrícolas que se
realizaron en ambos lados de la servidumbre, al momento de la construcción de la
infraestructura, así como la adecuación de la obra para permitir el acceso de los
demandantes a la zona de siembra.
Sobre el daño alegado, cuestionaron las condiciones técnicas y físicas del cultivo y
del terreno en el que estaba sembrado. Afirmaron que el inmueble objeto de litigio
no tenía las condiciones aptas para cultivar arroz, entre otras circunstancias, porque
nunca se había labrado la tierra -dada su naturaleza baldía-. Además, señalaron
que (i) las zonas que habían sido sembradas no contaban con vías de acceso que
facilitaran el ingreso de personal y maquinaria necesaria para la atención de la
siembra y (ii) no había un sistema de riego o drenaje que permitiera el flujo del agua,
lo que podría ocasionar las inundaciones y represamiento.
Finalmente, señalaron que la actuación de los demandantes fue temeraria, toda vez
que: (i) aun teniendo conocimiento de la eventual construcción del oleoducto
sembraron los cultivos; (ii) la presunta ocupación alegada por los demandantes
obedeció a una expresa autorización suscrita entre el propietario de la finca -
Orlando Buitrago Ballesteros- y las demandadas, la cual fue protocolizada mediante
un acta de reconocimiento de daños2 y la escritura pública mediante la que se
constituyó la servidumbre petrolera3; (iii) antes de iniciar el presente proceso, los
demandantes presentaron una reclamación económica4 por los supuestos daños
causados por un valor muy inferior a lo que pretenden ahora; (iv) la reclamación que
2
Respecto de la que se pagó la suma de $5.800´000.000.
3
Respecto de la que se pagó la suma de $8.300’000.000.
4
Por valor de $179’972.472.
4
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Actor: Orlando Buitrago Ballesteros y otros
Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
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da origen al presente asunto puede estar fundada en «la crisis profunda [que sufrió]
el sector arrocero en Colombia» en el 2009.
En proveído del 16 de septiembre de 2015 se abrió a pruebas el proceso y una vez
concluido ese período se dio traslado a las partes para alegar de conclusión.
3. La sentencia impugnada5
Mediante sentencia del 9 de marzo de 2017, el Tribunal Administrativo de Casanare
accedió parcialmente a las pretensiones, así:
Primero: Declarar la prosperidad parcial de la objeción a la prueba
pericial emitida por el auxiliar de la justicia Reinel Figueredo Rodríguez
en cuanto a la categoría del suelo del predio Los Deseos y en relación
con la contabilización de costos, por las razones indicadas en la
motivación.
Segundo: Declarar imprósperas las excepciones propuestas por las
demandadas, acorde con lo señalado en las consideraciones.
Tercero: Declarar solidaria, administrativa y extracontractualmente
responsables a Ecopetrol y a Oleoducto de los Llanos Orientales por los
perjuicios causados a los demandantes con ocasión de la pérdida de
220 hectáreas del cultivo de arroz señalado en las consideraciones y de
acuerdo a lo expuesto en ellas.
Consecuencialmente a la anterior declaración condenar en abstracto a
Ecopetrol y a Oleoducto de los Llanos Orientales al pago de los
perjuicios que deberá cuantificarse a través de incidente que deberá
promover la parte actora en el término y demás previsiones señaladas
en el artículo 172 del C.C.A y normas concordantes, conforme a los
parámetros que se indican en la motivación respecto de la configuración
del daño resarcible. La condena se hace a favor de la comunidad de
hecho conformada para el cultivo de arroz, por los demandantes Orlando
Buitrago Ballesteros, Jaime Ramiro Vanegas Espinosa y Raúl Ulloa
Arias.
Cuarto: Negar las demás pretensiones de la demanda.
Quinto: No condenar en costas en la instancia.
Sexto: Ordenar devolver los excedentes de las sumas consignadas para
gastos del proceso si las hubiere, dejando las constancias de rigor.
Séptimo: Ordenar el archivo del expediente cuando esta providencia
quede en firme.
El Tribunal se refirió a la legitimación en la causa por activa, para señalar que el
contrato de compraventa, suscrito entre el señor Buitrago Ballesteros y Jorge Abdón
Moreno -a quien se le adjudicó el bien baldío-, no había sido declarado nulo, por lo
5
Obrante a folios 1837 – 1869 del cuaderno principal
5
Radicación: 85001-23-31-000-2011-00117-03 (59464)
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que tenía pleno efecto para acreditar la propiedad del bien y precisó que el debate
sobre la titularidad no guarda relación con la finalidad del presente litigio, ni se
encuentra comprendido por el objeto de esta jurisdicción.
Bajo este mismo presupuesto, afirmó que, si bien, la persona que interpuso la
demanda fue el señor Orlando Buitrago Ballesteros, lo cierto es que él actúa no solo
en condición de propietario del inmueble afectado, sino que lo hace como uno de
los socios del acuerdo verbal en virtud del cual varias personas aunaron esfuerzos
para llevar a cabo un cultivo de arroz en dicho inmueble. Sobre este aspecto, explicó
que tanto las pruebas documentales, como los interrogatorios de parte, daban
cuenta del acuerdo verbal en mención y del poder que le confirieron los señores
Jaime Orlando Vanegas Espinosa y Raúl Ulloa Arias al señor Buitrago Ballesteros
para que actuara en su representación en el presente proceso judicial.
También se precisó que el presente asunto debía ser estudiado bajo un régimen
objetivo de responsabilidad extracontractual, en atención a que las circunstancias
fácticas del caso aluden a los perjuicios ocasionados con la ejecución de una obra
pública.
Señaló que con la constitución de la servidumbre -escritura pública del 22 de agosto
de 2008- se hizo un reconocimiento de perjuicios al señor Orlando Buitrago
Ballesteros, pero que este acuerdo no podía entenderse como un contrato de
transacción, toda vez que los daños aquí reclamados no fueron objeto del citado
acuerdo.
Por otro lado, resaltó que, si bien, desde 2008 los demandantes tenían conocimiento
sobre la construcción del oleoducto, lo cierto es que esta situación “no implica que
[el propietario del bien] estuviera impedido para explotar el resto del predio […] en
la forma que él estimara pertinente […]”; razón por la que, pese a haber transcurrido
10 meses desde la constitución de la servidumbre -22 de agosto de 2008- sin que
hubieran iniciado las labores para la construcción de la infraestructura petrolera, era
posible que los demandantes iniciaran la siembra de sus cultivos de arroz, sin que
esto implicara una actuación temeraria.
Como fundamento de la acreditación del daño, afirmó que la inspección judicial
anticipada y su consecuente dictamen pericial, permiten tener certeza de las
afectaciones sufridas en los cultivos, toda vez que allí se expuso acertadamente el
área y el estado del terreno en el que se llevó a cabo la construcción de la línea del
oleoducto, así como la acumulación de montículos y costales de tierra -“en una
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altura de 1 a 2 metros”- producto de las excavaciones, las inundaciones aledañas a
la construcción, el lodo, el “puente” inservible y las plantaciones muertas.
Igualmente, relacionó las declaraciones de parte de los demandantes y los
testimonios de los señores Luis Reiver Díaz, Leonardo Calixto y José Benjamín
Rojas con el fin de determinar el área real y total que resultó afectada, siendo esta
de 220 hectáreas.
Por otro lado, destacó que el testimonio del señor José Daniel López Vega,
abogado, “nada prueba ni aclara sobre los cultivos de arroz” y los testimonios de
Luis Orlando Vastillo Gutiérrez y Lyda Yolima Barrera Monroy, llamados como
testigos técnicos y por haber realizado dos de los dictámenes periciales negados -
decisión confirmada en segunda instancia6-, no podrían tenerse en cuenta, toda vez
que (i) sus declaraciones versan sobre las actividades realizadas para efectuar la
prueba negada y (ii) el testimonio no está soportado en bases reales, pues la
experticia que rindieron se hizo 3 años después de ocurridos los hechos que dan
origen al presente asunto.
Ahora bien, respecto a la imputación del daño, señaló que, de las pruebas obrantes
en el expediente, era posible concluir que el predio objeto de estudio era apto para
la siembra de arroz y que, antes de la constitución de los cultivos afectados, había
sido tratado y adecuado técnicamente para llevar a cabo las cosechas que se
estudian.
Sobre este asunto, explicó que la prueba trasladada -inspección judicial compleja-
evidencia que la zona de la construcción del oleoducto dividió el predio en dos y que
en su mayoría estaba cubierta de agua, lodo y arrumes de tierra y costales ubicados
en 1 o 2 metros de altura.
Al respecto, señaló que, si bien, la construcción, instalación y pruebas de la línea
del oleoducto estaba a cargo del Consorcio Rubiales Monterrey -no vinculado al
proceso en tanto la Jurisdicción Contenciosa Administrativa carece de competencia
para conocer del llamamiento en garantía realizado7-, lo cierto es que, de las
pruebas obrantes en el expediente, es posible concluir que las demandadas son las
6
Esta Corporación negó, en segunda instancia, los peritajes realizados por los señores Lyda Barrera
y Luis Castillo, sin embargo, el Tribunal, a petición de la parte demandada, decretó en el auto de
pruebas, la práctica de sus testimonios técnicos. No obstante, al momento de proferir la decisión de
fondo consideró que no era procedente su valoración.
7
Decisión adoptada mediante auto del 6 de agosto de 2015, proferido por esta Corporación. MP
Hernán Andrade Rincón. Obrante a folios 1334 -1351 del cuaderno 4.
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Radicación: 85001-23-31-000-2011-00117-03 (59464)
Actor: Orlando Buitrago Ballesteros y otros
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beneficiarias de las obras de infraestructura y, por tanto, responsables de las
afectaciones causadas por la construcción.
En igual sentido, afirmó que no se acreditó la existencia de una causa extraña
respecto de la que se pudiera determinar la inexistencia de la relación causal entre
las afectaciones descritas y la construcción del oleoducto.
Finalmente, se refirió a los perjuicios y su cuantificación. Señaló que uno de los
dictámenes no podría ser tenido en cuenta, toda vez que el perito no asistió a la
audiencia de contradicción del mismo, y respecto al otro dictamen declaró la
prosperidad de dos objeciones por error grave, debido a que (i) la caracterización
del suelo del predio no corresponde a la clasificación agrológica que, para el
departamento del Casanare, ha realizado el Instituto Colombiano Agropecuario y
(ii) porque la contabilización de costos no tiene los soportes suficientes para
determinar con certeza la utilidad neta de los cultivos.
No obstante, aunque el estudio pericial que se llevó a cabo permitió identificar el
predio, los cultivos y las afectaciones a los mismos, lo cierto es que, a juicio del
Tribunal, no acreditó la cuantificación del perjuicio, razón por la cual consideró
procedente imponer una condena en abstracto en relación con la pérdida de 220
hectáreas de cultivo de arroz. Frente a los demás perjuicios señaló que no había
lugar a su reconocimiento debido a la ausencia de medios de convicción que los
soportaran.
4. De los recursos de apelación
4.1 . Recurso de apelación de la parte demandante8
Los demandantes afirmaron que el Tribunal omitió pronunciarse respecto a (i) los
daños causados a 30 hectáreas correspondientes al lote 1; (ii) el reconocimiento del
lucro cesante futuro; (iii) la ocupación de un área mayor respecto a la inicialmente
constituida y (iv) la desvalorización comercial del predio por la constitución de la
servidumbre.
Por otro lado, señalaron que, de la información contenida en el peritaje practicado
por el agrónomo Jorge Aranzazu -prueba aportada por las demandadas- y el
dictamen rendido por el perito designado en la prueba anticipada, Reinel Figueredo,
8
Obrante a folios 1920 – 1922 del cuaderno principal.
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Radicación: 85001-23-31-000-2011-00117-03 (59464)
Actor: Orlando Buitrago Ballesteros y otros
Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
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es posible determinar el rendimiento del cultivo por hectárea en el departamento de
Casanare; razón por la cual es procedente efectuar la condena en concreto.
Al respecto, señalaron que los dos peritajes concuerdan en que cada hectárea
estudiada corresponde a cultivos ideales que podían producir hasta 95 bultos;
«dicha producción, la ratificó el DANE, […] con base en información suministrada
por Fedearroz, el primer semestre de 2009, donde para Casanare determinó un
rendimiento promedio de 6.02 toneladas por Hectárea, equivalente a 96,32 Bultos
por ha, lo que ratifica la pericia de Reinel Figueredo».
4.2 . Recursos de apelación de las demandadas9
Como fundamento de su impugnación, las demandadas cuestionaron las
consideraciones expuestas por el Tribunal de primera instancia así:
• El señor Orlando Buitrago Ballesteros interpuso la acción que aquí se estudia con
el fin de que se le reconozcan los perjuicios derivados de la afectación sufrida al
predio de su propiedad. La decisión adoptada por el Tribunal, respecto al
reconocimiento de los perjuicios a favor de la «comunidad de hecho» impone una
condena extra petita; situación que vulnera el principio de congruencia de la
sentencia.
• La condena no es procedente, toda vez que no se demostraron los elementos
constitutivos de la responsabilidad. Más concretamente, no hay prueba de los
aportes que hizo cada uno de los demandantes a la “sociedad de hecho”, ni el
porcentaje de participación respecto a la producción de los cultivos afectados.
Además, porque no se demostró que la causa eficiente de las afectaciones sufridas
por los cultivos de arroz correspondiera a la construcción del oleoducto.
• El régimen de responsabilidad objetivo aplicado por el Tribunal para analizar las
circunstancias fácticas que dieron origen al presente asunto y su atribución a las
demandadas no es procedente, toda vez que el daño reclamado no proviene de una
ocupación de hecho -responsabilidad extracontractual-, sino de la constitución de
un derecho de servidumbre el cual fue concertado con el propietario del inmueble -
responsabilidad contractual-. Además, los daños que se generaron con la
constitución de la servidumbre fueron indemnizados, toda vez que, entre el
consorcio contratista de la obra y el propietario del inmueble sirviente se suscribió
9
Obrante a folios 1871 – 1919 del cuaderno principal.
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Radicación: 85001-23-31-000-2011-00117-03 (59464)
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un contrato de transacción que dejó a las accionadas a paz y salvo por los
eventuales perjuicios que se pudieran ocasionar respecto del derecho de
servidumbre.
• En el presente asunto se configuraron tres causales que eximen de
responsabilidad a las demandadas, a saber: (i) culpa exclusiva de la víctima por la
falta de planeación y conocimiento técnico y financiero para la ejecución del cultivo;
(ii) hecho de un tercero, toda vez que, en virtud del invierno que se presentó para la
época de los hechos -2009-, en la finca aledaña al predio se generó un
represamiento de agua lluvia, que luego de varios días inundó el inmueble objeto
de litigio; y (iii) fuerza mayor y caso fortuito, pues, de acuerdo con la información
suministrada por el IDEAM, para la época de los hechos “hubo una precipitación
atípica para dicho mes, […] donde hubo exceso de agua que impidió la labor de
recolección”.
• El Tribunal al no valorar los testimonios técnicos de los señores Lyda Yolima
Barrera y Luis Orlando Castillo Gutiérrez no tuvo los suficientes fundamentos
probatorios para evaluar las objeciones por error grave encontradas en los peritajes
aportados por el demandante.
5. Actuación en segunda instancia
Los recursos de apelación fueron concedidos en audiencia de conciliación y
admitidos el 8 de noviembre de 2017. Mediante auto del 11 de diciembre de 2017
se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para
que rindiera su concepto.
En esa oportunidad la parte demandante destacó las omisiones en que incurrió el
Tribunal al pronunciarse sobre los perjuicios que le fueron irrogados. A su vez, las
demandadas reiteraron los argumentos expuestos en el recurso de alzada,
señalando que el Tribunal incurrió en imprecisiones al realizar la valoración
probatoria respecto al dictamen practicado en la prueba anticipada. Al respecto
señalaron que, de valorar los testimonios solicitados, se podrían evidenciar las
deficiencias del peritaje y así determinar la falta de responsabilidad por ausencia de
daño y de nexo causal. El Ministerio Público guardó silencio.
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Radicación: 85001-23-31-000-2011-00117-03 (59464)
Actor: Orlando Buitrago Ballesteros y otros
Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa
II. CONSIDERACIONES
Previo a decidir la cuestión de fondo, la Sala estima pertinente precisar lo
relacionado con la jurisdicción competente para el conocimiento del presente
asunto, así como la determinación de la naturaleza jurídica de la acción ejercida y
su oportunidad.
1. Jurisdicción y competencia para el conocimiento de la presente
controversia
Según lo prevé el artículo 410 del Decreto 1056 de 1953 (Código de Petróleos) -
vigente al momento de la constitución de la servidumbre cuyo ejercicio da lugar al
presente litigio11-, la industria del petróleo, en sus ramos de exploración, producción,
transporte, refinación y distribución, es de utilidad pública. Esto faculta 12 a los
agentes de esa industria -personas naturales o jurídicas de naturaleza pública o
privada- a constituir zonas de servidumbre que resulten necesarias para el
adecuado funcionamiento de los oleoductos.
El referido Código rigió en armonía con lo dispuesto por el Decreto 1886 de 1954 13
-hasta su derogatoria con la Ley 1274 de 2009-, mediante el cual se adoptaron las
medidas y trámites tendientes a indemnizar los perjuicios ocasionados por las
actividades de exploración y explotación de petróleo. Según esa normativa, el pago
correspondiente se realizaba por una sola vez y amparaba el tiempo en el que se
ocupara el terreno, al igual que todas las afectaciones causadas.
Para la determinación de los perjuicios debía seguirse un procedimiento especial en
el que, de manera previa a la ocupación de los inmuebles destinados al ejercicio de
10
«Artículo 4. Declárese de utilidad pública la industria del petróleo en sus ramos de exploración,
explotación, refinación, transporte y distribución. Por tanto, podrán decretarse por el Ministerio del
ramo, a petición de parte legítimamente interesada, las expropiaciones necesarias para el ejercicio
y Desarrollo de tal industria
[…]».
11
En la actualidad la constitución de servidumbres petroleras para la instalación de oleoductos está
reglada por la Ley 1274 de 2009 que entró a regir desde su publicación, es decir, desde el 5 de enero
de la misma anualidad. Antes de su entrada en vigor, las normas que regulaban estos aspectos eran
los Decretos 1056 de 1953 y 1886 de 1954, disposiciones normativas que resultan aplicables al
contrato de constitución de servidumbre objeto de litigio, toda vez que este fue suscrito el 22 de
agosto de 2008.
12
Decreto 1056 de 1953. «Artículo 9.
[…]
Además, en favor de la explotación de petróleo se consagra el derecho de establecer la servidumbre
de oleoductos, comprendiendo en ella el terreno suficiente para las estaciones de bombeo y demás
dependencias necesarias para el funcionamiento de los oleoductos, y el de establecer muelles,
cargaderos y tuberías submarinas y subfluviales todo esto previo el cumplimiento de las formalidades
establecidas en el artículo 54 de este Código».
13
Por el cual se dictan algunas disposiciones referentes a la industria del petróleo.
11
Radicación: 85001-23-31-000-2011-00117-03 (59464)
Actor: Orlando Buitrago Ballesteros y otros
Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa
la actividad petrolera, se debían reconocer los perjuicios causados con la
servidumbre, sin menoscabo de la posibilidad de acudir a instancias judiciales para
pretender el resarcimiento de dichos perjuicios, en aquellos eventos en que no se
hubiese agotado el procedimiento previo14, o en aquellos casos en que por el
ejercicio de la servidumbre petrolera se causaran menoscabos patrimoniales
diferentes a los reconocidos al momento de su constitución.
En relación con esta clase de pretensiones -resarcimiento de perjuicios derivados
del ejercicio de la servidumbre petrolera-, la Corte Constitucional15 ha fijado los
parámetros interpretativos para determinar el juez natural cuando el litigio involucre
a una entidad pública, así:
[L]os propietarios, poseedores u ocupantes del predio pueden reclamar la
indemnización de los perjuicios que se causen de manera posterior por el
ejercicio de las servidumbres petroleras. Sin embargo, esas solicitudes de
naturaleza privada, no han sido sometidas por la ley a un trámite especial, como
el previsto en la Ley 1274 -establecido por el Legislador en razón de la utilidad
pública de la industria petrolera-, razón por la cual, ante la ausencia de una
norma especial, pueden ser tramitados por los mecanismos ordinarios de
indemnización de perjuicios previstos en la Jurisdicción Ordinaria o en la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo16. En esos eventos, cuando la
controversia se dirige en contra de los actos u omisiones de una entidad estatal,
bien sea que la servidumbre haya sido acordada entre las partes a través de
escritura pública o impuesta a través de providencia judicial, será competente
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en virtud de lo establecido en
el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA).
14
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 16 de diciembre de 2014 [Exp.
11001-31-03-007-2007-00268-01]. MP. Margarita Cabello Blanco. En esta providencia se citan dos
pronunciamientos de la misma corporación de 4 de agosto de 1994 [Exp. 1437] y 29 de mayo de
1996 [Exp. 3031], en los que se indica que cuando los afectados por los trabajos de exploración y
explotación de petróleo “despilfarran” la oportunidad de acudir oportunamente al trámite del Decreto
1886/54 –procedimiento excepcional que es previo a la realización de dichos trabajos–, disponen en
todo caso de otras vías judiciales para proponer la correspondiente acción resarcitoria para el pago
de los perjuicios que se hubieren podido ocasionar por la ocupación permanente de sus terrenos o
mejoras, si los producidos no hubieren sido resarcidos totalmente o solo parcialmente.
15
Corte Constitucional. Sala Plena. Auto 287 del 9 de marzo de 2022. Conflicto de jurisdicciones
entre el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Fredonia, Antioquia y el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Medellín. Expediente CJU-259. Magistrada Ponente: Diana Fajardo
Rivera.
16
Cita original: “En el Auto 1045 de 2021 esta Corporación concluyó que, en virtud del trámite
especial establecido en el artículo 57 de la Ley 142 de 1994 y la Ley 56 de 1981, “[c]orresponde a
los jueces ordinarios, en su especialidad civil, el conocimiento de los conflictos originados por la
ocupación permanente de predios por parte de empresas prestadoras de servicios públicos, en los
eventos en los que no se hubiese constituido legalmente una servidumbre.” 18 Sin embargo, en esa
decisión, la Corte encontró que, en virtud del artículo 33 de la Ley 142 de 1994, la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo es competente para ejercer el “control de los actos administrativos por
los cuales se impone la servidumbre, o bien el conocimiento de las controversias surgidas en razón
a la acción u omisión del prestador en el uso de dichas prerrogativas, esto es, cuando la servidumbre
ya ha sido constituida, y no en el caso de ocupaciones por vía de los hechos que, en propiedad, no
constituyen servidumbres.” (Énfasis añadido)”.
12
Radicación: 85001-23-31-000-2011-00117-03 (59464)
Actor: Orlando Buitrago Ballesteros y otros
Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa
Si bien la Ley 1274 de 2009, referida por la Corte, no resulta aplicable al presente
asunto, lo cierto es que las normas vigentes para la época de los hechos -Decretos
1056 de 1953 y 1886 de 1954- que regulaban la industria petrolera y el ejercicio de
esta industria en todos sus ramos, no establecían un trámite especial para que el
interesado pudiera acudir a la jurisdicción con el fin de reclamar el pago de la
indemnización de perjuicios causados de manera posterior y con ocasión del
ejercicio de la servidumbre petrolera legalmente constituida, razón por la cual resulta
procedente aplicar el análisis antes expuesto.
El criterio adoptado por la Corte surgió de la interpretación analógica que dicha
Corporación realizó respecto a la procedencia del estudio de responsabilidad, a la
luz de los mecanismos judiciales dispuestos por la jurisdicción ordinaria y la
jurisdicción contenciosa administrativa, para resolver los asuntos en los que se
reclamaba por los perjuicios causados con el ejercicio de servidumbres destinadas
a otras industrias, en los que se precisó que la jurisdicción ordinaria, en su
especialidad civil, solo podrá conocer de las pretensiones de indemnización por
ocupación de un predio por la imposición de servidumbre legal, cuando esta sea
impuesta de facto o cuando en el proceso de imposición no medie indemnización al
propietario de conformidad con lo dispuesto en las leyes vigentes para la época 17,
mientras que en los eventos en que se pretenda la indemnización de perjuicios
causados con el ejercicio de las servidumbres la jurisdicción competente es la
contenciosa administrativa18.
Ahora bien, respecto a la cláusula de competencia descrita en la legislación
contenciosa administrativa, vigente para la época -Decreto 01 de 1984-, la
17
Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-824 del 5 de octubre de 2007,
Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño. Sala Plena, Auto 1045 del 24 de noviembre de 2021,
Magistrada Ponente: Paola Andrea Meneses Mosquera y Auto 287 del 9 de marzo de 2022,
Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera.
18
Así lo explicó: “Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala Plena concluye que: (i)
las servidumbres de servicios públicos domiciliarios pueden ser impuestas por acto administrativo,
mediante proceso judicial o de forma voluntaria, esto es, mediante la autorización del propietario del
predio sirviente; (ii) no existe una prerrogativa legal que le permita a los prestadores de servicios
públicos imponer servidumbres de hecho; (iii) en los casos en los cuales por la vía de los hechos los
prestadores ocupen de facto, temporal o permanentemente, bienes de propiedad privada para
construir infraestructura de servicios públicos deberán responder patrimonialmente mediante el pago
de una indemnización justa al propietario, que compense los perjuicios derivados de la afectación
que deberá soportar el predio, según lo disponen el artículo 57 de la Ley 142 de 1994 y la Ley 56 de
1981. En estos casos, la pretensión es de tipo reivindicatorio y será el conocimiento de la jurisdicción
ordinaria en su especialidad civil. Lo anterior, sin perjuicio de la competencia de la jurisdicción
contenciosa administrativa para conocer de la legalidad de los actos administrativos por los cuales
se impone una servidumbre o de la responsabilidad por acción u omisión en el uso de tales derechos,
como en los casos de responsabilidad extracontractual por daños antijurídicos derivados de la
prestación del servicio público domiciliario”. Corte Constitucional, Sala Plena, Auto 1045 del 24 de
noviembre de 2021, Magistrada Ponente: Paola Andrea Meneses Mosquera.
13
Radicación: 85001-23-31-000-2011-00117-03 (59464)
Actor: Orlando Buitrago Ballesteros y otros
Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa
jurisdicción competente para conocer de los litigios originados en la actividad de las
sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% es la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa19.
Para la fecha de presentación de la demanda -29 de julio de 2011- Ecopetrol S.A.
era una Sociedad de Economía Mixta de carácter comercial, del orden nacional,
vinculada al Ministerio de Minas y Energía, regida por la Ley 1118 de 2006 20, con
capital mayoritariamente público2122. De este modo, la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo es competente para conocer y decidir, entre otros, los
litigios relativos a la responsabilidad extracontractual de esta entidad.
Por su parte, ODL S.A. es una empresa perteneciente al Grupo Empresarial
Ecopetrol S.A., siendo esta última la sociedad matriz23. Para la época de los hechos,
su accionista directo, con un porcentaje del 100%, era la Empresa ODL Finance
S.A.24, que a su vez tenía como accionista mayoritario a Cenit Transporte y Logística
de Hidrocarburos S.A.S., cuyo porcentaje de participación era del 65%25. Esta última
sociedad fue constituida como sociedad comercial de economía mixta, cuyo capital
accionario, equivalente al 100%26, es propiedad de Ecopetrol27. En este sentido,
resulta forzoso concluir que ODL S.A. cuenta con una participación accionaria del
65%28 por parte de Ecopetrol S.A.; condición que revela su naturaleza mixta con
participación mayoritaria pública, a efectos de determinar la jurisdicción.
19
Decreto 01 de 1984. “Artículo 82. Objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La
jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios
originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con
capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de
los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos
y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley […]”.
20
Promulgada el 27 de diciembre de 2006, con posterioridad a la celebración del contrato materia
de controversia.
21
Certificado de existencia y representación legal de la Empresa Colombiana de Petróleos de la
Cámara de Comercio de Casanare. Obrante a folios 238-248 del Cuaderno 1.
22
Ley 1118 de 2006. “Artículo 2. Capitalización de Ecopetrol S.A. En el proceso de capitalización
autorizado en el artículo 10 de esta ley, se garantizará que la Nación conserve, como mínimo, el
ochenta por ciento (80%) de las acciones, en circulación, con derecho a vato, de Ecopetrol S.A. [...]”.
23
Certificado de existencia y representación de la empresa de Oleoductos de los Llanos Orientales
S.A. Obrante a folios 270-272 del cuaderno 1.
24
Tomando del documento de “información relevante” denominado “se autoriza la fusión entre las
compañías ODL S.A. y ODL Finance subordinadas de Ecopetrol S.A.”. consultado en la página web:
https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/.
25
Información tomada de https://www.odl.com.co/quienes-somos-2.
26
Información consultada en:
https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/NuestraEmpresa/grupoEcopetrolPagina/Estructu
raSocietaria.
27
Sobre la naturaleza pública de la sociedad Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.,
ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
Sentencia del 3 de agosto de 2020, Consejero Ponente Martín Bermúdez Muñoz, Radicación 11001-
03-26-000-2019-00078-00 (63973).
28
Información consultada en:
14
Radicación: 85001-23-31-000-2011-00117-03 (59464)
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Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa
En virtud del análisis antes expuesto, el asunto bajo estudio corresponde a la
jurisdicción contenciosa administrativa, atendiendo a lo consagrado en el artículo 82
del Código Contencioso Administrativo, que establece que esta conoce de “las
controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas
las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las
personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del
Estado”.
Así las cosas, dado que la situación que da origen al presente asunto tiene que ver
con los efectos nocivos causados con la ejecución de las obras públicas inherentes
a una servidumbre petrolera, corresponde a esta jurisdicción el conocimiento de
todas las pretensiones formuladas por el demandante. Específicamente, el Consejo
de Estado es competente para conocer el presente asunto, por tratarse de un
proceso de doble instancia en razón de la cuantía, según lo dispuesto en el artículo
20 del Código de Procedimiento Civil -con la reforma introducida por la Ley 446 de
1998-, dado que la pretensión mayor excede los 500 salarios mínimos mensuales
vigentes29 a la fecha de la presentación de la demanda30.
2. Naturaleza jurídica de la acción ejercida
En el recurso de apelación se cuestionó el hecho de haberse efectuado un juicio de
responsabilidad extracontractual, cuando debió hacerse uno de controversia
contractual relacionado con el resarcimiento de los perjuicios causados con la
ejecución de un contrato de servidumbre.
El artículo 90 de la Constitución Política establece que el Estado “responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por
la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Al respecto, esta Sección31 ha
definido que, independientemente del origen contractual o extracontractual del
daño, o el régimen de responsabilidad que se aplique, el Estado responderá siempre
https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/NuestraEmpresa/grupoEcopetrolPagina/Estructu
raSocietaria
29
A la fecha de presentación de la demanda -29 de julio de 2011- 500 SMMLV equivalían a
$267.800.000.
30
De conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo
624 del Código General del Proceso, la competencia se determina según la norma vigente al
momento de la presentación de la demanda.
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 8 de
mayo de 1995. Radicado: CE-SEC3-EXP1995-N8118. Consejero Ponente: Juan De Dios Montes
Hernández.
15
Radicación: 85001-23-31-000-2011-00117-03 (59464)
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que le sea atribuible una “lesión patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no
est[é] en el deber jurídico de soportar”.
Para llevar a cabo el juicio de las actuaciones u omisiones reprochadas al Estado,
el ordenamiento jurídico prevé diferentes mecanismos judiciales con el fin de
materializar el principio constitucional antes enunciado y así lograr que quien sufra
un daño antijurídico sea indemnizado. En tal sentido, se ha señalado32 que “la fuente
del daño determina la acción procedente para analizar los supuestos que fundan la
controversia y ésta, a su vez, determina la técnica apropiada para la formulación de
las pretensiones de la demanda y la oportunidad en el tiempo para hacerlas valer
por la vía jurisdiccional”.
De este modo, la escogencia de la acción obedece a las circunstancias fácticas
definidas y las pretensiones aducidas en la demanda, con arreglo a las normas
procesales que determinen los requisitos para lograr la prosperidad de lo
pretendido. Así, los hechos e imputaciones jurídicas alegadas -causa petendi-
oportunamente definen los contornos de la controversia que se propone y respecto
de la que se garantiza la oportunidad de la contraparte para pronunciarse y ejercer
sus derechos procesales de defensa y contradicción.
El Código Contencioso Administrativo previó diferentes mecanismos judiciales
mediante los que, dependiendo de la fuente del daño invocada y la finalidad de las
pretensiones expuestas, el interesado puede demandar a la entidad estatal que
considere le generó un daño susceptible de ser indemnizado. Este aspecto ha sido
definido por la Corporación33 bajo las siguientes consideraciones:
[…] La Sala relieva cómo a cada acción le corresponde una pretensión, según
los hechos que conforman o constituyan el conflicto. El sistema procesal para
endilgarle al Estado responsabilidad por daños está, en consecuencia,
configurado por los arts. 85, 86 y 86 C.C.A. No se trata de un aspecto o tema
librado o la voluntad de la parte actora, o de quien va a accionar. Si de los
hechos se desprende una relación laboral, de carácter estatutario, el conflicto
surgido deberá ser tramitado procesalmente por la acción prevista en el art. 85
del C.C.A. Si de esos hechos en cambio, se desprende la existencia de una
relación contractual, el conflicto se deberá examinar por la acción del art. 87. Y
Si el conflicto de intereses no surge de ninguna relación jurídica en particular,
sino que se fundamenta en el neminem laedere, la acción para enjuiciarlo será
el art. 86 del C.C.A. Las pretensiones deben corresponder y armonizar con los
32
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de mayo de 2011, Exp. 26.758. Así mismo,
ver, entre otras, las sentencias de 7 de junio de 2007, Exp. 16.474; del 19 de julio de 2007, Exp.
30.905; del 31 de agosto de 2005, Exp. 29.511.
33
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de enero de 1997, Exp. 12432. Consejero
Ponente: Carlos Betancur Jaramillo.
16
Radicación: 85001-23-31-000-2011-00117-03 (59464)
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hechos y con la acción que éstos determinen. Es en la demanda donde deben
quedar debidamente fijados los hechos, planteada la acción y exigida la
pretensión.
Contrario a lo sostenido por las demandadas en su apelación, la Sala precisa que
el presente conflicto es de responsabilidad extracontractual, pues lo que alega el
accionante es que le fueron irrogados unos perjuicios de orden material debido a la
ejecución de la obra pública de instalación de un oleoducto en el predio de su
propiedad. Y aunque estas obras se realizaron en ejercicio de una servidumbre
voluntaria, en la demanda no se alegó un incumplimiento contractual.
Bajo el acuerdo suscrito entre el demandante y Ecopetrol S.A. se determinaron
únicamente las condiciones de la servidumbre, la entrega de la franja de terreno y
el pago de la indemnización correspondiente a los perjuicios identificados en el
mismo contrato, de modo que no observa la Sala cuál sería la supuesta obligación
incumplida, como para que pueda predicarse la naturaleza contractual del presente
litigio.
Una lectura integral de la demanda permite comprender que acá no se reclama por
un indebido o abusivo ejercicio del derecho de servidumbre, por la falta de pago de
la indemnización acordada, ni en general, por los efectos nocivos de una
inobservancia de las obligaciones contractuales, sino que se alega la ocurrencia de
unas afectaciones patrimoniales derivadas de la ejecución de las obras civiles del
oleoducto, con las que se cortó el flujo de aguas escorrentías y se imposibilitó el
paso de maquinaria e insumos para la agricultura de un lado a otro del predio, obras
cuya descripción de características y calidades no fueron objeto del acuerdo de
servidumbre.
En ese contexto, se mantendrá incólume la decisión de resolver la presente
controversia bajo los parámetros de la responsabilidad extracontractual del Estado.
3. Oportunidad de la acción
Según lo prevé el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo,
la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años “contados
a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación
administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de
propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.
17
Radicación: 85001-23-31-000-2011-00117-03 (59464)
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El demandante aduce que los daños provinieron de la construcción de la
infraestructura petrolera sobre la zona de servidumbre constituida en su inmueble.
Por esta razón, el hito para iniciar el cómputo de la caducidad es la culminación de
las obras en el predio, pues solo hasta ese momento el propietario pudo tener
certeza de los efectos nocivos que dicha intervención implicó para su patrimonio.
Si bien la demanda afirma que las afectaciones sufridas se consolidaron en junio de
2009, toda vez que en esa fecha se iniciaron las actividades de adecuación del
terreno y posterior instalación de la infraestructura; lo cierto es que en el expediente
no obra medio de convicción alguno que acredite que, en efecto, para ese momento
culminó la ejecución de la obra en el predio.
No obstante, observa la Sala que, el 22 de julio de 2009 se presentó ante el Juzgado
Promiscuo Municipal de Tauramena, Casanare, una solicitud para la práctica de una
prueba anticipada, cuya finalidad era determinar el área real que fue objeto de la
construcción, así como establecer las condiciones en las que se encontraba el
predio y los cultivos sembrados en él, para que, surtido el trámite legal, pudiera ser
incorporada al presente litigio.
En este sentido, el conocimiento del daño que aquí se reclama surgió a partir del
momento en que el demandante consideró que la culminación de la obra le generó
afectaciones que podrían ser objeto de indemnización, y entonces solicitó la práctica
de unas pruebas anticipadas que estimó pertinentes para acudir posteriormente a
la jurisdicción a reclamar el reconocimiento de perjuicios.
Así las cosas, en principio, la demanda podía ser presentada hasta el 23 de julio de
2011; sin embargo, el 4 de abril de la misma anualidad, el apoderado de la parte
demandante radicó la solicitud de conciliación extrajudicial faltando tres meses y
diecinueve días para que operara el fenómeno de la caducidad. El 27 de mayo de
2011 se llevó a cabo la audiencia de conciliación y ese mismo día se expidió la
respectiva constancia. Por lo anterior, la oportunidad para demandar fenecía el 17
de septiembre de esa anualidad y, como la demanda se presentó el 29 de julio
siguiente, se concluye que el derecho de acción se ejerció oportunamente.
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Radicación: 85001-23-31-000-2011-00117-03 (59464)
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4. Caso concreto
4.1. Lo que se debate y la formulación del problema jurídico
De acuerdo con el objeto de las apelaciones, esta Corporación tiene plena
competencia en la adopción de una decisión de fondo en la segunda instancia. Sin
embargo, en la determinación correspondiente se hará especial énfasis en los
argumentos planteados por los apelantes, por lo que se determinará (i) si le asiste
legitimación en la causa por activa a los demandantes; (ii) si, de conformidad con
las pruebas aportadas en el expediente, se acreditó el daño -pérdida de los cultivos,
afectación de la posibilidad de realizar nuevos cultivos, uso mayor área a la
inicialmente autorizada y depreciación del inmueble- y (iii) si estos son atribuibles a
la parte demandada.
4.2. Legitimación en la causa
El señor Orlando Buitrago Ballesteros se encuentra legitimado en la causa por
activa, en la medida en que acreditó ser propietario del predio “Los Deseos”
identificado con matrícula inmobiliaria No. 470-83044, respecto del cual se alegan
las afectaciones por la obra pública de instalación del oleoducto. Además, se
encuentra acreditado que el cultivo de arroz que allí se localizaba era de su
propiedad, pues así se desprende de los testimonios rendidos por los señores Luis
Reiver Diaz Amado, Leonardo Calixto Vargas y José Benjamín Rojas, así como de
los hallazgos efectuados en la inspección judicial anticipada y en el consecuente
dictamen pericial aportado con la demanda.
En las declaraciones rendidas en el presente proceso por los señores Jaime Ramiro
Vanegas Espinosa y Raúl Ulloa Arias, se estableció que ellos tenían una sociedad
comercial de hecho con el señor Orlando Buitrago Ballesteros para la ejecución del
proyecto agrícola. Es decir, que ellos también eran dueños del cultivo, pues
realizaron aportes en capital y en industria para adelantar el proyecto agrícola.
También precisaron que no existía entre los socios de hecho un acuerdo explícito
sobre el monto de los aportes y el consecuente reparto de las utilidades, sino que a
medida que el proyecto fuera avanzando cada uno de ellos iba haciendo los aportes
según las necesidades del cultivo, y solo hasta que se vendieran las cosechas se
haría el reparto de las utilidades correspondientes.
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Radicación: 85001-23-31-000-2011-00117-03 (59464)
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En la misma audiencia de pruebas, los señores Vanegas Espinosa y Ulloa Arias
precisaron que cuando surgió el conflicto por los efectos nocivos causados con la
instalación del oleoducto, otorgaron poder -mandato- al señor Orlando Buitrago
Ballesteros para que fuera él quien se encargara de la gestión judicial y extrajudicial
de la controversia. En esos documentos, es clara la voluntad de los señores Jaime
Ramiro Vanegas Espinosa y Raúl Ulloa Arias de otorgar al señor Buitrago
Ballesteros las facultades necesarias para la protección de sus intereses, entre las
que se encontraban, las de disposición de los derechos en disputa (conciliar,
transigir, renunciar, cobrar, etc.).
Bajo ese contexto fue que el señor Orlando Buitrago Ballesteros adelantó por sí
mismo, pero en la búsqueda de la protección de los intereses de sus socios de
hecho, el trámite de las pruebas anticipadas y posteriormente acudió al presente
proceso, bajo la habilitación explícita que los señores Vanegas Espinosa y Ulloa
Arias le concedieron para cobrar la indemnización resultante, ya que de manera
posterior se haría entre ellos el reparto correspondiente, de acuerdo con la tasación
de los aportes que cada uno realizó hasta la frustración del cultivo (fls. 2 y 10).
La actuación mediante la cual dos de los socios habilitan a un tercero, también
miembro de la sociedad comercial de hecho, para que adelante en nombre de todos
la gestión judicial de los negocios sociales, se enmarca dentro del principio de
consensualidad que caracteriza a esta figura asociativa. En tal sentido, dicha
actuación no puede ser objeto de reproche ni de limitación por parte del juez. Esto
se desprende de lo que expresamente señala el artículo 499 del Código de
Comercio, que establece que “los derechos que se adquieran y las obligaciones que
se contraigan para la empresa social, se entenderán adquiridos o contraídas a favor
o a cargo de todos los socios de hecho”; y de lo que en concordancia prescribe el
artículo 501 de la misma codificación, al señalar que “los terceros podrán hacer valer
sus derechos y cumplir sus obligaciones a cargo o en favor de todos los asociados
de hecho o de cualquiera de ellos”.
En este contexto, y siendo que el acuerdo relativo a la gestión de los negocios objeto
del presente proceso se encuentra plenamente respaldado por el ordenamiento
jurídico mercantil, debe entenderse que cualquier condena eventualmente pagada
a uno de los socios se considera saldada en favor de la sociedad comercial de
hecho, y que entonces le corresponde a los propios miembros de la sociedad
determinar la distribución interna respectiva, con base en los acuerdos -escritos o
verbales- que hubieren celebrado con anterioridad.
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Radicación: 85001-23-31-000-2011-00117-03 (59464)
Actor: Orlando Buitrago Ballesteros y otros
Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa
En punto de la legitimación en la causa de los señores Vanegas Espinosa y Ulloa
Arias, se precisa que estos no otorgaron poder especial al apoderado judicial del
presente asunto. Por otra parte, en el otorgamiento de poder del señor Orlando
Buitrago Ballesteros este no reveló que se encontrara actuando a nombre de sus
socios de hecho. Esto guarda coherencia con el acuerdo privado que, en audiencia,
manifestaron tener y que se ve reflejado en la forma en que se redactó la demanda,
pues aunque se mencionó la existencia de la sociedad de hecho, lo cierto es que
en la identificación de las partes y en la formulación de las pretensiones no se les
incluyó como accionantes, pues se entendió que la gestión de sus intereses ya se
estaba ejecutando por parte del señor Orlando Buitrago Ballesteros.
Así las cosas, como los señores Jaime Ramiro Vanegas Espinosa y Raúl Ulloa
Arias, en cumplimiento del acuerdo negocial que tenían con su socio de hecho
Orlando Buitrago Ballesteros -habilitado por ellos para reclamar judicialmente por
todos los perjuicios-, no otorgaron poder al apoderado judicial, no se identificaron
como integrantes del extremo accionante y no formularon pretensión alguna a su
favor, debe concluirse que nunca han tenido la condición de parte en este proceso
y, en esa medida, sería impropio predicar de ellos su falta de legitimación en la
causa, pues es esto solo se analiza frente a aquellas personas que integran alguno
de los extremos de la relación procesal.
Por lo anterior, se modificará la decisión de primera instancia, en el sentido de
excluir de la declaratoria de condena correspondiente a los señores Jaime Ramiro
Vanegas Espinosa y Raúl Ulloa Arias, sin que sea necesario declarar su falta de
legitimación, por las razones que acaban de explicarse. En todo caso, se deja a
salvo la posibilidad que estos señores tienen de reclamar parte de la eventual
indemnización al señor Orlando Buitrago Ballesteros, de conformidad con el
acuerdo privado celebrado entre ellos.
Por otra parte, Ecopetrol S.A. y ODL S.A. se encuentran formalmente legitimadas
en la causa por pasiva, en la medida en que frente a ellas se efectuaron las
imputaciones de responsabilidad extracontractual que son objeto de controversia.
Esto, sin perjuicio de las consideraciones que sobre la legitimación material en la
causa se realizará párrafos más adelante.
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Radicación: 85001-23-31-000-2011-00117-03 (59464)
Actor: Orlando Buitrago Ballesteros y otros
Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa
4.3. Análisis de la responsabilidad de las demandadas
• Responsabilidad de Ecopetrol S.A. y ODL S.A. por la pérdida del cultivo de
arroz
Aunque la falla del servicio es la fuente principal y común de la responsabilidad del
Estado, se ha optado por la aplicación del régimen objetivo de daño especial en
aquellos eventos en que se pretenda el resarcimiento de perjuicios derivados de la
ejecución de obras públicas. Esto es así, pues cuando una actuación legítima del
Estado genera un perjuicio al imponer sobre un particular una carga
desproporcionada o excepcional, surge la obligación de indemnizarlo. Negarse a
hacerlo implicaría una vulneración del principio de igualdad frente a las cargas
públicas, ya que ningún ciudadano debe soportar sacrificios mayores a los que, en
condiciones normales, asume el resto de la sociedad en nombre del interés general.
Esta Subsección se pronunció recientemente en el sentido de explicar que en estos
casos no basta con acreditar la ejecución de una obra pública y que con ella se haya
causado molestias al particular, sino que es necesario determinar que esa actividad
de la administración implicó la supresión o desaparición de la explotación económica
del demandante, y que esto corresponde a una afectación excesiva, especial o
singular de sus intereses. Así se precisó34:
En asuntos en los que el origen o la causa del daño deviene como consecuencia
del ejercicio de una actividad lícita por parte de la administración, la jurisprudencia
de esta Corporación ha sentado el criterio según el cual el régimen de
responsabilidad aplicable es el objetivo de daño especial, lo que conlleva la
declaratoria de responsabilidad cuando el demandante acredite un rompimiento
en el equilibrio de las cargas públicas. En esos casos, el daño no reside en la
simple restricción de derechos con proyección en las variadas esferas en que se
desarrollan los asociados, sino en su análisis en comparación con las cargas que
soportan o están llamadas a soportar quienes de forma actual o potencial se
someten a la acción del Estado de cara a los beneficios que se esperan recibir
por vivir en sociedad bajo el gobierno y autoridades que proveen bienes, obras y
servicios para el bienestar y desarrollo social y económico.
Se trata, entonces, de un régimen de responsabilidad que no tiene como
fundamento únicamente la afectación o restricción de los derechos, pues por
regla general, en un Estado de derecho el ejercicio, goce y disfrute de los
derechos y prerrogativas que de ellos se derivan, implica la asunción de
limitaciones, condiciones y restricciones, que justamente son las que permiten la
realización de los derechos de la totalidad de asociados. Así, solo las alteraciones
34
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A.
Sentencia del 31 de julio de 2024, exp. 69823. M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
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Radicación: 85001-23-31-000-2011-00117-03 (59464)
Actor: Orlando Buitrago Ballesteros y otros
Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa
extraordinarias, excepcionales y especiales, podrán estar en la base de una
aspiración resarcitoria como mejor forma de restablecer el orden justo, equitativo
e igualitario de oportunidades.
Conviene reiterar que en casos como el sub lite, todos los habitantes del territorio
nacional deben soportar la ejecución de trabajos públicos, los cuales, como
resulta apenas natural, repercuten en beneficio de la sociedad en general y del
particular inicialmente afectado; de ahí que no existe un derecho a que no se
adelanten tales obras como menos aún para que se indemnicen las afectaciones
que en la ejecución de las obras que demandan el progreso general, se llegaren
a causar.
Bajo esta línea conceptual, el daño que se indemniza solo será aquel que
represente un exceso en la asunción de cargas públicas; por ello, no solo se
habla de un daño sino de un daño especial. De aquí que la ejecución de trabajos
públicos y las afectaciones que de ellas se deriva, no constituye per se un daño
especial, en la medida en que las obras públicas no son susceptibles de
calificarse como excepcionales o singulares frente a las cargas que deben asumir
los particulares como contraposición a la competencia que el ordenamiento
jurídico le ha radicado a las autoridades para ejecutar obras públicas en beneficio
de la sociedad en general.
Así, en la generalidad de los casos la acción del Estado en la ejecución de las
obras que demanda el desarrollo puede afectar el ejercicio de los derechos; sin
embargo, tratándose de afectaciones temporales o transitorias por la ejecución
de obras públicas, atendiendo a los fines de la propiedad -artículo 58
constitucional-, tales afectaciones no siempre se proyectan como una afectación
sustancial o excepcional en las condiciones de ejercicio de dicho derecho real,
en la medida en que no se suprime el desarrollo económico del derecho, sino que
lo limita temporalmente para el beneficio posterior del particular inicialmente
afectado.
De cualquier manera, para efectos de acreditar la excepcionalidad del daño y su
antijuridicidad, en cada caso concreto corresponde a la parte interesada probar
que la ejecución de la obra pública implicó la supresión o desaparición de la
explotación económica de su predio, así como que se trató de una medida
excesiva, especial o singular desde el punto de vista de la función social y
ecológica del derecho de propiedad.
El análisis de la responsabilidad también exige examinar el vínculo de causalidad
entre la actuación del demandado y el perjuicio sufrido por el demandante. Es decir,
para que el Estado pueda ser considerado responsable, debe demostrarse que su
actuación fue la causa adecuada del daño alegado, ya que el ordenamiento jurídico
no contempla presunciones legales respecto al nexo causal y si no se prueba qué
conducta originó el perjuicio, no puede haber una declaratoria de responsabilidad.
Por tanto, para que prospere la reclamación, el demandante debe acreditar que la
actuación legítima del Estado fue efectivamente la fuente del perjuicio, pues atribuir
responsabilidad sobre la base de una causalidad abstracta -por el solo hecho de
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Radicación: 85001-23-31-000-2011-00117-03 (59464)
Actor: Orlando Buitrago Ballesteros y otros
Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa
que las autoridades tienen deberes generales hacia la ciudadanía- supondría una
extensión ilimitada del concepto de responsabilidad.
En el caso particular, se encuentra probado que mediante la escritura pública No.
466 del 22 de agosto de 2008 -Notaría Única de Monterrey, Casanare-, el señor
Orlando Buitrago Ballesteros -propietario- y Ecopetrol S.A. acordaron la constitución
voluntaria de una servidumbre legal petrolera de oleoducto, tránsito y ocupación
permanente, sobre el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 470-
83044.
En ese negocio jurídico se delimitó el área de la servidumbre35, se estipuló el valor
de la indemnización correspondiente al uso de dicha área36, se especificó el derecho
conferido a Ecopetrol S.A.37 y se estableció que dicha empresa quedaba obligada a
permitir que el propietario usufructuara la franja de servidumbre -el oleoducto sería
subterráneo-, siempre que en la zona no se realizaran obras que implicaran la
ocupación permanente y superficial de dicha área38.
35
“SEXTA: MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN: Que el precio total de los derechos de servidumbre
que se establecen por este instrumento público es la suma de OCHO MILLONES TRESCIENTOS
MIL PESOS M/CTE. ($8'300.000.oo) y cubre la totalidad de las obligaciones de ECOPETROL S.A.
por razón de los derechos de la servidumbre legal con que queda gravado el predio, suma que
ECOPETROL S.A. pagará al PROPIETARIO en un solo contado dentro de los treinta (30) días
calendario siguientes a la fecha de suscripción del presente instrumento público. PARÁGRAFO: El
valor estipulado en esta cláusula cubre la totalidad de las obligaciones de ECOPETROL S.A. para
con EL PROPIETARIO por razón de los derechos de servidumbre con que queda gravado el predio”.
36
“SEXTA: MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN: Que el precio total de los derechos de servidumbre
que se establecen por este instrumento público es la suma de OCHO MILLONES TRESCIENTOS
MIL PESOS M/CTE. ($8'300.000.oo) y cubre la totalidad de las obligaciones de ECOPETROL S.A.
por razón de los derechos de la servidumbre legal con que queda gravado el predio, suma que
ECOPETROL S.A. pagará al PROPIETARIO en un solo contado dentro de los treinta (30) días
calendario siguientes a la fecha de suscripción del presente instrumento público. PARÁGRAFO: El
valor estipulado en esta cláusula cubre la totalidad de las obligaciones de ECOPETROL S.A. para
con EL PROPIETARIO por razón de los derechos de servidumbre con que queda gravado el predio”.
37
“CUARTA - CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE. Que EL PROPIETARIO, por medio del
presente instrumento público, constituye sobre la zona de terreno determinada y alinderada en la
Cláusula anterior, a favor de ECOPETROL S.A., SERVIDUMBRE LEGAL DE OLEODUCTO Y
TRÁNSITO CON OCUPACIÓN PERMANENTE PETROLERA, en virtud de la cual ECOPETROL
S.A. adquiere el derecho a usar dicha franja de terreno para la instalación de la infraestructura
petrolera. Igualmente, queda con la facultad de construir cualquier otra infraestructura petrolera y
ejecutar las obras necesarias para la conservación, reposición, manejo y mantenimiento de las
mismas, así como el tránsito libre para los trabajadores, equipos y maquinaria que se utilicen en el
trabajo aludido, ya se trate de sus propios trabajadores o de contratistas suyos y sus equipos. EL
PROPIETARIO ha hecho a la fecha entrega real y material de la zona de servidumbre determinada
y alinderada en la Cláusula Tercera del presente Contrato y admite el libre acceso a ella.
PARÁGRAFO: EL PROPIETARIO se compromete a no realizar ni directa o indirectamente o a
permitir que terceros realicen algún tipo de explotación minera o extracción de material dentro de la
zona de servidumbre”.
38
“QUINTA - ALCANCE DE LA SERVIDUMBRE: EL PROPIETARIO podrá usufructuar la franja
de terreno determinada para la servidumbre, exceptuándose la zona donde se construyan obras
que impliquen ocupación permanente en la superficie, obligándose a no ejecutar acto alguno
que impida o perjudique el goce de la misma, o el funcionamiento de la infraestructura petrolera
construida, sus dependencias o accesorios, ni obstaculizar el tránsito libre de los trabajadores
de ECOPETROL S.A. o de contratistas suyos, en labores específicas de vigilancia y
mantenimiento. Sin embargo, ECOPETROL S.A. podrá remover o quitar, sin estar obligada al
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Radicación: 85001-23-31-000-2011-00117-03 (59464)
Actor: Orlando Buitrago Ballesteros y otros
Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa
El gravamen así pactado, quedó inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria desde
el 25 de agosto de 2008 (fl. 56). Posteriormente se adelantó la obra pública, en cuya
ejecución se hizo una excavación, se armó el oleoducto en superficie, para
posteriormente enterrarlo y pasar a la final etapa de reconformación del terreno.
Sin embargo, el desarrollo de la obra en cuestión implicó para el accionante la
pérdida de 250 ha de un cultivo de arroz que tenía en su predio. Este daño, cuyos
fundamentos probatorios pasan a relacionarse, comporta la imposición de una
carga excesiva y desproporcionada para el señor Orlando Buitrago Ballesteros, en
la medida que se le privó absolutamente de la posibilidad de llevar a término el
proyecto económico agrícola que adelantaba en el inmueble de su propiedad.
Al culminarse las labores inherentes a la instalación del oleoducto, el propietario del
inmueble solicitó ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Tauramena la práctica de
unas pruebas anticipadas -inspección judicial y dictamen pericial- encaminadas a
identificar con precisión el área utilizada como servidumbre, así como la existencia
de afectaciones a cultivos con ocasión de las obras civiles realizadas en el predio
(fl. 12).
En la diligencia de inspección judicial practicada el 18 de agosto de 2019, el Juez
Promiscuo Municipal de Tauramena identificó la existencia de unas afectaciones
derivadas del ejercicio de la servidumbre petrolera en cuestión. Específicamente,
señaló que la franja del gravamen atravesaba el inmueble y que era evidente que
por el estado en que quedó el suelo luego de la ejecución de las obras civiles no era
posible el paso de maquinaria a lado y lado del predio. También observó que la zona
de la servidumbre correspondía a 32 m de ancho y verificó la existencia de
afectaciones al cultivo de arroz que había en el predio, así (fl. 19):
Una vez identificado el bien inmueble de acuerdo con los linderos que aparecen
en la escritura pública durante el recorrido observamos vestigios de inundación
represados dentro del cultivo de arroz en varios citios (sic) comprometiendo gran
parte del sembradío en el sentido de que las plantas de arroz se anegaron y se
encuentran tendidas al piso entre la franja, se corrige, entre el fango putrefacto
pago de indemnización de ninguna clase, los árboles de raíz profunda (o de gran altura), objetos
o construcciones permanentes que se encuentren dentro de la zona de servidumbre delimitada
en la CLÁUSULA TERCERA de este contrato, a excepción de las cercas divisorias y de los
pastos y cultivos transitorios, en cuanto no afecten la conservación de la infraestructura.
PARÁGRAFO: En el evento que ECOPETROL S.A. y/o sus contratistas o subcontratistas
determinen la construcción de otra infraestructura petrolera en la zona determinada para la
servidumbre, o requiera ejecutar las obras necesarias para la conservación, reposición,
recuperación o manejo de la infraestructura, reconocerá los daños o perjuicios que se causen
con posterioridad a los trabajos que actualmente realiza dentro del perímetro del terreno de la
servidumbre y pagará la indemnización correspondiente a EL PROPIETARIO”.
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Radicación: 85001-23-31-000-2011-00117-03 (59464)
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que expide un olor fuerte; se requiere al perito para que tome la medidas de los
parches afectados dentro del cultivo y de termine las circunstancias de tiempo,
modo y lugar de acuerdo con el cuestionario. Encontrándonos en el sitio por
donde pasa la servidumbre del oleoducto que instaló Ecopetrol el cual atraviesa
de sur a norte el cultivo aprox. por el centro del predio cultivado de arroz en una
extencion (sic) apro. de 2150 metros según informa él dueño del predio Orlando
Buitrago, en todo caso el perito debe medir y verificar su extención (sic), trazo
que se encuentra en una gran mayoría cubierto de agua emposada (sic) y arena
movediza con arrume de tierra y costales rellenos de tierra a la vera de la
servidumbre en una altura aprox. de uno a dos metros lo que posiblemente
generó el represamiento del agua en el cultivo de arroz aledaño a dicha
servidumbre, la servidumbre tiene una distancia de 32 metros de ancho en partes,
o sea en la parte donde Ecopetrol construyó un puente en madera para el paso
de la maquinaria y los insumos al otro lado de la servidumbre, igualmente se
observa material, tierra y costales rellenos de tierra regado a los lados de la
servidumbre en una extención (sic) de 8 mts. aprox. igualmente se requiere al
perito para que determine las distancias y circunstancias de tiempo, modo y lugar
durante todo el recorrido y de acuerdo con el cuestionario, se deja constancia de
que el puente que construyó Ecopetrol como vía transitable de la maquinaria a
que debe desplazarse al otro predio para el cultivo de arroz que se encuentra
ubicado al otro predio de la servidumbre está intransitable debido a que la
palizada se encuentra levantada y destruida e inservible, igualmente se deja
constancia que el tractor al pasar supuestamente quedó enterrado de lo cual se
observa vestigios o [ilegible] donde fue desenterrado en la mitad de la franja del
mensionado (sic) puente observándose emposamiento (sic), igualmente se deja
constancia de que el cultivo de arroz que se encuentra al otro lado de la
servidumbre está en etapa de cosecha, continuando con el desarrollo y después
de 500 metros aprox. nos encontremos en otro cultivo de arroz de menos edad y
según el dueño del predio Orlando Buitrago tiene 25 días de sembrado, se
observa la nata amarillenta y el terreno seco sin agua y según información del
propietario son 55 hectáreas las cuales fueron objeto de resiembra porque según
él como no se pudo abonar y por falta de agua también se amarilló igual como
está ocurriendo con el nuevo cultivo que se acaba de mencionar, igualmente se
requiere al [perito] para que verifique el terreno del nuevo arroz y las
circunstancias de tiempo, modo y lugar de acuerdo con el cuestionario anexo.
En la anterior diligencia se hizo presente el ingeniero agrónomo designado como
perito en el trámite de la prueba anticipada. Como producto de los hallazgos
realizados en la inspección, el auxiliar de la justicia estableció la existencia de
afectaciones a 250 ha de cultivo de arroz, derivadas de las obras civiles que se
realizaron en ejercicio de la servidumbre de hidrocarburos. Específicamente, señaló
que esto obedeció a que luego de la instalación subterránea del oleoducto, el área
superficial quedó en tan malas condiciones que era imposible el paso de insumos y
maquinaria entre uno y otro lado de la finca y que además se ocasionaron las
siguientes afectaciones al predio (fl. 43):
• Con la construcción del tramo del Oleoducto de Los Llanos Orientales, se
obstaculizó el normal flujo hídrico que regaba en su totalidad las aguas
recogidas de las sabanas naturales.
• El lote de arroz se dividió en dos lotes de diferentes edades de siembra.
• Con el trazo del oleoducto el suelo sacado de la obra se dejó por toda la ribera
del tramo formando un caballón a manera de dique el cual afectaba el Lote 1
por exceso de humedad y los demás lotes por déficit de humedad.
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Radicación: 85001-23-31-000-2011-00117-03 (59464)
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• Por el exceso de humedad prolongada se limitó en parte las aplicaciones de
fertilizantes ocasionando también volcamiento de las plantas de arroz en una
extensión de aproximadamente 30 hectáreas de las 160 iníciales que estaban
en proceso de cosecha.
Como consecuencia de estas situaciones, varios lotes del cultivo de arroz quedaron
aislados, mientras que otra parte, pese a ser accesible, sufrió otro tipo de
afectaciones que también implicaron su pérdida debido al empozamiento de agua.
Para ofrecer una mejor ilustración de la localización de los lotes afectados el perito
graficó sus hallazgos de la siguiente manera (fl. 34):
En el dictamen pericial se efectuó una evaluación de cada lote en específico, a
efectos de determinar puntualmente las pérdidas y qué las ocasionó. Para el
denominado Lote 1, se estableció que no quedó aislado y ya se estaban realizando
las labores de cosecha, excepto en un área de 30 ha. que sí se perdió debido a que
la obra civil impidió el adecuado drenaje de esa zona y esto ocasionó un
empozamiento de agua que afectó el cultivo. Esto se señaló de la siguiente forma
(fl. 35):
El área de arroz sembrada entre el Lote 1 y Lote 2 suma 215 hectáreas de las
cuales se perdieron un área de treinta (30) Hectáreas de arroz del Lote 1 por
encharcamiento continuo sin modo de drenar el lote para realizar sus respectivas
abonadas debido a que las obras realizadas principalmente de los caballones
construidos impiden el libre y continuo paso de agua para riego y/o drenaje. El
área afectada presenta debilitamiento de tallos, caída de plantas y ataques de
hongos que afectan negativamente el buen desarrollo del cultivo.
En relación con el Lote 2 se estableció por el perito que se perdieron 55 ha, que ya
estaban aptas para ser cosechadas, pero debido a las obras del oleoducto no hubo
acceso para la maquinaria que debía emplearse para dicha labor (fl. 34):
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En esta segunda área se encuentra que en el área dividida por el cruce del
oleoducto de los llanos Orientales S.A. y ECOPETROL S.A., en primera instancia
hay un arroz de un área de unas 55 Has (Ver figura: Lote No 2) que tiene la misma
edad del arroz que actualmente se están recolectando en el lote 1, por lo tanto
está en su punto de madurez fisiológico y si no se cosechará en los próximos 5
días, este arroz empezará a grifarse y desgranarse, por lo que se puede perder,
por la imposibilidad de recolección a tiempo debido a que no existe en el momento
de la visita un paso adecuado para entrar con la maquinaria agrícola necesaria
para la recolección del grano (combinada, orugada, tractores, graneleros, etc.).
(…) encontramos un arroz de 55 hectáreas, este cultivo está pasándose de coger
o cosechar debido a que no ha sido posible entrar las combinadas, tractores y
otros, para efectuar esta labor, este lote está empezando a desgranarse pues ha
llegado a su madurez fisiológica.
También se estableció que se perdieron las 110 ha del Lote 3, debido a que faltarían
15 días aproximadamente para la época de su cosecha, pero se encuentra
igualmente aislado por las obras del oleoducto, lo que a su vez ocasionó que no se
pudiera realizar la última abonada (fl. 34):
El Lote No 3 con unas 110 hectáreas, empezando a llegar a su madurez
fisiológica, el día de la visita 18 de agosto de 2009 le faltan aproximadamente 15
días para empezar a cosecharlo, por lo tanto si no se realiza la infraestructura del
puente sobre el Oleoducto Llanos Orientales para el normal tránsito de la
maquinaria agrícola (Tractores y Combinada) se podría tener pérdida total por no
recolección de la cosecha.
(…) este lote está en proceso de madures (sic), este cultivo se afectó debido a
que no se le realizó la última abonada, falta construir un puente de buenas
especificaciones para que resista el paso de la maquinaria agrícola necesaria
para las labores que quedan que es la de cosecha del arroz que allí encontramos.
En relación con este lote debe precisarse que en la audiencia de pruebas el auxiliar
de la justicia aclaró, previo cuestionamiento del apoderado de la parte demandada,
que debido a las condiciones técnicas en que se encontraba el suelo intervenido
para el ejercicio de la servidumbre de hidrocarburos, y en atención a que no se
habían empleado todos los cuidados necesarios en la etapa final del cultivo -última
abonada-, resultaba técnicamente inviable que pudiera cosecharse, por lo que en
las conclusiones del dictamen se especificó que las 110 ha de este lote también
representaban una pérdida, a pesar de que el día en que se realizó la inspección
judicial el cultivo aún estaba en pie.
La conclusión sobre la pérdida del Lote 3 queda reforzada con lo señalado por el
señor Luis Reiver Díaz Amado, quien se desempeñaba como administrador de la
finca y tenía a su cargo la dirección del proyecto agrícola. El testigo señaló que los
Lotes 2, 3 y 4 quedaron aislados como resultado de las malas condiciones en que
quedó el suelo luego de la intervención realizada en el área de servidumbre, lo que
implicó que fuera técnica y financieramente imposible continuar el cultivo de arroz,
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debido a la imposibilidad de pasar insumos y maquinarias para la manutención de
las plantas y su posterior cosecha (Audiencia de pruebas CD1 1:46:45).
En igual sentido, el testigo Leonardo Calixto Vargas, vecino del sector y quien
transitaba cotidianamente cerca al predio en cuestión, precisó que luego de que se
realizaran las obras del oleoducto se perdió el cultivo de arroz porque no se podía
pasar al otro lado de la finca. Además, señaló que no había forma de ingresar por
predios vecinos debido a que no habían vías de acceso (Audiencia de pruebas CD1
2:39:20).
En este punto, se destaca que en el dictamen pericial se caracterizó el cultivo como
de arroz secano y se estableció “que produce una sola cosecha recolectable
comercialmente durante todo su ciclo vegetativo”. También se precisó que para este
tipo de arroz se deben tener “todas las precauciones necesarias para su normal
desarrollo, por su ciclo vegetativo tan corto cualquier anomalía que aparezca en ella
[alude a la planta] hace meya (sic) en la producción o peor podemos perder la
cosecha cuando existen algunas dificultades como son: el no abonamiento a tiempo,
falta de control para las plagas y enfermedades, y no realizar la labor de cosecha
en el momento exacto” (fl. 34). Por lo anterior, el hecho de que no se pudieran llevar
insumos para el cuidado de las plantas no era cuestión menor, puesto que se trataba
de un cultivo delicado que no permitía un margen de error o de descuido en su
manutención.
A partir de la valoración de los medios de convicción anotados -inspección judicial,
dictamen pericial, testimonios-, se encuentra demostrado el daño consistente en la
pérdida de un cultivo de 250 ha de arroz que se encontraba localizado en el predio
“Los Deseos” de propiedad del señor Orlando Buitrago Ballesteros. Esto
corresponde a una afectación grave y anormal de la actividad económica que el
demandante ejercía en su predio, pues más allá de causarse molestias propias de
la ejecución de una obra pública -cierre de vías, ruido, polvo-, lo que aquí ocurrió
fue el truncamiento o frustración de un proyecto agrícola, y con esto, se impidió al
accionante que aprovechara los frutos económicos de los trabajos que realizaba en
el predio de su propiedad.
Ahora bien, a lo largo del proceso, la parte demandada ha sostenido que estas
afectaciones no le son atribuibles, en la medida en que no fueron producto de la
obra civil en comento, sino que obedecieron a otros factores como (i) la falta de una
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adecuada planificación por parte de los agricultores y (ii) la anormal pluviosidad en
la época de ocurrencia de los hechos.
Para fundamentar esta tesis de defensa, en la contestación de la demanda se aportó
un dictamen pericial de contradicción en el que se cuestionaron varios aspectos de
la pericia aportada por el señor Buitrago Ballesteros. Sin embargo, las
consideraciones plasmadas en la prueba técnica de contradicción acerca de la falta
de vinculación causal entre las afectaciones a los cultivos y la obra civil de
instalación del oleoducto resultan inanes en su búsqueda de excluir la
responsabilidad de la parte demandada, tal como pasa a explicarse.
En primer lugar, debe precisarse que el dictamen de contradicción fue rendido con
base en una visita de campo realizada por el perito casi tres años después de la
ocurrencia de los hechos, cuando los efectos inmediatos de la intervención en el
predio ya habían sido superados, a tal punto que el mismo perito explica que en la
finca se adelantaba un cultivo de arroz por parte de terceras personas a las que se
les arrendó el predio para tal fin. Esta precisión es relevante, pues las
consideraciones plasmadas en el dictamen sobre el cultivo materia de litigio se
efectuaron en abstracto y sin que hubiese mediado una verificación en campo de
las condiciones en que quedó la franja de terreno luego de la intervención de la
servidumbre y los efectos inmediatamente sufridos por la plantación.
En lo concerniente a (i) la inadecuada planificación del proyecto agrícola, se advierte
una contradicción en lo concluido por el perito, pues mientras en algunos apartes
del dictamen y de su sustentación en audiencia se afirma categóricamente que en
el predio en cuestión no era viable un cultivo de arroz porque pertenecía a la clase
agrológica V -según la caracterización de suelos efectuada por el IGAC-, en otros
apartes dice que sí era posible realizar el proyecto, solo que debían hacerse unas
inversiones para adecuar las condiciones físico-químicas del suelo.
Específicamente, se llega a sostener que, por el supuesto desconocimiento de la
clase agrológica del suelo “el cultivo de arroz secano en el predio Los Deseos no
debió realizarse” (fl. 417), pero en otros apartes del dictamen se trazan paso a paso
las actividades de preparación del terreno para el manejo de aguas escorrentías y
la aplicación de los productos requeridos para que el suelo fuera apto para el cultivo.
En el dictamen de contradicción se afirmó categóricamente que estas actividades
no se realizaron debido a que no fueron descritas en la pericia aportada con la
demanda. Sin embargo, esta aseveración no solo desconoce que el objeto del
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dictamen inicial no era efectuar una descripción detallada de las labores técnicas de
adecuación del predio, sino que al contrastarse con los testimonios rendidos por los
señores Jaime Orlando Vanegas Espinosa, Raúl Ulloa Arias, Luis Reiver Diaz
Amado resulta contraevidente, pues en ellos se precisa que dichas adecuaciones sí
se realizaron, al punto que el proyecto agrícola rindió sus frutos, pues 130 de las
160 ha sembradas en el Lote 1 fueron cosechadas exitosamente, debido a que no
fueron afectadas por la obra civil de la servidumbre. Y si 130 ha se cosecharon
exitosamente, no puede afirmarse que el predio no era apto para el cultivo de arroz.
Por otra parte, se presentó en el dictamen de contradicción (ii) un cuadro con el
histórico de precipitaciones de los años 2007 a 2009 para establecer que la
afectación de los cultivos pudo ser producto del aumento de las lluvias en junio y
agosto de 2009. Al respecto, debe precisarse que estas aseveraciones son
igualmente genéricas, en la medida en que no parten de una evaluación técnica de
las condiciones físicas que presentaba el predio para la época de los hechos, ni se
explican los fundamentos técnicos por los que se considera que las adecuaciones
para el manejo de aguas de escorrentía efectuadas por los agricultores resultaban
insuficientes para evacuar adecuadamente las aguas lluvia que cayeron sobre el
cultivo en los meses de mayor pluviosidad. Además, tampoco se da cuenta de las
razones técnicas por las que esas mismas lluvias no frustraron el aprovechamiento
de las 130 ha del Lote 1 que sí se cosecharon, pese a estar en el mismo lote y
contiguas a las áreas afectadas.
De este modo, la Sala encuentra acreditada la vinculación causal entre la frustración
del cultivo de arroz -daño- y la ejecución de la obra pública de instalación de un
oleoducto, pues con tal actuación se dejó en tan mal estado el terreno intervenido
que se cortó el flujo de aguas escorrentías y se imposibilitó el paso de maquinaria
e insumos para la agricultura de un lado a otro del predio y con esto se ocasionó la
pérdida de 250 ha de cultivo de arroz que había sembrado su propietario.
Esta sección39 ha precisado que cuando el daño por el que se reclama deviene de
la ejecución de una obra en beneficio del Estado, la responsabilidad patrimonial de
este se configura independientemente de quién resulte afectado, ya sea una
persona vinculada al contratista encargado de la obra o un tercero completamente
ajeno al contrato. En estos casos, el Estado, como destinatario y beneficiario directo
39
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 9 de
junio de 2005, exp. 15059. M.P. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 20 de mayo de 2024,
exp. 15059. M.P. Martín Bermúdez Muñoz.
31
Radicación: 85001-23-31-000-2011-00117-03 (59464)
Actor: Orlando Buitrago Ballesteros y otros
Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa
de la obra, asume la condición de sujeto responsable por los perjuicios que dicha
ejecución pueda generar.
Para el caso particular, las beneficiarias y dueñas de la obra son las sociedades
Ecopetrol S.A. y Oleoducto de los Llanos Orientales S.A. - ODL S.A. Esto se
concluye a partir de lo señalado por el testigo José Daniel López Vega, quien para
la época de los hechos se desempeñó como abogado en el área de gestión
inmobiliaria de Ecopetrol S.A., y precisó que en el acuerdo celebrado por ambas
empresas40 se estableció que la primera tenía a su cargo la gestión predial del
proyecto -razón por la que celebró el acuerdo de servidumbre voluntaria con el señor
Buitrago Ballesteros-, mientras que la segunda se encargaría de la construcción del
oleoducto -y por esto celebró con el Consorcio Rubiales Monterrey C.R.M. el
Contrato No. 3223 del 8 de septiembre de 2008 “Llave en mano para la ingeniería,
compra de materiales y equipos y construcción del Oleoducto de los Llanos
Orientales” (fl. 838)-.
Así las cosas, en aplicación de lo previsto en el artículo 2344 del Código Civil 41,
Ecopetrol S.A. y ODL S.A. deben responder solidariamente por la pérdida del cultivo
de 250 hectáreas de arroz que se localizaba en el predio de matrícula inmobiliaria
No. 470-83044 “Finca Los Deseos”, tal como se decidió en la sentencia impugnada.
No pierde de vista la Sala que, tanto en las contestaciones de la demanda, como en
la apelación, se adujo que los daños que se generaron con la constitución de la
servidumbre fueron indemnizados, toda vez que, entre el propietario del inmueble y
el Consorcio Rubiales Monterrey C.R.M. -contratista de ODL S.A. para la instalación
del oleoducto- se suscribió un contrato de transacción que dejó a las accionadas a
paz y salvo por los eventuales perjuicios que se pudieran ocasionar respecto del
derecho de servidumbre.
El supuesto acuerdo al que aluden las demandadas consta en el documento
denominado “Paz y salvo final en desarrollo de los trabajos de construcción del
oleoducto de los Llanos Orientales por el Consorcio Rubiales Monterrey”, el cual fue
suscrito por el señor Orlando Buitrago Ballesteros (fl. 834).
40
En el expediente no reposa soporte documental del acuerdo aludido, pero las aseveraciones del
testigo no fueron tachadas o controvertidas en audiencia, ni en la etapa de alegaciones.
41
“Artículo 2344. Responsabilidad solidaria. Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más
personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo
delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355.
Todo fraude o dolo cometido por dos o más personas produce la acción solidaria del precedente
inciso”.
32
Radicación: 85001-23-31-000-2011-00117-03 (59464)
Actor: Orlando Buitrago Ballesteros y otros
Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa
Conforme al artículo 2469 del Código Civil, la transacción constituye un contrato por
medio del cual las partes, de manera extrajudicial, ponen fin a una controversia en
curso o previenen una futura. Esta figura es un mecanismo autocompositivo de
solución de conflictos en virtud del cual las partes llegan a un acuerdo directo, sin
intervención judicial, sobre una disputa existente o potencial.
Dado su carácter consensual y autocompositivo, la transacción exige la existencia
de concesiones recíprocas. No puede hablarse de verdadera transacción si una de
las partes simplemente cede sus derechos y la otra impone los suyos, ya que su
validez y eficacia jurídica derivan de un acuerdo libremente celebrado, orientado a
resolver la controversia de forma equitativa para ambas partes.
Al ser la transacción un contrato, sus efectos obligacionales se proyectan
únicamente hacia sus partes, por virtud del principio de relatividad de los contratos.
De este modo, si llegara a considerarse que el documento en cuestión constituye
un acuerdo transaccional, mal podría decirse que el señor Buitrago Ballesteros
renunció a su derecho a presentar reclamaciones judiciales frente a Ecopetrol S.A.
y ODL S.A. -únicas demandadas-, pues las manifestaciones hechas en el
documento solamente se refieren al consorcio contratista.
En todo caso, el acto jurídico en cuestión no constituye un acuerdo transaccional,
pues en él no se hacen concesiones recíprocas, ni se precave la existencia de un
conflicto. Además, el señor Buitrago Ballesteros dejó una salvedad según la cual
solamente se suscribió el documento de paz y salvo en relación con la franja de
terreno ocupada por la servidumbre, mas no por las demás afectaciones causadas
con la ejecución de la obra pública, que son materia del presente litigio, pero no
hicieron parte del contrato de constitución de servidumbre.
Por otra parte, en la apelación también se cuestionó la decisión de declarar la
responsabilidad patrimonial de las accionadas, sin tener en consideración lo
señalado por los “testigos técnicos” Lyda Yolima Barrera Monroy y Luis Orlando
Castillo Gutiérrez.
Sobre este punto, debe precisarse que mediante proveído del 16 de septiembre de
2015 se decretaron las pruebas del proceso. La parte demandada allegó 5
dictámenes periciales, razón por la cual el Tribunal manifestó que solo se tendría en
cuenta uno de ellos, al considerar que todos tenían el mismo objeto. En
consecuencia, requirió a la parte demandada para que definiera cuál era el peritaje
que deseaban que se incorporara al proceso.
33
Radicación: 85001-23-31-000-2011-00117-03 (59464)
Actor: Orlando Buitrago Ballesteros y otros
Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa
Frente a esa decisión se interpuso recurso de apelación y en proveído del 12 de
julio de 201642, el Consejo de Estado modificó la decisión recurrida, al considerar
que dos43 de los peritajes aportados sí cumplían con los requisitos de procedencia,
toda vez que, a su juicio, cada uno estaba encaminado a desvirtuar las experticias
presentadas por la parte actora y se refieren a puntos diferentes de la litis.
En consecuencia, mediante el referido auto44 se negó la incorporación de las
experticias practicadas por los peritos Lyda Yolima Barrera Monroy, Luis Orlando
Castillo Gutiérrez y Jorge Hernando Díaz Valdiri.
No obstante, en el auto de pruebas proferido por el Tribunal se decretó, a solicitud45
de las demandadas, el testimonio técnico de los señores Barrera Monroy y Castillo
Gutiérrez, lo que implicó su comparecencia a la audiencia correspondiente. Sin
embargo, desde el inicio de sus declaraciones quedó en evidencia que no tenían la
calidad de testigos técnicos, puesto que no tuvieron un conocimiento de los hechos
sino a partir del contrato que cada uno de ellos tenía con una lonja de propiedad
raíz a la que se le encargó la elaboración de unos dictámenes periciales de
contradicción.
En sus intervenciones ambos dieron cuenta del dictamen que elaboraron y todas
las preguntas que se les formularon giraron en torno a las experticias por ellos
rendidas en su condición de peritos, a pesar de que estas ya habían sido objeto de
exclusión por parte de esta Corporación. Bajo ese contexto, la decisión de no valorar
el dicho de estas personas como testigos técnicos por parte del fallador de primer
grado se encuentra ajustada a derecho, en la medida en que no se puede mutar la
naturaleza de la prueba, al querer presentar unas declaraciones como de testigos
técnicos, cuando en realidad obedecieron a la sustentación de unos dictámenes
periciales.
Por lo anterior, se confirmará la decisión de declarar patrimonialmente responsables
a Ecopetrol S.A. y ODL S.A.
42
Obrante a folios 1410 – 1420 del cuaderno 6.
43
Ambos elaborados por el perito, ingeniero agrónomo, Jorge Enrique Aranzazu Rey, denominados
así: (i) Análisis y revisión de avalúo comercial del inmueble ubicado en el departamento de Casanare,
municipio de Tauramena, vereda El Güira, Predio Los Deseos y (ii) Informe de peritaje para
determinar daños, si los hay, del paso del oleoducto llanos orientales.
44
Se precisa este aspecto toda vez que es uno de los puntos que se cuestionó en el recurso de
apelación presentado por las demandadas.
45
Solicitud propuesta en los escritos de contestación de la demanda en el acápite “viii. Pruebas y
anexos – C. Testimonios técnicos.”
34
Radicación: 85001-23-31-000-2011-00117-03 (59464)
Actor: Orlando Buitrago Ballesteros y otros
Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa
• Ausencia de responsabilidad de Ecopetrol S.A. por los demás daños
alegados en la demanda
Además de la pérdida del cultivo de arroz, la parte actora solicitó la reparación de
los perjuicios sufridos con ocasión de (i) la imposibilidad de adelantar cinco ciclos
de cosecha de arroz en esa misma área, (ii) la ocupación de un área de servidumbre
a la inicialmente concedida, (iii) así como la depreciación comercial del inmueble.
En relación con la imposibilidad de adelantar cinco ciclos de cosecha, se advierte
que no obra en el plenario un solo medio de prueba encaminado a demostrar la
existencia de ese daño. Esto es así, porque todo el esfuerzo probatorio se concentró
en demostrar la pérdida de las 250 ha del cultivo que se encontraba en proceso,
pero no se arrimó medio de convicción alguno a través del cual se puedan constatar
las razones técnicas por las que se consideraba que, en lo sucesivo, no se podía
realizar la cosecha, ni se aportaron pruebas que dieran cuenta del transcurso de
ese mismo periodo sin que efectivamente se hubiera podido sembrar.
Frente a la ocupación adicional, debe precisarse que si bien se demostró con la
inspección judicial (fl. 17), el dictamen pericial (fl. 21) y el informe rendido por el ICA
el 16 de septiembre de 2009 (fl. 221) que para el desarrollo de la obra civil de la
servidumbre de hidrocarburos se ocupó temporalmente una franja de terreno mayor
a los 20 m acordados en la cláusula tercera del contrato, lo cierto es que de esto no
se deriva automática e inexorablemente una condena de responsabilidad
patrimonial, en la medida en que no se demostró que esta situación hubiera
ocasionado un menoscabo patrimonial para el señor Orlando Buitrago Ballesteros.
En lo tocante a la depreciación del inmueble, se advierte que aunque con la
demanda se aportó un dictamen pericial encaminado a demostrar la existencia de
ese daño y su cuantificación46 (fl. 154), lo cierto es que en ese medio de convicción
no se estableció un comparativo entre el valor que tenía el inmueble antes y
después de la obra civil inherente al ejercicio de la servidumbre. De este modo, al
no ofrecerse elementos de juicio sobre la disminución del valor de mercado del
predio, debe negarse la responsabilidad de Ecopetrol S.A. por este concepto.
46
En el dictamen se señaló que su objeto consistía en (fl. 163): “Obtener el valor comercial del
inmueble en un mercado abierto, siendo éste el precio por el cual se efectuaría una operación de
compra - venta, entre personas conocedoras de valores de la propiedad raíz, en condiciones
similares y en que ninguna de las partes, tuviese ventajas sobre la otra, dentro de un equilibrio de
oferta y demanda. / Adicionalmente se pretende cuantificar los daños generados en el predio por la
instalación de parte del Oleoducto, y por la división anti técnica que se generó con la instalación del
mismo, hecho que impide la explotación intensiva del bien en un altísimo porcentaje del predio, y
limita ostensiblemente la explotación de la zona restante”.
35
Radicación: 85001-23-31-000-2011-00117-03 (59464)
Actor: Orlando Buitrago Ballesteros y otros
Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa
4.4. Perjuicios
Como quedó precisado, el único daño que será objeto de reparación es el
concerniente a la pérdida de 250 ha de cultivo de arroz. En relación con este daño,
la parte demandante solicitó el reconocimiento de perjuicios materiales por el monto
de $1.041.250.00047, correspondientes a la utilidad dejada de percibir por la
frustración del proyecto agrícola. Esta cifra se solicitó con base en lo determinado
por el dictamen pericial practicado como prueba anticipada48, al que se hizo alusión
en párrafos precedentes, cuando se analizó la prueba del daño y su atribución.
Con la contestación de la demanda se aportó un dictamen pericial de contradicción
en el que se adujo que existían algunas inconsistencias en la determinación de la
estructura de costos del proyecto y su consecuente impacto en la cuantificación de
la utilidad esperada. Específicamente, se señaló que el perito (i) determinó los
costos del proyecto con base en facturas que no fueron expedidas a nombre del
señor Orlando Buitrago Ballesteros y en ellas no se especificó que los insumos
tuvieran como destino el cultivo de arroz de la finca “Los Deseos”.
Por otra parte, (ii) se advirtió que en los costos se incluyeron algunos rubros que no
se habían causado efectivamente, como a) el valor de arrendamiento de la tierra
porque la finca era del accionante, b) el valor de recolección del cultivo porque
precisamente no se pudo realizar esta actividad y c) el costo relativo al transporte
de la cosecha desde la finca hacia los molinos, pues esta actividad tampoco se
realizó. Además, que d) se incluyó una cantidad de insumos superior a la que el
perito de la contradicción consideraba que era necesaria para adelantar el proyecto
agrícola.
Finalmente, se advirtió que (iii) la sumatoria de los costos directos e indirectos del
proyecto agrícola no se realizó de manera adecuada, de modo que al arribarse a
las conclusiones sobre la utilidad esperada se incurrió en errores aritméticos.
Al respecto, debe precisarse que, aunque las facturas que sirvieron como
fundamento del dictamen pericial (fls. 67 a 143) fueron expedidas a nombre del
señor Luis Reiver Díaz Amado, lo cierto es que los testimonios de los señores Jaime
Orlando Vanegas Espinosa, Raúl Ulloa Arias y el mismo Luis Reiver Díaz Amado
47
Segunda pretensión.
48
“Informe de Peritaje para determinar daños si los hay del paso del oleoducto llanos orientales” (fl.
21), el cual fue aportado con la demanda.
36
Radicación: 85001-23-31-000-2011-00117-03 (59464)
Actor: Orlando Buitrago Ballesteros y otros
Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa
son unánimes al señalar que la dirección del proyecto agrícola estaba a cargo de
este último, en la medida en que era el administrador de la finca “Los Deseos”. Para
la época de los hechos, el administrador tenía a su cargo la compra de insumos y
la coordinación de todas las labores inherentes al cultivo de arroz; de ahí que no
resulte extraño que las facturas se expidieran a su nombre y no a nombre del
propietario de la finca.
Por otra parte, no es razonable exigir que las facturas hubiesen sido expedidas con
expresa indicación de la finca en la que se iban a utilizar los insumos comprados,
pues esto no corresponde a una exigencia establecida en alguna norma de carácter
mercantil o tributaria, ni a una práctica comercial que haya sido objeto de prueba en
el presente proceso.
En lo tocante a la determinación de los rubros que componen la estructura de costos
del proyecto agrícola, destaca la Sala que todo dictamen debe tener solidez,
claridad, exhaustividad y precisión en sus fundamentos, de manera que al juez le
compete realizar una evaluación crítica del mismo, a efectos de que puedan
determinarse con precisión aquellos aspectos que son materia de litigio y escapan
del ámbito de conocimiento técnico del fallador.
Sin embargo, el juez no puede aceptar sin más las conclusiones del experto por el
simple hecho de versar su investigación sobre un campo de conocimiento que no
domina, pues quien detenta la facultad de emitir la decisión de fondo no es el auxiliar
de justicia, y por lo mismo, puede el juez separarse de las conclusiones ofrecidas
por el perito cuando no goza de los atributos señalados previamente.
Como ya se precisó, el señor Orlando Buitrago Ballesteros es el propietario de la
finca “Los Deseos” y del cultivo de arroz allí localizado. Por esa razón, el rubro
correspondiente a “arriendo de tierra” no es un costo que haya podido causarse en
la ejecución del proyecto agrícola, y, por lo mismo, debe ser excluido de los cálculos
sobre la determinación de las utilidades que son materia de litigio.
Caso contrario es lo que ocurre con los costos propios de la recolección del arroz y
su transporte a los molinos, pues lo que acá se indemniza corresponde a la utilidad
proyectada para las 250 ha de cultivo que se perdieron, lo cual implica que deben
sumarse todos los costos que se hayan causado efectivamente, junto con aquellos
que, pese a no haberse causado al momento en que se perdió el cultivo, eran
imprescindibles para llevar el proyecto agrícola hasta la ulterior etapa de
comercialización, que es lo que precisamente ocurre con los gastos en mención.
37
Radicación: 85001-23-31-000-2011-00117-03 (59464)
Actor: Orlando Buitrago Ballesteros y otros
Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa
En lo tocante a la inclusión de unas cantidades de insumos superiores, se advierte
que para la elaboración del dictamen de contradicción no se realizó una evaluación
técnica, y en campo, sobre el cultivo afectado, sino que simplemente se efectuó una
revisión documental del dictamen de la parte demandante y se visitó el predio casi
tres años después de la ocurrencia de los hechos, cuando ya no se podía verificar
las condiciones del cultivo materia de litigio. Esta situación impide el conocimiento
preciso acerca de las reales necesidades que la plantación de arroz tenía en cuanto
a la aplicación de los insumos en cuestión, lo que afecta la credibilidad de lo
señalado por el peritaje de contradicción sobre la supuesta necesidad de aplicar
insumos en menores cantidades.
En todo caso, debe precisarse que este aspecto de la tesis de defensa en realidad
redunda en resultados positivos para la parte demandante, pues en la medida en
que hubiese tenido que emplearse menores cantidades de materias primas, los
costos del proyecto hubiesen sido menores y el margen de utilidad -que es lo que
acá se pretende- mayor, puesto que ambas partes coinciden en realizar los cálculos
sobre la venta del arroz con base en el precio certificado por Fedearroz (fls. 60).
Finalmente, se precisa que sí existen errores aritméticos en la sumatoria de los
costos directos e indirectos efectuada en el dictamen pericial aportado con la
demanda y que tasó los perjuicios.
En vista de lo anterior, la Sala advierte que, salvo la exclusión del costo relativo al
“arriendo de tierra” y la corrección de los errores aritméticos en la sumatoria final de
costos directos e indirectos, el dictamen pericial practicado como prueba anticipada
y aportado junto con la demanda es prueba idónea del monto del perjuicio
correspondiente a lo dejado de percibir por la pérdida de 250 ha de cultivo de arroz,
por lo que se tendrán en cuenta los valores allí señalados para liquidar los perjuicios
correspondientes, así:
Costos Generales
Cantidad
Rubro Ítem Unidad Valor Unitario Costos/Ha
x Ha
1 Preparación del terreno
Rastreada N/A 2 $ 50.000 $ 100.000
Rastrillada N/A 2 $ 45.000 $ 90.000
Nivelada N/A 1 $ 25.000 $ 25.000
2 Siembra
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Radicación: 85001-23-31-000-2011-00117-03 (59464)
Actor: Orlando Buitrago Ballesteros y otros
Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa
Mecanizada N/A 1 $ 25.000 $ 25.000
Tapada caballoneada N/A 1 $ 25.000 $ 25.000
Jornales adicionales /
Jornal 1 $ 25.000 $ 25.000
Resiembra 1
3 Amortización herramienta N/A 1 $ 15.000 $ 15.000
4 Recolección
Valor bulto Bulto 95 $ 4.400 $ 418.000
Valor zorreo Bulto 95 $ 600 $ 57.000
Jornales adicionales Jornal 1 $ 25.000 $ 25.000
Alimentación diaria N/A 5 $ 5.000 $ 25.000
5 Transporte
Del distribuidor al cultivo de
T/DA 0,225 $ 25.000 $ 5.625
semilla
Del cultivo al molino T/DA 6 $ 25.000 $ 150.000
Total costos generales $ 985.625
Costos de insumos
Cantidad
Rubro Ítem Unidad Valor Unitario Costos/Ha
x Ha
1 Semilla certificada Kg 250 2932 $ 733.000
2 Fertilizante correctivo Bulto 10 $ 7.953 $ 79.530
3 Urea Bulto 3 $ 66.420 $ 199.260
4 Fertilizante básico DAP Bulto 1,5 $ 112.534 $ 168.801
5 KCL Bulto 3 $ 116.204 $ 348.612
6 Kieserita Bulto 1 $ 72.786 $ 72.786
Total $ 1.601.989
Costos de plaguicidas
Cantidad
Rubro Ítem Unidad Valor Unitario Costos/Ha
x Ha
1 Amina 480 Lt 0,5 $ 11.236 $ 5.618
2 Nomine 400 Lt 0,5 $ 516.680 $ 258.340
3 Engeo Lt 0,3 $ 173.750 $ 52.125
4 Curater 330 SC Lt 1 $ 27.412 $ 27.412
5 Kitazin 48 EC Lt 1 $ 44.374 $ 44.374
6 Fudiolan Lt 0,5 $ 51.625 $ 25.813
7 Cropizol Lt 0,5 $ 66.956 $ 33.478
39
Radicación: 85001-23-31-000-2011-00117-03 (59464)
Actor: Orlando Buitrago Ballesteros y otros
Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa
Total $ 447.160
Aplicaciones
Cantidad
Rubro Ítem Unidad Valor Unitario Costos/Ha
x Ha
1 Fertilizantes y correctivos Jornal 8,5 $ 3.500 $ 29.750
2 Fertilizantes básicos N/A 15 $ 3.500 $ 52.500
3 Herbicidas 2 terrestres N/A 2 $ 15.000 $ 30.000
4 Insecticidas aéreos Vuelo 1 $ 35.000 $ 35.000
5 Fungicidas 3 aéreos Vuelo 2 $ 35.000 $ 70.000
6 Bandereo Jornal 1 $ 25.000 $ 25.000
Total $ 242.250
Total costos directos $ 3.277.024
Valor costos indirectos
Cantidad x
Rubro Ítem Unidad Valor Unitario Costos/Ha
Ha
1 Asistencia técnica N/A 1 $ 30.000 $ 30.000
2 Intereses N/A 1 $ 104.310 $ 104.310
3 Administración N/A 1 $ 35.000 $ 35.000
Total $ 169.310
Costos totales (directos + indirectos) $ 3.446.334
Utilidad del proyecto
Cantidad x
Ítem Unidad Valor Unitario Costos/Ha
Ha
Se toma como base una producción de 95 bultos de 62,5 Kg por hectárea
Ingresos Bulto 95 $ 42.000 $ 3.990.000
Costos de cultivo Bulto 1 $ 3.446.334 $ 3.446.334
Total $ 543.667
De este modo, como la utilidad por hectárea era de $543.667, lo dejado de percibir
por las 250 ha de cultivo de arroz que no pudieron cosecharse ascendió a la suma
de $135.916.625.
40
Radicación: 85001-23-31-000-2011-00117-03 (59464)
Actor: Orlando Buitrago Ballesteros y otros
Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa
En este punto, la Sala precisa que, aunque en el dictamen pericial se estableció una
cifra muy superior por el mismo concepto, lo cierto es que esto se hizo a partir de la
sumatoria de los costos totales con la utilidad esperada, así:
Sin embargo, este cálculo es erróneo, pues, aunque el valor de venta del cultivo de
arroz pueda acercarse a esa cifra, lo cierto es que para el reconocimiento del lucro
cesante deben hacerse las deducciones correspondientes a los costos del proyecto
agrícola, debido a que estos rubros no corresponden a la utilidad esperada.
Como los $135.916.625 se han tasado con base en los valores establecidos en la
época en que se presentó la demanda, corresponde a la Sala indexar dicha cifra,
de acuerdo con la siguiente fórmula:
R = RH (Índice Final / Índice Inicial)
En la que el valor R se determina multiplicando el valor histórico (RH), que es la
suma liquidada en favor del demandante por concepto de lucro cesante, por el
cociente de la división entre el índice final de precios al consumidor certificado por
el DANE a la fecha en que se profiere la presente providencia y el mismo índice
vigente al momento en que se presentó la demanda -29 de julio de 2011-.
Así las cosas, para el caso particular tenemos:
R= $135.916.625 (149,66 / 75,31)
R= $135.916.625 (1,9872)
R= $270.100.678
Así las cosas, la condena por lucro cesante que deberá pagar Ecopetrol S.A. y ODL
S.A. a favor del señor Orlando Buitrago Ballesteros asciende a $270.100.678.
41
Radicación: 85001-23-31-000-2011-00117-03 (59464)
Actor: Orlando Buitrago Ballesteros y otros
Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa
5. Costas
En consideración a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación
procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo,
modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 9 de marzo de 2017, proferida por el
Tribunal Administrativo de Casanare, cuya parte resolutiva quedará así:
PRIMERO: Declarar a las sociedades Ecopetrol S.A. y Oleoducto de los
Llanos Orientales S.A. – ODL S.A. solidariamente responsables por la
pérdida de un cultivo de 250 hectáreas de arroz que se localizaba en el
predio de matrícula inmobiliaria No. 470-83044 “Finca Los Deseos”.
SEGUNDO: Condenar a las sociedades Ecopetrol S.A. y Oleoducto de
los Llanos Orientales S.A. – ODL S.A. a pagar a favor del señor Orlando
Buitrago Ballesteros la suma de $270.100.678, por concepto del lucro
cesante correspondiente a las utilidades dejadas de percibir por la
pérdida de un cultivo de 250 hectáreas de arroz que se localizaba en el
predio de matrícula inmobiliaria No. 470-83044 “Finca Los Deseos”.
TERCERO: No condenar en costas en la instancia.
CUARTO: Ordenar devolver los excedentes de las sumas consignadas
para gastos del proceso si las hubiere, dejando las constancias de rigor.
QUINTO: Ordenar el archivo del expediente cuando esta providencia
quede en firme.
SEGUNDO: Sin condena en costas en la segunda instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente a su Tribunal de origen.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
42
Radicación: 85001-23-31-000-2011-00117-03 (59464)
Actor: Orlando Buitrago Ballesteros y otros
Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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