Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00991-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00991-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00991-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00991-01
Accionante: ANTONIO AUGUSTO CONTI PARRA
Accionado: SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C DEL CONSEJO DE
ESTADO
Temas: Tutela contra autoridad judicial. Proceso de reparación directa con
pretensión de declaratoria de responsabilidad extracontractual por
omisión en la cancelación oportuna de anotación “liquidación del
efecto plusvalía”. Incumplimiento del requisito de la relevancia
constitucional
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte demandante contra la sentencia de 26 de febrero de 2026,
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, en la que declaró
improcedente la acción de tutela por falta del requisito de la relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 10 de febrero de 2026, la parte actora interpuso acción de tutela en la que solicitó
al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso
y a la defensa, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.
En el escrito de tutela formuló las siguientes:
“Con fundamento en las razones fácticas y jurídicas que se sustentarán enseguida, y
mediando la demostración sobre la ocurrencia de las causales que la jurisprudencia
constitucional ha definido para que prospere la tutela contra las providencias judiciales,
con esta acción se pretende que esa Honorable Corporación (i) anule y/o deje sin valor la
sentencia de segunda instancia dictada por el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección C – el 11 de agosto de 2025,
en el proceso de reparación directa radicado con el No. 25000-23-36-000-2017- 00948-
01, incoado por el aquí accionante contra el Municipio de Chía y la Superintendencia de
Notariado y Registro, y (ii) ordene, que en reemplazo de dicha decisión se dicte una nueva
que honre la realidad de los hechos y reivindique los derechos fundamentales del
ciudadano Augusto Conti vulnerados con ese fallo mediante la imposición de las
declaraciones y condenas acumuladas en el libelo que dio origen a ese proceso”.
2. Hechos
El actor manifestó que el 13 de junio de 2000 adquirió un inmueble ubicado en la
vereda La Balsa del municipio de Chía, Cundinamarca, identificado con la matrícula
inmobiliaria núm. 50N-836165. Agregó que, respecto de dicho bien, la Alcaldía de
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Chía liquidó el efecto de plusvalía por un valor de $18.515.351, circunstancia que fue
registrada en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria.
Expuso que el 13 de noviembre de 2014 canceló la obligación determinada por la
administración, frente a lo cual le fue otorgado el respectivo paz y salvo por concepto
de plusvalía. No obstante, señaló que el 19 de enero de 2016, al intentar celebrar un
negocio jurídico de compraventa del inmueble, fue informado de que dicho contrato
no podía llevarse a cabo, debido a que en el folio de matrícula inmobiliaria
permanecía inscrita la anotación correspondiente a la “liquidación del efecto
plusvalía”, situación que impedía la transferencia del derecho de dominio.
Sostuvo que, mediante varias solicitudes, requirió a la Alcaldía de Chía ordenar la
cancelación de la anotación registral consignada en el folio de matrícula inmobiliaria
núm. 50N-836165, por cuanto la obligación ya había sido cancelada. Indicó que dicha
actuación solo se materializó el 11 de julio de 2016.
Mencionó que, con fundamento en lo anterior, presentó demanda de reparación
directa contra el municipio de Chía, la Superintendencia de Notariado y Registro y la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos - Zona Norte, con el fin de que se les
declarara administrativamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados
como consecuencia de la omisión en la cancelación oportuna de la anotación
denominada “liquidación del efecto plusvalía”, pese al pago de la obligación. Afirmó
que dicha omisión le limitó el ejercicio del derecho de dominio, al impedirle vender el
inmueble, lo que configuró una pérdida de oportunidad.
El asunto fue asignado por reparto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B, que mediante sentencia del 21 de noviembre de
2018 negó las pretensiones de la demanda. Ello, tras constatar que la anotación
registral correspondiente a la “liquidación del efecto plusvalía” no restringía el
derecho de dominio sobre el inmueble y que no se acreditaron los presupuestos
necesarios para tener por configurado un daño derivado de la alegada pérdida de
oportunidad de enajenar el bien.
Contra dicha providencia, la parte demandante interpuso recurso de apelación en el
que sostuvo que mientras no se cancelara la anotación registral en el respectivo folio
de matrícula no era posible disponer del bien inmueble. Asimismo, reiteró que perdió
la oportunidad de venderlo, en tanto la oferta de compra que le había sido formulada
se frustró debido a la vigencia de la anotación registral.
La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia
del 11 de agosto de 2025, confirmó la decisión que negó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas a la parte demandante. Señaló que no se demostró
que la inscripción de la anotación registral hubiera generado un daño al demandante,
dado que, una vez cancelada la obligación subyacente, este podía disponer
libremente del bien. De igual forma, consideró que no se acreditó una afectación
económica derivada de la pérdida de oportunidad de enajenarlo, en la medida en
que la referida anotación no constituía un obstáculo para la celebración del negocio
jurídico al momento en que el actor recibió la oferta de compra.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada fijó el litigio en determinar
si la vigencia de la anotación registral del efecto plusvalía en el folio de matrícula
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inmobiliaria limitaba el derecho de dominio del propietario para enajenarlo, una vez
cancelado el valor correspondiente, sin tener en cuenta que el problema jurídico
debía centrarse en establecer la pérdida de oportunidad de vender el bien inmueble
derivada de la existencia de dicha anotación.
Expuso que la sentencia cuestionada tergiversó el objeto vertebral de la controversia,
al concluir que, como la anotación del efecto plusvalía no constituía una limitación al
dominio y era posible acreditar el pago de la obligación, las partes habrían podido
celebrar el contrato de compraventa, desconociendo los efectos de la anotación
registral.
Señaló que se incurrió en un defecto fáctico, al no valorar que la compradora, pese
a conocer que la obligación había sido cancelada, exigió como condición para la
celebración del negocio jurídico la cancelación de la anotación registral. Dicha
cancelación no fue posible, a pesar de las múltiples solicitudes elevadas ante la
administración, lo que llevó a la compradora a desistir de la adquisición del inmueble,
ocasionando así la pérdida de la oportunidad de venta.
En ese sentido, consideró que, de haberse ordenado oportunamente la cancelación
de la anotación por parte de la administración y de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos, el contrato de compraventa se habría perfeccionado. Agregó
que tal circunstancia se desprende de los certificados de tradición y libertad y de paz
y salvo expedido por la Secretaría de Hacienda de Chía, sin que resultara necesario
exigir un certificado actualizado para efectos de ordenar la cancelación de la
anotación, como indebidamente lo hizo el municipio de Chía, según se acredita con
las pruebas documentales aportadas.
Manifestó que la anotación del efecto plusvalía sí limita el dominio del titular del bien,
en la medida en que impide su transferencia hasta tanto no se levante el gravamen
correspondiente. Adicionalmente, indicó que, conforme a la publicación realizada en
el periódico El Tiempo del viernes 29 de enero de 2016, se acreditó la intención de
vender el inmueble, así como la existencia de una propuesta de compra sometida a
las condiciones previstas en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial.
Relató que la postura adoptada por la autoridad judicial se sustentó en la conjetura
de que las partes podían haber culminado el negocio jurídico con independencia de
la cancelación de la anotación en el folio de matrícula inmobiliaria, considerando que
este aspecto se encontraba por fuera del debate, pese a que la cancelación
constituía una condición esencial para la celebración del contrato, la cual no pudo
cumplirse como consecuencia de la actuación de la administración en el
levantamiento del registro.
Finalmente, sustentó su alegato en el desconocimiento de las sentencias del 11 de
agosto de 2010, 21 de marzo de 2012 y 9 de abril de 2025 proferidas por la Sección
Tercera del Consejo de Estado relacionadas con el análisis del daño por la pérdida
de oportunidad.
4. Oposición
4.1. Respuesta de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
El titular del despacho judicial realizó un recuento de las actuaciones adelantadas
dentro del proceso ordinario y señaló que la decisión confirmó la sentencia que negó
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las pretensiones de la demanda, al constatarse que la inscripción de la anotación
registral por la “liquidación del efecto plusvalía” no generó un daño al demandante.
Ello, en la medida en que, una vez pagada la obligación subyacente, podía disponer
del bien sin limitación alguna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la
Ley 388 de 1997, según el cual la inscripción del acto administrativo de liquidación
del efecto plusvalía cumple una función meramente informativa frente a terceros,
siendo el único requisito para registrar actos de transferencia de dominio la
presentación del certificado expedido por la Administración en el que conste el pago
de la obligación correspondiente.
En esos términos, solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo. Al respecto,
indicó que el asunto carece de relevancia constitucional, toda vez que mediante la
acción de tutela se pretende reabrir la valoración probatoria realizada por el juez
natural para concluir que no se configuró el daño alegado. Agregó, además, que la
discusión es de carácter eminentemente patrimonial.
4.2. Respuesta del municipio de Chía
El apoderado judicial del municipio se pronunció frente a los hechos expuestos en la
acción de tutela y solicitó que se declarara improcedente, al considerar que no se
satisface el requisito de subsidiariedad, en la medida en que mediante dicho
mecanismo se pretende la “anulación” de una decisión judicial.
4.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Superintendencia de
Notariado y Registro guardaron silencio.
5. Sentencia de tutela impugnada
La Sección Primera del Consejo de Estado mediante sentencia del 26 de febrero de
2026, resolvió declarar improcedente la acción de tutela al considerar que esta se
pretendía utilizar como una tercera instancia, razón por la cual no se cumplía el
requisito de la relevancia constitucional.
Precisó que, la autoridad judicial accionada se pronunció frente a los aspectos que
la parte actora alude como desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber
actuado de forma abiertamente arbitraria o desbordado los límites del principio de la
autonomía judicial, y que distinto es que la parte demandante no comparta lo
decidido en el proceso ordinario.
6. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
demandante impugnó el fallo de primera instancia, solicitó su revocatoria y que, en
su lugar, se concediera el amparo de los derechos fundamentales invocados.
En primer lugar, solicitó que se aclare que no actúa por intermedio de apoderado
judicial, sino en nombre propio. Sostuvo que la prueba obrante en el proceso
ordinario demuestra que contó con la oportunidad de vender el bien inmueble, sin
que ello fuera posible debido a que la compradora condicionó la celebración del
negocio a la cancelación de la anotación registral, actuación que no fue realizada de
manera oportuna por la Administración. Agregó que, con independencia de si dicha
anotación limitaba o no el dominio del inmueble, se configuró la pérdida de la
oportunidad de culminar el negocio jurídico.
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Asimismo, expuso que en el asunto resulta evidente la afectación de derechos
fundamentales derivada del “empecinamiento del ente territorial demandado en
abstenerse de ordenar la cancelación de la anotación”, y señaló que la acción de
tutela cumple con una suficiente carga argumentativa, en tanto se explicó el
desconocimiento del precedente judicial relacionado con la pérdida de oportunidad,
para lo cual reiteró las sentencias traídas a consideración en el escrito de tutela1.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación. Adicionalmente, se advierte que no existe circunstancia alguna que
invalide la actuación, o que configure causal de nulidad.
2. Cuestión preliminar
En el escrito de impugnación, el accionante solicitó que se aclarara que no actuó por
intermedio de apoderado judicial, como se afirmó en la sentencia del 26 de febrero
de 2026, sino que promovió la actuación en nombre propio.
Al respecto, la Sala precisa que, verificado el escrito de tutela, se constata que la
acción fue presentada en nombre propio, tal como se indicó en el auto admisorio del
12 de febrero del presente año. Asimismo, se advierte que lo solicitado en el escrito
de tutela fue resuelto por el a quo, y que la mención de una supuesta actuación por
conducto de apoderado judicial no tiene incidencia alguna en la decisión que se
llegue a adoptar. En consecuencia, dicha circunstancia se entiende aclarada.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
se debe revocar la sentencia del 26 de febrero de 2026 de la Sección Primera del
Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela por falta del
requisito de la relevancia constitucional, y de encontrarse cumplidos los restantes
requisitos generales de procedencia, si debe acceder a la protección constitucional
solicitada.
4. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones2.
1
Sentencia del 11 de agosto de 2010, expediente núm. 05001-23-26-000-1995-00082-01, y sentencia del 9 de
abril de 2025, expediente con radicado interno núm. 67795, proferidas por la Sección Tercera del Consejo de
Estado.
2
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
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Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho que
de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración
a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310
de 20053, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo
constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que se
encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a
un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia de
la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005 sobre
la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional4.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala5, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que
considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia
en el sentido de la propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata
de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del
3
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria
Calle Correa.
4
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
5
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
Los referidos parámetros, constituyen en una guía orientadora para verificar si en
cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
5. Estudio y solución del caso concreto
El señor Antonio Augusto Conti Parra, quien actúa en nombre propio, presentó
acción de tutela contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y
a la defensa, con ocasión de la sentencia 11 de agosto de 2025, que confirmó la
decisión que negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
demandante.
La Sección Primera del Consejo de Estado mediante sentencia del 26 de febrero de
2026, declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que no cumplía el
requisito de relevancia constitucional, en la medida en que insistía en un debate que
ya había sido resuelto dentro del proceso ordinario por el juez natural.
Inconforme con la decisión, la parte accionante la impugnó al sostener que en el
proceso ordinario se acreditó la existencia de una oportunidad real de vender el bien
inmueble, frustrada porque la compradora condicionó el negocio a la cancelación de
la anotación registral, actuación que no fue adelantada oportunamente por la
Administración.
Señaló que dicha omisión generó la pérdida de la oportunidad, independientemente
de que la anotación restringiera o no el dominio del bien, y que ello supuso una
afectación de sus derechos fundamentales, atribuible al ente territorial demandado y
añadió que la acción de tutela cumple con la carga argumentativa para ser decidida.
Descendiendo al caso bajo examen, la Sala anticipa que confirmará la sentencia
impugnada, al advertir que los argumentos expuestos en el escrito de tutela ya fueron
objeto de pronunciamiento por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 21
de noviembre de 2018, que negó las pretensiones de la demanda. En ese orden, se
concluye que no se satisface el requisito de relevancia constitucional, en la medida
en que se pretende reiterar un debate que fue zanjado por el juez natural del asunto.
En el sub examine, la parte accionante, a través de apoderado judicial, interpuso
demanda de reparación directa contra el municipio de Chía, la Superintendencia de
Notariado y Registro y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos - Zona Norte,
con el fin de que se les declarara administrativamente responsables por los daños y
perjuicios ocasionados como consecuencia de la omisión en la cancelación oportuna
de la anotación denominada “liquidación del efecto plusvalía”, pese al pago de la
obligación. En esa oportunidad, afirmó que dicha omisión le limitó el ejercicio del
derecho de dominio, al impedirle vender el inmueble, lo que configuró una pérdida
de oportunidad.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B,
mediante sentencia del 21 de noviembre de 2018 negó las pretensiones de la
demanda, tras constatar que la anotación registral correspondiente a la “liquidación
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del efecto plusvalía” no restringía el derecho de dominio sobre el inmueble y que no
se acreditaron los presupuestos necesarios para tener por configurado un daño
derivado de la alegada pérdida de oportunidad de enajenar el bien.
Al respecto, la parte demandante interpuso recurso de apelación con fundamento en
los siguientes argumentos:
[sic a toda la cita] “Obran en los autos el concepto OAJ-3147 de 30 de
noviembre de 2017 expedido por la Superintendencia de Notariado y Registro
que respalda la obviedad segun la cual la inscripcion del efecto plusvalia limita
el dominio del inmueble afectado por dicho gravamen, asi como la comunicacion
SH-PF-5080-2017 de diciembre 19 de 2017 dirigida a mi manante por el
Secretario de Hacienda del Municipio de Chia en igual sentido, por Io que
entonces la aseveracion de ese Honorable Despacho en el sentido de que la
inscripcion de dicha medida solo tiene un efecto publicitario frente a terceros,
aparte de traducir una protuberante tergiversacion jundica, desafia el Estatuto
Registral que define que es un “asiento registrar’ y cbmo se cancela. Mientras no
se anule la inscripcion de ese gravamen en el correspondiente folio de matrícula
inmobiliaria, Io cual supone (i) pagar la obligacion y luego (ii) obtener la
correspondiente orden administrative dirigida a la Oficina de Registro de
Instrumentos Publicos por parte de la autoridad competente, no se podra inscribir
ningun título traslaticio del dominio. Es una verdad irrefutable que mientras no se
pague el efecto plusvalla el titular del bien no podra transferir su dominio. Afirmar
que “...se frafa de una carga tributaria que recae sobre un bien, pero que no limita
el derecho de dominio ni saca del comercio el bien"—como se lee en la sentencia
recurrida— o sostener que la correspondiente inscripcion en el folio de matrícula
inmobiliaria solo tiene el "... efecto del conocimiento público de la medida que
recae sobre elpredio, sin que implique restriccion a la fibre disposicion del mismo
—como tambien se ve alii—, son afirmaciones exoticas y francamente
inexcusables en un tribunal de la jerarquia jurtdica que tiene el Administrative de
Cundinamarca. Las respuestas emitidas por el Municipio de Chia y por la
Superintendencia de Notariado y Registro y que tambien son prueba del proceso
respecto de la pregunta sobre si la anotacion del efecto piusvalia limita el dominie
del titular del bien, honran el sentido comun. Ambas son contestes respecto de
este axioma, que se podría sostener con esta simple pregunta: Si esta anotación
no limitara el dominio, ¿qué sentido tendría hacerla?
Los documentos bajo examen acreditan de modo incontrastable que mientras no
se pague el efecto plusvalía y no se cancele la correspondiente anotación en el
folio de matrícula inmobiliaria mediante un oficio librado por la autoridad que la
impuso donde conste la correspondiente orden, el propietario del bien no podrá
enajenarlo.
(…)
Los errores juridicos del sentenciador fueron, pues, garrafales, y nacieron como
quedó demostrado de su ignorancia sobre las disposiciones contenidas en la Ley
1579 de 2012 contentiva del Estatuto Reqistral. Pero tambien fueron fruto de sus
conjeturas. Sostener que el demandante y el abogado de la senora Patricia Villa
incurrieron, respectivamente, en una apreciacion errada de las disposiciones que
gobiernan la plusvalia y en un concepto juridico igualmente equivoco al predicar
que la anotacion de ese gravamen limitaba el dominio del titular del bien, cuando
resulta que segun el discurso del fallador la potencial compradora del predio
involucrado en este proceso y el propietario del mismo podrian haber formalizado
su negocio al haber pagado el correspondiente importe sin que para alcanzar la
inscripcion de la venta en el folio de matricula inmobiliaria hubiera necesidad
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previa de que la administracion librara un oficio ordenando alli el levantamiento
de esa restriccion, es una creencia falsa”.
Sobre la valoración probatoria la parte accionante mencionó en el recurso de
apelación que:
[sic a toda la cita] “La Honorable Corporacion acusada cayo en los errores
facticos que tambien se le censuran, consistentes, principal aunque no
exclusivamente, en dar por demostrado, en contra de la ley y de la realidad, que
los senores Augusto Conti y Patricia Villa podrian haber formalizado el negocio
de compra venta respecto del bien involucrado en este proceso sin haber tenido
necesidad previa de cancelar la anotacion que por el efecto plusvalia figuraba en
el correspondiente folio de matricula inmobiliaria ya que al haberse pagado el
respective importe ellos tambien estaban en condicion de cancelar ese asiento
registral por su propia cuenta y sin depender de una orden explicita en tai sentido
emitida por la administracidn, debido a la falta de apreciacion de las pruebas
documentales que se aportaron con la demanda y de las que se practicaron en
las audiencias surtidas durante el proceso.
Si el tribunal censurado, para comenzar, hubiese al menos leido — que ni
siquiera estudiado— la Escritura Publica No. 3516 de 27 de julio de 2012 corrida
en la Notarfa Sexta de Bogota (obra en autos), se habria percatado de algo muy
importante para definir este proceso, a saber, que la Oficina de Registro de
Instrumentos Publicos y Privados de Bogota gloso el tramite aduciendo que el
inmueble involucrado en el negocio e identificado con la Matricula Inmobiliaria
050N-20038687 tenia pendiente el pago de la plusvalia. La Honorable
Corporacion acusada cayo en los errores facticos que tambien se le censuran,
consistentes, principal aunque no exclusivamente, en dar por demostrado, en
contra de la ley y de la realidad, que los senores Augusto Conti y Patricia Villa
podrian haber formalizado el negocio de compra venta respecto del bien
involucrado en este proceso sin haber tenido necesidad previa de cancelar la
anotacion que por el efecto plusvalia figuraba en el correspondiente folio de
matricula inmobiliaria ya que al haberse pagado el respective importe ellos
tambien estaban en condicion de cancelar ese asiento registral por su propia
cuenta y sin depender de una orden explicita en tai sentido emitida por la
administracidn, debido a la falta de apreciacion de las pruebas documentales
que se aportaron con la demanda y de las que se practicaron en las audiencias
surtidas durante el proceso. Y si hubiese apreciado la correspondiente nota
devolutiva, habria llegado a la conviccion conforme a la cual para cancelar dicha
afectacion resulta absolutamente indispensable contar con la autorizacion de la
entidad que ordeno su inscripcion original.
(…)
De haber sido visto por el sentenciador, no hay duda de que este documento Io
habria llevado a la conclusion obvia de que para poder levantar la anotacion por
plusvalia y como condicion previa para poder registrar lueqo un acto que impiique
transferencia de dominio, la administracion debe impartirle la correspondiente
orden a la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos y Privados de Bogota.
De manera que con independencia de si la anotacion por plusvalia limita o no
limita el dominio del titular del inmueble, es evidente que en ausencia de esa
autorizacion no se podra inscribir la enajenacion. Y esto porque la vigencia de la
muiticitada anotacion obligara al funcionario calificador a presumir que el
gravamen sigue vigente y a abstenerse de alterar la bitacora del inmueble hasta
tanto no reciba de la autoridad que solicito el asiento la orden para cancelarlo.
Tambien queda suficientemente demostrado que su decision de no formalizar el
negocio hasta tanto no se cancelara la anotacion que registraba el efecto
plusvalia no obedecio a conjeturas gratuitas ni a la asesona defectuosa que le
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presto su abogado, como sin prueba alguna Io aprecio el sentenciador, sino a
razones juridicas poderosas y a la necesidad de preserver su patrimonio”.
Es decir que la parte demandante consideró que mientras no se cancelara la
anotación registral en el respectivo folio de matrícula no era posible disponer del bien
inmueble. Asimismo, reiteró que perdió la oportunidad de venderlo, en tanto la oferta
de compra que le había sido formulada se frustró debido a la vigencia de la anotación
registral e insistió en la valoración probatoria realizada por el juez para negar las
pretensiones de la demanda.
La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante sentencia
del 11 de agosto de 2025, confirmó la decisión que negó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas a la parte demandante. Al respecto, señaló lo
siguiente:
“4.2.1. Según lo expuesto en la demanda, el segundo daño se hace consistir en
la pérdida de la oportunidad de vender el inmueble a Patricia Eugenia Villa
Trujillo, pues la parte actora sostuvo que la inscripción de la anotación registral
correspondiente a la “liquidación del efecto plusvalía” impidió concretar el
negocio jurídico (hecho probado 3.7.).
Al respecto, conviene anotar que la jurisprudencia de esta Corporación ha
reconocido que la oportunidad o probabilidad de obtener una ventaja o evitar un
detrimento, constituye, en sí misma, un bien jurídico tutelado, que, cuando se ha
impedido o perdido definitivamente por la acción u omisión de la entidad
demandada, genera para el afectado el derecho a obtener el correspondiente
resarcimiento.
En ese mismo sentido, sobre el concepto de pérdida de oportunidad, la
jurisprudencia ha indicado que se trata de un daño autónomo, con identidad
propia e independiente, que consiste en la frustración de una probabilidad real y
concreta de conseguir una ganancia o provecho o de evitar una pérdida.
Además, ha señalado que, para tener acreditado el carácter cierto de este daño,
es necesaria la comprobación de los siguientes requisitos: i) la certeza de la
oportunidad que se pierde, ii) la imposibilidad definitiva de obtener el provecho,
la reparación del daño o evitar el detrimento, y iii) que la víctima se encuentra en
una situación potencialmente apta para pretender la consecución del resultado
esperado.
En el caso sub examine se advierte que no se cumple el primer requisito para
acreditar el daño, esto es, la certeza de la oportunidad que se reputa pérdida, tal
como pasa a explicarse:
Al expediente se arrimó como prueba una comunicación enviada por Patricia
Villa Trujjillo, en la que manifestó al demandante que no sería posible suscribir
la escritura de compraventa del inmueble en cuestión, mientras no se pagara “la
contribución de plusvalía que figura a cargo del predio de la referencia, porque
ese gravamen impide la transferencia del dominio” (hecho probado 3.7.).
Al respecto, como ha quedado analizado atrás, lo cierto es que lo afirmado en la
mencionada misiva no se correspondía con la realidad jurídica del bien, pues
para ese momento el actor ya había cumplido con el pago de la obligación
correspondiente, por lo que estaba habilitado para disponer libremente del
mismo (hecho probado 3.5.).
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En tal contexto, si hubiese querido disponer del inmueble, bastaba con presentar
la factura de cobro No. 2014007917, con sello de procesado del 13 de noviembre
de 2014, en la que consta el pago de la liquidación del efecto plusvalía del predio
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 50N-836165, o el paz y salvo
expedido por la Dirección de Rentas del municipio de Chía, en el que constaba
el cumplimiento de dicha obligación, para perfeccionar la transferencia del
derecho de dominio a favor de Patricia Villa (hechos probados 3.5. y 3.6.).
A la vista de lo anterior, la Sala advierte que no se acreditó la existencia de una
oportunidad cierta que se hubiere perdido, puesto que, para el momento en que
Villa Trujillo se refirió nuevamente a la negociación para la compraventa del bien,
el derecho de dominio del accionante no estaba siendo restringido. Así pues,
ante la ausencia del primer elemento del daño por pérdida de oportunidad, como
lo es su certeza, no hay lugar a estudiar su eventual imputación frente a la
entidad demandada.
Fuerza es, entonces, en la parte resolutiva, confirmar la sentencia del 21 de
noviembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que negó las pretensiones de la demanda, al constatar que no se acreditaron los
presupuestos exigidos para la configuración del daño por pérdida de
oportunidad”.
De conformidad con lo expuesto, se tiene que la autoridad judicial accionada
consideró que no se demostró que la inscripción de la anotación registral hubiera
generado un daño al demandante, en la medida en que, una vez cancelada la
obligación subyacente, este podía disponer libremente del bien.
Adicionalmente, valoró que no se acreditó una afectación económica derivada de la
alegada pérdida de oportunidad para enajenarlo, puesto que dicha anotación no
constituía un obstáculo para la celebración del negocio jurídico al momento en que
el actor recibió la oferta de compra.
En consecuencia, al no encontrar acreditado el daño alegado por la parte
demandante, consistente en la pérdida de oportunidad para vender el inmueble,
confirmó la decisión que negó las pretensiones de la demanda.
Conforme a lo anterior, la Sala observa que, mediante los argumentos planteados,
la parte accionante pretende reabrir el debate jurídico ya propuesto tanto en el trámite
de la demanda de reparación directa, en particular, el relacionado con el supuesto
daño derivado de la pérdida de oportunidad para vender el bien inmueble, debido a
la existencia de una anotación registral que, a juicio de la interesada en la compra,
debía ser cancelada para perfeccionar el negocio jurídico.
En este sentido, si bien la parte actora alega la configuración de los defectos fáctico
y por desconocimiento del precedente jurisprudencial, lo cierto es que los mismos se
invocan con el propósito de insistir en los argumentos que fueron expuestos en el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, que negó
las pretensiones de la demanda y que fue confirmada por la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU-573 de 20196, estableció que la
relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber: “(i) preservar la competencia
y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional
6
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir
que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces”7 (Negrilla de la Sala)
En la sentencia SU-215 de 20228, recordó que el cumplimiento del requisito de la
relevancia constitucional requiere “involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico”, a lo que agregó que
“la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica”. De allí que
“la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección de los derechos
efectiva de los derechos fundamentales y no a problemas de carácter legal”.
Por otra parte, como quiera que la providencia objetada fue dictada por la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la verificación del requisito de la
relevancia constitucional adquiere mayor importancia y se torna más estricto en este
caso, teniendo en cuenta que se trata de una providencia emitida por una Alta Corte.
En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que este presupuesto es más riguroso
cuando se trata de providencias judiciales proferidas por una Alta Corporación. Al
respecto, en la sentencia SU-917 de 20109, expresó lo siguiente:
“La tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es más
restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites
de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que
exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás eventos los
principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición
de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar
las interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela
pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra
conclusión”.
Lo anterior, fue reiterado por la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 202210,
en la que se afirmó que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial rigurosidad,
razón por la cual “se requiere demostrar que en la providencia atacada se presenta una
afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto de una actuación
arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, sino que se
requiere demostrar: (i) su existencia, (ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter
arbitrario, para entender acreditado el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional. Se destaca que este requisito no se traduce en la demostración efectiva de
la vulneración de los derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes
7
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
8
M.P. Natalia Ángel Cabo.
9
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Reiterada en las sentencias SU-131 de 2013, M.P. (E) Alexei Egor Julio Estrada, SU-050 de
2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y SU-217 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
10
M.P.: Natalia Ángel Cabo.
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Accionante: Antonio Augusto Conti Parra
que permitan advertir tal situación a primera vista especialmente, cuando se trata de una
tutela contra una sentencia de una alta corte”.
Conforme a lo anterior, la Sala observa que la acción de tutela no supera el requisito
de relevancia constitucional, en tanto se probó que con la misma se pretende volver
sobre un asunto que ya fue resuelto por las autoridades judiciales demandadas en
el proceso que originó la controversia, fin para el que no está instituida la acción
constitucional.
Por las razones expuestas, la Sala confirmará el fallo de 26 de febrero de 2026,
proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado que resolvió declarar
improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de la relevancia
constitucional.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Confirmar la sentencia de 26 de febrero de 2026, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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