Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-00948-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-00948-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2017-00948-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
11 de agosto de 2025
Radicado: 25000-23-36-000-2017-00948-01 (63533)
Demandante: Antonio Augusto Conti Parra
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 25000-23-36-000-2017-00948-01 (63533)
Demandante: Antonio Augusto Conti Parra
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro y otro
Referencia: Reparación directa
TEMAS: ANOTACIÓN REGISTRAL CORRESPONDIENTE A LA “LIQUIDACIÓN DEL
EFECTO PLUSVALÍA” – Si la obligación se ha pagado, no comporta una restricción al
derecho de dominio sobre el inmueble. PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD – Es un daño
autónomo que consiste en la frustración de una probabilidad real y concreta de conseguir
una ganancia o provecho o de evitar una pérdida. PRESUPUESTOS PARA ACREDITAR
LA CERTEZA DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD - La certeza de la oportunidad que se
pierde, la imposibilidad definitiva de obtener el provecho, la reparación del daño o evitar el
detrimento, y que la víctima se encuentra en una situación potencialmente apta para
pretender la consecución del resultado esperado.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia del 21 de noviembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
En atención a una orden impartida por la Alcaldía de Chía, el 23 de julio de 2012
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá inscribió en el folio de
matrícula inmobiliaria No. 50N-836165 una anotación registral correspondiente
a la “liquidación del efecto plusvalía”, contenida en el Decreto 059 de 20101.
Posteriormente, el 13 de noviembre de 2014, Antonio Augusto Conti Parra,
propietario del bien, efectuó el pago de la obligación subyacente. Según se relata
en la demanda, más adelante, en fecha indeterminada, Patricia Eugenia Villa
presentó al propietario del inmueble una oferta de compra para adquirir el bien,
negociación que se habría frustrado debido a que, para esa época, la
mencionada anotación seguía vigente en el folio de matrícula.
1 Mediante el cual la Alcaldía de Chía liquidó el efecto plusvalía para las zonas de vivienda
campestre y de vivienda campestre especial.
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Radicado: 25000-23-36-000-2017-00948-01 (63533)
Demandante: Antonio Augusto Conti Parra
El demandante considera que la Superintendencia de Notariado y Registro y el
municipio de Chía son patrimonialmente responsables: i) porque no cancelaron
oportunamente la anotación registral por “liquidación del efecto plusvalía”, del
folio de matrícula del inmueble; y ii) por la pérdida de oportunidad de haber
podido vender el bien.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la
demanda, al constatar que la anotación registral correspondiente a la “liquidación
del efecto plusvalía” no restringía el derecho de dominio sobre el inmueble y
porque, además, encontró que no se acreditaron los presupuestos necesarios
para tener por configurado un daño por la pérdida de oportunidad de haber
podido vender el bien. Esta decisión fue apelada por el demandante.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 25 de mayo de 20172, Antonio Augusto Conti Parra, mediante apoderado
judicial, presentó demanda, en ejercicio del medio de control de reparación
directa, contra la Superintendencia de Notariado y Registro y el municipio de
Chía para que fueran declarados patrimonialmente responsables i) porque no
cancelaron oportunamente la anotación registral correspondiente a la
“liquidación del efecto plusvalía”, del folio de matrícula inmobiliaria No. 50N-
836165; y ii) por la pérdida de oportunidad de haber podido vender dicho bien.
En consecuencia, solicitó condenar a las entidades demandadas a pagar: i) por
perjuicios morales, 501 SMLMV; ii) por daño a la vida de relación, 501 SMLMV;
y iii) por lucro cesante, 501 SMLMV.
Como antecedentes fácticos, la parte actora narró que el 13 de junio de 2000
adquirió el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 50N-836165,
ubicado en el municipio de Chía, Cundinamarca.
Señaló que, atendiendo una orden impartida por la Alcaldía de Chía, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 813 de la Ley 388 de 19974, el 23 de
julio de 2012 la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá inscribió
una anotación registral, en el folio de matrícula del inmueble, correspondiente a
la “liquidación del efecto plusvalía zona de vivienda campestre y zona de
vivienda campestre especial”, contenida en el Decreto 059 de 2010.
2 Fl. 1 a 47, Cuaderno 1.
3 “Artículo 81. (…) Para los fines de publicidad frente a terceros, una vez en firme el acto
administrativo de liquidación del efecto plusvalía, se ordenará su inscripción en el folio de
matrícula inmobiliaria de cada uno de los inmuebles. Para que puedan registrarse actos de
transferencia del dominio sobre los mismos, será requisito esencial el certificado de la
administración en el cual se haga constar que se ha pagado la participación en la plusvalía
correspondiente.”
4 Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones
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Radicado: 25000-23-36-000-2017-00948-01 (63533)
Demandante: Antonio Augusto Conti Parra
Afirmó que el 13 de noviembre de 2014 efectuó el pago de la obligación
subyacente y que años después, en fecha indeterminada, Patricia Eugenia Villa
le presentó una oferta de compra para adquirir el bien, la cual no se pudo
concretar, porque para esa época la anotación registral correspondiente a la
“liquidación del efecto plusvalía” continuaba vigente en el folio de matrícula del
inmueble.
Indicó que, luego de varias solicitudes que presentó al municipio de Chía,
finalmente, el 11 de julio de 2016, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Bogotá canceló la referida anotación del folio de matrícula del bien.
Por lo anterior, la parte demandante considera que la Superintendencia de
Notariado y Registro y el municipio de Chía son patrimonialmente responsables:
i) porque no cancelaron oportunamente la anotación registral que obraba en el
folio de matrícula del inmueble, correspondiente a la “liquidación del efecto
plusvalía”; y ii) por la pérdida de oportunidad de haber podido enajenar el bien a
Patricia Eugenia Villa.
2. Contestaciones
2.1. La Superintendencia de Notariado y Registro5 se opuso a las pretensiones
de la demanda, alegando que el accionante no acreditó los elementos para tener
por probada la pérdida de oportunidad de haber podido vender el bien a Patricia
Eugenia Villa. Como excepciones propuso las de: i) falta de legitimación en la
causa por pasiva; ii) inexistencia de la falla del servicio; y iii) inexistencia del
daño.
2.2. El municipio de Chía6 sostuvo que las pretensiones de la demanda no
debían prosperar. Indicó que la liquidación del efecto de plusvalía no limitaba el
derecho de dominio ni restringía los actos de disposición sobre el bien. Como
excepciones propuso las de: i) inexistencia de presupuestos de hecho y de
derecho para ser declarado responsable por algún tipo de acción u omisión; ii)
mala fe; y iii) enriquecimiento sin causa.
3. Alegatos de conclusión en primera instancia
3.1. La parte demandante7, la Superintendencia de Notariado y Registro8 y el
municipio de Chía9 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la
contestación de la misma, respectivamente.
5 Fl. 111 a 119, Cuaderno 1.
6 Fl. 120 a 137, Cuaderno 1.
7 Fl. 228 a 243, Cuaderno 1.
8 253 a 256, Cuaderno 1.
9 245 a 252, Cuaderno 1.
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Demandante: Antonio Augusto Conti Parra
3.2. El Ministerio Público rindió concepto10 en el que solicitó negar las
pretensiones de la demanda, aduciendo que no se ocasionó un daño al
demandante, porque la contribución registrada en el folio de matrícula - por
efecto de plusvalía - no le impedía enajenar el bien.
4. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 21 de noviembre de 201811, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las súplicas de la demanda, al constatar que el demandante
no sufrió un daño por la anotación registral que obraba en el folio de matrícula
inmobiliaria No. 50N-836165, así como tampoco por la presunta pérdida de
oportunidad de vender el bien a Patricia Eugenia Villa.
Señaló que el registro de la anotación por “liquidación del efecto plusvalía” no
restringió el derecho de dominio del accionante sobre el inmueble, pues,
conforme a lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 388 de 1997, podía enajenarlo
presentando un certificado de haber pagado la obligación subyacente. Por esta
misma razón, sostuvo que no podía hablarse de una pérdida definitiva de la
oportunidad de enajenar el inmueble.
En la parte resolutiva, condenó en costas a la parte demandante y fijó las
agencias en derecho, para la primera instancia, en un valor equivalente al 3% de
las pretensiones.
5. Apelación
5.1. La parte actora12 solicitó revocar la sentencia de primera instancia, alegando
que mientras no se cancelara la anotación registral correspondiente a la
“liquidación del efecto plusvalía”, en el respectivo folio de matrícula, el propietario
del inmueble no podía disponer del mismo.
Afirmó que perdió la oportunidad de vender el bien a Patricia Eugenia Villa, pues
la “oferta de compra” que realizó se frustró por la existencia de la anotación
referida en el folio de matrícula inmobiliaria del bien.
Finalmente, cuestionó la condena en costas y el porcentaje fijado por concepto
de agencias en derecho en primera instancia, al considerar que “son alucinantes
y connotan una aplicación maquinal de la ley”.
6. Alegatos de conclusión en segunda instancia
6.1. La parte actora, la Superintendencia de Notariado y Registro, el municipio
de Chía y el Ministerio Público, guardaron silencio.
10 221 a 227, Cuaderno 1.
11 Fl. 258 a 267, C. Principal.
12 Fl. 278 a 302, C. Principal.
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Demandante: Antonio Augusto Conti Parra
III. CONSIDERACIONES
La Sala seguirá el siguiente orden para resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante: (1) presupuestos procesales, (2) problema
jurídico, (3) hechos probados, (4) caso concreto, (5) conclusión y (6) costas en
segunda instancia.
1. Presupuestos procesales
1.1. Le corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer
del presente asunto, según lo previsto en el artículo 10413 del CPACA, porque
se demanda la responsabilidad extracontractual de la Superintendencia de
Notariado y Registro14 y del municipio de Chía15. Igualmente, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra
la sentencia del 21 de noviembre de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, dada la vocación de doble instancia del
proceso, debido a que la cuantía excedió los 50016 SMLMV, en concordancia
con los artículos 15017 y 15218 del CPACA.
13 “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la
Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos,
contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén
involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa…
[de] 1. Los relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera
que sea el régimen aplicable […]”
14 Según el artículo 1° del Decreto 2723 de 2014, “La Superintendencia de Notariado y Registro
es una entidad descentralizada, técnica con personería jurídica, autonomía administrativa,
financiera y patrimonial”
15 Según el artículo 1° del Decreto 509 de 2024: “El municipio de Chía es una entidad del orden
territorial de conformidad con la división política administrativa del Estado Colombiano, que
cuenta con autonomía política, fiscal y administrativa, a la luz de lo dispuesto en los artículos 286
y 31 de la Constitución Política, y cuya actividad debe enmarcarse en las actividades que para
el efecto prevé la Carta Política y la ley. Clasificado como municipio de primera categoría,
encuentran plasmados en el artículo 2 de la Constitución Política.”
16 La pretensión mayor de la demanda se estimó en $369.596.217 por concepto de perjuicios
materiales, monto que supera los 500 SMLMV para el año 2017 —fecha de presentación de la
demanda—, cuando el SMLMV era la suma de $737.717.
17 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de
radicación. [modificado por el artículo 615 del CGP]. El Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación […]”.
18 Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes
asuntos: […] 5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte
una entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del
Estado, y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos
domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía exceda de
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes […]”.
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Demandante: Antonio Augusto Conti Parra
1.2. El medio de control de reparación directa es el mecanismo procesal idóneo
para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando
el daño invocado proviene de un hecho, una omisión, una operación
administrativa, la ocupación temporal o permanente de un inmueble o cualquier
otra actuación estatal distinta a un contrato o a un acto administrativo, en los
términos del artículo 14019 de la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, el medio de control de reparación directa ejercido por la
parte actora es adecuado, por cuanto se reclama la reparación de un daño por
hechos imputables a la Superintendencia de Notariado y Registro y al municipio
de Chía.
1.3. En el caso de marras la demanda fue ejercida en tiempo, pues fue
presentada dentro del término de dos (2) años previsto en el artículo 16420 del
CPACA para formular pretensiones en reparación directa. En efecto, se advierte
que: (i) la demanda se sustenta en los perjuicios que habría sufrido la parte
actora porque la Superintendencia de Notariado y Registro y el municipio de Chía
no cancelaron oportunamente la anotación registral, correspondiente a la
“liquidación del efecto plusvalía”, del folio de matrícula inmobiliaria No. 50N-
836165; así como por la pérdida de oportunidad de haber podido vender dicho
bien (hechos probados 3.3., 3.4. y 3.6.); (ii) el 19 de enero de 2016, Patricia Villa
Trujillo presentó al demandante un documento en el que se refirió a una
negociación que se venía adelantando para adquirir el inmueble (hecho probado
3.6.); (iii) el 11 de julio de 2016, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Bogotá canceló la anotación registral referida, correspondiente a la
“liquidación del efecto plusvalía” (hecho probado 3.12.); (iv) el 16 de mayo de
2016, el accionante presentó solicitud de conciliación extrajudicial, la cual se
declaró fallida el 12 de julio de 201621; y (v) la demanda se presentó el 25 de
mayo de 2017.
1.4. Frente a la legitimación en la causa de las partes que integran la litis, esto
es, de un lado, Antonio Augusto Conti Parra, y de otro, la Superintendencia de
Notariado y Registro y el municipio de Chía, se advierte lo siguiente:
19 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política,
la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico
producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso
anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una
omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por
causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un
particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma”.
20 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:
[…] Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término
de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión
causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si
fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de
su ocurrencia.”
21 Fl. 189 a 191, Cuaderno 2.
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Demandante: Antonio Augusto Conti Parra
(i) Antonio Augusto Conti Parra es la persona sobre la que recae el interés
jurídico que se debate en este proceso y está legitimado en la causa por activa,
toda vez que acreditó ser el propietario del inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria No. 50N-836165 -según consta en su certificado de tradición22- y
manifestó haber sufrido perjuicios porque en el folio de matrícula del inmueble
no se canceló oportunamente la anotación registral por “liquidación del efecto
plusvalía”, así como por la pérdida de oportunidad de haber podido vender el
bien.
(ii) La Superintendencia de Notariado y Registro23 está legitimada en la causa
por pasiva, toda vez que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Bogotá fue la dependencia que realizó la inscripción y posterior cancelación de
la anotación registral correspondiente a la “liquidación del efecto plusvalía”, en
el folio de matrícula inmobiliaria No. 50N-836165. En este sentido, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2224 del Decreto 2163 de 2011 y 2025
de la Ley 1579 de 201226, se advierte que esta entidad es competente para
“prestar el servicio de registro de instrumentos públicos”.
(iii) El municipio de Chía también se encuentra legitimado en la causa por pasiva,
pues en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8127 de la Ley 388 de 199728,
22 Fl. 68, Cuaderno 2.
23 La Superintendencia de Notariado y Registro es una entidad descentralizada, técnica, con
personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonial, adscrita al Ministerio del
Interior y de Justicia (artículos 1 y 2 del Decreto 2163 de 2011). Las Oficinas de Registro de
Instrumentos Públicos hacen parte de la estructura de la Superintendencia de Notariado y
Registro (artículo 11 y 28 del Decreto 2163 de 2011).
24 “Artículo 22. Función de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos. Las Oficinas de
Registro de Instrumentos Públicos prestarán el servicio público de registro de instrumentos
públicos de conformidad con lo establecido en la Ley 1579 de 2012, las demás normas que la
reglamenten, adicionen, modifiquen o sustituyan. (…) 4. Inscribir los documentos de los actos
sujetos al registro, así como absolver las consultas que los ciudadanos formulen, con fundamento
en las disposiciones legales.”
25 “Artículo 20. Inscripción. Hecho el estudio sobre la pertinencia de la calificación del documento
o título para su inscripción, se procederá a la anotación siguiendo con todo rigor el orden de
radicación, con indicación de la naturaleza jurídica del acto a inscribir, distinguida con el número
que al título le haya correspondido en el orden del Radicador y la indicación del año con sus dos
cifras terminales. Posteriormente se anotará la fecha de la inscripción, la naturaleza del título,
escritura, sentencia, oficio, resolución, entre otros, su número distintivo, si lo tuviere, su fecha,
oficina de origen, y partes interesadas, todo en forma breve y clara, y en caracteres de fácil
lectura y perdurables. El funcionario calificador señalará las inscripciones a que dé lugar. Si el
título fuere complejo o contuviere varios actos, contratos o modalidades que deban ser
registradas, se ordenarán las distintas inscripciones en el lugar correspondiente.”
26 Por la cual se expide el estatuto de registro de instrumentos públicos y se dictan otras
disposiciones.
27 “Artículo 81. (…) Para los fines de publicidad frente a terceros, una vez en firme el acto
administrativo de liquidación del efecto plusvalía, se ordenará su inscripción en el folio de
matrícula inmobiliaria de cada uno de los inmuebles. Para que puedan registrarse actos de
transferencia del dominio sobre los mismos, será requisito esencial el certificado de la
administración en el cual se haga constar que se ha pagado la participación en la plusvalía
correspondiente.”
28 Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones
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Radicado: 25000-23-36-000-2017-00948-01 (63533)
Demandante: Antonio Augusto Conti Parra
ordenó la inscripción de la anotación registral correspondiente a la “liquidación
del efecto plusvalía”, en el folio de matrícula inmobiliaria No. 50N-836165,
mediante el oficio No. 201207120100017585 del 10 de julio de 2012.
2. Problemas jurídicos
Corresponde a la Sala determinar: (i) si la anotación registral por “liquidación del
efecto plusvalía”, contemplada en el artículo 81 de la Ley 388 de 1997, limita el
derecho de dominio sobre bienes inmuebles, luego del pago de la obligación
subyacente y, (ii) si la condena en costas y la fijación del 3% por concepto de
agencias en derecho en primera instancia se ajustan a lo dispuesto en los
artículos 365.1 y 366 del Código General del Proceso, así como al artículo 5° del
Acuerdo No. 10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura.
3. Hechos probados
Examinado el acervo probatorio que reposa en el expediente, se encuentran
acreditados los siguientes hechos relevantes para dar respuesta al problema
jurídico planteado en el presente asunto:
3.1. El 13 de junio de 2000, Antonio Augusto Conti Parra adquirió la propiedad
del inmueble ubicado en la vereda La Balsa del municipio de Chía,
Cundinamarca, identificado con matrícula inmobiliaria No. 50N-83616529.
3.2. Mediante el Decreto No. 059 del 18 de agosto de 2010, la Alcaldía de Chía
liquidó el efecto plusvalía para las zonas de vivienda campestre y de vivienda
campestre especial y fijó, para el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria
No. 50N-836165, un valor de $18.515.351, a título de contribución por
plusvalía30.
3.3. A través del oficio No. 201207120100017585 del 10 de julio de 2012, la
Alcaldía de Chía solicitó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Bogotá la inscripción de la “liquidación del efecto plusvalía zona de vivienda
campestre y zona de vivienda campestre especial” sobre el inmueble identificado
con la matrícula inmobiliaria No. 50N-83616531.
3.4. El 23 de julio de 2012, en cumplimiento de lo solicitado por la Alcaldía de
Chía, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá inscribió en el
folio de matrícula del inmueble referido una anotación registral correspondiente
29 Escritura pública No. 271, Fl. 2 a 3, Cuaderno 2; Certificado de tradición y libertad del inmueble,
Fl. 68, Cuaderno 2.
30 Decreto 051 de 2010, Fl. 138 a 157, Cuaderno 1.
31 Certificado de tradición y libertad del inmueble, Fl. 68, Cuaderno 2; Oficio No. DOT-0079-2016,
mediante el cual la Alcaldía de Chía solicitó la cancelación de la anotación registral
correspondiente a la liquidación del efecto plusvalía, y en el que se hace referencia al oficio con
el que se efectuó la solicitud de inscripción. Fl. 72, Cuaderno 2.
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Demandante: Antonio Augusto Conti Parra
a la “liquidación del efecto plusvalía zona de vivienda campestre y zona de
vivienda campestre especial” 32.
3.5. El 13 de noviembre de 2014, Antonio Augusto Conti Parra pagó la obligación
por plusvalía, correspondiente al inmueble de su propiedad33.
3.6. El 5 de mayo de 2015, el Director de Rentas del municipio de Chía certificó
que el predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 50N-836165 se
encontraba a paz y salvo por concepto de contribución por plusvalía 34.
3.7. El 19 de enero de 2016, Patricia Villa Trujillo presentó a Antonio Augusto
Conti Parra una comunicación en la que se refirió a la negociación que se venía
adelantando para la compraventa del inmueble identificado con la matrícula
inmobiliaria No. 50N-836165. En dicha comunicación, advirtió que no sería
posible continuar con la celebración del contrato mientras permaneciera vigente
la anotación registral de “liquidación del efecto plusvalía”, consignada en la
anotación No. 6 del folio de matrícula del inmueble, pues ello impedía la
transferencia de dominio del bien. Asimismo, en el documento reiteró las
condiciones de la negociación, relativas al objeto del contrato, el precio, la forma
de pago y la entrega del bien35.
3.8. Mediante peticiones presentadas los días 5 de mayo, 24 de noviembre y 16
de diciembre de 2015 y 20 y 28 de enero de 2016, Antonio Augusto Conti Parra
solicitó a la Alcaldía de Chía ordenar la cancelación de la anotación registral por
“liquidación del efecto plusvalía”, consignada en la anotación No. 6 del folio de
matrícula inmobiliaria No. 50N-836165. Sustentó su solicitud en el hecho de
haber pagado la obligación subyacente36.
3.9. El 2 de febrero de 2016, el Departamento Administrativo de Planeación del
municipio de Chía presentó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Bogotá una solicitud para cancelar la anotación registral correspondiente a la
“liquidación del efecto plusvalía”, en el folio de matrícula inmobiliaria No. 50N-
83616537.
3.10. El 11 de julio de 2016, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Bogotá inscribió una nueva anotación registral en el folio de matrícula
32 Certificado de tradición y libertad del inmueble, Fl. 68, Cuaderno 2.
33 Factura de cobro No. 2014007917, con sello de procesado del 13 de noviembre de 2014, en
la que consta el pago de la liquidación del efecto plusvalía del predio identificado con la matrícula
inmobiliaria No. 50N-836165, por un valor de $20.822.873. Fl. 58, Cuaderno 2.
34 Certificación expedida por el Director de Rentas del municipio de Chía, Fl. 64, Cuaderno 2.
35 Fl. 74 a 76, Cuaderno 2.
36 Peticiones presentadas por Antonio Augusto Conti Parra, Fl. 59, 60, 62, 65, 66 y 67, Cuaderno
2.
37 Oficio DOT-0079-2016 radicado el 2 de febrero de 2016 ante la Oficina de Instrumentos
Públicos de Bogotá, Fl. 25, Cuaderno 4.
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Radicado: 25000-23-36-000-2017-00948-01 (63533)
Demandante: Antonio Augusto Conti Parra
inmobiliaria No. 50N-836165, mediante la cual dispuso la cancelación de la
anotación registral No. 6, correspondiente a la “liquidación del efecto plusvalía”38.
4. Caso concreto
En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 21 de
noviembre de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó
las pretensiones de la demanda, la parte accionante sostuvo que mientras no se
cancelara la anotación registral correspondiente a la “liquidación del efecto
plusvalía” en el respectivo folio de matrícula del inmueble, el propietario no podía
disponer del bien. Afirmó que perdió la oportunidad de vender el bien a Patricia
Eugenia Villa, pues la “oferta de compra” que realizó se frustró por la existencia
de la anotación referida en el folio de matrícula inmobiliaria. Finalmente,
cuestionó la condena en costas y el porcentaje fijado por concepto de agencias
en derecho en primera instancia, al considerar que “son alucinantes y connotan
una aplicación maquinal de la ley”.
Así pues, como sólo la parte accionante apeló la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en los términos del artículo 320 del CGP39, se
analizará el caso teniendo en cuenta únicamente los reparos concretos
formulados por el recurrente.
De conformidad con lo anterior, a continuación se procederá a verificar si la
Superintendencia de Notariado y Registro y el municipio de Chía deben ser
declarados patrimonialmente responsables: i) porque no cancelaron
oportunamente la anotación registral por “liquidación del efecto plusvalía”, del
folio de matrícula del inmueble No. 50N-836165; y ii) por la pérdida de
oportunidad de haber podido vender el bien. Asimismo, se analizará si la
condena en costas y la fijación del porcentaje del 3% por concepto de agencias
en derecho en primera instancia resultan razonables y si obedecen a una
aplicación adecuada de la normativa vigente, o si, por el contrario, configuran
una decisión irrazonable.
Se anticipa que la conclusión a la que se arribará da cuenta que no se acreditó
que la inscripción de la anotación registral por “liquidación del efecto plusvalía”,
hubiera ocasionado un daño al demandante, por cuanto no restringía el derecho
de dominio sobre el bien. Igualmente, se advierte que tampoco se demostró una
afectación patrimonial por la pérdida de oportunidad de vender el bien, en la
medida en que la anotación registral no impedía la celebración del negocio
jurídico. Finalmente, se observa que lo resuelto por el a quo se ajustó a lo
38 Certificado de tradición y libertad generado el 27 de septiembre de 2016, Fl. 207 a 208,
Cuaderno 2.
39 “Artículo 320. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que
el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya
sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en
el inciso segundo del artículo 71.”
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Demandante: Antonio Augusto Conti Parra
dispuesto en los artículos 365.1 y 366 del CGP, así como al artículo 5° del
Acuerdo No. 10554 de 2016, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura.
4.1. Análisis del daño originado en la falta de cancelación oportuna de la
anotación registral por “liquidación del efecto plusvalía”, inscrita en el folio
de matrícula inmobiliaria No. 50N-836165.
4.1.1. En el presente asunto, el primer daño alegado por la parte actora se refiere
a la afectación del derecho de dominio, particularmente de la facultad de
disponer del bien, derivada de no cancelar oportunamente la anotación registral
por “liquidación del efecto plusvalía”, contenida en el folio de matrícula
inmobiliaria No. 50N-836165.
4.1.2. Para comenzar, es menester señalar que reiterada jurisprudencia de esta
Corporación40 ha determinado que el daño indemnizable debe ser cierto y directo41.
El carácter cierto del daño se refiere a aquel que da cuenta de que efectivamente
se ha producido o que su ocurrencia futura resulta inevitable, a diferencia de lo
eventual o hipotético. De otro lado, que el daño sea directo42, se refiere a la
relación inmediata y sin intermediarios entre el hecho generador de la afectación
y el perjuicio que sufre la víctima.
4.1.3. Descendiendo al caso concreto, se advierte que, además de los elementos
de prueba que vienen de describirse en el acápite de hechos probados, en el
proceso se recibió la declaración de parte de Antonio Augusto Conti Parra y se
recepcionaron los testimonios de Patricia Eugenia Villa Trujillo e Hilda Leonor
Alfonso Parada.
(i) Antonio Augusto Conti Parra43 afirmó que, a pesar de haber pagado la
contribución por efecto plusvalía y de haber obtenido el paz y salvo
correspondiente, el municipio de Chía no gestionó oportunamente la cancelación
de la anotación registral respectiva en el folio de matrícula inmobiliaria No. 50N-
836165. De otro lado, en cuanto al daño por pérdida de oportunidad, sostuvo
que, aunque la negociación era “eventual” existió una “aproximación” real que no
40 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 29 de octubre de 2018,
Rad. 46932. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 1º de octubre de
2018, Rad. 46328.
41 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Rad.: 13.186 “[…]
el perjuicio debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a
indemnización. El perjuicio indemnizable, entonces, puede ser actual o futuro, pero, de ningún
modo, eventual o hipotético. Para que el perjuicio se considere existente, debe aparecer como
la prolongación cierta y directa del estado de cosas producido por el daño, por la actividad dañina
realizada por la autoridad”.
42 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 19 de mayo de 2025, Rad.
71527; Subsección C, Sentencia del 11 de diciembre de 2024, Rad. 69715; Subsección C,
Sentencia del 23 de agosto de 2024, Rad. 63429.
43 Acta y CD de la audiencia de pruebas celebrada el 16 de agosto de 2018, Fl. 197 a 199,
Cuaderno 1.
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prosperó debido a la anotación registral referida y a la restricción ambiental
derivada de la cercanía del predio al río Bogotá.
(ii) Patricia Eugenia Villa Trujillo44 manifestó ser amiga de Antonio Augusto Conti
Parra y relató que, como representante legal de la inmobiliaria Forza S.A.S.
(antes Rédito Inmobiliario S.A.S.), consideró la posibilidad de adquirir el
inmueble identificado con la matrícula No. 50N-836165. No obstante, según
indicó, desistió de realizar el negocio jurídico debido a la anotación registral
sobre “la liquidación del efecto plusvalía” - que obraba en el folio de matrícula del
inmueble -, a la modificación introducida por el POT, que redujo el potencial
urbanístico del predio con ocasión del proyecto de ensanchamiento de la
carretera del río, y a la restricción ambiental que prohibía construir dentro de los
100 metros siguientes a la ribera del río Bogotá.
(iii) Hilda Leonor Alfonso Parada45 declaró que conoció del trámite administrativo
iniciado por Antonio Augusto Conti Parra cuando se desempeñó como directora
de Ordenamiento Territorial del municipio de Chía. Explicó que, aunque el
Acuerdo 100 de 2016 —mediante el cual se adoptó el nuevo POT— había
establecido una reserva vial que afectaba el predio del demandante, dicha
medida no era nueva, pues ya había sido prevista en el Acuerdo 17 de 2000 y
reglamentada por los Decretos 73 de 2014 y 30 de 2015, que habían clasificado
como secundaria la vía que colindaba con el costado norte del inmueble. Indicó,
igualmente, que el predio estaba ubicado en una zona de protección del río
Bogotá, lo que restringía el uso del suelo en la franja comprendida dentro de los
100 metros siguientes a la ribera.
4.1.4. En este sentido, se advierte que la declaración de parte de Antonio
Augusto Conti Parra será valorada en conjunto con los demás medios de prueba
y de acuerdo con el principio de la sana crítica, pues el artículo 16546 del CGP la
reconoce como medio de prueba. Asimismo, el artículo 19147 de la misma norma
dispone que la declaración de parte será valorada por el juez de conformidad
“con las reglas generales de apreciación de las pruebas”.
De otro lado, se observa que los testimonios de Patricia Eugenia Villa Trujillo e
Hilda Leonor Alfonso Parada son sospechosos, pues la primera aseguró ser
amiga del demandante y la segunda, para la época de los hechos, ejercía como
directora de Ordenamiento Territorial del municipio de Chía, accionado en este
44 Acta y CD de la audiencia de pruebas celebrada el 16 de agosto de 2018, Fl. 197 a 199,
Cuaderno 1.
45 Acta y CD de la audiencia de pruebas celebrada el 16 de agosto de 2018, Fl. 197 a 199,
Cuaderno 1.
46 “Artículo 165. Medios de prueba. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión,
el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los
documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la
formación del convencimiento del juez.”
47 “Artículo 191. Requisitos de la confesión. La confesión requiere: (…) La simple declaración de
parte se valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas.”
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proceso. De tal suerte, se advierte que sus declaraciones deben ser analizadas
con mayor rigurosidad, en los términos del artículo 211 del CGP48, atendiendo
las circunstancias del caso y sin que ello implique desecharlas de plano.
4.1.5. Entonces, una vez valoradas íntegramente las pruebas que reposan en el
expediente, se encuentra acreditado: (i) que el inmueble identificado con
matrícula inmobiliaria No. 50N-836165 era de propiedad de Antonio Augusto
Conti Parra (hecho probado 3.1.); (ii) que, atendiendo una orden impartida por la
Alcaldía de Chía, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 388
de 1997, el 23 de julio de 2012 la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Bogotá inscribió en el folio de matrícula del inmueble, una anotación
correspondiente a la “liquidación del efecto plusvalía zona de vivienda campestre
y zona de vivienda campestre especial”, contenida en el Decreto 059 de 2010
(hechos probados 3.2., 3.3. y 3.4..); (iii) que el 13 de noviembre de 2014 el señor
Conti Parra pagó la suma correspondiente a dicha contribución (hecho probado
3.5.); (iv) que el 19 de enero de 2016, Patricia Villa Trujillo presentó una
comunicación en la que se refirió a la negociación adelantada para la
compraventa del inmueble, y advirtió que no sería posible celebrar el negocio
jurídico mientras permaneciera vigente la anotación registral relativa a la
“liquidación del efecto plusvalía”, por cuanto ello impedía la transferencia del
dominio (hecho probado 3.7.); y (v) que el 11 de julio de 2016, la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá inscribió una nueva anotación
registral en el folio de matrícula inmobiliaria No. 50N-836165, mediante la cual
dispuso la cancelación de la anotación registral No. 6, correspondiente a la
“liquidación del efecto plusvalía” (hecho probado 3.10.).
Aunque se demostró que la anotación registral por la “liquidación del efecto
plusvalía” permaneció inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria No. 50N-
836165 un año y siete meses después de haberse efectuado el pago de la
obligación subyacente (hechos probados 3.3. y 3.9.), lo cierto es que, en los
términos del daño que reclama el extremo activo, para que pueda atribuirse
responsabilidad a las entidades accionadas, debe demostrarse que ello afectó
el derecho de dominio de Conti Parra sobre el inmueble, generándole un daño
que no estaba en la obligación de soportar. Es que, justamente, para analizar la
“mora” alegada en la demanda y determinar si debe declararse a la
Administración patrimonialmente responsable por la lesión ocasionada al
libelista, previamente debe determinarse si, en efecto, ésta se ocasionó, pues en
caso de no verificarse su causación se impondría negar las pretensiones
invocadas por la ausencia del primer elemento de la responsabilidad, esto es, el
daño.
48 “Artículo 211. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las personas que se
encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de
parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados,
antecedentes personales u otras causas. La tacha deberá formularse con expresión de las
razones en que se funda. El juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con
las circunstancias de cada caso”.
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4.1.6. En este sentido, se tiene que el artículo 66949 del Código Civil define el
“dominio” como el derecho real sobre una cosa corporal para “gozar y disponer
de ella”.
De otro lado, conviene anotar que, la plusvalía es una contribución especial50
destinada al desarrollo territorial municipal, cuya finalidad es permitir que la
colectividad, a través de la entidad territorial, participe en los beneficios
económicos generados por las actuaciones administrativas que incrementan el
valor del suelo. Así lo dispone el artículo 7351 de la Ley 388 de 199752, al definirla
como un instrumento de financiación para el crecimiento urbanístico.
A su vez, el artículo 74.153 de la misma normativa, contempla como uno de los
hechos generadores de la participación en plusvalía, “la incorporación de suelo
rural a suelo de expansión urbana o la consideración de parte del suelo rural
como suburbano”.
En cuanto a sus efectos, el artículo 8154 ibidem dispone que “para los fines de
publicidad frente a terceros” la liquidación deberá inscribirse en el folio de
matrícula inmobiliaria de cada inmueble. Además, establece que para registrar
49 “Artículo 669. El dominio que se llama también propiedad es el derecho real en una cosa
corporal, para gozar y disponer de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. La propiedad
separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad.”
50 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 29 de febrero de 2024, Rad. 27642.
51 “Artículo 73. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 82 de la Constitución Política, las
acciones urbanísticas que regulan la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano
incrementando su aprovechamiento, generan beneficios que dan derecho a las entidades
públicas a participar en las plusvalías resultantes de dichas acciones. Esta participación se
destinará a la defensa y fomento del interés común a través de acciones y operaciones
encaminadas a distribuir y sufragar equitativamente los costos del desarrollo urbano, así como
al mejoramiento del espacio público y, en general, de la calidad urbanística del territorio municipal
o distrital. Los concejos municipales y distritales establecerán mediante acuerdos de carácter
general, las normas para la aplicación de la participación en la plusvalía en sus respectivos
territorios.”
52 Ley de desarrollo territorial.
53 Artículo 74. Constituyen hechos generadores de la participación en la plusvalía de que trata el
artículo anterior, las decisiones administrativas que configuran acciones urbanísticas según lo
establecido en el artículo 8 de esta Ley, y que autorizan específicamente ya sea a destinar el
inmueble a un uso más rentable, o bien incrementar el aprovechamiento del suelo permitiendo
una mayor área edificada, de acuerdo con lo que se estatuya formalmente en el respectivo Plan
de Ordenamiento o en los instrumentos que lo desarrollen. Son hechos generadores los
siguientes: 1. La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración de
parte del suelo rural como suburbano.”
54 Artículo 81. (…) Para los fines de publicidad frente a terceros, una vez en firme el acto
administrativo de liquidación del efecto plusvalía, se ordenará su inscripción en el folio de
matrícula inmobiliaria de cada uno de los inmuebles. Para que puedan registrarse actos de
transferencia del dominio sobre los mismos, será requisito esencial el certificado de la
administración en el cual se haga constar que se ha pagado la participación en la plusvalía
correspondiente. (…)”
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actos de transferencia de dominio sobre bienes afectados con el efecto plusvalía,
“será requisito esencial el certificado de la administración en el cual se haga
constar que se ha pagado la participación en la plusvalía correspondiente.”
Por su parte, el artículo 18155 del Decreto 19 de 2012 —por medio del cual se
suprimieron trámites innecesarios en la administración pública— dispone que el
pago de la participación en la plusvalía solo será exigible al propietario del
inmueble cuando este realice actos que impliquen la transferencia de su dominio.
4.1.7. En el presente caso, se advierte que, si se ha pagado la obligación por
plusvalía, la anotación registral correspondiente no comporta una limitación al
ejercicio del derecho de dominio ni a ninguno de sus atributos, vale decir, las
facultades de usar, gozar y disponer del bien.
En efecto, conforme al artículo 81 de la Ley 388 de 1997, el único requisito para
registrar actos de transferencia de dominio sobre inmuebles gravados por este
concepto es la presentación del certificado expedido por la Administración en el
que conste el pago de la obligación correspondiente. En ninguna disposición
normativa se exige, como condición adicional, la cancelación en el folio de
matrícula respectivo de la anotación derivada de la liquidación. Por el contrario,
el mismo artículo prevé expresamente que la inscripción cumple una función
meramente informativa frente a terceros.
Así las cosas, se concluye que la sola exhibición de la factura que acreditaba el
pago de la obligación (hecho probado 3.5), o del paz y salvo expedido por el
Director de Rentas del municipio de Chía (hecho probado 3.6), bastaba para
habilitar al actor a perfeccionar cualquier acto de enajenación del bien. En
consecuencia, la inscripción de la anotación registral correspondiente a la
“liquidación del efecto plusvalía” no comportaba entonces una restricción legal al
derecho de dominio de Conti Parra sobre el inmueble.
Esta circunstancia impone negar las pretensiones de la demanda, al constatar
que la inscripción de la anotación registral sobre “la liquidación del efecto
plusvalía” no afectó ni limitó el derecho de dominio de Conti Parra sobre su
inmueble.
Lo anterior, toda vez que, como es bien sabido, en el juicio de responsabilidad
extracontractual el daño es el primer elemento que debe encontrarse
configurado, por lo que, de no hallarse establecido, las pretensiones resarcitorias
no están llamadas a prosperar, sin que sea necesario continuar con el análisis
55 “Artículo 181. La participación en la plusvalía sólo le será exigible al propietario o poseedor
del inmueble respecto del cual se haya liquidado e inscrito en el respectivo folio de matrícula
inmobiliaria un efecto de plusvalía, en el momento en que se presente cualquiera de las
siguientes situaciones: (…) 3. Actos que impliquen transferencia del dominio sobre el inmueble,
aplicable al cobro de la participación en la plusvalía de que tratan los numerales 1 y 3 del referido
artículo 74. (…).”
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del título de atribución y del nexo causal por “la falta de cancelación oportuna de
la anotación registral”.
4.2. Análisis del daño por la “pérdida de oportunidad” de vender el
inmueble a Patricia Eugenia Villa Trujillo.
4.2.1. Según lo expuesto en la demanda, el segundo daño se hace consistir en
la pérdida de la oportunidad de vender el inmueble a Patricia Eugenia Villa
Trujillo, pues la parte actora sostuvo que la inscripción de la anotación registral
correspondiente a la “liquidación del efecto plusvalía” impidió concretar el
negocio jurídico (hecho probado 3.7.).
Al respecto, conviene anotar que la jurisprudencia de esta Corporación ha
reconocido que la oportunidad o probabilidad de obtener una ventaja o evitar un
detrimento, constituye, en sí misma, un bien jurídico tutelado, que, cuando se ha
impedido o perdido definitivamente por la acción u omisión de la entidad
demandada, genera para el afectado el derecho a obtener el correspondiente
resarcimiento56.
En ese mismo sentido, sobre el concepto de pérdida de oportunidad, la
jurisprudencia ha indicado que se trata de un daño autónomo, con identidad
propia e independiente, que consiste en la frustración de una probabilidad real
y concreta de conseguir una ganancia o provecho o de evitar una pérdida.
Además, ha señalado que, para tener acreditado el carácter cierto de este daño,
es necesaria la comprobación de los siguientes requisitos: i) la certeza de la
oportunidad que se pierde, ii) la imposibilidad definitiva de obtener el provecho,
la reparación del daño o evitar el detrimento, y iii) que la víctima se encuentra
en una situación potencialmente apta para pretender la consecución del
resultado esperado57.
En el caso sub examine se advierte que no se cumple el primer requisito para
acreditar el daño, esto es, la certeza de la oportunidad que se reputa pérdida, tal
como pasa a explicarse:
Al expediente se arrimó como prueba una comunicación enviada por Patricia
Villa Trujjillo, en la que manifestó al demandante que no sería posible suscribir
la escritura de compraventa del inmueble en cuestión, mientras no se pagara “la
contribución de plusvalía que figura a cargo del predio de la referencia, porque
ese gravamen impide la transferencia del dominio” (hecho probado 3.7.).
Al respecto, como ha quedado analizado atrás, lo cierto es que lo afirmado en
la mencionada misiva no se correspondía con la realidad jurídica del bien, pues
para ese momento el actor ya había cumplido con el pago de la obligación
56 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 11 de agosto de 2010, Rad. 18.593, 3 de
abril de 2020, Rad.43.034 y 9 de abril de 2025, Rad. 67795.
57 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de agosto de 2010, Rad. 18593.
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correspondiente, por lo que estaba habilitado para disponer libremente del
mismo (hecho probado 3.5.).
En tal contexto, si hubiese querido disponer del inmueble, bastaba con presentar
la factura de cobro No. 2014007917, con sello de procesado del 13 de noviembre
de 2014, en la que consta el pago de la liquidación del efecto plusvalía del predio
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 50N-836165, o el paz y salvo
expedido por la Dirección de Rentas del municipio de Chía, en el que constaba
el cumplimiento de dicha obligación, para perfeccionar la transferencia del
derecho de dominio a favor de Patricia Villa (hechos probados 3.5. y 3.6.).
A la vista de lo anterior, la Sala advierte que no se acreditó la existencia de una
oportunidad cierta que se hubiere perdido, puesto que, para el momento en que
Villa Trujillo se refirió nuevamente a la negociación para la compraventa del bien,
el derecho de dominio del accionante no estaba siendo restringido.
Así pues, ante la ausencia del primer elemento del daño por pérdida de
oportunidad, como lo es su certeza, no hay lugar a estudiar su eventual
imputación frente a la entidad demandada58.
Fuerza es, entonces, en la parte resolutiva, confirmar la sentencia del 21 de
noviembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que negó las pretensiones de la demanda, al constatar que no se acreditaron los
presupuestos exigidos para la configuración del daño por pérdida de
oportunidad.
4.3. El cargo del recurso de apelación relativo a la condena en costas y
agencias en derecho
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la sentencia de primera
instancia, impuso al demandante el pago de costas y agencias en derecho
equivalentes al 3 % del valor de las pretensiones, en su calidad de parte vencida
en juicio y conforme a lo previsto en el numeral 1° del artículo 5° del Acuerdo No.
10554 de 2016, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura. Esta
determinación fue recurrida por la parte actora, al considerar que “es alucinante
y connota una aplicación maquinal de la ley”.
El artículo 18859 del CPACA establece que, salvo en los procesos en los que se
discuta un interés público, la sentencia deberá pronunciarse sobre la condena
58 Consejo de Estado, Subsección C, Sentencia del 9 de abril de 2025, Rad. 67795.
59 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por
las normas del Código de Procedimiento Civil. En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia
de fundamento legal.”
17
Radicado: 25000-23-36-000-2017-00948-01 (63533)
Demandante: Antonio Augusto Conti Parra
en costas, cuya liquidación y ejecución se sujetarán a las disposiciones del
Código General del Proceso.
Precisado lo anterior, al tenor del CPACA y en armonía con el CGP 60, debe
concluirse que procede la condena en costas a la parte vencida sin que sea
relevante analizar un elemento subjetivo.
Por consiguiente, en lo que atañe a la imposición de costas, lo resuelto por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca acató la normativa y deberá
confirmarse en esta instancia, máxime cuando la parte demandante resultó
vencida en primera instancia y se demostró que los entes accionados,
contestaron la demanda y presentaron alegatos de conclusión dentro de la
oportunidad procesal dispuesta para ello.
Ahora bien, respecto del porcentaje relativo a la condena por agencias en
derecho, se tiene que, en virtud del numeral 4 del artículo 366 43 del CGP, deben
fijarse con observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la
Judicatura, atendiendo la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada
por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y
otras circunstancias.
Así las cosas, tratándose del porcentaje aplicable a las agencias en derecho en
los procesos declarativos de mayor cuantía, en general, el artículo 5 61 del
Acuerdo 10554 de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura,
establece que debe oscilar entre el 3% y el 7.5% del valor de las pretensiones
pedidas. En ese sentido, resulta claro que no le asiste razón al recurrente, por
cuanto la fijación del 3% por concepto de agencias en derecho no es “alucinante”
ni supone una aplicación “maquinal de la ley”; por el contrario, se trata del límite
mínimo fijado por la normativa vigente para estos efectos.
5. Conclusión
En el marco de los cargos planteados en el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia del 21 de noviembre de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, la Sala concluyó que no se demostró que la
inscripción de la anotación registral correspondiente a la “liquidación del efecto
plusvalía” hubiera generado un daño al demandante, toda vez que luego de
pagar la obligación subyacente podía disponer libremente del bien. Del mismo
modo, no se acreditó una afectación económica derivada de la pérdida de
60 Los artículos 365.1 y 366 del Código General del Proceso, aplicables por remisión expresa del
artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
prescriben que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación.
61 “Artículo. 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. PROCESOS DECLARATIVOS
EN GENERAL. […] En primera instancia. a. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen
pretensiones de contenido pecuniario: (i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido.
(ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. […] ”.
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Radicado: 25000-23-36-000-2017-00948-01 (63533)
Demandante: Antonio Augusto Conti Parra
oportunidad de enajenar el bien, ya que la referida anotación no representaba
un obstáculo para llevar a cabo el negocio jurídico, para el momento en que el
demandante recibió la oferta de compra del inmueble.
Finalmente, en cuanto a la condena en costas y la fijación del 3 % por concepto
de agencias en derecho en primera instancia, se advierte que esta se ajustó a lo
dispuesto en los artículos 365.1 y 366 del CGP, así como en el artículo 5° del
Acuerdo No. 10554 de 2016, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura.
6. Costas en segunda instancia
El numeral 1° del artículo 365 del CGP dispuso que se condenará en costas a la
parte vencida en el proceso “o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación”, siempre que se demuestre en el expediente su causación
y en la medida de su comprobación62. Atendiendo a lo allí ordenado, se
condenará en costas en segunda instancia a la parte actora, por resultar vencida
en esta instancia.
Las agencias en derecho se fijarán con observancia de las tarifas establecidas
por el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del numeral 4 del artículo 366
del CGP43. Para esos efectos, deberá atenderse la naturaleza, calidad y duración
de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la
cuantía del proceso y otras circunstancias especiales.
En el sub lite, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Municipio de Chía
no realizaron gestiones de manera activa en esta instancia. En consecuencia,
no habrá lugar al pago de las agencias en derecho a cargo del extremo activo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 21 de noviembre de 2018, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de
la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de origen, de conformidad con
62 Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos
en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se
condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. (…).”
19
Radicado: 25000-23-36-000-2017-00948-01 (63533)
Demandante: Antonio Augusto Conti Parra
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración
lo dispuesto en los artículos 366 y 365.8 del CGP
TERCERO: NEGAR las agencias en derecho por la segunda instancia.
CUARTO: En firme esta providencia ENVIAR el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
GE2
20
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