Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-01034-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-01034-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-01034-00
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
28 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A – SALA DE CONJUECES
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01034-00
Accionante: Gustavo Adolfo Díaz González
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otros
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA / IMPROCEDENTE – INMEDIATEZ / TEMERIDAD Y
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL / MORA JUDICIAL / SUBSIDIARIEDAD.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del amparo constitucional.
I. A N T E C E D E N T E S
A. La demanda y sus fundamentos
1.El 28 de enero de 2026, el señor Gustavo Adolfo Díaz González presentó
demanda de tutela contra el Consejo de Estado – Sección Quinta, la Sección
Segunda2 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Juzgado 12
Administrativo del Circuito de Bogotá y la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la salud,
mínimo vital, igualdad, vida digna y acceso a la administración de justicia.
2. Según lo narrado, el señor Díaz González instauró demanda, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Nación -
Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional3, con el fin de que se declarara la
ilegalidad de los actos administrativos que declararon la disminución del porcentaje
de pérdida de capacidad laboral y lo retiraron del servicio. Como restablecimiento del
derecho, solicitó su reincorporación al servicio activo, así como el pago indexado de
todos los emolumentos dejados de percibir.
3.En primera instancia, el Juzgado 12 Administrativo del Circuito de Bogotá -en
sentencia de 26 de julio de 2018- negó las súplicas, al concluir que no se logró
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Aunque el accionante no lo indica, de su relato fáctico, se entiende que se refiere a la Subsección B.
3 Radicado 11001-33-35-012-2016-00280-00.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01034-00
Accionante: Gustavo Adolfo Díaz González
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
desvirtuar la presunción de legalidad de los actos cuestionados por la causal de falsa
motivación.
4.El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda - Subsección B
en fallo de 12 de junio de 2020 revocó la decisión de primer grado y, en su lugar,
accedió a las pretensiones, ordenando el reintegro y reubicación laboral del señor
Díaz González en un cargo de la planta de personal de la entidad en el que pudiera
desempeñarse, en forma acorde con la disminución de su capacidad psicofísica y a
sus estudios, conocimientos y habilidades; así como el pago de las prestaciones
dejadas de percibir desde la fecha de desvinculación.
5. El 18 de junio de 2021, el tutelante promovió proceso ejecutivo con fundamento
en la providencia dictada por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, razón por la cual el Juzgado 12 Administrativo del
Circuito de Bogotá libró mandamiento de pago el 11 de febrero de 2022 contra la
Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional y, en proveído de 21 de
junio de 2022, ordenó seguir adelante con la ejecución. El 23 y 25 de octubre de
2023, la parte actora allegó liquidación de crédito por $437.640.831. El 31 de octubre
de 2023 solicitó apertura de un incidente de desacato en contra de la entidad
ejecutada.
6. Ante el incumplimiento en su reintegro, el señor Gustavo Díaz presentó una tutela4
contra el Ejército Nacional, que fue conocida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, en segunda instancia, corporación que - mediante sentencia del 4 de agosto
de 20225- revocó el fallo del a quo, que había declarado improcedente la acción y,
en su lugar, amparó los derechos fundamentales al trabajo y a la salud del
accionante. En consecuencia, ordenó a la entidad que en el término de 10 días lo
reintegrara, en los términos señalados en la sentencia del 12 de junio de 2020.
7. Por medio de la Resolución 00006117 de 31 de agosto de 2022, el Ministerio de
Defensa Nacional - Ejército Nacional, en cumplimiento del amparo antes señalado,
reintegró al tutelante en el grado de Cabo Primero, que ostentaba al momento de su
retiro, motivo por el cual el actor solicitó información a la entidad sobre la nivelación
de antigüedad para efectos del ascenso al grado de Sargento Segundo. La entidad,
con Oficio de 6 de octubre de 2022, le indicó que en la sentencia condenatoria del
proceso ordinario no se ordenó expresamente la nivelación del demandante con sus
compañeros de curso.
8.Por lo anterior, el actor presentó una nueva acción constitucional6 contra la Nación
– Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y la Sección Segunda - Subsección B del
4 Las pretensiones del accionante se orientaban a que el Ejército Nacional lo reintegrara a su cargo y que
remitiera al juez constitucional “(…) certificado del salario y los factores salariales que debieron cancelarse al
actor desde la fecha de la desvinculación hasta su reintegro, así como de los descuentos legales que debieron
hacerse”. Igualmente pidió que se ordenara el embargo de las cuentas de la entidad, a efectos de garantizar el
pago “del lucro cesante de que trata el mandamiento de pago notificado a la demandada el 11 de febrero” (citas
tomadas de la sentencia del 4 de agosto de 2022, proferida en segunda instancia en la referida tutela).
5 Tutela con radicado 25000-23-15-000-2022-00559-01.
6 Presentó como pretensiones las siguientes: “Que se me reconozca la antigüedad que legalmente ostento y el
orden de prelación que me corresponde al momento en que ascendieron mis compañeros de curso o promoción,
sin que para el efecto se exijan requisitos diferentes a los establecidos en la ley. (…) Se ordene la accionada
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01034-00
Accionante: Gustavo Adolfo Díaz González
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual conoció en primera instancia el
Consejo de Estado – Sección Quinta7, que en fallo de 6 de junio de 2024 la declaró
improcedente por incumplir los requisitos de inmediatez y subsidiariedad respecto de
los cargos formulados contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, luego de
advertir que la providencia censurada había sido notificada el 16 de junio de 2020,
mientras que el mecanismo constitucional se ejerció el 30 de abril de 2024, sin que
existiera justificación válida para la interposición tardía de este. Asimismo, porque el
actor no hizo uso de la figura procesal de la adición de sentencia respecto de la
presunta falta de la autoridad judicial en pronunciarse sobre la pretensión del
reconocimiento de la antigüedad y la prelación que en derecho le correspondiera
para el ascenso. De otra parte, negó las pretensiones de amparo en relación con el
Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, al encontrar que dicha entidad no
había vulnerado ningún derecho fundamental del tutelante.
9.La segunda instancia la desató la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, en sentencia de 16 de agosto de 2024, a través de la cual modificó la
decisión, en el sentido de declarar la improcedencia de la acción de tutela respecto
de todos los cargos formulados ante la falta de subsidiariedad8.
10. La Dirección de Personal de las Fuerzas Militares le notificó al señor Gustavo
Adolfo Díaz la Resolución 1211 del 17 de febrero de 2025, mediante la cual lo
retiraron por llamamiento a calificar servicios. El accionante sostuvo que, con esa
decisión se incumplieron los términos de la sentencia proferida por la Sección
Segunda Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 12 de junio
de 2020, así como lo ordenado en el auto del 11 de febrero de 2022, emitido por el
Juzgado 12 Administrativo del Circuito de Bogotá.
11. Indicóque desde que fue desvinculado en el 2015 le retiraron los servicios
médicos, sin tener en cuenta las patologías que padece (espondilitis anquilosante),
por lo que ha tenido que acudir a diferentes acciones de tutela para lograr la
activación del servicio de salud9.
NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA ascenderme a los
grados de sargento segundo y sargento viceprimero, con la novedad fiscal respectiva. (…) Ordenar al despacho
del tribunal administrativo de Cundinamarca sección segunda Subsección B emitir concepto ante el honorable
concejo de estado sobre los términos del reintegro y así mismo aclare los motivos por los que no se refirió a la
antigüedad y ascensos en la referida sentencia” (cita tomada de la sentencia del 6 de junio de 2024, proferida en
primera instancia en la referida tutela).
7 Tutela con radicado 11001-03-15-000-2024-02116-00.
8 Se indicó que “(…) si el actor consideraba que el ascenso era inherente a la orden de reintegro que se dictó en
contra del Ejército Nacional, en razón a la nulidad del acto de retiro, tenía que haber radicado una solicitud de
complementación o adición respecto a la sentencia proferida el 12 de junio de 2020 del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, para que se incluyera el mejoramiento del cargo y el reconocimiento del tiempo de servicio
dentro de las medidas reparativas” (cita tomada de la sentencia del 16 de agosto de 2024, proferida en segunda
instancia en la referida tutela).
9 Hizo referencia a las acciones de tutela: i) 11001221500020150043400 de la Sala de Extinción de Dominio del
Tribunal Superior de Bogotá, ii) 64627 (STL2656-2016) de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, iii) 110012215000201600558 00 del Tribunal Superior de Bogotá, iv) 110013105025-2018-00360-00 del
Juzgado 25 Laboral del Circuito de Bogotá, v) 11001334205420210025601 del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Tercera y, vi) 110013105012202510169 00 del Juzgado 12 Laboral del Circuito de
Bogotá.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01034-00
Accionante: Gustavo Adolfo Díaz González
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
12. El 9 de mayo de 2024, el Juzgado 12 Administrativo del Circuito de Bogotá cerró
el incidente de desacato, decisión que a juicio del accionante constituye una
conducta reiterativa de parcialidad, ya que el reintegro se dio por orden del Consejo
de Estado y la liquidación presentada por él no fue tenida en cuenta para ser
valorada.
13. Indicó que el Juzgado accionado, mediante auto del 27 de noviembre de 2025,
reconoció la existencia de unas solicitudes de pago radicadas desde octubre de 2020
(Radicados EXT20-81123, 81467, 81480 y 81481) y requirió al Ministerio de Defensa
para que informara su trámite en un plazo de 10 días, pero a la fecha la entidad
demandada ha guardado silencio absoluto. Aludió que con dicha situación quedaba
claro que el Juzgado 12 Administrativo del Circuito de Bogotá se limita a emitir
requerimientos que el Ejército ignoraba, sin hacer uso de sus poderes correccionales
o decretar el embargo inmediato, lo que lo obliga a acudir a la acción de tutela ante
el fracaso del proceso ejecutivo.
14. Afirmó que la Sección Quinta del Consejo de Estado, en las decisiones del 6 de
junio de 2024 y 6 de noviembre de 2025, incurrió en un desconocimiento del
precedente judicial por desatender su propia jurisprudencia y el precedente de la
Corte Constitucional en materia de restablecimiento integral del derecho y carrera
militar10. Indicó que resultaba contradictorio que la misma Corporación en agosto de
2022 ordenara su reintegro por la vía de tutela, reconociendo la ineficacia del juzgado
en lograr el cumplimiento de la orden judicial, pero que hoy pretenda que el pago del
lucro cesante y la nivelación de su carrera siga adelantándose en el marco de un
proceso ejecutivo que lleva más de 4 años paralizado.
15. Añadió que el Consejo de Estado – Sección Quinta en el referido fallo de 6 de
junio de 2024 incurrió en un defecto fáctico al declarar la improcedencia por
carencia probatoria, pues ignoró el memorial radicado el 7 de mayo de 2024, el cual
contenía la prueba de asistencia a psiquiatría del 9 de febrero de 2023 y el concepto
de idoneidad que certificaba un desempeño ejemplar. Yerro que le impidió ver que
el Ejército Nacional actuó con mala fe, usando el área de sanidad como una barrera
burocrática para evadir el cumplimiento de la sentencia de reintegro.
16. Arguyó que tanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca como el Consejo de
Estado incurrieron en un defecto sustantivo al pretender justificar la falta de
nivelación en su carrera militar bajo la excusa de que no se agotó la solicitud de
adición frente al fallo del 12 de junio de 2020, bajo la premisa de que el magistrado
no ordenó explícitamente su ascenso al rango superior, a pesar de que dicha
pretensión fue claramente consignada en el numeral 2 del acápite de pretensiones
de la demanda, y la nivelación de antigüedad y el ascenso son consecuencias
naturales y obligatorias del principio de "No Solución de Continuidad".
10 Citó las siguientes sentencias:
i) de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado, radicado 52001-
23-31-000-2009-00349-01 (2022); ii) Consejo de Estado, Sección Segunda, expediente 11001-03-25-000-2015-
00042-00; iii) SU- 354 de 2017 y; iv) sentencia del Consejo de Estado -no indicó la Subsección que la profirió-,
radicado 25000-23-42-000-2017-03202-01 AC.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01034-00
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Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
17. Bajo el mismo argumento, expuso que los magistrados incurrieron en un exceso
ritual manifiesto al anteponer una norma legal de procedimiento (la solicitud de
adición) por encima de disposiciones constitucionales superiores. Al ser el reintegro
ordenado "sin solución de continuidad", la nivelación en el grado es una
consecuencia lógica y constitucional del restablecimiento pleno del derecho. Aseveró
que se utilizaron formalismos de rango menor para convalidar una discriminación,
permitiendo que el Ejército Nacional tenga al actor en un rango que no corresponde
a la realidad del tiempo de servicio. Resaltó que para el momento de la sentencia
carecía de defensa técnica.
18. Frente al Ejército Nacional indicó que aquel argumentó que no podía
reincorporarlo a un cargo superior porque el fallo no lo indicaba y, de hacerlo, se
incurriría en prevaricato. No obstante, sostuvo que en su caso reconocer la
antigüedad es actuar conforme a la ley y la jurisprudencia consolidada sobre la
obligación de restablecimiento pleno del derecho en los procesos de nulidad. El
Ejército tiene la potestad y el deber de acatar el espíritu de la sentencia, que es
reparar el daño causado por su propio acto ilegal de desvinculación. Por lo que la
postura de la entidad ignora el principio de restablecimiento pleno del derecho que
se busca con la anulación de su acto administrativo.
19. Expresó que el Ejército Nacional no puede acogerse a una interpretación
meramente literal y parcial del fallo para evadir la obligación de reparación integral,
que exige que el accionante se nivele con su promoción, cumpliendo los requisitos
formales gracias a la orden de solución de continuidad. Añadió que, a pesar de que
la sentencia ordenó el pago de salarios, primas y prestaciones dejadas de percibir
sin solución de continuidad, el Ejército ha realizado maniobras dilatorias para no
cumplir con esa obligación monetaria.
20. Por otra parte, afirmó que el Juzgado 12 Administrativo del Circuito de Bogotá
incurrió en un defecto procedimental, por cuanto no aplicó los procedimientos
legales para ejercer presión contra la entidad demandada y así lograr la
ejecutoriedad íntegra de la sentencia de 2020, ya que fue necesario un fallo de tutela
del Consejo de Estado en 2022 para que se lograra el reintegro del actor.
21. Adicionó que el proceso ejecutivo ha tenido serias irregularidades, por lo que el
mismo Juzgado incurrió en un defecto fáctico y procedimental absoluto al validar
y aprobar la liquidación presentada por el Ministerio de Defensa, ignorando la que él
presentó. También actuó con parcialidad y favoreció a esa cartera ministerial, al
punto de concederle más de dos años para contestar la demanda inicial y no tomar
medidas coercitivas para forzar el cumplimiento. Sumado a que existe un retraso de
más de cuatro años en la ejecución de una sentencia judicial, lo que viola el derecho
fundamental al debido proceso, al plazo razonable y a la tutela judicial efectiva.
22. Indicó que la inacción del Juzgado le causó un perjuicio irremediable, toda vez
que la dilación en el pago del lucro cesante afecta grave y continuamente su sustento
y el de su familia, la sentencia se convirtió en una declaración sin efectos prácticos,
la negativa del Ejército de nivelar antigüedad para el ascenso con el argumento de
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01034-00
Accionante: Gustavo Adolfo Díaz González
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
que la sentencia no lo ordenó explícitamente, y su nueva desvinculación en 2025
truncaron su carrera militar. Agregó que se encuentra en silla de ruedas con grave
discapacidad física y se ha visto en la obligación de interponer múltiples acciones de
tutela e incidentes de desacato para que el Ejército le reactive temporalmente los
servicios de salud.
23. Manifestó que los informes médicos tienen graves contradicciones, pues mientras
en las historias clínicas de abril y mayo de 2025 confirman el diagnóstico de
Espondilitis Anquilosante, discopatía multinivel (L1 a S1), sinovitis y lesiones
meniscales; la Junta Médica de octubre de 2024 concluyó que no tiene secuelas de
importancia, y califica la mayoría de sus afecciones bajo el Literal A "No presenta
patología" o "No hay lugar a fijar índices", e incluso afirma que el trastorno depresivo
está resuelto. Lo cual choca con las órdenes de reumatología donde le prescriben
medicamentos de uso crónico y quimioterapia para una enfermedad que es
degenerativa e incurable. Además, allí se afirmó que tiene buen estado general,
arcos de movilidad completos sin alteraciones, que realiza marcha sin alteraciones y
no requiere ayudas externas, pero en el mismo documento se afirma que el paciente
tiene "limitación permanente para la marcha", "requiere ayudas externas tipo bastón
canadiense" y "deterioro para la marcha asociado a dolor". El médico escribe que la
marcha es normal, pero el tratamiento que ordena es la formulación de una silla de
ruedas para traslados.
24. Aseveró que la Junta Médica de octubre de 2024 utilizó el Acta TML 14-0450 de
2015 para declarar que no es apto y que no se sugiere su reubicación. Sin embargo,
aquella fue declarada nula parcialmente por una sentencia judicial en lo que respecta
a la negativa de reubicación. Al usar un acto anulado para calificarlo nuevamente, la
entidad desobedeció una orden judicial y utilizó un criterio legalmente inexistente
para impedirle el ascenso.
25. Seguidamente, aseguró que la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional,
en un acto de fraude a la resolución judicial, procedió a retirarlo del servicio en el año
2025, lo cual es ilegal y temerario porque viola la nivelación de carrera, pretende dar
por terminada la relación laboral sin haberle pagado el lucro cesante de la condena,
ha tenido silencios reiterados desde el 2020 y las calificaciones médicas son
cuestionables. Consideró que esa entidad ha adelantado una política institucional
continua de desacato y hostigamiento en su caso, con el objetivo de impedir que
recupere su antigüedad y el grado que le corresponde por derecho, esperando que
el paso del tiempo consolide su retiro forzoso.
26. También, aunque se invocó la subsidiariedad del proceso ejecutivo, la realidad
fáctica demuestra su ineficacia, debido a que han pasado más de 4 años sin que el
Juzgado 12 Administrativo del Circuito de Bogotá apruebe la liquidación o decrete
embargos.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01034-00
Accionante: Gustavo Adolfo Díaz González
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
27. Mediante auto de 22 de abril de 202611 se avocó el conocimiento de la presente
acción, se ordenó notificar de su presentación a las autoridades accionadas, se negó
la medida provisional solicitada, se vinculó a la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado como tercero con interés y se aceptó el impedimento
presentado por el consejero Fernando Alexei Pardo Flórez. También se requirió a la
Secretaría General de esta Corporación para que remitiera copia digital del
expediente 11001-03-15-000-2024-02116-00/01 y al Juzgado 12 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá para que allegara copia del proceso ejecutivo con el
radicado 2016-280.
28. Por auto de 10 de junio de 202612, se aceptó el impedimento presentado por la
consejera Zoranny Castillo Otalora, y se ordenó sortear 2 conjueces entre los
magistrados que integran las Subsecciones B y C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, a efectos de conformar el quórum requerido, ante los impedimentos
aceptados a los consejeros que conforman esta Sala de Subsección.
29. Esa diligencia se realizó el 19 de junio de 2026, y en ella fueron designados como
conjueces los consejeros de Estado Fredy Hernando Ibarra Martínez y Alberto
Montaña Plata.
(i) Consejo de Estado – Sección Quinta - Consejero Luis Alberto Álvarez13.
30.
Indicó que le correspondió conocer en primera instancia la tutela con radicado
2024-02116-00, la cual se declaró improcedente por el incumplimiento de los
requisitos de inmediatez y de subsidiariedad respecto de los cargos formulados
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
B, y negó las pretensiones de amparo en relación con el Ministerio de Defensa
Nacional - Ejército Nacional, al encontrar que dicha entidad no había vulnerado
ningún derecho fundamental del tutelante.
31.
Solicitó que se declare improcedente la presente solicitud de amparo, por cuanto
se trata de una acción de tutela contra una decisión adoptada en un trámite de la
misma naturaleza, debido a que el accionante censuró la providencia de 6 de junio
de 2024, sin esbozar ningún reparo relacionado con los supuestos que la Corte
Constitucional ha establecido para que proceda la tutela contra una decisión del
mismo tipo.
(ii) Consejo de Estado – Sección Quinta – Consejero Omar Joaquín Barreto
Suárez14.
32.
Señaló que fue ponente en segunda instancia de la sentencia de 6 de noviembre
de 2025 proferida en la acción de tutela con radicado 2025-00808-01, en la que se
declaró configurada la temeridad, en concordancia con el acervo probatorio obrante
en el expediente, razón por la cual la providencia cuestionada por el señor Gustavo
11 Notificado el 28 de abril de 2026.
12 Notificado el 19 de junio de 2026.
13 Contestación enviada al correo electrónico, consta de 3 folios.
14 Contestación enviada al correo electrónico, consta de 4 folios.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01034-00
Accionante: Gustavo Adolfo Díaz González
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Adolfo Díaz González no vulneró sus derechos fundamentales invocados, sino que
respondió al deber del juez constitucional de evitar el uso abusivo del mecanismo
constitucional y preservar su carácter excepcional.
33.
Expresó que la tutela es improcedente toda vez que se radicó contra una decisión
de la misma naturaleza, sin que el señor Díaz González demostrara ni explicara el
motivo por el cual el fallo acusado fue producto de una situación fraudulenta.
(iii) Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C15
34.
Manifestó que le correspondió conocer en segunda instancia la tutela con radicado
2024-02116-01, a través de la cual modificó la providencia recurrida para, en su
lugar, declarar improcedentes todos los cargos formulados, al considerar que no se
superó el requisito de subsidiariedad, en la medida en que lo pretendido por el
accionante era la obtención de una medida de restitución propia del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho.
35.
Resaltó que, de la lectura de las pretensiones, se advertía que el actor únicamente
censuró la sentencia de primera instancia proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado. Sin embargo, esa providencia no comportó una decisión
definitiva y la sentencia proferida por esa Subsección no fue señalada como la fuente
de vulneración de derechos fundamentales, lo cual es una clara imprecisión por parte
del actor.
36.
Adujo que, en gracia de discusión, incluso si se atacara la decisión del 16 de
agosto de 2024 adoptada por esa Subsección, era necesario enfatizar que, de
conformidad con la sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional, por regla
general, la acción de tutela resulta improcedente para controvertir sentencias de la
misma naturaleza, salvo los presupuestos contenidos en la SU-627 de 20156, de los
cuales ninguno se alegó en la demanda, ni se encuentran debidamente probados.
(iv) Juez 12 Administrativo de Bogotá16
37.
Hizo un recuento de todas las actuaciones surtidas dentro de los procesos de
nulidad y restablecimiento del derecho y ejecutivo promovidos por el actor, e indicó
que respecto a la pretensión que lo involucra, el 7 de mayo de 2024 se elaboró y
aprobó la liquidación de crédito por valor de $466.187.971, providencia que se
encuentra ejecutoriada ya que no fue objeto de recurso. Debido a ello, estimó que
ese despacho ha tramitado en debida forma el proceso, pues emitió sentencia en un
término razonable y realizó apertura del incidente de desacato con el fin de lograr el
cumplimiento de las órdenes impartidas, el cual fue cerrado una vez se efectuó el
reintegro y se aportó la documentación requerida para aprobar la liquidación de
crédito conforme a la sentencia objeto de recaudo. Pero, conforme a la información
brindada por la entidad, se constató que el actor no ha dado la debida respuesta a
15 Contestación enviada al correo electrónico, consta de 4 folios.
16 Contestación enviada al correo electrónico, consta de 6 folios.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01034-00
Accionante: Gustavo Adolfo Díaz González
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
la solicitud de documentos para el pago de la sentencia, aspecto que desborda la
competencia del despacho.
38.
Frente a la liquidación del crédito, indicó que el accionante radicó memorial
solicitando acceso al expediente, sin que con posterioridad hubiera emitido
pronunciamiento adicional dentro del trámite ejecutivo, pero sí ha promovido
múltiples acciones de tutela, mediante las cuales pretendió controvertir y modificar la
liquidación de crédito debidamente aprobada dentro del proceso.
39.
Afirmó que el señor Diaz, en lugar de ejercer los recursos legales a su alcance y
propiciar el impulso procesal correspondiente, ha optado por interponer acciones
constitucionales y solicitudes de vigilancia judicial, en las cuales emplea calificativos
peyorativos frente a las actuaciones del despacho. En consecuencia, sostuvo que no
resulta jurídicamente viable reabrir el debate sobre la liquidación del crédito
aprobada, ni atender por esta vía cuestionamientos que debieron plantearse
mediante los recursos ordinarios en su oportunidad legal.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Análisis del caso concreto
40. Como cuestión previa, se resalta que el análisis del caso se ceñirá de forma
exclusiva a las pretensiones esgrimidas en el escrito de tutela, esto, toda vez que el
actor a lo largo de su escrito esbozó varios reparos donde -de forma indistinta-
cuestionó decisiones del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que no están explicados en debida forma. En tal sentido, se tomarán
de referencia las solicitudes concretas que hace al juez constitucional, a efectos de
delimitar los problemas jurídicos a estudiar.
41. Las pretensiones sobre las que se hará el análisis del caso son las siguientes:
<<PRIMERA (Tutela contra Providencia Judicial): Dejar sin efectos la sentencia de la
Sección Quinta del Consejo de Estado del 6 de junio de 2024 (Rad. 2024-02116), por
incurrir en un DEFECTO FÁCTICO al ignorar la prueba de asistencia a psiquiatría
radicada el 7 de mayo de 2024, y por desconocer el precedente de unificación sobre el
Restablecimiento Integral del Derecho.
SEGUNDA (Cumplimiento Integral): Ordenar al Ejército Nacional que, en cumplimiento
estricto del principio de "No Solución de Continuidad" establecido en la sentencia de
2020, proceda en un término de cinco (5) días a emitir el acto administrativo de reintegro
y Nivelación de Antigüedad y Ascenso al grado que por derecho le corresponde a mi
curso de promoción (Sargento Viceprimero o superior), sin que se interpongan nuevas
barreras médicas que ya han sido desvirtuadas por mis conceptos de idoneidad laboral.
TERCERA (Mora Judicial): Ordenar al Juzgado 12 Administrativo de Bogotá que proceda
a la APROBACIÓN INMEDIATA de la liquidación de crédito actualizada a enero de 2026
allegada en este escrito, impulse de manera preferente y sumaria el proceso ejecutivo
Rad. 2021-189, so pena de las sanciones legales y disciplinarias a que haya lugar por
mora judicial injustificada.
CUARTA (Protección a la Salud): Ordenar a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional
el cese inmediato de cualquier acto dirigido a interrumpir, suspender o dilatar la
prestación integral de los servicios de salud, medicamentos y suministros (incluida la silla
de ruedas y biológicos) necesarios para el tratamiento de la Espondilitis Anquilosante y
demás patologías derivadas del servicio.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01034-00
Accionante: Gustavo Adolfo Díaz González
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
QUINTA (Prevalencia de lo Sustancial): Declarar que la falta de agotamiento del recurso
de "adición de sentencia" en 2020 no puede ser óbice para el reconocimiento de
derechos fundamentales de carácter irrenunciable, aplicando la Excepción de
Inconstitucionalidad sobre cualquier norma procesal que pretenda perpetuar la
discriminación y el trato indigno en mi contra>>.
42. Respecto de las pretensiones primera y quinta, esta Sala de Subsección advierte
que el actor cuestiona, específicamente, la providencia dictada por el Consejo de
Estado – Sección Quinta el 6 de junio de 2024, dentro de la acción de tutela radicado
11001-03-15-000-2024-02116-00. No obstante, el asunto no supera el requisito
general de inmediatez.
43. En primer lugar, se debe resaltar que el señor Gustavo Diaz cuestiona únicamente
la providencia de primera instancia, la cual fue sustituida por la sentencia que
resolvió la impugnación, razón por la cual cualquier cuestionamiento debía dirigirse
contra la decisión definitiva adoptada el 16 de agosto de 2024. Por lo que cualquier
reparo esgrimido contra aquella carece de total relevancia, en la medida en que fue
modificada y, en su lugar, se declaró improcedente el amparo, sin que exista
argumento alguno contra la decisión de cierre y el estudio allí realizado.
44. Además, tal como se adelantó en párrafos anteriores, el requisito general de
inmediatez no se encuentra superado respecto de ninguna de las dos providencias,
pues la de primera instancia fue notificada el 11 de junio de 2024 y la de segunda el
12 de septiembre de ese mismo año, mientras que esta acción fue promovida
aproximadamente un año y medio después de la notificación de la decisión definitiva,
excediendo ampliamente el término razonable de seis meses fijado por la
jurisprudencia de esta Corporación.
45. Aunado a lo anterior, no se vislumbra que la parte actora hubiera presentado
algún tipo de argumento que haga procedente el análisis de esas decisiones a través
del presente mecanismo constitucional. Esto, por cuanto la Corte Constitucional ha
admitido la procedencia excepcionalísima de la acción de tutela contra una
sentencia proferida en un proceso de la misma naturaleza, siempre que, además de
cumplir los requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial, la demanda no comparta identidad procesal con la
solicitud de amparo que se pretende cuestionar, no exista otro mecanismo para
remediar la situación alegada y se demuestre, a través de una exigente y rigurosa
carga argumentativa, que la providencia acusada fue producto de un actuar
fraudulento17.
46. En este caso, el accionante se circunscribió a la formulación de causales
específicas de procedibilidad propias de la acción de tutela contra una providencia
judicial ordinaria, obviando la carga argumentativa adicional que se impone cuando
la sentencia objetada fue dictada en un proceso de tutela. Por lo cual no se satisface
la carga argumentativa reforzada exigida para habilitar el examen excepcional de
una tutela contra tutela, que permita evidenciar que aquella es el resultado de un
proceder fraudulento.
17 Al respecto, ver sentencia SU-627 de 2015.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01034-00
Accionante: Gustavo Adolfo Díaz González
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
47. Conformea lo anterior, las pretensiones primera y quinta serán declaradas
improcedentes ante el incumplimiento del presupuesto general de inmediatez.
48. En relación con la segunda pretensión, se constata la configuración de un actuar
temerario, debido a que el asunto traído a colación ya ha sido anteriormente puesto
en conocimiento de otros jueces constitucionales, concretamente, lo conoció el
Consejo de Estado en el proceso 2025-000808-01, en sentencia del 6 de noviembre
de 2025.
49. En el presente asunto existe temeridad, por lo siguiente:
Acción de tutela Actual 2025-000808-0118
Demandante Gustavo Adolfo Díaz González Gustavo Adolfo Díaz González
Demandado Consejo de Estado – Sección Juzgado 12 Administrativo del
Quinta, la Sección Segunda del Circuito Judicial de Bogotá
Tribunal Administrativo de - Ministerio de Defensa
Cundinamarca, el Juzgado 12 Nacional - Ejército Nacional
Administrativo del Circuito de
Bogotá y el Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional.
Pretensiones “Ordenar al Ejército Nacional “Ordenar a la entidad
que, en cumplimiento estricto MINISTERIO DE DEFENSA
del principio de "No Solución EJERCITO NACIONAL que, en
de Continuidad" establecido en un plazo perentorio, ejecute las
la sentencia de 2020, proceda acciones necesarias para la
en un término de cinco (5) días a emisión de las órdenes de
emitir el acto administrativo reintegro que incluyan la no
de reintegro y Nivelación de solución de continuidad, lo
Antigüedad y Ascenso al cual es la base para que se
grado que por derecho le resuelvan los asuntos de mi
corresponde a mi curso de ascenso. Y de esta forma cese
promoción…”. Negrilla fuera la prolongada vulneración a mis
del texto original. derechos fundamentales
invocados”. Negrilla fuera del
texto original.
50.
Visto lo anterior, se observa que los casos objeto de comparación guardan
identidad fáctica y de sujetos procesales, y al revisar los escritos de la tutela se
comprobó que lo pretendido por el señor Díaz González es que se ordene, en
términos generales, su reintegro sin solución de continuidad y el correspondiente
ascenso.
51.
Aunado a lo anterior, el actor tampoco esgrimió un argumento tendiente a explicar
que existan hechos relevantes nuevos que hagan viable el análisis de fondo de esos
reparos.
18 Mediante auto de 26 de febrero del año en curso la Corte Constitucional resolvió no seleccionar el asunto para
revisión, decisión notificada el 12 de marzo de 2026.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01034-00
Accionante: Gustavo Adolfo Díaz González
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
52.
En este punto se resalta que la tutela que guarda similitud con esta acción no fue
estudiada de fondo porque allí se indicó que el actor había incurrido también en
temeridad al promover otra acción igual.
53.
Por lo anterior, se constata que el accionante ha hecho un uso inapropiado de
este mecanismo constitucional, al punto de obtener por segunda vez una decisión
que declara la temeridad de su acción.
54.
Conforme lo anterior, en relación con la pretensión analizada, se encontró probada
la temeridad y cosa juzgada constitucional, razón por la cual no está llamado a
prosperar dicho reproche.
55.
Por otra parte, en lo concerniente con la pretensión tercera, esta Sala no avizora
la existencia de mora judicial alguna por parte del Juzgado 12 Administrativo del
Circuito de Bogotá. La parte actora considera que aquella se presenta en el proceso
ejecutivo porque se ignoró la liquidación del crédito que presentó y han pasado 4
años sin que sea aprobada, además no se han tomado medidas coercitivas para
forzar el cumplimiento de la sentencia ordinaria, por lo que el proceso se ha tornado
ineficiente para la protección de sus derechos.
56. Sin embargo, al hacer una revisión del mencionado trámite en el aplicativo Samai,
se observa que el referido juzgado ha realizado varias gestiones a lo largo del
proceso ejecutivo con el propósito de que se dé cumplimiento a la sentencia de 12
de junio de 2020, y el asunto no se ha encontrado inactivo en un tiempo que se
considere irrazonable. Así, además de proferir el auto que libró mandamiento de
pago, también resolvió un incidente de nulidad, profirió sentencia que ordenó seguir
adelante con la ejecución, remitió el expediente al superior para que resolviera el
recurso de apelación contra la sentencia, y profirió autos de obedecer y cumplir lo
del superior y dio inicio al incidente de desacato. Por ende, el despacho ha mantenido
una actividad procesal constante, incompatible con la configuración de una mora
judicial injustificada.
57. La última actuación se suscitó el 13 de mayo de 2026, en la cual se requirió al
Ministerio de Defensa para que informara el trámite dado a unos memoriales
enviados por el actor, remitiera copia del oficio por medio del cual requirió al
demandante la radicación de la cuenta de cobro y le especificó los documentos
faltantes; así como al señor Gustavo para que informara si con posterioridad a los
memoriales enviados a la ejecutada, allegó nuevas solicitudes de cumplimiento de
sentencia y la documentación.
58.
Por ende, lo que realmente se evidencia es una inconformidad del accionante con
el sentido y la oportunidad de las decisiones adoptadas, mas no la existencia de una
mora atribuible al despacho judicial; sin considerar que todo proceso judicial exige la
adopción de diversas actuaciones procesales encaminadas al cumplimiento de la
decisión judicial, según el devenir de este.
59.
Aunado a lo anterior, es claro que el asunto se encuentra en trámite y, a pesar de
que el fallo de 12 de junio de 2020, no ha sido cumplido en su integridad, dentro del
12
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01034-00
Accionante: Gustavo Adolfo Díaz González
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
proceso ejecutivo el actor puede hacer uso de los mecanismos procesales que el
ordenamiento jurídico pone a su disposición y considere pertinentes, sin que deba
hacer un uso anticipado de esta acción constitucional. En lo que se refiere al
reproche asociado a la supuesta falta de aprobación de la liquidación de crédito, se
encuentra que esa afirmación es contraria a la realidad, ya que aquella tuvo lugar el
7 de mayo de 2024, sin que el hoy accionante hubiese promovido recurso alguno.
60.
Ahora, a pesar de que alega un perjuicio irremediable, el señor Díaz no allegó
elemento probatorio que permita acreditar la configuración de ello o, que se
encuentre en una situación de vulnerabilidad que haga forzosa la intervención del
juez constitucional.
61.
Del mismo modo, se observa que el actor también promovió una tutela bajo
similares supuestos, indicando que el Juzgado 12 Administrativo de Bogotá incurrió
en mora judicial, en la medida en que, a la fecha de presentación de la acción de
tutela no había aprobado la liquidación del crédito presentada por el actor en el
proceso ejecutivo. El Consejo de Estado – Sección Cuarta en sentencia del 11 de
abril de 202419 indicó que no existía mora porque la accionada le ha dado el trámite
que corresponde al proceso ejecutivo; situación que desde ese momento hasta la
fecha no ha cambiado, tal como se expuso.
62.
Por lo reseñado anteriormente, la Sala no encuentra configurada una mora judicial
atribuible a la negligencia o desidia de la autoridad accionada que habilite la acción
del juez de tutela. En consecuencia, se negará el amparo constitucional solicitado
respecto de dicha pretensión.
63.
Por último, en lo relativo a la petición cuarta, se encuentra que el actor en el escrito
de tutela argumentó que desde el 2015 hasta el 2022 ha tenido que promover
distintas acciones constitucionales para proteger su derecho a la salud, y que obtuvo
el amparo de dicho derecho. Del mismo modo allegó una captura de pantalla que da
cuenta de que su estado de afiliación es “inactivo”, su plan de afiliación es “titular por
tutela sin beneficiarios” y tiene una observación que dice “cumplimiento de sentencia
de tutela de 04/09/2025 del Juzgado 12 Laboral del Circuito de Bogotá (Rad.
2025.101669.00) …únicamente para prestación de servicios por ortopedia
(espondilopatía en otras enfermedades clasificadas en otra parte M498)”.
64.
Esta Sala encontró que existen varias sentencias mediante las cuales se amparó
el derecho fundamental a la salud del accionante, y se ha ordenado a la Dirección
General de Sanidad Militar la reactivación del mismo. Estas son: i) Tutela 2025-
10169-00 del Juzgado 12 Laboral del Circuito de Bogotá del 4 de septiembre de
2025, en la que se ordenó “active los servicios médicos del accionante GUSTAVO
ADOLFO DÍAZ GONZÁLEZ, identificado con C.C. No. 80.756.496, hasta que se
restablezca su salud frente a las patologías de ESPONDILITIS ANQUILOSANTE Y
GONALGIA BILATERAL DE RODILLA”; ii) Tutela 2021-00256 del Juzgado 54
Administrativo del Circuito de Bogotá de 31 de agosto de 2021, donde se indicó “haga
19 Radicación:25000-23-15-000-2024-00017-01.
13
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01034-00
Accionante: Gustavo Adolfo Díaz González
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
efectiva la activación del accionante en el Sistema de Seguridad Social en Salud de
la Institución en forma indefinida, así como la prestación continua e integral del
servicio de salud”; iii) Tutela 2018-00360 del Juzgado 25 Laboral del Circuito Bogotá
del 29 de junio de 2018 que dispuso “autorice la atención en los términos de las
regulaciones de ley, vigentes en materia de salud, en todo caso con garantía de una
prestación integral al servicio de salud y acorde con las circunstancias de salud del
accionante señor Gustavo Adolfo Díaz González”; iv) Tutela 2017-01628 del Tribunal
Administrativo de Antioquia del 23 de junio de 2017 que indicó “reactivar la prestación
del servicio médico al señor GUSTAVO ADOLFO DIAZ GONZALEZ y a su núcleo
familiar, en el Hospital Militar o la institución prestadora de salud con quien tenga un
vínculo vigente. Afiliación, que deberá mantenerse hasta cuando el accionante
supere las patologías que tuvieron origen con su vínculo con las Fuerzas Armadas
(lumbalgia mecánica y espondilitis anquilosante)” y; v) Tutela 2016-00558 del
Tribunal Superior de Bogotá Sala de Extinción de Dominio del 19 de octubre de 2016,
donde se ordenó “proceda a autorizar, prestar y dar continuidad a los tratamientos,
servicios de salud y medicamentos que requiera el accionante, originados por los
accidentes sufridos con ocasión de la prestación del servicio”.
65.
Esas decisiones hasta la fecha siguen vigentes y produciendo efectos jurídicos,
De manera que antes su eventual incumplimiento, el accionante debe promover el
correspondiente incidente de desacato para que el Ejército Nacional cumpla con las
órdenes que lo obligan a brindarle atención médica. En ese sentido, dicho reparo
carece del requisito general de subsidiariedad.
66.
Del mismo modo, se advierte que el 14 de octubre de 2021, en la tutela radicado
11001334205420210025601, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera – Subsección A declaró improcedente la acción al estimar que su derecho a
la salud ya estaba amparado en la tutela proferida el 29 de junio de 2018 por el
Juzgado 25 Laboral del Circuito de Bogotá, a través de la cual se le ordenó a la
Dirección de Sanidad garantizarle una prestación integral del servicio de salud, por
lo que debía acudir a los incidentes de desacato ante el Juez que ya decidió de fondo
el asunto, y no plantear nuevamente una acción de tutela.
67.
En ese sentido, no resulta procedente adelantar un estudio de fondo, cuando el
actor no ha hecho uso de los mecanismos ordinarios con los que cuenta para el
efecto. En esa medida, dicho reparo deviene improcedente.
68. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado
relacionado con las pretensiones primera, cuarta y quinta, por las razones expuestas
en la parte motiva de la presente providencia.
14
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01034-00
Accionante: Gustavo Adolfo Díaz González
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
SEGUNDO: DECLARAR LA TEMERIDAD Y COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL
frente a la pretensión segunda, conforme a lo indicado en precedencia.
TERCERO: NEGAR la solicitud de amparo frente a la pretensión tercera, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
CUARTO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
QUINTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE20
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados
tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
20 VF
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