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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2024-00017-01

Fecha
11 de abril de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2024-00017-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito y eficaz. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Radicado: 25000-23-15-000-2024-00017-01 Demandante: Gustavo Adolfo Díaz González 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-15-000-2024-00017-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

11 de abril de 2024

Radicado: 25000-23-15-000-2024-00017-01
Demandante: Gustavo Adolfo Díaz González

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 25000-23-15-000-2024-00017-01
Demandante: GUSTAVO ADOLFO DÍAZ GONZÁLEZ
Demandados: JUZGADO 12 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ Y OTRO

Tema: Acción de tutela para el cumplimiento de una sentencia. Mora judicial
en aprobación de la liquidación del crédito

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 1°
de febrero de 2024, dictada por la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que negó el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 17 de enero de 2024, en ejercicio de la acción de tutela y mediante apoderado judicial,
Gustavo Adolfo Díaz González pidió la protección de los derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presentó por dos razones. Por un lado, por
el incumplimiento del Ministerio de Defensa Nacional en el pago de emolumentos
económicos adeudados. Esto, con ocasión de la sentencia de nulidad y restablecimiento
del derecho que ordenó el pago de los salarios, auxilios, primas, bonificaciones,
prestaciones sociales y demás beneficios económicos dejados de percibir desde la fecha
en que fue desvinculado del Ejército Nacional hasta el momento en que se hizo efectivo
su reintegro, junto con los intereses moratorios causados.

Por el otro lado, por la tardanza del Juzgado 12 Administrativo de Bogotá en dar apertura
al incidente de desacato presentado en el proceso ejecutivo 11001-33-35-012-2021-
00189-00 y en aprobar la liquidación del crédito del tutelante en el mismo proceso.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

• Aprobar la liquidación allegada el día 19 de octubre de 2023 bajo radicado P20231023041648. Ante
(sic) la entidad demandada MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL, en cumplimiento
del auto del 05 de septiembre de 2023 y ordenar el pago de los salarios, primas, bonificaciones e
intereses a favor de mí representado por cuanto la misma ni siquiera se ha pronunciado al respecto.
Y ante la eventual negativa; solicito el embargo de las cuentas bancarias de la entidad MINISTERIO
DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL toda vez que no cumplieron con la orden de pago del lucro
cesante de que trata el mandamiento de pago notificado a la demandada el 11 de febrero de 2022
ni del auto del 05 de septiembre mediante el cual se emplazó a la parte demandada para que en
término de 10 días allegara al despacho “copia del acto administrativo de reintegro del actor. -
Informe el cargo, los salarios y demás emolumento que debió devengar el actor, desde el retiro de
la institución hasta la fecha del reintegro”. Sin respuesta alguna.

• Ordenar al despacho del juzgado de origen trasladar el expediente al despacho inmediatamente

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Demandante: Gustavo Adolfo Díaz González

superior para que se continúe con la ejecutoriedad de la sentencia toda vez que ya transcurrieron
más de los meses otorgados por el artículo 121 del CGP para la ejecutoriedad de la sentencia sin
que esta se haya producido.

3. Hechos

Del expediente la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1. El proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

El señor Gustavo Adolfo Díaz González presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra el Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, por la desvinculación
laboral injustificada como suboficial. El proceso correspondió al Juzgado 12
Administrativo de Bogotá, con radicado 11001-33-35-012-2016-00280-00, y mediante
sentencia del 26 de julio de 2018 negó las pretensiones.

Inconforme con la decisión, el señor Díaz González apeló y la Subsección B de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del
12 de junio de 2020, la revocó y, en su lugar, accedió a las pretensiones. En concreto,
declaró la nulidad del acta del tribunal médico que negó la reubicación laboral del
tutelante y de la resolución que lo separó del cargo de forma absoluta.

Como restablecimiento del derecho, ordenó que se reintegrara y reubicara al señor Díaz
González en un cargo dentro de la planta del personal en la que pudiera desempeñarse
acorde a la disminución de su capacidad psicofísica, sus estudios, conocimientos y
habilidades. También ordenó el pago de los salarios, auxilios, primas, bonificaciones,
prestaciones sociales y demás beneficios económicos dejados de percibir desde la fecha
en que fue desvinculado hasta el momento en que se hizo efectivo su reintegro.

3.2. El proceso ejecutivo

El 18 de junio de 2021, el señor Gustavo Adolfo Díaz González presentó demanda
ejecutiva contra el Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, para que se diera
cumplimiento a la sentencia del 12 de junio de 2020. El proceso correspondió al Juzgado
12 Administrativo de Bogotá y el radicado 11001-33-35-012-2021-00189-00.

Mediante auto del 11 de febrero de 2022, el Juzgado 12 Administrativo de Bogotá libró
mandamiento de pago contra el Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, por: (i) la
obligación de hacer, consistente en reintegrar al señor Díaz González en los términos de
la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho ya referida; (ii) las sumas de
dinero dejadas de percibir desde la desvinculación y hasta el reintegro; y (iii) los intereses
moratorios causados como consecuencia del pago tardío de la sentencia ordinaria.

El 21 de junio de 2022, se profirió providencia que ordenó seguir adelante con la
ejecución, la cual fue recurrida en apelación por el Ministerio de Defensa, y resuelta el
10 de marzo de 2023 por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en el sentido de confirmar la decisión.

El 5 de septiembre de 2023, el Juzgado 12 Administrativo de Bogotá profirió auto de
obedecer y cumplir lo ordenado por el superior, por lo que requirió a la Nación - Ministerio
de Defensa para que, en el término de 10 días, allegara copia del acto administrativo de
reintegro e informara del cargo, salarios y demás emolumentos que debió devengar el
actor desde el retiro de la institución hasta el reintegro, so pena de iniciar incidente de
desacato. También requirió a las partes para que, en el término de 20 días, presentaran
la liquidación del crédito.

El 23 y 25 de octubre de 2023, la parte ejecutante allegó liquidación de crédito por la
suma $437.640.831, pero la entidad demandada guardó silencio.

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Demandante: Gustavo Adolfo Díaz González

El 31 de octubre de 2023, el apoderado del demandante solicitó la apertura del incidente
de desacato en contra de la entidad ejecutada.

3.3. La acción de tutela 25000-23-15-000-2022-00559-00/01

El señor Gustavo Adolfo Díaz González interpuso otra acción de tutela contra el
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, y el Juzgado 12 Administrativo de Bogotá, en
procura de la protección de los derechos fundamentales a la salud en conexidad con la
vida, a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia. La solicitud de amparo se centró en que se ordenara al Ministerio de Defensa el
reintegro del actor a la institución, se emplazara para que remitiera certificado del salario
y factores salariales dejados de percibir desde el retiro del servicio, y de no realizarse el
emplazamiento, se embargaran las cuentas bancarias del Ministerio.

El proceso correspondió a la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, con radicado 25000-23-15-000-2022-00559-00, y
mediante sentencia del 7 de junio de 2022 se declaró improcedente la acción de tutela.

En segunda instancia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia del 4 de
agosto de 2022, revocó parcialmente la decisión de primera instancia. Por un lado,
amparó los derechos fundamentales al trabajo y a la salud y, en consecuencia, ordenó
al Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, que reintegrara al actor en los términos de la
sentencia del 12 de junio de 2020. Sin embargo, confirmó la decisión de improcedencia
frente a la pretensión de ordenar al Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, remitir con
dirección al proceso ejecutivo certificado del salario y los factores salariales.

Mediante Resolución 0006117 de 31 de agosto de 2022, el Ejército Nacional dio
cumplimiento al fallo de tutela y ordenó el reintegro inmediato del señor Gustavo Díaz.

4. Fundamentos de la acción de tutela

La parte demandante sustentó la solicitud en los artículos 13, 28, 29 y 229 de la
Constitución Política. Adujo que tanto la autoridad judicial como la administrativa
respondieron con evasivas a su solicitud de aprobación de liquidación del crédito, a dar
inicio del incidente de desacato, y al pago de los salarios, auxilios, primas,
bonificaciones, prestaciones sociales y demás beneficios económicos adeudados, en el
marco del proceso ejecutivo 11001-33-35-012-2021-00189-00.

5. Intervenciones

El Juzgado 12 Administrativo de Bogotá después de hacer una relación de las
actuaciones de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho como del
ejecutivo, sostuvo que no ha vulnerado derechos fundamentales, porque emitió
sentencia en un término razonable, atendiendo el turno que le correspondía al proceso.

También adujo que, en cuanto al incidente de desacato, el requerimiento previo se hizo
el 5 de septiembre de 2023 y la apertura se notificó en el primer estado de 2024, ya que
no había sido posible resolver antes debido a la implementación de Samai. Respecto a
la orden de reintegro, puso de presente la sentencia de tutela de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, y que el actor puede adelantar el incidente de desacato ante esa
Corporación.

Durante el término de traslado, el Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, guardó
silencio, pese a haber sido notificada del auto admisorio.
Sin embargo, con posterioridad, allegó informe en el que puso de presente que dio
respuesta completa y de fondo a la petición presentada por el actor, por lo que pidió el
archivo de la acción de tutela por configurarse la carencia actual de objeto por hecho
superado. Explicó que no se evidencia la radicación de cuenta de cobro del actor ni de

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su abogado, y lo que pretenden es que se dé cumplimiento a lo ordenado en el fallo sin
respetar el trámite administrativo interno establecido en el Decreto 1068 de 2015. En
consecuencia, solicitó que se inste al beneficiario a radicar de forma adecuada la cuenta
de cobro, con el fin de asignar turno.

6. Sentencia impugnada

La Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante sentencia del 1° de febrero de 2024, negó el amparo de los derechos
fundamentales. Consideró que el asunto a resolver se centró en dos puntos: (i) que el
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, no ha dado cumplimiento a la sentencia del 12
de junio de 2020, en lo que tiene que ver con el pago de los salarios, primas y
bonificaciones dejadas de percibir con ocasión del retiro; y (ii) que el Juzgado 12
Administrativo de Bogotá no ha aprobado la liquidación del crédito radicada el 19 de
octubre de 2023.

En primer lugar, el tribunal analizó la sentencia de tutela del 4 de agosto de 2022
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, con radicado 25000-23-15-000-
2022-00559-01, a efectos de determinar si se configuraba una temeridad, pero concluyó
que las pretensiones son diferentes. Adujo que el proceso 2022-00559-01 se dirigió a
que el Ejército Nacional diera cumplimiento a la sentencia de nulidad y restablecimiento
del derecho respecto del reintegro, mientas que la solicitud de amparo actual cuestiona
que el Juzgado 12 Administrativo de Bogotá no ha aprobado la liquidación del crédito
radicada el 25 de octubre de 2023 en el proceso ejecutivo.

En esa línea, sostuvo que, respecto del reintegro, ya se agotó el mecanismo de tutela,
pues en el proceso 2022-00559-01 fue resuelto a su favor. Así mismo, adujo que el actor
presentó incidente de desacato contra el Ejército Nacional y, si en todo caso, el actor
consideraba que el Ejército Nacional aún no había dado cumplimiento al fallo de tutela,
podía realizar la solicitud de incidente de desacato ante el despacho de primera instancia.

En segundo lugar, el tribunal se refirió a las actuaciones del Juzgado 12 Administrativo
de Bogotá en el proceso ejecutivo, y explicó que, en auto del 23 de enero de 2024, se
dio apertura al incidente de desacato en contra del Ejército Nacional, y se le requirió para
que acreditara el cumplimiento de las providencias judiciales. En consecuencia, concluyó
que no existía ningún elemento de juicio para sostener que el juzgado no había dado
trámite al proceso en cuestión, ni que existiera una discriminación frente a otros
procesos, o una dilación injustificada, ni la configuración de un perjuicio irremediable.

En esa medida, adujo que la acción de tutela no es un mecanismo para darle impulso a
los procesos judiciales, por lo que, al no existir fundamento para imputarle la omisión en
el cumplimiento de las funciones a la autoridad judicial demandada, tampoco existió
vulneración de derechos fundamentales. Frente al derecho a la igualdad, manifestó que
no se aportaron pruebas que pusieran en evidencia un trato discriminatorio frente a otros
procesos que estén en las mismas condiciones fácticas.

7. Impugnación

La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia, para cuestionar que el a quo
hubiese considerado que la acción de tutela se interpuso como un impulso procesal.
Adujo que lo que pretende es el cumplimiento de la sentencia del 12 de junio de 2020,
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

Que, de conformidad con el artículo 121 del CGP, existe un plazo de 6 meses para la
ejecutoriedad de una sentencia de segunda instancia, pero a la fecha han transcurrido 3
años y 8 meses sin que se haya ejecutoriado plenamente, pues solo se reintegró a las
fuerzas militares. Manifestó que está pendiente el pago del lucro cesante, y que a pesar

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de que está en curso el proceso ejecutivo y un incidente de desacato, el Ministerio de
Defensa ha dilatado el cumplimiento de la sentencia.

En esa línea, argumentó que el juzgado vulneró el derecho de acceso a la administración
de justicia, debido a que omitió ejercer acciones o aplicar sanciones en contra de la
entidad administrativa demandada, aun bajo el conocimiento de que es una persona con
discapacidad psicofísica en estado de indefensión.

Respecto al derecho a la igualdad, adujo que, en comparación con otros compañeros
que retiraron del servicio en 2015, a los cuales ya les pagaron sus salarios, al actor no
le han pagado los salarios que el tribunal ordenó devolver mediante sentencia judicial.

También manifestó que se continúa vulnerando el derecho fundamental de petición, al
hacer caso omiso a las solicitudes radicadas, en las cuales se pidió el pago del lucro
cesante, como es el caso de la solicitud con radicado No. 2022305000657541: MDN-
COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF- COPER-DIPER-.

Por último, argumentó que se configura un perjuicio irremediable por las siguientes
razones: (i) la negativa del Ministerio de Defensa de pagar los salarios adeudados por
concepto de lucro cesante; (ii) el incumplimiento de la sentencia del 20 de junio de 2020
y del mandamiento de pago del 11 de febrero de 2022 librado por el Juzgado 12
Administrativo de Bogotá; (iii) la ausencia de poderes correccionales y de dar inicio al
incidente de desacato por parte del Juzgado 12 Administrativo de Bogotá; y (iv) la
enfermedad catastrófica que padece, derivada de un accidente que sufrió en actos del
servicio.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor
Gustavo Adolfo Díaz González contra (i) el Ministerio de Defensa por el presunto
incumplimiento de la sentencia del 12 de junio de 20201; y (ii) el Juzgado 12
Administrativo de Bogotá, por presuntamente haber incurrido en mora judicial en el
proceso ejecutivo 11001-33-35-012-2021-00189-00 al omitir aprobar la liquidación del
crédito.

La Sala anticipa que, frente al Ministerio de Defensa, declarará improcedente la solicitud
de amparo por no cumplir el requisito de subsidiariedad. En cuanto al Juzgado 12
Administrativo de Bogotá, denegará las pretensiones de la acción de tutela, porque el
proceso ejecutivo ha surtido un trámite normal y el término no resulta desproporcionado.
En consecuencia, se confirmará la sentencia impugnada.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a: (i) generalidades de la acción de tutela,
(ii) sobre el requisito de subsidiariedad, (iii) sobre la mora judicial, y (iv) el análisis del
caso concreto.

2. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada
por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas las personas
reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales que
sean vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de
los particulares, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.

1 Radicado 11001-33-35-012-2016-00280-00.

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La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso,
el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá determinar si
existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los argumentos que
proponga la parte demandante.

3. Sobre el requisito de subsidiariedad

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela “solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. Eso quiere decir que la
subsidiariedad es un pilar fundamental que busca preservar la naturaleza excepcional de
este mecanismo de protección de derechos fundamentales. La acción de tutela debe ser
el último recurso, no el primero.

La subsidiariedad de la acción de tutela tiene como objetivo principal resguardar la
eficacia y efectividad de esta herramienta en situaciones en las cuales no exista otro
recurso judicial disponible o, incluso en presencia de otros medios, se demuestre la
existencia de un perjuicio irremediable. Este requisito busca, en última instancia,
asegurar que la acción de tutela sea un mecanismo ágil y eficaz para la protección de
derechos fundamentales en circunstancias excepcionales.

4. Sobre la mora judicial

La mora judicial, entendida como el incumplimiento injustificado de los plazos legales por
parte de los funcionarios judiciales, se configura siempre que se cumplan los siguientes
presupuestos: (i) la inobservancia de los plazos dispuestos por la ley para adelantar la
actuación judicial; (ii) la inexistencia de un motivo razonable que justifique la demora, y
(iii) la tardanza debe ser imputable a la falta de diligencia u omisión sistemática de los
deberes por parte del juez3.

El juez de tutela, en cada caso, debe valorar si la conducta del funcionario o corporación
judicial es injustificada y negligente, pues, como bien lo han dicho la Corte Constitucional
y el Consejo de Estado, no toda dilación en proferir una decisión judicial genera la
llamada mora judicial ni vulnera derechos fundamentales. Existen causas imprevisibles
y externas, esto es, circunstancias objetivas, que impiden que los jueces cumplan con
los plazos para decidir o para dictar alguna decisión. Por ejemplo, se presentan
condiciones estructurales, como la excesiva carga laboral, la falta de una infraestructura
básica en los despachos judiciales, que impiden que los funcionarios judiciales adopten
decisiones oportunas.

Sobre el particular, la sentencia T-186 de 2017 señaló que existe relación de conexidad
necesaria entre la noción de plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, a tal
punto que esos son los criterios que deben analizarse para establecer si se configuró o
no una amenaza o violación al debido proceso o de acceso a la administración de justicia.
De modo que el funcionario incumplido debe demostrar el agotamiento de todos los
medios posibles para evitar el detrimento de dichos derechos y, por ende, la mora judicial
solo estará justificada cuando:

• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera
integral una diligencia razonable del juez que los atiende.
• Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga laboral
u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e
ineludibles.

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Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en aquellos eventos en los
que se comprueba que el funcionario encargado no ha sido diligente y su
comportamiento ha obedecido a una omisión sistemática de sus deberes.

Así mismo, la Corte expresó que para identificar la ocurrencia de un plazo irrazonable se
deben tener en cuenta: (i) las circunstancias generales del caso concreto (incluida la
afectación actual que el procedimiento implica para los derechos y deberes del
procesado); (ii) la complejidad del caso; (iii) la conducta procesal de las partes; (iv) la
valoración global del procedimiento; y (v) los intereses que se debaten en el trámite 4.

5. Análisis del caso concreto

En los términos de la impugnación y en consonancia con el escrito de tutela, la parte
actora alegó que existió vulneración de los derechos fundamentales alegados por dos
razones. Por un lado, por el incumplimiento del Ministerio de Defensa en el pago de
emolumentos económicos adeudados que fueron ordenados en la sentencia del 12 de
junio de 2020. Por otro lado, por la tardanza del Juzgado 12 Administrativo de Bogotá
en aprobar la liquidación del crédito presentada por el actor en el proceso ejecutivo
11001-33-35-012-2021-00189-00. En ese mismo orden, la Sala resolverá los cargos
propuestos.

5.1. Los cargos contra el Ministerio de Defensa, Ejército Nacional

De entrada, la Sala advierte que la acción de tutela no cumple el requisito de
subsidiariedad, toda vez que se encuentra en trámite el proceso ejecutivo por las
obligaciones de dar sumas de dinero que ahora se reclaman en la acción de tutela. Al
respecto, se precisa que el legislador dotó al proceso ejecutivo de mecanismos
especiales, los cuales deben utilizarse en las oportunidades procesales pertinentes.

En efecto, en el caso concreto, el actor ha ejercido todas las herramientas previstas para
garantizar los derechos de los que es titular. Por ejemplo, solicitó la apertura del
incidente de desacato, con fundamento en que la entidad no ha dado cumplimiento a lo
ordenado por el Juzgado 12 Administrativo de Bogotá en el auto del 5 de septiembre de
2023, esto es, presentar la liquidación del crédito, allegar copia del acto administrativo
de reintegro e informar el cargo, salarios y demás emolumentos que debió devengar el
actor desde el retiro hasta el reintegro.

A su turno, mediante auto del 23 de enero de 2024, el Juzgado 12 Administrativo de
Bogotá dio apertura al incidente de desacato, justamente porque la entidad demandada
no ha cumplido el fallo que dio lugar al proceso ejecutivo ni remitido la documentación
solicitada en la sentencia y reiterada en el auto del 5 de septiembre de 2023, pese a los
requerimientos que se han efectuado y a la precisión que se ha hecho de que las
órdenes se expiden bajo los apremios del numeral 3 del artículo 44 del CGP (sancionar
con multas hasta por diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) a
sus empleados, a los demás empleados públicos y a los particulares que sin justa causa
incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su
ejecución).

Adicionalmente, la parte actora podría, si aún no lo ha hecho, solicitar el decreto de
medidas cautelares para materializar la obligación de dar una suma de dinero, como,
por ejemplo, pedir el embargo de las cuentas bancarias de la entidad, siempre que se
encuentren dentro de la excepción legal a la regla de la inembargabilidad.

Es decir, la solicitud de embargo de las cuentas bancarias del Ministerio de Defensa,
Ejército Nacional, que presentó en la acción de tutela debe presentarla ante el juez que
tramita el proceso ejecutivo, por ser un ámbito exclusivo de su competencia.

Ahora, la acción de tutela tampoco procede como mecanismo transitorio, puesto que no

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Radicado: 25000-23-15-000-2024-00017-01
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se demostró la existencia de un perjuicio irremediable. El señor Díaz González fue
reintegrado a la entidad, tal y como lo refleja la Resolución 6117 del 31 de agosto de
2022 y el Ministerio de Defensa informó que actualmente se desempeña en el cargo de
Suboficial de Archivo de Registro del Comando de Educación y Doctrina del Ejército
Nacional.

En consecuencia, la acción de tutela resulta improcedente frente a los caragos dirigidos
contra el Ministerio de Defensa, dado que el juez de la ejecución cuenta con mejores
herramientas para lograr el recaudo de la deuda, por lo que se confirmará la decisión de
primera instancia.

5.2. Los cargos contra la autoridad judicial

El demandante pretende que se ampare el derecho fundamental al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, porque, a su juicio, el Juzgado 12 Administrativo
de Bogotá incurrió en mora judicial, en la medida en que, a la fecha de presentación de
la acción de tutela, no había aprobado la liquidación del crédito presentada por el actor
en el proceso ejecutivo 11001-33-35-012-2021-00189-00.

Por su parte, el Juzgado 12 Administrativo de Bogotá sostuvo que no ha incurrido en
mora judicial, porque emitió sentencia en un término razonable, atendió el turno que le
correspondía al proceso, y dio apertura del incidente de desacato.

Adicionalmente, la Sala verificó el expediente del proceso ejecutivo que reposa en
Samai, radicado 11001-33-35-012-2021-00189-00/01 y encontró registrado lo siguiente:
1. La demanda ejecutiva fue presentada el 18 de junio de 2021.

2. Por auto del 28 de septiembre de 2021, el juzgado demandado ordenó el desarchivo del
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.

3. Por auto del 11 de febrero de 2022, el juzgado demandado libró mandamiento de pago.

4. El 3 de junio de 2022, el señor Díaz González presentó memorial en el que solicitó oficiar al
Ministerio de Defensa para que diera cumplimiento a la obligación.

5. El 1 de abril de 2022, el Ministerio de Defensa presentó respuesta a la solicitud de reintegro.

6. El 7 de abril de 2022, el señor Díaz González presentó memorial en el que solicitó el
cumplimiento de la sentencia.

7. El 31 de mayo de 2022, el Ministerio de Defensa presentó solicitud de nulidad procesal por
indebida notificación.

8. Por auto del 31 de mayo de 2022, se fijó fecha para audiencia.

9. El 21 de junio de 2022 tuvo lugar la audiencia en la cual se resolvió la solicitud de nulidad y se
ordenó seguir adelante con la ejecución.

10. El 28 de junio de 2022, el Ministerio de Defensa presentó recurso de apelación.

11. Por oficio del 21 de noviembre de 2022 el Juzgado demandado remitió el expediente al tribunal
para resolver la apelación.

12. Por auto del 12 de diciembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió el
recurso de apelación.

13. Por sentencia del 10 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó
la decisión de seguir adelante con la ejecución.

14. Mediante oficio remisorio del 17 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
remitió el expediente al juzgado.

15. Por auto del 5 de septiembre de 2023, el juzgado demandado dio cumplimiento a la decisión del
superior y requirió a la Nación - Ministerio de Defensa para que allegara copia del acto

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 25000-23-15-000-2024-00017-01
Demandante: Gustavo Adolfo Díaz González

administrativo de reintegro e informara del cargo, salarios y demás emolumentos que debió
devengar el actor. También requirió a las partes para que presentaran la liquidación del crédito.

16. El 23 y 25 de octubre de 2023, la parte ejecutante allegó liquidación de crédito por la suma
$437.640.831.

17. El 31 de octubre de 2023, el demandante solicitó la apertura del incidente de desacato en contra
de la entidad ejecutada.

18. El 23 de enero de 2024, el juzgado demandado abrió incidente de desacato y ofició al general
del Ejército Nacional para que informara sobre el cumplimiento de las órdenes emitidas.

19. El 31 de enero de 2024, el Ministerio de Defensa allegó copia de la Resolución de reintegro del
actor e informó que envió los oficios respectivos para solicitar información sobre el cargo, los
salarios y demás emolumentos.

20. El 4 de febrero de 2024, el Ministerio de Defensa, Ejército Nacional presentó memorial en el
cual señaló que no se encontró solicitud relacionada con la liquidación salarial del proceso
ejecutivo y remitió la liquidación de los salarios dejados de devengar, junto con la copia de la
resolución del reintegro. También informó sobre el cargo ejercido en la actualidad por el
tutelante.

A partir de lo anterior, la Sala encuentra que el Juzgado 12 Administrativo de Bogotá ha
dado trámite e impulso al proceso ejecutivo, ya que además de proferir el auto que libró
mandamiento de pago, también resolvió un incidente de nulidad, profirió sentencia que
ordenó seguir adelante con la ejecución, remitió el expediente al superior para que
resolviera el recurso de apelación contra la sentencia, y profirió autos de obedecer y
cumplir lo del superior y el da inicio al incidente de desacato.

En lo que respecta a la aprobación de la liquidación del crédito, la Sala advierte que, por
auto del 5 de septiembre de 2023, se requirió a las partes para que allegaran la
liquidación del crédito; que el 25 de octubre de 2023 el señor Gustavo Adolfo presentó
la liquidación, mientras que el Ministerio de Defensa la presentó el 4 de febrero de 2024.
Eso quiere decir que el término que ha transcurrido no resulta desproporcionado.

Ahora bien, la supuesta mora tampoco ha obedecido a una negligencia del juzgado. Por
el contrario, en el auto que dio apertura al incidente de desacato, el juzgado reconoció
que se ha dilatado innecesariamente el trámite del proceso ejecutivo, y ejerció los
poderes correccionales del juez previstos en el artículo 44 del CGP. Incluso, el juzgado
fundó la decisión en la facultad que tiene de sancionar con multas hasta por diez smlmv
a quienes, sin justa causa, incumplan las órdenes que se les impartan en ejercicio de
sus funciones o demore en su ejecución. También advirtió que el incumplimiento de las
órdenes dadas puede llevar a sanciones de tipo disciplinario y penal como el fraude a
resolución judicial.

En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia impugnada, pues, por un lado, la
acción de tutela es improcedente frente al Ministerio de Defensa y, por el otro, el Juzgado
12 Administrativo de Bogotá ha dado el trámite que corresponde al proceso ejecutivo.
La duración ha sido razonable y se han realizado actuaciones claramente dirigidas al
cumplimiento de la sentencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.

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Radicado: 25000-23-15-000-2024-00017-01
Demandante: Gustavo Adolfo Díaz González

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

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