Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01045-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01045-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01045-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
31 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01045-01
Demandante: Alexander Robles Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A
Temas: Impulso procesal en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho / Carencia actual de objeto por hecho
superado
Decisión: Revocar la decisión de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por Alexander Robles Sánchez, en
contra de la sentencia proferida el 27 de marzo del 2026 por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, en la cual se negó el amparo solicitado.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. Alexander Robles Sánchez promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la participación política, los cuales consideró
vulnerados con ocasión de la mora judicial injustificada en que ha podido incurrir el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, para
proferir sentencia de primera instancia dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 25000-23-41-000-2022-
01584-00, promovido contra el Consejo Nacional Electoral.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «16ED_Demanda (.pdf) NroActua2».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01045-01
Demandante: Alexander Robles Sánchez
2.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda, junto con Luis Manuel Rivas Parra y Germán Miranda Lozano,
contra el Consejo Nacional Electoral, con la finalidad de cuestionar la legalidad de
los actos administrativos mediante los cuales se negó el reconocimiento de la
personería jurídica del movimiento político denominado «Séptima Papeleta».
2.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A en
auto del 4 de septiembre de 2024, dispuso adelantar el trámite mediante sentencia
anticipada, fijó el litigio y se pronunció sobre las pruebas. Inconforme con esa
decisión, los demandantes interpusieron recurso de apelación, al considerar que la
contestación de la demanda presentada por el Consejo Nacional Electoral había
sido radicada de manera extemporánea y, por tanto, no debía ser tenida en cuenta
dentro del proceso.
2.3. En providencia del 18 de octubre de 2024 adecuó dicho recurso al de reposición,
por estimar improcedente la apelación y decidió no reponer la providencia del 4 de
septiembre de 2024.
2.4. Posteriormente, interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, recurso de
queja contra esa decisión, los cuales fueron resueltos mediante auto del 25 de
septiembre de 2025, que negó la reposición y ordenó remitir el expediente al
Consejo de Estado para el trámite del recurso de queja.
2.5. El Consejo de Estado, Sección Quinta en providencia del 31 de octubre de 2025,
decidió no dar trámite a dicho recurso, al considerar que no se configuraban los
presupuestos para su procedencia. Contra esa decisión, promovieron recurso de
súplica, el cual fue rechazado en auto del 21 de noviembre de 2025.
2.6. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales con
ocasión de la mora judicial en el referido medio de control para decidir la
controversia, pues afirmó que desde el 6 de octubre de 2025 el expediente se
encontraba al despacho para proferir sentencia de primera instancia, sin que se
hubiera adoptado una decisión definitiva, lo que vulneró sus derechos al debido
proceso y, en especial, a la participación política.
2.7. Adicionalmente, sostuvo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca valoró
la contestación de la demanda presentada por el Consejo Nacional Electoral, pese
a que fue radicada de manera extemporánea y sin el cumplimiento de los requisitos
previstos en el artículo 96 del Código General del Proceso. Por lo cual, requirió que
dicha actuación no sea valorada al momento de proferir la sentencia.
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Demandante: Alexander Robles Sánchez
1.2. Pretensiones
3. Como fundamento de la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] 1. TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la justicia
y, de manera urgente, el derecho a la participación política.
2. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, en un término perentorio
de cuarenta y ocho (48) horas, proceda a DICTAR SENTENCIA definitiva, considerando
que el proceso está listo para fallo desde octubre de 2025.
3. ESTABLECER que la contestación de la demanda del CNE carece de validez por ser
extemporánea, y, en consecuencia, se ordene al Tribunal fallar prescindiendo de los
argumentos y pruebas aportadas fuera de término por dicha entidad. […]» [sic].
1.3. Informes rendidos en el proceso
4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
A2 solicitó que se negara la solicitud de amparo ya que no se configuró una mora
judicial injustificada, pues el proceso ingresó al despacho para proferir sentencia el
6 de octubre de 2025 y se encontraba en turno para decisión, sin que existiera
fundamento para otorgarle prelación. Asimismo, sostuvo que las decisiones
adoptadas durante el trámite del medio de control se ajustaron a derecho, que la
contestación de la demanda presentada fue oportuna y que ese aspecto ya había
sido resuelto al interior del proceso, por lo que no se configuró vulneración alguna
de los derechos fundamentales invocados.
5. ElConsejo Nacional Electoral3 solicitó negar las pretensiones del amparo
constitucional, al considerar que no existía afectación de los derechos
fundamentales. Sostuvo que la contestación de la demanda fue presentada
oportunamente y que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tramitó el proceso
conforme a las etapas previstas en la ley. Asimismo, indicó que para emitir la
sentencia dependía de la carga laboral del despacho y del orden de ingreso de los
expedientes, por lo que no se configuraba una mora judicial injustificada.
6. Germán Miranda Lozano4 como demandante en el proceso ordinario, coadyuvó
la solicitud de tutela. En efecto, sostuvo que la autoridad judicial demandada vulneró
sus derechos fundamentales, por cuanto, el proceso «lleva un tiempo excesivo» para
2 Ver índice 14 de Samai de primera instancia. Archivo denominado
«16RECIBEMEMORIAL_Memorial_RespuestaTutela (.pdf)NroActua14».
3 Ver índice 12 de Samai de primera instancia. Archivo denominado
«11_MemorialWeb_Respuesta1100103150002026 (.pdf)NroActua12».
4 Ver índice 15 de Samai de primera instancia. Archivo denominado
«RECIBEMEMORIAL_CamScanner2702202616 (.pdf)NroActua15».
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Demandante: Alexander Robles Sánchez
dictar sentencia y reitero la irregularidad procesal, relacionada con la
extemporaneidad de la contestación de la demanda del Consejo Nacional Electoral.
7. Luis Manuel Rivas Parra5 coadyuvó la solicitud de tutela. Así, respaldo los
hechos y las pretensiones formuladas, pues argumentó que la mora judicial vulneró
sus derechos fundamentales, en particular, el debido proceso, el acceso a la
administración de justicia y a la participación política. Además, reiteró que la
contestación de la demanda presentada por el Consejo Nacional Electoral fue
extemporánea y por lo mismo, no se debía tener en cuenta al momento de proferir
la sentencia.
8. Los demás terceros con interés guardaron silencio.
1.4. Sentencia de primera instancia6
9. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en sentencia del 27 de
marzo de 2026 negó las pretensiones de la tutela, al considerar que no se configuró
una mora judicial injustificada por parte del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, pues el trámite del proceso se había desarrollado de forma oportuna
y el tiempo transcurrido desde el ingreso del expediente al despacho para fallo
obedecía a la carga laboral de autoridad judicial, la congestión judicial y al orden de
ingreso de los procesos para decisión. Asimismo, concluyó que los demandantes
no acreditaron circunstancias que justificaran otorgar prelación al asunto ni la
existencia de un perjuicio irremediable.
10. En relación con la contestación de la demanda, argumentó que ese asunto fue
resuelto dentro del trámite ordinario mediante los recursos interpuestos contra las
decisiones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, las cuales concluyeron
que dicha actuación fue oportuna. Además, precisó que ese mismo cuestionamiento
había sido objeto de una solicitud de tutela anterior, en la que se reiteró que el
mecanismo no era procedente para controvertir decisiones interlocutorias mientras
el proceso ordinario aún se encontraba en trámite
1.5. Escrito de impugnación7
11. Alexander Robles Sánchez impugnó la decisión del a quo. Para ello, reiteró los
argumentos expuestos en el escrito de tutela e insistió en que la mora judicial en la
expedición de la sentencia no podía considerarse justificada, debido a que el
proceso incidía directamente en el ejercicio de sus derechos a la participación
5 Ver índice 16 de Samai de primera instancia. Archivo denominado
«22RECIBEMEMORIAL_TutelaConsejodeEstad (.pdf)NroActua16».
6 Ver índice 20 de Samai de primera instancia. Archivo denominado
«25Sentencia_FALLO20260104500 (.pdf) NroAactua20».
7 Ver índice 31 de Samai de primera instancia. Archivo denominado
«42RECIBEMEMORIAL_HonorablesMagistrado(.pdf) NroActua 31».
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Demandante: Alexander Robles Sánchez
política, sujetos a un calendario electoral específico. Asimismo, sostuvo que la
demora le impidió participar en las elecciones legislativas y afectaba sus
posibilidades de intervenir en las elecciones presidenciales de 2026.
12. De igual forma, consideró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
incurrió en un defecto procedimental al admitir y valorar la contestación de la
demanda presentada por el Consejo Nacional Electoral, pese a que, fue presentada
de manera extemporánea y sin cumplir los requisitos previstos en el artículo 96 del
Código General del Proceso.
13. Adicionalmente, sostuvo que la autoridad judicial demandada, al disponer el
trámite mediante sentencia anticipada, desconoció su derecho a presentar alegatos
de conclusión.
2. Consideraciones
14. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa – delimitación
del asunto a decidir; iii) determinación del problema jurídico; iv) procedencia de la
solicitud de tutela - derechos de acceso a la administración de justicia y del debido
proceso sin dilaciones injustificadas; y v) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
15. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20008 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20199, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
2.2. Cuestión previa - delimitación del asunto a decidir
16. Antes de abordar el estudio de fondo, la Sala advierte que una de las
pretensiones de la tutela es «ESTABLECER que la contestación de la demanda del CNE
carece de validez por ser extemporánea» pues uno de los reproches formulados en la
solicitud de tutela se dirige a cuestionar que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca admitiera y valorara la contestación de la demanda presentada por
el Consejo Nacional Electoral, por considerar que fue radicada de manera
extemporánea y sin el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 96 del
Código General del Proceso.
8 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
9 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
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Demandante: Alexander Robles Sánchez
17. Sin embargo, dicho asunto ya fue debatido y resuelto dentro del proceso
ordinario. En efecto, contra el auto del 4 de septiembre de 2024, en el cual se
dispuso a adelantar el trámite mediante sentencia anticipada, los demandantes
interpusieron recurso de apelación con el propósito de cuestionar la oportunidad de
la contestación de la demanda.
18. Por lo anterior, la autoridad judicial en providencia del 18 de octubre de 2024
adecuó dicho recurso al de reposición y concluyó que el término para contestar la
demanda debía contabilizarse desde el 6 de junio de 2024 hasta el 19 de julio de
2024, razón por la cual la contestación radicada el 18 de julio de 2024 fue oportuna.
19. Posteriormente, los demandantes promovieron recurso de reposición y, en
subsidio, recurso de queja contra el auto del 18 de octubre de 2024.
20. El tribunal en providencia del 25 de septiembre de 2025 negó la reposición y
ordenó remitir el expediente al Consejo de Estado para el trámite de la queja.
21. El Consejo de Estado, Sección Quinta en providencia del 31 de octubre de 2025,
decidió no dar trámite a dicho recurso, al considerar que no se configuraban los
presupuestos para su procedencia. Contra esa decisión se interpuso recurso de
súplica, que fue rechazado mediante auto del 21 de noviembre de 2025.
22. En esas condiciones, se trata de un asunto que ya fue ampliamente debatido y
decidido dentro del proceso ordinario, y, puesto en conocimiento en una tutela
anterior10. En consecuencia, la Sala se abstendrá emitir pronunciamiento adicional.
Máxime, cuando la inconformidad principal del demandante gira en torno a la
presunta mora en que ha podido incurrir la autoridad judicial demandada para
proferir sentencia, razón por la cual, el análisis abordará de cara a la presunta
vulneración de los derechos de acceso a la administración de justicia y del debido
proceso sin dilaciones injustificadas.
23. De otra parte, en el escrito de impugnación el demandante introdujo un nuevo
reproche, consistente en que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al
disponer el trámite mediante sentencia anticipada, desconoció su derecho a
presentar alegatos de conclusión. Respecto del cual, la Sala se abstendrá de emitir
pronunciamiento alguno sobre dicho planteamiento, por cuanto se trata de un
argumento nuevo que no fue expuesto en el escrito inicial de tutela.
2.3. Problema jurídico
24. De acuerdo con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir: ¿si en el
presente asunto se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado con
10 Ver el expediente constitucional 11001-03-15-000-2025-05924-00.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01045-01
Demandante: Alexander Robles Sánchez
ocasión de la sentencia proferida el 19 de junio de 202611 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A?
2.4. Procedibilidad de la solicitud de tutela
25. El artículo 86 constitucional señala que: «[…] [e]sta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:
«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»
26. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia12, es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios
ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de
un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los
derechos fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo
efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.
2.4.1. Derechos de acceso a la administración de justicia y del debido proceso
sin dilaciones injustificadas
27. El artículo 228 de la Constitución Política define el acceso a la administración de
justicia como una función pública relacionada directamente con los fines del
Estado13 , pues solo en la medida en que se garantice a los integrantes del país una
instancia imparcial, objetiva y efectiva encargada de la resolución pacífica de sus
conflictos se puede pretender la consecución de una república democrática y
respetuosa de la dignidad humana.
28. Por su parte el artículo 229 ibídem determinó que la administración de justicia no
se es un mero servicio a cargo del Estado, sino que también goza de una dimensión
de naturaleza subjetiva, es decir, es un derecho fundamental radicado en cabeza
de todos los habitantes del país.
11 Registrada el 19 de junio de 2026 y notificada el 23 siguiente
12 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-
1121 de 2003.
13 Artículo 2 de la Constitución Política
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Demandante: Alexander Robles Sánchez
29. Frente a la procedencia de la solicitud de tutela para proteger el derecho de
acceso a la administración de justicia ha señalado la Corte Constitucional14:
«[…] Ahora bien, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, el derecho a
acceder a la justicia tiene una significación múltiple y compleja. De manera reiterada,
ha sostenido esta Corte, que el derecho a acceder a la justicia es un pilar fundamental
del Estado Social de Derecho y un derecho fundamental de aplicación inmediata, que
forma parte del núcleo esencial del debido proceso.
[…]
En cuanto a lo segundo, atendiendo a su importancia política, la jurisprudencia
constitucional le ha reconocido al acceso a la administración de justicia el carácter de
derecho fundamental de aplicación inmediata, integrándolo a su vez con el núcleo
esencial del derecho al debido proceso, y relacionándolo con otros valores
constitucionales como la dignidad, la igualdad y la libertad. Por virtud de tal vinculación,
el acceso a la administración de justicia adquiere un amplio y complejo marco jurídico
de aplicación que compromete los siguientes ámbitos: (i) el derecho a que subsistan
en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de mecanismos judiciales -acciones
y recursos- para la efectiva resolución de los conflictos; (ii) el derecho de acción o de
promoción de la actividad jurisdiccional, el cual se concreta en la posibilidad que tiene
todo sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que allí se
proporcionan para plantear sus pretensiones al Estado, sea en defensa del orden
jurídico o de sus intereses particulares; (iii) el derecho a que la promoción de la
actividad jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las pretensiones
que han sido planteadas, y que ella se produzca dentro de un plazo razonables; (iv) el
derecho a que existan procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición
de las pretensiones y excepciones debatidas; (iv) el derecho a que los procesos se
desarrollen en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de
las garantías propias del debido proceso. […]».
30. Por su parte, tratándose de la jurisdicción contencioso-administrativa el derecho
en cuestión adquiere connotaciones especiales dada su naturaleza rogada, sin
embargo, todos los requisitos formales del derecho de acción deben ser entendidos
y analizados en la medida en que con ellos se protejan derechos sustanciales de
las partes, como el debido proceso.
31. Asimismo, el artículo 29 de la Constitución Política dispone que toda persona
tiene derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas. De esa manera,
además del derecho a acceder a una respuesta judicial, ello se debe producir en un
plazo adecuado.
32. La razonabilidad de ese plazo fue establecida por el legislador mediante la
definición de los términos procesales, los cuales resultan de obligatorio
cumplimiento; de otra forma, la oportunidad para solucionar una controversia
quedaría al arbitrio de cada funcionario, afectándose no solo el derecho al recurso
judicial efectivo sino los bienes que se pretendan proteger en el proceso, incluido el
14 Sentencia C-177 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01045-01
Demandante: Alexander Robles Sánchez
de la igualdad de todas las personas que acuden a la administración de justicia en
procura de una solución pacífica a las controversias sociales.
33. Sin embargo, no toda tardanza o incumplimiento de un término judicial constituye
una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, ello dependerá de que resulte injustificada. En ese orden
de ideas, si bien la regla general es que los jueces cumplan los términos
rigurosamente, pueden configurarse excepciones a ese deber, siempre que se
encuentren suficientemente motivadas, las cuales deberán ser analizadas en el
marco de cada caso, y solo serán aceptables cuando, a pesar de la diligencia y
celeridad del juez, existan hechos imprevisibles o insuperables que le impidan
cumplirlos.
34. En ese sentido, la congestión judicial no es, por sí sola, motivo suficiente para
relevar al juez de su deber de definir los procesos dentro de los términos previstos
por el legislador. Es preciso que el análisis de una situación específica de mora
judicial tome en cuenta, de una parte, la importancia del cumplimiento de los plazos
procesales para la eficacia de los derechos fundamentales y, de otra, las eventuales
circunstancias de justificación de una tardanza determinada y la necesidad de que
las sentencias o decisiones, en general, se adopten de manera oportuna y que sean
materialmente justas y acordes con las normas legales y los principios
constitucionales.
35. Finalmente, es oportuno recordar que la solicitud de tutela procede contra toda
actuación que amenace o vulnere derechos fundamentales, siempre que no haya
otro recurso idóneo y efectivo en el ordenamiento para su protección, incluidas
aquellas propias de las autoridades judiciales.
2.5. Análisis de la sala
36. Alexander Robles Sánchez promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la participación política y, en consecuencia, se
ordenara al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
A, proferir sentencia de primera instancia dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-41-000-2022-01584-00.
37. De conformidad con la información registrada en Samai15, se destacan las
siguientes actuaciones:
15 Ver en Samai el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
radicado 25000-23-41-000-2022-01584-00.
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Demandante: Alexander Robles Sánchez
38. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
Alexander Robles Sánchez, Luis Manuel Rivas Parra y Germán Miranda Lozano,
presentaron demanda contra el Consejo Nacional Electoral, con la finalidad de
cuestionar la legalidad de las resoluciones 190 del 13 de enero de 2022 y 3357 del
19 de julio de 2022.
39. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A,
asumió el conocimiento del proceso.
40. Enprovidencia del 4 de septiembre de 2024, dispuso adelantar el trámite
mediante sentencia anticipada y, agotadas las actuaciones procesales
correspondientes, el expediente quedó al despacho para proferir sentencia de
primera instancia desde el 6 de octubre de 202516.
41. Al respecto, el 19 de junio de 2026, se profirió sentencia en el referido asunto
contencioso-administrativo, la cual fue notificada mediante correo electrónico el 23
de junio de 2026, como se evidencia:
42. Tal como quedó acreditado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A, profirió sentencia en el asunto en cuestión (el 19 de junio
de 2026), lo cual coincide con la pretensión de la demanda. Lo cual ocurrió posterior
a la radicación de la solicitud de tutela (12 de febrero de 2026).
43. A juicio de la Sala, en el presente asunto se configuró la carencia actual de objeto
16Ver en Samai el medio de control de nulidad y restablecimiento actuación denominada
«92Aldespachopar_58INGRESOALDESPACHOC(.pdf)NroActua100».
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01045-01
Demandante: Alexander Robles Sánchez
por hecho superado, pues durante el trámite de la solicitud de amparo, el tribunal
demandado profirió sentencia en el proceso cuyo impulso se pretendía, la cual fue
debidamente notificada a las partes, por lo que cesó la conducta vulneratoria de los
derechos fundamentales de Alexander Robles Sánchez.
44. La Corte Constitucional en sentencia T-038 de 201917, respecto de la carencia
actual de objeto por hecho superado, preciso:
«[…] Este escenario, se presenta cuando entre el momento de interposición de la
acción de tutela y el fallo, se evidencia que como consecuencia del obrar de la
accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el
accionante. Dicha superación se configura cuando se realizó la conducta pedida
(acción u abstención) y por tanto, termino la afectación resultando inocua cualquier
intervención del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno,
pues ya la accionada los ha garantizado. […]»
3. Decisión
35. En ese orden de ideas, quedo superada la vulneración alegada por Alexander
Robles Sánchez de forma que la Sala revocará la decisión del a quo, y en su lugar,
declarará la carencia actual de objeto por hecho superado, en la solicitud
presentada contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A.
36. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley.
FALLA:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 27 de marzo del 2026 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C. En su lugar, declarar la carencia actual de
objeto por hecho superado, en la solicitud de tutela presentada por Alexander
Robles Sánchez contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
17 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01045-01
Demandante: Alexander Robles Sánchez
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CJE/LVLQ
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el
aplicativo Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la
integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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