Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-05924-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-05924-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-05924-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
9 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05924-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: ALEXANDER ROBLES SÁNCHEZ
TESIS: SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
HECHO SUPERADO. DURANTE EL TRÁMITE DE LA PRESENTE
ACCIÓN EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
PROFIRIÓ AUTO MEDIANTE EL CUAL RESOLVIÓ EL RECURSO DE
REPOSICIÓN Y CONCEDIÓ EL DE QUEJA. SE DECLARA
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD FRENTE A LAS PROVIDENCIAS
CUESTIONADAS, POR FALTA DEL REQUISITO GENERAL DE
SUBSIDIARIEDAD.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN EN
POLÍTICA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra
la SECCIÓN PRIMERA -SUBSECCIÓN “A” DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1 y su SECRETARÍA.
1
En adelante el TRIBUNAL.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05924-00
Actor: ALEXANDER ROBLES SÁNCHEZ
I. ANTECEDENTES
I.1 La solicitud
El señor ALEXANDER ROBLES SÁNCHEZ, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y a la participación en política, los cuales, a su juicio, le
fueron vulnerados por el TRIBUNAL y su SECRETARÍA, al haber
proferido los autos de 12 de julio, 4 de septiembre y 18 de octubre
de 2024, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el número único de radicación 2022-
01584-00, y al no haber resuelto el recurso de reposición y, en
subsidio, de queja, que interpuso contra el último proveído.
I.2 Hechos
Indicó que presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se le
reconociera la personería jurídica al movimiento Séptima Papeleta
y, por ende, poder ejercer su derecho a la participación en política
y postularse a cargos de elección popular.
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Actor: ALEXANDER ROBLES SÁNCHEZ
Manifestó que la demanda fue inadmitida, por lo que el 15 de junio
de 2023, la subsanó, no obstante, mediante auto de 30 de octubre
de ese año, el TRIBUNAL remitió el proceso por competencia a la
SECCIÓN PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO2 que, mediante
providencia de 6 de marzo de 2024, se lo devolvió.
Señaló que el TRIBUNAL mediante proveído de 30 de noviembre
de 2023, rechazó la demanda, por lo que interpuso recurso de
apelación, el cual fue resuelto por la SECCIÓN QUINTA DEL
CONSEJO DE ESTADO en auto de 18 de abril de 2024 que,
revocó la decisión de primera instancia y, en consecuencia, ordenó
a la autoridad judicial accionada proveer sobre su admisión.
Aseveró que presentó solicitud de medida cautelar con la que
buscaba poder participar en las elecciones regionales fijadas para
el 2023, no obstante, debido a que el traslado de esta se realizó
de manera tardía al CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, no pudo
inscribir su candidatura.
Asimismo, resaltó que el TRIBUNAL profirió auto de 4 de
septiembre de 2024, mediante el cual se pronunció sobre las
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C.P. Oswaldo Giraldo López.
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pruebas, fijó el litigio y corrió traslado para alegar de conclusión
para proferir sentencia anticipada, lo que a su juicio cerró la etapa
probatoria sin dar lugar a valorar los elementos del caso, por lo
que presentó recurso de apelación, que fue interpretado como de
reposición y resuelto desfavorablemente mediante auto de 18 de
octubre de ese año.
Finalmente, señaló que contra dicha decisión presentó recurso de
apelación y, en subsidio, de queja, no obstante, al momento de la
presentación de la acción de tutela de la referencia, no se había
resuelto, lo que vulnera sus derechos fundamentales alegados.
I.3. Pretensiones
El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] 2. ORDENAR al Magistrado ponente dar trámite al
recurso de reposición en subsidio de queja para que sea el
superior quien resuelva el recurso.
3. DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 12 de julio de 2024, que
negó la solicitud de suspensión provisional de los actos
administrativos.
4. DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 4 de septiembre de 2024,
que declara el proceso como asunto de puro derecho y
anuncia sentencia anticipada.
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5. DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 18 de octubre de 2024,
que niega la reposición y avala la contestación y pruebas
extemporáneas del CNE.
6. DECLARAR que la contestación de la demanda presentada
por el CNE fue extemporánea y que, en consecuencia, las
pruebas aportadas carecen de valor jurídico.
7. ORDENAR al Magistrado Ponente que, en un término no
superior a cuarenta y ocho (48) horas, dé impulso inmediato
al proceso, reevalúe con un criterio de urgencia la solicitud de
medida cautelar y garantice el trámite del recurso de
apelación para que sea resuelto por el Consejo de Estado.
8. ADVERTIR al despacho judicial que se abstenga de incurrir
en nuevas dilaciones injustificadas o actuaciones arbitrarias.
[…]”.
I.4. Defensa
I.4.1.- El TRIBUNAL realizó un recuento de las actuaciones
surtidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho e indicó que la presente solicitud de amparo se torna
improcedente al pretender crear una nueva instancia judicial,
asimismo, resaltó que el actor incumplió con exponer de forma
razonable y clara los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela.
Agregó que no se demuestra vulneración alguna a los derechos
fundamentales alegados por el demandante, dado que las
pretensiones de la demanda están encaminadas a reabrir un
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debate legal que ya se surtió en debida forma dentro del proceso
ordinario censurado.
I.5. Vinculados
I.5.1 El CONSEJO NACIONAL manifestó que no ha vulnerado
ninguno de los derechos invocados por el actor y solicitó ser
desvinculado de la presente acción constitucional por carecer de
legitimación en la causa por pasiva, pues no es la autoridad
competente para satisfacer las pretensiones deprecadas.
I.5.2 Los señores LUIS MANUEL RIVAS PARRA y GERMÁN
MIRANDA LOZANO, pese a ser notificados en debida forma,
guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de
30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo
número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del
Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de
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tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el
conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
La sala advierte que el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL ser
desvinculado de la presente acción constitucional por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-
1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de
legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a
que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones
del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes
en relación con el interés sustancial que se discute en el
proceso. (…). La legitimación pasiva se consagra como la
facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad
de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
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contenido material. Si bien la tutela se establece por la
Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello
no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación
se surta sin vulnerar los principios de legalidad y
contradicción. La identificación cabal del demandado es una
exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de
1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación
de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo
señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto). Y
más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es
responsable del menoscabo de los derechos fundamentales
del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la
tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de
tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de
realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando
no es su conducta la que inflige el daño […]”. (Destacado de
la Sala).
Ahora bien, comoquiera que dicha autoridad fungió como parte
demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, objeto de tutela, le asiste interés directo en las resultas
de la presente acción constitucional, razón por la cual se denegará
su solicitud de desvinculación como en efecto se dispondrá en la
parte resolutiva de esta providencia.
Generalidades de la acción de tutela
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Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez
Bello, magistrada María Elizabeth García González), en un asunto
que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,
sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o
aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge
Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena
de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe
indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios
que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción
de tutela como un mecanismo de protección alternativo,
se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de
esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que
la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la
acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de
resolución de conflictos.
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d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas
ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa
humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y
por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto
los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el
proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta
exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela
llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su
naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester
que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la
afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de
todo ello al momento de pretender la protección constitucional
de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados,
para que proceda una acción de tutela contra una sentencia
judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o
causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar
plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha
señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una
sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los
vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
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b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que
se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño
lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de
los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado[11].
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).
En el presente caso, el señor ALEXANDER ROBLES SÁNCHEZ,
actuando en nombre propio, instauró acción de tutela con el fin de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a la participación
en política, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el
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TRIBUNAL y su SECRETARÍA, al haber proferido los autos de 12
de julio, 4 de septiembre y 18 de octubre de 2024, dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
el número único de radicación 2022-01584-00, y al no haber
resuelto el recurso de reposición y, en subsidio, de queja, que
interpuso contra el último proveído.
En ese orden de ideas, la Sala procede a determinar si la autoridad
accionada vulneró los derechos fundamentales invocados por el
actor y examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional,
acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el
requisito de la subsidiariedad.
• Del requisito de subsidiariedad
Al respecto, cabe señalar que el artículo 6º del Decreto 2591 de
1991 prevé como causal de improcedencia que «existan otros
recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
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concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias
en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del
texto).
Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que,
existiendo tales mecanismos, esta acción se instaure en forma
transitoria, en aras de obtener una protección urgente e
inmediata de sus derechos.
Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de
los derechos fundamentales no sería examinada por su juez
natural idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo
con las competencias establecidas por el legislador.
No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia
de un perjuicio irremediable, el juez constitucional podría
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
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contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que
se dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe
conocer del fondo del asunto.»3 (Subrayas y negrillas fuera del
texto).
Asimismo, esta Sección4 ha indicado que el requisito de
subsidiariedad tampoco se cumple cuando se encuentra en trámite
el proceso donde se profirió la decisión objeto de tutela. Al
respecto, señaló que:
“[…] Es necesario reiterar que, por regla general, cuando el
proceso se encuentra en curso, la acción de tutela no es
procedente para cuestionar cualquier decisión adversa a las
partes, aún luego de agotados los recursos que contra ellas
proceden dentro del proceso, si el desarrollo del medio de
control no ha finalizado y, por tanto, no se puede tener
certeza de la trascendencia de esa presunta irregularidad
procesal en la decisión que pone fin al proceso.
Lo anterior atiende, además, a la imposibilidad de acudir a la
acción de tutela como una tercera instancia ante decisiones
que no convienen a las partes en el trámite de los procesos,
cuyos efectos en la decisión definitiva son inciertos, y que,
además, no generan ningún perjuicio ius fundamental
irremediable.
En este sentido, solo en el evento en que las presuntas
irregularidades en el curso del proceso impidan el acceso a la
administración de justicia y el derecho a la tutela judicial
efectiva de la parte accionante, y ésta carezca de medios
judiciales de defensa al interior del proceso, resultaría
3
Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor Jorge
Iván Palacio Palacio.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
diciembre de 2017, C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 2017-
03006-00.
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procedente asumir su estudio en sede de tutela, situación que
no se presenta en el caso sub judice por cuanto, el medio de
control aún está en trámite […]”.
Ahora bien, en lo referente a las pretensiones del actor de dejar
sin efecto los autos de 12 de julio, 4 de septiembre y 18 de octubre
de 2024, proferidos dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, la Sala advierte que mediante auto
de 25 de septiembre de 2025, visible en el índice 94 del aplicativo
de consulta SAMAI, el TRIBUNAL decidió lo siguiente:
De lo anterior, resulta evidente para la sala que la acción de tutela
de la referencia no cumple con el requisito general de la
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subsidiariedad, debido a que el proceso que motivó la
instauración de esta acción constitucional aún se encuentra en
trámite, pues hasta la fecha la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO
DE ESTADO, ante quien se concedió el recurso de queja, no se
ha pronunciado y/o resuelto.
En efecto, la intervención del juez constitucional se encuentra
vedada, ello, por cuanto, se reitera, es el mismo proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho el adecuado para hacer
valer los derechos que el actor estima vulnerados y mal haría el
juez de tutela en suplantar las competencias que le están dadas
al juez de conocimiento.
En las condiciones anotadas, la Sala concluye que la solicitud de
amparo de la referencia frente a las providencias cuestionadas,
debe ser declarada improcedente por no cumplirse el requisito
general de la subsidiariedad, como en efecto se dispondrá en la
parte resolutiva de esta providencia.
De la mora judicial
Esta figura ha sido definida como un “[…] fenómeno multicausal y
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estructural […]”5 que impide el disfrute efectivo del derecho de
acceso a la administración de justicia y que se presenta como
resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan
la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se
encuentra la solución de los procesos.
Sobre este tema, la Corte Constitucional6 ha sostenido que el no
cumplimiento de los términos procesales por parte de los jueces
no implica per se la vulneración de los derechos fundamentales,
habida cuenta que, pese a que es obligación de la autoridad
judicial acatar los plazos establecidos por la normativa aplicable,
también lo es dar prevalencia al derecho sustancial sobre el formal
y no sacrificar irrazonablemente la justicia como valor superior y
principio constitucional.
En consecuencia, es ineludible analizar las causas de la mora, para
determinar si esta es justificada o no, dado que es necesario que
concurran determinadas circunstancias para tenerla como
injustificada.
5
Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P.:
María Victoria Calle Correa.
6
Sentencia SU901 de 1° de septiembre de 2005, M.P Jaime Córdoba Triviño
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Al respecto, la Corte7 ha manifestado en forma reiterada que:
“[…] para definir la existencia de una lesión de los derechos
fundamentales ante el retardo judicial, se requería valorar la
razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del
incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva
del ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento
de los términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo
razonable, lo que implicaba valorar la complejidad del asunto,
la actividad procesal del interesado, la conducta de la
autoridad competente y la situación global del procedimiento,
y (iii) la falta de motivo o justificación razonable de la
demora8. Advirtió, además, que (iv) el funcionario incumplido
debía demostrar el agotamiento de todos los medios posibles
para evitar el detrimento de las garantías de acceso a la
administración de justicia y debido proceso, concluyendo
que:
“existe una relación de conexidad necesaria entre la noción
del plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, al
punto que son estos los criterios que se deben analizar para
determinar si acontece o no una afectación o amenaza al
debido proceso y por ende al acceso a la administración de
justicia. En esa medida, la mora judicial se justifica cuando:
• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se
demuestra de manera integral una diligencia razonable del
juez que los atiende.
• Se constata la existencia de problemas estructurales, de
exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser
catalogadas como imprevisibles e ineludibles.
Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en
aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario
encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha
obedecido a una omisión sistemática de sus deberes.”9.
13.5. En la providencia T-230 de 201310, que abordó un caso
de presunta mora judicial injustificada por parte de la Corte
7
Ibidem.
8
«Estos tres primeros aspectos los remota de lo sostenido en la sentencia T-297 de 2006 (MP
Jaime Córdoba Triviño - unánime)».
9
«En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la
providencia judicial atacada la autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido
el sancionado se encontraba justificada».
10
«MP Luis Guillermo Guerrero Pérez - unánime».
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Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral dentro de un
proceso ordinario que tenía por objeto el reconocimiento de
una sustitución pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno,
contrario a los derechos fundamentales y debido proceso, se
evidencia cuando: (i) se presenta un incumplimiento de los
términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación
judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique
dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen
de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el
cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad
judicial. Precisó la Sala, además, que ante casos de mora
judicial injustificada, la acción de tutela era procedente
cuando (1) se cumpliera el requisito de subsidiariedad y (2)
se acreditara la existencia de un perjuicio irremediable,
advirtiendo que, (iii) el remedio, consistente en la alteración
del turno, era excepcional11.
También hizo referencia la Sala de revisión a casos en los que
la mora estaba justificada, encontrando que en algunos
eventos la Corte (i) niega la protección constitucional12, en
otros, (ii) ordena la alteración del turno, cuando quiera que
se está ante sujetos de especial protección y/o
vulnerabilidad13; y, en otros, (iii) dispone un amparo
transitorio14.
13.6. Reiterando de manera importante el anterior
precedente, la Sala Plena de la Corte Constitucional en la
sentencia SU-394 de 201615, destacó que el derecho al debido
proceso en un plazo razonable, por desconocimiento del
término, es objeto de amparo constitucional cuando quiera
que (i) se incurre en mora judicial injustificada y (ii) se está
ante un caso en el que puede materializarse un daño que
genera perjuicios no subsanables.
La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando
quiera que (i) existe un incumplimiento objetivo del plazo
judicial, (ii) no existe un motivo razonable que justifique la
11
«Destacó la Sala que, según lo señalado por la Corte en la sentencia C-543 de 1992, en casos
de mora judicial podía ordenarse al juez observar los términos judiciales o la resolución del caso,
lo que implicaba una alteración del turno (MP José Gregorio Hernández Galindo, SV Ciro Angarita
Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero)».
12
«Citó como precedente las sentencias T-668 de 1996 (MP Hernando Herrera Vergara - unánime),
T-243 de 2000 (MP Fabio Morón Díaz - unánime), T-1249 de 2004 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto - unánime) y T-366 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández)».
13
«Como ocurrió en las sentencias T-708 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil – unánime), T-220 de
2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla) y T-945A de 2008 (MP Marco
Gerardo Monroy Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla)».
14
«T-1154 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra - unánime)».
15
«MP Gloria Stella Ortiz Delgado».
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dilación; y, (iii) la tardanza sea imputable a la falta de
diligencia y omisión sistemática de los deberes del funcionario
judicial […]”.
Conforme con la jurisprudencia en cita, para establecer si el
desconocimiento de los términos procesales, en un asunto
particular, conlleva la vulneración de derechos fundamentales
como el debido proceso, debe determinarse, entre otras cosas, si
la dilación acaecida es justificada o no, pero, particularmente, si
tal situación es atribuible a la falta de diligencia del funcionario
encargado de la resolución del litigio.
En virtud de lo anterior, se procede a examinar las actuaciones
procesales desarrolladas dentro del proceso identificado con el
número único de radicación 2022-01584-01, en aras de
determinar si en el presente asunto se reúnen los presupuestos
que configuran la mora judicial injustificada.
Conforme a lo anterior, según la información relacionada en el
aplicativo de consulta de procesos SAMAI, la Sala advierte que el
auto que resolvió sobre el recurso de reposición y concedió el de
queja, frente al proveído 18 de octubre de 2024, ya fue proferido
por el TRIBUNAL el 25 de septiembre de este año, como quedó
visto en líneas anteriores.
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Cabe resaltar que el mencionado auto fue notificado por estado el
29 de septiembre de 2025, como se observa en el índice núm. 98
del proceso identificado con el número único de radicación 2022-
01584-01, consultado en SAMAI, así:
“[…]
[…]”.
En virtud de lo precedente, la Sala observa que la finalidad de la
acción de tutela de la referencia era que el TRIBUNAL se
pronunciara sobre el recurso de reposición y, en subsidio, de
queja, interpuesto contra el auto de 18 de octubre de 2024,
mediante el cual no se repuso la decisión de 4 de septiembre de
ese año.
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Actor: ALEXANDER ROBLES SÁNCHEZ
En efecto, la Sala encuentra que el TRIBUNAL se pronunció frente
al recurso interpuesto mediante auto de 25 de septiembre de
2025, el cual fue notificado al correo electrónico del actor en el
que se le indicó que la decisión recurrida se encontraba ajustada
a derecho.
Asimismo, el TRIBUNAL le puso de presente al demandante que
no repondría la decisión contenida en el auto de 18 de octubre de
2024, comoquiera que frente a la decisión de tener por contestada
la demanda no procedía el recurso de apelación, razón por la que
concedió el de queja ante la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO
DE ESTADO para lo de su competencia.
Por lo anterior, no hay lugar a efectuar pronunciamiento alguno
en el asunto sometido a consideración de la Sala, debido a que los
hechos que originaron la presente acción de tutela han sido
superados, razón por la que se declarará la carencia actual de
objeto del amparo solicitado, como en efecto se dispondrá en la
parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera,
administrando justicia en nombre de la República y por
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autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación presentada
por el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo deprecado
frente las providencias cuestionadas, por falta del requisito
general de subsidiariedad, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
TERCERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO
POR HECHO SUPERADO frente al recurso de reposición y, en
subsidio, de queja, interpuesto contra el auto de 18 de octubre de
2024, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
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Actor: ALEXANDER ROBLES SÁNCHEZ
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 9 de octubre de
2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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