Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01090-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01090-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01090-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
10 de abril de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01090-00
Accionantes: Jorge Arturo Rivera Tejada
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., diez (10) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01090-00
Accionantes: Jorge Arturo Rivera Tejada
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico-Sala de Decisión Oral-
Sección B
Referencia: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial-carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales y especiales de procedencia. Relevancia constitucional y Subsidiariedad.
Improcedencia.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela formulada por el señor Jorge Arturo Rivera Tejada
contra el Tribunal Administrativo del Atlántico-Sala de Decisión Oral-Sección B.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El señor Jorge Arturo Rivera Tejada, actuando en nombre propio1, interpuso acción
de tutela con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la seguridad jurídica, a la
confianza legítima, a la moralidad procesal, a la moralidad administrativa, a la
igualdad y a la dignidad humana2, los cuales estimó vulnerados por el Tribunal
Administrativo del Atlántico-Sala de Decisión Oral-Sección B.
Lo anterior, con ocasión de la sentencia proferida el 28 de marzo de 2025, mediante
la cual dicha corporación confirmó el fallo del 20 de septiembre de 2024, dictado por
el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Barranquilla, que negó las
pretensiones de la demanda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado número 08001-33-33-007-2021-00210-00/01.
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:
1 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado CD3C6E214AA3A9D3 889A5EDD880D08EB
EB907A898C51D560 1C3B9674BA85CE7B.
2 Ibid.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01090-00
Accionantes: Jorge Arturo Rivera Tejada
2.1. El señor Jorge Arturo Rivera Tejada, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, presentó demanda con el fin de obtener la declaratoria
de nulidad de los actos administrativos mediante los cuales fue excluido del concurso
de méritos para el cargo de secretario de juzgado de circuito de Barranquilla. En
particular, cuestionó: (i) la Resolución No. CSJATR21-1341 del 21 de mayo de 2021,
mediante la cual el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico conformó el
registro de elegibles; (ii) la Resolución No. CSJATR21-387 del 25 de febrero de 2021,
que resolvió el recurso de reposición contra la Resolución CSJATR19-432 del 17 de
mayo de 2019, por la cual se publicaron los resultados de las pruebas; y (iii) la
Resolución No. CJR21-0067 del 23 de marzo de 2021, que decidió los recursos de
apelación interpuestos contra dicha resolución. Como consecuencia de lo anterior,
solicitó su inclusión en la lista de elegibles pues consideró que su puntaje podía ser
redondeado a 800.
2.2. El actor indicó que se inscribió en la convocatoria No. 4 de la Rama Judicial –
Seccional Barranquilla para el referido cargo; que la Universidad Nacional, encargada
de la elaboración y calificación de las pruebas, incurrió en errores en algunas
preguntas que, a su juicio, eran inconstitucionales; y que, tras obtener un puntaje no
aprobatorio (799,45), interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación,
solicitó la exhibición de las respuestas y resultados del examen.
2.3. Señaló que, a partir de los documentos allegados, se evidenciaban errores en la
calificación de varias preguntas que fueron marcadas como incorrectas pese a ser,
en su criterio, acertadas. No obstante, al resolverse los recursos, se mantuvo su
exclusión del concurso por no alcanzar el puntaje mínimo exigido.
Agregó que los actos demandados adolecían de falsa motivación, expedición irregular
y vulneración de normas superiores.
2.4. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Séptimo Administrativo de
Barranquilla bajo el radicado No. 08001-33-33-007-2021-00210-00, autoridad que,
mediante sentencia del 20 de septiembre de 2024, negó las pretensiones de la
demanda. El despacho consideró que la solicitante no expuso fallas concretas que
permitieran evidenciar por qué la Universidad Nacional habría incurrido en errores en
la calificación de las preguntas, sino que se limitó a afirmar, según su propio criterio,
que las respuestas seleccionadas eran correctas. Señaló que, el demandante
circunscribió sus reparos a justificar por qué consideraba acertadas sus respuestas,
sin explicar de manera suficiente por qué las respuestas determinadas por la
universidad resultaban equivocadas.
2.5. Inconforme con dicha decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación. El
Tribunal Administrativo del Atlántico-Sala de Decisión Oral-Sección B, mediante
sentencia del 28 de marzo de 2025 (notificada por mensaje de datos enviado el 13 de
agosto de 2025), confirmó el fallo de primera instancia, con fundamento en
consideraciones similares.
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Accionantes: Jorge Arturo Rivera Tejada
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia, a la seguridad jurídica, a la confianza
legítima, a la moralidad procesal, a la moralidad administrativa, a la igualdad y a la
dignidad humana. En consecuencia, pidió dejar sin efectos la sentencia del 28 de
marzo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico-Sala de Decisión
Oral-Sección B y, en su lugar, emitir una decisión de reemplazo en los términos
solicitados en la presente acción.
Como fundamento de sus pretensiones, sostuvo que la decisión cuestionada incurrió
en defecto fáctico, toda vez que, según afirma, no contaba con el cuadernillo de
preguntas ni la hoja de respuestas al redactar la demandade nulidad y
restablecimiento del derecho. No obstante, indicó que durante el trámite procesal
dichos documentos fueron allegados al expediente, por lo que, a su juicio, la autoridad
judicial disponía de los elementos necesarios para declarar la nulidad de los actos
demandados, tal como lo expuso en sus alegatos de conclusión.
Añadió que su principal reparo, sin limitarse exclusivamente a este, se centra en la
pregunta 49 del examen, la cual, en su criterio, fue respondida correctamente, en
tanto admitía más de una respuesta, se cita:
Advirtió que la Universidad Nacional indicó que la respuesta correcta era la opción A;
sin embargo, sostuvo que esta resultaba excluyente y discriminatoria, en la medida
en que el derecho de petición no está sometido a formalidades excesivas.
Al margen de lo anterior, la parte actora reprodujo los cargos formulados en el recurso
de apelación interpuesto dentro del proceso ordinario, mediante los cuales cuestionó
varias de las preguntas del examen y afirmó que la autoridad judicial accionada no
analizó sus argumentos de fondo, lo que, en su criterio, vulneró sus derechos
fundamentales.
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Accionantes: Jorge Arturo Rivera Tejada
4. Trámite de tutela e intervenciones
Mediante auto del 16 de febrero de 20263, el Despacho de la magistrada ponente
admitió la acción de tutela; vinculó, en calidad de terceros con interés, al Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Barranquilla, a la Nación-Rama Judicial-
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Universidad Nacional; solicitó a
la autoridad judicial accionada el envío del expediente del proceso ordinario; ordenó
la notificación a las partes y dispuso la suspensión de los términos.
Una vez surtidas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:
4.1. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial4 allegó escrito en el que
manifestó su falta de legitimación en la causa por pasiva. Señaló que la autoridad
competente para intervenir dentro del presente trámite constitucional era la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla-Atlántico, por cuanto
fue esta la que ejerció la representación de la Rama Judicial dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 08001-33-
33-007-2021-00210-00/01.
4.2. El Tribunal Administrativo del Atlántico-Sala de Decisión Oral-Sección B5
remitió el expediente digital del proceso ordinario y, a través del magistrado ponente
de la decisión cuestionada, solicitó declarar la improcedencia de la acción6, por
considerar que la parte actora no cumplió con los requisitos generales ni específicos
establecidos por la jurisprudencia constitucional para controvertir providencias
judiciales.
Indicó que la solicitud de amparo no expone un hecho concreto que evidencie la
afectación de un derecho fundamental, razón por la cual no se satisface el requisito
de relevancia constitucional.
Asimismo, señaló que el actor alegó de manera genérica la configuración de un
defecto fáctico, sin precisar el medio de prueba que habría sido indebidamente
valorado.
Finalmente, resaltó que la parte accionante reiteró, en gran medida, los fundamentos
fácticos y jurídicos de la demanda presentada en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, a pesar de que la acción de tutela no fue
concebida como una instancia adicional.
3 Índice 00004 del aplicativo SAMAI, certificado B093DA546D57E748 310363D2C4A29A19 6B06D2605355C0C5
C262759829744889.
4 Índice 00011 del aplicativo SAMAI, certificado 23EFA4194B719AD9 C1D8439D9CDBB8A1
F7322ADE7EFFB96D 2848254D51C7ED3C.
5 Índice 000012 del aplicativo SAMAI, certificado 2D7BA556841BCF65 5EA36ACD20FFCF5C
5497147E7C17DDBC 5C9FEFB679500A54.
6 Índice 000015 del aplicativo SAMAI, certificado 8B53719DE8C6CF1B 11BCA7395BAA7209
B24520958AC7FF45 FEE23E94D5DFC8F6.
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Accionantes: Jorge Arturo Rivera Tejada
4.3. La Universidad Nacional7 se opuso a las pretensiones de amparo. Sostuvo que
el accionante: i) no indicó ni demostró la relevancia constitucional del asunto; ii) no
identificó de manera razonable los hechos que generaron la vulneración ni los
derechos transgredidos; iii) pretende utilizar la acción de tutela como si se tratara de
una instancia adicional y, iv) aunque alegó la configuración de un defecto fáctico, no
precisó la supuesta carencia probatoria en que fundamenta su reproche, se limitó a
reiterar que la respuesta seleccionada en la prueba era correcta.
Por último, solicitó que se tuviera en cuenta su falta de legitimación en la causa y, en
consecuencia, se ordenara su desvinculación, al considerar que no existe nexo causal
entre sus funciones y las pretensiones de amparo.
5. Trámite posterior
Al revisar el informe rendido por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el
despacho de la magistrada ponente, mediante auto del 26 de febrero de 20268,
vinculó al trámite constitucional a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Barranquilla-Atlántico y le concedió el término de tres días para que, si lo
estimaba pertinente, se pronunciara sobre las pretensiones de amparo.
Notificado el referido proveído se recibió la siguiente respuesta:
5.1. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Barranquilla-Atlántico9 solicitó negar el amparo invocado. Sostuvo que la decisión
cuestionada no obedeció a un actuar caprichoso o arbitrario, sino a la aplicación
rigurosa de las reglas del concurso y al respeto de la experticia técnica de la
Universidad Nacional.
Asimismo, indicó que acceder a las pretensiones de la acción de tutela implicaría que
el juez constitucional se convierta en un segundo evaluador del concurso, lo cual
desnaturalizaría su función y, además, comprometería el debido proceso de los
demás participantes.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.
7 Índice 00013 del aplicativo SAMAI, certificado 6CF37282DC0C6D97 3B44FE0751E0DD04
6DD48A2B2349836C 9166AF8C486596D0.
8 Índice 00017 en el aplicativo SAMAI, certificado 4CC789687D4FE799 CE56B9BFEA31C0D7
75EDDBC5BB741F9C F44B758745FF1D82.
9 Índice 00023 en el aplicativo SAMAI, certificado 5BD1099116E80F83 9B855BB74E0BD674
2F1DA9248780D3F7 58505FC40A302CA9
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Accionantes: Jorge Arturo Rivera Tejada
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, en tanto
Jorge Arturo Rivera Tejada es el titular de los derechos fundamentales que afirma le
fueron vulnerados, en su condición de demandante dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 08001-33-
33-007-2021-00210-00/01.
2.2. De igual manera, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por
pasiva, por cuanto el Tribunal Administrativo del Atlántico-Sala de Decisión Oral-
Sección B es la autoridad judicial que profirió la sentencia del 28 de marzo de 2025,
la cual, según el tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, de forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200510 indicó que estas proceden si
se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general,
que habilitan la interposición de la tutela11 y otros de carácter específico, que tocan
con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto12.
10 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el
evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de
fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos
que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y;
que el fallo censurado no sea de tutela
12 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se
presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber:
a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre
cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el
juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material
o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o
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Accionantes: Jorge Arturo Rivera Tejada
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”13.
4.1. Relevancia constitucional
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el
asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una
clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez
constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez
que garantiza la autonomía e independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción
de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”14.
En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate
en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii)
que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que
el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un
defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte,
el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a
tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido
que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del
precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución
Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado
en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
12 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
13 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
14 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
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Accionantes: Jorge Arturo Rivera Tejada
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o
de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii)
que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales, de manera que la intervención del juez constitucional se
establezca, exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o
repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el
interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes y
generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y
fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha
hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa
ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos
definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto15.
4.2. Subsidiariedad
Sobre el particular, resulta importante destacar que este requisito está definido
expresamente en el artículo 86 superior como presupuesto general de procedencia
de la acción de tutela, en los siguientes términos: “solo procederá cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho
presupuesto se desarrolló en el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 16.
Cuando se trata de tutelas presentadas en contra de providencias judiciales, el
cumplimiento de este requisito se hace aún más exigente, en aras de evitar que el
amparo se use como un mecanismo alternativo o supletorio de los medios ordinarios
que el legislador tiene previstos para controvertir las decisiones judiciales, con el fin
de: (i) prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta el
proceso ordinario; (ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los
mecanismos de defensa diseñados por el Legislador; y (iii) que los ciudadanos
atiendan un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es esta la
15 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
16“Artículo 6. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”.
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Accionantes: Jorge Arturo Rivera Tejada
forma de enmendar errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al
interior de un proceso judicial17.
La Corte Constitucional18 ha sostenido que es deber de la parte accionante desplegar
todos los mecanismos judiciales que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos, pues de no ser así, se correría el riesgo de interferir en las
competencias de las distintas autoridades judiciales.
5. Caso concreto
La Sala advierte que la presente acción de tutela no satisface los requisitos de
relevancia constitucional ni de subsidiariedad, por las razones que se exponen a
continuación:
5.1. Del examen del escrito de tutela se observa que la parte actora cuestiona, en
esencia, la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico-Sala de
Decisión Oral-Sección B, al considerar que incurrió en defecto fáctico, en la medida
en que, al momento de presentar la demanda, no contaba con el cuadernillo de
preguntas ni con la hoja de respuestas, lo que, a su juicio, le impidió desarrollar de
manera precisa los cargos de nulidad propuestos.
Adicionalmente, sostuvo que la autoridad judicial accionada no estudió los
argumentos expuestos en el recurso de apelación, con lo cual, en su criterio, vulneró
sus derechos fundamentales.
5.2. Ahora bien, del análisis de la providencia cuestionada, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión Oral, Sección B, se advierte que, en
la sentencia del 28 de marzo de 2025, la autoridad judicial arribó a las siguientes
conclusiones:
“Según el criterio del actor, debe declararse la nulidad de los actos administrativos
que ordenaron su exclusión del concurso de méritos para la provisión en carrera
del cargo de secretario de juzgado del circuito en Barranquilla. Sostiene que dicha
exclusión se fundamentó en errores cometidos en la valoración de la prueba de
conocimiento elaborada por la Universidad Nacional para los participantes del
concurso organizado por el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico
En particular, el actor cuestionó la elaboración y calificación de las preguntas 21,
25, 41, 42, 46, 48, 49, 57, 60, 61, 64, 75, 76, 77, 92 y 95 de la prueba diseñada
por la Universidad Nacional, al considerar que presentan fallas en su formulación
y evaluación. Se advierte que, mediante la Resolución No. CSJATR21-387, el
Consejo Seccional de la Judicatura se pronunció sobre el recurso de reposición
interpuesto por el actor contra el puntaje que le fue asignado (799,45).
17 Cfr. Corte Constitucional sentencia T-598 de 2003.
18 Sentencia C-590 de 2005.
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Accionantes: Jorge Arturo Rivera Tejada
En la motivación del acto, se incorporó el informe técnico de la Universidad
Nacional, en el cual se atendieron los cuestionamientos planteados por el señor
Jorge Tejada (…)”19.
Posteriormente, el tribunal transcribió la motivación del acto administrativo referido,
en el cual se explicaba cada una de las respuestas, y agregó que:
“Así mismo, se tiene que en la Resolución No. CJR21-0067 de 23 de marzo de
2021, el Consejo Superior de la Judicatura-Unidad de Carrera Judicial advirtió
que (páginas 13 – 15):
«[…] Frente al cuestionamiento, es preciso mencionar que un grupo técnico de
especialistas elaboraron el banco de preguntas, dirigido a evaluar las habilidades
cognitivas que debe tener todo empleado de la Rama Judicial. Así mismo, en las
etapas de diseño, construcción y validación de la prueba, se incluyó un
instrumento de medición estadística de cada una de las preguntas, de tal suerte,
que solamente aquellas que obtuvieron índices iguales o por encima de un
estándar definido, conformaron la prueba final, lo que permitió establecer que la
medición fue confiable y válida.
Al efecto, es necesario precisar que dentro de los métodos de medición de
conocimientos, la Universidad Nacional de Colombia optó por la realización de la
prueba objetiva, conformada por preguntas de tipo cerrado o estructuradas en las
cuales se le presentan al examinado, de manera organizada, las posibles
respuestas con instrucciones precisas, para que él solamente elija una de ellas;
la cual, es un instrumento de medición idóneo que implica procedimientos
sistemáticos para evaluar una gama de conocimientos y habilidades de la
persona o grupo examinado.
[…] Finalmente, la Universidad ratifica la calidad técnica y rigurosidad
procedimental aplicadas durante el proceso de construcción de las pruebas. Este,
siguiendo los protocolos de construcción de ítems de la Universidad, se realizó
con un equipo de docentes y expertos en las diferentes áreas del conocimiento
requeridas para este concurso en particular.
La prueba se construyó con base en criterios técnicos sobre los componentes de
medida, temas, contexto, estructura de la pregunta, y tipo de razonamiento o
proceso(s) psicológico(s) implícitos. Igualmente, los ítems se construyeron
atendiendo criterios de discriminación y niveles de dificultad diferenciados para
guardar estricta concordancia con las funciones esenciales de los cargos
convocados.
Durante este proceso se realizaron sesiones de trabajo conjunto en las cuales se
discutieron y validaron las preguntas construidas para conformar el banco
definitivo que se aplicó a nivel nacional. Luego de realizar los análisis estadísticos,
no se encontraron inconsistencias en forma o contenido y el comportamiento
psicométrico arrojó resultados típicos y esperados para la población evaluada, de
tal forma que no hay evidencia estadística para suponer que las claves o las
opciones consideradas como válidas por parte de la Universidad Nacional, tienen
algún tipo de error en su asignación […]»”20.
Al respecto, la autoridad judicial tuvo en cuenta que la valoración técnica y
científica realizada por la Universidad Nacional, consignada en la motivación de
19 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 154B2AFF0468F2B1 8DA7B7E5466CBA5D
77AE8EDBDB313F34 1F83B6B08C8B1E84.
20 Ibid.
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los actos que resolvieron los recursos interpuestos contra los resultados de la
prueba de conocimiento del señor Jorge Arturo Rivera Tejada, gozaba de
presunción de legalidad. En ese sentido, explicó que no obraba en el expediente
ningún medio de prueba que desvirtuara las conclusiones técnicas o científicas
que respaldaban los actos demandados.
Sobre ese punto, citó jurisprudencia del Consejo de Estado en la que se ha
señalado que, “dado el contenido eminentemente técnico, al juez de lo
contencioso administrativo, en sede del presente examen de legalidad, le está
vedado apartarse de las conclusiones a las que llegó el informe transcrito en
precedencia”21
Bajo ese contexto, expuso:
“Adicionalmente, la jurisprudencia ha puntualizado que «[…] El último elemento
en cita puede demostrarse acreditando una de dos circunstancias: i) que los
hechos que la autoridad tuvo en cuenta como motivos determinantes de la
decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación
administrativa; o ii) que la autoridad no tuvo en cuenta hechos que sí estaban
probados y que, de haberse e considerado, habrían conducido a una decisión
sustancialmente diferente […]».
Contrario al disenso, los actos demandados sí contienen una motivación que da
cuenta de las razones por las que no resultaba procedente modificar la evaluación
y puntuación que se le determinó al señor Jorge Rivera, pues se constató que las
preguntas sobre las cuales tuvo reparos se justificaron una a una para efectos de
dar respuesta de fondo a sus reclamos.
No pasa por alto el tribunal que en los actos cuestionados se señaló que existió
una revisión respecto de la idoneidad y pertinencia de la evaluación realizada por
la Universidad Nacional. Por consiguiente, el reparo concreto por el actor no tiene
vocación de prosperar, pues no resulta procedente que en sede judicial se
desvirtúen las conclusiones a las que la autoridad evaluadora y nominadora
llegaron en sede administrativa ante la ausencia de un medio de prueba idóneo
que las controvierta
n.
Tampoco se considera procedente redondear el puntaje del actor (799,45), pues
el dígito que sigue a la parte entera (4) es menor a 5, lo que impide aplicar la regla
de aproximación al número entero siguiente.
Asimismo, el criterio jurisprudencial22 invocado por el actor para justificar el
redondeo a 800 no le resulta aplicable, dado que corresponde a un caso de
nulidad electoral relacionado con el porcentaje de participación de mujeres en la
conformación del gabinete ministerial del gobierno del entonces presidente de la
República, Iván Duque Márquez, en el que se exigía una participación mínima del
21 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección “B”. Sentencia de 10 de septiembre de 2020. Radicación
número: 11001-03-25-000-2013-00399-00(0858-13). Así mismo, la jurisprudencia de lo contencioso administrativo
señaló que: «[…] el peritaje […] que se incorpora en el acto administrativo […], goza de los mismos atributos de
presunción de legalidad de que está revestido este último, lo cual significa que la descalificación de aquel requiere
de un despliegue probatorio de muy marcada intensidad para poder desvirtuar la especial y prevalente
consideración de que se ajusta al ordenamiento jurídico que cobija a esta clase de decisiones […]». Consejo de
Estado. Sección Primera. Sentencia de 18 de abril de 2024. Número único de radicación: 050012331000-2001-
01017-01.
22 Sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 11 de agosto de 2022. Radicación: 25000-
23-41-000-2021-00589-01[cita textual].
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30%. En consecuencia, los supuestos fácticos y normativos del presente caso
difieren de aquellos que dieron lugar a la sentencia judicial que el actor pretende
hacer valer como precedente.
En estas condiciones, ante la imposibilidad de desvirtuar la presunción de
legalidad de los actos demandados, se confirmará la sentencia de primera
instancia, como se expresará en la parte resolutiva de esta providencia.
5.3. En ese orden, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo del Atlántico -Sala
de Decisión Oral, Sección B expuso de manera suficiente, clara y razonada los
motivos por las cuales consideró que los actos administrativos demandados se
encontraban debidamente motivados y que no había lugar a modificar la evaluación
y puntuación asignadas al actor.
Asimismo, explicó que los reparos formulados carecían de vocación de prosperidad,
en la medida en que no era procedente desvirtuar, en sede judicial, las conclusiones
de carácter técnico adoptadas por la autoridad competente, ante la ausencia de
prueba idónea en contrario.
En este contexto, los elementos expuestos permiten inferir que el asunto sometido a
consideración fue debidamente examinado por el juez natural. De igual manera, no
se advierte que la decisión cuestionada haya sido adoptada de forma arbitraria,
caprichosa o carente de sustento fáctico y normativo, ni que durante el trámite se
hubiesen desconocido las garantías fundamentales de la parte actora.
5.4. Por el contrario, se observa que la parte accionante omitió estructurar sus reparos
constitucionales, a partir de la identificación concreta de los defectos que habilitan la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Tal
circunstancia evidencia que su inconformidad se circunscribe a un debate de mera
legalidad, sin que se haya desplegado un esfuerzo argumentativo dirigido a demostrar
la vulneración de derechos fundamentales.
Sobre este punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa
y explicativa en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través del amparo,
la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de manera clara que no
basta la simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, sino que, para entender acreditado el requisito
general de procedencia de relevancia constitucional, se requiere demostrar: i) su
existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien
acude a la tutela debe aportar elementos suficientes que permitan al juez
constitucional advertir tal vulneración23.
Por lo tanto, es claro que no basta con realizar simples afirmaciones para lograr que
su tesis sea acogida, sino que lo que se requiere es que la parte actora presente sus
reparos de cara a los derechos fundamentales que considera vulnerados y eleve su
argumentación a rango constitucional.
23 Sentencia SU215 de 2022.
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5.5. Así las cosas, resulta claro que la parte actora pretende imponer su interpretación
sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así como reiterar su
discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el debate surtido en el
trámite del proceso primigenio.
En efecto, la acción de tutela formulada está encaminada a continuar con el debate
surtido en el trámite de instancia, toda vez que reitera argumentos de índole legal y
probatorio desarrollados en el marco de esta, sin esbozar las razones concretas por
las cuales el derecho fundamental invocado fue vulnerado con la providencia atacada,
lo que escapa de la órbita del juez constitucional, toda vez que la decisión censurada
se sustenta en el principio de autonomía judicial.
Cabe recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter excepcional para
evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional fundamental. Entre sus
características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria, por lo que su
procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión proveniente de
una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que ello implique,
como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera una
instancia adicional.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada24, lo que se opone a que se use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que ya fueron resueltos en el curso del proceso
ordinario25.
5.6. Ahora bien, en cuanto al cargo relativo a que la decisión se habría proferido sin
estudiar de fondo los reparos formulados en el recurso de apelación, la Sala considera
que dicho cuestionamiento se enmarca en una eventual vulneración del principio de
congruencia.
Al respecto, esta corporación26 ha señalado que, en las sentencias en las cuales se
considera que existe una indebida motivación o se viola el principio de congruencia,
así como en aquellas en que, de forma genérica, se transgrede el derecho al debido
proceso, pueden dar lugar a la configuración de una nulidad procesal.
En ese contexto, se advierte que el ordenamiento jurídico prevé mecanismos idóneos
para controvertir dicha situación, como el recurso extraordinario de revisión,
específicamente la causal quinta del artículo 250 del CPACA, que procede cuando al
“[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación”.
24 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
25 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.
26 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 3 de marzo de 2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-03970-00.
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5.7. En ese orden, al examinar el expediente ordinario, la Sala constata que el
accionante no hizo uso de los medios de defensa judicial que tenía a su disposición
para alegar la supuesta falta de congruencia en la decisión judicial.
De este modo, los argumentos planteados en la solicitud de tutela buscan suplir una
oportunidad procesal que no fue ejercida oportunamente por la parte actora, lo cual
impide al juez constitucional realizar un pronunciamiento de fondo, pues ello
implicaría invadir la órbita de competencia del juez natural y desconocer los
escenarios procesales previstos para la protección de los derechos invocados.
Así las cosas, la Sala declarará improcedente el amparo deprecado, por no superar
los requisitos de relevancia constitucional ni de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Jorge
Arturo Rivera Tejada contra el Tribunal Administrativo del Atlántico-Sala de Decisión
Oral-Sección B, por no superar los requisitos de relevancia constitucional ni
subsidiariedad, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito,
en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
SABF
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