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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2021-00589-01

Fecha
11 de agosto de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2021-00589-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Confirmar la sentencia del 7 de abril de 2022, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, declaró la nulidad del nombramiento de Diego Andrés Molano Aponte, como ministro de Defensa Nacional, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la providencia. SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 25000-23-41-000-2021-00589-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

11 de agosto de 2022

Demandante: Diana Esther Guzmán Rodríguez y otros
Demandado: Diego Andrés Molano Aponte,
ministro de Defensa Nacional
Radicación No.: 25000-23-41-000-2021-00589-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 25000-23-41-000-2021-00589-01
Demandantes: Diana Esther Guzmán Rodríguez y otros
Demandado: Diego Andrés Molano Aponte, ministro de Defensa Nacional
Tema: Cuota de género en cargos de máximo nivel decisorio – art. 4
de la Ley 581 de 2000.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Resuelve la Sala los recursos de apelación presentados por el demandado y el
presidente de la República contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, el 7 de abril de
2022, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1. Diana Esther Guzmán Rodríguez, Mauricio Albarracín Caballero, Nina
Chaparro, Rodrigo Uprimny Yepes, Maryluz Barragán, María Ximena Dávila, Isabel
Cristina Annear, Sindy Castro, Sergio Pulido, Beatriz Helena Quintero García, Linda
María Cabrera, María Adelaida Palacio, y Adriana María Benjumea Rua,
presentaron demanda de nulidad electoral1 contra Diego Andrés Molano Aponte al
considerar que el Decreto 134 del 6 de febrero de 2021 expedido por el presidente
de la República, por medio del cual se le designó como ministro de Defensa
Nacional, desconoce lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 4 de la Ley 581 de 20002 y
13, 40, 43, 93 y 209 de la Constitución Política.

2. Fundamentos fácticos

2. En síntesis, son los siguientes:

1 Documento “5_ED_EXPEDIENTE_02DEMANDA(.pdf ) NroActua 2” índice 2 de SAMAI.
2 “Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios

de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de
la Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones”.

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1

Demandante: Diana Esther Guzmán Rodríguez y otros
Demandado: Diego Andrés Molano Aponte,
ministro de Defensa Nacional
Radicación No.: 25000-23-41-000-2021-00589-01

3. Señalaron que el 6 de febrero de 2021, mediante Decreto 134, el presidente
de la República nombró a Diego Andrés Molano Aponte como ministro de Defensa
Nacional y para la fecha de la referida designación, 5 de los 18 ministerios del
gabinete presidencial estaban en cabeza de mujeres3, lo que equivale al 27,7% de
la composición de este.

4. Manifestaron que la designación del señor Molano Aponte en dicho ministerio
mantiene una brecha en la composición por géneros del gabinete e incumple con el
mínimo del 30% exigido por el artículo 4 la Ley 581 de 20004.

5. Concluyeron que el nombramiento de Diego Andrés Molano Aponte como
ministro de Defensa incurre en vicio de nulidad que afecta el Decreto 134 del 6 de
febrero de 2021, porque contraviene las normas superiores en las que debe
fundarse.

3. Normas violadas

6. Para la parte demandante la causal de nulidad que se invoca contra el acto
administrativo acusado es la «infracción de las normas en que debería fundarse»,
prevista en los artículos 1375 y 2756 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo - CPACA.

3 Los demandantes refieren que “El incumplimiento de la Ley 581 de 2000 se remonta a la dejación

del cargo de las Ministras v del Interior y de Cultura, Alicia Arango y Carmen Vasquez. Cuando ellas
ejercían como Ministras, había 5 mujeres más en otras carteras: Claudia Blum De Barberi en el
Ministerio de Relaciones Exteriores; Maria Victoria Angulo González en el Ministerio de Educación
Nacional; Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones; Angela Maria Orozco Gomez en el Ministerio de Transporte; y Mabel Gisela Torres
Torres en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.” (sic) Documento
“5_ED_EXPEDIENTE_02DEMANDA(.pdf ) NroActua 2” índice 2 de SAMAI.
4 “ARTÍCULO 4o. PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LA MUJER. La participación adecuada de la

mujer en los niveles del poder público definidos en los artículos 2o. y 3o. de la presente ley, se hará
efectiva aplicando por parte de las autoridades nominadoras las siguientes reglas:
a) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de máximo nivel decisorio, de que trata el
artículo 2o., serán desempeñados por mujeres;
b) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de otros niveles decisorios, de que trata el artículo
3o., serán desempeñados por mujeres.
PARÁGRAFO. El incumplimiento de lo ordenado en este artículo constituye causal de mala
conducta, que será sancionada con suspensión hasta de treinta (30) días en el ejercicio del cargo, y
con la destitución del mismo en caso de persistir en la conducta, de conformidad con el régimen
disciplinario vigente.” Énfasis fuera de texto
5
“ARTÍCULO 137. NULIDAD. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante,
que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse,
o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa,
o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.
También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de
certificación y registro…”. Negrillas fuera de texto.
6 “ARTÍCULO 275. CAUSALES DE ANULACIÓN ELECTORAL. Los actos de elección o de

nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además,
cuando:…”

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Demandante: Diana Esther Guzmán Rodríguez y otros
Demandado: Diego Andrés Molano Aponte,
ministro de Defensa Nacional
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4. Concepto de la violación

4.1. Cargo único: Infracción de las normas en que debería fundarse.

7. Indicaron que el Decreto 134 del 6 de febrero de 2021, mediante el cual se
nombró ministro de Defensa Nacional a Diego Andrés Molano Aponte, fue expedido
con infracción de las normas en que debía fundarse, ya que esta designación violó
directamente los artículos 1, 2 y 4 de la Ley 581 de 2000, preceptos legales que
encuentran sustento en los artículos 13, 40, 43, 93 y 209 de la Constitución Política.

8. Afirmaron que el acto de nombramiento acusado infringe la Ley de Cuotas,
la cual tiene como propósito lograr una participación adecuada y efectiva de las
mujeres en todos los niveles decisorios de los órganos del poder público con el fin
de promover su participación igualitaria en los puestos de decisión del Estado
mediante la inclusión directa de un porcentaje mínimo de ellas en dichos cargos.

9. Sostuvieron que dentro de los cargos del máximo nivel decisorio del Estado,
a los que se refiere el artículo 2 de la Ley 581 de 20007, se encuentra el de ministro
del despacho, por lo que les es aplicable lo dispuesto en la Ley de Cuotas y, en
consecuencia, debe haber un mínimo de 30% de mujeres en los cargos de dicha
posición.

10. Señalaron que la Corte Constitucional en sentencia C-371 de 2000 declaró
la constitucionalidad del deber de garantizar que al menos un 30% de los cargos del
máximo nivel decisorio estén ocupados por mujeres y que esta cuota no es general
sino específica y debe compararse en cada nivel de cargos precisando,
adicionalmente, que es de obligatorio cumplimiento y no una meta por alcanzar.

11. Explicaron que el presidente de la República incumplió de manera directa los
artículos 1, 2 y 4 de la Ley de Cuotas, toda vez que con el nombramiento del ministro
de Defensa Nacional, se redujo la participación de mujeres en el gabinete ministerial
al 27.7%, porque de 18 ministros, sólo 5 corresponden al género femenino; por
tanto, no garantizó que al menos un 30% de los ministerios estuvieran dirigidos por
mujeres, como lo ordena la ley.

12. Advirtieron que la jurisprudencia del Consejo de Estado es clara en
establecer que los nombramientos en los altos cargos de gobierno que se realicen
incumpliendo el imperativo contenido en la Ley de Cuotas deben ser declarados
nulos por el juez de lo contencioso administrativo 8.

7 “ARTÍCULO 2o. CONCEPTO DE MAXIMO NIVEL DECISORIO. Para los efectos de esta ley,
entiéndase como "máximo nivel decisorio", el que corresponde a quienes ejercen los cargos de
mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles
nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal.”
8 Para el efecto los demandantes refieren los siguientes antecedentes jurisprudenciales “Consejo de

Estado. Sección Quinta. Auto del 15 de julio de 2013. Expediente Rad. 11001-03-28-000-2012-
00068-00 C.P. Susana Buitrago Valencia; Auto del 15 de julio de 2013. Expediente Rad. 11001-03-
28-000-2012-00071-00. C.P. Susana Buitrago Valencia; Auto del 15 de julio de 2013. Expediente

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Demandante: Diana Esther Guzmán Rodríguez y otros
Demandado: Diego Andrés Molano Aponte,
ministro de Defensa Nacional
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5. Trámite en primera instancia

5.1. Admisión.

13. El 22 de julio de 20219, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A, admitió la demanda, dispuso notificar a la parte demandada,
a los demandantes, al Ministerio Público y al representante de la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado y denegó la suspensión provisional del acto
demandado10.

6. Contestaciones

6.1. Del presidente de la República11.

14. Mediante apoderado judicial se opuso a las pretensiones de anular el acto de
nombramiento de Diego Andrés Molano Aponte como ministro de Defensa Nacional.
Afirmó que la designación no vulnera disposición constitucional alguna, ni
desconoce la Ley 581 de 2000, toda vez que el porcentaje mínimo de
representación femenina en el gabinete ministerial se encuentra cumplido, no solo
al día de la contestación, sino al momento de la presentación de la demanda.

15. Explicó que el gobierno es respetuoso de la Ley de Cuotas y ha cumplido los
porcentajes legales de participación de la mujer en los cargos de categoría
ministerial.

16. Refirió un estudio publicado en diciembre de 2020 por el Departamento
Administrativo de la Función Pública sobre la participación efectiva de la mujer en
los cargos de niveles decisorios del Estado Colombiano, en el que se destaca que
el 44.7% de estos estaban en cabeza de personas del género femenino y el 55.3%
del masculino; de igual forma, a 31 de diciembre de 2020, 407 de estas posiciones
fueron nominadas por el presidente de la República y 145, es decir el 35.63%,

Rad. 11001-03-28-000-2013-00022-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro; Auto del 12 de julio de 2012.
Expediente Rad. 11001-03-28-000-2012-00037-00. C.P. Susana Buitrago Valencia; Auto del 12 de
julio de 2012 Expediente Rad. 11001-03-28-000-2012-00038-00. C.P. Susana Buitrago Valencia”.
9 Documento “58_ED_EXPEDIENTE_55ADMITEYNIEG AMED(.pdf) NroActua 2”, índice 2 de

SAMAI.
10 Una vez notificada la admisión de la demanda, la parte demandada presentó solicitud de

terminación anticipada del proceso por carencia actual de objeto, petición que fue negada mediante
auto del 27 de julio de 2021, decisión frente a la que la parte demandada interpuso recurso de
reposición y en subsidio súplica, que fue resuelto con auto del 2 de noviembre de 2021, notificado
por estado el 11 de noviembre de 2011, fecha a partir de la cual se reinició el término con el que
contaban las partes para dar contestación a la demanda, comprendido entre el 12 de noviembre de
2021 hasta el 3 de diciembre de 2021, por lo que al momento de dictarse la providencia del 25 de
noviembre de 2021, no había finalizado el término otorgado por el artículo 279 de la Ley 1437 de
2011 para dar contestación a la demanda, razón por la cual el Tribunal procedió a dejar sin efectos
dicha providencia del 25 de noviembre de 2021, por medio del cual había fijado el litigio, incorporó
las pruebas, corrió traslado para alegar de conclusión y anunció que proferiría sentencia anticipada.
11 Documento “65_ED_EXPEDIENTE_62CONTESTAPRE SIDENC(.pdf) NroActua 2”, índice 2

SAMAI.

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Demandante: Diana Esther Guzmán Rodríguez y otros
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asignadas a ellas. Dicho estudio también muestra que, a 26 de abril de 2021, de
414 cargos nominados por el presidente de la República, 150 de ellos, es decir el
36.23%, fueron ocupados por estas.

17. Indicó que en la Rama Ejecutiva existen 18 ministerios en los que, en
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 581 de 2000, deben asignarse a las mujeres
el 30% de dichos cargos.

18. Para determinar el número de cargos a proveer para cumplir con la Ley de
Cuotas, se aplica la ecuación de 18x30% que da como resultado 5.4, cifra que, por
tratarse de personas y atendiendo los parámetros jurisprudenciales, debe
aproximarse al número entero inferior más cercano.

19. Al respecto sostuvo que, en casos similares, la jurisprudencia del Consejo de
Estado12 ha dejado la inquietud sobre las razones o motivos para aproximar una
cifra con decimales al guarismo más cercano por exceso y que, en esta situación,
debe aplicarse la regla aritmética del redondeo que consiste en que, si la cifra tiene
un dígito a la derecha (el decimal) del que se quiere redondear (el entero) que es
menor que 5 se acerca al inferior, y si es de 5 o mayor, se aproxima al superior.

20. Señaló que, en el caso concreto, al aplicarse la regla de redondeo, la cifra de
5.4 se reduce al número entero 5 al ser menor a 5 el decimal a eliminar, por tanto,
el gobierno nacional cumple con la cuota de género al tener designadas como
ministras a por lo menos 5 mujeres en los 18 cargos ministeriales existentes.

21. Manifestó que, al momento de presentar la contestación de la demanda, 6 de
los 18 cargos del gabinete ministerial estaban ocupados por mujeres, a saber:

Ministerio Titular
Relaciones Exteriores Martha Lucía Ramírez Blanco
Comercio, Industria y Turismo María Ximena Lombana Villalba
Educación Nacional María Victoria Angulo González13
Tecnologías de la Información y Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe
las Comunicaciones
Transporte Ángela María Orozco Gómez
Cultura Angélica María Mayolo Obregón

22. Lo anterior constituye el 33.33% de representación femenina en este máximo
nivel decisorio, por lo que está cumplido el requisito legal de participación mínima
de las mujeres en esta nomenclatura de empleos.

23. Por otro lado, alegó que la interpretación y aplicación de la fórmula
matemática que proponen los demandantes es errada y que sus cálculos no se
ajustan a la realidad, ni se encuentran acordes con los lineamientos que la

12 Refirió el auto de 13 de mayo de 2021 dictado en el expediente Rad. 11001032800020210000700.
13 Designada como ministra de Comercio, Industria y Turismo mediante Decreto 600 de 1 de junio

de 2021

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jurisprudencia del Consejo de Estado ha adoptado.

24. Concluyó que el caso plantea una tensión de interpretaciones y de
situaciones políticas fluctuantes que se deben resolver en favor del funcionario
atendiendo el principio in dubio pro operario y que no se encuentra acreditada
ninguna de las causales de nulidad del artículo 137 del CPACA para que proceda
la anulación del Decreto 134 de 2021.

6.2. De Diego Andrés Molano Aponte 14

25. Mediante apoderado solicitó que se negaran las pretensiones de la parte
actora y se declarara la legalidad de su acto de nombramiento como ministro de
Defensa.

26. Indicó que la cuota de género en cargos de niveles decisorios estaba
satisfecha al momento de la presentación de la demanda, toda vez que, 5 de los 18
ministerios existentes estaban ocupados por mujeres, cifra con la que se satisface
el porcentaje del 30% que exige la ley15.
27. Agregó que la cuota de género legalmente establecida estaba más que
cumplida cuando se contestó la demanda, toda vez que 6 de los 18 ministerios se
encontraban asignados a mujeres, es decir, el 33.33%.

28. Por tanto, con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado16, pidió
acoger la figura de la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que
la causa de la judicialización del asunto dejó de existir, lo que implica que el
pronunciamiento sea innecesario y, además, perjudicial para el desarrollo de la
administración en el nivel ministerial.

6.3. Del Ministerio Público

29. No se presentó contestación.

7. Trámite de sentencia anticipada

14 Documento “68_ED_EXPEDIENTE_64INGRESACONT ESTAA(.pdf) NroActua 2”, índice 2
SAMAI.
15 Para llegar a esa conclusión aplicó la operación: 18 x 30% = 5.4. Este resultado no se puede tomar

con decimales porque se trata de seres humanos y, por ello, se aproxima al número entero más
cercano, que es 5.
16 El apoderado refiere y transcribe algunos apartados de la siguiente providencia: “Consejo de

Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente Doctor Luis
Alberto Álvarez Parra, en Auto de 22 de julio de 2021 proferida dentro del proceso 2021-00007-00,
mediante el cual se demandaba la nulidad del acto de nombramiento del Ministro del Interior Diego
Andrés Palacios Martínez”.

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30. En providencia del 22 de enero de 202217, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, con fundamento en el artículo 182A
del CPACA, ordenó iniciar el trámite para dictar sentencia anticipada, por lo que
dispuso incorporar como pruebas las documentales aportadas por las partes, corrió
traslado para alegar de conclusión y fijó el litigio en los siguientes términos:

“determinar si conforme a las causales de nulidad expuestas en la demanda, el
nombramiento del señor Diego Andrés Molano Aponte, efectuado por el Decreto 134
del 6 de febrero de 2021, cumple con las normas legales, en tanto que,
presuntamente, el acto administrativo demandado se expidió con infracción de las
normas en que debía fundarse, al desconocer los artículos 1, 2 y 4 de la Ley 581 de
2000, en concordancia con los artículos 13, 40, 43, 93 y 209 de la Constitución”.

8. Alegatos de conclusión

8.1. De la parte demandante18

31. La parte actora señaló que todo acto de nombramiento ministerial que viole
la cuota señalada por la Ley 581 de 2000 es expedido con infracción de las normas
en que debería fundarse y por tal circunstancia se configura la causal de nulidad
establecida en los artículos 137 y 275 del CPACA.

32. Sostuvo que, contrario a lo manifestado por la defensa de la parte
demandada, el nombramiento de Diego Andrés Molano Aponte como ministro de
Defensa Nacional vulneró el mandato de la Ley 581 de 2000 al momento de
expedirse el Decreto 134 de 2021, toda vez que no se cumplía con la cuota mínima
del 30% y, pese a las nuevas circunstancias, no hay lugar a la figura de la carencia
actual de objeto en el presente asunto, la cual fue contemplada para la acción de
tutela y que no se encuentra expresamente prevista para este tipo de trámites, así
como tampoco es dable aplicarla de forma analógica.

33. Indicó que debía tenerse por probado que al momento de expedirse el
Decreto 134 del 6 de febrero de 2021, había 5 mujeres en el cargo de ministras y
cuando se presentaron los alegatos eran 6 las mujeres en dicha posición, de un total
de 18 ministerios.

34. Precisó que la interpretación de la aproximación de los decimales al número
entero más cercano es equivocada y propuso acoger la tesis contraria, que
denominó como “aproximación garantista de decimales al número entero mayor
más cercano” en atención a la interpretación literal, teleológica y sistemática de la
Ley 581 de 2000.

17 Documento “74_ED_EXPEDIENTE_70CORRETRASLA DO(.pdf) NroActua 2”, índice 2 SAMAI.
18Documento “77_ED_EXPEDIENTE_73ALEGATOSDEM ANDANT(.pdf) NroActua 2”, índice 2
SAMAI.

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35. Señaló que esta posición garantiza la “adecuada y efectiva participación” de
la mujer en todos los niveles de las ramas y demás órganos del poder público,
particularmente en la composición de los cargos de máximo nivel decisorio del
Estado conforme al derecho constitucional de igualdad de la mujer, el enfoque de
género y el principio de progresividad.

36. Explicó que en el caso de los cargos ministeriales no se cumple con una
participación efectiva de la mujer al designar 5 ministras de 18 cargos ministeriales
disponibles, pues estas representan el 27,77% (resultado de aplicar la fórmula: 18
= 100% 5 = X (5 x 100)/18 = 27,77%) lo que claramente resulta inferior al mínimo
del 30% establecido por la Ley 581 de 2000.

37. Reiteró que en el presente caso la designación de Diego Andrés Molano
Aponte como ministro, vulneró la cuota mínima fijada por el artículo 4º de la Ley 581
de 2000. Así, al no cumplirse con el mínimo exigido por el mandato legal, el Decreto
134 de 2021 infringió las normas en que debió fundarse por transgredir los artículos
1, 2 y 4 de la Ley de Cuotas y los artículos 13, 40, 43 y 209 de la Constitución
Política y por tanto, se configuró una causal de nulidad electoral en virtud de lo
dispuesto en los artículos 275 y 137 del CPACA.

8.2. De Diego Andrés Molano Aponte19

38. Su apoderado judicial solicitó negar todas y cada una de las pretensiones de
la demanda reiterando lo manifestado en su escrito de contestación.

39. Pidió cumplir la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que,
en caso similar promovido por la misma parte actora contra el ministro de Cultura -
expediente 2021-00557-00-, denegó las pretensiones de la demanda al aplicar la
interpretación del Consejo de Estado, según la cual se debía aproximar la cifra
decimal al número entero más cercano que, para el caso, correspondía a 5 después
de redondear el resultado matemático de 5.4 obtenido al calcular el 30% de los 18
ministerios existentes, por lo que, revisada la participación femenina en el gabinete,
encontró que la cuota se satisfacía con las 5 mujeres designadas.

40. Explicó que la supuesta irregularidad se predica de un conjunto de actos
administrativos que plantea una situación compleja, toda vez que, para la época de
la demanda, estaban en trámite procesos de nulidad electoral propuestos en contra
de los ministros del Interior y de Cultura, con sustento en idénticas situaciones
jurídicas, esto es, la supuesta violación a la Ley 581 de 2000.

41. Por lo anterior, cuestionó si debían declararse nulos los actos más recientes
o el primero que incumplió el porcentaje legal y agregó que nada justifica una

19Documento “77_ED_EXPEDIENTE_73ALEGATOSDEM ANDANT(.pdf) NroActua 2”, índice 2
SAMAI.

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Demandado: Diego Andrés Molano Aponte,
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declaratoria en ese sentido pues vulneraría los derechos a acceder a cargos
públicos y a la igualdad del ministro designado.

42. Arguyó que el efecto de incumplir el porcentaje de participación femenina que
establece la Ley de Cuotas no es la nulidad de uno de los actos de nombramiento
referidos, sino la sanción disciplinaria al nominador, previo trámite del proceso
correspondiente.

43. Sin embargo, expuso que al analizar los cargos que revisten el carácter de
“máximo nivel decisorio” en el entorno del presidente de la República debían
incluirse, además de los del gabinete ministerial, los de los consejeros
presidenciales, que son 13, de los cuales 6 estaban ocupados por mujeres.

44. Lo anterior implica que, para la época de presentación de la demanda, el
máximo nivel decisorio que rodea al primer mandatario estaba conformado por 31
empleos, ocupados por 11 mujeres y 20 hombres, en una proporción de 35% de
mujeres y 65% de hombres, ‘por lo que no puede prosperar la nulidad, ni existe falta
disciplinaria, al haberse cumplido con lo dispuesto en la Ley 581 de 2000.

45. Para finalizar reiteró que se debía aplicar la carencia actual de objeto por
hecho superado. Indicó que, ante el cambio de las condiciones que rodean el
evento, esta figura resulta viable en la acción electoral, tal como se advierte de la
providencia del Consejo de Estado del 22 de julio de 2021 –Rad. 2021-00007-00,
que resolvió la demanda de nulidad del acto de nombramiento del ministro del
Interior Diego Andrés Palacios Martínez.

8.3. Del presidente de la República20.

46. Su representante judicial solicitó la denegación de las pretensiones de la
demanda, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en su escrito de
contestación y agregó que, al momento de presentar los alegatos, la cuota de
generó legalmente establecida estaba satisfecha porque se encontraban
nombradas 6 mujeres ministras.

47. Señaló que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en un caso similar,
mediante sentencia del 18 de noviembre de 2021 – expediente 2021-00557-00 -,
acogió la tesis del Consejo de Estado según la cual se debe aproximar la cifra
decimal al número entero más cercano. Así, al realizar la operación matemática de
calcular el 30% de 18 ministerios y obtener 5.4, la cantidad será 5. En consecuencia,
al encontrarse nombradas 5 ministras se cumple el marco normativo de la Ley 581
de 2000 y por tanto, no se desvirtúa la legalidad del decreto demandado.

20Documento “76_ED_EXPEDIENTE_72ALEGATOSCON CLUSI(.pdf) NroActua 2”, índice 2
SAMAI.

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Demandante: Diana Esther Guzmán Rodríguez y otros
Demandado: Diego Andrés Molano Aponte,
ministro de Defensa Nacional
Radicación No.: 25000-23-41-000-2021-00589-01

48. Para concluir indicó que se debe aplicar la figura de carencia actual de objeto
y dar por terminado el proceso de manera anticipada, porque anular el acto
demandado no solucionaría nada, ya que la cuota legal está satisfecha.

8.4. Del Ministerio Público.

49. No rindió concepto.

9. Fallo de primera instancia

50. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A
mediante sentencia de 7 de abril de 202221, decidió acceder a las pretensiones de
la parte demandante, al concluir que “…se desconoció lo dispuesto en los artículos
1, 2, y 4 de la Ley 581 de 2000, al no contar en su gabinete ministerial, con la
participación de al menos, el 30 % de mujeres…”.

51. Precisó que la norma es clara al establecer que las mujeres, en este caso en
el gabinete ministerial, deben tener una participación mínima del 30%, y que al
momento de la presentación de la demanda de 18 ministerios, 5 estaban a cargo de
estas.

52. Señaló que no existe un criterio unificado para establecer el redondeo de los
decimales en los casos en que ésta circunstancia se presente al aplicar el 30% a la
totalidad de los cargos en los que se deba definir la participación de la mujer22 y que
el Consejo de Estado utiliza la aproximación al número entero más cercano, sin
contar con una regla establecida para definir a cuál número debe dirigirse, si al
mayor o al menor.

53. Refirió la jurisprudencia de la Corte Constitucional23 que aborda los temas de
discriminación positiva y medidas a favor de grupos históricamente discriminados,
excluidos o marginados para fundamentar que, ante la falta de un criterio unificado
en el Consejo de Estado que guíe la determinación del porcentaje exigido por la
norma, el resultado matemático del 30% de los 18 ministerios, 5.4, deberá ser
acercado al número entero siguiente, esto es, al número 6, pues dicha aproximación

21 Documento “79_ED_EXPEDIENTE_75SENTENCIAEL ECTORA(.pdf) NroActua 2”, índice 2
SAMAI. El 20 de abril de 2022, se notificó por correo electrónico a las partes la sentencia de primera
instancia. Mediante auto de 5 de mayo de 2022, se negaron las solicitudes de aclaración y adición
del fallo, el cual se notificó el 19 del mismo mes y año - Documento
“84_ED_EXPEDIENTE_80RESUELVESOL ICITU(.pdf) NroActua 2”, índice 2 SAMAI. El 25 y 26 de
mayo de 2022, el demandado y la Presidencia de la República interpusieron y sustentaron, en
escritos independientes, recursos de apelación contra el fallo del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A. El 27 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, concedió los recursos de apelación interpuestos
• Documento “79_ED_EXPEDIENTE_75SENTENCIAEL ECTORA(.pdf) NroActua 2”, índice 2
SAMAI.
22 Para el efecto refiere: “la providencia del 13 de mayo de 2021 del Consejo de Estado, radicado

11001032000020210000700”.
23Transcribió apartados de la sentencia C-371 de 2000 del 29 de marzo del 2000, M.P. Carlos Gaviria

Díaz y refirió la providencia T-495 de 2010 de 16 de junio de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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aplica la norma a favor del grupo discriminado.

54. Por lo anterior concluyó que, con los 5 cargos ministeriales asignados a
mujeres de 18 disponibles, con la designación del señor Diego Andrés Molano
Aponte se desconoció lo dispuesto en los artículos 1, 2, y 4 de la Ley 581 de 2000,
por no contar en el gabinete ministerial con la participación de al menos el 30 % de
mujeres lo cual solo se lograba con un mínimo de 6 ministras. Por tanto, resolvió
declarar la nulidad del Decreto 134 del 6 de febrero de 2021

10. Las apelaciones

10.1. De Diego Andrés Molano Aponte

55. Solicitó revocar la decisión del Tribunal para, en su lugar, denegar las
pretensiones de la demanda y declarar la legalidad del acto de su nombramiento
como ministro de Defensa Nacional24.

56. Afirmó que en ninguna de las instancias procesales se han indicado las
razones por las que se ordena la nulidad del Decreto 134 del 6 de febrero de 2021
y no la de nombramientos anteriores que pudieron ser los que originaron el supuesto
incumplimiento de la Ley 581 de 2000.

57. Precisó que lo anterior implica que cualquier acto posterior de nombramiento
de un ministro puede ser declarado nulo, constituyendo una arbitrariedad sin regla
de interpretación razonable en desmedro del derecho de ejercer cargos públicos del
afectado. Adicionalmente, señaló que no existe precepto legal que indique que la
consecuencia de desatender las previsiones de la Ley de Cuotas sea la nulidad del
acto de nombramiento.

58. Manifestó que el Decreto 134 de 2021 no se encuentra inmerso en ninguna
de las causales de nulidad, porque lo dictó el presidente de la República en virtud
de la atribución del artículo189.1 de la Constitución Política, la persona nombrada
cumple con los requisitos y calidades del cargo y el acto no adolece de falsa
motivación, como tampoco de desviación de poder.

59. Indicó que el fallo desconoce el precedente judicial, toda vez que el Consejo
de Estado ya se ha pronunciado respecto del cumplimiento de la Ley de Cuotas 25.
Advirtió que una vez recompuesto el número de nombramientos que corresponden
legalmente al género femenino, en acatamiento de la Ley 581 de 2000, no debía
anularse el nombramiento de Diego Molano como ministro de Defensa Nacional

24 Documento “88_ED_EXPEDIENTE_84RECURSODEAP ELACI(.pdf) NroActua 2”, índice 2
SAMAI.
25 El demandado referencia y transcriben algunos apartados de la siguiente providencia: “Consejo

de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente Doctor Luis
Alberto Álvarez Parra, en Auto de 22 de julio de 2021 proferida dentro del proceso 2021-00007-00,
mediante el cual se demandaba la nulidad del acto de nombramiento del Ministro del Interior Diego
Andrés Palacios Martínez”.

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porque no estaba latente el desequilibrio de esa cuota dentro del esquema de
gobierno.

10.2. Del presidente de la República

60. Mediante apoderada solicitó revocar la decisión del Tribunal y denegar las
pretensiones de la demanda26. Para el efecto reiteró los argumentos expuestos en
su alegato de conclusión y precisó que, aunque al momento de la presentación de
la demanda, eran 5 las mujeres titulares de ministerios, número suficiente para dar
por cumplido el mínimo exigido en la Ley 581 de 2000, en la actualidad se
encuentran nombradas como ministras del despacho las siguientes 7 mujeres:

Ministerio Titular Acto de nombramiento
Relaciones Exteriores Martha Lucía Ramírez Blanco Decreto 578 de 2021
Educación Nacional María Victoria Angulo González Decreto 1514 de 2018
Tecnologías de la Información y Carmen Ligia Valderrama Rojas Decreto 1356 de 2021
las Comunicaciones
Transporte Ángela María Orozco Gómez Decreto 1514 de 2018
Comercio, Industria y Turismo María Ximena Lombana Villalba Decreto 600 de 2021

Cultura Angélica María Mayolo Obregón Decreto 602 de 2021

Vivienda, Ciudad y Territorio Susana Correa Borrero Decreto 446 de 2022

61. Lo anterior implica que el 38.89% del gabinete está compuesto por personas
del género femenino, lo que determina que la cuota establecida en la Ley 581 de
2000 está ampliamente satisfecha.

11. Trámite en segunda instancia

62. El 15 de junio de 202227, se admitieron las apelaciones presentadas y se
ordenaron los traslados de ley28.

12. Alegatos de conclusión

63. Dentro del término legal se allegaron los siguientes:

26 Documento “85_ED_EXPEDIENTE_81RECURSODEAP ELACI(.pdf) NroActua 2”, índice 2
SAMAI.
27 Índice 5 Samai.
28 Durante esta etapa el apoderado de la Presidencia de la República allegó memorial- Índice 12

Samai-, en el que interpone recurso de reposición contra el auto que admite los de apelación. Alegó
que la providencia del 15 de junio incurre en error al referir que la impugnación que se admite es la
propuesta por la Presidencia de la República (esto es, el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República), que no es parte del proceso, siendo lo cierto que se actúa en nombre
y representación del presidente de la República, a cuyo nombre se interpuso la apelación que se
admitió.
Mediante providencia del 6 de julio de 2022- Índice 19 Samai-, se rechaza por improcedente con
fundamento en que la reposición se interpuso contra una decisión carente de recursos. No obstante,
el ponente precisó que de la revisión del expediente no hay duda que desde el inicio del proceso de
la referencia, todas las actuaciones y decisiones han sido notificadas, en debida forma, al presidente
de la República, como autoridad que expidió o intervino en la conformación del acto, conforme lo
dispone el numeral 2º del artículo 277 del CPACA.

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12.1. De la parte demandante29

64. La parte actora solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia que
acogió las pretensiones de nulidad electoral formuladas con la demanda, toda vez
que los argumentos de los recurrentes son equivocados y no desvirtúan la decisión
adoptada por el tribunal A quo.

65. Indicó que el estudio de legalidad del Decreto 134 de 2021 debe analizarse
con base en las circunstancias existentes al momento de su expedición. Cuando fue
proferido el acto de nombramiento de Diego Andrés Molano Aponte como ministro
de Defensa Nacional existían 5 mujeres en el cargo de ministras30, lo cual, frente a
un total de 18 ministerios, representa el 27.77%. Esta cifra es inferior al mínimo
exigido por la ley que corresponde al 30%. Por lo tanto, habiéndose incumplido la
Ley de Cuotas, el decreto acusado infringe las normas en que debería haberse
fundado y está incurso en una causal de nulidad.

66. Frente al argumento de la aproximación de decimales, reiteró que para
determinar la cifra a la que corresponde el 30% de los 18 ministerios, en lugar de
acudir a la “Tesis de la aproximación automática al número entero más cercano”
que plantean los apelantes y en la que se cumple la cuota con 5 ministerios, debe
aplicarse la “tesis de la aproximación garantista de decimales al número entero
mayor más cercano” que exige que dicho porcentaje se satisface con 6 ministerios.
Lo anterior se acompasa con la interpretación literal, teleológica y sistemática del
mínimo fijada por el artículo 4º de la Ley 581 de 2000, así como con el derecho
constitucional a la igualdad de la mujer, el enfoque de género y el principio de
progresividad de los derechos constitucionales.

67. Sobre las inquietudes relacionadas con la pluralidad de nombramientos,
indicó que este adolece de falta de claridad y debe ser desestimado, porque se
orienta a restar eficacia al medio de control de nulidad electoral ya que implica la
imposibilidad de demandar la legalidad de un acto administrativo de nombramiento
por infracción de la Ley de Cuotas, si no se demandan dentro del mismo proceso
todos los demás posibles actos que infringen dicha previsión legal.

68. Precisó que los recurrentes incurren en error al afirmar que no existen
causales de nulidad en este caso, al considerar que las únicas que proceden son la
falsa motivación o la desviación del poder, toda vez que un acto de nombramiento

29 Documento “Memorial(.pdf) NroActua 17”, índice 17 Samai.
30 Refieren en el escrito de alegatos las siguientes: “Martha Lucía Ramírez Blanco, como ministra de

Relaciones Exteriores; Maria Victoria Angulo González, como ministra de Educación Nacional;
Carmen Ligia Valderrama Rojas, como ministra de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones; Ángela Maria Orozco Gomez, como ministra de Transporte; Maria Ximena
Lombana Villalba, como ministra de Comercio, Industria y Comercio; Angélica María Mayolo
Obregón, como ministra de Cultura; y Susana Correo Borrero como ministra de Vivienda, Ciudad y
Territorio.” (sic)

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que incumple la Ley de Cuotas se encuentra incurso en infracción de las normas en
que debió fundarse.

69. Para finalizar alegó que no puede admitirse que exista carencia actual del
objeto, toda vez que el proceso de nulidad electoral se basa en el estudio de la
validez del acto de nombramiento o elección al momento de su expedición, por
tanto, con independencia de que en la actualidad se cumpla con la cuota femenina
establecida por la ley, no es óbice para que el juez de lo contencioso administrativo
se pronuncie de fondo este asunto.

12.2. De Diego Andrés Molano Aponte31

70. Expuso que no se infringió la ley de cuotas e indicó que en el Gobierno
Nacional existían 6 ministras mujeres nombradas al día de la presentación del
alegato. Insistió en la argumentación propuesta en el recurso de apelación y en los
memoriales aportados en el transcurso de la primera instancia.

12.3. Del presidente de la República32

71. Alegó de conclusión y reiteró los argumentos expuestos en el escrito de
impugnación y en los aportados en el desarrollo de la primera instancia.

13. El Ministerio Público

72. No rindió concepto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

73. De conformidad con los artículos 150 y 152 numeral 933 del CPACA, así como
también el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de
Estado, esta Corporación es competente para conocer de la apelación interpuesta
contra el fallo proferido en primera instancia por un Tribunal Administrativo y es la
Sección Quinta, en este caso, quien debe resolver el asunto porque se refiere a la
sentencia que accedió a las pretensiones de una demanda de nulidad electoral
contra el acto de nombramiento un ministro, materia que es la especialidad de la
Sala Electoral (art. 13 del Reglamento).

31 Documento “Memorial(.pdf) NroActua 13”, índice 13 Samai.
32 Documento “124_MemorialWeb_Alegatos(.pdf) NroActua 24”, índice 24 Samai.
33Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. «Los
Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (..) 9. De la
nulidad del acto de nombramiento de los empleados públicos del nivel directivo o su equivalente
efectuado por autoridades del orden nacional y por las autoridades distritales, departamentales o
municipales, en municipios con más de setenta mil (70.000) habitantes o que sean capital de
departamento”.

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2. Acto demandado

74. Se demanda la nulidad del Decreto 134 del 6 de febrero de 2021, por el cual
el presidente de la República nombró al señor señor Diego Andrés Molano Aponte
como ministro de Defensa Nacional, al desconocer los artículos 1, 2 y 4 de la Ley
581 de 2000 y 13, 40, 43, 93 y 209 de la Constitución Política.

3. Problema jurídico

75. A partir de los fundamentos de apelación expuestos por la parte demandada
para controvertir el fallo del a quo, se debe resolver si hay lugar a confirmar,
modificar o revocar la decisión de primera instancia, por lo cual impera establecer
si para la fecha en que se expidió el Decreto 134 del 6 de febrero de 2021, a través
del cual se nombró a Diego Andrés Molano Aponte como ministro de Defensa
Nacional, se tuvo en cuenta el mínimo de 30% de representación femenina, exigido
por el artículo 4 de la Ley 581 de 2000.

76. Para resolver la anterior cuestión, la Sala abordará: i) la carencia actual de
objeto y los límites de la fijación del litigio; ii) la cuota de género y sus finalidades y;
iii) la aproximación de cifras para determinar la cuota de género.

4. Caso concreto

4.1. De la carencia actual de objeto y los límites de la fijación del litigio.

77. En razón que el ministro demandado y el presidente de la República
solicitaron que se declarara la figura de carencia actual de objeto en el presente
caso, le corresponde a la Sala examinar el asunto.

78. Este fenómeno fue estudiado en sentencia de unificación del 24 de mayo de
34
2018 en la que la Sección precisó su posición sobre la oportunidad para la
aplicación de este35 y se pronunció de la siguiente manera:

«La Sala unifica su postura en cuanto a:

i) Si el acto demandado no produjo efectos jurídicos opera la carencia de objeto por
sustracción de materia, caso en el cual el funcionario judicial deberá considerar
terminar el proceso en su etapa inicial, ya sea saneándolo o siguiendo las reglas
de las excepciones previas previstas en el artículo 180.6 incisos 3º y 4º y no
esperar a dictar una sentencia inhibitoria.

34 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de
unificación del 24 de mayo de 2018. Radicación número 47001-23-33-000-2017-00191-02. M.P.
Rocío Araújo Oñate.
35 Existían posiciones disímiles sobre cuándo operaba la carencia de objeto, esto es, si sólo en los

casos en que el acto enjuiciado no produjo efectos o si aun produciéndolos la razón que generaba
su nulidad desaparecía.

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ii) Si el acto acusado produjo efectos, el juez contencioso administrativo mantiene su
competencia para conocer de la legalidad y decidir si se desvirtúa o no la
presunción de legalidad que sirvió de sustento para producir los efectos jurídicos
que se dieron cuando el acto tuvo eficacia, estudio que corresponde hacerlo en la
sentencia. (…)».

79. De esta sentencia de unificación, se puede concluir que un acto electoral es
pasible de control judicial si produjo efectos y, por tanto, resulta procedente el
estudio de legalidad a partir de las condiciones de hecho y derecho existentes para
el momento en que fue proferido, tal y como ha procedido la Sala en un caso similar
en reciente providencia fechada el 2 de junio de 202236.

80. En el caso concreto, se advierte que el Decreto 134 del 6 de febrero de 2021,
por el cual se nombró como ministro de Defensa Nacional a Diego Andrés Molano
Aponte, produjo efectos toda vez que el referido funcionario ejerció la dirección de
la cartera ministerial desde el momento de la posesión y no es procedente decretar
la carencia de objeto por sustracción de materia, en los términos alegados por la
defensa del señor Molano Aponte.

81. De igual forma, debe precisarse que dicho acto es susceptible del juicio de
legalidad con independencia de que con posterioridad el presidente de la República
haya recompuesto el gabinete ministerial nombrando el número mínimo de mujeres
que exige la ley. Lo anterior porque, como se dijo con antelación, el estudio que se
hace atiende a verificar su legalidad de acuerdo con las normas vigentes al
momento de su expedición. Así lo definió la Sección en el referido fallo del 2 de junio
de 2022, concretamente de esta forma:

“…En ese orden de ideas, el hecho de que después del acto enjuiciado el presidente
de la República haya recompuesto su gabinete ministerial nombrando el número
mínimo de mujeres legalmente exigido, tampoco constituye una circunstancia válida
para dejar de analizar la designación cuya nulidad se solicita, toda vez que al
producir efectos es procedente el estudio de legalidad a partir de las condiciones de
hecho y derecho existentes para el momento en que fue proferido, no aquellas
situaciones que acaecieron con posterioridad, independientes al nacimiento a la vida
jurídica de la designación acusada y que involucran decisiones distintas a las que
se circunscribe la demanda de la referencia.”. Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo”37.

82. Por otra parte, atendiendo la solicitud del apoderado del señor Molano
Aponte que pide que se indiquen las razones por las cuales, en el presente asunto,
se ordenaría la nulidad del nombramiento de su prohijado y no la de otros ministros,
se precisa que, de acuerdo con los límites impuestos en la fijación del litigio, a la
Sala le corresponde pronunciarse específicamente sobre la legalidad del Decreto
134 del 6 de febrero de 2021, en orden a determinar si deviene nulo por afectar un

36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 2 de

junio de 2022. Radicación número 25000-23-41-000-2021-00557-01. M.P. Rocío Araújo Oñate.
37 Ídem

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cupo que debería ser asignado a una mujer al momento de su nombramiento. Por
lo que no hay lugar a estudiar actos con nombramientos de funcionarios diferentes.

83. Sumado a lo anterior, valga precisar que, en todo caso, los nombramientos
a los que alude el abogado fueron objeto de control judicial en otros procesos
conocidos por esta Corporación38.

4.2. La cuota de género y sus finalidades

84. La Ley 581 de 200039 reglamenta la adecuada y efectiva participación de la
mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1340, 4041 4342 y 9343 de la
Constitución Política, entre otras normas44, de las que se desprende la obligación
del Estado de garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que
concreta mediante la protección especial de estas frente a cualquier forma de
discriminación, incluso en materia de acceso a cargos y funciones públicas, a través
de medidas afirmativas45.

38
Sobre el particular consultar entre otros: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Quinta. Sentencia de 2 de junio de 2022. Radicación número 25000-23-41-000-2021-00557-
01. M.P. Rocío Araújo Oñate. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Quinta. Providencia del 22 de julio de 2021. Radicación número 11001-03-28-000-2021-00007-00.
M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
39 “Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios

de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de
la Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones”.
40 “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las

autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación por razones de sexo (…). El Estado protegerá especialmente a aquellas personas
que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad
manifiesta”.
41 “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder

político. Para hacer efectivo este derecho puede: (…) 7. Acceder al desempeño de funciones y
cargos públicos…”
42 “La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a

ninguna clase de discriminación…”
43 “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos

humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.
Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (…)”
44 Cfr. artículo 1º de la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles y

Políticos de la Mujer; I y II de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer; 7º y 11 de la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer; 1.1 y 23 “c”
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 3º y 25 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.
45 Sobre el tema consultar entre otros: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Quinta. Auto del 10 de febrero de 2022. Radicación número 11001-03-28-000-2021-00057-
00. M.P. Pedro Pablo Vanegas. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Quinta. Sentencia de 2 de junio de 2022. Radicación número 25000-23-41-000-2021-00557-01. M.P.
Rocío Araújo Oñate.

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Demandante: Diana Esther Guzmán Rodríguez y otros
Demandado: Diego Andrés Molano Aponte,
ministro de Defensa Nacional
Radicación No.: 25000-23-41-000-2021-00589-01

85. Los artículos 146, 247 y 448 de esta ley establecen su finalidad, el concepto de
máximo nivel decisorio y las reglas relativas a los porcentajes de participación de
las mujeres en los cargos de los diferentes niveles del poder público que deben
cumplirse para garantizar el objetivo de la norma.

86. Sobre la cuota de género establecida en el artículo 4, la Corte Constitucional
al realizar el control previo de constitucionalidad de la Ley 581 de 2000, a través de
la sentencia C-371 de 200049, precisó que:

«(…) La cuota que se consagra en este artículo es, sin duda, una medida de acción
afirmativa - de discriminación inversa-, que pretende beneficiar a las mujeres, como
grupo, para remediar la baja participación que hoy en día tienen en los cargos
directivos y de decisión del Estado. Esta cuota es de naturaleza "rígida", pues
lejos de constituir una simple meta a alcanzar, es una reserva "imperativa" de
determinado porcentaje; aunque entendido éste como un mínimo y no como
un máximo. Así mismo, la Corte entiende que es una cuota específica y no global.
Es decir que se aplica a cada categoría de cargos y no al conjunto de empleos que
conforman el "máximo nivel decisorio" y los "otros niveles decisorios." A manera de
ejemplo, significa que 30% de los Ministerios, 30% de los Departamentos
Administrativos, 30% de la Superintendencias, etc. deben estar ocupados por
mujeres y no, como algunos de los intervinientes lo sugieren, que sumados todos
los cargos, el 30% de ellos corresponde a la población femenina,
independientemente de si se nombran sólo ministras, o sólo superintendentes, etc.
(…)» Énfasis fuera de texto.

87. Para la Corte la Ley de Cuotas tiene como finalidad generar las condiciones
adecuadas para contrarrestar el desequilibrio existente frente a la población
femenina en la ocupación y el acceso a los puestos de dirección del Estado, en
especial aquellos que la norma denomina cargos de máximo nivel decisorio50, a

46 “Finalidad. La presente ley crea los mecanismos para que las autoridades, en cumplimiento de

los mandatos constitucionales, le den a la mujer la adecuada y efectiva participación a que tiene
derecho en todos los niveles de las ramas y demás órganos del poder público, incluidas las entidades
a que se refiere el inciso final del artículo 115 de la Constitución Política de Colombia, y además
promuevan esa participación en las instancias de decisión de la sociedad civil.”
47 “Concepto de máximo nivel decisorio. Para los efectos de esta ley, entiéndase como "máximo

nivel decisorio", el que corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las entidades
de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional,
provincial, distrital y municipal.”
48 “Participación efectiva de la mujer. La participación adecuada de la mujer en los niveles del

poder público definidos en los artículos 2o. y 3o. de la presente ley, se hará efectiva aplicando por
parte de las autoridades nominadoras las siguientes reglas: a) Mínimo el treinta por ciento (30%)
de los cargos de máximo nivel decisorio, de que trata el artículo 2., serán desempeñados por
mujeres; b) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de otros niveles decisorios, de que trata
el artículo 3., serán desempeñados por mujeres. PARÁGRAFO. El incumplimiento de lo ordenado
en este artículo constituye causal de mala conducta, que será sancionada con suspensión hasta de
treinta (30) días en el ejercicio del cargo, y con la destitución del mismo en caso de persistir en la
conducta, de conformidad con el régimen disciplinario vigente.” Énfasis fuera de texto.
49 Corte Constitucional. Sentencia C-371 del 29 de marzo de 2000. MP. Carlos Gaviria Díaz.

Expediente P.E.010.
50 Aquellos ejercidos en los cargos de mayor jerarquía “en las entidades de las tres ramas y órganos

del poder público”; que distingue de los “otros niveles decisorios” señalados en el artículo 3, en los
que refiere los de libre nombramiento y remoción , de la rama ejecutiva, del personal administrativo

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través de la implementación de medidas de acción afirmativa o discriminación
inversa, tales como la “reserva imperativa” en la que se constituye el porcentaje del
30% de esas altas posiciones que deben ser ocupados por mujeres.

88. La Corte destaca la naturaleza rígida de esta reserva que no se plantea como
una simple meta a alcanzar, sino como la manifestación de un imperativo para los
nominadores de los cargos que no pueden desconocer los mínimos trazados en la
ley que, aunque condicionada a una aplicación paulatina51, transcurridos más de 20
años desde su expedición, es de imperioso acatamiento en procura de concretar la
igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

89. Para finalizar se debe señalar que, según lo explicado por la Corte
Constitucional52, la cuota mínima del 30% se aplica para cada categoría de cargos
que componen el respectivo nivel decisorio (ministerios, departamentos
administrativos, superintendencias, etc.) y no a su conjunto (todos los cargos que
sean del nivel máximo decisorio o todos los que sean de otros).

4.3. De la aproximación de cifras para determinar la cuota de género.

90. La Sala Electoral ha reiterado su posición frente al tema de la aproximación
de cifras en los casos en los que, al realizar un cálculo matemático para determinar
la cuota de género, se obtenga como resultado un número entero y un decimal.

91. De esto da cuenta la sentencia del 14 de octubre de 202153 que, al revisar un
caso de aplicación de la ley de cuotas a listas de candidatos a elecciones por voto
popular, abordó el tema de la aproximación del número decimal en el cálculo de la
cuota de género, precisando lo que se transcribe en extenso a continuación:

« (…) En ese orden de ideas, la interpretación que mejor satisface la norma tanto en
su literalidad como en su teleología, es aquella que enseña que cuando el cálculo
matemático de la cuota de género del 30%, establecida en el artículo 28 de la
Ley 1475 de 2011, arroja como resultado un número entero y un decimal,
independiente de que este último -el decimal- sea menor o mayor a punto cinco (0.5),
debe por regla aproximarse al número entero siguiente y no al inferior, como
quiera que la cuota es un límite mínimo e irreductible que solo se cumple cuando el
porcentaje de uno de los géneros en la lista de candidatos inscrita es igual o mayor
al consagrado por el legislador, derivar de ello otra conclusión sería contrario a los
postulados constitucionales de igualdad (art. 13), principio democrático y de equidad
de género (art. 107), el derecho a elegir y ser elegido en las mismas condiciones y sin
discriminación (arts. 40 y 43).

(…)

de la rama legislativa y de los demás órganos del poder público, diferentes a los contemplados en el
artículo 2 pero que tienen “atribuciones de dirección y mando en la formulación, planeación,
coordinación, ejecución y control de las acciones y políticas del Estado”.
51 Ibídem
52 Ibídem
53 Consejo de Estado. Sección Quinta. Radicado No. 15001-23-33-000-2020-02081-02. M. P. Luis

Alberto Álvarez Parra.

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la Sala considera que en los casos en los cuales el cálculo del 30% de la cuota de
género dé como resultado un número entero seguido de un decimal, este no puede
aproximarse por defecto, es decir, al número entero inferior, pues si se prohijara
la tesis expuesta por el Tribunal, (i) se estaría incumpliendo la norma que establece
dicha acción afirmativa a favor de los géneros sistemáticamente discriminados como
se explicó en el acápite (2.6) de la presente providencia, aunado a que (ii)
aritméticamente la norma de la Ley 1475 de 2011 (art. 28) fue redactada en cifras
porcentuales, por lo cual al descender al número entero inferior no alcanzaría a llegar
al porcentaje mínimo requerido por el legislador, veamos:

“17 personas inscritas = 100%
5 mujeres =X

X = __5 x 100__
17
X = 500/17 = 29,41 %”

Lo anterior, supone que si el partido Alianza Verde hubiera incluido en su lista de
diecisiete (17) candidatos, solo cinco (5) mujeres, habría incurrido en incumplimiento
de la cuota de género, pues el resultado no sería igual o superior a 30%, sino inferior
a razón del 29,41%. (…) ». Énfasis fuera de texto.

92. Puede advertirse que la Sala, en materia de cuota de género, privilegia el
estricto cumplimiento de la norma que establece una acción afirmativa a favor de
los géneros sistemáticamente discriminados.

93. Por lo tanto, en los casos en los cuales el cálculo del 30% de la cuota de
género dé como resultado un número entero seguido de un decimal, independiente
de que el decimal sea menor o mayor a punto cinco (0.5), la cifra debe aproximarse
al número entero siguiente que permita cumplir dicho porcentaje y no al inferior.

94. Lo anterior, porque la norma tiene como ingrediente normativo la expresión
mínimo54, la cual no le permite al juez de la legalidad aproximar a un entero que
haga este porcentaje una cifra menor a la legalmente establecida y porque,
adicionalmente, se constituye en la regla que resulta más coherente con la garantía
de la igualdad entre hombres y mujeres, el enfoque de género y el principio de
progresividad de los derechos constitucionales.

95. En este caso, de acuerdo con la demanda, con lo señalado en los diferentes
escritos de defensa de los demandados y con las pruebas anexas a dichos
memoriales, para el 6 de febrero de 2021, fecha en la que fue nombrado Diego
Andrés Molano Aponte como ministro de Defensa Nacional, el gabinete ministerial
estaba compuesto de la siguiente manera:

54 “Artículo 4: Participación efectiva de la mujer. La participación adecuada de la mujer en los

niveles del poder público definidos en los artículos 2o. y 3o. de la presente ley, se hará efectiva
aplicando por parte de las autoridades nominadoras las siguientes reglas: a) Mínimo el treinta por
ciento (30%) de los cargos de máximo nivel decisorio, de que trata el artículo 2., serán
desempeñados por mujeres;…”

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Ministerio Titular Acto de nombramiento
1 Interior Daniel Andrés Palacios Decreto 033 del 12 de enero
Martínez de 2021.
2 Relaciones Exteriores Claudia Blum De Barberi Decreto 2146 del 26 de
noviembre de 2019
3 Hacienda y Crédito Alberto Carrasquilla Barrera Decreto 1514 del 7 de agosto
Público de 2018
4 Justicia y del Derecho Wilson Ruiz Orejuela Decreto 1328 del 4 de octubre
de 2020
5 Defensa Nacional Diego Andrés Molano Aponte Decreto 134 del 6 de febrero de
2021
6 Agricultura y Desarrollo Rodolfo Enrique Zea Navarro Decreto 256 del 24 de febrero
Rural de 2020
7 Salud y Protección Fernando Ruiz Gómez Decreto 333 del 3 de marzo de
Social 2020
8 Trabajo Ángel Custodio Cabrera Báez Decreto 296 del 27 de febrero
de 2020
9 Minas y Energía Diego Mesa Puyo Decreto 913 del 1 de julio de
2020
10 Comercio, Industria y José Manuel Restrepo Decreto 1514 del 7 de agosto
Turismo Abondano de 2018
11 Educación Nacional María Victoria Angulo Decreto 1514 del 7 de agosto
González de 2018
12 Ambiente y Desarrollo Carlos Eduardo Correa Escaf Decreto 1325 del 3 de octubre
Sostenible de 2020
13 Vivienda, Ciudad y Jonathan Tybalt Malagón Decreto 1514 del 7 de agosto
Territorio González de 2018
14 Tecnologías de la Karen Cecilia Abudinen Decreto 625 del 4 de mayo de
Información y las Abuchaibe 2020
Comunicaciones
15 Transporte Ángela María Orozco Gómez Decreto 1514 del 7 de agosto
de 2018
16 Cultura Pedro Felipe Buitrago Restrepo Decreto 030 del 12 de enero de
2021
17 Ciencia, Tecnología e Mabel Gisela Torres Decreto 025 del 10 de enero
Innovación 2020
18 Deporte Ernesto Lucena Barrero Decreto 1692 del 16 de
septiembre 2019

96. Se advierte que la composición del gabinete ministerial para la fecha en que
se profirió el Decreto 134 de febrero de 2021 no fue objeto de debate y que, como
aparece demostrado en el expediente y se resalta en el anterior cuadro, para esa
época se encontraban designadas 5 mujeres.

97. En lo referente a determinar qué porcentaje de participación se garantiza con
5 mujeres si la totalidad de ministerios son 18, se aplicará la siguiente fórmula:

Si:
18 = 100%
5 = X

Entonces:
X = 5x100/18

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5x100/18 = 27.77

X = 27.77

Luego:
5 = 27.77%

98. Así las cosas, se advierte que, en estricto sentido, 5 Ministerios ocupados por
mujeres equivale al 27.77% de los 18 existentes, lo que implica que no se cumple
con el artículo 4 de la Ley 581 de 2000 que prevé que los cargos de máximo nivel
decisorio deben ser ocupados como mínimo en el 30% por mujeres, lo que implica
que el acto electoral objeto de control incurrió en la causal de nulidad referente a la
«infracción de las normas en que debería fundarse», prevista en los artículos 137 y 275
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -
CPACA.

99. Lo anterior de conformidad con la tesis vigente de la Sala según la cual:

“(…) le corresponde al nominador, en este caso al presidente de la República, al
momento de escoger quienes liderarán cada uno de los ministerios, tener en cuenta
el imperativo que surge de la norma estatutaria donde se establece que al menos
30% de estas carteras deben estar en cabeza de mujeres, es decir que las
designaciones no pueden estar por debajo de este porcentaje”55.

100. De igual forma, el argumento de la defensa del señor Molano Aponte referido
a que “no existe precepto legal que indique que la consecuencia de desatender las
previsiones de la Ley de Cuotas sea la nulidad del acto de nombramiento” no está
llamado a prosperar toda vez que es la vulneración de la norma superior en la que
debe fundarse la que lleva a que se declare la nulidad del acto electoral, como
ocurrió en este caso en relación con la norma que establece la cuota de género –
Ley 581 de 2000-.56.

101. Al respecto, sobre la nulidad por infracción de una norma superior esta
Sección ha indicado que:

“…para la configuración de esta causal de nulidad se debe demostrar, en primer
lugar, que las disposiciones que se estiman infringidas por el acto acusado, integran
el bloque normativo que le sirve de marco jurídico, es decir, que regulan la materia
en la que se inscribe su objeto y declaración de voluntad; y en segundo lugar, que
en efecto al confrontar el acto con tales normas surje (sic) su violación por
contradicción o desconocimiento. En este sentido, la Sección ha sintetizado los
principales escenarios en que se produce la infracción de norma superior, así:

55 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 2 de

junio de 2022. Radicación número 25000-23-41-000-2021-00557-01. M.P. Rocío Araújo Oñate.
56
Sobre el tema puede consultarse entre otros: Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Quinta. Sentencia de 15 de diciembre de 2016. Radicación número 19001-23-33-000-2015-00602-
01. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

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(i) Falta de aplicación de la norma, situación que se presenta luego de que la
autoridad que profiere el acto ignora la existencia del presupuesto normativo, o
conociéndolo, no lo aplica en el asunto que la ocupa;

(ii) Aplicación indebida de la norma, la cual se presenta luego de que las reglas
jurídicas empleadas por la autoridad para fundar el acto, no se conforman a la
situación fáctica del caso a tratar, como consecuencia de una equivocación en la
valoración y escogencia de la disposición normativa;

(iii) Interpretación errónea de la norma, consistente en el entendimiento desatinado
del precepto o preceptos que sustentan el asunto por resolver” 57.

102. Por lo explicado en esta providencia, para la Sala en el presente caso, es lo
procedente concluir que el Decreto 134 de febrero de 2021 expedido por el
presidente de la República, por medio de la cual se designó a Diego Andrés Molano
Aponte como ministro de Defensa Nacional incurrió en violación de norma superior,
por lo tanto, se confirmará la sentencia de 7 de abril de 2022, por medio de la cual,
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A
declaró su nulidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

III. FALLA:

PRIMERO: Confirmar la sentencia del 7 de abril de 2022, por medio de la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, declaró
la nulidad del nombramiento de Diego Andrés Molano Aponte, como ministro de
Defensa Nacional, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

57 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 9 de

septiembre de 2021. Radicación número 23001-23-33-000-2020-00004-02. M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra.

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Demandado: Diego Andrés Molano Aponte,
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Radicación No.: 25000-23-41-000-2021-00589-01

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081

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