Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2021-00756-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2021-00756-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 25000-23-41-000-2021-00756-01
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
15 de septiembre de 2022
Demandante: Diana Esther Guzmán Rodríguez y otros
Radicación No.: 25000-23-41-000-2021-00756 -01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 25000-23-41-000-2021-00756-01
Demandantes: DIANA ESTHER GUZMÁN RODRÍGUEZ Y OTROS
Demandado: DANIEL ANDRÉS PALACIOS MARTÍNEZ - MINISTRO DEL
INTERIOR
Tema: CUOTA DE GÉNERO – ART. 4 DE LA LEY 581 DE 2000
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Resuelve la Sala el recurso de apelación presentado por el demandado contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B, el 23 de junio de 2022, que accedió a las pretensiones de la
demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Los ciudadanos Diana Esther Guzmán Rodríguez, Mauricio Albarracín Caballero,
Nina Chaparro, Rodrigo Uprimny Yepes, Maryluz Barragán, María Ximena Dávila,
Isabel Cristina Annear, Sindy Castro, Sergio Pulido, Beatriz Helena Quintero
García; Linda María Cabrera, María Adelaida Palacio y Adriana María Benjumea
Rua, interpusieron demanda de nulidad electoral, con el fin que se anule el Decreto
033 del 12 de enero de 2021, por el cual el Presidente de la República nombró al
señor Daniel Andrés Palacios Martínez, como ministro del Interior, con
desconocimiento de los artículos 1, 2 y 4 de la Ley 581 de 2000 y 13, 40, 43 y 93 de
la Constitución Política.
2. Fundamentos fácticos
Indicaron que el 13 de febrero de 2020, la doctora Alicia Arango fue nombrada como
ministra del Interior, quien venía ejerciendo en la cartera de Trabajo.
Señalaron que por medio del Decreto 033 del 12 de enero de 2021, el Presidente de
la República nombró al señor Daniel Andrés Palacios Martínez como ministro del
Interior.
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Demandante: Diana Esther Guzmán Rodríguez y otros
Radicación No.: 25000-23-41-000-2021-00756 -01
Afirmaron que antes del 12 de enero del 2021, el gabinete presidencial estaba
compuesto en un 33,3% por mujeres, en cuanto 6 de los 18 ministerios estaban en
cabeza de las mismas, cuota que se redujo a 5 mujeres ministras con el
nombramiento cuestionado.
Precisaron que la designación del señor Daniel Andrés Palacios Martínez como
ministro del Interior generó una brecha en la composición por sexos del gabinete y
un incumplimiento del mínimo de 30% femenino exigido por el artículo 4 de la Ley
581 de 2000, toda vez que en la actualidad sólo hay 5 mujeres ministras,
equivalentes al 27,7% de los cargos a proveer.
3. Normas violadas y concepto de la violación
Para la parte demandante la causal de nulidad que se invoca contra el acto
administrativo acusado es la «infracción de las normas en que debería fundarse»,
prevista en los artículos 137 y 275 del código de procedimiento administrativo y de
lo contencioso administrativo - CPACA.
Adujeron como cargo único que el Decreto 033 del 12 de enero de 2021, por el cual
el Presidente de la República designó como ministro del Interior al señor Daniel
Andrés Palacios Martínez, fue expedido con infracción de las normas en que debía
fundarse, ya que esta designación viola directamente los artículos 1, 2 y 4 de la Ley
581 de 2000, normas legales que encuentran sustento constitucional en los
artículos 13, 40, 43, 93 y 209 Superior.
Señalaron que con la mencionada designación se vulneraron los mandatos de
igualdad contenidos en la Ley 581 de 2000, Ley de Cuotas, que fue expedida con el
propósito de lograr una participación adecuada y efectiva de las mujeres en todos
los niveles de los órganos del poder público en los cargos de decisión del Estado,
conforme con lo previsto en su artículo 1º, mediante la inclusión directa de un
porcentaje mínimo de ellas en dichos cargos.
Sostuvieron que la Ley de Cuotas es el resultado directo de normas constitucionales
en las que se puso de presente la necesidad de adoptar medidas reales y efectivas
para garantizar la igualdad de las mujeres, incluso en la participación en los altos
niveles decisorios de la administración pública, por tanto, desconocer los
postulados legales sobre los mínimos que deben existir en cargos de niveles
decisorios también implica una vulneración de la Constitución en sus artículos 13,
40, 43, 93 y 209.
Explicaron que los cargos del máximo nivel decisorio del Estado a los que se refiere
el artículo 2 de la Ley 581 de 2000, incluyen el catalogado como Ministro de
Despacho, en la medida en que constituyen los empleos de mayor jerarquía los
cuales hacen parte del Gobierno Nacional y, en consecuencia, de una de las ramas
del poder público a las que se refiere la mencionada ley.
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Demandante: Diana Esther Guzmán Rodríguez y otros
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Precisaron que el gabinete correspondiente al total de ministras y ministros al ser
comprendidos como parte de un cargo de máximo nivel decisorio, por lo que se
tiene que respetar la cuota establecida por la Ley 581 de 2000, que fue declarada
exequible por la Corte Constitucional por la sentencia C-371 de 2000.
Adujeron que la Ley 581 de 2000 establece que se debe garantizar la adecuada
participación de las mujeres aplicando las siguientes reglas por parte de las
autoridades nominadoras: “a) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de
máximo nivel decisorio, de que trata el artículo 2o., serán desempeñados por
mujeres; b) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de otros niveles
decisorios, de que trata el artículo 3o., serán desempeñados por mujeres”.
Insistieron en que para comprobar si hay o no incumplimiento de la cuota reseñada,
debe ser suficiente con determinar matemáticamente si se cumple para la categoría
de cargos en cuestión, que es justamente la catalogada en su nomenclatura como
Ministros del Despacho. En esta medida, para la fecha de la presentación de la
demanda, reiteraron que no se cumple con el 30% mínimo de mujeres para estos
cargos decisorios, por lo cual este nombramiento se habría producido en violación
directa de la ley.
4. Contestaciones
4.1. Presidencia de la República.
Mediante apoderado judicial se opuso a las pretensiones de anular el acto de
nombramiento de Daniel Andrés Palacios Martínez como ministro del Interior.
Afirmó que la designación no vulnera disposición constitucional alguna, ni
desconoce la Ley 581 de 2000, toda vez que la composición del gabinete ministerial
fue cambiado y por tanto existe una carencia de objeto del proceso.
Adujo que para noviembre de 2021 el porcentaje mínimo de representación
femenina en el gabinete ministerial se encontraba cumplido, al estar 6 mujeres al
frente de distintas carteras.
Explicó que el gobierno es respetuoso de la Ley de Cuotas y ha cumplido los
porcentajes legales de participación de la mujer en los cargos de categoría
ministerial.
Refirió un estudio publicado en diciembre de 2020 por el Departamento
Administrativo de la Función Pública sobre la participación efectiva de la mujer en
los cargos de niveles decisorios del Estado Colombiano, en el que se destaca que el
44.7% de estos estaban en cabeza de mujeres y el 55.3% de hombres.
Indicó que en la Rama Ejecutiva existen 18 ministerios en los que, en cumplimiento
de lo dispuesto en la Ley 581 de 2000, deben asignarse a las mujeres el 30% de
dichos cargos.
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Demandante: Diana Esther Guzmán Rodríguez y otros
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Señaló que para determinar el número de cargos a proveer para cumplir con la Ley
de Cuotas, se aplica la ecuación de 18x30% que da como resultado 5.4, cifra que,
por tratarse de personas y atendiendo los parámetros jurisprudenciales, debe
aproximarse al número entero inferior más cercano.
Al respecto sostuvo que, en casos similares, la jurisprudencia del Consejo de
Estado ha dejado la inquietud sobre las razones o motivos para aproximar una cifra
con decimales al guarismo más cercano por exceso y que, en este caso, debe
aplicarse la regla aritmética del redondeo que consiste en que, si la cifra tiene un
dígito a la derecha (el decimal) del que se quiere redondear (el entero) que es
menor que 5 se acerca al inferior, y si es de 5 o mayor, se aproxima al superior.
Señaló que, en el caso concreto, al aplicarse la regla de redondeo, la cifra de 5.4 se
reduce al número entero 5 al ser menor a 5 el decimal a eliminar, por tanto, el
gobierno nacional cumple con la cuota de género al tener designadas como
ministras a por lo menos 5 mujeres en los 18 cargos ministeriales existentes.
Manifestó que, al momento de presentar la demanda eran 5 las mujeres titulares de
ministerios, y para la fecha de la contestación de la misma, 6 de los 18 cargos del
gabinete ministerial estaban ocupados por mujeres, a saber:
Ministerio Titular
Relaciones Exteriores Martha Lucía Ramírez Blanco
Comercio, Industria y María Ximena Lombana Villalba1
Turismo
Educación Nacional María Victoria Angulo González
Tecnologías de la Karen Cecilia Abudinen
Información y las Abuchaibe
Comunicaciones
Transporte Ángela María Orozco Gómez
Cultura Angélica María Mayolo Obregón
Explicó que lo anterior implica el 33.33% de representación femenina en este
máximo nivel decisorio, por lo que está cumplido el requisito legal de participación
mínima de las mujeres en esta nomenclatura de empleos.
Por otro lado, alegó que la interpretación y aplicación de la fórmula matemática que
proponen los demandantes es errada y que sus cálculos no se ajustan a la realidad,
ni se encuentran acordes con los lineamientos que la jurisprudencia del Consejo de
Estado ha adoptado.
Concluyó que el caso plantea una tensión de interpretaciones y de situaciones
políticas fluctuantes que se deben resolver en favor del funcionario atendiendo el
principio in dubio pro operario y que no se encuentra acreditada ninguna de las
causales de nulidad del artículo 137 del CPACA para que proceda la anulación del
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Designada como ministra de Comercio, Industria y Turismo mediante Decreto 600 de 1 de junio de 2021
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Decreto 134 de 2021.
4.2. Daniel Andrés Palacios Martínez
Mediante apoderado solicitó en primer lugar que se declare la carencia de objeto
por hecho superado, por haberse realizado cambios en lo que respecta a la
designación de nuevas mujeres, puesto que para el momento de la contestación de
la demanda, de los 18 ministerios, 6 de ellos estaban ocupados por mujeres, de las
más altas calidades.
De otra parte, pidió que se declare la cosa juzgada toda vez que en sentencia del 22
de julio de 2021, la Sección Quinta del Consejo de Estado estudió una demanda
igual a la presentada, la cual se basaba en los mismos hechos y tenía igual causa
petendi. Explicó que en esa ocasión se declaró la carencia actual de objeto y se dio
por terminado el proceso.
Indicó que la cuota de género en cargos de niveles decisorios se encontraba
satisfecha al momento de la presentación de la demanda, toda vez que, 5 de los 18
ministerios existentes estaban ocupados por mujeres, cifra con la que se satisface
el porcentaje del el 30% que exige la ley.
Agregó que la cuota de género estaba más que cumplida cuando se contestó la
demanda, toda vez que 6 de los 18 ministerios se encontraban asignados a
mujeres, es decir, el 33.33%.
Solicitó que cualquier cambio de jurisprudencia que afecte la forma en que se debe
hacer el cálculo para la determinación de la cuota establecida en la Ley 581 de
2000, no puede aplicarse en forma retroactiva o de manera tal que pueda lesionar la
legalidad del acto, y la buena fe objetiva y exenta de culpa.
5. Fallo de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A
mediante sentencia del 23 de junio de 2022, decidió (i) declarar no probada la
excepción de cosa juzgada y (ii) acceder a las pretensiones de los demandantes, y
en consecuencia declaró la nulidad del Decreto 033 del 12 de enero de 2021, por el
cual el presidente de la República nombró al señor Daniel Andrés Palacios Martínez
como ministro del Interior.
En primer lugar se pronunció frente a la cosa juzgada, la cual fue solicitada por la
parte demandada y el Ministerio Público, por considerar que se había resuelto un
proceso de idéntica naturaleza y contra el mismo nombramiento con radicado
11001-03-28-000-2021-00007-00 a cargo del magistrado Luis Alberto Álvarez
Parra, en la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Indicó que en ese asunto, con providencia del 22 de julio 2021 se declaró la
carencia actual de objeto y se dio por terminado el proceso por hecho superado, al
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constatar que para esa fecha eran 6 las señoras ministras del gabinete presidencial,
por lo que quedaba restaurada la participación del 30% de las mujeres en los cargos
de máximo nivel decisorio.
Al estudiar ambos procesos, encontró que existe identidad en la parte demandada y
de objeto, puesto que en los dos se cuestionó el nombramiento del ministro del
Interior, Daniel Andrés Palacios Martínez. También existe igualdad de causa
petendi puesto que en ambos se demandó tal nombramiento por la vulneración de
la Ley de Cuotas.
No obstante lo anterior, precisó que para que opere la cosa juzgada erga omnes en
los eventos en que se niegue la nulidad pedida, es necesario que la causa petendi
sea juzgada, esto es, que sea discutida en el proceso de nulidad electoral que dio
origen al estudio de la configuración de aquella.
Sostuvo que en el proceso 11001-03-28-000-2021-00007-00 se consideró
innecesario resolver el fondo del asunto judicializado, al haber sido restituido el
deber ser jurídico plasmado en la norma y ante la certeza demostrada de la
desaparición total de la transgresión del derecho.
Recalcó que el auto del 22 de julio de 2021 no tiene fuerza de sentencia, y por tanto
no hace tránsito a cosa juzgada, puesto que según el artículo 278 del CGP son las
sentencias las que deciden sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones
de mérito, el incidente de liquidación de perjuicios y las que resuelven los recursos
de casación y revisión.
En cuanto al fondo del asunto, precisó que la norma es clara al establecer que las
mujeres, en este caso en el gabinete ministerial, deben tener una participación
mínima del 30%, y que al momento de la presentación de la demanda de 18
ministerios, 5 estaban a cargo de estas.
Señaló que no existe un criterio unificado para establecer el redondeo de los
decimales en los casos en que esta circunstancia se presente al aplicar el 30% a la
totalidad de los cargos en los que se deba definir la participación de la mujer2 y que
el Consejo de Estado aplica la aproximación al número entero más cercano, sin
contar con una regla establecida para definir a cuál número debe dirigirse, si al
mayor o al menor.
Refirió la jurisprudencia de la Corte Constitucional 3 que aborda los temas de
discriminación positiva y medidas a favor de grupos históricamente discriminados,
excluidos o marginados para establecer que, ante la falta de un criterio unificado en
el Consejo de Estado que guíe la determinación del porcentaje exigido por la norma,
el resultado matemático del 30% de los 18 ministerios, 5.4, deberá ser acercado al
número entero siguiente, esto es, al número 6, pues dicha aproximación aplica a
2
Para el efecto refiere: “la providencia del 13 de mayo de 2021 del Consejo de Estado, radicado
11001032000020210000700”.
3
Transcribió apartados de la sentencia C-371 de 2000 del 29 de marzo del 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz y refirió la
providencia T-495 de 2010 de 16 de junio de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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favor del grupo discriminado.
Por lo anterior, concluyó que con la designación del señor Daniel Andrés Palacios
Martínez se desconoció lo dispuesto en los artículos 1, 2, y 4 de la Ley 581 de 2000,
por no contar en el gabinete ministerial con la participación de al menos el 30 % de
mujeres, lo cual solo se lograba con un mínimo de 6 ministras. Por tanto, resolvió
declarar la nulidad del Decreto 033 del 12 de enero de 2021.
6. Recurso de apelación
La parte demandada solicitó revocar la decisión del Tribunal para, en su lugar,
denegar las pretensiones de la demanda y declarar la legalidad del acto de su
nombramiento como ministro de Defensa Nacional.
1) Frente a la cosa juzgada adujo:
Que el a quo erró al declarar no probada la excepción de cosa juzgada, por haber
hecho una indebida valoración probatoria.
Anotó que la cosa juzgada es una institución procesal en virtud de la cual se dota a
determinadas providencias judiciales, sean sentencias o no, de efectos finales,
vinculantes y definitivos con carácter de inmutabilidad.
Adujo que el Tribunal no se fundó en las pruebas regular y oportunamente allegadas
al proceso, y por tanto se desconoció el artículo 164 del CGP, incurriendo en error
de hecho en la apreciación de las mismas.
Explicó que la declaratoria de carencia actual de objeto por hecho superado entraña
un pronunciamiento del fondo del asunto, puesto que el juez lo que quiere significar
es que habiéndose constatado una presunta violación de la ley de cuotas, la misma
fue corregida, lo que hace inane cualquier otro pronunciamiento de fondo posterior,
pero ello no quiere decir que la carencia actual de objeto no sea per se, una decisión
de fondo.
Insistió en que sí hubo un pronunciamiento de fondo por parte del Consejo de
Estado cuando declaró la carencia actual de objeto por hecho superado. A su vez
dijo que no existe disposición ni en el CPACA ni en el CGP que imponga el requisito
de que la providencia tenga que hacer un pronunciamiento de fondo, sino que tan
solo hablan de que la decisión esté ejecutoriada.
Dijo que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha dicho que basta con que la
decisión del primer proceso se encuentre en firme, para que se prediquen efectos
de cosa juzgada, sin que se trate de una causa petendi juzgada, entendida como
una decisión que resuelva de fondo el asunto judicializado.
Explicó que la posición del a quo aniquila la institución de la cosa juzgada, pues
implica reconocer que decisiones que no resuelven el fondo del asunto como sería
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Demandante: Diana Esther Guzmán Rodríguez y otros
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el auto que resuelve excepciones tal como la caducidad de la acción, la prescripción
extintiva o la falta de legitimación en la causa, no harían tránsito a cosa juzgada, lo
cual no puede ser así, puesto que son autos que ponen fin al proceso y que por esa
sola circunstancia son susceptibles de producir efectos de cosa juzgada.
2) La sentencia de primera instancia desconoció la jurisprudencia del Consejo
de Estado en virtud de la cual la recomposición del gabinete ministerial,
comporta la configuración del fenómeno procesal de la carencia actual de
objeto por hecho superado.
Señaló que consultada la línea jurisprudencial del Consejo de Estado en materia de
nulidad electoral por aplicación de la Ley de Cuotas, en múltiples ocasiones ha
establecido una línea de decisión clara sobre la carencia actual de objeto por hecho
superado. Para lo anterior mencionó el radicado 2012-00038 en el cual mediante
auto se dispuso dar aplicación a la tesis de la carencia actual de objeto por hecho
superado.
De otra parte mencionó las providencias del 12 de julio de 2012 dentro del radicado
11001-03-28-000-2012-00037-00, y del 15 de julio de 2013 en los radicados
11001-03-28-000-2012-00071-00 y 11001-03-28-000-2012-00068-00.
Concluyó que durante los últimos 10 años, en todos los eventos en los que el
Consejo de Estado ha analizado presuntas violaciones de la Ley de Cuotas en sede
de nulidad electoral, ha llegado a la invariable conclusión que cuando existe una
reconfiguración de cargos dentro del respectivo máximo nivel decisorio, es dable
aplicar la figura jurídica de la carencia actual de objeto por hecho superado.
De otra parte, indicó que el precedente jurisprudencial impone un deber de
aplicación uniforme, para garantizar postulados constitucionales como la seguridad
jurídica, la cosa juzgada y la igualdad. Señaló que en este caso el Tribunal se apartó
del mismo sin que se hubiera hecho la correspondiente motivación.
3) La sentencia de primera instancia aplicó un criterio interpretativo novedoso
desconociendo la doctrina de la jurisprudencia anunciada.
Mencionó que en el fallo apelado se aplicó un criterio interpretativo en favor del
grupo objeto de protección, el cual es novedoso en cuanto a la ley de redondeo del
número entero más próximo.
Sostuvo que si el Tribunal pretendía aplicar esa nueva interpretación, debía hacerlo
con el celo propio de quien cambia la jurisprudencia evitando afectar situaciones
anteriores, y dando efectos ex nunc a su decisión, esto es, a futuro.
7. Trámite en segunda instancia
El 4 de agosto de 2022, se admitió la apelación presentada y se ordenó los
traslados de ley.
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8. Alegatos de conclusión
8.1. De la parte demandante
La parte actora solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia que acogió
las pretensiones de nulidad electoral formuladas con la demanda, toda vez que los
argumentos de los recurrentes son equivocados y no desvirtúan la decisión
adoptada por el tribunal.
Reiteraron lo dicho en los escritos de demanda y aportados en la primera instancia.
8.2. Demandado- Daniel Andrés Palacios Martínez
Recalcó lo dicho en el recurso de apelación.
De otra parte señaló que al momento de darse contestación a la demanda se
formuló un capítulo contentivo de una solicitud preliminar, en la cual se pidió que se
declarara la cesación del trámite electoral dada la univocidad del criterio del órgano
de cierre en la materia, en cuanto a los efectos que tiene la recomposición del
gabinete respecto de la imposibilidad de adelantamiento del trámite electoral, sin
embargo esa petición no fue atendida.
8.3. Del presidente de la República
Alegó de conclusión y reiteró los argumentos expuestos en los escritos aportados
en el desarrollo de la primera instancia.
9. Concepto del Ministerio Público
No rindió concepto
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con los artículos 150 y 152 numeral 94 del CPACA, así como
también el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de
Estado, esta Corporación es competente para conocer en segunda instancia, dado
que se trata de una apelación interpuesta contra el fallo proferido en primera
instancia por un Tribunal Administrativo y es la Sección Quinta, en este caso, quien
debe conocer del asunto porque se refiere a la sentencia que accedió a las
pretensiones de una demanda de nulidad electoral contra el acto de nombramiento
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Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. «Los Tribunales Administrativos
conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (..) 9. De la nulidad del acto de nombramiento de los empleados
públicos del nivel directivo o su equivalente efectuado por autoridades del orden nacional y por las autoridades distritales,
departamentales o municipales, en municipios con más de setenta mil (70.000) habitantes o que sean capital de
departamento”.
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del ciudadano Daniel Andrés Palacios Martínez como ministro del Interior,
contenido en el Decreto 0333 del 12 de enero de 2021.
2. Acto demandado
Se demanda la nulidad del Decreto 033 del 12 de enero de 2021, por el cual el
presidente de la República nombró al señor Daniel Andrés Palacios Martínez como
ministro del Interior.
3. Problema jurídico
A partir de los fundamentos de apelación expuestos por la parte demandada para
controvertir el fallo del a quo, se debe resolver si hay lugar a confirmar, modificar o
revocar la decisión de primera instancia.
Para resolver la anterior cuestión, la Sala abordará: i) si en este operó la cosa
juzgada al haberse proferido una providencia en una demanda idéntica a la aquí
presentada; ii) si se desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado en cuanto a
la cosa juzgada por hecho superado al recomponerse el gabinete ministerial, y (iii) si
en este caso debió anunciarse jurisprudencia.
4. Caso concreto
4.1. Cosa juzgada
En el recurso de apelación se indicó:
(i) Que el Tribunal no se fundó en las pruebas regular y oportunamente allegadas al
proceso, y por tanto se desconoció el artículo 164 del CGP, incurriendo en error de
hecho en la apreciación de pruebas.
(ii) La declaratoria de carencia actual de objeto por hecho superado entraña un
pronunciamiento del fondo del asunto, puesto que habiéndose constatado una
presunta violación de la ley de cuotas, la misma fue corregida, lo que hace inane
cualquier otro pronunciamiento de fondo posterior, pero ello no quiere decir que la
carencia actual de objeto no sea per se, una decisión de fondo.
(iii) No existe disposición ni en el CPACA ni en el CGP que impongan el requisito de
que la providencia tenga que hacer un pronunciamiento de fondo, sino que tan solo
hablan de que la decisión esté ejecutoriada.
(iv) La jurisprudencia del Consejo de Estado ha dicho que basta con que la
providencia del primer proceso se encuentre en firme para que se prediquen efectos
de cosa juzgada, sin que se trate de una causa petendi juzgada, entendida como
una decisión que resuelva de fondo el asunto judicializado.
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Para resolver este cargo se tiene que el artículo 303 del Código General del
Proceso dispone:
“La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza
de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo
objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos
procesos haya identidad jurídica de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo
proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el
primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con
posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a
registro, y al secuestro en los demás casos.
En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que
comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá
efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.
La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión.”
Según esta norma, hay cosa juzgada cuando se está frente a una sentencia
ejecutoriada, proferida en un proceso contencioso, y cuando el nuevo proceso versa
sobre: (i) el mismo objeto, (ii) se funde en la misma causa que el anterior y (iii) haya
identidad jurídica de partes.
Por su parte, el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, dispone que existe cosa
juzgada en los siguientes eventos:
Artículo 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad
de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada
erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga
omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada. (…).
Al respecto esta Sección ha indicado “...que el objeto de la cosa juzgada es que los
hechos y conductas que se han resuelto judicialmente no puedan ser debatidos
nuevamente en un proceso posterior. Lo anterior por cuanto lo decidido por el juez adquiere
las características de vinculante, obligatorio y, por lo tanto, de inmutable... De acuerdo con
lo anterior, según lo prevé el artículo 303 del Código General del Proceso, los elementos
constitutivos de la cosa juzgada, son: (i) identidad de objeto; (ii) identidad de causa y, (iii)
identidad jurídica de partes...”5.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Consejo de Estado ha establecido que “en cuanto
al límite subjetivo, los efectos de la cosa juzgada son por regla general interpartes,
5
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 26 de febrero de 2015. C.P.
Dra. Susana Buitrago Valencia. Radicación 17001-23-33-000-2014-00219-01(ACU).
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Demandante: Diana Esther Guzmán Rodríguez y otros
Radicación No.: 25000-23-41-000-2021-00756 -01
con excepción de las decisiones que producen efectos erga omnes, caso en el cual
los mismos son oponibles de manera general”6.
Revisadas estas normas, se tiene que ninguna establece como requisito expreso
que deba hacerse un pronunciamiento de fondo, sin embargo no puede perderse de
vista que se refieren a sentencias, las cuales tal como lo establece el artículo 187
de la Ley 1437 de 2011 deben contener:
“un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis
crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y
doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las
conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los
textos legales que se apliquen.
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que el fallador encuentre probada El silencio del inferior
no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de
fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus. (…)”
Entonces si bien, la norma no impone como tal el requisito de “hacerse un estudio
de fondo”, no puede concluirse nada diferente, puesto que al hacer referencia a la
sentencia, necesariamente exige que se trate de una providencia en donde se
resuelvan las excepciones de fondo, y se haga un análisis de las pruebas y de los
razonamientos legales que sustentan las conclusiones.
Sobre la posibilidad de que haya providencias diferentes a las sentencias, frente a
los cuales se pueda predicar la cosa juzgada, esta Corporación ha dicho:
“(…) En este caso la recurrente plantea que el atributo de la cosa
juzgada no es predicable únicamente de la sentencias, sino de los autos
que ponen fin al proceso y que por ello, son susceptibles de este recurso
extraordinario de revisión.
Sobre esta postura, pone de relevancia la Sala que tanto la doctrina
como esta Corporación han aceptado de manera excepcional que
algunos autos interlocutorios hacen tránsito a cosa juzgada, cuando
tienen fuerza de sentencia, en la medida en que ponen fin al proceso.
La Corte Constitucional sobre el particular señaló:
“(…) Hay autos interlocutorios que tienen fuerza de sentencia cuando
terminan el proceso, como el que admite el desistimiento o la
transacción, o el que decreta la perención o le pone fin al proceso
ejecutivo por pago, o el que declara la nulidad de todo lo actuado;
proferirlos es como dictar sentencia, y por ello su ilegalidad posterior es
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia del 7.12.2017. M.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés. Rad. 05001-23-33-000-2015-02253-01. Consejo de Estado, Sección Quinta, Auto del 29.10.2020.
M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Rad. 08001-23-33-000-2020-00022-01
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Demandante: Diana Esther Guzmán Rodríguez y otros
Radicación No.: 25000-23-41-000-2021-00756 -01
impensable a la luz de las normas procesales civiles, de cara al orden y a
la marcha segura de un proceso. Además de lo anterior, se recuerda que
un auto ejecutoriado no puede ser revocado por el juez, ya que la ley
procesal no establece la revocación ni de oficio ni a petición de parte
después de que se produzca la ejecutoria. Tampoco puede declararse la
nulidad de un acto después de ejecutoriado, ya que la parte lo consintió
si no interpuso recurso o éste se resolvió, quedando ejecutoriado el
proveído, y a menos que se dé una causal de nulidad que no haya sido
saneada.”7
Así mismo sostuvo:
“(…) El ordenamiento procesal civil hizo alusión al efecto de cosa
juzgada de las sentencias ejecutoriadas; empero, es preciso señalar que
algunos autos también se encuentran revestidos de esa consecuencia
definitiva, por ejemplo, el que acepta el desistimiento de las pretensiones
en los procesos en los que la firmeza de la sentencia absolutoria hubiera
producido efectos de cosa juzgada, y el que aprueba la conciliación o
la transacción, como sea que esas decisiones versan sobre el fondo del
litigio y ponen fin al proceso.
De acuerdo con lo expuesto, se concluye que lo resuelto en las
providencias a las que aludió el tribunal a-quo para negar el
mandamiento ejecutivo en el presente asunto no hizo tránsito a cosa
juzgada por la elemental razón de que en esos asuntos no llegó a
trabarse la litis; luego, no se suscitó una contienda entre el
ejecutante y el ejecutado ni se analizaron de fondo las
pretensiones de la demanda. Los pronunciamientos se refirieron,
únicamente, a la integración del título ejecutivo.”8 (Negrillas fuera del
texto original)
En este contexto, la figura de la cosa juzgada debe aplicarse bajo el entendido de
que se trate de una providencia en la que se haga un estudio sobre el mismo objeto
y por la misma causa petendi, lo cual lleva implícito que se haga un análisis de
fondo de los argumentos planteados.
De acuerdo con lo anterior, será en cada caso que el juez revise si la providencia
cumple con los presupuestos de la cosa juzgada para decretarla, al verificar el
cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos en las normas.
Precisado lo anterior, se tiene que en el auto del 22 de julio de 2021, dentro del
radicado 11001-03-28-000-2021-00007-00, el magistrado ponente sostuvo lo
siguiente:
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 25.5.2017 M.P. Rocío Araujo.
Rad 11001-03-28-000-2017-00013-00
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección A, providencia del 3.4.2020. M.P.
María Adriana Marín. Rad. 05001-23-33-000-2019-01139-01
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Demandante: Diana Esther Guzmán Rodríguez y otros
Radicación No.: 25000-23-41-000-2021-00756 -01
“(…) La restitución probada del porcentaje mínimo del 30% de los
cargos a proveer, a razón de 6 damas de los hoy 18 ministros,
evidencian en este estadio del proceso que al haberse logrado con la
conducta del obligado, en este caso, el nominador de los ministros se
armonizara con la Ley 581 de 2000 respetando el porcentaje mínimo de
participación en el máximo nivel decisorio, la transgresión a las normas
superiores legales y constitucionales acusadas desapareció y el orden
jurídico fue restablecido, por lo que en aplicación de los principios de
eficiencia, economía y de prontitud en la definición de la causa, este
despacho hace uso de la figura de la carencia de objeto por hecho
superado, para dar viabilidad a la terminación del proceso.
En otras palabras, al desaparecer la razón que pudo conducir a
sancionar con nulidad el nombramiento impugnado, ningún efecto útil
podría derivarse de decidir en ese sentido en una sentencia y continuar
con las etapas normales del procedimiento, con el desgate que ello trae
para la administración de justicia.
Así las cosas, la garantía de la tutela judicial sobre los derechos del
género femenino se llevó a buen término, en tanto se logró que fuera
observada y cumplida por el nominador, lo cual asegura, en forma
anticipada, el deber ser de la norma y el propósito de la parte actora
consistente en que el Presidente debe proceder a hacer un nuevo
nombramiento conforme con la Ley 581 de 2000, que le impone
nombrar, mujeres en las carteras ministeriales, en un mínimo del 30%
de los cargos a proveer, sin que hubiera sido necesario un
pronunciamiento mediante sentencia, por lo que se declarará la
carencia actual de objeto por hecho superado y dar por terminado el
proceso de nulidad electoral contra el decreto de nombramiento del
Ministro del Interior, contenido en el Decreto 033 de 12 de enero de
2021, expedido por el Presidente de la República, por medio del cual
designó como titular de la cartera al señor Daniel Andrés Palacios
Martínez.” (Negrilla fuera del texto original)
De lo transcrito, se advierte que en esta providencia se terminó el proceso por haber
sido restablecido el orden jurídico, en aplicación de los principios de eficiencia,
economía y prontitud, sin que se hubiera hecho un estudio de los cargos
presentados en la demanda referidos a las situaciones de ilegalidad al momento de
la expedición del acto demandado, esto es, no se analizó si para la fecha en la que
se expidió el acto demandado, éste estaba acorde con la normas alegadas, sino
que por el contrario, lo que hizo el magistrado ponente fue limitarse a verificar si con
posterioridad se cumplió la normatividad, lo que consideró suficiente para terminar
el proceso.
En esa misma providencia, el ponente explicó que no fue necesario hacer un
pronunciamiento mediante sentencia, por haberse garantizado la tutela judicial
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Demandante: Diana Esther Guzmán Rodríguez y otros
Radicación No.: 25000-23-41-000-2021-00756 -01
sobre los derechos de género femenino, en tanto se logró que fuera observada y
cumplida por el nominador. Esta afirmación permite concluir que no se hizo un
estudio de fondo de los cargos de la demanda, sino una verificación posterior del
cumplimiento de la norma, razón por la que no puede hablarse de que en este caso
haya operado la cosa juzgada.
De acuerdo con lo anterior, coincide la Sala con el análisis que hizo el Tribunal al
concluir que en este caso no puede hablarse de que haya operado la cosa juzgada
y por tanto era válido que se pronunciara sobre el fondo del asunto, al considerar
que el acto demandado surtió efectos.
Por lo expuesto, este cargo no está llamado a prosperar.
4.2 La sentencia de primera instancia desconoció la jurisprudencia del Consejo de
Estado en virtud de la cual la recomposición del gabinete ministerial, comporta la
configuración del fenómeno procesal de la carencia actual de objeto por hecho
superado.
Señaló que consultada la línea jurisprudencial del Consejo de Estado en materia de
nulidad electoral por aplicación de la Ley de Cuotas, en múltiples ocasiones ha
establecido una línea de decisión clara sobre la carencia actual de objeto por hecho
superado. Para lo anterior mencionó el radicado 2012-00038 en el cual mediante
auto se dispuso dar aplicación a la tesis de la carencia actual de objeto por hecho
superado.
De otra parte mencionó las providencias del 12 de julio de 2012 dentro del radicado
11001-03-28-000-2012-00037-00, y del 15 de julio de 2013 en los radicados
11001-03-28-000-2012-00071-00 y 11001-03-28-000-2012-00068-00.
Concluyó que durante los últimos 10 años, en todos los eventos en los que el
Consejo de Estado ha analizado presuntas violaciones de la ley de cuotas en sede
de nulidad electoral, ha llegado a la invariable conclusión que cuando existe una
reconfiguración de cargos dentro del respectivo máximo nivel decisorio, es dable
aplicar la figura jurídica de la carencia actual de objeto por hecho superado.
Para resolver este cargo, debe tenerse en cuenta que la figura de carencia actual de
objeto fue estudiada en sentencia de unificación del 24 de agosto de 20189 en la
que precisó su posición sobre la oportunidad para la aplicación de esta figura10 y se
pronunció de la siguiente manera:
«La Sala unifica su postura en cuanto a:
i) Si el acto demandado no produjo efectos jurídicos opera la carencia de
objeto por sustracción de materia, caso en el cual el funcionario judicial
9
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de unificación del 24 de mayo de
2018. Radicación número 47001-23-33-000-2017-00191-02. M.P. Rocío Araujo Oñate.
10
Existían posiciones disímiles sobre cuándo operaba la carencia de objeto, esto es, si sólo en los casos en que el acto
enjuiciado no produjo efectos o si aun produciéndolos la razón que generaba su nulidad desaparecía.
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Radicación No.: 25000-23-41-000-2021-00756 -01
deberá considerar terminar el proceso en su etapa inicial, ya sea
saneándolo o siguiendo las reglas de las excepciones previas previstas en
el artículo 180.6 incisos 3º y 4º y no esperar a dictar una sentencia
inhibitoria.
ii) Si el acto acusado produjo efectos, el juez contencioso administrativo
mantiene su competencia para conocer de la legalidad y decidir si se
desvirtúa o no la presunción de legalidad que sirvió de sustento para
producir los efectos jurídicos que se dieron cuando el acto tuvo eficacia,
estudio que corresponde hacerlo en la sentencia. (…)».
De esta sentencia de unificación, se puede concluir que un acto electoral es pasible
de control judicial si produjo efectos y, por tanto, resulta procedente el estudio de
legalidad a partir de las condiciones de hecho y derecho existentes para el momento
en que fue proferido.
Al respecto debe tenerse en cuenta que en cumplimiento de esa sentencia de
unificación, la Sala en unos casos similares al aquí estudiado, en recientes
providencias fechadas del 2 de junio de 202211 y del 11 de agosto de 202212 se
pronunció de fondo sobre la legalidad de los actos cuestionados y consideró que no
había carencia de objeto por hecho superado.
En consecuencia, como en este caso el decreto demandado produjo efectos, no es
procedente declarar la carencia de objeto por sustracción de materia, y por tanto el
acto es susceptible del juicio de legalidad con independencia de que con
posterioridad el presidente de la República haya recompuesto el gabinete
ministerial nombrando el número mínimo de mujeres que exige la ley, toda vez que
como se dijo con antelación el estudio que se hace atiende a verificar su legalidad
de acuerdo con las normas vigentes al momento de su expedición.
Por lo anterior, este cargo tampoco está llamado a prosperar, dado que con
posterioridad a las providencias mencionadas en el recurso, esta Corporación
profirió una sentencia de unificación en donde planteó las reglas que regirían a partir
de ese momento sobre la carencia de objeto por hecho superado.
4.3 La sentencia de primera instancia aplicó un criterio interpretativo
novedoso y lo aplicó desconociendo la doctrina de la jurisprudencia
anunciada.
Mencionó que en el fallo apelado se aplicó un criterio interpretativo en favor del
grupo objeto de protección, el cual es novedoso en la forma de aplicación de la ley
de redondeo del número entero más próximo.
11
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 2 de junio de 2022. Radicación
número 25000-23-41-000-2021-00557-01. M.P. Rocío Araujo Oñate.
12
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 11 de agsto de 2022. Radicación
número 25000-23-41-000-2021-00589-01. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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Radicación No.: 25000-23-41-000-2021-00756 -01
Sostuvo que si el Tribunal pretendía aplicar esa nueva interpretación, debía hacerlo
con el celo propio de quien cambia la jurisprudencia evitando afectar situaciones
anteriores, y dando efectos ex nunc a su decisión, esto es, a futuro.
Frente a este punto debe tenerse en cuenta que la Corte Constitucional en
sentencia C-371 de 2000 dijo:
«(…) La cuota que se consagra en este artículo es, sin duda, una medida
de acción afirmativa - de discriminación inversa-, que pretende beneficiar
a las mujeres, como grupo, para remediar la baja participación que hoy
en día tienen en los cargos directivos y de decisión del Estado. Esta
cuota es de naturaleza "rígida", pues lejos de constituir una simple
meta a alcanzar, es una reserva "imperativa" de determinado
porcentaje; aunque entendido éste como un mínimo y no como un
máximo. Así mismo, la Corte entiende que es una cuota específica y no
global. Es decir que se aplica a cada categoría de cargos y no al conjunto
de empleos que conforman el "máximo nivel decisorio" y los "otros
niveles decisorios." A manera de ejemplo, significa que 30% de los
Ministerios, 30% de los Departamentos Administrativos, 30% de la
Superintendencias, etc. deben estar ocupados por mujeres y no, como
algunos de los intervinientes lo sugieren, que sumados todos los cargos,
el 30% de ellos corresponde a la población femenina,
independientemente de si se nombran sólo ministras, o sólo
superintendentes, etc. (…)» Énfasis fuera de texto
Al respecto esta Sala ha dicho:
“(...) 87. Para la Corte la Ley de Cuotas tiene como finalidad generar las
condiciones adecuadas para contrarrestar el desequilibrio existente
frente a la población femenina en la ocupación y el acceso a los puestos
de dirección del Estado, en especial aquellos que la norma denomina
cargos de máximo nivel decisorio50 , a través de la implementación de
medidas de acción afirmativa o discriminación inversa, tales como la
“reserva imperativa” en la que se constituye el porcentaje del 30% de
esas altas posiciones que deben ser ocupados por mujeres.
88. La Corte destaca la naturaleza rígida de esta reserva que no se
plantea como una simple meta a alcanzar, sino como la manifestación de
un imperativo para los nominadores de los cargos que no pueden
desconocer los mínimos trazados en la ley que, aunque condicionada a
una aplicación paulatina51 , transcurridos más de 20 años desde su
expedición, es de imperioso acatamiento en procura de concretar la
igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
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1389. Para finalizar se debe señalar que, según lo explicado por la Corte
Constitucional52, la cuota mínima del 30% se aplica para cada categoría
de cargos que componen el respectivo nivel decisorio (ministerios,
departamentos administrativos, superintendencias, etc.) y no a su
conjunto (todos los cargos que sean del nivel máximo decisorio o todos
los que sean de otros).”
Así las cosas, la Ley de Cuotas es la manifestación de un imperativo que no puede
desconocerse, al consagrar unos mínimos, norma que fue acatada de forma
posterior por parte de la Presidencia de la República al punto que solicitó la
terminación del proceso.
En este contexto, para esta Sala es claro que lo que hizo el Tribunal fue aplicar la
Ley de Cuotas según los parámetros dados por la Corte Constitucional desde el año
2000, por lo que no puede hablarse de una interpretación novedosa, cuando esa
Corporación desde ese entonces ha dicho que se tratan de mínimos.
Además no puede perderse de vista que desde octubre de 2021 14 , la Sección
Quinta del Consejo de Estado ha aplicado la norma, bajo el entendido de que en los
casos en que el cálculo arroja un número entero y un decimal, por regla debe
aproximarse al número entero siguiente y no al inferior.
De acuerdo con lo anterior, no puede hablarse de un cambio en la interpretación de
la norma, que ameritara que se anunciara jurisprudencia, puesto que se reitera, lo
que hizo el Tribunal fue aplicar la norma, según los parámetros dados por la Corte
Constitucional, garantizando un mínimo en la participación de las mujeres.
Por lo expuesto, no le asiste razón a la parte recurrente.
En consecuencia, se confirmará la sentencia de 23 de junio de 2022, por medio de
la cual, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección b
declaró la nulidad del acto de nombramiento de Daniel Andrés Palacios Martínez
como ministro del Interior.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
III. FALLA:
PRIMERO: Confirmar la sentencia del 23 de junio de 2022, por medio de la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, declaró
la nulidad del Decreto 033 del 12 enero de 2021 a través del cual se nombró a
13
Ibíd
14
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 14 de octubre de 2021.
Radicación número 15001-23-33-000-2020-02081-01. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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Daniel Andrés Palacios Martínez, como ministro del Interior, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de la providencia.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081
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